La “propiedad” en el peronismo

Por Gabriel Boragina. Publicado en: http://www.accionhumana.com/2020/01/la-propiedad-en-el-peronismo.html

 

Para saber cuál es el pensamiento del peronismo y de los que bajo una denominación u otra adhieren a esta ideología no hay nada mejor que acudir a las fuentes inspiradas por el líder máximo y fundador del movimiento J. D. Perón.

Perón infundió e impulsó la reforma de la Constitución de la Nación Argentina, lo que finalmente logró durante su primera presidencia en el año 1949.

A sus instancias y oficios se derogó la histórica Constitución Nacional de 1853/60 y se impuso otra que tomaba algunas partes aisladas y descontextualizadas de aquella, pero intercalándolas con otras disposiciones que contradecían abiertamente no sólo su letra sino también su espíritu.

En esta oportunidad, nos proponemos analizar que piensa el peronismo acerca de la propiedad privada mediante el estudio de las cláusulas que la constitución peronista establecía.

“(2) La reforma constitucional de 1949 sustituyó el art. 17 de la Constitución anterior por los arts. 38, 39 y 40 redactados en la siguiente forma:

 “Art. 38. La propiedad privada tiene una función social y. en consecuencia, estará sometida a las obligaciones que establezca la ley con fines de bien común. Incumbe al Estado fiscalizar la distribución y la utilización del campo e Intervenir con el objeto de desarrollar e Incrementar su rendimiento en Interés de la comunidad, y procurar a cada labriego o familia labriega la posibilidad de convertirse en propietario de la tierra que cultiva. La expropiación por causa de utilidad pública o interés general debe ser calificada por ley y previamente Indemnizada. Sólo el Congreso Impone las contribuciones que se expresan en el art. 4». Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invención o descubrimiento por el tiempo que le acuerda la ley. La confiscación de bienes queda abolida para siempre de la legislación argentina. Ningún cuerpo armado puede hacer requisiciones ni exigir auxilios de ninguna especie en tiempo de paz”.[1]

Como se ve, se derogó la inviolabilidad de la propiedad que consagraba el histórico art. 17 de la Constitución alberdiana, y somete a la propiedad a “obligaciones” …”con fines de bien común”. El “bien común” es una expresión equivalente a la del “interés público” o “general”, y fue introducida por Karl Marx y Friedrich Engels en su obra conjunta titulada El Manifiesto Comunista. El primer punto de este Manifiesto establece literalmente:

“Suprimir la propiedad agraria, cuyas rentas se destinarán a fines de interés público.”

Que es lo que se conoce como la célebre reforma agraria. Nótese el paralelismo de la terminología de este principio comunista con el art. 38 citado que, si bien no habla de suprimir, condiciona tanto la propiedad que prácticamente no deja nada de ella en pie, salvo en lo que el régimen de Perón deseara.

Será de interés, antes de continuar, transcribir los 10 puntos del Manifiesto Comunista de Marx y de Engels, dado que la constitución peronista recoge prácticamente casi todos los puntos de dicho Manifiesto cuyos diez mandatos rezan así:

  1. Suprimir la propiedad agraria, cuyas rentas se destinarán a fines de interés público.
  2. Imponer un duro y progresivo impuesto general sobre la renta de las personas físicas.
  3. Abolir toda institución hereditaria.
  4. Confiscar los bienes de oponentes internos y exiliados políticos.
  5. Nacionalizar el crédito, mediante la implantación de una banca enteramente dirigida por el Estado.
  6. Estatificar asimismo los medios de transporte y comunicación.
  7. Ampliar la esfera de actuación de las industrias estatales.
  8. Imponer a todos la obligación de trabajar.
  9. Asimilar campo y ciudad, mediante el oportuno control de los movimientos migratorios.
  10. Implantar la instrucción pública obligatoria, a través de escuelas y establecimientos exclusivamente regidos por el Estado.[2]

También se advierte que dicho artículo 38° apuntaba a dar cumplimiento con el punto 9 del Manifiesto Comunista.

Que la propiedad privada tiene una función social es cierto, pero no hacía falta que ninguna constitución lo estableciera, porque es algo que se deriva de su propio concepto. La función social de la propiedad consiste en resolver el problema económico de la escasez a fin de que los bienes no se consuman y vuelen por efecto de la “Tragedia de los comunes” formulada por Garret Hardin. Si todo fuera de todos, nadie sería dueño de nada. En consecuencia, entre todos consumirían todo y nadie produciría absolutamente nada, con lo cual toda propiedad desaparecería en cuestión de tiempo, y con ella se esfumarían todos los bienes existentes. Para evitar esta verdadera tragedia la humanidad creó la propiedad privada que es la que permite al propietario producir lo que no haría si la propiedad fuera comunal o estatal.

Por lo demás, si se lee atentamente el artículo en examen, puede advertirse que donde dice “función social” se quiere decir en realidad “función estatal” ya que el resto del articulado y su redacción comienzan a tratar inmediatamente el tema de la reforma agraria. Esa “función social” se concentra pues en “la distribución y la utilización del campo”. Dado que la característica esencial de la propiedad privada es la distribución y utilización de la misma queda claro que -en los hechos- si esa función pasa al “estado” por vía de fiscalización e intervención (como el mismo artículo 38 se ha encargado de establecerlo) ello implica la sistemática disipación de la propiedad privada y -aunque la constitución no lo diga- la instauración de la más pura propiedad estatal, cosa que los artículos posteriores de la constitución peronista se encargarán de aclarar.

Esto concuerda con los encendidos discursos de Perón de la época, en que trataba a los propietarios de “oligarcas” y llamaba a las masas a despojarlos, sin más, colgándolos con alambres de fardo de las tranqueras.

Notamos también la inserción del clientelismo político dentro de la constitución, en donde el peronismo buscaba afanosamente el voto labriego mediante la promesa de convertirlos en dueños de los campos en los que trabajaran, lo que -en los hechos- implicaba la consagración de la más pura y encubierta confiscación. Caso contrario, ¿de qué manera podría el labriego convertirse en propietario de la tierra que cultivaba si el verdadero propietario para quien trabajaba no aceptaba vendérsela o cedérsela?: confiscándole esa parcela para entregársela al labriego o “expropiándosela” lo que esto último -en los hechos- devenía en una verdadera confiscación.

[1] Dr. Carlos Sánchez Viamonte “DECLARACIONES, DERECHOS Y GARANTÍAS” EN LA CONSTITUCIÓN ARGENTINA. Valoración y análisis. Su práctica. Enciclopedia Jurídica OMEBA-Tomo 5 Letra D Grupo 5

[2] (Vid. Manifiesto Comunista (1848), Marx y Engels, págs. 74 y 75 (Progress Publishers), Moscú, 1975, edición en lengua inglesa.)

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE. Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero. Síguelo en  @GBoragina

LA CAÍDA DEL MURO DE LA VERGÜENZA: UNA NOTA

Por Alberto Benegas Lynch (h)

 

Francis Fukuyama pronosticó que a partir del 9 de noviembre de 1989 se terminaba el comunismo y aflorarían los mercados libres y el liberalismo. Esto fue un marxismo al revés, nada en la vida humana es inexorable, no hay leyes históricas imbatibles. Todo depende de la que seamos capaces de contribuir diariamente los humanos para el respeto recíproco.

Tal como ha consignado Paul Johnson “Una de las lecciones de la historia que uno debe aprender, a pesar de que es muy dolorosa, es que ninguna civilización puede tomarse por segura. Su permanencia nunca puede considerarse dada, siempre hay una edad oscura esperando a la vuelta de la esquina.”

En este caso, el espíritu totalitario se ha desplazado en tres vertientes: un supuesto feminismo que en verdad constituye una ofensa para la mujer, no solo por los humillantes cupos en medios académicos, laborales y políticos que subestima sus capacidades para competir sino que introduce ideas contrarias a la propiedad, al derecho y a la vida a contracorriente del feminismo original expuesto tan bien por mujeres de la talla de Mary Woolstonecraft. Por otro lado, el totalitarismo se ha puesto de manifiesto vía un falso ambientalismo que estimula la “tragedia de los comunes” a través de la figura del “subjetivismo plural”. Y por medio de la tercera vertiente ratifica sus ímpetus estatistas alimentando un Leviatán desbocado que se traduce en presiones fiscales asfixiantes, deudas astronómicas y manipulaciones monetarias emprobrecedoras.

El derrumbe del Muro de la Vergüenza significó el desmoronamiento del bloque soviético pero de ningún modo la desaparición del socialismo. Como es sabido,  la infame pared de 155 kilómetros de largo y cuatro metros de alto se inauguró el 13 de agosto de 1961 con la idea de evitar la permanente fuga desde Alemania oriental a la occidental, aunque, a pesar de ese fenomenal obstáculo la cruzaron algunos valientes dejando atrás cientos de muertos y decenas de miles de arrestos.

Es del caso recordar muy especialmente un hecho sumamente conmovedor y es que el 25 de diciembre del año del mencionado derrumbe, Leonard Bernstein dirigió en Berlín una combinación de orquestas célebres para ejecutar la Novena Sinfonía de Beethoven con la letra original de la parte coral escrita por Friedrich Schiller titulada “Oda a la Libertad” (“An Die Freiheit”) que al ser censurada se convirtió en “Oda a la Alegría” (“An Die Freude”).

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa. Es miembro del Comité Científico de Procesos de Mercado, Revista Europea de Economía Política (Madrid). Es Presidente de la Sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, miembro del Instituto de Metodología de las Ciencias Sociales de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, miembro del Consejo Consultivo del Institute of Economic Affairs de Londres, Académico Asociado de Cato Institute en Washington DC, miembro del Consejo Académico del Ludwig von Mises Institute en Auburn, miembro del Comité de Honor de la Fundación Bases de Rosario. Es Profesor Honorario de la Universidad del Aconcagua en Mendoza y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en Lima, Presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso y miembro del Consejo Asesor de la revista Advances in Austrian Economics de New York. Asimismo, es miembro de los Consejos Consultivos de la Fundación Federalismo y Libertad de Tucumán, del Club de la Libertad en Corrientes y de la Fundación Libre de Córdoba. Difunde sus ideas en Twitter: @ABENEGASLYNCH_h

Mientras discuten la intervención a la AFSCA, veamos si no es mejor tener derechos de propiedad (II)

Por Martín Krause. Publicado el 28/12/15 en: http://bazar.ufm.edu/mientras-discuten-la-intervencion-a-la-afsca-veamos-si-no-es-mejor-tener-derechos-de-propiedad-ii/

 

La intervención de la AFSCA ha generado un debate acerca del método y la supuesta autonomía de la agencia. Pero no se discute el fondo: ¿debería existir? En el post anterior vimos los argumentos que se presentan para justificar la propiedad estatal de las frecuencias. Ahora comenzaremos a ver las que justifican la propiedad privada:

“Esta ha sido la justificación para la intervención estatal y el control del gobierno sobre el espectro electromagnético. Se pensaba que el mercado iba a llevar al caos, ya que los emisores se superpondrían, y era necesario poner “orden”. Esto también se basa en la experiencia de los primeros años de la radio, donde los TAF eran “propiedad común”, es decir, de nadie en particular, y los usuarios se lanzaban no sólo a emitir sino a interferir en las señales de sus competidores.

