OTRA PERORATA DE NICOLÁS MADURO

Por Alberto Benegas Lynch (h)

 

 

El pasado 10 de agosto del corriente año se escuchó la arenga más soez del tirano incrustado hoy en tierra venezolana. Lo ocurrido en ese país es la burla más grotesca y perversa al sentido de la democracia y el significado de una constitución. La idea de constitución ha estado íntimamente vinculada a la limitación al poder, desde la Carta Magna de 1215 en adelante. Se trata de la protección a los derechos de las personas, facultades que son anteriores y superiores al establecimiento de todo gobierno.

 

El proceso que ahora vive Venezuela es la afrenta más brutal a la idea de democracia cuya parte formal es el voto popular que ha sido desconocido por Maduro y sus secuaces y su parte de fondo, es decir, el antedicho respeto a los derechos de los gobernados, son cotidianamente avasallados por los sicarios del régimen militar imperante.

 

Una pena y un agravio que esto ocurra en el lugar en que actuó Simón Bolívar quien escribió en el denominado “Discurso de Angostura”, el 15 de febrero de 1819, que “nada es tan peligroso como que permanezca largo tiempo un mismo ciudadano en el poder. El pueblo se acostumbra a obedecerle y él se acostumbra a mandarlo; de donde se origina la usurpación y la tiranía”. En Venezuela se acaba de consolidar el fascismo más crudo con la conocida farsa corporativista como legislativo.

 

Por otra parte, tengamos muy presente  que entre los postulados de la República (una expresión también manoseada y degradada por el chavismo) se encuentra la alternancia en el poder, la división e independencia de poderes y la igualdad ante la ley lo cual está indisolublemente atado a la Justicia del “dar a cada uno lo suyo” que, a su vez, “lo suyo” remite al derecho de propiedad, todo lo cual está absolutamente ausente en el sistema tiránico a que nos venimos refiriendo.

 

Este sistema chavista o del socialismo naturalmente ha hundido la economía venezolana en el mayor caos puesto que deriva de controles por parte del aparato estatal que reasignan los siempre escasos recursos a campos distintos de los que hubiera decidido la gente si se hubiera permitido que los mercados operen, es decir, si hubieran tenido lugar arreglos contractuales libres y voluntarios en lugar de los caprichosos comandos de los megalómanos en el poder.

 

El estado policíaco que sufren los venezolanos ha sido denunciado por todas las personas y  las entidades responsables del planeta y por todos los gobiernos que mantienen visos de decencia. Solo es aplaudido por los espíritus totalitarios y los sátrapas como los de Cuba, Corea del Norte, Irán, Rusia, Turquía, los corifeos de Nicaragua, Bolivia y algunas tribus africanas.

 

El referido discurso de Maduro se prolongó por tres horas y diez minutos en la llamada Asamblea Nacional Constituyente y estuvo plagado de chistes de mal gusto, alusiones a Nicolacito (su hijo narcotraficante sentado en la primera fila), alabanzas a MaoTse Tung y hasta a la forma en que le cosieron el traje que tenía puesto.

 

Pero peor que todo ese bochorno ha sido el triste espectáculo de los asistentes, una masa amorfa de carne constituida (esa es la única relación fehaciente con los constituyentes) en serviles aplaudidores que apestan por su renuncia a la condición humana de integridad moral.

 

El delirante de marras fue presentado por la presidente de la Asamblea como “el padre protector”, esas cosas que se dejan decir los dictadores de todas las estirpes y latitudes (como el canto ideado por Perón que le recitan sus huestes: “mi general, que grande sos, cuanto valés” y demás sandeces). Refiriéndose a la oposición dijo el mandamás que “han pretendido doblegar el espíritu nacional de dignidad y soberanía” lo cual, según él, ha sido contestado por “la Constituyente como poder regenerador de la patria” al tiempo que el régimen imperante elimina con mayor intensidad todo vestigio de libertad de prensa para que no pueda ser contestado, en el contexto de comentarios peyorativos y socarrones para con la BBC y a CNN.

 

También ha catalogado a los que no participan de su totalitarismo como “fuerzas oligárquicas y burguesas” sin percatarse del significado de las palabras ya que la oligarquía es el gobierno en provecho propio, precisamente lo que vienen haciendo los chavistas y que con la burguesía -que estiman  reprobable los esbirros del poder- nació de los pueblos libres (burgos) donde comenzaron a afianzarse los valores de la sociedad abierta.

 

Este payaso detestable que habla con los pajaritos sostiene sin ruborizarse que su movimiento es “tolerante” y que la idea de la Constituyente nació en su interior “como una llamarada” (Asamblea que anuló el Poder Legislativo que parió de elecciones libres, destituyó a la Fiscal General cuando la titular se dio cuenta de las barrabasadas del castrismo venezolano, embistió contra el Poder Judicial y mantiene en brete a las Fuerzas Armadas para que no vaya a ejercer su misión de dar cobijo a las libertades individuales al efecto de convertirlas en una vejada y maltrecha guardia pretoriana). Este gesto machista para con las Fuerzas Armadas lo declamó el sujeto en cuestión en medio declaraciones que apuntan a fabricar “la feminización de la república” (sic).

 

El sistema mal llamado bolivariano puede con justeza denominarse como una cleptocracia, es decir, el gobierno de ladrones de libertades, de propiedades y de sueños en libertad o como una kakistocracia, a saber, el gobierno de los peores, pero es un insulto a la inteligencia denominarlo democracia sin que los Giovanni Sartori contemporáneos se revuelvan en sus tumbas.

 

Tal como ha escrito Benjamin Constant “Los ciudadanos poseen derechos individuales independientes de toda autoridad social o política, y toda autoridad que viola estos derechos se hace ilegítima”. Por su parte, Bertand de Jouvenel ha insistido en que “La idea de libertad es, por naturaleza, ajena al carácter del poder. Su principio es el reconocimiento de todos los hombres de esa dignidad, de ese orgullo, que hasta entonces los privilegios consagraban y defendían solamente entre los aristócratas. Para proclamar la soberanía de cada uno sobre si mismo es preciso que cada miembro de la sociedad tenga un dominio propio en donde sea su propio señor”.

 

El espíritu liberal significa el respeto irrestricto a los proyectos de vida de otros. Los desbarajustes del Leviatán son incompatibles con la sociedad abierta. Hay una arrogancia superlativa en los planificadores de vidas y haciendas ajenas que convierten al ser humano en un muñeco subordinado a  los dictados de los burócratas de turno que no solo acumulan ignorancia al desconocer que el conocimiento está fraccionado entre millones y millones de personas, sino que se arrogan la facultad de decidir acerca de lo que se encuentra en la esfera privada de cada cual para elegir su camino y solo se justifica el uso de la fuerza de carácter defensivo, nunca ofensivo como el que imponen los comisarios de las conductas personales que no lesiona derechos de terceros.

 

El caso de Venezuela significa un patético retroceso en la historia de la civilización que es la historia de la libertad contra los absolutismos de diverso signo, para recaer con otro nombre en la monarquía despótica de antaño, igual que lo hacen los que hoy apoyan la tremenda devastación que presenciamos en aquel país. Por supuesto que antes del chavismo hubieron en esas latitudes gobiernos corruptos pero eso no justifica aumentar en grado exponencial los desmanes sino revertir el rumbo.

 

La oposición, hasta ahora en el MUD, se acaba de fracturar puesto que dirigentes como María Corina Machado y Richard Blanco se oponen a la participación en las elecciones regionales de fines de año puesto que sostienen que ello legitima a la dictadura. Están en desacuerdo con esta postura líderes del MUD como Hernique Capriles, Leopoldo López y Antonio Ledesma. Por su lado, el gobierno ha declarado que para votar cada ciudadano deberá contar con “un certificado de buena conducta” lo cual equivale a profundizar la trampa.

 

Personalmente y desde afuera de ese berenjenal estimo que tienen razón quienes se niegan a votar, creo que por tres razones. Primero por lo que dicen de no legitimizar al tirano, segundo porque el régimen no los deja ejercer como lo prueban las elecciones anteriores a la Asamblea Legislativa y tercero por lo dicho en cuanto a los “certificados de conducta” cuyo solo hecho convierte a las elecciones en un fraude.

En cuanto a la insinuación de Donald Trump de una posible intervención militar estadounidense en tierra venezolana, pienso que complicaría enormemente la situación, tal como la complicaron en los fiascos de Vietnam, Corea, , Somalia, Bosnia, Serbia-Kosovo, Irán, Nicaragua, Honduras, Haití, Republica Dominicana y la “guerra preventiva” en Irak. Menos que menos tratándose de un gobernante que en sus poco más de doscientos días en la Casa Blanca se ha peleado con periodistas, con el Poder Judicial por sus propuestas xenófobas, con el Poder Legislativo con su proyecto de salud y con países amigos como México, promueve un sistema cerrado para su país, despide a investigadores a raíz de sus enredos y la emprende con sus voceros y comunicadores los que ha removido en repetidas ocasiones en estos pocos días. Hasta ahora este magistrado no ha demostrado serenidad ni equilibrio para agregar una nueva aventura militar tan desaconsejada en Estados Unidos desde el general George Washington.

Muchos de los facinerosos que rodean a Maduro son peligrosos pero lo es muy especialmente Trareck El-Aissam,  vicepresidente, ministro del interior y comandante del consejo de defensa y seguridad, vinculado a grupos terroristas internacionales y máximo responsable del narcotráfico en Venezuela. Incluso fuentes sirias han difundido la supuesta noticia que en el seno del gobierno venezolano desde hace un tiempo habría “una gata parida” para que este personaje lo reemplace a Maduro (siempre estuvo presente en las peroratas de Maduro pero en la del 10 de agosto no estaba, lo cual puede explicarse porque no forma parte de la parodia del Legislativo, aunque Maduro se refirió a ministros presentes en esa ocasión).

