Una decisión política que abre interrogantes

Por Nicolás Cachanosky. Publicado el 27/12/16 en: http://www.infobae.com/opinion/2016/12/27/una-decision-politica-que-abre-interrogantes/

 

Si bien las expectativas económicas para el segundo semestre, así como las metas fiscales e inflacionarias prometidas por Alfonso Prat-Gay al inicio de su gestión, no se han cumplido, su salida del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas responde más a cuestiones políticas que económicas. Este no sólo es el mensaje que ha dado a entender el jefe de gabinete, Marcos Peña, sino que Prat-Gay ha seguido una política muy gradualista, acorde con las preferencias del Gobierno. Los mayores desacuerdos que se mencionan son la falta de juego en equipo, con cortocircuitos en la reforma del impuesto a las ganancias como la gota que rebalsó el vaso.

Sin dudas las medidas más importantes de Prat-Gay se encuentran al inicio de su gestión: la salida del cepo cambiario y el arreglo con los holdouts. A estas dos medidas se suma también un inicio de normalización en las relaciones internacionales de Argentina. Sin quitar mérito a estas medidas, es importante contextualizarlas. La dificultad en la salida del cepo y el arreglo con los holdouts era más una cuestión política que técnica. El desafío que el kirchnerismo no pudo superar fue tomar la decisión más que diseñar un complejo plan económico. En el caso de los holdouts, tampoco había mucho margen de opción dado el fallo en firme del juez Thomas Griesa. Así como es justo contextualizar estas medidas, también es justo no minimizar estos logros de Prat-Gay.

La misma audacia y velocidad que se vio en la salida del cepo y el arreglo con los holdouts, sin embargo, no se vio en la corrección del mayor desequilibrio macro de la economía argentina: el déficit fiscal con una carga tributaria récord. Con una economía regulada, asfixiada con impuestos y un Estado insostenible, no debería ser sorpresa que la esperada lluvia de dólares no se haya materializado. Podría decirse que el mismo Prat-Gay desconfiaba de los resultados de su cartera, dado que ha apelado a un discurso del miedo, en lugar de confianza, para atraer recursos vía el blanqueo de capitales. El argumento de Prat-Gay consistía en avisar que quien no blanquease no iba a tener dónde esconderse, no en seducir con un consistente y sólido plan económico. Lamentablemente no se puede repetir demasiado, el problema que sigue sin solución es el déficit fiscal en un contexto donde ya no es factible seguir subiendo impuestos. El 2016 no va a mostrar una gran mejora en esta larga serie de desenfreno en el gasto público.

Sin embargo, dado que la salida de Prat-Gay sería más por cuestiones políticas que económicas, la decisión de removerlo por parte de Mauricio Macri abre algunos interrogantes. Cambiemos asumió el gobierno con una situación económica crítica, no asumió una economía estable que necesitase quizás ajustes menores. Lo que hace falta es cirugía mayor, no una aspirina para un resfrío pasajero. Es necesaria una reforma tributaria integral, una reforma del Estado integral, una reforma regulatoria integral, etcétera. Sin embargo, las decisiones económicas han quedado dispersas en quizás hasta diez personas distintas (ver nota). Imaginemos que las decisiones de salud o educación públicas estuvieran divididas en hasta diez personas, ¿esperaríamos grandes cambios y eficiencia, o esperaríamos lentitud, ruido entre los secretarios y problemas de gestión? ¿Por qué sería distinto en economía, justamente cuando el país necesita grandes cambios?

El débil desempeño de la economía argentina en el segundo semestre no se debe a la falta de juego en equipo de Prat-Gay, sino a la falta de decisiones económicas más audaces. El gradualismo pasó de ser una promesa de reformas lentas a ser un gradualismo tortuga, a ser finalmente un gradualismo en sentido contrario al necesario. El nivel de empleo público, el déficit fiscal comenzaron a aumentar en lugar de caer de manera gradual. No va a ser suficiente para revertir la situación económica de manera consistente y sostenible que Nicolás Dujovne y Luis Caputo jueguen en equipo más que Prat-Gay; es necesario comenzar a enviar señales claras de reformas de fondo. Cambiemos no debe darse el lujo de que el gradualismo implique que se vayan los cuatro años de gobierno sin reformas serias. En los próximos meses veremos si el nuevo equipo económico mantiene el gradualismo de Prat-Gay (más despacio no se puede ir) o si se aceleran las reformas económicas (una postura más shock, por más que le pese al actual Gobierno el uso de esta palabra).

La división de la cartera económica en dos, a su vez, invita a cuestionarse si en realidad hay un ministro de Economía o si lo que tenemos son secretarios (mini-ministros), donde en los hechos el ministro de Economía es la Casa Rosada. Esta es una audaz y peligrosa jugada política, dado que si la economía no repunta como se espera y no se percibe una clara autoridad económica, el costo político caerá en la Casa Rosada y no en los ministros, que pueden funcionar como fusibles políticos. Pasado ya un año de gobierno de Cambiemos, el nuevo cambio en la cartera de Economía pone otro tiempo de espera en el que el nuevo equipo económico debe asumir y comenzar a tomar sus decisiones. Así, mes a mes el gradualismo se va comiendo tiempo preciado para reformar la economía argentina de una buena vez.

 

Nicolás Cachanosky es Doctor en Economía, (Suffolk University), Lic. en Economía, (UCA), Master en Economía y Ciencias Políticas, (ESEADE). Fué profesor de Finanzas Públicas en UCA y es Assistant Professor of Economics en Metropolitan State University of Denver.

Argentina’s Default: Playing Politics With U.S. Courts And Wall Street

Por Alejandro A. Chafuén. Publicado el 6/8/14 en: http://www.forbes.com/sites/alejandrochafuen/2014/08/06/argentinas-default-playing-politics-with-u-s-courts-and-wall-street/

 

 

Until the advent of Peronism, Argentina was one of the shining stars in the firmament of freedom loving nations. Now it is a star of defaults. Argentina was not perfect, but it had climbed into the top 10 of richest nations. Europeans flocked to this promising South American country. Not so much anymore. What a change: Infatuated with state dominated nationalism and populism, Argentina has fallen in the world rankings during most of the last 75 years.

The nationalistic card played a big role in the decay of Argentina. It has been played extremely well by Peronists and would-be Peronists. Perhaps the best example is how the first election that brought Peron to power was characterized. Almost no one remembers the name of the presidential candidate running against Juán Domingo Perón in 1945. Everyone, however, remembers the slogan “Braden or Perón.” Spruille Braden was the U.S. Ambassador who openly criticized the surge of Peronism while it was still in its infancy. He was alarmed by the similarities and collaboration of Peronism with fascism. Portraying Braden as getting involved in the internal politics of a country at a time when nationalist movements were strong all over the world, and especially in Argentina, allowed the Peronists to use him as a symbol of imperialism. Not that Braden’s accusations were wrong. Argentina continued to collaborate not only with fascists but with National-Socialists. I was born in Argentina, and in my early years Joseph Mengele, the Nazi “angel of death,” lived three houses away from mine. He was protected by the Peronist intelligence machine.

Most politicians in power cherish the opportunity to blame a foreign nation for the ills of his country. The Argentine government excels at this. Just over a month ago, the U.S. Supreme Court let stand a ruling by New York District Court Judge Thomas Griesa requiring payment of the debt owed to bond holders who did not agree to the terms offered in previous partial settlements (the “holdouts”). The Argentine government saw the Supreme Court’s ruling as a political opportunity.

In a recent interview at Panampost.com, Ricardo López Murphy, president of the RELIAL think tank network, a noted economist who served as Minister of Defense of Argentina, stated that his country “has achieved two incredible feats: she has starred in the biggest default in history and the smallest default in history. In 2002, we had a massive default, and we had a more serious problem with the debt, with adverse external conditions. Now we have good conditions and a small debt.”

Argentina’s debt to GDP ratio is less than 50 percent and interest payments on the debt represent only 1 percent of GDP. It would be hard to find a government that decided to go through the hardships of default under such conditions. López Murphy continues: “I believe that the Argentinean government has underestimated this problem, and has resorted to cheap rhetoric. Targeted for local consumption, it does nothing to help solve the problem. I don’t think they perceive the default in the same manner as I do, with its immense costs for Argentina.”

“Palace of Justice”, Argentina’s Supreme Court. (Photo credit: Wikipedia)

The “local consumption” mentioned by López Murphy refers to political, not economic, markets. In his most recent column, Andrés Oppenheimer agrees with López Murphy that the Argentina government handled this issue with the “typical arrogance and incompetence” but then states that “the opinion of Griesa can have negative international consequences that will transcend this case.” How can it be, questions Oppenheimer, that a small portion of bond holders (7 percent in this case) can prevent a majority from reaching a settlement with a government? The devil is really in the details and to give a learned opinion a minimum requirement should be to consult the ruling and several amicus briefs. López Murphy says “no one should talk without a lawyer next to him.”

But what seems like a negative consequence for Oppenheimer is really a negative impact on governments that squander resources and want to repudiate their contracts. The rulings by Judge Griesa and the U.S. Supreme Court were based on current laws. For them the case was clear, Argentina has to pay. They could and should not judge by the rules of political manipulators and government agents accustomed to being able to pressure the courts.

In a previous column I forecasted that this case should lead to an improvement of the legal framework that governs debt of governments with private investors. Most agree on this. What is becoming apparent is that what is coloring and guiding the Argentine government position is not the economics but the politics. They care little about the international implications, they care about the local political outcome: votes and power. If they can frame the current discussions as a new “Braden or Perón,” and the narrative into “Argentine government defends its interests and sovereignty against judges who are pawns of Wall Street” they are convinced they have a political winner. The population is not accustomed to independent judges, so it will be easy for them to buy into the argument trumpeted day and night by government propaganda.

 

Yet as the Argentine opposition does not have a leader, or even a national party that can be identified with Judge Griesa, an “Argentina versus Griesa” or “Argentina versus Vultures” media campaign will likely have a temporary effect and not have such a dramatic impact as the “Braden or Perón” banners. It might lift the popularity of President Cristina Fernández de Kirchner and her would-be successors, but only until the economic impact of the default kicks in.

Playing and winning political games is very different than working towards helping build modern prosperous economies. Argentina has squandered many cards in the past and its current government seems determined to waste even more time and resources in order to prolong its stay in power. This time, no one cries for Argentina.

 

 

Alejandro A. Chafuén es Dr. En Economía por el International College de California. Licenciado en Economía, (UCA), es miembro del comité de consejeros para The Center for Vision & Values, fideicomisario del Grove City College, y presidente de la Atlas Economic Research Foundation. Se ha desempeñado como fideicomisario del Fraser Institute desde 1991. Fue profesor de ESEADE.

Argentine Ruling Rocks The Sovereign Debt Market

Por Alejandro A. Chafuén. Publicado el 2/7/14 en: http://www.forbes.com/sites/alejandrochafuen/2014/07/02/argentine-ruling-rocks-the-sovereign-debt-market/

The recent decision by the U.S. Supreme Court to let stand a ruling by New York District Court Judge Thomas Griesa could have a major impact in the world economic scene. The ruling favors Argentine creditors and it requires the Argentine government to pay the debt owed to bond holders who did not agree to the terms offered in a previous partial settlements (the “holdouts”). The continued effort of the Argentine government to fight the ruling is based on its lack of understanding of how independent courts operate.

Seven years ago, during a trip to Peru, I had the privilege of spending four days attending programs with Justice Antonin Scalia. It was the first time that a Supreme Court justice had gone to Peru. During his presentation, a panel discussion with some of the highest authorities of the Peruvian judiciary, Scalia said: “During my entire career as a federal judge and Supreme Court justice, which now spans 26 years, never once, never once was I was approached by someone from the executive or the legislative power to try to exert influence in a case that was before me in one of my courts.”

A journalist interviewed me at the end of Scalia’s visit and asked me what impressed me most about his lectures. I repeated the above story and the journalist said to me: “It must be difficult to find a man with the integrity of Scalia.” Sure, it is difficult to find human beings like Scalia, but the journalist mistakenly thought that the independence of the judiciary in the U.S. was a matter of one person, not an institutional trait. Peru’s judiciary is not noted for its independence.

The notion of an independent judiciary that would constrain the government is even rarer in Argentina. In the World Rule of Law Index, Argentina scores a dismal 0.35 out of 1 in the category: Limits to the Government by the Judiciary. Peru does not score much better, only 0.45, but is moving in the right direction.

As for most of its tenure, the Argentine government presided by Nestor and Cristina Kirchner saw a judiciary system mostly subservient to government interests. Because of this it is natural that they would think the U.S. courts could also be manipulated. The Argentine government and negotiators don’t understand that U.S. federal courts are still independent. The politicization of the nomination process in the U.S. has not lead to the direct manipulation of the highest courts.

A few weeks ago, before the ruling, and as a last ditch effort, the Argentine government sent a delegation to lobby the Obama administration and theWashington-based international bureaucracies. They asked them to “intervene” on behalf of the Argentine government. It proved futile. After the ruling, which recognized the rights of the creditors, the first official response from the Argentine government was to publish a one page advertisement in the Wall Street Journal attacking the decision of the judge.

Other countries are watching this battle. In Peru there is more willingness to play by the rules. José Luís Sardón, one of the main hosts of Scalia’s trips to Peru, spent most of his academic life as an intellectual entrepreneur in the area of law. His law department, at the Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, has acted as a high-level, non-politicized legal think tank. Sardón produced a journal, Revista de Economía y Derecho, which has been elevating the discourse on legal and juridical matters in his country. Unlike the Argentines, who were recently greeted with “bad” news, Peruvians were greeted with the refreshing news that the Peruvian Congress had approved the appointment of Sardón to the highest court of the land.

The end result of the Argentine debt dispute is not certain. Agustín Etchebarne, executive director of Libertad y Progreso in Argentina, and with ample experience in the investment world, believes that, in the end, Argentina will negotiate with the holdouts. The clock started ticking, and if it does not reach an agreement by the end of July, it will likely default. Complying with the law might not be as costly as the Argentine government assumes. The latter fear that if they offer a better deal to the holdouts, the deal has to be offered to the 92 percent who have agreed to worse terms. Etchebarne believes that since the government is not offering to pay, rather it is being forced to pay, that “it is not clear that judges will rule in favor of the other creditors.”

Steve Hanke, a senior fellow at the Cato Institute, and a professor at Johns Hopkins University, stressed that Argentina needs to create a positive shock. Complying with the ruling should reduce the country’s risk and send signals to the world that Argentina is again open to true, not just crony, business. Etchebarne adds that from the energy to the agricultural sectors, and many others, there are abundant opportunities for investments in Argentina. Complying with the ruling might benefit the development of a healthier Argentinean economy in the near future.

Although it is hard to be optimistic about Argentina, the future of countries are not sealed. During the late 1980s, respected Latin American analysts were forecasting the disintegration of Peru as a nation. There is still much to improve in Peru but its country default risk runs today at 1.3 percent compared to 14.6 percent for Argentina.

The Argentine government might portray the hedge fund owners that represent most of the holdouts as greedy vultures, but few have been more voracious than the Argentine government authorities. They have speculated that their use of their arbitrary powers will allow them to continue with their practices with almost total impunity. It is the poor of Argentina who have paid the price for government policies that have taken their country to the lower places in the rule of law rankings. If the Argentine political and media pressure would have been able to sway a U.S. federal court it would have set an awful precedent and would have unleashed an increase of similar practices by other countries. On the other hand, the Supreme Court’s decision to let stand Judge Griesa’s ruling will make it more difficult for other countries to restructure its debts in an arbitrary and unjust manner. It should also lead to an improvement of the legal frameworks governing defaults by sovereign countries.

Alejandro A. Chafuén es Dr. En Economía por el International College de California. Licenciado en Economía, (UCA), es miembro del comité de consejeros para The Center for Vision & Values, fideicomisario del Grove City College, y presidente de la Atlas Economic Research Foundation. Se ha desempeñado como fideicomisario del Fraser Institute desde 1991. Fue profesor de ESEADE.

No es Griesa, es el gasto público

Por Roberto H. Cachanosky. Publicado el 29/7/14 en: http://www.lanacion.com.ar/1713857-no-es-griesa-es-el-gasto-publico

 

Si finalmente el país ingresa en un default, no será justamente un hecho inédito para la economía argentina. Desde la Segunda Guerra Mundial hasta la fecha el país estuvo en cesación de pago más del 50% del tiempo en cuatro períodos diferentes. Pero, al mismo tiempo, desde que fue creado el Banco Central (BCRA) en 1935, la Argentina destruyó cinco signos monetarios. El peso moneda nacional, el peso ley 18.188, el peso argentino, el austral y éste que está agonizando.

La pregunta es: ¿por qué tantos defaults y destrucciones monetarias? La respuesta es muy sencilla, el gasto público no ha parado de crecer durante todo el siglo XX y lo que va del siglo XXI, y por eso el incremento de la presión impositiva hasta niveles confiscatorios ha sido insuficiente para financiar el gasto público. Dicho de otra manera, el populismo imperante en la Argentina desde hace décadas ha disparado constantemente el gasto público hasta niveles en que el déficit fiscal requería de endeudamiento público externo (por eso la deuda pública y los continuos defaults) para financiar el desequilibrio de las cuentas públicas. ¿Y por qué deuda en moneda extranjera? Porque las diferentes monedas que tuvimos nunca lo fueron en el estricto sentido de la palabra ya que no fueron reserva de valor. La inflación las asemeja a barras de hielo que se derriten. Pero, lo más importante, los persistentes ataques a la propiedad privada, fundamentalmente vía el sistema impositivo, hicieron que el ahorro de los argentinos se fugara al exterior en busca de seguridad jurídica, por lo que el mercado de capitales interno siempre fue muy reducido.

Un país como la Argentina, sometida a décadas de populismo, ha generado escasa riqueza, es decir ingreso

Hay poca oferta de ahorro interno porque la gente que lo hace opta por realizarlo en el exterior en la búsqueda de seguridad jurídica. Recordemos que el ahorro es la contrapartida del crédito: sin aquel, que es ingreso no consumido, no hay crédito. De manera que, un país como la Argentina, sometida a décadas de populismo, ha generado escasa riqueza, es decir ingreso. Como éste es reducido, el ahorro también y, encima el escaso ahorro que se genera se fuga al exterior. Por lo tanto, la oferta de ahorro interno es tan reducida que si el Estado entra al mercado a tomar crédito para financiar el gasto público, desplaza rápidamente al sector privado, eleva la tasa de interés y genera recesión. Un ejemplo sencillo nos puede dar una idea de lo mínimo que es el mercado de capitales doméstico. Mucho se habla de Vaca Muerta. El tiempo dirá si es tan importante como se dice o se limita a ser otra fantasía más de las que inventamos los argentinos. Lo cierto es que más allá del verdadero potencial del yacimiento, nadie piensa que las inversiones necesarias para explotarlo puedan llevarse a cabo con ahorro del mercado local. Todos piensan en inversores de afuera del país que tienen fácil acceso al mercado de capitales externo. Bien, si el ahorro interno no alcanza para financiar las inversiones en Vaca Muerta, mucho menos para financiar el gigantesco déficit fiscal en el que solemos incurrir en cada una de las fiestas populistas que llevan el gasto público hasta niveles exorbitantes.

No es casualidad, entonces, que los argentinos vivamos destruyendo nuestros signos monetarios y cayendo en default. Es el alto nivel de gasto público el que requiere de financiamiento extra, emisión monetaria y endeudamiento externo, hasta llegar a un punto en que la inflación se dispara destruyendo por completo la moneda y la deuda es impagable.

Nuestro problema no es el juez Thomas Griesa , ni la cláusula RUFO, ni el stay, ni los holdoutsNuestro problema es el gasto público que requiere de niveles de financiamiento que, llegado un punto, nos lleva al default y a la inflación, megainflación e hiperinflación, porque en esa materia también probamos todo.

Es el alto nivel de gasto público el que requiere de financiamiento extra, emisión monetaria y endeudamiento externo, hasta llegar a un punto en que la inflación se dispara destruyendo por completo la moneda y la deuda es impagable

Obviamente, el gasto crece porque buena parte de la dirigencia política nos ha vendido que ellos tienen el monopolio de la bondad y la solidaridad, así que hay que subir el gasto para redistribuir, hacer planes que ellos llaman sociales y a contratar legiones de burócratas que no hacen nada productivo. Más bien se dedican a entorpecer a quienes producen. Entre los empleados públicos a nivel nacional, provincial y municipal y los que viven de los llamados “planes sociales” son cada vez más los que consumen sin producir y cada vez menos los que producen para sostener el aparato estatal.

Quien haya leído la Rebelión de Atlas, de Ayn Rand, puede llegar a pensar si ese libro no fue escrito para la Argentina actual, porque como ocurre en él, finalmente la gente productiva se cansa de ser explotada por los burócratas y dejan de producir o busca otros países para hacerlo.

Nuestro problema es que tenemos un Estado que no solo gasta fortunas y en forma ineficiente, sino que, además, se encarga de complicarle la vida a los que producen y pagan impuestos, con lo cual, el gasto público termina siendo no financiable y cada tanto hacemos alguna llamarada inflacionaria para bajarlo en términos reales y/o “defaulteamos” la deuda. En realidad nos encanta hacer una combinación de ambas.

Ya estamos en niveles de presión impositiva brutales. No hay ahorro interno que pueda financiar este nivel de gasto. Cada vez es más difícil cobrarle a la gente el impuesto inflacionario y no tenemos acceso al mercado de crédito externo. Todo esto quiere decir que con Griesa o sin él, con RUFO o sin esta cláusula, el nivel de gasto público llegó a un punto en que ya no puede financiarse y estas reglas de juego son insostenibles.

 

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE.

Lecciones de historia de la deuda externa argentina

Por Adrián Ravier: Publicado el 12/7/14 en: http://opinion.infobae.com/adrian-ravier/2014/07/12/lecciones-de-historia-de-la-deuda-externa-argentina/

 

La historia de la deuda externa argentina nace en 1824 con el empréstito de la firma Baring Brothers. Podríamos ofrecer un prolongado detalle de su evolución, pero lo cierto es que en 1976, el monto total de la deuda externa sumaba apenas 4000 millones de dólares. Sobrevaluación cambiaria y “Tablita” mediante, Martínez de Hoz termina su gestión el 31 de marzo de 1981 dejando una deuda pública externa de 17.170 millones de dólares.

El primer “salto” de la deuda llega poco después de esto, cuando en junio de 1982 Domingo Cavallo asume la Presidencia del Banco Central, desencadenando una hiperinflación primero, para luego –dada la carencia de divisas-, nacionalizar la deuda privada. Como resultado, el gobierno del proceso entregó el país al gobierno de Alfonsín con una deuda pública externa de 45.000 millones de dólares en 1983.

Las dificultades fiscales no terminaron con el gobierno de Alfonsín, y su monetización lo condujo a un nuevo proceso hiperinflacionario. En 1989 la deuda ascendió a 66.300 millones de dólares, de los cuales sólo 3000 eran deuda interna.

El segundo “salto” de la deuda aparece en los años 1990. En 1999, cuando culmina el gobierno menemista, la deuda pública externa se había duplicado, alcanzando los 121.400 millones de dólares. Cavallo tuvo un paso significativo en la primera mitad de esta década gestionando la quita de capital del Plan Brady, pero también fue responsable de no utilizar el capital de las privatizaciones para cancelar capital -más de 30.000 millones de dólares- ni preocuparse jamás por el equilibrio fiscal. Tras su salida, la responsabilidad fiscal y el posterior “déficit cero” fueron sólo palabras.

El gobierno de De la Rúa sólo se preocupó por “apagar incendios” y se sucedieron canjes, como los famosos “blindaje” y “megacanje”. Para cuando se declaró la suspensión de pagos en 2001, la deuda era de 144.000 millones de dólares.

Tras una transición de dos años, en 2003 asumió Néstor Kirchner. El kirchnerismo ofreció a los acreedores dos reestructuraciones en 2005 y 2010, reemplazando la deuda con nuevos bonos, a partir de los cuales los acreedores volvieron a cobrar intereses. Esta reestructuración también implicó una quita de capital y fue asociada a las cláusulas RUFO, que básicamente definían que si el gobierno ofrecía a los bonistas que no aceptaron las mencionadas dos reestructuraciones una oferta superior, entonces estos bonistas tenían derecho a reclamar el mismo acuerdo. Estas cláusulas vencen en diciembre de 2014.

El monto de la deuda externa desde entonces fue difícil de estimar, y los números que surgieron fueron siempre parciales, ya que nunca se completó la reestructuración, ni se pudo salir completamente del default anterior.

Sólo la urgencia del gobierno por tomar deuda nuevamente aceleró las negociaciones para pagarle al Club de París y arreglar la expropiación de Repsol-YPF. En este contexto, el juez Griesa determinó que Argentina debía cancelar el capital adeudado con los acreedores pendientes, quienes en realidad ya habían vendido sus bonos a otros acreedores dispuestos a adelantar el capital y esperar por la determinación judicial.

Al momento de escribir estas líneas, el gobierno argentino está aprovechando los últimos 30 días de negociación, antes de cancelar ese capital adeudado. Preocupa al gobierno que las mejores condiciones determinadas por el juez Griesa, activen las cláusulas RUFO y entonces surjan juicios por entre 120.000 y 500.000 millones de dólares.

Esta preocupación, sin embargo, resulta injustificada, ya que la cancelación en efectivo del fallo judicial no es una “mejor oferta del gobierno”, sino la determinación del juez. Por el contrario, las negociaciones iniciadas para cancelar parte del capital en efectivo, y parte en bonos, sí podrían activar las cláusulas RUFO, y con ello implicar un nuevo salto de la deuda pública externa.

Dejando de lado las sucesivas e innecesarias descalificaciones del gobierno argentino hacia el juez Griesa y los holdouts,parece apropiado cancelar este capital en efectivo y definitivamente abandonar la situación de default mantenida desde diciembre de 2001.

El peligro asociado a este acuerdo, sin embargo, es que la voracidad fiscal que ha caracterizado al gobierno, lo conduzca ahora a continuar evitando el ajuste tomando deuda externa, y que entonces se abra la única puerta de financiamiento que permanecía cerrada.

Dado el consenso que los partidos políticos han mostrado en los últimos meses por el desprecio a la deuda externa, me parece que es el momento adecuado para una discusión en el Congreso y el voto de una ley que coloque límites al endeudamiento, por ejemplo, fijando el requerimiento de mantener el porcentaje actual de deuda pública sobre PBI. No hacerlo en el momento apropiado puede convertir a Kicillof en el nuevo Cavallo de la deuda externa argentina, conduciéndonos a un nuevo “salto” antes de las elecciones de 2015, un problema que se trasladará a las generaciones futuras que ni siquiera participaron de la elección del actual gobierno.

 

Adrián Ravier es Doctor en Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Master en Economía y Administración de Empresas por ESEADE y profesor de Macroeconomía en la Universidad Francisco Marroquín.

Apuntes sobre el posible default argentino

Por Nicolás Cachanosky. Publicado el 8/7/14 en: http://opinion.infobae.com/nicolas-cachanosky/2014/07/08/apuntes-sobre-el-posible-default-argentino/

 

Al momento de escribir esta columna, Argentina se encuentra a pocos días de formalmente entrar en un nuevo default. Este es un caso complejo que se ha prestado a diversas, sino opuestas, interpretaciones. Algunas de ellas, sin embargo, no parecen estar bien fundadas. En esta nota quiero ofrecer algunas aclaraciones sobre un caso que ha ganado interés en los medios internacionales.

A principios de la década del 90 Argentina implementa la Ley de Convertibilidad. Esta normativa fijaba el tipo de cambio en un peso por un dólar y le indicaba (con cierta flexibilidad) al Banco Central que sólo podría emitir pesos si entraban los dólares correspondientes. Bajo este esquema, Argentina no podía monetizar su déficit como había hecho en los 80 bajo el gobierno radical de Alfonsín y el gobierno de Menem recurrió a la deuda en dólares y así poder emitir los pesos necesarios para financiar el déficit fiscal de su gobierno. Ahora bien, esta nueva deuda que se emite en los 90 se hace en un contexto de una Argentina que ya había entrado en default seis veces desde su independencia de España y con una seguridad jurídica cuestionable. Con el ahorro interno destruido por años de alta inflación en los 80 (y décadas anteriores), Argentina debe recurrir a fondos internacionales y se ve en la necesidad de “importar” credibilidad jurídica al emitir sus bonos (voluntariamente) bajo jurisdicción NY. De haber una disputa con sus acreedores, Argentina acepta acatar los fallos de las cortes de justicia de New York. Si Argentina se hubiese preocupado a lo largo de su historia por construir un historial de seriedad institucional, no hubiese sido necesario emitir deuda bajo jurisdicción NY. Nadie le quitó soberanía jurídica, fueron los sucesivos gobiernos argentinos quienes devaluaron sus propias instituciones.

El contrato de estos bonos tenía otras dos características importantes. La incorporación de la cláusula pari passu y la ausencia de la collective action clause (cláusula de acción colectiva). La cláusula pari passu sostiene que Argentina acepta tratar a todos sus acreedores en igualdad de condiciones (especialmente en lo que respecta pagos de cupones y capital de bonos.) La collective action clause indica que de haber un canje de deuda, si un cierto porcentaje de acreedores acepta la reestructuración, entonces automáticamente los acreedores que no aceptan las nuevas condiciones (los “holdouts”) deben aceptar los nuevos bonos. Cuando Argentina entra en default a fines del 2001, lo hace con bonos que ya incluían la cláusula pari pass y que no requerían una acción colectiva por parte de sus acreedores.

Bajo el contrato que la misma Argentina ofreció en sus bonos, al voluntariamente no incorporar la collective action clause, cualquier acreedor tiene derecho a cobrar el 100% del bono sin importar si el 99.9% restante de los acreedores decidieron entrar al canje de deuda en default. Esto es, justamente, lo que sucedió. Cuando Argentina ofrece el canje de deuda de sus bonos en default, los “holdouts” hicieron saber que bajo el contrato de los bonos argentinos ellos seguían con el derecho de cobrar el 100% de los bonos bajo igualdad de condiciones respecto a quienes sí deciden entrar al canje de deuda (pari passu.) Es decir, no se puede pagar a los “holdins” sin pagar a los “holdouts” de acuerdo al prosepecto de los mismos bonos argentinos. Podría decirse que el Juez Griesa tuvo que hacer poco más que leer el contrato que la misma Argentina ofreció a sus acreedores. El gobierno de los Kirchner, en una muestra más de su desprecio por las instituciones, decidió ignorar a los holdouts al punto de borrarlos como acreedores en sus informes oficiales (uno de los motivos por los cuales el nivel de deuda sobre PBI de Argentina es menor al real.) Doce años después del default el gobierno choca con la realidad al tener todas las instancias judiciales agotadas en su contra.

Mucho se ha dicho sobre como el fallo del Juez Griesa daña la seguridad jurídica de bonos soberanos y reestructuraciones. Si hay algo que el fallo de Griesa hace es ofrecer seguridad jurídica bajo legislación NY. Es más fácil encontrar acreedores dispuestos a comprar bonos bajo legislación NY dado que ningún país puede usar como excusa un default para incumplir sus contratos. Quienes critican el fallo de Griesa argumentando que va a ser más difícil emitir deuda parecen olvidar el rol que la seguridad jurídica tiene en las transacciones de crédito. El problema no es el fallo de Griesa, el problema es que Argentina decidió dejar de lado la collective action clause y, una vez más, descuidar sus cuentas fiscales. Los default no pueden ser usados como herramienta política para ignorar contratos a gusto y conveniencia. De hecho, los países emergentes deberían agradecer el fallo del Juez Griesa dado que esto les permite endeudarse a tasas menores dado que este fallo ofrece una seguridad jurídica que estos países no siempre pueden o no quieren ofrecer. Un fallo favorable para Argentina hubiese implicado avalar que un país violase sus propios contratos.

Se argumenta, también, que el fallo es injusto dada la alta rentabilidad que los holdouts estarían recibiendo si Argentina decide honrar sus deudas en lugar de entrar nuevamente en default. Esto se debe a que fondos de inversión compraron estos bonos a precios bajos y estarían recibiendo el 100% de lo adeudado (más punitorios.) Sin embargo, como veíamos arriba, el fallo no hace más que seguir la letra del contrato. El precio al que se compra un bono no tiene trascendencia alguna sobre el fallo. Si Argentina debe o no pagar sus deudas no depende de a qué precios se compran sus bonos en el mercado secundario. Indistintamente del precio de mercado, Argentina debe pagar el 100% del valor de los bonos del mismo modo que usted debe pagar el 100% de sus cheques indistintamente de quien los tiene o a qué precios se han vendido en el mercado secundario. La alta rentabilidad de los bonos argentinos no son una muestra de la explotación financiera de “malvados” capitales internacionales sobre una pobre víctima emergente (Argentina). La alta rentabilidad refleja el alto riesgo país de invertir en nuestro país. Quienes entraron al canje decidieron reducir los montos a cobrar a cambio de lo que consideraron una mayor certeza sobre el pago de la deuda. Quienes decidieron no entrar al canje decidieron mantener un título por el 100% de lo prestado a cambio de mayor riesgo y llevar al país a juicio. El juez Griesa podría haber fallado tanto a favor como en contra de Argentina. Los “holdouts” apostaron y ganaron; podrían haber perdido. Es un error conceptual y casi un desprecio institucional-jurídico sostener que la  alta rentabilidad implica un alto riesgo y eso le da permiso a Argentina (o a cualquier país) para no pagar sus deudas una vez agotadas las instancias judiciales.

Estas aclaraciones también muestran que, de hecho, el país no salió de su default en el 2001 más allá del supuesto “mejor canje de deuda” del 2005. Dada la presencia del pari passu y la ausencia del collective clause action, Argentina no logró reestructurar satisfactoriamente su deuda y por lo tanto nunca salió del default. Fue gracias al “stay” del Juez Griesa que Argentina pudo seguir pagando a los acreedores que entraron al canje sin tener que pagar los holdouts. De hecho, no ha vuelto a emitir deuda internacional luego del 2001; en parte por el juicio con los holdouts aún abierto. Fue el gobierno de Chávez quien prestó a tasas muy altas (tasas usureras, dirían los críticos de los holdouts) a la administración Kirchner.

Podemos reducir la complejidad del caso a una analogía de menor escala. Intente explicarle a su banco que debido a que usted malgastó sus ingresos por más de una década tiene entonces el derecho a no devolver el prestamos hipotecario con el que compró su casa. Cuando el banco lo lleve a juicio por no pagar su hipoteca, intente explicarle al juez que usted es una pobre víctima de malvados fondos buitres explotadores representados por su banco y que usted tiene el derecho a ignorar a sus acreedores porque fue usted quien entro en default al ser incapaz de mantener el más elemental equilibrio fiscal y fue usted quien opto por dejar de lado lacollective clause action. Cuando el juez le falle en contra, intente explicarle al mundo entero en solicitadas de diarios internacionales como el fallo del juez es una injusticia que pone en peligro el mercado bancario internacional. Intente ahora justificar la postura del gobierno argentino.

 

Nicolás Cachanosky es Doctor en Economía, (Suffolk University), Lic. en Economía, (UCA), Master en Economía y Ciencias Políticas, (ESEADE) y Assistant Professor of Economics en Metropolitan State University of Denver.

Crisis de deuda: una lección de la historia

Por Alejandro O. Gomez. Publicado el 18/6/2014 en: http://opinion.infobae.com/alejandro-gomez/2014/06/18/crisis-de-deuda-una-leccion-de-la-historia/

 

Como consecuencia de la resolución de la Corte Suprema de Estados Unidos de no revisar el fallo del Juez Thomas Griesa, el gobierno se ve inmerso en un verdadero dilema sobre cómo resolver este problema sin profundizar los costos ya asumidos por su impericia o desidia. Lamentablemente, esta no es la primera vez que el país se ve inmerso en una crisis provocada por un alto endeudamiento o condiciones macroeconómicas externas poco favorables. Veamos por caso lo que sucedió durante la presidencia de Nicolás Avellaneda (1874-1880), quien debió afrontar la crisis de 1873-76.

 

Si bien es cierto que una de las principales medidas que tomó el gobierno en su oportunidad fue la de honrar la deuda pública por sobre todas las cosas, eso no fue lo único que caracterizó el accionar del gobierno nacional en esa oportunidad. Roberto Cortés Conde en su libro Dinero, Deuda y Crisis, al referirse a Avellaneda dice: “No hubo gobierno en la Argentina que, enfrentado a una drástica caída de ingresos, haya asumido, con tanta decisión, la difícil determinación de reducir los gastos.” En estas líneas se puede apreciar la primera gran diferencia entre las medidas tomadas por las autoridades actuales y Avellaneda, me refiero a la firme decisión de bajar el gasto público.

¿Por qué el país había llegado a la crisis en 1873-76? Una respuesta muy simple sería que se gastó más de lo que ingresó. Desde 1862, el país estaba organizado definitivamente como una nación unificada, pero tenía muchas tareas pendientes, ya que entre 1810 y 1860 se había consumido sus ingresos en luchas externas e internas. La labor de los llamados presidentes fundadores (Mitre, Sarmiento y Avellaneda) era la de poner en marcha el país. Para ello se recurrió al crédito público, ya que el país no había generado recursos propios. En estos primeros años (1860-1875) la deuda  pasó de 10 millones de pesos fuertes a 40 millones. Este gran ingreso de divisas incrementó notablemente la actividad económica en un país en el que estaba todo por hacerse, sobre todo en el rubro obras públicas. Según el ministro de Hacienda, 1872 fue un año de enorme progreso económico, ya que la actividad económica estaba impulsado por el empréstito de 1870.

En este marco de euforia y crecimiento constante, el problema principal estuvo dado por el aumento desmedido del gasto. La administración pública estimó una recaudación mayor de la que finalmente obtuvo. Cortés Conde señala que “los problemas financieros tuvieron su origen en la práctica de autorizar por leyes especiales y acuerdos de gabinete gastos no previstos en el presupuesto, disponiendo para ello rentas generales, que  ya estaban afectadas”. Al finalizar el año 1874, los primeros síntomas de la crisis ya se podían apreciar, los ingresos habían caído un 20% con respecto al año anterior.  En 1876, los recursos seguían cayendo, y el gobierno nacional no podía hacer frente a los gastos presupuestados. La mayor parte de los recursos provenían de las rentas de la Aduana, y estos a su vez estaban íntimamente ligados a las exportaciones, que no habían crecido al mismo ritmo que los gastos. A esto habría que sumarle la caída de los precios internacionales de los productos agropecuarios.

Este es el panorama que tiene ante sí el presidente Avellaneda. ¿Qué medidas tomaría para salir de la misma? A mediados de 1876 envía al Congreso el proyecto de ley de presupuesto. En el mismo se estima una disminución del gasto en 25%; al tiempo que se establece una reducción del 15% en todos los sueldos, pensiones, jubilaciones, retiros y comisiones, lo que complicó notablemente la situación de todos los empleados públicos. De todos modos, esto no era suficiente, ya que el gobierno tenía que hacer frente a los vencimientos de deuda de corto plazo (una gran parte de los mismos estaban relacionados con el empréstito de 1870 para obras públicas). Fue ante esta dramática situación que el presidente pronunció la conocida frase:

“La República puede estar hondamente dividida en partidos internos; pero tiene sólo un honor y un crédito como sólo tiene un nombre y una bandera ante los pueblos extraños. Hay dos millones de argentinos que economizarán sobre su hambre y su sed, para responder en una situación suprema a los compromisos de nuestra fe pública en los mercados extranjeros.”

Estas palabras nos muestran el carácter del presidente Avellaneda ante una situación de crisis. Si bien, uno de los principales problemas que enfrentó fue el de la deuda pública, no agotó sus medidas en la  renegociación de la misma, sino que buscó las causas que habían llevado a la situación de insolvencia del Estado Nacional. La respuesta la encontró en el desmedido gasto público, por este motivo dispuso la reducción del mismo en todos los sectores de la administración pública, al tiempo que renegoció el vencimiento de la deuda.

Ante situaciones de crisis extremas no alcanza con quejarse de la mala suerte o la poca predisposición negociadora de los “fondos buitres” sino que hay que demostrar qué se ha hecho en todos estos años para ser un país más confiable y digno del crédito público. Claramente se aprecia que las palabras de Avellaneda no han llegado al oído de las actuales autoridades ya que el costo del mal manejo de la deuda público es algo que no sólo afecta al gobierno si no a todos los ciudadanos del presente y del futuro.

 

Alejandro O. Gomez se graduó de Profesor de Historia en la Universidad de Belgrano, en el Programa de Maestría en Economía y Administración de Empresas en ESEADE. Es Master of Arts in Latin American Studies por la University of Chicago y Doctor en Historia por la Universidad Torcuato Di Tella. Es profesor de Historia Económica en la Universidad del CEMA

Sin sangre debido al capitalismo salvaje

Por Alejandro A. Tagliavini. Publicado el 30/5/13 en http://www.hoybolivia.com/Blog.php?IdBlog=39056&tit=sin_sangre_debido_al_capitalismo_salvaje

El insólito presidente venezolano –que justifica la importación de papel higiénico con cifras oficiales que demostrarían que sus súbditos comen más- durante un encuentro con trabajadores, leyó unos comentarios del Papa quien dijo: “Debemos recuperar el sentido directo de la gratuidad, de la solidaridad. Un capitalismo salvaje ha enseñado la lógica del provecho a cualquier costo… sin mirar a las personas”. De paso, propuso construir una espiritualidad sobre valores humanistas que, para él, son la violencia ya que anunció que creará las “Milicias Obreras Boliviarianas”, con dos millones de personas armadas, para generar “respeto”.

Según la Real Academia Española, capitalismo es el “régimen económico fundado en el predominio del capital como elemento de producción y creador de riqueza”. Así, en la URSS, por caso, si bien casi la totalidad de las empresas eran del Gobierno -el mayor “capitalista”- no dejaban de crearse a partir de los capitales aunque dirigidos y aportados por el Estado. Era un “capitalismo de Estado”. EE.UU. por su parte, es un sistema mixto, aunque con gran preponderancia del capital no gubernamental, privado.   

Ahora, el capitalismo del mercado natural surge espontáneamente, sin imposiciones coactivas, es decir, por simple acuerdo voluntario entre las partes que deciden solidariamente, juntarse o no e invertir o no, sus ahorros en distintas actividades de servicio a la comunidad para, de este modo, ganar dinero. En contraposición, el de Estado nace de la imposición coactiva (utilizando el monopolio estatal de la violencia) sobre el mercado: obtiene dinero por vía de impuestos, de imposición de moneda estatal de curso forzoso, estatiza empresas y demás y, en principio, por violento es un capitalismo salvaje.

Así, cuando se impone la violencia –siempre destructiva- estatal, despreciando a las personas, es cuando falla la solidaridad que caracteriza al mercado natural. En cuanto a las actividades “gratuitas” del Estado, se solventan por vía impositiva, coactiva, que recaen con más fuerza sobre los más pobres ya que las empresas los pagan subiendo precios o bajando salarios. Por el contrario, dentro del mercado natural existen muchas o­nGs, como Cáritas, que ofrecen caridad gratuita a millones.

Salvaje capitalismo se evidenció cuando el gobierno argentino decidió no pagar (estafar, realmente) a quiénes habían comprado sus bonos. El juez Thomas Griesa, razonablemente ordenó al gobierno pagar la deuda, fallo que de momento está apelado. Pero hete aquí que, otra empresa multi estatal, el FMI advirtió sobre los “riesgos” que significaría convalidar el fallo, lo que podría generar “problemas” en otros procesos de “reestructuración de deuda” (estafa) de otros Estados socios.

Como colofón del capitalismo salvaje, la Conferencia Episcopal venezolana señaló la escasez y la dificultad para importar vino, que se transforma en la “sangre de Cristo” durante la Misa. Sucede que Industrias Pomar, la fabricante del vino Ecclesia autorizado en Venezuela para la celebración de la Eucaristía, no puede garantizar la producción y distribución, por la falta de algunos insumos para embotellarlo debido a que, coactivamente, la aduana estatal impide el paso. A esto se suma la dificultad para la obtención de divisas, dada la prohibición coactiva del gobierno, por parte de los importadores para traer vino de misa de otros países. 

Alejandro A. Tagliavini es ingeniero graduado de la Universidad de Buenos Aires. Es Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California y fue miembro del Departamento de Política Económica de ESEADE.