Salarios, pobreza e impuestos

Por Gabriel Boragina Publicado  el 19/11/17 en: http://www.accionhumana.com/2017/11/salarios-pobreza-e-impuestos.html

 

Desde prácticamente muy pequeños se enseña a los niños en las escuelas y en sus hogares que el nivel de los salarios depende básicamente de la buena o de la mala voluntad de los empleadores y de aquello que hagan los gobiernos contra los “malos” patrones obligándolos a pagar más y mejores sueldos. A los niños se les explica con un lenguaje que puedan entenderlo. Ya en tránsito hacia la escuela secundaria y aún más en de la universidad la enseñanza se refuerza, se la reitera con una terminología un poco más sofisticada y se la machaca hasta que en la mente del estudiante se transforma en un dogma que “debe” creer. No es fácil desentrañar esta falacia, aunque la realidad es muy distinta:

“El nivel del salario de cada trabajador de­pende de sus conocimientos y de la canti­dad de bienes de capital disponibles para realizar su trabajo. No tiene la misma pro­ductividad y, por lo tanto, no recibe el mis­mo salario quien cultiva la tierra detrás de un buey que quien lo hace arriba de un tractor. Sin ahorro e inversión en bienes de capital no es posible un aumento es­tructural de la productividad y, en conse­cuencia, de empleos mejor remunerados. (Pág. 120 y 121) [1]

Ninguna otra razón existe para explicar el aumento de los salarios e ingresos en términos reales más que la inversión en capital. La razón por la cual un labrador africano gana mucho menos que otro norteamericano no tiene nada que ver con la bondad o maldad de sus respectivos empleadores ni con la indiferencia o intervención de sus respectivos gobiernos. Lo único que hace la diferencia en un caso como en el otro es sencillamente la cuantía de capital invertido en cada lugar. Allí donde el volumen de capital disponible sea mayor que en otra parte, precisamente y sin necesidad de ninguna intervención de nadie se verán los salarios subir. E inversamente, donde el volumen de capital sea menor también se apreciará la manera en que los salarios decaen. Esto sucede por más que se dicten cientos o aun miles de leyes que procuren contrarrestar este fenómeno inexorable de la economía.

“Paradójicamente, el llamado proteccionis­mo laboral en la mayoría de los países eu­ropeos y latinoamericanos, que encarece y dificulta la creación de empleos, es el cau­sante de su menor generación y de que la mayoría de los existentes sean informales, al margen de todas las prestaciones que garantizan las constituciones y leyes en esos países. (Pág. 121) [2]

Lamentablemente, y por mucho que se lo intente, las leyes jurídicas no pueden contradecir las leyes económicas. Tarde o temprano, estas últimas terminan imponiéndose por sobre las primeras, y ello con independencia del lugar o nación donde las mismas se verifiquen. Las leyes económicas son universales, y su cumplimento es inapelable, por grande que se crea que el voluntarismo político pueda torcer el curso de los fenómenos económicos. Estos -a su turno- son consecuencia de otras leyes, las de la lógica, que interpretan la acción humana a la luz de los conocimientos praxeológicos.

“Las políticas gubernamentales que casti­gan a quienes evaden o se atrasan en el pago de impuestos deben estar acompa­ñadas, para tener una justificación social y moral, de transparencia, aplicación al bien común y castigo a todos los funcio­narios que no dan cuenta de su destino e impunemente hacen ostentación de las riquezas obtenidas con los impuestos que se roban. (Pág. 158)” [3]

Desafortunadamente, esto es uno de los pocos puntos en lo que no podemos estar de acuerdo con el autor de la cita. En un contexto de generalizado intervencionismo económico las tasas impositivas siempre tienden a ser mayores de lo que serían en otro de mercado libre. Y esta diferencia es bastante crucial a la luz de juzgar el comportamiento de los mal llamados contribuyentes a la hora de pagar sus impuestos. No se trata, simple y exclusivamente, de un problema de transparencia como indica el profesor citado, sino de algo que va bastante más allá de ese factor. Bajo el enfoque de la enseñanza que nos brinda la llamada Curva de Laffer, la tasa de evasión fiscal siempre será incrementada a medida que la tasa de imposición aumente más allá de cierto punto, que Laffer dio en denominar el punto óptimo fiscal. Como ha ilustrado otro eximio profesor[4], mejor resultaría procurar dirigirse a un punto mínimo fiscal, para evitar los efectos malsanos de niveles impositivos confiscatorios como los que se observan en no pocos lugares.

“El desconocimiento por la mayoría de la población y de gran parte de los legislado­res, de los efectos a largo plazo de las polí­ticas económicas, debido a una pobreza de educación económica, permite a los gober­nantes vender la idea de que mejorarán las condiciones económicas con políticas equivocadas, atractivas en el discurso o el papel, pero que producen en la realidad un efecto contrario al proclamado. (Pág. 171)[5]

La reflexión en este caso resulta atinada. Es verdad que los problemas económicos no se arreglan con demagogia o populismo barato en sus distintas vertientes y según los localismos regionales. Tiene gran importancia la mala educación económica sobre la que hemos insistido en otras ocasiones y que, como bien indica la cita, afecta no sólo a amplios sectores de la población, sino que también a muchos políticos e incluso académicos. Resulta atrayente -por ejemplo- creer que los salarios pueden elevarse dictando decretos o leyes, y que la pobreza también puede suprimirse de la misma manera. Pero es la sana economía y su estudio detenido la única que nos revelará que, más allá de las muy buenas intenciones que pueden tener los agentes económicos y los políticos de turno, como dijimos anteriormente, la economía tiene leyes propias cuya violación generan siempre -y en todo lugar- efectos malsanos que nos condenan a la pobreza.

[1] Luis Pazos. Educación económica contra demagogia electorera, Centro de Investigaciones Sobre la Libre Empre­sa, A.C. (CISLE) (Del libro Políticas Económicas). pág. 7

[2] Luis Pazos. Educación económica…ob. cit. Pag. 7

[3] Luis Pazos. Educación económica…ob. cit. Pag. 7-8

[4] El Dr. Alberto Benegas Lynch (h)

[5] Luis Pazos. Educación económica…ob. cit. Pag. 8

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

Gasto, préstamos y crisis

Por Gabriel Boragina Publicado  el 20/5/17 en: http://www.accionhumana.com/2017/05/gasto-prestamos-y-crisis.html

 

Las tan famosas crisis económicas tienen -en un porcentaje muy alto- una causa común: un elevado gasto estatal. Ya hemos visto que los gobiernos poseen -casi de manera uniforme- una prolongada vocación a incrementar sus gastos, y también hemos estudiado los efectos perniciosos que, en el mediano o largo plazo, se originan por tal práctica. Pero, desde la aparición de los organismos de crédito internacionales, la propensión a subir el gasto estatal se ha visto potenciada, lo que ha dado lugar a diversos tipos de críticas a muchos de esos organismos. En particular a dos de ellos:

“Críticas al FMI y al BM .El rol de ambas instituciones se ha cuestionado seriamente. Algunos sostienen que deberían fusionarse mientras que otros se preguntan si deberían continuar existiendo. Los argumentos más importantes son que aumentan indirectamente el gasto público, que incrementan las tasas impositivas, que su sostenimiento es costoso, que el crédito es fungible y que por su mera existencia crean un problema de moral hazard muy importante. Por ejemplo, en el caso de México (1994-95), estas organizaciones habrían creado las condiciones de seguro implícito a la banca e inversores internacionales que incrementaron el moral hazard y ayudaron a detonar las crisis en el sudeste de Asia en 1997, y luego en Rusia en 1998”[1]

Estas manifestaciones han demostrado ser certeras en un porcentaje muy cercano al cien por ciento de los casos. Obviamente, la sola existencia de un ente (o de varios de ellos) que opera como “banco de bancos”, resulta un incentivo muy importante como para que se recurra al mismo a fin de lograr financiación. En el caso de los gobiernos, esos recursos demandados a tales organismos apuntan normalmente a incrementar el gasto público, y se apela a ellos cuando los gobiernos han agotado ya los mecanismos de costeo interno para sostener sus erogaciones. Como hemos señalado, la fuente ordinaria destinada a enjugar las salidas dinerarias del gobierno son los impuestos. Pero, la recaudación fiscal no es infinita, sino que está tasada. Su límite es el de la productividad total de la economía. No obstante, los recursos recaudados suelen encontrar su techo mucho antes de llegar a ese tope. Esto ha sido explicado por el economista americano Arthur Laffer mediante su famosa curva: cuando se supera el punto óptimo fiscal la recaudación tiende irremediablemente a decaer.

“Los créditos de las instituciones multilaterales ablandan la restricción presupuestaria de los gobiernos Es decir aumentan indirectamente el gasto público. En buen español se diría que estos préstamos al verse como “baratos” y de fácil acceso, llevan a los países a gastar más (y no necesariamente mejor). Esto se debe a que la posibilidad de obtenerlos aumenta las presiones políticas de los distintos ministerios y secretarías y subsecretarías para gastar más.”[2]

Lógicamente, si el gobierno conoce de antemano que dispondrá de financiamiento internacional para emprender sus “proyectos”, se va diluyendo cualquier aliciente a mantener alguna disciplina fiscal y, por consiguiente, cualquiera limitación presupuestaria va cediendo al mismo compás. En los estados paternalistas, pueblos y gobiernos suelen compartir la visión mal llamada del “estado benefactor” por la cual los gobiernos deberían atender absolutamente todas las demandas de la población que hagan a servicios “sociales” en su más amplio espectro, abarcando educación, sanidad, seguridad social, previsión, etc. Si se entienden estas actividades como funciones “propias del estado”, fácil deviene comprender que los recursos necesarios para sostenerlas demandarán aumentos desmedidos del gasto publico. Entonces se acuden a los créditos internacionales:

“La conclusión del profesor Arnold Harberger, después de realizar un estudio sobre el BM, a principios de los ochenta, dejó muy deprimidos a los ejecutivos del Banco. Según Harberger la influencia más importante del BM ha sido la gran competencia que los funcionarios del Banco tenían y adquirían en la evaluación de proyectos de inversión. Los funcionarios del BM al regresar a sus países hacían una gran contribución al evaluar las propuestas de gasto público en sus gobiernos.”[3]

Hemos de suponer cierto tono irónico en la redacción del párrafo que acabamos de transcribir. Lo primero que corresponde aclarar en materia técnicamente económica es que, aun cuando a menudo se los utiliza como sinónimos, los términos gasto e inversión no son equivalentes, de donde “gasto público” no se equipara a “inversión pública”. En sana doctrina económica, la “inversión pública” no existe, por cuanto los fondos supuestamente “invertidos” no son propios del gobierno, sino que pertenecen a terceros, concretamente a los mal llamados “contribuyentes” (dado que el que esta forzado a pagar impuestos no “contribuye” a nada, excepto que se conceptúe como posible alguna presunta “contribución” forzada. De nuestro lado, consideramos el vocablo “contribución” como un acto voluntario y no obligado).

Ciertas manipulaciones cambiarias, a los que los políticos y “técnicos” improvisados son tan afectos, combinadas con alto gasto público coadyuvan a potenciar las crisis económicas:

“Así, por ejemplo Argentina en diciembre de 1979, dio a conocer una tabla con la cotización futura del dólar para los próximos meses, día por día. En ese momento, Argentina tenía un ritmo de inflación del orden de 140% anual y la tablita tenía implícito un porcentaje de devaluación anual en el orden de 70%. Naturalmente, desde el arranque, la tasa de inflación, aunque declinante, fue superior a la de devaluación, con lo que se generó una situación de gran distorsión conocida como “atraso cambiario”. Este atraso, y el excesivo gasto público financiado con deuda, terminó con la tablita y todo el programa a comienzos de 1981.”[4]

La crisis era fácilmente evitable si se hubieran querido adoptar las únicas medidas razonables que correspondía tomar en la coyuntura señalada. Estas eran muy simples : 1)dejar flotar el tipo de cambio de manera completamente libre sin ataduras políticas de ninguna índole y, 2) reducir o –al menos- no incrementar el gasto público, lo que habría hecho innecesario sufragarlo con empréstitos. No obstante, ninguna de estas sanas recetas fue apadrinada.

[1] Valeriano F. García. Para entender la economía política (y la política económica). Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos México, D. F. 2000. pág. 129

[2] Valeriano F. García. Para entender la economía política…ob. cit. pág. 129

[3] Valeriano F. García. Para entender la economía política…ob. cit. pág. 131

[4] Valeriano F. García. Para entender la economía política…ob. cit. pág. 167/8

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

El déficit y la deuda se solucionan bajando el gasto público

Por Iván Carrino. Publicado el 27/10/16 en: http://www.ivancarrino.com/el-deficit-y-la-deuda-se-solucionan-bajando-el-gasto-publico/

 

En Argentina nadie quiere bajar el gasto público. Sin embargo, todos se quejan por las consecuencias que genera su elevado nivel.

La economía de las familias y las empresas tienen mucho para enseñarles a los gobiernos. Si en una familia los ingresos corrientes no dan para costear las vacaciones, el colegio de los chicos, el mantenimiento del auto y el pago del alquiler, ésta puede acudir a la tarjeta de crédito.

Sin embargo, si la diferencia entre ingresos y gastos no cambia, la deuda comenzará a ser un problema y la familia va a enfrentar una crisis.

Lo mismo le sucede a las empresas. Pueden pagar alquileres de oficinas lujosas, autos para los cargos ejecutivos, y hacer multimillonarias campañas de publicidad con cargo a deuda.

No obstante, si no llega un día en que los ingresos superan a los costos, la empresa se verá enfrentada a severas dificultades financieras.

Vistas de manera superficial, la familia y la empresa están enfrentadas al problema de la deuda. Ahora cuando uno mira la situación con mayor detenimiento, observa que lo que originó esa deuda fue el gasto, que superó a los ingresos. Y ahí es donde hay que trabajar para solucionar el problema.

Es por esto que las acciones de las compañías suelen subir cuando anuncian una baja de los costos operativos. Menos costos implican una mayor eficiencia productiva y, también, una mayor capacidad para cumplir con los acreedores.

A las familias les sucede lo mismo. A veces hay que hacer sacrificios.

En la economía Argentina pasa algo similar. Son numerosos los analistas de todos los sectores y colores políticos que advierten sobre el elevado ritmo de endeudamiento del gobierno nacional. El diario La Nación sostuvo recientemente que “El Gobierno volvió a emitir bonos y ya recurre al mercado una vez cada 6 días”. El total de deuda emitido en lo que va del año asciende a U$S 40.000 millones, el 16% del stock que el gobierno informó a diciembre de 2015.

Para Agustín D’Attellis, economista y reconocido defensor de las políticas económicas del gobierno kirchnerista, la deuda en dólares que contrae el gobierno tiene el objetivo de financiar la fuga de capitales y el giro de utilidades de las empresas en el exterior.

Esto no es cierto. En un mercado cambiario libre, cualquiera puede ahorrar en el extranjero o enviar las ganancias de su empresa a la casa matriz. Ahora esto podría pasar también con un gobierno que tuviera superávit fiscal y, por tanto, ninguna necesidad de endeudarse. La deuda del gobierno, entonces, nada tiene que ver con la compra de dólares por parte de los privados.

Ahora con lo que sí tiene que ver la deuda pública es con el déficit público. De la misma forma que la familia que está utilizando la tarjeta de crédito, o la empresa que acude al financiamiento en el mercado, lo que explica el endeudamiento del gobierno es el desequilibrio entre ingresos y gastos.

El año pasado, el déficit fiscal sin tener en cuenta las transferencias de ANSES y el BCRA fue de $ 370.000 millones (6,3% del PBI). Este año, a pesar del muy tímido intento de recortes en subsidios energéticos, el mismo se ubicará en torno a los $ 560.000 millones, un 7,1% del PBI.

Con este nivel de desajuste, se comprende de dónde viene la montaña de la deuda. La pregunta, entonces, es cómo solucionar esto.

Una respuesta que suelen dar los políticos es la de aumentar los impuestos “a los ricos”. El gobierno, de hecho, ya está planteando algo del estilo, porque enviará al congreso un proyecto para modificar las escalas del Impuesto a las Ganancias, incorporando una nueva del 40%. El problema es que este incremento de los impuestos “a los ricos” repercute en toda la economía, ya que reduce los incentivos al progreso y la mejora de la productividad.

Otra respuesta es que el crecimiento económico incrementará la recaudación. Esto es una posibilidad. En la medida que hay más producción, ventas y consumo, la recaudación tributaria sube, pero no sabemos a ciencia cierta si será suficiente para cubrir el gasto. Además, lo que debería hacer el gobierno es reducir aún más las tasas impositivas; no dejarlas como están y esperar embolsar más dinero del contribuyente.

La conclusión es clara: si no queremos subir los impuestos, y de hecho pensamos que lo mejor es bajaros, pero tampoco queremos volver a la emisión monetaria descontrolada que genera inflación, solo queda una forma de abordar el problema fiscal: reducir el gasto público.

Menos gasto público es menos déficit. Y menos déficit es menos inflación, menos deuda, y menos carga tributaria. Es hora de que los políticos escuchen el mensaje.

 

Iván Carrino es Licenciado en Administración por la Universidad de Buenos Aires y Máster en Economía de la Escuela Austriaca por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es editor de El Diario del Lunes, el informe económico de Inversor Global. Además, es profesor asistente de Comercio Internacional en el Instituto Universitario ESEADE y de Economía en la Universidad de Belgrano.