Gobierno, gasto, pobreza y educación

Por Gabriel Boragina Publicado  el 9/7/17 en: http://www.accionhumana.com/#!/2017/07/gobierno-gasto-pobreza-y-educacion.html

 

¿Cuáles serán los parámetros que deberíamos tener en cuenta para poder calificar a un gobierno de “exitoso” o de “efectivo”?. Ha habido –por supuesto- muchos autores que han intentado contestar esta pregunta:

“En primer lugar, los gobiernos efectivos buscan lograr un consenso entre la población acerca de los objetivos que se persiguen, así como crear un entorno de certidumbre que logre credibilidad en el gobierno y sus programas de desarrollo. En segundo lugar, los gobiernos exitosos han logrado un equilibrio entre la centralización de ingresos y la descentralización del gasto público.”1

Claro que, la opinión anterior admite varias interpretaciones. El juicio del “consenso” resulta aplicable tanto a gobiernos que aspiran a un programa de dirigismo económico como a aquellos que prefieren orientarse hacia el libre mercado. En rigor, todo gobierno, ya sea que coquetee con el totalitarismo o con el liberalismo, siempre trata de lograr “consensos” entre la población y aquellas políticas que anhela emprender. La primer parte de la cita –en tal sentido- es perfectamente adaptable a dirigistas como a librecambistas. Ambos reclamarán para sí el apelativo de “efectivos”. Si un jefe de estado consigue convencer a sus gobernados que su proyecto –sea ya totalitario o liberal- es el mejor y el más conveniente al país en cuestión, podrá decirse -desde el punto de vista de los poderes políticos y subalternos de esa nación- que el gobierno ha sido “efectivo”. Todo dependerá de la perspectiva predominante en ese país.

Lo que el autor señala como “En segundo lugar”, es algo bastante diferente, en cuanto no es ajustable por igual –indistintamente- a políticos amigos o enemigos del libre mercado. Los gobiernos estatistas tenderán siempre a centralizar, tanto los ingresos como los egresos estatales. Y para este tipo de “estados” un gobierno será “exitoso” únicamente en el caso que tal objetivo sea vea cumplido, o se lo perciba así en un porcentaje bastante importante. Por su contrario, para un poder político que elija inclinarse hacia estrategias de libre mercado, la clave del éxito será una descentralización, tanto de entradas como de salidas.

“El problema de la pobreza y falta de equidad es multidimensional, por lo que va a requerir soluciones privadas y públicas, mecanismos de protección a los perdedores (por ejemplo, a los desempleados) más que a las empresas que entran en problemas, subsidios, gasto público e incentivos.”2

Este enfoque es típico de la socialdemocracia, también conocida con el nombre de progresismo. Tal corriente de pensamiento -amiga de un lenguaje alambicado y ampuloso, con frecuencia carente de un significado preciso- se presenta como enemiga de los procesos de mercado, y tiende a contemplar el problema de la pobreza como causado -ya sea de manera directa o indirecta- por parte de estos procesos. Cuando, en realidad, son los mecanismos de libre mercado los únicos que posibilitarán la solución al problema de la pobreza y la falta de equidad. No se trata, pues, de una problemática “multidimensional”, y menos aun cuando no se describen ni detallan los elementos componentes de esa supuesta “multidimensión”. La pobreza se muestra en todo lugar donde se impongan estructuras burocráticas y se cercenen los mecanismos de libre competencia. Allí adonde se combate el libre mercado es donde aparecen indefectiblemente los perdedores, ya que en contextos de mercados regulados todos, a larga, pierden, reguladores y regulados. Aun cuando los reguladores sean los únicos que -en la etapa inicial- comiencen cosechando los beneficios netos de sus regulaciones.

Lo que en términos claros y sencillos propone el párrafo citado es subsidiar a quienes -en forma arbitraria y completamente discrecional- el gobierno decide rotular con el nombre de “perdedores”, los que, después de la ayuda estatal, resultarán mas perdedores que antes de la llegada de la misma. Cabe hacer notar que, el fenómeno del desempleo es generado -en casi su totalidad- por causa de las regulaciones estatales que interfieren con la armónica dinámica del libre mercado laboral.

“En Chile, la alteración de los patrones de gasto en la educación y, sobre todo, su sujeción a criterios de mérito académico, medidos a través de un examen anual a nivel nacional, llevó a un cambio radical en el desempeño de las escuelas y, con ello, de los grupos de interés que operan alrededor de éstas. En la medida en que el cambio en la estructura de gasto público para la educación generó nuevos ganadores “los maestros y las escuelas exitosas” los viejos intereses creados se vieron divididos y, con ello, incapacitados para impedir el avance de las reformas.”3

Entendemos que este párrafo alude a la educación estatal (mal llamada “pública”). En el mismo, se nos da cuenta de la experiencia chilena por la cual –según se dice- existió un cambio en la asignación del gasto público, el que aparentemente fue direccionado hacia “los maestros y las escuelas exitosas”, los que parecen haber sido optados a los efectos de la asignación de partidas presupuestarias por sobre los que no fueron elegidos como tales.

El gasto en educación estatal es siempre distorsivo, pese a todos los argumentos pseudo-económicos y hasta extra-económicos con los cuales se lo pretende justificar. Implica -en términos claros- detraer recursos de los contribuyentes que hubieran escogido destinar a costear una educación desemejante, para que el gobierno los utilice en educar a su manera y con razones disímiles a sus hijos. En última instancia -y dado que el gobierno que dirige la educación a través del gasto público está compuesto por individuos- en los hechos no representa otra cosa que los burócratas son los que resuelven dónde, cuándo, en qué y con qué contenidos se deberán “educar” los hijos del contribuyente. La única medida válida de evaluación, en torno al mérito académico de determinados establecimientos educativos, es aquella que tiene en cuenta la estimación de los padres del alumno; y en el caso universitario, el de aquellos o –eventualmente- el de los propios estudiantes del instituto. La apreciación que haga el burócrata de turno en el asunto para nada cuenta.