Sin embargo, lo que sucedía no era el “caos” del mercado, sino que no se había permitido la evolución de los derechos de propiedad sobre las unidades TAF, de tal manera que sus propietarios pudieran hacer valer sus derechos ante la justicia, así como el propietario de un inmueble puede hacerlo ante su invasión. El uso simultáneo de una unidad TAF no era diferente de los problemas que se plantean para el uso simultáneo de cualquier otro recurso[1].

Como todo recurso escaso, debe ser administrado su uso, ya que si fuera de acceso abierto nos encontraríamos nuevamente en presencia de la “tragedia de los comunes”, la que en este caso adquiriría la forma de interferencia entre las señales de unos y otros, entre los intentos de comunicarse de las distintas personas.

Nuevamente, como hemos visto antes, tenemos dos alternativas principales: la que hace uso de esa institución “evolutiva” que es el derecho de propiedad, tan utilizado para resolver otras “tragedias de los comunes”, el que termina definiendo el uso del recurso en forma descentralizada y con múltiples ensayos; o podemos intentar hacerlo a través de la regulación centralizada y la decisión de alguna agencia regulatoria.

La experiencia con este segundo método no es muy alentadora (Coase, 1959). La Federal Communications Commision es el organismo regulador del espectro de frecuencias en los Estados Unidos. La FCC, por ejemplo, se manejó con extrema lentitud para evaluar una propuesta para reducir la separación que existe entre las frecuencias de radio AM de 10 kHz a 9 kHz, lo cual hubiera significado el nacimiento de unas 1.000 estaciones de radio nuevas. Otro tanto ha sucedido con el desarrollo de la AM estéreo. En ambos casos, la lentitud se ocasiona por cuestiones “políticas”, en el sentido de que los licenciatarios de frecuencias AM se oponen al ingreso de nuevos oferentes, mientras que quienes tienen licencias de FM se oponen al desarrollo de la AM estéreo, en ambos casos para impedir una mayor competencia.

Otro ejemplo se relaciona con la LPTV (“Low Power TV”), conocida también como sistema MMDS o microondas[2].     A la FCC le llevó diez años finalizar los criterios de asignación de la TV convencional y otros 30 años modificarlos para permitir la aparición de la LPTV. También se demoró tres años en resolver una disputa entre la radio FM y la televisión VHF sobre ciertas frecuencias y diez años en reasignar ciertas frecuencias de la televisión UHF a los teléfonos celulares.

Una historia ya legendaria sobre el manejo político de la autoridad regulatoria se refiere al origen de la FM y al destino de su creador, Edwin Armstrong. Con la determinación de convencer sobre las bondades de la FM, Armstrong solicitó a la FCC frecuencias y un permiso para crear su estación de radio FM. En 1940 la FCC otorgó a la FM el uso de las frecuencias de 40 a 52 MHz. Para fines de la guerra, en 1945, existían ya más de 50 estaciones de FM y unos 500.000 receptores.

No obstante ello, la FCC cambió las asignaciones, trasladando a FM a las actuales bandas de 88-108 MHz y otorgando a la televisión las frecuencias 44-88 MHz (canales 1 a 6) y 174-216 MHz (canales 7-13). Las FM fueron así liquidadas, ya que los usuarios se encontraron con equipos receptores no aptos para captar las transmisiones en las nuevas frecuencias asignadas. Por supuesto que nadie los indemnizó por ello.

Por último, le costó a la empresa de comunicaciones a larga distancia MCI cerca de 2 millones de dólares y 7 meses de trabajo construir sus torres de microondas pero unos 7 años y 12 millones de dólares en costos legales y regulatorios hasta obtener la licencia. [3]

Según han observado muchos investigadores, las agencias regulatorias comienzan su vida como reguladores agresivos de la industria pero, con el transcurso del tiempo, son capturadas por los mismos regulados y terminan compartiendo sus puntos de vista e intereses.

[1] “La interferencia creada por el uso simultáneo de la misma unidad del espectro por dos o más usuarios no es diferente de la interferencia entre usos simultáneos competitivos de cualquier otro recurso. Una porción de tierra no puede utilizarse para cultivar trigo y como parque al mismo tiempo sin interferir un uso con el otro. Un ómnibus no puede transportar cargas desde A hasta B y pasajeros desde A hasta C al mismo tiempo. Los mismos cinco minutos de tiempo de una secretaria no pueden utilizarse para escribir a máquina o para hacer llamadas telefónicas sin cierta degradación de cada función”. (Fountain, John, 1989, p. 135).

[2] “El atractivo de la LPTV no es difícil de entender. Autorizando la construcción de alternativas de baja energía a las estaciones dominantes actualmente en el aire, la FCC no sólo abría una puerta a unas 8.000 estaciones transmisoras nuevas, sino también al relativamente exclusivo mundo capital-intensivo de la transmisión de TV a un nuevo grupo de emprendedores. La FCC empezó a investigar la LPTV hace varios años como una solución casi perfecta al problema de la escasez que había estado en el centro de muchas de sus decisiones regulatorias y que había guiado el otorgamiento de licencias por más de medio siglo. En teoría, otorgándole a una estación de LPTV suficiente energía para transmitir su señal, digamos, de 5 a lo millas, se resolvería el problema de utilización del espectro, que era la razón técnica para limitar las licencias en determinado lugar”.

“Pero la FCC, como otros proponentes de la LPTV, también vio un segundo impacto interesante: el bajo costo relativo de los equipos necesarios -una fracción del equipamiento de toda una estación de televisión- daría acceso a la LPTV a minorías, grupos comunitarios y otros que durante años han luchado mucho, tanto ante la FCC como en las cortes, para tener mayor acceso a la transmisión de TV regular.”

“Después de abrir la puerta a la LPTV, la comisión fue inundada con 6.500 solicitudes, creándose tal desorden administrativo -literalmente una montaña de papeles con pocos lineamientos para decidir quién recibiría los 3.000 a 4.000 lugares disponibles- que congeló el proceso en forma temporaria. Esto demoró la llegada de la LPTV al mercado mientras la cantidad de papel crecía; la montaña creció hasta contener 12.000 solicitudes.” (Diamond, et al, 1983, p. 26).

[3] Confirmando lo anterior, comenta el Dr. John Fountain con respecto a Nueva Zelanda (1989, p. 18): “La vulnerabilidad a los grupos de presión no se elimina con procedimientos de salvaguardia. En verdad, éstos pueden inhibir la eficiencia económica al ser incorporados a los juegos estratégicos de los participantes en la actividad. Más aun, no importa cuán bien dirigidas estén, las agencias regulatorias inevitablemente se hallan limitadas en la sabiduría de sus decisiones por el flujo de información de que disponen”.

“Los grupos de interés que aparecen ante las agencias regulatorias proveen mucha información y análisis que a sus funcionarios les sería imposible o muy costoso obtener en forma independiente. Naturalmente, cada grupo presenta su evidencia de tal manera que sea favorable para su propio caso. Dada la legalidad y formalidad de los procesos, o la falta de acceso a influencias con costos reducidos, la participación en los procesos regulatorios por parte de gran número de consumidores es simplemente muy costosa. Como resultado, es extremadamente difícil -tal vez imposible- que las agencias regulatorias tomen decisiones que sean económicamente eficientes.”

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade).

 

Intervencionismo, bienes públicos y competencia perfecta

Por Gabriel Boragina. Publicado el 4/7/15 en: 

 

“…el bien público constituye el argumento central del intervencionismo estatal, ya que en esta línea argumental, el gobierno produciría la cantidad óptima del bien en cuestión que sería financiado por todos a través de impuestos con lo cual se internalizaría la externalidad y no habría free-riders ni costos ni beneficios externos sin internalizar. Tal vez el resumen más claro de esta posición esté expresado por Mancur Olson quien sostiene que “Un estado es, ante todo, una organización que provee de bienes públicos a sus miembros, los ciudadanos”.[1]

Lo primero que aparece como necesario aclarar es que, comúnmente se entiende que “bien público” y “bien estatal” son términos sinónimos, lo cual no es técnicamente correcto, aunque seamos conscientes que la mayoría de la gente los utiliza indistintamente en ese sentido (como sinónimos). Algo similar sucede con otras expresiones análogas como la tan difundida “educación pública”. Al respecto, ya hemos aclarado en otras oportunidades, que no necesariamente lo “publico” se opone a lo “privado”, y que todo lo que termina siendo estatal es porque comenzó siendo privado. En efecto, no existe bien ni servicios alguno que sea provisto por el estado-nación sin que antes hubiera sido expoliado al sector privado de la economía o -alternativa o simultáneamente- no haya sido financiado con dinero proveniente de los particulares asimismo extraído vía impuestos o -en su caso- mediante las diferentes y múltiples maneras en que los gobiernos se las han ingeniado para detraer bienes, dinero o servicios del ámbito privado y transferirlos al sector estatal (mal llamado –por idénticas razones a las dadas antes- “publico”).

“Las externalidades positivas y negativas se internalizarán o no en el proceso de mercado según sean los gustos y las preferencias del momento y, en su caso, según los costos involucrados pero en modo alguno pueden considerarse “fallas de mercado”. Sin embargo, el intervencionismo gubernamental constituye una falla (o una tragedia para utilizar la expresión de Garret Hardin) al recurrir a la fuerza para internalizar aquello que, tomados todos los elementos disponibles en cuenta, se considera no internalizable al tiempo que se distorsionan los precios relativos con lo que, según el grado de intervención, se obstaculiza o imposibilita la asignación eficiente de recursos.”[2]

“La tragedia de los comunes” de Hardin, aludida en el texto, viene a decir que lo que es de todos es de nadie. De esta suerte, la internalización compulsiva de externalidades implica violar no sólo las preferencias individuales, sino los derechos de propiedad de todos los obligados, ya que todos pagamos impuestos incluyendo aquellos que lo hacen exclusivamente como contribuyentes de hecho y aunque no lo fueran de derecho. Por otra parte, dada la subjetividad implicada en las valoraciones individuales, lo que para unos puede ser una externalidad puede no serla para otros, de manera tal que para estos últimos no habrá absolutamente nada que internalizar. Lo mismo cabe decir en cuanto a la calificación de determinada externalidad como positiva o negativa, también variará de persona a persona, e incluso podrá darse el caso de que esa modificación sea de momento a momento. Lo que sí es cierto absolutamente en todos los casos, es que la internalización operada por vía de la coacción estatal implica maniobrar en contra de los deseos de la gente y, por lo tanto, la violación de los derechos de esta última.

Las supuestas “fallas del mercado” aludidas más arriba se deben -en buena medida- al hecho de que por “mercado” se ha entendido (y se sigue entendiendo por muchos) el modelo de “competencia perfecta”:

“En este sentido, es de interés destacar que no pocos economistas, directa o indirectamente, han asimilado los modelos de competencia perfecta al mundo real, y cuando descubren que aquel modelo no tiene relación alguna con aquello que toman como un ideal incurren en un salto lógico al concluir que se hace necesario el intervencionismo estatal para corregir las deficiencias de la realidad. Ilustra este punto la autobiografía de Raúl Prebisch”[3]

Los intervencionistas -en otras palabras- pretenden que la realidad se ajuste al modelo, y por este motivo es que sostienen que la única manera de lograr este “objetivo” es a través de la intervención estatal. Pero hasta la persona menos inteligente podrá darse cuenta que, por mucho que el gobierno intervenga en la realidad para encajarla dentro del “modelo”, la realidad seguirá siendo lo que es: la realidad. Y en esta realidad, no hay tal cosa como “competencia perfecta”, sino que lo que existe es lisa y llanamente competencia, la que sólo podrá adoptar dos formas posibles: libre o intervenida estatalmente. Si es libre, dicha competencia se dará en forma espontánea entre la gente. Si es intervenida, será dirigida y restringida por el gobierno. La diferencia es tan crucial como acordar en dejar en libertad a la gente para que tome sus propias decisiones en cuanto a qué comprar, dónde invertir, ahorrar, etc. (o hacer todo lo contrario) o que sea el gobierno quien tome esas decisiones por cada una de esas personas. Dicho de otro modo, es una elección que pasa por optar por la libertad o por la tiranía.

“Podemos hacer conjeturas respecto de nuestras acciones en el futuro pero, dada las circunstancias cambiantes, sólo conoceré la información de mí mismo una vez que he actuado….En este sentido es que Hayek sostiene que el intervencionismo estatal es básicamente un problema de presunción del conocimiento”[4]

Esto implica lo que el mismo F. A. v. Hayek ha llamado La fatal arrogancia dando título a su último gran libro. El intervencionista -y por extensión el socialista, que no es sino un intervencionista de más amplio alcance- presupone “conocer” todos los detalles de la vida de todos y cada uno de nosotros. Y en esa jactancia del conocimiento de qué es lo mejor para otros, se cree totalmente autorizado para intervenir, dirigir, corregir, prohibir, permitir lo que al intervencionista le parece lo más adecuado para los demás.

[1] Alberto Benegas Lynch (h) “Bienes públicos, externalidades y los free-riders: el argumento reconsiderado”. Disertación del autor ante la Academia Nacional de Ciencias. Noviembre 28 de 1997. Pág. 3

[2] Alberto Benegas Lynch (h) “Bienes públicos, externalidades…. “óp. cit, pág. 13

[3] Alberto Benegas Lynch (h), “A propósito del conocimiento y la competencia: punto de partida de algunas consideraciones hayekianas”. Disertación del autor en la Academia Nacional de Ciencias Económicas el 18 de junio de 2002, pág. 4

[4] Alberto Benegas Lynch (h) “A propósito del conocimiento… “óp. Cit….pág. 7

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

MEDITACIONES SOBRE LA LEY

Por Alberto Benegas Lynch (h)

 

De un largo tiempo a esta parte la noción original de la ley se ha deteriorado significativamente. En la tradición del common law y en buena parte del derecho romano, especialmente durante la República y la primera parte del Imperio, el equivalente al Poder Legislativo era para administrar las finanzas de los gobernantes mientras que el derecho era el resultado de un proceso de descubrimiento que surgía de otro campo: los fallos de árbitros según los convenios entre partes que el poder de policía se encargaba de hacer cumplir.

 

El jurisconsulto italiano Bruno Leoni en su célebre obra La libertad y la ley, traducida a muchos idiomas,explica que “Estamos tan acostumbrados a pensar en el sistema del derecho romano en términos del Corpus Juris de Justiniano, esto es, en términos de una ley escrita en un libro, que hemos perdido de vista como operaba el derecho romano […] El derecho romano privado, que los romanos llamaban jus civile, en la práctica, no estuvo al alcance del legislador […] por tanto, los romanos disponían de una certidumbre respecto de la ley que permitía a los ciudadanos hacer planes para el futuro de modo libre y confiado y esto sin que exista para nada derecho escrito en el sentido de legislaciones y códigos” a diferencia de lo que hoy ocurre en cuanto a que cualquier legislación puede modificarse abruptamente en cualquier dirección, en cualquier área o abarcando extensos territorios.

 

El filósofo del derecho Lon Fuller en The Principles of Social Order concluye que “el juez que tiene claramente en su mente que el principio del contrato puede, sin su ayuda, servir como ordenamiento social abordará su materia con un espíritu diferente de aquel juez que supone que la influencia del contrato en los asuntos humanos deriva enteramente de la legislación fabricada por el Estado”, lo cual expande en su libro titulado The Morality of Law en la que crítica muy documentadamente al positivismo legal (corriente que desafortunadamente hoy predomina en la mayor parte de las Facultades de Derecho en la que los egresados citan legislaciones, incisos y párrafos pero desconocen los fundamentos de la norma extramuros de la ley positiva).

 

Por su parte, Harold Berman muestra detalladamente el proceso evolutivo y abierto de las distintas ramas del derecho con independencia del poder político en el voluminoso estudio Law and Revolution. The Formation of the Western Legal Tradition y Richard Epstein explica los graves daños al derecho que surgen a raíz de la acumulación de las así llamadas leyes surgidas en avalancha de los Parlamentos, en su trabajo titulado Simple Rules for a Complex World. Y esta es precisamente la preocupación de Friedrich Hayek en sus tres volúmenes de Derecho, Legislación y Libertad al efecto de distinguir lo que es el derecho de lo que es mera legislación. En este último sentido, era la preocupación también de Marco Aurelio Risolía en su tesis doctoral titulada Soberanía y crisis del contrato en la que marca los peligros legislativos de las llamadas teorías del abuso del derecho, la lesión, la imprevisión y la penetración que lamentablemente fueron luego incorporadas al Código Civil argentino, y es la preocupación de Bruno Leoni quien en la obra antes referida escribe que “la importancia creciente de la legislación en la mayor parte de los sistemas legales en el mundo contemporáneo es, posiblemente, el acontecimiento más chocante de nuestra era”.

 

En sus múltiples publicaciones, Bruce Benson pone de manifiesto el carácter espontáneo del derecho y su evolución equivalente al lenguaje que es tan esencial para el hombre que no puede pensar ni trasmitir pensamientos sin esa herramienta vital. El lenguaje es un proceso que no surge de disposiciones legales sino que se va construyendo a través del tiempo (Borges decía que el inglés contaba con más palabras que el castellano porque en este último caso existía la Academia de la Lengua que, además, es un ex post facto). Hay mucho más en las elucubraciones sofisticadas de Benson y otros autores, especialmente en cuanto al tema de los bienes públicos, las externalidades y el dilema del prisionero vinculados al derecho, pero, en esta instancia, bastan los comentarios sintetizados en esta nota periodística para plantear el problema general.

 

Tras la avalancha del Leviatán se encuentra la idea completamente desfigurada del derecho. Como hemos dicho y repetido, las políticas nocivas de “la redistribución de ingresos”, los gastos públicos siderales, las astronómicas deudas estatales, los impuestos insoportables, las regulaciones asfixiantes, déficit presupuestarios descomunales y demás parafernalia, no se suceden por casualidad. Son consecuencia inexorable de una visión estatista que demuele las bases del derecho para entronizar aparatos gubernamentales que manejan a su arbitrio las vidas y las haciendas de la gente, en el contexto de marcos institucionales desvirtuados de su misión específica de garantizar autonomías individuales.

 

Veamos más de cerca la idea del derecho. Se sustenta en la propiedad comenzando por la facultad de usar y disponer del propio cuerpo y la manifestación del pensamiento de cada cual, todo en el contexto de no lesionar iguales derechos de terceros. Esto como la contratara de la condición humana, seres libres y, por ende, moralmente responsables. Si estuviéramos en Jauja, el derecho se limitaría a lo mencionado, pero como el caso no es evidentemente éste, el derecho se extiende al uso y disposición de lo adquirido lícitamente, sea del fruto del propio trabajo, de lo recibido en carácter de donación o de haberse ganado la lotería.

 

Independientemente del monto de la propiedad, el mantenerla, acrecentarla o consumirla, depende en la sociedad abierta del grado de apoyo del prójimo respecto a la calidad del bien o servicio que se ofrezca. Si el sujeto en cuestión se equivoca en los deseos o preferencias de los demás, incurrirá en quebrantos y si acierta obtendrá beneficios. Las desigualdades de ingresos y patrimonios son en este contexto resultado de las opiniones de terceros. De este modo, se aprovechan los siempre escasos recursos para que estén en las mejores manos. Como queda dicho, no son posiciones irrevocables, sino cambiantes según las necesidades de otros.

 

Como los bienes y servicios no crecen en los árboles, la asignación de factores productivos opera del modo señalado y, al aprovechar de la mejor manera los escasos recursos disponibles, se permite la maximización de los salarios e ingresos en términos reales y, asimismo, estirar el valor de las cosas en un proceso dinámico de riqueza (al contrario de la versión cavernaria de los que la ven con lentes de la suma cero).

 

Por el contrario, toda medida que atente contra esta asignación de derechos de propiedad inexorablemente disminuye salarios e ingresos en términos reales. Desde luego, que esto ocurre también cuando se pervierte el rol empresarial estableciendo vínculos privilegiados con el poder de turno. Eso no solo significa explotación de la gente por parte de esa casta de pseudoempresarios, sino que las desigualdades de ingresos y patrimonio resultan a todas luces injustas y el consiguiente derroche de capital reduce salarios.

 

Es por todo esto que Marx escribía que “todo nuestro programa se puede resumir en esto: la abolición de la propiedad privada” y es por eso que el fascismo y el nacionalsocialismo, como una mejor estrategia para una más eficaz penetración del colectivismo, propone dejar la propiedad registrada en manos particulares pero usar y disponer de ella desde el aparato estatal.

 

También como hemos recordado antes, Ludwig von Mises demostró que sin propiedad privada no hay precios (los precios surgen de contratos de intercambios de propiedad) y, por ende, no hay posibilidad de evaluación de proyectos, contabilidad ni cálculo económico en general con lo que, en rigor, no existe tal cosa como la “economía socialista”.

 

Vivimos la era de los pseudoderechos ya que significan atropellos sobre los derechos de otros con lo que se demuelen los marcos institucionales civilizados y, consecuentemente, se perjudica a todos pero muy especialmente a los más necesitados. Sin que se elimine de cuajo la propiedad, en la medida en que se la afecta tiende a debilitarse el significado del cálculo con las consecuencias apuntadas. El pretendido voluntarismo de otorgar facultades por decreto contra el fruto del trabajo ajeno, demuele la noción de derecho junto al andamiaje de una sociedad libre. En la media en que tenga vigencia “la tragedia de los comunes”, es decir, que finalmente se apunta a que la propiedad sea “de todos” en verdad no es de nadie con incentivos perversos del mal uso.

 

Hoy frente a cualquier problema se lo pretende resolver en el Congreso con “una ley”, situación que desconoce los fundamentos del derecho y de las mismas facultades legislativas en la tradición constitucional desde 1215.

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. En Administración. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y fue profesor y primer rector de ESEADE.

 

Una solución de mercado para la Villa 31

Publicado por Adrián Ravier el 13/10/13 en: http://opinion.infobae.com/adrian-ravier/2013/06/13/una-solucion-de-mercado-para-la-villa-31/

El análisis económico nos permite comprender que cuando algo es de todos, en realidad no es de nadie. Y cuando ciertas tierras no son de nadie, aparece lo que la literatura denomina “la tragedia de la propiedad común”, en el sentido de que todos quieren aprovecharse del recurso y comienzan los conflictos.

Ronald Coase, premio Nobel de Economía, ha demostrado directa o indirectamente que la problemática medioambiental, o incluso el problema de ciertas especies en extinción, podría resolverse asignando derechos de propiedad. Una extensión de aquellas ideas también nos permite observar que asignar los derechos de propiedad es la solución de mercado que necesita la Villa 31.

La Villa 31 es un asentamiento que surge en 1932 y desde entonces no ha parado de crecer. Ciertas familias ocuparon los terrenos públicos y construyeron sus casas precarias. Al tiempo tuvieron hijos y cuando éstos se casaron, se les construyó un nuevo hogar en el piso de arriba.

Tal es así que en 2001 el censo mostraba más de 12.000 habitantes y ahora ese número se duplicó. Hay inseguridad y hay tierras que se ganaron a los tiros. La Policía Metropolitana no puede evitar que se ingresen materiales y se sigan construyendo nuevas casas, las que al no tener ningún tipo de regulación ni control (ni privado, ni público) significan un riesgo enorme. Un incendio, por ejemplo, podría crear una catástrofe.

El Gobierno de la Ciudad y el Gobierno nacional no hacen nada al respecto. Como sus antecesores, sólo son observadores de una realidad que los supera. La Villa 31 ha tenido censos y hay buena información respecto de las familias que viven en cada hogar. En los últimos meses incluso se comenzaron a comercializar estas propiedades, sin escritura, pero con boletos de compraventa.

La pregunta que queda es: ¿cómo solucionaría el mercado este problema? Y la respuesta es simple, cuando uno conoce la obra de Ronald Coase. Lo que la Villa 31 necesita es que se asignen los derechos de propiedadLa tierra ya no es pública, es de quienes allí viven. Lo que se necesita es que se les reconozca la propiedad, que el Gobierno nacional o de la Ciudad de Buenos Aires, el que tenga la competencia, les otorgue la escritura, y a partir de ahí surgirán incentivos para mejorar las construcciones edilicias, construir cloacas, agua corriente, servicios públicos, seguridad privada, asfalto de calles, pago de impuestos y todo lo que en las afueras de la Villa 31 resulta normal.

Las ventajas son muy claras, pero ¿cuáles son los riesgos? Quizás se incentive a inmigrantes y a personas sin techo que habitan en la ciudad a tomar otros asentamientos y esperar una solución similar. Pero esto no ocurrirá en tierras privadas, sino en otras tierras públicas.

Mi impresión es que cuanto antes se asignen los derechos de propiedad de las tierras públicas, los problemas asociados a esas tierras se resolverán. El Estado no necesita administrar tierras públicas y la experiencia muestra que cuando lo hace, lo hace mal.

El problema de las viviendas es un problema mundial. Argentina tiene tierras públicas a montones, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el interior del país. Cuánto se ganaría si a las personas que hoy carecen de propiedad se les asignara un terreno donde construir su hogar.

Adrián Ravier es Doctor en Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Master en Economía y Administración de Empresas por ESEADE y profesor de Macroeconomía en la Universidad Francisco Marroquín.

ALINEAR INCENTIVOS

Por Alberto Benegas Lynch (h)

No se trata de fabricar seres humanos según el molde de algún megalómano ni “hombres nuevos”, sino de tomar a las personas como son y encontrar el mejor camino para que cada uno pueda seguir su proyecto de vida sin lesionar derechos del prójimo. Cada cual responderá ante su conciencia por sus actos, pero nadie debiera tener la facultad de entrometerse en la vida ni en las haciendas de otros a menos que se recurra al derecho de autodefensa en vista del uso de la fuerza agresiva.

En última instancia, se trata de una cuestión de incentivos que permitan la cooperación libre y pacífica. Independientemente de la bondad o la maldad de distintos individuos, los incentivos adecuados ponen límites estrictos a la invasión a los derechos de cada cual y estimulan el entendimiento de la gente en pos de sumas positivas. En este cuadro de situación se tenderá a sacar lo mejor de cada uno, a diferencia de incentivos perversos que tienden a sacar lo peor de las personas.

Los incentivos de todos operan en dirección a pasar de una situación menos favorable a una que le proporcione al sujeto actuante una situación más favorable. Esto es independiente de cuales sean las particulares y subjetivas metas de cada uno. Siempre será un incentivo este paso de una situación a otra y será un desincentivo lo contrario (a veces denominado contraincentivo). Para que esto ocurra es indispensable una atmósfera de libertad cuya contratara es la responsabilidad.

Como todo no puede realizarse al mismo tiempo, cada uno, de modo explícito o implícito establece una jerarquía de valores en cuyo contexto no resultan posibles las comparaciones intersubjetivas y siempre estarán presentes los costos de oportunidad (al proceder en determinada dirección debe renunciarse a otra).

Los arreglos contractuales ajustan distintas situaciones al efecto de alinear intereses, tal como sucede en los ejemplo elementales del empleado y el empleador o de los gerentes y los accionistas (respectivamente agente y principal en cada caso) o cuando aparece la posibilidad de selección adversa o el riesgo moral (por ejemplo cuando compañías de seguros que optan por asegurar en grupos para evitar primas elevadas y así distribuir riesgos).

El entramado de incentivos que permiten la armónica y productiva cooperación social está basado en la institución de la propiedad privada. Dado que los recursos son limitados en relación a las necesidades ilimitadas, la propiedad privada permite que se les de el uso más eficiente a los factores de producción disponibles. El cuadro de resultados establece un sistema de recompensas para quienes mejor atienden las necesidades del prójimo y de castigo para quienes se equivocan en el uso de sus recursos en cuanto a las preferencias de los demás. Asimismo, este aprovechamiento de los bienes existentes conduce a la maximización de las tasas de capitalización, lo cual, a su turno, hace que aumenten los salarios e ingresos en términos reales.

En cambio, cuando irrumpe “la tragedia de los comunes” donde no se asignan derechos de propiedad, el panorama de incentivos se modifica sustancialmente. El comportamiento de personas que viven en un mismo edificio es radicalmente distinto cuando cada uno posee un departamento respecto a cuando todo es de todos. El trato cambia, los modales y la convivencia operan de forma diferente. Como queda dicho, el derecho de propiedad hace florecer lo mejor de las personas, mientras que la colectivización muestra la peor cara. En cada intercambio libre y voluntario, es decir, en el contexto de la sociedad contractual, las partes se agradecen mutuamente, sea en una transacción comercial o en una simple conversación, por el contrario, cuando todos pelean por lo que existe sin que nadie tenga títulos de propiedad se traduce en la lucha de todos contra todos.

El derecho a la propiedad privada deriva del derecho a la vida: la posibilidad de usar y disponer el fruto del propio trabajo y muchos de los goces no crematísticos están también vinculados con esa institución, como la libertad de expresión atada a la propiedad de imprentas, periódicos, ondas electromagnéticas y equivalentes, la preservación de la intimidad presupone la inviolabilidad del domicilio, el matrimonio supone el respeto a los consiguientes arreglos contractuales, el teatro y el cine libres e independientes dependen de edificios y otras propiedades, y así sucesivamente.

Como ya he apuntado en otras ocasiones, el contrato implica la propiedad y la vida es una serie prácticamente sin interrupción de contratos. Nos levantamos a la mañana y tomamos el desayuno (estamos en contacto con transferencias de derechos de propiedad a través de la compra-venta, sea del refrigerador, el microondas, el pan, la leche, la mermelada, los cereales, el jugo de naranja o lo que fuere). Tomamos un taxi, un tren, un bus y llevamos los hijos al colegio (contratos de adquisición, de enseñanza, de transporte). Estamos en el trabajo (contrato laboral), encargamos a nuestra secretaria ciertas tareas (mandatos) y a un empleado un trámite bancario (contrato de depósito), para solicitar un crédito (contrato de mutuo) o para operar ante cierta repartición (gestión de negocios). Alquilamos un inmueble para las vacaciones (contrato de locación), ofrecemos garantías (contrato de fianza). Nos embarcamos en una obra filantrópica (contrato de donación). Resolvemos los modos de financiar las expensas de nuestra oficina o domicilio (contrato societario), etc. Este haz de contratos solo tiene sentido si no se dispone de los derechos que se intercambian. En esta trama de intercambios consiste la célebre figura de “la mano invisible”, no es que las cosas suceden arbitrariamente y por casualidad sino que procede cada cual con el acuerdo de su prójimo y no lo imponen los burócratas a su medida.

El objetivo en este clima de tolerancia recíproca estriba en contar con marcos institucionales que logren estos propósitos nobles para que cada uno pueda proseguir con su vida sin lesionar derechos de terceros. Entonces,  en este cuadro de situación, deben estudiarse cuidadosamente los incentivos inherentes al monopolio de la fuerza que denominamos gobierno al efecto de evitar tensiones y contradicciones de incentivos y compararlos con las posibles alineaciones que puedan surgir en los debates que se llevan a cabo respecto a las externalidades, los bienes públicos y el dilema del prisionero y proceder en un contexto evolutivo sin pretender la perfección que nunca estará al alcance de los mortales y sin pretender nunca introducir tajos abruptos en la historia sino a través de la comprensión de números suficientes de personas que estén persuadidas de los caminos a tomar con la plena conciencia de que nunca se llegará a una meta final y que las corroboraciones son provisorias sujetas a refutaciones.

Por último, debe destacarse que los incentivos a defenderse de situaciones difíciles y amenazantes abren las puertas a procesos que aun sin deliberadamente dirigirse a la filosofía de la sociedad abierta, de hecho la apuntalan vía órdenes espontáneos más complejos y ricos que los que cada uno podría concebir. Ejemplos de ello son los crecientes sistemas educativos digitales paralelos a las universidades establecidas (muy especialmente la excelencia del ahora muy difundido MOOC), el home-schooling, las escuelas virtuales y el correspondiente coaching  que elimina en estos rubros las autoridades gubernamentales de control, los barrios cerrados que disminuyen el peso de las calles y las iluminaciones estatales, la seguridad privada que minimiza el requerimiento de la policía oficial, los arbitrajes que en gran medida dejan de lado la justicia gubernamental y las mutuales de medicina que barren con los esquemas impuestos por los aparatos estatales, que pueden extenderse a públicos mucho más amplios en la medida en que los sindicatos no operen coactivamente en los monopolios denominados “obras sociales”.

Es importante prestar atención a procesos evolutivos abiertos sin la participación de los obstinados por manipular el fruto del trabajo ajeno, quienes se sienten con “derecho” sobre la vida del prójimo que todavía debe agradecerles sus sandeces, puesto que como escribe Norbert Bilbeny en El idiota moral “la necedad constituye un enemigo más peligroso que la maldad. Ante el mal podemos al menos protestar, dejando al descubierto y provocar en el que lo ha causado alguna sensación de malestar. Ante la necedad, en cambio, ni la protesta surte efecto. El necio deja de creer en los hechos e incluso los critica; se siente satisfecho de sí mismo y si se le irrita pasa al ataque”.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. En Administración. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y fue profesor y primer Rector de ESEADE.