Buchanan: 100 años de un pensador cuyas ideas son fundamentales para esta Argentina

Por Adrián Ravier.  Publicado el 26/9/19 en:  https://www.cronista.com/columnistas/Buchanan-100-anos-de-un-pensador-cuyas-ideas-son-fundamentales-para-esta-Argentina-20190926-0040.html

 

Resultado de imagen para James M Buchanan

Antes de las dos Guerras Mundiales, la participación del Estado sobre la economía era mínima. En la
segunda mitad del siglo XX alcanzó niveles elevados. En este contexto, James Buchanan se preocupó
esencialmente por entender “cómo funciona la política en la práctica”…
Nacido en EE.UU. el 3 de octubre de 1919, James McGill Buchanan estudió en la Universidad de Tennesse y se
doctoró, en 1948, en la Universidad de Chicago. Luego, emprendió una carrera académica en la George Mason
University y también fue una figura central de la Escuela de Economía Política de Virginia.
Si bien realizó numerosos aportes a la ciencia económica, sus contribuciones quedarán marcadas en la
historia del pensamiento económico y político por sus estudios sobre el “funcionamiento real de los
procesos políticos”, caracterizado por la aplicación de las herramientas del análisis económico a la política.

Las inquietudes acerca de este campo de investigación surgieron en relación con el notable incremento de la
intervención del Estado en la economía tras la Segunda Guerra Mundial y la incapacidad de los economistas
para comprender este fenómeno.
Más allá de algunas excepciones como Arthur Bentley, según Buchanan, “los economistas no estaban
dedicando mucha atención a cómo funcionaba el gobierno porque estaban preocupados por cómo
funcionan los mercados y cómo las personas se comportaban en relaciones de mercado”.
En este marco, ejerció gran influencia sobre su pensamiento una obra de Knut Wicksell titulada “A New
Principle of Just Taxation” (Un nuevo principio de imposición justa). En palabras del propio Buchanan:
“Wicksell decía a los economistas: dejen de actuar como si estuviesen aconsejando a un déspota benévolo. No
los van a escuchar de todos modos, así que deténganse, desperdician su tiempo y gastan sus fuerzas. Y dijo: si
quieren mejorar los resultados políticos, entonces tienen que cambiar las reglas. Nunca van a lograr que
los políticos hagan otra cosa que representar los intereses de los votantes a quienes representan. Así que
si tienen una cámara legislativa, deberán esperar que el congreso genere resultados que gozarán del apoyo de la
mayoría de los grupos representados por esta legislatura. Puede o no surgir un resultado eficiente de esto,
pueden o no surgir buenos proyectos que valgan su costo. ¿Cómo cambiar esto? Cambiando las reglas,
avanzando de la regla de la mayoría hacia la regla de unanimidad, hacia un consenso”.
Buchanan definió a este programa de investigación, sobre el que trabajó durante más de medio siglo, como la
“política sin romance”. Quitándonos las “gafas rosadas” —según sus propias palabras— con las que percibimos
a la política, podremos verla como lo que realmente es.
Así, ¿cuál es el terreno de juego de la política? ¿Cómo se comportan los políticos y los votantes?
En un artículo titulado “La perspectiva de la elección pública”, Buchanan definió a su teoría de la “elección
pública” como aquella “perspectiva acerca de la política que surge de una extensión y aplicación de las
herramientas y métodos de los economistas a la toma de decisiones públicas o colectivas”.

Guiado por su individualismo metodológico, Buchanan entiende que, en última instancia, los que toman las
decisiones de gobierno son los individuos. El “homo politicus” es “homo economicus” y, al igual que un
empresario, el hacedor de políticas públicas actúa fundamentalmente guiado por su propio interés.
De esta forma, Buchanan pone en cuestión uno de los conceptos elementales de la democracia
representativa: la delegación de los asuntos de los ciudadanos en manos de políticos profesionales.
Precisamente, esta delegación hace que las pensiones, la educación, la salud, las relaciones laborales y también
el medio ambiente queden a merced de decisiones burocráticas en manos de políticos que no necesariamente se
guían por el “bien común”.
Pero, ¿cuál es la alternativa a este paradigma?
Siguiendo a Wicksell, propone un cambio de reglas. Imaginemos que se presenta un proyecto público, ¿cómo
estar seguros que amerita el gasto? Buchanan afirma que “el costo lo amerita si los que se benefician pagan lo
suficiente para cubrir los costos del proyecto. Así que debe haber algún tipo de arreglo o esquema tributario por
medio del cual uno puede lograr un acuerdo general unánime. Se puede utilizar la regla de la unanimidad como
una medida contra la cual se calcula el nivel de eficiencia en el sector público”.
De esta forma, la regla de la unanimidad se presenta como la contrapartida “política” del óptimo de Pareto.
Alcanza el óptimo porque implica la adhesión voluntaria a un determinado orden social por parte de “todos” los
participantes, o en términos económicos, elimina la posibilidad de externalidades negativas como resultado
de decisiones colectivas.
Claro que, al mismo tiempo, la unanimidad en la toma de decisiones colectivas eleva considerablemente el
costo del proceso decisorio. Teniendo en cuenta estos costos, que pueden llegar en muchos casos a impedir la
toma de decisiones, Buchanan y Tullock sostienen que el individuo enfrentado a una elección constitucional
podría decidir voluntariamente aceptar alguna regla menos rigurosa para la decisión de cuestiones de menor
importancia.