1 Rolf Lüders. Luis Rubio-Editores. Estado y economía en América Latina. Por un gobierno efectivo en la época actual. CINDE CIDAC pág. 12
2 Rolf Lüders. Luis Rubio-Editores. Estado y economía ….ob. cit, pág. 21
3 Rolf Lüders. Luis Rubio-Editores. Estado y economía ….ob. cit, pág. 23

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

Liberalismo, el enemigo que los populistas aman odiar

Por Enrique Aguilar: Publicado el 21/2/17 en: http://www.lanacion.com.ar/1986341-liberalismo-el-enemigo-que-los-populistas-aman-odiar

 

En los estudios de teoría política es frecuente encontrar referencias alusivas a la pluralidad de lenguajes y corrientes que conviven, amigablemente o no, dentro de la llamada tradición liberal. También existen desarrollos tendientes a identificar, entre estas últimas (contractualistas, conservadoras, radicales, utilitaristas, libertarias u otra denominación en uso), algunos rasgos comunes. A título ilustrativo, cabe recordar la caracterización que hace tiempo hizo John Gray de la concepción liberal del hombre y de la sociedad sobre la base de estos cuatro elementos: la afirmación de la primacía de la persona, el reconocimiento de que todos los hombres tienen el mismo estatus moral, la defensa de la unidad de la especie humana y, finalmente, la creencia en la posibilidad de mejoramiento de cualquier institución social.

Sin embargo, a falta de una definición universalmente aceptable, no parece desacertado apelar a un presupuesto todavía más básico como es la idea según la cual el poder tiene límites que están fijados de antemano por los derechos individuales, generalmente considerados como naturales, inalienables e imprescriptibles. Entre éstos, el derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad, para evocar la célebre fórmula que preside la declaración de independencia norteamericana. Puesto de otra manera, el liberalismo en singular, en su acepción más simple y divulgada, es esencialmente eso: una teoría del gobierno limitado.

Se podrá discutir si los derechos individuales tienen origen en la naturaleza o en convenciones históricas. Igualmente caben desacuerdos en torno a la posible relación entre el liberalismo político y el liberalismo económico, que para algunos autores son inseparables, mientras que otros los distinguen con argumentos acerca de sus respectivas genealogías y alcances, o bajo el supuesto de que la defensa del libre comercio se inscribiría en el terreno de los medios, pero no de los fines (una cuestión de conveniencias en vez de un imperativo). Y, desde luego, cabe preguntarse si los límites a la acción del gobierno (que el liberalismo ve como un mal necesario) y la consecuente protección de los derechos dependen prioritariamente de los diseños y marcos institucionales, de la cultura política prevaleciente o aun de la influencia recíproca entre ambos factores. No obstante, siempre estará presente ese núcleo duro o denominador común, que podríamos calificar como “no negociable” aunque expuesto a diario a ser ignorado por los gobernantes, dada la natural tendencia del poder a expandirse e incurrir en abusos.

He ahí un punto que parece clave. La crítica al ejercicio arbitrario del poder, en sus diferentes grados y apelativos, desde la tiranía antigua hasta el totalitarismo moderno, atraviesa toda la larga historia del pensamiento político. Se trata, en efecto, de una preocupación tan vieja como la memoria política que el liberalismo a su tiempo haría suya enarbolándola como bandera. Pero el tema central del liberalismo, antes que el poder opresivo o desmesurado, es el poder en sí, incluso el legítimamente establecido, porque al indagar en su naturaleza descubre que no hay poder que no tienda de suyo a extralimitarse a menos que se lo contenga con instrumentos adecuados. La rivalidad entre el poder y la libertad, o, si se prefiere, el poder visto como amenaza de la libertad, es entonces la razón de ser del liberalismo.

Lo mismo podría aducirse con respecto a los años noventa. ¿Fueron realmente liberales quienes, amparados en la apertura económica y las privatizaciones, hicieron la vista gorda a la manipulación institucional, el gobierno por decreto y la recordada “mayoría automática” del menemismo? ¿Puede llamarse liberal un gobierno que incurre en tales excesos? Si bien se mira, quizás haya sido esa época (que, al decir de Enrique Valiente Noailles, puso al descubierto nuestra “profunda inmoralidad colectiva” y una generalizada tolerancia a la ausencia de reglas) la más decisiva no sólo para la suerte futura del liberalismo, sino además para el significado que solemos asignar a otro vocablo, “república”, el cual por mala conciencia nos inhibimos de asociar nominalmente al liberalismo.

La cosa resulta curiosa, porque lo que en los últimos lustros se ha venido reclamando en nombre de una mejor “república” son atributos que, en gran medida, provienen de la teoría y la praxis del liberalismo político. Por ejemplo, la distribución del poder en distintos departamentos que se contienen y fiscalizan unos a otros o la existencia de una justicia independiente del poder político. James Madison las llamó “precauciones auxiliares”, que, “a falta de móviles más altos”, complementan la legitimidad democrática como medios de sujetar a quienes nos gobiernan. En otros términos, hoy la república se nos presenta más claramente ligada a la existencia de un diseño institucional liberal que nos preserve de la discrecionalidad de los gobernantes que a la virtud cívica, los ideales patrióticos o aun (en algunas variantes) la participación de los ciudadanos en las decisiones públicas en tanto rasgos distintivos de un republicanismo de filiación clásica que se presenta como propuesta alternativa al liberalismo.

Isaiah Berlin afirmaba que “algunos seres humanos han preferido la paz de la cárcel, una seguridad satisfecha y una sensación de haber encontrado por fin el puesto adecuado que uno tiene en el cosmos a los dolorosos conflictos y perplejidades de la desordenada libertad del mundo que está fuera de los muros de la prisión”. El liberalismo, en cambio, ha promovido siempre la opción inversa. Para sus detractores de izquierda y de derecha, para los defensores de la sociedad cerrada y los relatos colectivistas, para el populismo, para los enemigos de la libertad de pensamiento y de la libertad de prensa, el liberalismo será siempre el malo de la película, el villano preferido, el sospechoso a quien endosar todas los males pasados, presentes y venideros, sea para purgar las responsabilidades propias, por complicidad, oportunismo electoral o por pura pereza intelectual. Probablemente haya perdido, como sugiere Sartori, “la guerra de las palabras” y se encuentre sumido en una crisis de identidad. Sin embargo, dondequiera que la libertad se encuentre en peligro, su antorcha permanecerá encendida y seguramente se alzarán manos dispuestas a portarla.

 

Enrique Edmundo Aguilar es Doctor en Ciencias Políticas. Ex Decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Políticas y de la Comunicación de la UCA y Director, en esta misma casa de estudios, del Doctorado en Ciencias Políticas. Profesor titular de teoría política en UCA, UCEMA, Universidad Austral y FLACSO,  es profesor de ESEADE y miembro del consejo editorial y de referato de su revista RIIM. Es autor de libros sobre Ortega y Gasset y Tocqueville, y de artículos sobre actualidad política argentina.

Fascismo e instituciones

Por Carlos Rodriguez Braun: Publicado el 8/9/16 en: http://www.larazon.es/opinion/columnistas/fascismo-e-instituciones-EI13394189#.Ttt1I85umD1ZGQv

 

El pensamiento único cultiva la ficción según la cual al totalitarismo se lo previene con la educación, como si Alemania no hubiese sido un país culto antes del nazismo, o Cuba hubiese sido un país atrasado en 1959. También se dice que una sociedad civil fuerte vacuna contra el totalitarismo: Alexis de Tocqueville sostuvo que una sociedad vibrante era el fundamento de la democracia americana. Pero el capital social puede tener también consecuencias negativas. Por ejemplo, puede servir para controlar a la población y consolidar el poder de gobernantes despóticos. Analizar esta cuestión es el objetivo de Shanker Satyanath, Nico Voigtländer y Hans-Joachim Voth, “Bowling for Fascism: Social Capital and the Rise of the Nazi Party”, Universidad de Zurich, UBS Center Working Paper Series Nº 7, junio 2014, de próxima publicación en el Journal of Political Economy.

Estos autores destacan que en las décadas de 1920 y 1930 Alemania tenía una sociedad civil relevante. Sin embargo, su red de clubes y asociaciones facilitó el crecimiento del Partido Nazi, que desarrolló una masa de seguidores devotos y hasta fanáticos; la campaña nazi empezó en esos círculos, sin los cuales su éxito electoral después de 1930 no habría sido posible. El trabajo se basa en los datos de afiliación del NSDAP, Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, en más de 100 ciudades, que prueban que el partido nazi creció más rápidamente allí donde había más redes de círculos, clubes etc.: “Nuestros resultados sugieren claramente que el capital social bajo la forma de una rica vida asociativa tuvo un gran efecto corrosivo en la Alemania de Weimar”.

De ese capital social, que debía neutralizar teóricamente a los totalitarios, sacaron más rendimiento los nazis que los demás partidos. No es cierta, por tanto, la vieja teoría que sugería que la moderna sociedad de masas disolvía los lazos sociales tradicionales. En Alemania se fortalecieron, y a su vez fortalecieron a los mayores enemigos de la libertad y la democracia: los nacional-socialistas.

Hubo gente que se aproximó a los nazis, que, como todos los populistas, jugaban a ser transversales entre derecha e izquierda, pero siempre antiliberales, y siempre buscaron comerles la merienda a los partidos de izquierda, como hizo Mussolini en Italia. Hubo gente marginal que se apuntó, diríamos ahora “perroflautas”, que fueron muy visibles, como ahora, pero el grueso de los afiliados a los nazis fueron miembros de la clase media, “blue collars”, con pocos obreros, lo que también ocurría entre los socialistas y los comunistas. Los nazis no fueron diferentes a “la casta” de los demás partidos.

Entre los círculos nazis había gente vinculada a los animales (Hitler iba a prohibir la caza del zorro, y habría prohibido los toros en España), y partidarios de muchas causas sociales, incluidas las reivindicaciones de los estudiantes, entre los cuales los nazis tuvieron mucho éxito. También cosecharon apoyos entre algunos militares, algunos religiosos y algunos empresarios contrarios al libre comercio y la competencia con el exterior.

Igual todo esto a usted le suena. ¿Verdad?

 

Carlos Rodríguez Braun es Catedrático de Historia del Pensamiento Económico en la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Consejo Consultivo de ESEADE.

Resistencia a la opresión

Por Gabriel Boragina. Publicado el 25/7/15 en: http://www.accionhumana.com/2015/07/resistencia-la-opresion.html

 

Para poder entender el tema de la resistencia a la opresión, es necesario previamente dar algunas nociones básicas sobre la legitimidad del poder, para lo cual nada mejor ni más apropiado que la autoridad del Profesor Constitucionalista Dr. Germán J. Bidart Campos que enseña:

“La legitimidad “de origen” y “de ejercicio”. 51. — Tradicionalmente se ha hablado, con referencia al poder, de una legitimidad de origen, y de una legitimidad de ejercicio.

  1. a) La legitimación de origen hace al título del gobernante, y depende concretamente del derecho positivo de cada estado, como que consiste en el acceso al poder mediante las vías o los procedimientos que ese derecho tiene preestablecidos. En el estado democrático, se dice que el acceso al poder y la transmisión del poder operan mediante la ley y no por la fuerza.
  2. b) La legitimidad de ejercicio se refiere al modo de ejercer el poder. Genéricamente, podemos decir que si, objetivamente, el fin de todo estado radica en la realización del bien común o valor justicia, la legitimidad de ejercicio se obtiene siempre por la gestión gubernativa enderezada a aquel fin, y, viceversa, se pierde por el apartamiento o la violación del mismo.

La pérdida de la legitimidad de ejercicio proporciona título, con base en la justicia material, y en circunstancias extremas de tiranía o totalitarismo que producen la obturación de otras vías exitosas, para la resistencia del pueblo contra el gobernante. Vamos con ello, en la teoría política, hacia el derecho de resistencia a la opresión y en el derecho constitucional hacia el tema del derecho de revolución.

El derecho de resistencia está previsto en el art. 36 contra los que ejercen los actos de fuerza que la norma nulifica e incrimina (ver nº 53).”[1]

Al referirse al art. 36, el autor citado está haciendo alusión a la Constitución de la Nación Argentina. Un “estado democrático” -de acuerdo al criterio anterior que compartimos- debe reunir, entonces, para su existencia estos dos requisitos, si falta alguno de ellos no podría, pues, hablarse de “estado democrático” sino de una dictadura, tiranía o un estado totalitario. Pensamos que esto último es lo que ha sucedido en la Argentina durante los tres largos e ininterrumpidos gobiernos del FpV (Frente para la Victoria, encabezado por la tenebrosa secta Kirchner, en los que, si bien en apariencia, se habría cumplido la primera de las condiciones (de la cual tenemos justificadas dudas que hemos expuesto en más de una oportunidad y en diversas ocasiones), resulta más que claro que no se cumplió de ningún modo la segunda de ellas.

En efecto, lejos de perseguir “la realización del bien común o valor justicia” dicha secta ha procurado la concreción de metas sectoriales o particulares de afines u obsecuentes al poder detentado durante un dilatadísimo periodo, en que se prostituyó no sólo el valor justicia, sino todos los demás valores y la convivencia misma dentro del seno de la sociedad. Situaciones como la descripta, habilitan el derecho a la rebelión por parte del pueblo sometido al capricho de tales déspotas, sedientos megalómanos insaciables de poder, como tantas veces se los ha visto.

Lamentablemente, los tiranos siempre han hecho hincapié en la primera de las exigencias, omitiendo toda alusión a la segunda, de hecho la más importante de los dos atributos de la legitimidad, dado que la elección de un gobierno se agota simplemente en el acto electoral, en tanto que el ejercicio del mismo conlleva un tiempo muchísimo más dilatado, por cuanto cobra mayor gravedad la circunstancia de que ese ejercicio se aparte de la realización del bien común o del valor justicia como ha sido el caso.

“50. — Es sugestiva la ubicación del art. 36, que preserva al poder, dentro del rubro de los nuevos derechos y garantías. Por eso, también lo ligamos al sistema de derechos.

En efecto, es fácil entender que el orden institucional y el sistema democrático hallan eje vertebral en dicho sistema de derechos, y que atentar contra el orden institucional democrático proyecta consecuencias negativas y desfavorables para los derechos. No en vano en el art. 36 también viene encapsulado, con definición expresa, el derecho de resistencia dentro del marco genérico que incrimina las conductas que lesionan al bien jurídico penalmente tutelado en forma directa por la constitución, para evitar la ruptura en la transmisión legal del poder.(Ver nº 49).

Es algo así como una cobertura general, con bastante analogía respecto del clásico delito del art. 29 que, a su modo, también tiende a preservar un similar bien jurídico, cuando da por cierto que la concentración del poder en el ejecutivo, o en los gobernadores de provincia, al fisurar la división de poderes pone a merced del gobierno la vida, el honor o la fortuna de las personas.”[2]

Cualquier intento de concentración del poder habilita el derecho de rebelión de la ciudadanía para desplazar a ese poder. Y este derecho, se encuentra plasmado en la Constitución de la Nación Argentina, pero aunque no estuviera por ella contenido hay que concluir que el derecho de rebelión y de resistencia a la opresión no desaparece como tal, por cuanto se trata de un derecho natural del hombre, y no de algo que para ser deba contar con un previo “reconocimiento” positivo legal.

No son muchos, lastimosamente, los gobiernos que creen que la soberanía reside -en definitiva- en el pueblo mismo y no en los gobernantes. Por otra parte, queda claro que el abuso de poder es un delito tipificado por la constitución y penalmente sancionado. Los gobiernos no tienen derecho a violar derechos, y esto es lo que justifica plenamente el derecho de rebelión contra un gobierno que vulnera el sistema de derechos que garantiza la constitución. Derechos todos anteriores al hombre y no creados por el hombre.

La “transmisión legal del poder” implica que el poder se trasmite a otra persona diferente a quien lo ejercía hasta el momento en que dicha transmisión ha de tener lugar, es decir, implica la esencia del sistema democrático la alternancia del poder para evitar la perpetuación en el mismo de una o más personas de un único signo.

[1] Bidart Campos, Germán J. Manual de la Constitución Reformada – Editorial Ediar. Tomo I – pág. 84 y 85.

[2] Bidart Campos, Germán J. Manual de la Constitución Reformada. Tomo III, Ob. Cit. pág. 14/15

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

Acerca del contragolpe de Estado

Por Alberto Benegas Lynch (h).  Publicado el 11/7/15 en: http://opinion.infobae.com/alberto-benegas-lynch/2015/07/11/acerca-del-contragolpe-de-estado/

 

Es de gran relevancia destacar que en la tradición liberal está presente la rebelión contra el abuso insoportable del poder. En la obra más conocida y citada de John Locke puede decirse que comenzó el tratamiento sistemático de esa tradición donde se subraya que “Aquél que ejerciendo autoridad sobrepasa el poder que le fue otorgado por la ley y utiliza la fuerza que posee a su mando para gravar sobre sus súbditos obligaciones que la ley no determina, por ello mismo deja de ser juez y se le puede oponer resistencia, igual que a cualquier persona que atropella el derecho de otra por la fuerza”.

En este contexto, se trata de un contragolpe de Estado, puesto que el golpe de Estado original lo dieron quienes avasallaron derechos, atropellaron instituciones clave de una república que, como es sabido, significa alternancia en el poder, transparencia en los actos de gobierno, responsabilidad de los gobernantes ante los gobernados, igualdad ante la ley anclada en el “dar a cada uno lo suyo” de la Justicia y división e independencia de poderes.

Por supuesto que pude suceder, y de hecho sucede, un golpe de Estado contra un sistema republicano, lo cual es condenable desde toda perspectiva moral, pero aquí nos referimos al contragolpe en el sentido explicado.