 

Antes que sea muy tarde, es de desear que lo que queda de noble en las Fuerzas Armadas no siga haciendo de apoyo logístico de asesinatos y hambrunas ejecutadas por una maquinaria nefasta perpetrada contra la población venezolana. Hasta ahora se comportan como cómplices de una debacle completamente contraria a los juramentos y los deberes de todo oficial que, en definitiva, existe para custodiar principios y valores republicanos y no para ofender y maltratar a quienes se los obliga a actuar como súbditos indefensos. Es imperioso un contragolpe para defenderse del golpe de Estado que ha dado Maduro y sus otros asaltantes.

 

Por último, tengamos en cuenta que cada minuto que pasa la contaminación del virus totalitario se expande, especialmente en el terreno educativo en escuelas, universidades y centros de estudios militares. Esta situación conspira contra una posible recuperación puesto que las heridas y las cicatrices se van profundizando. Además de todo es lamentable que se haya derramado tanta sangre para independizarse de la férrea organización estatista y monopólica española para caer tan bajo y que, como se ha dicho, los ciudadanos terminen siendo colonos de su gobierno.

 

En estas líneas rindo sentido homenaje a todos los valientes venezolanos que vienen luchando diariamente por su libertad en muy diversos frentes.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa.

Liberalismo, el enemigo que los populistas aman odiar

Por Enrique Aguilar: Publicado el 21/2/17 en: http://www.lanacion.com.ar/1986341-liberalismo-el-enemigo-que-los-populistas-aman-odiar

 

En los estudios de teoría política es frecuente encontrar referencias alusivas a la pluralidad de lenguajes y corrientes que conviven, amigablemente o no, dentro de la llamada tradición liberal. También existen desarrollos tendientes a identificar, entre estas últimas (contractualistas, conservadoras, radicales, utilitaristas, libertarias u otra denominación en uso), algunos rasgos comunes. A título ilustrativo, cabe recordar la caracterización que hace tiempo hizo John Gray de la concepción liberal del hombre y de la sociedad sobre la base de estos cuatro elementos: la afirmación de la primacía de la persona, el reconocimiento de que todos los hombres tienen el mismo estatus moral, la defensa de la unidad de la especie humana y, finalmente, la creencia en la posibilidad de mejoramiento de cualquier institución social.

Sin embargo, a falta de una definición universalmente aceptable, no parece desacertado apelar a un presupuesto todavía más básico como es la idea según la cual el poder tiene límites que están fijados de antemano por los derechos individuales, generalmente considerados como naturales, inalienables e imprescriptibles. Entre éstos, el derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad, para evocar la célebre fórmula que preside la declaración de independencia norteamericana. Puesto de otra manera, el liberalismo en singular, en su acepción más simple y divulgada, es esencialmente eso: una teoría del gobierno limitado.

Se podrá discutir si los derechos individuales tienen origen en la naturaleza o en convenciones históricas. Igualmente caben desacuerdos en torno a la posible relación entre el liberalismo político y el liberalismo económico, que para algunos autores son inseparables, mientras que otros los distinguen con argumentos acerca de sus respectivas genealogías y alcances, o bajo el supuesto de que la defensa del libre comercio se inscribiría en el terreno de los medios, pero no de los fines (una cuestión de conveniencias en vez de un imperativo). Y, desde luego, cabe preguntarse si los límites a la acción del gobierno (que el liberalismo ve como un mal necesario) y la consecuente protección de los derechos dependen prioritariamente de los diseños y marcos institucionales, de la cultura política prevaleciente o aun de la influencia recíproca entre ambos factores. No obstante, siempre estará presente ese núcleo duro o denominador común, que podríamos calificar como “no negociable” aunque expuesto a diario a ser ignorado por los gobernantes, dada la natural tendencia del poder a expandirse e incurrir en abusos.

He ahí un punto que parece clave. La crítica al ejercicio arbitrario del poder, en sus diferentes grados y apelativos, desde la tiranía antigua hasta el totalitarismo moderno, atraviesa toda la larga historia del pensamiento político. Se trata, en efecto, de una preocupación tan vieja como la memoria política que el liberalismo a su tiempo haría suya enarbolándola como bandera. Pero el tema central del liberalismo, antes que el poder opresivo o desmesurado, es el poder en sí, incluso el legítimamente establecido, porque al indagar en su naturaleza descubre que no hay poder que no tienda de suyo a extralimitarse a menos que se lo contenga con instrumentos adecuados. La rivalidad entre el poder y la libertad, o, si se prefiere, el poder visto como amenaza de la libertad, es entonces la razón de ser del liberalismo.

Lo mismo podría aducirse con respecto a los años noventa. ¿Fueron realmente liberales quienes, amparados en la apertura económica y las privatizaciones, hicieron la vista gorda a la manipulación institucional, el gobierno por decreto y la recordada “mayoría automática” del menemismo? ¿Puede llamarse liberal un gobierno que incurre en tales excesos? Si bien se mira, quizás haya sido esa época (que, al decir de Enrique Valiente Noailles, puso al descubierto nuestra “profunda inmoralidad colectiva” y una generalizada tolerancia a la ausencia de reglas) la más decisiva no sólo para la suerte futura del liberalismo, sino además para el significado que solemos asignar a otro vocablo, “república”, el cual por mala conciencia nos inhibimos de asociar nominalmente al liberalismo.

La cosa resulta curiosa, porque lo que en los últimos lustros se ha venido reclamando en nombre de una mejor “república” son atributos que, en gran medida, provienen de la teoría y la praxis del liberalismo político. Por ejemplo, la distribución del poder en distintos departamentos que se contienen y fiscalizan unos a otros o la existencia de una justicia independiente del poder político. James Madison las llamó “precauciones auxiliares”, que, “a falta de móviles más altos”, complementan la legitimidad democrática como medios de sujetar a quienes nos gobiernan. En otros términos, hoy la república se nos presenta más claramente ligada a la existencia de un diseño institucional liberal que nos preserve de la discrecionalidad de los gobernantes que a la virtud cívica, los ideales patrióticos o aun (en algunas variantes) la participación de los ciudadanos en las decisiones públicas en tanto rasgos distintivos de un republicanismo de filiación clásica que se presenta como propuesta alternativa al liberalismo.

Isaiah Berlin afirmaba que “algunos seres humanos han preferido la paz de la cárcel, una seguridad satisfecha y una sensación de haber encontrado por fin el puesto adecuado que uno tiene en el cosmos a los dolorosos conflictos y perplejidades de la desordenada libertad del mundo que está fuera de los muros de la prisión”. El liberalismo, en cambio, ha promovido siempre la opción inversa. Para sus detractores de izquierda y de derecha, para los defensores de la sociedad cerrada y los relatos colectivistas, para el populismo, para los enemigos de la libertad de pensamiento y de la libertad de prensa, el liberalismo será siempre el malo de la película, el villano preferido, el sospechoso a quien endosar todas los males pasados, presentes y venideros, sea para purgar las responsabilidades propias, por complicidad, oportunismo electoral o por pura pereza intelectual. Probablemente haya perdido, como sugiere Sartori, “la guerra de las palabras” y se encuentre sumido en una crisis de identidad. Sin embargo, dondequiera que la libertad se encuentre en peligro, su antorcha permanecerá encendida y seguramente se alzarán manos dispuestas a portarla.

 

Enrique Edmundo Aguilar es Doctor en Ciencias Políticas. Ex Decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Políticas y de la Comunicación de la UCA y Director, en esta misma casa de estudios, del Doctorado en Ciencias Políticas. Profesor titular de teoría política en UCA, UCEMA, Universidad Austral y FLACSO,  es profesor de ESEADE y miembro del consejo editorial y de referato de su revista RIIM. Es autor de libros sobre Ortega y Gasset y Tocqueville, y de artículos sobre actualidad política argentina.

Resistencia a la opresión

Por Gabriel Boragina. Publicado el 25/7/15 en: http://www.accionhumana.com/2015/07/resistencia-la-opresion.html

 

Para poder entender el tema de la resistencia a la opresión, es necesario previamente dar algunas nociones básicas sobre la legitimidad del poder, para lo cual nada mejor ni más apropiado que la autoridad del Profesor Constitucionalista Dr. Germán J. Bidart Campos que enseña:

“La legitimidad “de origen” y “de ejercicio”. 51. — Tradicionalmente se ha hablado, con referencia al poder, de una legitimidad de origen, y de una legitimidad de ejercicio.

  1. a) La legitimación de origen hace al título del gobernante, y depende concretamente del derecho positivo de cada estado, como que consiste en el acceso al poder mediante las vías o los procedimientos que ese derecho tiene preestablecidos. En el estado democrático, se dice que el acceso al poder y la transmisión del poder operan mediante la ley y no por la fuerza.
  2. b) La legitimidad de ejercicio se refiere al modo de ejercer el poder. Genéricamente, podemos decir que si, objetivamente, el fin de todo estado radica en la realización del bien común o valor justicia, la legitimidad de ejercicio se obtiene siempre por la gestión gubernativa enderezada a aquel fin, y, viceversa, se pierde por el apartamiento o la violación del mismo.

La pérdida de la legitimidad de ejercicio proporciona título, con base en la justicia material, y en circunstancias extremas de tiranía o totalitarismo que producen la obturación de otras vías exitosas, para la resistencia del pueblo contra el gobernante. Vamos con ello, en la teoría política, hacia el derecho de resistencia a la opresión y en el derecho constitucional hacia el tema del derecho de revolución.

El derecho de resistencia está previsto en el art. 36 contra los que ejercen los actos de fuerza que la norma nulifica e incrimina (ver nº 53).”[1]

Al referirse al art. 36, el autor citado está haciendo alusión a la Constitución de la Nación Argentina. Un “estado democrático” -de acuerdo al criterio anterior que compartimos- debe reunir, entonces, para su existencia estos dos requisitos, si falta alguno de ellos no podría, pues, hablarse de “estado democrático” sino de una dictadura, tiranía o un estado totalitario. Pensamos que esto último es lo que ha sucedido en la Argentina durante los tres largos e ininterrumpidos gobiernos del FpV (Frente para la Victoria, encabezado por la tenebrosa secta Kirchner, en los que, si bien en apariencia, se habría cumplido la primera de las condiciones (de la cual tenemos justificadas dudas que hemos expuesto en más de una oportunidad y en diversas ocasiones), resulta más que claro que no se cumplió de ningún modo la segunda de ellas.

En efecto, lejos de perseguir “la realización del bien común o valor justicia” dicha secta ha procurado la concreción de metas sectoriales o particulares de afines u obsecuentes al poder detentado durante un dilatadísimo periodo, en que se prostituyó no sólo el valor justicia, sino todos los demás valores y la convivencia misma dentro del seno de la sociedad. Situaciones como la descripta, habilitan el derecho a la rebelión por parte del pueblo sometido al capricho de tales déspotas, sedientos megalómanos insaciables de poder, como tantas veces se los ha visto.

Lamentablemente, los tiranos siempre han hecho hincapié en la primera de las exigencias, omitiendo toda alusión a la segunda, de hecho la más importante de los dos atributos de la legitimidad, dado que la elección de un gobierno se agota simplemente en el acto electoral, en tanto que el ejercicio del mismo conlleva un tiempo muchísimo más dilatado, por cuanto cobra mayor gravedad la circunstancia de que ese ejercicio se aparte de la realización del bien común o del valor justicia como ha sido el caso.

“50. — Es sugestiva la ubicación del art. 36, que preserva al poder, dentro del rubro de los nuevos derechos y garantías. Por eso, también lo ligamos al sistema de derechos.

En efecto, es fácil entender que el orden institucional y el sistema democrático hallan eje vertebral en dicho sistema de derechos, y que atentar contra el orden institucional democrático proyecta consecuencias negativas y desfavorables para los derechos. No en vano en el art. 36 también viene encapsulado, con definición expresa, el derecho de resistencia dentro del marco genérico que incrimina las conductas que lesionan al bien jurídico penalmente tutelado en forma directa por la constitución, para evitar la ruptura en la transmisión legal del poder.(Ver nº 49).

Es algo así como una cobertura general, con bastante analogía respecto del clásico delito del art. 29 que, a su modo, también tiende a preservar un similar bien jurídico, cuando da por cierto que la concentración del poder en el ejecutivo, o en los gobernadores de provincia, al fisurar la división de poderes pone a merced del gobierno la vida, el honor o la fortuna de las personas.”[2]

Cualquier intento de concentración del poder habilita el derecho de rebelión de la ciudadanía para desplazar a ese poder. Y este derecho, se encuentra plasmado en la Constitución de la Nación Argentina, pero aunque no estuviera por ella contenido hay que concluir que el derecho de rebelión y de resistencia a la opresión no desaparece como tal, por cuanto se trata de un derecho natural del hombre, y no de algo que para ser deba contar con un previo “reconocimiento” positivo legal.

No son muchos, lastimosamente, los gobiernos que creen que la soberanía reside -en definitiva- en el pueblo mismo y no en los gobernantes. Por otra parte, queda claro que el abuso de poder es un delito tipificado por la constitución y penalmente sancionado. Los gobiernos no tienen derecho a violar derechos, y esto es lo que justifica plenamente el derecho de rebelión contra un gobierno que vulnera el sistema de derechos que garantiza la constitución. Derechos todos anteriores al hombre y no creados por el hombre.

La “transmisión legal del poder” implica que el poder se trasmite a otra persona diferente a quien lo ejercía hasta el momento en que dicha transmisión ha de tener lugar, es decir, implica la esencia del sistema democrático la alternancia del poder para evitar la perpetuación en el mismo de una o más personas de un único signo.

[1] Bidart Campos, Germán J. Manual de la Constitución Reformada – Editorial Ediar. Tomo I – pág. 84 y 85.

[2] Bidart Campos, Germán J. Manual de la Constitución Reformada. Tomo III, Ob. Cit. pág. 14/15

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

Impuestos y el camino a la tiranía

Por Roberto H. Cachanosky. Publicado el 17/5/15 en: http://economiaparatodos.net/impuestos-y-el-camino-a-la-tirania/

 

La mayor carga tributaria más la “santificación” del voto son la combinación perfecta que han elegido los tiranos para apropiarse del poder

La forma de generar ingresos que tienen el sector privado y el sector público son totalmente diferentes. En el primer caso, el sector privado, si está bajo una economía de mercado en la cual tiene que competir, no puede obtener sus ingresos en forma compulsiva porque cometería un delito. En el caso del sector público la forma de obtener sus ingresos es en forma compulsiva. Utiliza el monopolio de la fuerza para extraer parte de los ingresos de la gente para financiar el gasto.

El sector privado, cuando compite, solo puede obtener sus ingresos ganándose el favor del consumidor. Tiene que producir algo de utilidad para el consumidor, pero además, en la combinación de precio y calidad que éste demande. Por el contrario, el sector público puede obtener compulsivamente sus ingresos aún sin ofrecer nada a cambio al que paga los impuestos.

Si el estado, le cobra impuestos a un sector de la sociedad para transferírselo a otro, al que paga impuestos no le da nada a cambio como en el caso del mercado. Por el contrario, lo explota impositivamente para obtener su beneficio político.

En general, los gobiernos populistas, buscan explotar impositivamente a algún sector de la sociedad que no tenga gran peso en el momento de las elecciones, para transferirle esos ingresos a amplios sectores de la sociedad de manera tal de beneficiarse con su voto.

Ya lo había advertido Bastiat en La Ley. El estado no puede hacer nada que si lo hiciese un particular constituiría un delito. Es decir, si voy con un grupo armado a quitarle parte de sus ingresos a determinado grupo de personas, eso es un robo y, en un estado de derecho, me meterían preso. Ahora, si yo logro convencer a los legisladores para que sancionen una ley por la cual el estado puede utilizar el monopolio de la fuerza para quitarle parte de su ingreso a otro grupo de personas para que me lo den a mí, eso, para los progres, es un acto de solidaridad social, cuando en realidad es solo un robo legalizado. El estado se convierte en delincuente.

El problema es que, como decía Bastiat, del delincuente común puedo defenderme, pero del estado delincuente ya es más complicado porque tiene todo el aparto de coerción y compulsión a su disposición, que debería ser utilizado para defender el derecho a la vida, la libertad y la propiedad de las personas pero se lo usa para violar los derechos que debería custodiar. Así, los gobernantes se transforman en simples delincuentes que saquean a la población en beneficio propio.

No es casualidad que los gobiernos populistas que luego devienen en tiranías, argumenten siempre que sus actos están legitimados por el voto popular. Para el populista tener la mayoría de los votos significa que no hay orden jurídico al que deban someterse. Ellos solo se someten a la “soberanía” popular. Si el pueblo los votó, entonces nadie puede oponerse. Y si se opone es un golpista. Típica deformación del sentido de las palabras del populismo y del socialismo. Tal es el grado de deliberada distorsión del sentido de las palabras que, por ejemplo, cuando existía la cortina de hierro, la Alemania Oriental, dominada por la bota comunista, se llamaba República Democrática Alemana.

En mi opinión, gente sinceramente democrática y republicana ha caído en el error de endiosar el voto. Si la gente vota a un tirano, está bien porque es la mayoría popular. Sin embargo, el voto es solo un mecanismo pacífico de elección de las personas que, transitoriamente, tendrán a su cargo la administración de la cosa pública. Pero el que es elegido para administrar, tiene que someterse al estado de derecho prestablecido. Es decir, tiene la mayoría de los votos pero no para hacer lo que quiere, sino para lo que puede y le manda el orden constitucional.

La trampa del populismo que luego deviene en tiranía, es llegar al poder por el voto, saquear impositivamente a determinados sectores de la sociedad para repartir entre amplios sectores y de esta forma asegurarse el voto de la mayoría. Una vez que tienen una mayoría importante en la legislatura y retienen el monopolio de la fuerza, entonces comienzan a cambiar el orden institucional por el que fueron elegidos e intentan darle un aspecto de legalidad a la tiranía que pretenden instalar redactando nuevas normas jurídicas que les otorgue el poder absoluto. Es decir, cambian el orden institucional al cual deben someterse, por otro por el cual someten a la población a sus caprichos y se reservan para ellos todo el poder.

Ese camino de una democracia republicana hacia la tiranía se consigue utilizando, entre otros mecanismos, el sistema impositivo. El estado comienza cobrándole a unos pocos para repartir entre muchos. Como la economía se resiente, no solo por la carga impositiva sino también por las regulaciones que suelen imponer estos gobiernos populistas y por las violaciones a los derechos de propiedad que imponen, cada vez hay menos recursos genuinos para apropiarse y eso los obliga a ampliar la base de imposición a la cual expoliar. Es decir, los obliga a cobrarles impuestos a más sectores de la sociedad, lo cual exige más controles y represión.

A medida que la economía se va achicando y cada vez hay menos recursos para confiscar con los impuestos, más sectores caen bajo el yugo estatal. Pero al mismo tiempo, mayor represión hay que aplicar para contener el descontento popular. Se hacen leyes más duras para sancionar a quienes se oponen y la represión contra el pueblo es cada vez más feroz. En ese punto la tiranía ya está instalada y normalmente es muy difícil quitársela de encima si no es con sangre derramada. Debe haber muy pocos casos en la historia del mundo en que un tirano no haya generado, primero una gran represión de los opositores y luego una amplia represión cuando la mayoría del pueblo muestra su descontento.

Todo comienza, entonces, con el aumento de impuestos en nombre de la “solidaridad social” como si los políticos tuviesen el monopolio de la solidaridad y el común de la gente fuera cretina que no le importa el prójimo. La mayor carga tributaria más la “santificación” del voto que todo lo convalidad y justifica, son la combinación perfecta que han elegido los tiranos para apropiarse del poder. A esto hay que agregarle la estupidez de la mayoría de la población que también santifica el voto, cuando en realidad lo que hay que santificar son los derechos individuales y luego vemos cómo elegimos a quienes, transitoriamente, tendrán el monopolio de la fuerza para defender los derechos individuales.

La picardía de los tiranos de “santificar” el voto y la estupidez de amplios sectores políticos y de la sociedad de hacer lo mismo, es lo que transforma la democracia republicana en gobiernos populistas que finalmente terminan en tiranías.

 

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE.

Juicio al VP, y Juan de Mariana sobre los bienes particulares de los vasallos

Por Martín Krause. Publicado el 10/6/14 en: http://bazar.ufm.edu/juicio-al-vp-y-juan-de-mariana-sobre-los-bienes-particulares-de-los-vasallos/

 

En estos momentos de proceso judicial a un vicepresidente por querer apropiarse de una empresa, tal vez valga la pena leer a Juan de Mariana (1536-1624) sobre los “bienes particulares” de los vasallos. Reemplacemos la palabra “rey” por la de mandatario electo sin limitaciones de poder. Esto decía Juan de Mariana:

Juan de Mariana

Si el rey es señor de los bienes particulares de sus vasallos

Muchos extienden el poder de los reyes y le suben mas de lo que la razón -y el derecho pide; unos por ganar por este camino su gracia y por la misma razón mejorar sus haciendas, ralea de gentes la mas perjudicial que hay en el mundo, pero muy ordinaria en los palacios y cortes; otros por tener entendido que por este camino la grandeza real y su majestad se aumentan, en que consiste la salud pública y particular de los pueblos, en lo cual se engañan grandemente, porque como la virtud, así también el poderío tiene su medida y sus términos, y si los pasa , no solo no se fortifica, sino que se enflaquece y mengua; que, según dicen graves autores, el poder no es como el dinero, que cuanto uno mas tiene tanto es mas rico, sino como el manjar comparado con el estómago, que si le falta y si se le carga mucho se enflaquece; y es averiguado que el poder de estos reyes cuanto se extiende fuera de sus términos, tanto degenera en tiranía, que es género de gobierno, no solo malo, sino flaco y poco duradero, por tener por enemigos á sus vasallos mismos, contra cuya indignación no hay fuerza ni arma bastante. A la verdad que el rey no sea señor de los bienes de cada cual ni pueda, quier que á la oreja le barboteen sus palaciegos, entrar por las casas y heredamientos de sus ciudadanos y tomar y dejar lo que su voluntad fuere, la misma naturaleza del poder real y origen lo muestran. La república, de quien los reyes, si lo son legítimos, tienen su poder, cuando los nombró por tales, lo primero y principal, como lo dice Aristóteles, fue para que los acaudillasen y defendiesen en tiempo de guerra; de aquí se pasó ú entregarles el gobierno en lo civil y criminal, y para ejercer estos cargos con la autoridad y fuerzas convenientes les señaló sus rentas ciertas y la manera cómo se debían recoger. Todo esto da señorío sobre las rentas que le señalaron y sobre otros heredamientos que, ó él cuando era particular poseía, ó de nuevo le señalaron y consignaron del común para su sustento; mas no sobre lo demás del público, pues ni el que es caudillo en la guerra y general de las armadas ni el que gobierna los pueblos puede por esta razón disponer de las haciendas de particulares ni apoderarse de ellas. Así entre las novelas, no ha de decirse así, en el capítulo Regalía, donde se dicen y recogen lodos los derechos de los reyes no se pone tal señorío como este; que si los reyes fueran señores de todo, no fuera tan reprehendida JezabeI ni tan castigada porque tomó la viña de Nabot, pues tomaba lo suyo ó de su marido que le competia como á rey; antes Nabot hubiera hecho mal en defendérselo. Por lo cual es común sentencia entre los legistas, capitulo Si contra jus vel utilitatem publicam, I. fin. De jurisdict., y lo trae Panormitano en el capítulo 4.º De jur. jur., que los reyes sin consentimiento del pueblo no pueden hacer cosa alguna en su perjuicio, quiere decir, quitarle toda su hacienda ó parte de ella. A la verdad, no se diera lugar en los tribunales para que el vasallo pudiera poner demanda á su rey si él fuera señor de todo, pues le podían responder que si algo le habían quitado no le agraviaban, pues todo era del mismo rey, ni comprara la casa o la dehesa cuando la quiere, sino la tomara como suya. No hay para qué dilatar mas este punto por ser tan asentado y tan claro, que ningunas tinieblas de mentiras y lisonjas serán parte para oscurecerlo. El tirano es el que todo lo atropella y todo lo tiene por suyo; el rey estrecha sus codicias dentro de los términos de la razón y de la justicia, gobierna los particulares, y sus bienes no los tiene por suyos ni se apodera de ellos sino en los casos que le da el mismo derecho.

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade).

Las “revoluciones” solo son literatura

Por Alejandro A. Tagliavini. Publicado el 20/7/12 en: http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Opinion/Columnas/Las-revoluciones-solo-son-literatura

Egipto sigue manejado por la misma élite militar financiada y armada por Washington.

Edmund Burke, aunque nacido en Dublín, es considerado el padre del conservadurismo liberal británico, y uno de los principales críticos de la epopeya gala cuyo nuevo aniversario se festejó este 14 de julio.

En 1790, se publicaron sus “Reflexiones sobre la Revolución francesa”, con la que inaugura su denominada ‘epistemología de la política’ (un sistema de empirismo político), donde critica en duros términos el escaso respeto por la tradición del “common law”, en los nuevos principios “revolucionarios” que le parecían demasiado abstractos y contrarios a la libertad de los individuos.

Esta “revolución”, homicida como pocas, fracasó como toda violencia en sus objetivos declarados. Cambió una monarquía absolutista por un régimen más violento e impuso la tradición del “código civil”, o sea, la planificación estatal central, contra la tradición del derecho común creado a través de los tiempos por los usos y costumbres de las personas. E instaló la “democracia” como dictadura de las mayorías, ya que los usos y costumbres dejaban de tener valor frente a la capacidad racionalista del Estado central planificador, manejado por las mayorías, a través del voto “democrático” (el mismo que llevó a Hitler al poder).

Dejemos de lado la comparación de las sangrientas “revoluciones libertadoras” de América con los procesos que llevaron la independencia, sin derramamiento de sangre, a países como India y Canadá, y dejemos de lado la “revolución” castrista que instaló uno de los gobiernos literalmente más conservadores (todavía dirigido por los mismos gerontes), y analicemos las árabes que tanto entusiasmo dieron a muchos, al punto que la OTAN promovió una matanza contraproducente, como toda violencia. 

Caído el tirano Mubarak, desde el 30 de junio, Egipto tiene a su primer presidente “electo democráticamente”, Mohammed Morsi, líder de la Hermandad Musulmana, el partido madre del Hamas palestino y la mayor fuerza nacionalista islámica, que siempre ha sido socialmente conservadora, teocrática y opositora a Estados Unidos e Israel. Movimientos similares han terminado siendo los beneficiados de las “revoluciones” en Libia y Túnez.

Morsi dice que respetará los acuerdos internacionales (incluido el que acepta a Israel) aunque está bajo la presión de sus bases y su doctrina integrista mahometana. Sucede que no fue investido ante el parlamento sino ante el Tribunal Supremo Constitucional, controlado por el Consejo Supremo de las FF AA, el mismo que respaldaba a Mubarak y que ha impuesto que no se acepte instaurar el parlamento electo donde los nacionalistas musulmanes son mayoría. Es decir que Egipto sigue manejado por la misma élite militar que se ha beneficiado con la billonaria ayuda (¿soborno?), financiera y bélica, de Washington.

Siria parece la próxima de estas “revoluciones” que, por cierto, son siempre destructivas porque los “cambios radicales” necesariamente tienen que ser violentos ya que, espontáneamente, no se dan en la naturaleza donde todo se desarrolla y crece por maduración. Por el contrario, los problemas se solucionan con más paz y libertad. Para empezar, habría que levantar toda restricción a la libre circulación, con Siria, de personas, bienes y servicios financieros y de todo tipo, lo que permitiría una mayor integración del pueblo con el mundo y un mayor beneficio a la espera de que, tarde o temprano, la tiranía caiga por su propio peso.

Alejandro A. Tagliavini es ingeniero graduado de la Universidad de Buenos Aires. Es Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California y fue miembro del Departamento de Política Económica de ESEADE.