Transparencia

Evaluación del FMI al préstamo stand-by a Argentina (2018)

Por Nicolás Cachanosky. Publicado el 28/12/21 en: https://puntodevistaeconomico.com/2021/12/28/evaluacion-del-fmi-al-prestamo-stand-by-a-argentina-2018/

El pasado 22 de diciembre el FMI publicó su evaluación ex-post del préstamo standy-by que facilito a Argentina en el 2018. El documento es interesante porque este acuerdo stand-by fue el mayor (en términos nominales) en toda la historia del FMI. El acuerdo fracasó, pasando por sólo 4 revisiones de las 12 previstas (el préstamo debía concluir en el 2021). La experiencia de este acuerdo debería ofrecer importantes lecciones tanto para el FMI como para los países que se endeudan con el fondo. Si bien no es de esperar que el FMI ofrezca una dura crítica de sí mismo, tampoco hay que dejar de reconocer la transparencia de hacer público este documento.

Debajo algunas reflexiones sobre este documento.

Confesión de ingenuidad

Una de las cuestiones que sobresalen del documento es la ingenuidad que el FMI admite sobre cómo encararon el préstamo stand-by más grande de su historia. En repetidas ocasiones (por ejemplo en p. 65) el documento admite que fue un error basarse en supuestos irreales o poco plausibles. Especialmente, como admite el documento, en un país con tanta incertidumbre política. Digo que esto es ingenuo porque uno esperaría que la «realidad de los supuestos» sea una lección ya incorporada dada la larga historia del FMI y sus repetidas interacciones con Argentina.

Quizás otro componente de ingenuidad fue confiar en las estimaciones y compromiso del gobierno Argentino. Como menciona el documento, practicamente todas las proyecciones resultaron ser sobre estimaciones.

¿Stand-by?

El acuerdo de tipo stand-by es por naturaleza un acuerdo de precaución. Como se explica en el documento, la intención del acuerdo era que al acordar el acceso a dichos fondos, la falta de liquidez desaparecería sin necesidad de hacer uso de los fondos stand-by. La intención era que el acuerdo stand-by funcione de catalizador de otras fuentes de financiamiento.

Sin embargo, el acuerdo pronto pasó a ser fuente de financiamiento en lugar de ser fuente de fondos de emergencia. Posiblemente la diferencia entre la «naturaleza» y el «uso» del acuerdo stand-by no hayan contribuido a generar confianza en los mercados de crédito soberanos.

El caso de El Salvador ofrece un contraste interesante. En el 2008 El Salvador logra un acuerdo stand-by con el FMI por $800 millones de dólares por un plazo de 15 meses. A pesar de ser una economía dolarizada, y de la magnitud que fue la crisis financiera internacional de aquel entonces, El Salvador no tuvo necesidad de recurrir a los fondos stand-by.

Stand-by versus reformas estructurales

Uno de los objetivos centrales del préstamo era generar confianza en el país y facilitar así acceso a los mercados financieros. El diagnostico era que Argentina transcurría una situación transitoria de iliquidez. Por lo tanto, el acceso a la liquidez provista por el prestamos stand-by despejaría temores en los mercados facilitando el crédito al país.

La lección (repetida, no nueva), es que el acceso a préstamos no sustituye la necesidad de reformas institucionales o estructurales. La falta de liquidez de Argentina no se debió solamente a la mala suerte de shock externo, la vulnerabilidad del país se origina en su falta de seguridad jurídica, malas políticas económicas, regulaciones ineficientes, presión fiscal asfixiante, etc. La falta de liquidez es un síntoma más que el problema en sí. Que el FMI no quiera (o no pueda) opinar sobre la política e instituciones del país no implica que esa no sea la causa de los sudden stops que cada tanto sufre Argentina (en otras palabras, los shocks externos pueden tener causas internas).

LEBACs, LEBACs, LEBACs…

El tema del carry-trade y la emisión de LEBACs figura como una fragilidad central de la política económica. El FMI le dedica un apartado especial (el Box 3, p.36) a la vulnerabilidad de las LEBACs El apartado concluye diciendo que «data la volatilidad inherente de los flujos de capital, las LEBACs se volvieron una potencial fuente de sudden stops«.

El tema no es nuevo. En el acuerdo del 2018, Dujovne y Sturzenegger (p. 76) admiten la necesidad de reducir la «vulnerabilidad» que producía un «excesivo stock de LEBACs». El tema LEBACs ya venía de antes. El BCRA era consciente de las críticas locales a dicha política, a la cual el BCRA a veces contestaba con un innecesario tono despectivo o sobrador.

Para ilustrar el punto, el FMI muestra el mismo gráfico que en su momento solía actualizar y compartir por Twitter. El gráfico muestra la evolución nominal del monto de las LEBACs y el ratio de LEBACs/Base monetaria:

Metas de inflación: ¿política prematura?

Otro problema de las metas de inflación es su aplicación prematura. Como bien menciona el FMI (p. 23), en la mayoría de los casos las metas de inflación se aplican luego de bajar la inflación como un mecanismo para mantener bajas tasa de inflación, no como una política destinada a bajar la inflación. Quizás el BCRA se haya basado en algún caso particular donde las metas de inflación se aplicaron con el fin de bajar la inflación. En ese caso entonces estaríamos hablando de una excepción y no de la norma. Aquí ofrezco una discusión más detallada sobre la literatura en este tema.

Problemas de comunicación

El documento resalta dos problemas de comunicación. El primero es poca (y quizás confusa) comunicación por parte del gobierno a la población sobre los detalles y objetivos del acuerdo stand-by. Una pobre comunicación no contribuye a crear la confianza que el acuerdo tenía como objetivo. Por ejemplo, que Macri haya anunciado un préstamo del FMI cuando el mismo aún no estaba aprobado fue un tiro en contra.

El segundo problema comunicacional fue entre el gobierno y el FMI. Según el documento, tras una década de no tener contacto ni relación frecuente con el FMI el gobierno no tenía un buen conocimiento de las reglas y procedimientos del FMI, lo cual llevó a perder tiempo preciado en el desarrollo del acuerdo stand-by.

Historia con el FMI: ¿Qué gobiernos firmaron acuerdos con el fondo?

De 1958 a la fecha, Argentina firmó un total de 21 acuerdos con el FMI. Varios de ellos de corta duración (1 año). Desde la vuelta a la democracia, se firmaron un total de 11 acuerdos.

De estos 11 acuerdos, 3 se firmaron bajo presidencias de la UCR (2 con Alfonsín y 1 con de la Rúa); 7 se firmaron bajo presidencias del PJ (5 con Menen, 1 con Duhalde, y 1 con Néstor Kirchner), el acuerdo restante fue el Stand-by con Cambiemos en el 2018.

La siguiente tabla resume los acuerdos con el FMI desde la vuelta a la democracia. Los montos están expresados en millones de SDR (special drwaing rights) y corresponden a los montos inicialmente acordados.

Partido	Monto (millones de SDR)	Número de acuerdos
UCR	$7.931	3
PJ	$17.989	7
Cambiemos	$35.379	1

Basado en pag. 68

Nicolás Cachanosky es Doctor en Economía, (Suffolk University), Lic. en Economía, (UCA), Master en Economía y Ciencias Políticas, (ESEADE). Fué profesor de Finanzas Públicas en UCA y es Assistant Professor of Economics en Metropolitan State University of Denver. Es profesor de UCEMA. Publica en @n_cachanosky

Ginés, Sigman y un peligroso vacío legal

Por Mauricio Alejandro Vázquez. Publicado el 22/6/21 en: https://www.dataclave.com.ar/opinion/gines–sigman-y-un-peligroso-vacio-legal_a60d11963acb95c33c6321e4d

El vínculo entre el ex ministro y el empresario fue nuevamente expuesto. Esa relación adquiere gravedad porque el farmacéutico es señalado como uno de los responsables primarios del atraso en los planes de vacunación que han causado casi 90.000 muertes en nuestro país en el último año y medio. Pone en evidencia también el «vacío legal» que se produce al no poder utilizar la herramienta del juicio político contra González García.

Hace unos días atrás, en esta misma columna, comentábamos sobre el misterio que representa que Argentina en casi cuarenta años de democracia, con un sinnúmero de escándalos y crisis gubernamentales, y a contramarcha de varios de sus vecinos regionales, aún no haya hecho uso a nivel nacional del recurso del Juicio Político.

Desde aquella primera nota, las redes sociales se llenaron de posteos que mostraban al ex ministro de salud de la nación, Ginés Gonzales García, reunido en España, sin que medie explicación oficial alguna, con el reconocido empresario farmacéutico Hugo Sigman. El encuentro entre el ex titular de la cartera de salud y el empresario, ya de por sí hubiese suscitado suspicacias varias en cualquier lugar del mundo en el que la potencial connivencia entre el poder político y el empresarial es auditada con profundo recelo. Sin embargo, la fotografía en cuestión (tomada y subida a las redes por una fuente desconocida hasta el momento), adquiere una gravedad extra no solo porque a la fecha Sigman es un proveedor con contratos vigentes con el Estado Argentino, sino también porque el mismo podría ser fácilmente señalado como uno de los responsables primarios del atraso en los planes de vacunación que han causado casi 90.000 muertes en nuestro país en el último año y medio.

Con este antecedente, la cuestión del juicio político contemplada en los artículo 53, 59 y 60 de nuestra Constitución Nacional se vuelve nuevamente susceptible de revisión pero ahora no tanto por el extraño hecho de que el mismo no haya siquiera sido impulsado por la oposición durante el fallido mandato de Ginés, plagado como estuvo de hechos que fácilmente podrían haber sido considerados como irregularidades e incumplimientos en la función, sino porque a la fecha esta institución legal de profunda raigambre republicana, ostenta un vacío normativo con implicancias severas.

Para poder comprender el punto, es necesario señalar que la función del Juicio Político no es propiciar penas que podrán luego provenir de la justicia ordinaria, si así resultase de los procesos pertinentes, sino quitar atribuciones a los funcionarios de turno. En tal sentido, el articulo 60 de la Constitución es claro cuando dice que el Juicio Político “no tendrá más efecto que destituir al acusado, y aun declararle incapaz de ocupar ningún empleo de honor, de confianza o a sueldo en la Nación. Pero la parte condenada quedará, no obstante, sujeta a acusación, juicio y castigo conforme a las leyes ante los tribunales ordinarios.”

Sin embargo, el reciente encuentro de Ginés con Sigman, la falta de acuerdo por la vacuna de Pfizer, el vacunatorio vip o, incluso puntualmente, la pasividad con la que se toleró la demora en la entrega de dosis de AstraZeneca que involucraría al mencionado empresario, sirven para dar luz sobre este peligroso vacío legal. Decimos esto puesto que al haber renunciado a su rol de ministro, Ginés hoy no podría ser interpelado por la vía del juicio político ya que, según varios constitucionalistas consultados, esta instancia se ha vuelto abstracta a partir de su renuncia.

A pesar de esto último, desde una posición filosófica afín al espíritu de nuestra constitución y contemplando la totalidad de los efectos que el juicio político tiene, nosotros consideramos que el mismo debiera ser extendido también a exfuncionarios públicos. Afirmamos esto, puesto que tal como fue mencionado anteriormente, el Art. 60 de la constitución no busca únicamente destituir a los funcionarios que cumplen con los causales mencionados en el Art. 53, sino también al mismo tiempo evaluar su inhabilitación temporal o permanente para que éstos vuelvan a ocupar cargos públicos. Así mismo, consideramos que en casos como el que desarrollamos en esta nota, la aplicación de esta instancia a un funcionario renunciado también tendría como efecto inmediato transparentar sucesos que deben obrar en el saber del ciudadano para poder ejercer sus diversas facultades de control sobre el poder político.

Por último, cabe señalar que en el año 2004 y nuevamente en 2006, el Diputado de la Nación (MC) Jorge Vanossi, presentó un proyecto de ley orgánica de Juicio Político que en su artículo 38º contemplaba explícitamente esta cuestión al decir que “los ex funcionarios que han desempeñado alguno de los cargos del artículo 53 de la Constitución podrán ser sometidos a juicio político al solo efecto de determinar si corresponde aplicarles la inhabilitación para ocupar en el futuro empleos de honor, de confianza o a sueldo de la Nación.” En ambas instancias el proyecto careció del apoyo necesario para convertirse en ley y por tanto a la fecha nuestra República sigue careciendo de este recurso.

Por todo lo dicho, consideramos que esta cuestión debiera ser prontamente revisada por los legisladores, independientemente de su pertenencia partidaria, si deseamos una República con mayor transparencia y solidez institucional.

Mauricio Alejandro Vázquez es Título de Honor en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires, Magister en Ciencias del Estado por la Universidad del CEMA, Magister en Políticas Publicas por la Universidad Torcuato Di Tella y coach certificado por la International Coach Federation. Ha trabajado en la transformación de organismos públicos y empresas. Actualmente es docente de Teoría Política, Ética, Comunicación, Metodología y administración en UADE y de Políticas Públicas en Maestría de ESEADE. También es conferencista y columnista en medios como Ámbito Financiero, Infoabe, La Prensa, entre otros. Síguelo en @triunfalibertad

Descentralización, gasto y “eficiencia”

Por Gabriel Boragina Publicado el 20/8/17 en: http://www.accionhumana.com/2017/08/descentralizacion-gasto-y-eficiencia.html

La descentralización es un concepto principalmente jurídico, pero también se le han dado connotaciones de índole económica. Veamos su idea jurídica:

“Descentralización Hay descentralización cuando las funciones del Estado son cumplidas por organismos con competencia limitada regionalmente. Supone, pues, la división del Estado, o descentralización, que puede ser política, vinculada con la estructura constitucional del Estado, o administrativa. relacionada con la organización técnica de los servicios públicos. La descentralización política origina Estados federales o confederaciones, compuestos de provincias, departamentos o Estados autónomos, cuyos gobiernos tienen, en su esfera, posibilidades de decisión. La descentralización administrativa supone la existencia de organismos descentralizados de ejecución, pero que-responden a una dirección centralizada; este tipo de descentralización administrativa o burocrática es perfectamente compatible con una organización estatal unitaria”[1]

Está implícito en estas doctrinas la descentralización económica, ya que para cumplir dichas funciones del “estado” son necesarios recursos. Pero la descentralización política no implica irreparablemente la económica, porque si bien la facultad de decidir puede estar descentralizada, la ejecución de lo decidido ha de requerir obligatoriamente fondos, que pueden ser provistos ya sea por el ente descentralizado o bien por el estado-nación. Como ya hubiéramos señalado, lo concluyente -en última instancia- para conocer si estamos frente a un organismo descentralizado o no, es precisamente este punto: el económico. De aquí que, debe completarse la noción jurídica con otra económica y, de tal suerte, pasar a hablar de centralización o descentralización económica que, como queda dicho, puede acompañar o no a la política y administrativa.

Por su lado, hay autores que entienden que la descentralización apunta a la racionalización del gasto público. Veamos:

«El objetivo de la racionalización del gasto público a través de la descentralización de la actividad gubernamental requiere de algunos de los siguientes lineamientos clásicos: flexibilidad, gradualismo, transparencia del proceso de toma de decisiones, control social y enlace con las políticas macroeconómicas, especialmente las de corto plazo, enfocadas en la estabilización de precios y el ajuste fiscal. “[2]

No queda del todo claro a qué se refiere el autor cuando habla de “racionalización” del gasto público, porque si acudimos al diccionario constatamos las siguientes definiciones:

racionalización.1. f. Acción y efecto de racionalizar.[3]

Y, a su turno:

racionalizar

tr. Reducir a normas o conceptos racionales.
tr. Organizar la producción o el trabajo de manera que aumente los rendimientos o reduzca los costos con el mínimo esfuerzo.
tr. Mat. Operar para eliminar los radicales del denominador de una fracción.[4]

A primera vista, parecería que la acepción más aproximada sería la segunda. Sin embargo, se puede pensar -sin mayor dificultad- la posibilidad de organizar la producción o el trabajo (aunque en rigor, económicamente, ambos términos son, de alguna manera, equivalentes). Pero no es tan fácil concebir de qué forma se podría organizar el gasto público de manera que aumente los rendimientos o reduzca los costos con el mínimo esfuerzo. En primer lugar, el gasto público -por su misma definición- no puede aumentar ningún rendimiento. Indefectiblemente el gasto los disminuye. En cuanto a reducir los costos, suena como contradictorio aplicarlo al propio gasto púbico, ya que el gasto púbico es en si mismo un costo (más adecuadamente una sumatoria de costos). Quizás, el autor citado aluda a los componentes de ese gasto público, es decir a las diferentes partidas que lo constituyen y, siendo este el caso, se podría estar de acuerdo con la expresión.

En nuestra opinión (ya manifestada en múltiples ocasiones) la única conducta racional respecto del gasto público es que este sea el menor posible, habida cuenta que si hay una regla económica que siempre se cumple es que, cuando el gasto estatal aumenta, indefectiblemente el gasto privado se limita en calidad, pero no en cantidad a causa de la transferencia de ingresos que se opera desde el sector privado hacia el estatal. Si esto no fuera así, no habría ninguna posibilidad de que el estado-nación aumente sus gastos.

«Vale la pena señalar la complejidad de los aspectos relacionados con factores que, de una manera más o menos directa, enlazan la descentralización con la participación. Los objetivos relacionados con la política y la participación ciudadana tienden a moverse en el sentido de legitimar a los gobiernos o las políticas económicas y de incrementar el control social, con el fin de que el gasto público sea más eficiente y/o mejore la calidad del gasto social básico. Sin embargo, tal como en el caso de la descentralización como un todo, no existe un modelo ideal para hacer funcionar los mecanismos de participación.”[5]

Aquí tenemos otra cita altamente discutible. No cabe duda de que la descentralización de funciones y de gastos favorecería una mayor participación ciudadana o -al menos- una mayor información sobre de lo qué se gasta y cómo se lo hace. Como ya expresamos antes, cuando se habla de objetivos hay que concretar de cuáles de ellos se hace, si los de los gobiernos o de los ciudadanos, porque es muy arriesgado partir de la base de que ambos objetivos serán siempre coincidentes. A menudo, comprobamos que los fines de unos y de otros no siempre son concurrentes, ni en el tiempo ni en el espacio.

Mucho más oscuro todavía es el clisé del gasto público “eficiente” o de mejor “calidad del gasto social básico”. La eficiencia y la calidad son evaluaciones puramente subjetivas, y adquieren sentido cuando quien las valora puede comparar su costo con el producto o servicio que recibe. Característica que se cumple exclusivamente en el caso del gasto privado, pero de ninguna manera en el del gasto estatal o público.

[1] Ossorio Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. -Editorial HELIASTA-1008 páginas-Edición Número 30-ISBN 9789508850553 pág. 317.

[2] José Roberto Rodríguez Afonso – Thereza Lobo. «Descentralización fiscal y participación en las experiencias democráticas tardías», Capítulo V. en Rolf Lüders-Luis Rubio-Editores. Estado y economía en América Latina. Por un gobierno efectivo en la época actual. CINDE CIDAC, pág. 279-280.

[5] JOSÉ ROBERTO RODRIGUES AFONSO – THEREZA LOBO. “Descentralización fiscal y participación en las experiencias democráticas tardías», Capítulo V. en Rolf Lüders-Luis Rubio-Editores…Ob. cit., pág. 280.

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE. Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

Irán se acerca a unas elecciones presidenciales de significación

Por Emilio Cárdenas. Publicado el 5/5/17 en: http://www.lanacion.com.ar/2020833-iran-se-acerca-a-unas-elecciones-presidenciales-de-significacion

El próximo 19 de mayo Irán tendrá elecciones presidenciales. Ellas serán las doceavas desde que, en 1979, Irán se convirtiera en una teocracia. Normalmente, esas elecciones se celebran en el mes de junio. Pero este año se adelantaron como consecuencia de la festividad religiosa que celebra el llamado Ramadán, durante la cual los iraníes ayunan.

En ellas el actual presidente, el «reformista» Hasan Rouhani, procurará obtener su reelección. Un nuevo y segundo mandato, entonces. Su candidatura, como cinco otras, acaba de ser formalmente aprobada por el Consejo de los Guardianes. Esto quiere decir que Hasan Rouhani, según los líderes religiosos iraníes, posee las «calificaciones ideológicas» requeridas para aspirar a presidir a la teocracia íraní. En cambio, el radical -y siempre activo- ex presidente Mahmoud Ahmadinejad, que intentaba regresar al escenario político grande de Irán, fue vetado. No podrá competir.

Irán es una nación llamativamente joven, con una edad media de apenas 30 años y una de las culturas más profundas del mundo, la de la civilización persa. Desde que sus medios de comunicación masiva predican sólo el discurso único de la clase religiosa que controla al país, más de la mitad de los votantes se nutre, ávidamente, en las redes sociales. Con frecuencia ellas están bloqueadas por las autoridades religiosas, por distintos motivos.

Los jóvenes hoy componen el «núcleo duro» de los «reformistas», que aspiran a tener un mejor nivel de vida, a lograr y mantener estabilidad económica y a poder acercarse más e interactuar con el resto del mundo.

Esta vez los iraníes podrán elegir entre seis distintas posibilidades. Hay tres de ellas que -sin embargo- lucen como las más significativas.

La primera es la posibilidad de reelegir al actual presidente, Hasan Rouhani, por un período presidencial más, de cuatro años. Muchos iraníes hoy están desilusionados con el poco avance logrado en dirección hacia la modernización del país persa a lo largo de la que ha sido ya su primera gestión presidencial. Además, se manifiestan abiertamente indignados con la corrupción extendida que, creen, anida en la administración iraní, a todos los niveles.

Esta es una cuestión seria y delicada, porque ocurre que son los clérigos quienes tienen en sus manos lo sustancial del poder económico en Irán y conforman una auténtica oligarquía, que es, por lo demás, inmensamente rica.

La clase media iraní es la que hoy apoya sustancialmente al presidente Rouhani. Pero para estar seguro de ganar, el actual presidente necesita, además, poder cautivar a parte de los iraníes de ingresos más bajos, que no creen demasiado en él porque entienden que los abandonó a su suerte.

En una nación bastante más ordenada, donde la inflación no es ya del 40% como sucedía al llegar Rouhani al poder, sino del 9% anual, el tema económico no es menor. Por ende la preocupación por mejorar el nivel de vida es ahora concreta y hasta fácilmente mensurable. Lo que es central para una población cuyos ingresos son mayoritariamente fijos.

Su principal rival, capaz ciertamente de vencerlo, pareciera ser Ebrahim Raisi, un discreto ex procurador general de Irán de 56 años, que cuenta con el apoyo de muchos líderes religiosos del país, a lo que suma nada menos que el endoso de la poderosa Guardia Revolucionaria. No tiene, sin embargo, experiencia política, pero es tenido como un candidato honesto y como una suerte de «outsider» de la clase religiosa gobernante. Un «nuevo» en el mundo local de la política.

Raisi -que además es apoyado por el líder supremo, Ali Khamenei- porta un turbante negro, que es el clásico que distingue a los religiosos que descienden del profeta Mohammed. El presidente Rouhani, en cambio, lleva uno blanco.

La plataforma y el discurso de Raisi tienen algunos componentes que lucen populistas. La estrategia de Rouhani es, en cambio, bastante más conservadora. Su esposa -que es una respetada profesora en la Universidad Shahid Beheshti- lo modera.

Otro de los actuales rivales de Rouhani es el alcalde de Teherán, que ya ha competido dos veces por la presidencia de su país, aunque sin suerte. Cuenta entonces con alguna experiencia política. Y hoy acusa al presidente Rouhani de no haber resuelto el persistente tema del desempleo que, entre los desilusionados jóvenes iraníes, es de nada menos que del 26%.

Entre los rivales del actual presidente aparece asimismo Esaq Jahngiri, un candidato que fustiga constantemente a la corrupción y a los corruptos. Razón por la cual ha adoptado la bandera electoral de la transparencia. Algunos creen, sin embargo, que Jahngiri pronto dejará de ser candidato y que su presencia, en rigor, es utilizada por los líderes religiosos para tratar de cerrar el paso al desafiante intento de retorno del ex presidente Mahmoud Ahmadinejad, ahora vetado. Sus partidarios se volcarán presumiblemente hacia la candidatura de Ebrahim Raisi.

En momentos en que la nueva administración norteamericana está demonizando a Irán, enfatizando para ello su constante labor de exportación del terrorismo y relativizando la importancia de la suscripción de su acuerdo nuclear con la comunidad internacional, parece importante seguir de cerca el curso de las próximas elecciones presidenciales iraníes, de cuyos resultados depende, entre otras cosas, mantener el equilibrio regional actual entre los dos países líderes de las dos grandes vertientes del islamismo: Arabia Saudita e Irán.

Emilio Cárdenas es Abogado. Realizó sus estudios de postgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan y en las Universidades de Princeton y de California. Es profesor del Master de Economía y Ciencias Políticas y Vice Presidente de ESEADE.

Teoría del Derrame y Pobreza

Por Nicolás Cachanosky. Publicado el 4/3/17 en: https://puntodevistaeconomico.wordpress.com/2017/04/04/teoria-del-derrame-y-pobreza/

Para reducir la pobreza en Argentina (que ronda un 30-35%) es necesario, sostiene Ivan Petrella en una columna en el diario La Nación, adoptar posturas más complejas y completas que la “teoría del derrame” y el asistencialismo. Entiendo que por “teoría del derrame” Petrella se refiere al supuesto “neoliberalismo” de los 90 y por asistencialismo a las políticas de transferencia de ingresos del kirchnerismo.

Hacia el final de la nota Petrella comparte algunas ideas de qué sería esta tercera vía. No me queda del todo claro qué es lo que se propone en concreto para eliminar la pobreza. Salvo principios muy generales como transparencia, se habla de expandir planes sociales de diverso tipo. Esto no es una política de pobreza cero, es un conjunto de parches. Una política de pobreza cero lleva a que estos planes sean eventualmente innecesarios, no a que deban incrementar su alcance. Si la pobreza fuese cero, no habría necesidad de planes sociales.

Sin embargo, el punto que me llamó al atención fue la referencia a la “teoría del derrame” por la sencilla razón de que dicha teoría no existe. La “teoría del derrame” es un término, diría peyorativo, de sectores de izquierda y críticos de políticas ortodoxas o de economía de mercado [si tienen dudas de lo peyorativo y político del término, hagan una búsqueda de imágenes de “trickle down economics” en Google o Bing.] Lo que se hace es transmitir la idea de que el mercado libre (la mano invisible de Adam Smith) es un sistema amoral o salvaje que no tiene preocupación por los sectores más necesitados de una sociedad. A los pobres les llegarán las migajas o lo que se derrame de los ricos en la cima de la pirámide económico-social. Que los liberales clásicos defiendan una economía libre por ser, a su juicio, un eficiente sistema económico para reducir la pobreza parece ser un detalle sin importancia para el léxico de la “teoría del derrame.” Ciertamente es más sencillo criticar a un Milton Friedman o un Friedrich Hayek diciendo que defienden el “derrame económico” en lugar de lidiar con sus teorías. Hablar de la “teoría del derrame” no cuestiona la teoría económica, cuestiona la moralidad de quienes defienden una economía libre.

El problema es que no existe una teoría sobre la dinámica del “derrame.” Ciertamente existen menciones a este efecto, pero no teorías. Quizás salvo alguna excepción que desconozco, no hay economistas que se autodenominen defensores de al teoría del derrame. ¿A quien se critica entonces? Es decir, hay críticos que dicen que otros defienden la teoría del derrame, pero resulta ser que esos otros no dicen sostener dicha teoría. El motivo es que los economistas no ven el flujo y distribución de la riqueza como “derrames”, sino como el resultado de transacciones que se dan en un marco institucional y con ciertas políticas económicas presentes (o ausentes.) Hablar de la teoría del derrame es, justamente, pasar por alto el punto central y transformarlo en una postura inexistente.

El “efecto derrame” suele asociarse a la economía neoliberal. Sin embargo, tampoco existe tal cosa como una teoría neoliberal. Estos son, en definitiva, términos políticos que simplifican y desvirtúan posiciones más complejas que las que los críticos suelen estar dispuestos a admitir.

Supongamos, no obstante, que por “teoría del derrame” nos referimos a una economía libre al estilo clásico: laissez-faire. Si ese es el caso, los datos son claros. Las economías más libres poseen niveles de pobreza significativamente menores y la distribución del ingreso (medido como porcentaje del ingreso del bottom-10) no depende de la libertad económica. Si nos guiásemos por teorías reales y datos, en lugar de teorías inexistentes y sesgos muestrales, veríamos que el camino para reducir la pobreza no es difícil de descubrir, la dificultad se encuentra más en la voluntad de ir hacia una economía libre. Lo que me llamó la atención de esta nota es el meta-mensaje en oposición a una economía de mercado vía asociación implícita de la “teoría del derrame” con la idea de un mercado libre. Este post me hizo acordar a la hipotética pregunta que hace unos días hacía al Pro/Cambiemos.

Desconozco qué es la “teoría del derrame”, pero debajo hay datos que surgen de observar la totalidad de los países, en lugar de una pequeña muestra que puede sesgar los resultados y confirmar nuestros sesgos teóricos/ideológicos.

Las «cláusulas secretas» del acuerdo nuclear con Irán

Por Emilio Cárdenas. Publicado el 4/8/16 en: http://www.lanacion.com.ar/1924499-las-clausulas-secretas-del-acuerdo-nuclear-con-iran

El Canciller de Irán, Mohammad Javad Zarif, acaba de hacer una revelación realmente inesperada. Asombrosa, más bien. Ha anunciado que su país ha presentado recientemente a la Agencia Internacional de Energía Atómica (AEIA) su programa nacional para la expansión de su capacidad de enriquecer uranio. De modo de llevarlo adelante tan pronto la espera decenal convenida el año pasado por Irán con la comunidad internacional representada por EE.UU., Rusia, China, Alemania, Gran Bretaña y Francia expire.

A toda máquina, por lo demás. Y, al revés de lo que ocurriera en el pasado, cuando Irán avanzara con su programa envuelto en el misterio y en la opacidad, esta vez el anuncio iraní se formula de frente, a la vista de todos. Con transparencia, guste o no lo que Irán está intentado hacer, que está lejos del camino de la paz.

Lo más grave es que esto se basa -nos dice- en una «cláusula adicional» anexada al convenio oportunamente suscripto con la comunidad internacional en virtud del cual Irán suspendió sus cuestionadas actividades nucleares, aunque sólo por el plazo de una década. «Cláusula adicional» que, pese a su importancia, había sido mantenida en la confidencialidad. Esa «cláusula adicional» ha sido entregada ahora por Irán a la AIEA, junto con el programa que, anticipa, pondrá oportunamente en marcha.

El trabajo previsto de enriquecimiento de uranio por parte de Irán comenzará, reiteramos, tan pronto culmine la suspensión por diez años acordada con la comunidad internacional. Al día siguiente mismo Irán volverá afanosamente a producir uranio enriquecido, esto es a trabajar en un rumbo que obviamente puede conducir a Irán hacia la posesión de armas nucleares. Para eso se prepara desde ahora y emite una preocupante señal.

Ante lo sucedido, es muy posible que el texto del referido acuerdo adicional tome pronto estado público y se conozca entonces su contenido.

Quienes pensaban que no estaba claro si Irán, tras su acuerdo del año pasado antes mencionado, volvería a trabajar en dirección a transformarse en una potencia militar nuclear, se engañaron. O, mejor dicho, fueron engañados por las naciones antes aludidas, que sabían perfectamente bien que Irán sólo acordó suspender -por una década- su marcha hacia la posibilidad de transformarse en potencia atómica. Circunstancia e intención que Irán acaba de anoticiar al mundo retomará de inmediato luego de cumplir con la suspensión decenal acordada. Así de claro. En enero de 2027, entonces.

Además, una vez transcurrida la década de suspensión acordada, Irán empezará a instalar nuevas centrífugas, hasta quintuplicar las más de 5000 máquinas que dejó de operar en función del acuerdo del año pasado.

Por esto los servicios de inteligencia alemanes acaban de alertar a todos que Irán sigue tratando de adquirir toda suerte de equipos y tecnología, con el obvio propósito de estar en condiciones de poder llegar a tener, tan pronto sea posible, armas atómicas.

Las intenciones de Irán no son tranquilizadoras. Y hacen inevitable que sus vecinos comiencen a tratar de anticiparse a lo que previsiblemente habrá de ocurrir y desaten la temida carrera por convertirse, también ellos, en potencias militares con armas nucleares. Gravísimo.

La sensación fea de haber sido de alguna manera engañados es difícil de evitar. Lo que supone, además, un amargo despertar a una realidad que evidentemente se nos había disimulado a todos, con la complicidad de quienes fueran los firmantes del acuerdo del año pasado que, está claro, supone tan sólo una espera relativamente corta. Porque existe aquello de tempus fugit, lamentablemente. Todo se precipitará en algún momento y las siniestras sombras de las armas nucleares volverán previsiblemente a flotar sobre todos nosotros.

¿Coparticipación federal o correspondencia fiscal?

Por Adrián Ravier. Publicado el 26/2/16 en: http://opinion.infobae.com/adrian-ravier/2016/02/26/coparticipacion-federal-o-correspondencia-fiscal/

Dada la precariedad de las cuentas públicas, existe consenso en la necesidad de abrir un diálogo acerca de cambios en la coparticipación federal de impuestos. Son pocos, sin embargo, los estudios que proponen una verdadera modificación del sistema. En su lugar, se promueven distintas formas arbitrarias de redistribuir los ingresos, que ignoran la pregunta primordial: ¿por qué continuar con la coparticipación? ¿Por qué no retornar a un federalismo real, basado en el principio de correspondencia fiscal? Alberto Porto, de la Universidad Nacional de La Plata y Jorge Ávila, de la Universidad del CEMA, son quizás excepciones entre los economistas que marcaron este problema central en las finanzas públicas argentinas.

Antecedentes históricos

A principios del siglo XX, regía en la Argentina una clara estructura de imputabilidad fiscal. La nación financiaba sólo un 5% del gasto público provincial. Este hecho aseguraba un auténtico federalismo fiscal y garantizaba la vigencia del principio de correspondencia.

La correspondencia fiscal supone que existe un vínculo entre las decisiones de gasto extra del Gobierno provincial y el esfuerzo contributivo adicional de los votantes provinciales. Este principio es la clave para una buena gestión del gasto público, el que nos asegura que el gasto no excederá el nivel que los votantes están dispuestos a sufragar; garantiza que su composición se ajustará a las demandas de la población.

Pese a las advertencias y las críticas de prestigiosos constitucionalistas (Germán Bidart Campos, Rafael Bielsa, Horacio García Belsunce, Carlos María Giuliani Fonrouge, Dino Jarach y Segundo Linares Quintana), a partir de 1935 las provincias cedieron potestades tributarias sustantivas a la nación. Como consecuencia, la nación pasó a fijar bases de imposición y alícuotas, creó nuevos tributos y procedió a recaudar y coparticipar (transferir) recursos a las provincias.

En 1939, el nuevo federalismo fiscal aumentó a 29% la fracción de gasto provincial financiado con transferencias nacionales. Los impuestos creados en la década de 1950 profundizaron todavía más la disociación entre las responsabilidades de gasto y de financiamiento en las provincias, que llegaron en 1960 a un 47% del gasto provincial financiado con recursos nacionales. Luego de escalar a un 62% en 1977, la proporción alcanzó su máximo histórico en 1983, con el retorno a la democracia, al fijarse en 72 por ciento. Varios analistas señalan que nunca fue la Argentina tan poco federal como entonces.

En el período 2003-2008, más del 60% del gasto público de las provincias reconoció financiamiento nacional, circunstancia más propia de una organización unitaria que de una federal.

Ausencia de correspondencia fiscal: ganadores y perdedores

El cuadro n.º 1 muestra precisamente la ausencia de correspondencia fiscal que gobernó a las provincias argentinas durante el período 2003-2008, considerando que —en promedio— la recaudación de la nación participó en un 60,9% de los ingresos provinciales.

La situación, sin embargo, no fue igual para todas las provincias. Tomando en cuenta los porcentajes de participación de recursos nacionales en los ingresos provinciales, podríamos separar cuatro grupos.

En primer lugar, tenemos en este período a aquellas provincias cuyas transferencias tributarias nacionales componen menos de un 60% de sus ingresos tributarios. Tal es el caso de las provincias de Buenos Aires (45,5%) y Neuquén (56%).

El caso de la Ciudad de Buenos Aires (11,4%) no es comparable con el resto de las autonomías provinciales si consideramos que percibió servicios de transporte, seguridad o Justicia financiados por la nación que deberían ser sumados a los montos transferidos. El reciente traspaso de fondos para pasar la seguridad a manos de la ciudad contribuye a hacer comparables estos números.

En segundo lugar, contamos con aquellas provincias que reciben de la nación entre un 60 y un 70% de sus ingresos. Tal es el caso de Mendoza, Santa Fe, Córdoba, Chubut y Santa Cruz.

Nota: (1) Representa el total de la recaudación que la nación transfiere a provincias
* El dato 2008 corresponde sólo al primer semestre.

En tercer lugar, encontramos un grupo de provincias que componen entre un 70% y un 85% de sus ingresos con recaudación nacional. Aquí encontramos a Tierra del Fuego, Río Negro, La Pampa, Entre Ríos, Tucumán, San Luis, Salta y Misiones.

En cuarto lugar, encontramos los casos extremos en los que ninguna provincia logra recaudar más de un 15% de sus ingresos tributarios. Tal es el caso de San Juan, Corrientes, Chaco, Jujuy, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja y Formosa. En estos casos, el principio de correspondencia fiscal está quebrado. La mayor ausencia de correspondencia se verifica precisamente en Formosa, provincia que logra recaudar sólo un 5,5% de sus ingresos.

El cuadro no pudo actualizarse debido a que la mayoría de las provincias no presenta información actualizada sobre su recaudación, especialmente las provincias del último grupo, pero hay excepciones. El cuadro n.º 2 contribuye a actualizar algunos de estos números.

Al comparar la información de 2014 con 2008, puede notarse que la situación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sigue siendo similar, aunque cambiará el año próximo con el traspaso de fondos de nación a ciudad de Buenos Aires para hacerse cargo de la seguridad. Neuquén y Buenos Aires siguen siendo también las provincias menos dependientes de las transferencias nacionales. Tucumán, por su parte, mantiene una fuerte dependencia de los recursos transferidos de nación.

Consecuencias de la ausencia de correspondencia fiscal

Completo el diagnóstico, podemos observar a continuación algunas implicancias de esta situación:

1. Incentivo del incremento constante del gasto público provincial. La nación afronta el costo político de recaudar, la provincia recibe el beneficio político de gastar y el contribuyente mira con indiferencia el ir y venir de fondos. Este desequilibrio vertical conduce a los gobernadores de varias provincias a emprender obras públicas sin considerar la voluntad de los contribuyentes de financiar el proyecto. En todo caso, los recursos no los proveen los ciudadanos de cada provincia, sino el conjunto de la nación.

2. Ausencia de ciudadanía fiscal. Nada incentiva al contribuyente a controlar y reclamar una buena gestión del gasto público en su jurisdicción. En otras palabras, el sistema conspira contra el cumplimiento tributario voluntario de los contribuyentes, que deben pagar los impuestos a un nivel de Gobierno distinto a aquel que, en general, perciben que les presta o financia el servicio.

3. Incremento de la evasión impositiva. Las causas de la evasión impositiva en la Argentina son varias y complejas, pero el régimen de coparticipación no está exento de culpa. ¿Qué incentivo tiene, por ejemplo, el gobernador de San Juan a colaborar con los inspectores de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en la detección de evasores, cuando por cada cien pesos que se recauden gracias a la movilización de su policía y el cierre de negocios y locales, la provincia recibiría apenas $1,90? (El gobernador hace esta cuenta: $100 multiplicados por 0,57, que es la participación primaria de las provincias, multiplicados por 0,0338, según ley 23558, que es la participación secundaria de San Juan, es igual a $1,90). Y con respecto a la nación, aunque la distorsión de incentivos en este caso es menor, cabe preguntar: ¿no se esforzaría más la AFIP si de cada $100 recaudados, la nación pudiera gastar $100 en vez de los $43 que le asigna el régimen de coparticipación?

Ya es conocida públicamente la estrategia utilizada por los gobernadores de expulsar a los inspectores de la AFIP cuando estos comienzan a controlar los establecimientos de sus provincias.

4. Premio al lobby. Con regímenes de distribución de fondos como la coparticipación existe un poderoso incentivo para que los gobernadores inviertan mucho ingenio, esfuerzo y tiempo en Buenos Aires, en el intento de modificar las reglas de juego a su favor. Un ejemplo en tal sentido es la promoción industrial basada en exenciones de grandes tributos nacionales sujetos a coparticipación, como IVA e impuesto a las ganancias. De cada $100 que le cuestan las exenciones al país, una provincia como San Juan pierde $1,90 y gana la radicación industrial, y con ella, una variedad de beneficios sobre el empleo, la actividad económica y las rentas generales de la jurisdicción. El saldo es netamente favorable a la provincia y su consecuencia es obvia e inevitable.

5. Riesgo moral. El riesgo moral es un concepto que en economía se utiliza para describir una situación en la que un individuo, aislado de la consecuencia de sus acciones, podría cambiar su comportamiento del que habría tenido si hubiera estado expuesto completamente a las consecuencias de sus acciones. Esto describe precisamente lo que ocurre con algunas provincias.

Cuando el gasto público provincial se financia en tan alta proporción con recursos nacionales, la nación sufre una consecuencia sutil pero recurrente. A los ojos de las provincias, el Gobierno nacional se convierte en el responsable último de las caídas de las remesas de fondos, cualquiera fuera su causa.

La paradoja es que históricamente la nación ha asumido tal responsabilidad y convalidado los déficit de las provincias a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, o bien a través de la atención directa de los servicios de deuda de los organismos multilaterales de crédito. Esta actitud sesga las finanzas provinciales hacia la bancarrota.

6. Ausencia de transparencia. En la actualidad rige un complejo sistema de remesas basado en: a) la coparticipación federal de impuestos, que distribuye la recaudación de los tres principales impuestos nacionales (valor agregado, ganancias e internos) de acuerdo con ponderados mágicos, después de descontarle una pre-coparticipación para las grandes urbes y otra para el sistema previsional; b) varias coparticipaciones menores y paralelas, que distribuyen otras recaudaciones según criterios ad hoc, y c) aportes del Tesoro Nacional distribuidos en forma discrecional.

No existe un criterio único de reparto, ni existe un organismo único que administre el reparto. Nos movemos dentro de un laberinto fiscal que hace imposible que el votante-contribuyente pueda identificar qué nivel de gobierno o cuál organismo estatal es el que gasta o grava y con qué fin. Está rota, en consecuencia, una relación costo-beneficio que es indispensable para asegurar la eficiente acción del Estado.

Conclusiones

La Argentina presenta una centralización de sus ingresos en la nación, pero una descentralización en los gastos.Avanzar hacia un federalismo real implicaría avanzar únicamente en la descentralización de la recaudación tributaria.

Lo que proponemos es que cada provincia se responsabilice por generar los recursos que luego gastará, para así alcanzar responsabilidad fiscal y limitar el crecimiento del gasto. Ir en este sentido supone modificar completamente los incentivos en la administración pública provincial y aun en el contribuyente, además de limitar el poder que hoy posee el ejecutivo a través de su gasto discrecional.

Adrián Ravier es Doctor en Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Master en Economía y Administración de Empresas por ESEADE. Es profesor de Economía en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa y profesor de Macroeconomía en la Universidad Francisco Marroquín.

La herencia no es solo económica

Por Nicolás Cachanosky. Publicado el 30/9/15 en: http://opinion.infobae.com/nicolas-cachanosky/2015/09/30/la-herencia-no-es-solo-economica/

Independientemente de quién sea electo, el próximo presidente deberá afrontar una seria herencia económica. Inflación, un abultado déficit fiscal, una presión fiscal récord, serios problemas en la administración del Banco Central, cepo cambiario y default, entre otros problemas. En una nota anterior comentaba que el kirchnerismo puede estar dejando indicadores económicos peores a los que el menemismo dejó a de la Rúa. La herencia que el kirchnerismo deja al próximo Gobierno, sin embargo, no es solo económica.

¿Qué herencia deja el Frente para la Victoria en temas, por ejemplo, como corrupción, eficiencia de Gobierno y calidad del marco regulatorio? El kirchnerismo ha estado en el Gobierno por doce años con mayoría en el Congreso, ¿qué mejoras se perciben en la calidad de Gobierno y administración durante tan larga gestión? El siguiente gráfico muestra la percepción en control de corrupción, eficiencia de gobierno, calidad regulatoria, imperio e igualdad ante la ley (rule of law), y transparencia y rendición de cuentas (libertad de expresión, representación de los políticos). Los valores pueden oscilar entre -2,5 (peor) y 2,5 (mejor).

Si bien el último dato disponible es al 2013, los valores no dejan de ser representativos, dado que no se han dado importante mejoras en ninguna de estas variables. Los valores del 2013 se contrastan con dos puntos de referencia, el fin del menemismo (1999) y el inicio del kirchnerismo (2003). Dos lecturas se desprenden de estos datos. En primer lugar, doce años de gestión K no dejan una administración con una percepción claramente superior a la del fin del menemismo. Por ejemplo, el fin del mandato K muestra un leve empeoramiento en eficiencia de Gobierno y calidad regulatoria. En otras palabras, Argentina estaría algo mejor regulada por el menemismo, más allá de lo pobre que podamos considerar su desempeño. En segundo lugar, el kirchenismo muestra más empeoramientos que mejoras respecto al 2003.

Eficiencia de Gobierno, calidad regulatoria, y transparencia y rendición de cuentas es donde se ve un mayor retroceso. No hay, sin embargo, significativos avances en otras variables. Estos indicadores, a su vez, no capturan los eventos sucedidos del 2014 a la fecha (Hotesur, ausencia de indicadores de pobreza, fraude en las elecciones de Jujuy, etc.) Tras doce años catalogados como “década ganada”, el kirchnerismo no ha podido mostrar mejoras significativas al público en ninguno de estos indicadores. ¿Dónde han estado los avances en control de la corrupción? ¿Eficiencia de Gobierno o mejoras en el marco regulatorios? Menos aún en transparencia y rendición de cuentas, donde ni siquiera se puede confiar en las variables más elementales del Indec, como inflación.

Entre los países con mejor percepción institucional y de Gobierno se encuentran Finlandia, Dinamarca, Noruega, Suecia y Noruega. Con indicadores similares a los de la gestión K se encuentran países como Armenia, Algeria, Etopía, México, Colombia, Rusia, Ecuador y El Salvador, entre otros. El partido que lleva en estas elecciones a Daniel Scioli muestra serias falencias no solo en materia económica, sino también en materia institucional.

¿QUE SERVICIOS PRESTAN LOS SERVICIOS DE INTELIGENCIA?

Por Alberto Benegas Lynch (h)

Nuevamente escribo sobre los contraproducentes y calamitosos servicios que prestan los “servicios” de inteligencia que reiteradamente se han usado para lesionar derechos, espiando y accionando con fines inconfensables, hoy bajo el pretexto del terrorismo, el secuestro y el narcotráfico, todos rubros en los que habitualmente están complicadas buena parte de las estructuras políticas. Por las razones que desarrollamos más abajo, la eventual eliminación de los así llamados “servicios” del aparato estatal dependientes directamente del Poder Ejecutivo no excluyen la posibilidad de que existan faenas que puedan averiguar y anticipar delitos de diversa envergadura pero fuera de jurisdicciones en las que se politizan asuntos tan delicados.

Para este análisis tomo parte de lo consignado en una columna de mi autoría publicada en “La Nación” de Buenos Aires en agosto 4 de 2006. Dice el adagio que si a uno lo engañan una vez, la vergüenza corresponde a quien engaña, pero si nos vuelven a engañar con lo mismo, la vergüenza es para uno. Resulta de interés preguntarse y repreguntarse que grado de compatibilidad o incompatibilidad existe entre los llamados servicios de inteligencia y el sistema republicano de gobierno. Como es sabido, uno de los ejes centrales de ésta forma de concebir el aparato político consiste en la transparencia de sus actos.

Conviene a esta altura llevar a cabo el ejercicio de una mirada crítica sobre estas reparticiones tan peculiares. Prácticamente todos los gobiernos cuentan con servicios de inteligencia, lo cual no invalida el interrogante de marras. Cuando menos, llama la atención que una sociedad libre se desplace simultáneamente por dos andariveles tan opuestos. Por una parte, se insiste en la necesidad de que los funcionarios gubernamentales sean responsables de sus actos y que estos estén en conocimiento de los gobernados y, por otro, se procede de modo clandestino echando mano a fondos reservados por parte de agentes con nombres supuestos y para propósitos de espionaje y otros menesteres non santos que se mantienen en las sombras. Parecería que hay aquí un doble discurso y se entroniza una hipocresía digna de mejor causa.

Agentes dobles, contrainteligencia, secretos de Estado, escuchas y detenciones sin orden de juez, violaciones de domicilio, asesinatos, suicidios inducidos, sabotajes y, frecuentemente, seguimiento de los movimientos de los dirigentes de partidos políticos de oposición, a personas que poseen informaciones que no agradan a los gobernantes, embates encubiertos contra instituciones republicanas y pretendidos recortes a la libertad de expresión, son solo algunos de los hechos que producen los aludidos “servicios”. Esto es en lo que denominamos el mundo libre ya que en los totalitarios se destaca la implacable persecución a quienes no adhieren al poder de turno por medio de la policía política y otros mecanismos perversos.

En los Estados Unidos actualmente existen veinticuatro oficinas de inteligencia entre las que se destaca la CIA creada a fines de la década de los cuarenta. En Inglaterra el M 15 y M 16, en Canadá la CSIS, la BND en Alemania, el Mossad en Israel y la FSB en Rusia (sucesora de la KGB) son solo algunas de las caras visibles de este entramado de espionaje, contraespionaje y guerra subterránea.

El periodista de la BBC de Londres Paul Reynolds pone en tela de juicio la eficiencia de los servicios de inteligencia mas destacados del mundo y ejemplifica con la patraña tejida en torno a “la invasión preventiva” a Irak. Por su parte, Harry Browne señala en detalle los fiascos de los servicios de inteligencia estadounidenses en Vietnam, Corea, Somalía, Haití e incluso tiende un manto de sospechas sobre los que operaron durante la Segunda Guerra Mundial en la que se terminó entregando a Stalin aproximadamente las tres cuartas partes de Europa. Es que siempre los burócratas están tentados a utilizar estos departamentos para fines políticos y cuando no hay claros límites al poder y se permite recurrir a la clandestinidad , los abusos, traiciones, datos falsos, delaciones internas y bochornos como por ejemplo las ex amistades de la CIA como son las de Saddam Hussein y Bin Laden.

Por esto es que León Hadar del Cato Institute de Washington DC sugestivamente titula su ensayo “Los servicios de inteligencia no son inteligentes” en el que muestra con profusión de datos como la alegada seguridad nacional está en riesgo con estos procedimientos oscuros en los que, por definición, no hay control de gestión propiamente dicho. Hadar se refiere a los Estados Unidos -tradicionalmente el mayor defensor de la libertad- pero imaginemos que le cabe, por ejemplo, a la “inteligencia” del Estado argentino inaugurada por Perón en su primera presidencia a través del decreto 337/46 y, después de varios escándalos, continuada ahora bajo el proyecto de la Agencia Federal de Inteligencia la que, entre otras cosas, se ocupará de “delitos económicos y financieros” lo cual torna aun más grave la situación dado el contexto en que vivimos los argentinos de estatismo rampante, casi a la venezolana. Agencia de inteligencia ésta que constituye una tomada de pelo a la inteligencia de los ciudadanos debido a la camuflada extensión de sus funciones y en medio de los acontecimientos vinculados a la masacre de la AMIA.

Por otro lado, David Canon del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Indiana, en su trabajo titulado “Inteligencia y ética”, alude a las declaraciones de un agente de la CIA que explica que lo importante es lograr los objetivos sin detenerse en los medios “los temas legales, morales y éticos no me los planteo igual que no lo hacen los otros [integrantes de la CIA]” y documenta la cantidad de “sobornos a funcionarios, derrocamiento de gobiernos, difusión deliberada de mentiras, experimentos con drogas que alteran la mente, utilización de sustancias venenosas, contaminación de alimentos, entrega de armas para operar contra líderes de otros países y, sobre todo, complotar para asesinar a otros gobernantes”. En esta dirección ofrece ejemplos de operaciones de la CIA en Costa Rica, Corea, Colombia, Laos, Guatemala, Irán (fueron los que organizaron la policía secreta del Shah), China e Indonesia. Asimismo, reproduce las declaraciones del ex Presidente Truman quince años después de que estableciera la oficina de inteligencia central, en el sentido de que “cuando establecí la CIA, nunca pensé que se entrometería en actividades de espionaje y operaciones de asesinato”.

Pero como bien destaca Norman Cousins, el establecimiento de entidades de estas características “necesariamente tiene que terminar en un Frankenstein”. Idéntica preocupación revela Drexel Godfrey en la revista Foreign Affairs en un artículo titulado “Ethics and Intelligence” en el que añade las encrucijadas del célebre Embajador Joseph Wilson quien contradijo los informes de inteligencia ingleses y norteamericanos respecto al colosal engaño de las armas de destrucción masiva.

No se avanza mucho si se establecen estrictos contralores republicanos, división horizontal de poderes y, en general, los indispensables límites al poder político si éste puede deslizarse por la puerta trasera con todo tipo de abusos sin rendir cuenta al público, por mas que se tejan subterfugios mas o menos elaborados a través de comisiones parlamentarias.

Los servicios de inteligencia son compatibles con regímenes totalitarios de factura diversa, pero aparecen del todo inadecuados en el seno de una sociedad libre. No en vano en los Estados Unidos se extiende la utilización de la expresión rusa “zar” para el máximo capitoste del espionaje estatal, en lugar incluso de tercerizar y contratar servicios de averiguaciones privados al efecto de prevenir y castigar delitos con mayor eficiencia. Nuevamente reiteramos que si lo dicho ocurre en países llamados del primer mundo, pensemos que queda para el resto.

Es útil cuestionar y someter al análisis temas que habitualmente se dan por sentados. En este sentido, menciono dos áreas a vuelapluma. En primer término, la misma seguridad en la que, paradójicamente, para protegerla se la conculca vía los “servicios” que venimos comentando. Esto tiene lugar hoy, en gran medida en la lucha antiterrorista. En última instancia, el terrorismo apunta a desmantelar y liquidar las libertades individuales. Pues lo curioso del asunto es que, en la práctica, se otorga una victoria anticipada a los criminales del terror, precisamente conculcando las libertades individuales a través de espionajes, escuchas y procedimientos abiertamente reñidos con el debido proceso.

En segundo término, las epidemias de nacionalismos, xenofobias y racismos que toman los lugares de nacimiento como un valor y un desvalor al extranjero, como si las fronteras tuvieran algún sentido fuera de la descentralización del poder y como si las razas no fueran un estereotipo carente de significado entre hermanos que provenimos todos de África.

Entonces, no solo debemos concentrar la atención en la naturaleza y en los alegados servicios que prestan las estructuras de inteligencia, sino también atender debidamente a las causas que dan lugar al necesario debate en que ahora nos involucramos, al efecto de seguir indagando los graves inconvenientes de este tipo de inauditas e insólitas dependencias directas del Poder Ejecutivo el cual está supuesto de limitarse a ejecutar lo que promulga el Poder Legislativo con el contralor del Poder Judicial. Mientras ganen la partida los genuflexos del monopolio de la fuerza que replican que esos aparatos de inteligencia (con cualquier nombre que sea) deben estar en las manos directas del Ejecutivo “pero bien manejados”, si me permiten la expresión, solo se me ocurre decir: a joderse.

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y fue profesor y primer rector de ESEADE.

Argentina avanza en calidad institucional… en sentido contrario.

Por Aldo Abram. Publicado el 9/5/14 en: http://fortunaweb.com.ar/2014-05-09-138593-138593/

Es común que se publiquen indicadores de calidad institucional que califican a los países según las características de las democracias republicanas; pero no lo es tanto contar con uno que establezca su evolución según los principios de las democracias populares o populistas. Así que aquí presentamos uno que se basa en tomar dos subgrupos con cuatro indicadores y hacer un promedio simple (sin ponderaciones arbitrarias) de todos los datos.

Uno de los subconjuntos es el político, compuesto por:

a) Vigencia de los derechos sociales y populares: Contempla en qué medida los jueces y las leyes priorizan las necesidades sociales sobre los derechos individuales, en particular el de propiedad.

b) Liderazgo popular y nacional: El Poder Ejecutivo Nacional maneja ampliamente el poder delegado por el pueblo para cumplir con el mandato popular. El régimen electoral y de partidos debe representar cabalmente al pueblo, para defenderlo de los avances de las oligarquías y de las minorías reaccionarias.

c) Los medios deben estar al servicio del pueblo y reflejar en su mensaje el relato nacional y popular y no las opiniones de las minorías reaccionarias ni la de los intereses corporativos mediáticos o económicos que se oponen al modelo de Democracia Populista.

d) Transparencia: Enfrentar a las corporaciones económicas y mediáticas para defender el modelo nacional y popular que votó el pueblo exige contar con todos los resortes del poder. Esto incluye, el económico; lo que implica contar con la caja necesaria para poder confrontarlos con posibilidades de éxito. Debe evitarse que los enemigos del pueblo coopten los organismos de control del estado para, desde allí, minar las políticas nacionales y populares; por lo que deben ser manejados por aquellos que compartan la defensa de la gesta del pueblo.

El otro subgrupo es el de las instituciones económicas en las que se sustenta el modelo productivo nacional de matriz diversificada y está compuesto por:

1) Un indicador que evalúa cuán cerca se ha llegado en el objetivo de alcanzar el autoabastecimiento e integración total del aparato productivo nacional. De esta forma, se disminuye la dependencia de los poderes económicos internacionales. Para ello, es vital la administración del comercio exterior por parte del gobierno que velará por la “mesa de los residentes”, el empleo y el desarrollo de la producción y el empresariado nacional.

2) Luego hay dos índices que analizan si las normativas y los funcionarios públicos responden al objetivo de redistribuir la riqueza y luchar contra las corporaciones económicas en defensa de los derechos sociales e imponerles el objetivo de atender las necesidades del pueblo. Esto implica la necesidad de controlar los precios, un abastecimiento adecuado de los productos, que la inversión y el crédito se dirija donde sea mejor para el desarrollo del modelo. En definitiva, la riqueza, el ahorro y las divisas producidas por el pueblo deben ser administradas por el gobierno en función del mandato popular recibido por éste en las urnas.

3) Un aparato productivo de matriz diversificada que se desarrolle en función de las necesidades del pueblo y del país debe contar con un control riguroso del gobierno. Por lo tanto, es importante exigirle a aquellos que quieran emprender algún negocio se encuadren dentro de lo que se ha establecido en términos de requisitos para ese fin. A mayores regulaciones y control de los funcionarios, mayor será la garantía de que las empresas desarrollarán su actividad en beneficio del pueblo y que no aparecerán oportunistas que intenten medrar en contra del mismo aprovechando la bonanza generada por el modelo.

El resultado final de este índice es el que se acompaña en el cuadro que, por una razón de espacio, presenta solamente a los países de Sudamérica; pero que incluye a192 naciones del mundo. De acuerdo al pensamiento nacional y popular seguramente obtendremos consenso si afirmamos que los dos modelos a seguir en la región son el de Venezuela y Cuba, que son quienes se encuentran en los primeros lugares. El índice puede ser injusto con Cuba; ya que en tres de los indicadores económicos no figura. Probablemente si lo hiciera, estaría en el primer lugar.

Luego, queda claro que hay países que, desde 2007, han tenido enormes mejoras en términos de avanzar hacia una plena vigencia de las instituciones democrático-populistas. Se destaca la Argentina que ha mejorado 41 posiciones y, en el último año, ha avanzado 7 en el ranking general; lo que demuestra la vocación de su gobierno por imponer el mandato popular sobre las corporaciones económicas y mediáticas que dominaron la escena local hasta la última década. En tanto, Venezuela sólo ha mejorado 23 lugares; pero se ubica dentro de los 10 países que puntean en el ranking.

Por el contrario, hay países que han mostrado una clara involución en los avances de los derechos sociales y se han alejado del modelo nacional y popular. Es el caso de Chile que se encuentra en el lugar 170 en el ranking general, reflejando el fuerte enquistamiento de las corporaciones económicas y mediáticas en el poder político, en desmedro de las mayorías populares. Dos naciones que, lamentablemente, se están alejando de los principios de “un gobierno del pueblo y para el pueblo” son Perú y Colombia, que han perdido 20 posiciones desde que se hace este indicador.

Lo interesante de este índice es que se construyó interpretando por la contraria el Índice de Calidad Institucional que elabora la Fundación Libertad y Progreso; pero bajo los parámetros de las democracias republicanas. El que los resultados tomados por la inversa den según lo que esperaría alguien de pensamiento populista o “progre”, puede tomarse como una muestra de su consistencia en términos de reflejar en forma realista la percepción relativa sobre la calidad institucional de los países.

Aldo Abram es Lic. en Economía y director del Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados de Argentina (Ciima-Eseade) .