La antes referida tradición de pensamiento se basa en el aspecto epistemológico del no sé socrático como razón para no entrometerse en las vidas y las acciones legítimas de otros, además del aspecto ontológico del necesario respeto a las personas. El derecho romano y el common law constituyeron bases institucionales del espíritu liberal junto a los aportes de la escolástica tardía. Pero con Sidney y Locke, como queda expresado, comenzó la sistematización de los marcos institucionales que posteriormente Montesquieu fortaleció en esa primera etapa, especialmente resumida en su pensamiento en cuanto a que “una cosa no es justa por el hecho de ser ley, debe ser ley porque es justa”.

La revolución estadounidense -un espejo en el que se miraron muchas de las naciones libres del planeta- tomó la idea del derecho de resistencia en su Declaración de la Independencia, donde consigna claramente que “cuando cualquier forma de gobierno se torna destructivo para estos fines [los derechos inalienables de los gobernados], es el derecho del pueblo de alterarlo o abolirlo y constituir un nuevo gobierno y establecer su fundación en base a aquellos principios”.

De más está decir que la referida rebelión contra la opresión inaguantable debe hacerse con criterio prudencial para no caer en la misma situación (o peor), solo que con otros gobernantes, como en la práctica han sido la mayor parte de las revoluciones, a diferencia de la norteamericana, por la que se aplicó una política diametralmente opuesta a la autoritaria de Jorge III (de un tiempo a esta parte, Estados Unidos abandonó los principios de los padres fundadores para lo que recomiendo, entre la mucha literatura disponible, Dismantling America de Thomas Sowell). Hasta el momento, en los otros ejemplos, en el mejor de los casos se produjo un alivio más o menos transitorio para luego, en mayor o menor medida, recaer en que los aparatos estatales atropellaran los derechos vitales a la libertad y a la propiedad.

Incluso en otros casos, la situación después de la revolución fue muchísimo peor, como es el ejemplo de la revuelta de Castro contra las tropelías inaceptables de Batista. En otros casos, el alivio fue grande, como es el ejemplo de Hitler. Salvando las distancias, la revolución popular contra Ferdinand Marcos también permitió un paréntesis en el totalitarismo. Lo mismo va para el caso de la tiranía rosista y, con independencia de los graves desbarranques posteriores, similar fenómeno ocurrió con la sublevación como consecuencia del sistema opresivo de Perón contra la libertad de prensa y las libertades básicas de las personas y también de otros dictadores latinoamericanos, y mucho antes que eso, los movimientos revolucionarios independentistas (por ejemplo, constituye una sandez oponerse a la Revolución de Mayo en lo que luego fue suelo argentino contra un déspota que había reemplazado a otro sátrapa en España). Las revueltas que desembocaron en el derrumbe del Muro de la Vergüenza en Berlín despertaron enormes esperanzas en los espíritus libres. Claro que hay cuestiones de grado que hacen diferencias por lo que no puede meterse todo en la misma bolsa.

En todo caso, tal como reza la citada declaración norteamericana, la gente tiene el derecho a defenderse contra ataques permanentes a su dignidad y consiguientes autonomías individuales en manos de gobiernos que teóricamente se han instalado para proteger los derechos de todos, por ello, como queda dicho, se trata de un contragolpe, puesto que el golpe de Estado lo dan quienes desmantelan instituciones fundamentales de la República.

Pero lo más importante es comprender que las revoluciones no producen milagros, en casos extremos permiten espacios de mayor respeto que resultan muy efímeros si no hay ideas suficientemente sólidas como para reemplazar lo que venía ocurriendo. Si no es así, en definitiva, se habrán consumido energías y recursos sin resultados que compensen los sacrificios, los desgastes y los conflictos que así se convierten en infructuosos.

La educación es la clave para contar con sociedades libres. Un traspié que obligue a sustituir el gobierno y llamar a elecciones en el plazo más rápido posible no hará que nada cambie si previamente no se han entendido y aceptado los fundamentos y las ventajas de la sociedad abierta.

No hay iluminados que deban imponer sus ideas a otros. No hay la peligrosa fantasía del filósofo rey, sino la necesidad de establecer instituciones que dificulten el abuso del poder. Se trata de fortalecer las democracias entendidas como el respeto de las mayorías a los derechos de las minorías. No dictaduras electas ni cleptocracias basadas en la tiranía del número, sino en la entronización del derecho de cada cual sin que energúmenos instalados en el gobierno se arroguen la facultad de manejar a su arbitrio las vidas y haciendas de los demás. Ya desde los inicios de la República, Cicerón advirtió que “el imperio de la multitud no es menos tiránico que la de un hombre solo, y esa tiranía es tanto más cruel cuanto no hay monstruo más terrible que esa fiera que toma la forma y el nombre del pueblo”.

En esta instancia del proceso de evolución cultural, solo hay dos posibilidades de formas de gobierno: la democracia y el gobierno de facto. Esta última forma constituye una irregularidad, puesto que se sale de la elección de la gente para sustentarse solamente en la fuerza. Todos los gobiernos de cualquier color o formato son de fuerza (de eso se trata), pero el que asume de facto lo es en mayor medida por la razón apuntada, situación que debe modificarse cuanto antes para volver a la normalidad democrática, no entendida como otra ruleta rusa: la mayoría ilimitada que generan los Chávez de nuestra época, en cuyo caso competirán dos formas de gobierno que avasallan libertades y aniquilan todo vestigio de contralor republicano.

Es de interés enfatizar que en no pocos casos, aunque la opresión resulte manifiesta, no es para nada aconsejable sustituir a los gobernantes en funciones por dos motivos centrales. En primer lugar, debido a que, a pesar de los sufrimientos de la gente, se hace necesario que el gobierno de turno absorba las consecuencias de su propia mala praxis y no se le dé un pretexto para exculparse y victimizarse, como, por ejemplo, es hoy el caso argentino en el contexto de una atmósfera estatista que incluye en gran medida a la oposición. En segundo lugar, también en la opinión pública prevalecen aquellas ideas estatistas y, por ende, en última instancia autoritarias, que rechazan los modales, pero adhieren “al modelo” del manotazo al fruto del trabajo ajeno, por lo que necesariamente hará que se redoblen los males, a pesar de que en el caso argentino, además de los ataques grotescos a la Justicia, acaba de decidir el Gobierno aplicar tareas de inteligencia interna para detectar y castigar “golpes de mercado” (es para un guión de Woody Allen si no fuera dramático).

Por lo dicho es que con urgencia debe trabajarse en la educación a los efectos de la defensa propia, es decir, la imperiosa necesidad de entender qué significa vivir en libertad y no simplemente declamar acerca de una democracia falsificada que de contrabando se transforma en otra forma de absolutismo. De todos modos, por ejemplo, es de desear que pueda tener lugar un exitoso contragolpe de Estado en Corea del Norte antes que se les vaya la vida a tantos ciudadanos desesperados por las botas de un sátrapa asesino (botas son las de sus súbditos, porque el megalómano de marras usa taquitos altos para parecer más alto).

Como muchas veces se ha señalado, no es conducente poner el carro delante de los caballos y dedicarse a los políticos del momento, ya que naturalmente no aceptarán otro discurso que el que es capaz de digerir la opinión pública y si no se hace nada para modificarla en la dirección de una sociedad libre, no puede esperarse un discurso distinto que el que conduce al abuso del poder. Si no hay suficientes esfuerzos educativos, se estará en una encerrona imposible de sortear.

En general hay pereza para dedicarse a las faenas de explicar y difundir los fundamentos éticos, económicos y jurídicos de vivir en libertad, porque se piensa que es más rápido y eventualmente más lucido desempeñarse en la arena política. Esto no es cierto, si nos encontramos en un ámbito estatista, es completamente inútil tratar de influir a los políticos del momento con ideas contrarias, ya que inexorablemente serán rechazadas si es que los políticos pretenden seguir en ese oficio.

Se dice que es una tarea a largo plazo la educativa, pero si ese es el diagnóstico y la receta adecuada para revertir los problemas, cuanto antes se comience se acortarán los plazos. Es curioso, pero en muchos casos desde hace décadas se viene recitando la misma cantinela sin percatarse de que si se hubieran puesto manos a la obra ya estaríamos en el instante eureka, “el largo plazo”. No es mi autor favorito, pero Mao Tse Tung decía con razón que “la marcha más larga comienza con el primer paso”.

En resumen, la mejor manera de evitar los contragolpes de Estado (generalmente fallidos en el sentido de la reincidencia o incluso el engrosamiento del estatismo) consiste en ocuparse de las tareas educativas mencionadas al efecto de despejar telarañas mentales, lo cual beneficia a toda la comunidad, pero muy especialmente a los más necesitados.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y fue profesor y primer rector de ESEADE.

SOBRE LA OPCIÓN PREFERENCIAL POR LOS POBRES

Por Gabriel J. Zanotti. Publicado el 5/1/14 en: http://gzanotti.blogspot.com.es/2014/01/sobre-la-opcion-preferencial-por-los.html

(De mi art. “Reflexiones sobre una teología de la liberación “conflictiva”, 2007, Instituto Acton Argentina).
“…En primer lugar, la palabra “preferencial” excluye una opción “exclusiva”. Implica, en cambio, una “tendencia hacia” o “prio­ridad”. Esa prioridad tiene como principal fundamento la expre­sión evangélica que dice “no necesitan médico los sanos, sino los enfermos”, lo cual abarca tres niveles. En primer lugar, todo ser humano necesita de la redención para liberarse del pecado original y alcanzar así la vida de la Gracia. Este nivel es el más típicamente católico, por su universalidad. O sea que la voluntad salvífica de Dios es universal, como se observa en 2, Corintios, 5, 15, y sobre todo en 1, Timoteo, 2, 4: “Él [Dios] quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad”[1]. En este sentido, hay una “opción preferencia! por el ser humano”, en cuanto que todos los seres humanos son pobres, en cuanto que todos —excepto María— nacen con pecado original y por lo tanto calecen de la unión con Dios, y por lo tanto nece­sitan la redención. Por eso la Iglesia y su mensaje son para todos los seres humanos[2].
El segundo nivel es lo que podríamos llamar “la opción pre­ferencial por los pecadores”, porque, siguiendo con el espíritu de la frase “no necesitan médico los sanos, sino los enfermos”[3], es por lo tanto necesaria una acción de prédica y caridad especial hacia aquellos que carecen de la Gracia de Dios, y son pobres en ese sentido. Por supuesto, quienes están en Gracia también necesitan atención, para que no la pierdan y la acrecienten, pero quienes no la tienen necesitan más atención (una atención “preferencial”) dado que su situación es más grave. En este sentido hay “pobres” por todos lados, y la inclinación y atención especial al pecador (dada su necesidad de salvación) es una de las características más sobresalientes del catolicismo, y debería serlo, también, en la vida de todo  católico.
El tercer nivel consiste en los carenciados de bienes naturales de todo tipo: salud, educación, bienes materiales, libertades. De allí la atención especial a quienes están enfermos, o sufren perse­cuciones, o carecen de conocimientos. Muchas situaciones pueden darse aquí: desde lo que habitualmente llamamos la miseria material, hasta quienes sufren la pérdida de sus libertades. Véase, por ejemplo, lo dicho por Juan PabloII, cuando, justa­mente, explica, el auténtico sentido de la opción preferencial: “La Sede Apostólica, al mismo tiempo que por la misión especial a ella confiada participa de cerca en las experiencias de la Iglesia en las distintas partes del mundo, sabe que son muchas las formas de pobreza que padece el hombre contemporáneo y se siente moralmente obligada también con estas otras formas de pobreza. Junto a la pobreza contra la que se han pronunciado las Con­ferencias Episcopales de Medellín y Puebla y, en cierto sentido, frente a esta pobreza, existe la pobreza derivada de la privación de los bienes espirituales a que el hombre tiene derecho por naturaleza. ¿No es pobre el hombre sometido a regímenes tota­litarios que lo privan de las libertades fundamentales en que se expresa su dignidad de persona inteligente y responsable? ¿No es pobre el hombre vulnerado por otros semejantes suyos en relación interior con la verdad, en su conciencia, en sus convicciones más personales, en su fe religiosa? Esto lo he recordado en mis precedentes intervenciones, especialmente en la encíclica Redemptor Hominis (N. 17) y en el discurso pronun­ciado en el año 1979 ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (NN. 14-20), al hablar de las violaciones perpetradas hoy en la esfera de los bienes espirituales del hombre. No existe sólo la pobreza que incide en el cuerpo; hay otra y más insidiosa que incide en la conciencia, violando el santuario más íntimo de la dignidad personal”[4].
Entonces se entiende mejor la expresión “pecado social”, tal como lo aclara Juan Pablo II en la Exhortación Apostólica post-sinodial Reconciliatio et Paenitentia, de Juan Pablo II, sobre el tema del pecado y la reconciliación[5]. Dice allí Juan Pablo II: “El pecado, en sentido verdadero y propio, es siempre un acto de la persona, porque es un acto libre de la persona individual, y no precisa­mente de un grupo o una comunidad. Este hombre puede estar condicionado, apremiado, empujado por no pocos ni leves fac­tores externos; así como puede estar sujeto también a tendencias, taras y costumbres unidas a su condición personal. En no pocos casos dichos factores externos e internos pueden atenuar, en mayor o menor grado, su libertad y, por lo tanto, su respon­sabilidad y culpabilidad. Pero es una verdad de Fe, confirmada también por nuestra experiencia y razón, que la persona hu­mana es libre. No se puede ignorar esta verdad con- el fin de descargar en realidades externas las estructuras, los sistemas, los demás— el pecado de los individuos. Después de todo, esto supondría eliminar la dignidad y la libertad de la persona, que se revelan aunque sea de modo tan negativo y desastroso— también en esta responsabilidad por el pecado cometido. Y así, en cada hombre no existe nada tan personal e intransferible como el mérito de la virtud o la responsabilidad de la culpa”[6].
 
Después de estas palabras, el Papa aclara en qué sentido se puede hablar de “pecado social”. Distingue tres sentidos. El primero, es que todo pecado personal repercute en lo social, dada la naturaleza social del hombre. El segundo, es que hay pecados personales que especial­mente perjudican al marco social. El Papa cita las violaciones a los derechos de la persona y al bien común. Y el tercer sentido está dado por las luchas entre diversas comunidades humanas. Aclara finalmente: “[…] si se habla de pecado social, aquí la expresión tiene un significado evidentemente analógico”.
En este sentido, la economía de mercado no es una estructura de pecado. Tampoco es un “sistema”. El mercado es un orden espontáneo connatural al ser humano en permanente proceso de desarrollo. Como tal tiene defectos (no las “fallas de mercado”) y es esencialmente perfectible. Lo que sí es una estructura de pecado es el totalitarismo, y los diversos autoritarismos, que, sumados a estructuras que intrínsecamente desalientan el ahorro y la formación de capital, producen la injusticia terrible de incontables seres humanos “viviendo” en la miseria, la desnutrición, el hacinamiento, el desempleo, etc. Sugiero este cambio de enfoque a todos los preocupados por una verdadera teología de la liberación.

 


[1] Véase Ott, L., op. cit., pp. 298 y 366.
[2] María también fue redimida por la Gracia de Cristo, en cuanto que fue preservada del pecado original (que hubiera tenido  que contraer) por una especial intervención divina. La causa meritoria de esta inmaculada concep­ción son los merecimientos salvadores de Cristo (véase Ott, p. 315).
[3] Evangelio de San Marcos, cap. 2, 4.
[4] Véase “L’Osservatore Romano”, año XVI, N° 53  (835), del 30/12/84.

[5] En:   “L’Osservatore Romano”, año XVI,  Np  51   (833),  del   16/12/84.
[6] Op. cit., punto 16; la cursiva es nuestra.

 

 

Gabriel J. Zanotti es Doctor en Filosofía, Universidad Católica Argentina (UCA).  Es profesor full time de la Universidad Austral y en ESEADE es Es Profesor Titular de Metodología de las Ciencias Sociales en el Master en Economía y Ciencias Políticas de ESEADE.

El Gobierno necesita del autoritarismo para sobrevivir

Por Roberto Cachanosky. Publicado el 16/9/12 en v

¿Cuál será la respuesta de Cristina Fernández de Kirchner tras el cacerolazo? ¿Habrá venganza? ¿Comienza una escalada de protestas civiles o volverá la calma? ¿Podemos esperar más totalitarismo y violación de libertades?

Cuando Friedrich von Hayek escribió “Camino de Servidumbre” trató de mostrar que una economía centralizada lleva, inevitablemente, al control de la vida de las personas, esto es, a un sistema totalitario.

Hayek, que había emigrado de Austria a Londres, veía cómo los laboristas y economistas formulaban propuestas económicas que, por su misma dinámica, tenían que terminar en el control de la vida de la gente.

Publicado en 1944, la tesis central de “Camino de Servidumbre” sigue teniendo vigencia casi 70 años más tarde y se verifica en Argentina.

A diferencia del cacerolazo del 2001 cuando se estableció el corralito o el del 2008 cuando estuvo el enfrentamiento por la 125, el cacerolazo del jueves pasado no parece responder a un solo motivo sino a una combinación de problemas económicos con crecientes restricciones a las libertades civiles junto con otros ingredientes como la inseguridad, los intentos del Gobierno de perpetuarse en el poder, la corrupción, la forma soberbia de comportarse del Gobierno y muchos temas más. Pero sí hay un hilo conductor entre economía y libertad individual que, me parece, irá agravándose considerando que el oficialismo, ante la adversidad, suele redoblar la apuesta e ir por más para ir por todo.

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Desde el punto de vista económico, siempre una regulación lleva a otra regulación y, si se insiste en ese camino, a la asfixia de la economía. Por ejemplo, el Gobierno viene emitiendo moneda a marcha forzada, esa emisión genera inflación. Al mismo tiempo ha dejado el tipo de cambio casi quieto y, por lo tanto, el tipo de cambio real se encuentra en niveles similares a los de la convertibilidad. ¿Qué hizo el Gobierno frente a este problema? Redobló la apuesta y primero estableció más burocracia para poder importar. Luego se le ocurrió que si una empresa importa un dólar tiene que exportar un dólar. Eso no le alcanzó y restringió arbitrariamente las importaciones. Tampoco le alcanzó y obligó a las compañías de seguro a traer las divisas que tenían en el exterior. Después prohibió el giro de utilidades y dividendos. Luego estableció una aprobación previa de la AFIP para poder comprar dólares y, finalmente, directamente prohibió la compra de dólares para atesoramiento. El tema cambiario fue escalando hasta llegar a limitar derechos individuales como poder viajar al exterior sin tener problemas para comprar divisas. Una regulación económica fue llevando a otra hasta terminar en una restricción a las libertades civiles.

Otro ejemplo es el de la inflación. El Gobierno niega la inflación real y a quienes hicieron sus propias estimaciones de inflación les inicio un absurdo juicio por difundir sus propios índices de inflación. Para frenar las expectativas inflacionarias y una mayor huida del peso tuvo que recurrir a intimidar a las consultoras que elaboraban sus propias estimaciones de inflación.

Los casos de empresarios que son apretados para que vendan a determinado precio sus productos, fabriquen determinados bienes y demás locuras intervencionistas no forman parte de una política económica errada, sino de un simple abuso del poder de los funcionarios públicos. Un amedrentamiento usando el monopolio de la fuerza.

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Si un empresario dice que la actividad inmobiliaria está paralizada, la presidente no averigua cómo vienen las escrituras, sino que le pide a la AFIP información reservada sobre la situación fiscal del empresario y luego lo escrachan públicamente y por cadena nacional.

Mi cuarta verificación de la AFIP en 5 años me llegó el mismo día en que publiqué una nota en La Nación criticando el discurso de la presidente en la apertura del Congreso. Ese día, una empleada de la AFIP, carta en mano, vino a entregarme la nota de verificación de ganancias, cuando ya había tenido otra verificación 6 meses antes.

Los descalabros económicos que hace el Gobierno tienen que ser escondidos a la opinión pública. Nadie puede opinar diferente porque aceleraría el descontento popular sobre la marcha de la economía y, para eso, necesitan amedrentar a la gente. Como dijo CFK, hay que tenerle un poco de miedo. El problema es que a medida que vaya creciendo el descontento por la situación económica, el Gobierno tendrá que apelar a mayores grados de amedrentamiento de la población. Tendrá que generar más miedo y, para eso, necesitará avanzar cada vez más sobre los derechos individuales.

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Veamos otro ejemplo sobre cómo las regulaciones económicas terminan avasallando los derechos individuales. Para que la gente pueda viajar al exterior y comprar divisas, tiene que informarle a la AFIP dónde viaja, por qué viaja, con quién viaja y otras informaciones que, al menos en un estado de derecho, la AFIP no tendría autoridad para pedirla. Es más, cuando se requería la autorización previa de la AFIP para comprar dólares, el ente recaudador no podía establecer como parámetro el ejercicio fiscal en curso porque no lo puede hacer y tampoco le sirve, por lo tanto tenía que recurrir a la información del ejercicio fiscal anterior que no necesariamente tiene que ser igual al corriente. Es decir, para comprar dólares intervenía la AFIP utilizando mecanismos arbitrarios cuando, en realidad, quien debería establecer las restricciones cambiarias tendría que haber sido el BCRA.

Los ejemplos que muestran cómo una regulación económica lleva a otra regulación económica y termina en la violación de derechos individuales son muchos.

El gran interrogante que se abre hacia el futuro es cómo reaccionará el Gobierno ante el cacerolazo del jueves pasado. Como decía antes, el kirchnerismo o cristinismo siempre redobla la apuesta, con lo cual no debe descartarse alguna medida que afecte a la clase media como venganza por la movilización y el cacerolazo. El dato que tenemos es que el Gobierno no tiene problemas en violar las más elementales normas de una democracia republicana. Si han logrado que un DNU pueda tener vigencia con la aprobación de una sola de las cámaras, lo cual es un disparate constitucional, de ahí para adelante pueden hacer cualquier cosa. Incluso desobedecer una sentencia de la Corte Suprema.

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Por otro lado, el problema del oficialismo es que si pierde el poder corre el riesgo de recibir un tsunami de juicios por corrupción, al tiempo que serán muchos los jóvenes de La Cámpora que perderán sus privilegios y tendrán que buscar un trabajo en serio. Una mezcla de negocio personal y riesgo de tsunami de juicios hace pensar que intentarán retener el poder a cualquier precio.

Y cuando digo a cualquier precio significa seguir avanzando sobre la libertad de expresión, más carga impositiva, menos propiedad privada y más intimidación para infundir temor en la población. Si se acepta este posible escenario, no debería descartarse que veamos una escalada de protestas como las del jueves pasado y más aprietes del Gobierno. El enfrentamiento podría seguir escalando porque el cristinismo quiere ir por todo y la gente percibe que no solo hay problemas económicos como la inflación, sino también las libertades individuales están en juego.

Si a esto le agregamos los insoportables discursos en cadena, la soberbia con que se manejan y los intentos de adoctrinamiento de los chicos en los colegios por parte de La Cámpora, mi impresión es que esto recién empieza. Y me parece que la reacción del Gobierno frente a la movilización del jueves será algún acto de venganza.

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Al poco tiempo de asumir la presidencia y durante un acto miliar, Néstor Kirchner les dijo gratuitamente a los soldados: “No les tengo miedo”. El jueves pasado la gente pareció decirle a Cristina: “No te tenemos miedo”.

Frente a un gobierno sin escrúpulos, lo peor que puede hacer la gente es tenerle miedo. Esa es la mejor defensa de su propiedad y libertad. Si tienen miedo, no solo perderán su propiedad y libertad, sino que terminarán aterrorizados, porque el cristinismo necesita del autoritarismo para poder sobrevivir.

 Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA)y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE.