Donald Trump y la libertad de prensa

Por Alberto Benegas Lynch (h).

 

En un sistema republicano nada hay más importante al efecto de preservar las libertades individuales que la libertad de prensa. Después de un gran debate en medios estadounidenses por parte de quienes sostenían en el siglo xviii que no debería insertarse en la Carta Magna lo que el gobierno no puede hacer puesto que se afirmaba  que en un sistema libre como el proclamado en la Constitución va de suyo que el abuso queda excluido. Sin embargo, la posición contraria prevaleció y así se aprobaron las primeras diez enmiendas constitucionales,  de las cuales la primera —la prioritaria— resguarda la libertad de prensa de toda intromisión gubernamental. En esta misma línea, Thomas Jefferson escribió en 1787 que “si tuviera que decidir entre un gobierno sin periódicos o periódicos sin gobierno, no dudaría en elegir esto último”.

Ahora resulta que acaba de asumir un presidente del otrora baluarte del mundo libre que se pronuncia en contra de la prensa libre. Entre otras trifulcas con los medios —la última antes de asumir cuando en su conferencia de prensa hizo callar a un periodista de CNN— ha dicho en Forth Worth en Texas que cambiará las leyes “para cuando los medios escriban noticias negativas los podamos demandar y así hacer mucho dinero” y con una inusitada agresión ad hominem  en West Palm Beach en Florida afirmó que después de que cambiemos las leyes referidas a la prensa “cuando el New York Times o el Washington Post escriban los podamos demandar” y “los medios se encuentran entre  los grupos de personas más deshonestas que he conocido. Son terribles”, lo cual repitió en su visita a la CIA después de asumir la presidencia, oportunidad en la que agregó “estoy en guerra con los medios” y  otras manifestaciones de desprecio a la libertad de pensamiento.

Este peligro inminente se agrega a la xenofobia del nuevo presidente, de su prepotente, arrogante y anunciada intervención en el comercio internacional y de su preocupante esquema para la economía local con los gastos colosales que proyecta, su amistad con Rusia, su enemistad con China y el nombramiento del Secretario de Defensa (el jefe del  Pentágono), el general James Mattis, que ha declarado públicamente en un panel ante sus pares en la Asociación de Comunicaciones y Electrónica de las Fuerzas Armadas (San Diego, California) que “En realidad me gusta pelear, ustedes saben. Es estimulante. Es divertido matar a algunas personas. Me gusta la camorra”. Con seguridad estas medidas no se dirigen a su reiterado lema de Make America Great Again, más bien a acentuar la decadencia que se viene apartando aceleradamente de los valores proclamados por los Padres Fundadores (en el contexto de modales impropios por más que se empeñe en mostrar otos aspectos formales de buena calidad como la reposición del busto de Churchill en la Oficina Oval en su primer día de gestión).

No tenemos la bola de cristal, no sabemos que ocurrirá, aparecen declaraciones contradictorias del novel mandatario las cuales se reiteraron en su discurso inaugural, pero, como queda dicho, hay síntomas muy alarmantes y otros que apuntan a tranquilizar a los más sensatos, medidas ponderables como la elección del vicepresidente, la secretaria de educación, el de vivienda y urbanismo y algunos temas importantes de salud, tributarios y de regulaciones pero nada compensa su tratamiento desaforado para con la prensa.

En cualquier caso, como es sabido, la libertad de expresión resulta esencial para aprender puesto que como el conocimiento está inmerso en la provisionalidad y siempre abierto a posibles refutaciones, la manera de reducir nuestra ignorancia consiste en contar con debates abiertos de par en par.

Esta libertad es respetada y cuidada como política de elemental higiene cívica en el contexto de una sociedad abierta, no solo por lo anteriormente expresado sino porque demanda información de todo cuanto ocurre en el seno de los gobiernos para así velar por el cumplimiento de sus funciones específicas y minimizar los riesgos de la extralimitación del poder. En innumerables casos, el periodismo ha hecho mucho más que la propia Justicia para investigar y denunciar casos de corrupción gubernamental.

Como he escrito en otra oportunidad en La Nación de Buenos Aires, resulta especialmente necesaria la indagación por parte del periodismo cuando los aparatos de la fuerza que denominamos gobierno pretenden ocultar información bajo los mantos de la “seguridad nacional” y los “secretos de Estado” alegando “traición a la patria” y esperpentos como el “desacato” o las intenciones “destituyentes” por parte de los representantes de la prensa. Debido a su trascendencia y repercusión pública internacional, constituyen ejemplos de acalorados debates sobre estos asuntos los referidos a los llamados “Papeles del Pentágono” (tema tan bien tratado por Hannah Arendt) y el célebre “Caso Watergate” que terminó derribando un gobierno.

Por supuesto que nos estamos refiriendo a la plena libertad sin censura previa, lo cual no es óbice para que se asuman con todo el rigor necesario las correspondientes responsabilidades  ante la Justicia por lo expresado en caso de haber lesionado derechos de terceros. Esta plena libertad incluye el debate de ideas con quienes implícita o explícitamente proponen modificar el sistema, de lo contrario se provocaría un peligroso efecto boomerang (la noción opuesta llevaría a la siguiente pregunta, por cierto inquietante ¿en que momento se debiera prohibir la difusión de las ideas comunistas de Platón, en el aula, en la plaza pública o cuando se incluye parcial o totalmente en una plataforma partidaria?). Las únicas defensas de la sociedad abierta radican en la educación y las normas que surgen del consiguiente aprendizaje y discusión de valores y principios.

Hasta aquí lo básico del tema, pero es pertinente repasar otros andariveles que ayudan a disponer de elementos de juicio más acabados y permiten exhibir un cuadro de situación algo más completo aunque no se refiera específicamente a Estados Unidos. En primer lugar, la existencia de ese adefesio que se conoce como “agencia oficial de noticias”. No resulta infrecuente que periodistas bien intencionados y mejor inspirados se quejen amargamente porque sus medios no reciben el mismo trato que los que adhieren al gobierno de turno o a los que la juegan de periodistas y son directamente megáfonos del poder del momento. Pero en verdad, el problema es aceptar esa repartición estatal en lugar de optar por su disolución, y cuando los gobiernos deban anunciar algo simplemente tercericen la respectiva publicidad. La constitución de una agencia estatal de noticias es una manifestación autoritaria a la que lamentablemente no pocos se han acostumbrado.

Es también conveniente para proteger la muy preciada libertad a la que nos venimos refiriendo, que en este campo se de por concluida la figura atrabiliaria de la concesión del espectro electromagnético y asignarlo en propiedad para abrir las posibilidades de subsiguientes ventas, puesto que son susceptibles de identificarse del mismo modo que ocurre con un terreno. De más está decir que la concesión implica que el que la otorga es el dueño y, por tanto, tiene el derecho de no renovarla a su vencimiento y otras complicaciones y amenazas a la libre expresión de las ideas que aparecen cuando se acepta que las estructuras gubernamentales se arroguen la titularidad, por lo que en mayor o menor medida siempre pende la espada de Damocles.

De la libertad de expresión se sigue la de asociación y de petición que deben minimizar las tensiones que eventualmente generen batifondos extremos y altos decibeles que afectan los derechos del vecino, lo cual en un sistema abierto se resuelve a través de fallos en competencia como mecanismo de descubrimiento del derecho y no como ingeniería legislativa y diseño arrogante.

Fenómeno parecido sucede con la pornografía y equivalentes en la vía pública que, en esta instancia del proceso de evolución cultural, hacen que no haya otro modo de resolver las disputas como no sea a través de mayorías circunstanciales. Lo que ocurre en dominios privados no es de incumbencia de los gobiernos, lo cual incluye la televisión que con los menores es responsabilidad de los padres y eventualmente de las tecnologías empleadas para bloquear programas. En la era moderna, carece de sentido tal cosa como “el horario de protección al menor” impuesto por la autoridad, ya que para hacerlo efectivo habría que bombardear satélites desde donde se trasmiten imágenes en horarios muy dispares a través del globo. Las familias no pueden ni deben delegar sus funciones en aparatos estatales como si fueran padres putativos, cosa que no excluye que las emisioras privadas de cualquier parte del mundo anuncien las limitaciones y codificadoras que estimen oportunas para seleccionar audiencias.

Otra cuestión también controversial se refiere a la financiación de las campañas políticas. En esta materia, se ha dicho y repetido que deben limitarse las entregas de fondos a candidatos y partidos puesto que esos recursos pueden apuntar a que se les “devuelva favores” por parte de los vencedores en la contienda electoral. Esto así está mal planteado, las limitaciones a esas cópulas hediondas entre ladrones de guante blanco mal llamados empresarios y el poder, deben eliminarse vía marcos institucionales civilizados que no faculten a los gobiernos a encarar actividades más allá de la protección a los derechos y el establecimiento de justicia. La referida limitación es una restricción solapada a la libertad de prensa, del mismo modo que lo sería si se restringiera la publicidad de bienes y servicios en diversos medios orales y escritos.

Afortunadamente han pasado los tiempos del Index Expurgatoris en el que papas pretendían restringir lecturas de libros, pero en varios países irrumpen en la escena comisarios que limitan o prohíben la importación de libros, dan manotazos a la producción y distribución de papel o, al decir del decimonónico Richard Cobden, establecen exorbitantes “impuestos al conocimiento”. La formidable invención de la imprenta por Pi Sheng en China y más adelante la contribución extraordinaria de Gutemberg, no han sido del todo aprovechadas, sino que a través de los tiempos se han interpuesto cortapisas de diverso tenor y magnitud pero en estos momentos han florecido (si esa fuera la palabra adecuada) megalómanos que arremeten con fuerza contra el periodismo independiente (un pleonasmo pero en vista de lo que sucede, vale el adjetivo).

Esto ocurre debido a la presunción del conocimiento de gobernantes que sin vestigio alguno de modestia y a diferencia de lo sugerido por Einstein, se autoproclaman sabedores de todo cuanto ocurre en el planeta, y se explayan en vehementes consejos a obligados y obsecuentes escuchas en imparables verborragias, tal como ocurre con los artilugios que planea Donald Trump para amordazar a la prensa independiente que esperemos se rectifiquen de inmediato.

Dados los temas controvertidos aquí brevemente expuestos —y que no pretenden agotar los vinculados a la libertad de prensa ni los planes de Trump— considero que viene muy al caso reproducir una cita de la obra clásica de John Bury titulada Historia de la libertad de pensamiento: “El mundo mental del hombre corriente se compone de creencias aceptadas sin crítica y a las cuales se aferra firmemente […] Una nueva idea contradictoria respecto a las creencias que sustenta, significa la necesidad de ajustar su mente […] Las opiniones nuevas son consideradas tan peligrosas como molestas, y cualquiera que hace preguntas inconvenientes sobre el por qué y el para qué de principios aceptados, es considerado un elemento pernicioso”.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa.

Tergiversar el sentido de las palabras para violar derechos

Por Roberto H. Cachanosky. Publicado el 14/6/15 en: http://economiaparatodos.net/tergiversar-el-sentido-de-las-palabras-para-violar-derechos/

 

Acá hay un actuar tiránico y por lo tanto ilegal del gobierno para preservar su propio pellejo

La semana pasada Kicillof reveló el inicio de un operativo de fiscalización para profundizar los controles en materia de prevención de lavado de activos, intermediación financiera y cambiaria ilegal. Según dijo el ministro, es un operativo conjunto con el Banco Central de la República Argentina, la Comisión Nacional de Valores, la Unidad de Información Financiera y la Procuradoría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).

En la conferencia de prensa, Kicillof afirmó que “se puede comunicar, preservando datos sustanciales para la investigación, que se han encontrado severas violaciones de las regulaciones vigentes”.

Y, finalmente, para impresionar, informó que: “se ha encontrado una suma de dinero que ronda el millón de pesos y no pudo ser justificada por ninguna de las entidades, como así también inconsistencias contables y tickets con operaciones cambiarias ilegales”.

Cuando uno lee todo esto parce que estuviéramos en manos de los héroes que luchan contra la corrupción y el terrorismo, pero realmente han dado vuelta de tal manera el sentido de las palabras que lo que parece ser una acción de gobierno en protección de los individuos, no es otra cosa que un ataque a la libertad de las personas y además causa carcajadas escuchar al ministro decir que encontraron 1 millones de pesos que no puede ser justificado su origen. Está hablando de 1 millón de pesos que al tipo de cambio verdadero, el conocido como blue, es equivalente a U$S 78.000, algo así como un departamento de 2 ambientes bien ubicado. Mientras nos comunican que descubrieron un sospecho movimiento de fondos equivalente a un departamento de un ambiente, en el sur, en un caso solo, encuentran $ 50 millones que le facturaron a Lázaro Báez en forma sospechosa para la justicia. Tienen el descaro de espantarse por $ 1 millón sospechoso y en un solo caso cercano al gobierno hay $ 50 millones y, en todo caso, los U$S 800.000 de la famosa valija de Antonini Wilson son 10 veces más que el sospechoso millón de pesos que denuncia Kicillof.

En segundo lugar, que el BCRA haga inspecciones para ver la transparencia de las operaciones del sector privado mueve a risa. Su propio balance es un desastre, dibujan las reservas mediante artilugios contables, inventan utilidades para financiar al tesoro y, encima, ni siquiera puede ofrecer una moneda que la gente quiera tener. El peso solo sirve para hacer transacciones de corto plazo pero no es moneda porque no sirve como reserva de valor.

En una parte del comunicado, Kicillof dice que investigan casos de intermediación cambiaria ilegal. Esta parte es particularmente interesante. ¿Qué tiene de ilegal, riesgoso, peligroso o amenazante que una persona que vendió el fruto de su trabajo entregue los pesos que se ganó trabajando a cambio de dólares que tiene otra persona que también se los ganó trabajando honestamente? Solo en las mentes fascistas puede caber la idea que el estado tiene que autorizar que una persona le entregue a otra pesos a cambio de dólares.

Deliberadamente se ha instalado la idea que no aceptar los pesos depreciados de mala calidad que emite el BCRA es una traición a la patria y querer dólares es un acto destituyente que conspira contra la estabilidad del modelo y la democracia. Lo que quiere el gobierno es obligar a la gente a tener solo pesos, no poder refugiarse en el dólar, y de esa manera cobrarle el salvaje impuesto inflacionario. Todo el verso del patriotismo y el lavado de dinero son solo para justificar la violación al derecho individual a realizar libremente transacciones que están garantizadas por la Constitución Nacional. Acá no se está regulando las transacciones de bombas atómicas o neutrónicas. Solo el intercambio de unos papelitos verdes por otros que no sirven para nada llamados pesos. No tienen nada de riesgoso para el país que la gente prefiera os tener dólares a pesos, pero si es riesgoso para que pueda sobrevivir el modelo populista del gobierno. Si la gente pudiera comprar libremente dólares, todas las mentiras del relato caerían en un minuto como un castillo de naipes. Por algo CF no dijo que iba a imponer un cepo cambiario durante la campaña electoral de 2011. Si hubiese anunciado que iba a poner un cepo perdía las elecciones.

Por supuesto que mueve a risa, por no decir al espanto, que uno de los gobiernos de la historia argentina más sospechado de corrupción, salga a argumentar que controla el mercado de cambios para evitar actos ilícitos.

No menos delirante es que el argumento para coartar las libertades individuales, sostenga el ministro que esta investigación es para preservar las normas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Un gobierno que tiene legiones de ex terroristas que en el pasado quisieron tomar el poder por las armas para hacer de la Argentina una Cuba al punto de bañar la Argentina de sangre, habla de luchar contra el terrorismo. Esa frase es de terror.

Cuando Kicillof dice que se han encontrado severas violaciones de las regulaciones vigentes, la realidad es que las regulaciones vigentes son el delito porque violan el derecho a trabajar libremente. Es el gobierno, con sus regulaciones, el que comete el delito, no el que intercambia dólares por pesos.

Mi intención en esta nota es solamente resaltar como el gobierno intenta tergiversar el sentido de las palabras para que los que es derecho de  los habitantes se convierta en un delito y lo que es un delito sea un derecho del gobierno para controlar a los habitantes. Como en las películas de suspenso, el que es el delincuente termina siendo el que parecía inocente.

En definitiva, acá no hay una investigación para salvaguardar el bienestar de la población. Acá hay un actuar tiránico y por lo tanto ilegal del gobierno para preservar su propio pellejo y que la economía no salte por los aires antes de las elecciones. Todo el resto es parte del relato.

 

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE.

La política del miedo:

Por Alejandra M. Salinas. Publicado el 7/9/12.

A raíz del reciente comentario presidencial sobre el temor debido al Poder Ejecutivo parece oportuno reflexionar sobre la relación causal directa entre el miedo y la política. El primero, entendido como el miedo individual a perder las libertades, las propiedades, y en última instancia la vida misma; la segunda, como la acción gubernamental que es la principal causa y artífice de esas pérdidas.

En efecto, históricamente los gobiernos han restringido las libertades individuales en nombre de una idea, una necesidad o una circunstancia, y lo han hecho en regímenes de todo tipo y color político. Esas restricciones no sólo han causado pérdidas económicas y materiales, sino, lo que es peor, con frecuencia han obstruido y hasta destruido los planes de vida de muchas personas, planes que terminan por ser reemplazados con meros intentos por subsistir al margen de esas restricciones y de sus nocivos efectos.

Claro está, la forma más extrema y amenazadora utilizada por los gobiernos para tener éxito en las restricciones por ellos impuestas ha sido instaurar el miedo en la sociedad: en los regímenes dictatoriales y totalitarios, el uso de la violencia y del asesinato han constituido y constituye aún el principal método para difundir el miedo bajo la forma del miedo a la muerte. En regímenes no totalitarios ni dictatoriales, el miedo cobra otras formas, no menos preocupantes: el miedo a la expropiación, el miedo a la persecución y la arbitrariedad fiscal, el miedo a la pérdida de la libertad de expresión y de movimiento, el miedo de una persona libre a convertirse en títere o muñeco de funcionarios autoritarios y resentidos.

La historia política mundial está lamentablemente y en gran parte marcada por las decisiones y acciones de gobiernos que obligan a ciudadanos atemorizados a vivir y trabajar en determinados moldes que esos gobiernos imponen discrecionalmente por la fuerza. Quienes se niegan a ser sí moldeados son retratados como enemigos públicos y perseguidos abierta o secretamente, ya que constituyen un elemento de posible “contagio” y ejemplo indeseable de resistencia. Por un lado, el heroísmo cívico, caracterizado por el amor a la patria y a las libertades republicanas y como el esfuerzo por proteger y defender esos valores, es catalogado por sus detractores como un interés de clase  o una ideología sin permiso, y denunciado sistemáticamente como una traición. Por el otro lado, el heroísmo económico, caracterizado por el esfuerzo de emprendedores y empresarios por crear riqueza genuina a pesar de innumerables obstáculos, y con ella crear trabajo y bienestar general, es vilipendiado o reducido a una fuente de recursos para saciar la creciente voracidad fiscal. A la larga, ni héroes ni villanos logran triunfar, y la sociedad se asimila a esa jungla hobbesiana signada por una lucha constante y la eventual decadencia. Tal es el resultado inevitable de la política del miedo.

Contra este resultado ha luchado el liberalismo clásico en tanto doctrina política que busca asegurar las mejores condiciones posibles para proteger las libertades individuales de las agresiones de los gobiernos. Las recetas institucionales liberales que posibilitan el éxito en dicha tarea son variadas y bien conocidas: separación del poder, soberanía individual, primacía de la paz, mercados libres, igualdad ante la ley, etc. Algunas de las recetas motivacionales que subyacen a las instituciones son más difíciles de adoptar: respeto mutuo, actitud de diálogo, benevolencia desinteresada, pluralismo de ideas, etc.

En definitiva, el orden social de la libertad bajo la ley ha sido la contribución más destacada de la tradición intelectual liberal, y el principal blanco de aquellos gobiernos en los cuales el antagonismo y el miedo reemplazan al diálogo y a la seguridad que otorga la vigencia de la ley. Regresar a la libertad implica, por ello, minimizar el miedo que inspira todo gobierno.

Alejandra M. Salinas es Licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y Doctora en Sociología. Fue Directora del Departamento de Economía y Ciencias Sociales de ESEADE y de la Maestría en Economía y Ciencias Políticas. Es Secretaria de Investigación y Profesora de las Asignaturas: Teoría Social, Sociología I y Taller de Tesis de ESEADE.