Por esa razón, cuestiones tales como el respeto a la vida, la propiedad y otros derechos individuales requerían
del consenso unánime, mientras que otro tipo de decisiones menores podrían ser tomadas con grados de
consenso menores, y por ende, con costos decisorios también menores.
Este principio llevó a Buchanan a trabajar en lo que hoy se conoce como Economía Constitucional: “Mientras
se tenga una constitución con la cual las personas están en consenso básico, se puede procurar ciertos
resultados en términos de las reglas operativas que la constitución permite desarrollar. Desplazamos la norma
wickseliana [de la unanimidad] hacia el nivel constitucional y argumentamos que, de hecho, es más probable
alcanzar un acuerdo a ese nivel por la sencilla razón de que las personas no conocen el impacto que una regla
particular tendrá sobre su interés personal identificable. Es más probable alcanzar un consenso entre más
elevada sea la regla.”
La pregunta que surge entonces es: ¿a qué nivel corresponde una decisión acerca del grado de la
gobernabilidad de la organización social?
Para algunos, sobre todo economistas utilitaristas, se requiere una aproximación caso a caso y un cuidadoso
análisis empírico para medir los pros y contras de la centralización y la descentralización, pese a que admiten
que la heterogeneidad de las preferencias e intereses individuales lleva a que las distintas alternativas
favorezcan o dañen determinados intereses con lo cual resulta difícil alcanzar conclusiones sin el apoyo de
juicios de valor.
Esto es así porque sus modelos llevan implícito un modelo político basado en un déspota benevolente y eficaz
que persigue (y alcanza) el bien común. Esto se articula principalmente en la denominada “función de bienestar
social”, el “bien común” que el déspota ilustrado habrá de perseguir.
Otras escuelas económicas, particularmente la Escuela Austriaca o el Public Choice, abandonan —como se ha
dicho— esa presunción de benevolencia reemplazándola con la indiferencia o incluso con la malevolencia.
Siguiendo con la aplicación de las herramientas del análisis económico a la política, Buchanan, tal como lo
hiciera Tiebout originalmente, también asimiló el consumidor al votante quien, de la misma forma en que elige
en el mercado el que considera mejor bien o servicio según sus necesidades, elige la comunidad “que mejor
satisface sus preferencias por bienes públicos”.
En este sentido, el federalismo y la descentralización servirían para limitar las posibilidades de abuso tanto del
gobierno federal como de los gobiernos locales, del primero porque los recursos se encuentran repartidos entre
distintos niveles de gobierno, de los segundos porque existe la posibilidad de movilizarse.
Galardonado con el Nobel de Economía de 1986 por sus trabajos en el área de Public Choice (elección
pública), Buchanan publicó unos 300 artículos y 23 libros donde trató asuntos de finanzas públicas, tópicos
monetarios y de política económica. Entre éstos, el más influyente ha sido The Calculus of Consent (1962), que
escribió junto a Gordon Tullock, donde presenta un análisis económico de las estructuras constitucionales, la
mirada de un economista sobre los fenómenos políticos.
Buchanan visitó la Argentina en las décadas de 1980 y 1990 como Presidente del Consejo Consultivo
del Instituto Universitario ESEADE, donde ofreció una memorable conferencia en una colación de grados. En
una de sus visitas, recomendó la creación de una Maestría en Economía y Ciencias Políticas que hoy tengo el
honor de dirigir junto a Iván Carrino, donde se enseña no sólo economía, sino también filosofía, historia,
derecho y ciencias políticas.
A 100 años de su nacimiento, las ideas de Buchanan son hoy más importantes que nunca para contener al
Leviatán, especialmente en nuestro país.

 

Adrián Ravier es Doctor en Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Master en Economía y Administración de Empresas por ESEADE. Es profesor de Economía en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa y profesor de Macroeconomía en la Universidad Francisco Marroquín. Es director de la Maestría en Economía y Ciencias Políticas en ESEADE.

Asignación del gasto público en distintos niveles: los beneficios de la descentralización económica

Por Martín Krause. Publicada el 18/5/16 en: https://puntodevistaeconomico.wordpress.com/2016/05/18/asignacion-del-gasto-publico-en-distintos-niveles-los-beneficios-de-la-descentralizacion-economica/

 

En el capítulo 9 de “El Foro y el Bazar”, tratamos la asignación del gasto público en los distintos niveles de gobierno y los beneficios de la descentralización:

¿Por qué la descentralización sería más eficiente? Como veremos, hay distintas interpretaciones y enfoques. Tal vez uno de los primeros análisis explícitos del tema lo haya hecho Alexis de Tocqueville. En su prestigiosa obra La democracia en América ([1835] 1957) analiza, en principio, los argumentos de aquellos partidarios de la centralización , para luego analizar las causas de la mayor eficiencia de los gobiernos locales, relacionándola con las dificultades que la falta de información ocasiona a la administración centralizada, un argumento que resurgiría un siglo después a través de F. A. von Hayek .

Precisamente, Jin, Qian y Weingast (1999) presentan ese argumento desarrollado por Hayek en el sentido de que, dado que la información se encuentra dispersa entre todos los individuos que forman una sociedad, la descentralización permite su mejor aprovechamiento. No obstante, Hayek realiza esta apreciación en relación con el papel que cumple el sistema de precios, como un gran sistema de comunicaciones que transmite la información necesaria para que consumidores y productores ajusten sus decisiones a fin de permitir una eficiente asignación de recursos. Los mencionados autores extienden esto a la descentralización gubernamental, incluyendo a Hayek como parte de la teoría económica del federalismo, juntamente con Tiebout, Musgrave y Oates. Sin embargo, es necesario destacar que si bien se han señalado aquí, y se expondrán más adelante, las ventajas de la descentralización de los niveles decisorios de gobierno, existe una gran diferencia entre un caso y otro. El sistema de precios es un gran economizador de información, ya que sintetiza toda la que se encuentre disponible en tan solo un número, con lo cual los consumidores y productores ya pueden tomar sus decisiones.

Pero no existe tal cosa en cuanto a las decisiones que un individuo tome respecto a qué jurisdicción local trasladarse. Pensemos un poco en la información que debería recabar: seguramente el nivel de la presión impositiva, también la calidad de los servicios provistos. Podría tratar de interpretar otros indicadores, como el flujo de ingreso o salida de sus habitantes, el precio de las propiedades, el flujo de inversiones. Por cierto, que no existe la “economización” de información que Hayek señala en relación con el sistema de precios. Pero, eso sí, no implica esto eso sí, que no exista un proceso de cierta competencia.

Bish (1987, p. 365) reconoce esta diferencia, pero dice que las diferencias serían de grado, y que nos encontraríamos en una situación similar a la que sucede en una empresa en la que se producen transferencias de recursos internamente sin precios, y donde los administradores deben decidir sin conocer con certeza la contribución de cierto recurso a las actividades generales. Al respecto, cabría señalar que precisamente por los problemas que se mencionan y por la falta de información para tomar decisiones, las empresas tratan en gran medida de organizarse como “centros de negocios”, que se relacionan entre sí por medio de precios internos, y que, incluso si estos no existieran siempre, existen los precios “externos” como punto de referencia, algo que no existe en el caso de la competencia gubernamental. Dos cosas comparte este autor con lo desarrollado por Bish, y es que, por un lado, esta falta de precios no invalida del uso de modelos de competencia para analizar el federalismo y la descentralización; por otro, esa misma falta resalta la inconveniencia de utilizar modelos que incluyen como supuesto básico la información completa, tal como los de competencia perfecta.

Jin, Qian y Weingast (1999, p. 2) señalan, respecto a los beneficios de la descentralización, un segundo grupo de teorías que ponen énfasis en un beneficio adicional, al que denominan “federalismo protector del mercado”. Esto significa que la descentralización pone límites a las intenciones intervencionistas de los gobiernos, ya que dos mecanismos diferentes alinearían los intereses de los gobiernos locales con los de la prosperidad económica: el primero de ellos señala que un gobierno intervencionista en exceso, o tal vez más intervencionista que otros, perdería valiosas inversiones; el segundo, que como en tal caso las finanzas están mucho más estrechamente ligadas al desempeño de la economía local, entonces, los funcionarios gubernamentales tendrían mayores incentivos para promover una economía local próspera que los que tendrían en el caso de que recibieran los fondos, o buena parte de ellos, de otras jurisdicciones superiores.

Según los autores, esto es importante en las economías de países que desde hace poco tiempo están intentando salir de los esquemas planificados del socialismo. En estos, como en los países en desarrollo en general, los gobiernos han resultado ser la principal barrera al crecimiento económico, debido a que no han encontrado límites a su actitud predatoria. No obstante, afirman que existe un papel importante que cumplir por parte del gobierno central, como es controlar a los gobiernos locales para que no impongan barreras a la movilidad de los factores, barreras proteccionistas, lo cual les permitiría abusar de su poder monopólico sobre la producción local. Este es un tema que volveremos a tratar más adelante, pues, si bien es ciertamente posible que una unidad jurisdiccional pequeña intente aplicar medidas que restrinjan la movilidad de los factores económicos, o que efectivamente lo haga, simples cuestiones de economía de escala abogarían para que esto no suceda, ya que impondría una pesada carga a sus habitantes.

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade).