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¿FLEXIBILIZAR O LIBERAR EL TRABAJO?

Por Alberto Benegas Lynch (h).

 

Aparecieron algunas declaraciones en Francia y en Brasil sobre una eventual “flexibilización” del mercado laboral y en Argentina, frente a varias requisitorias periodísticas los gobernantes niegan la denominada flexibilización pero se declaran a favor de aliviar costos laborales a través de negociaciones sectoriales. En verdad no resulta claro el significado de esas políticas aunque tiende a sacarse de encima ciertas rigideces legales que no permiten arreglos contractuales libres y voluntarios pero, sin embargo, mantienen estructuras autoritarias.

 

Si se desea contar con  un mercado laboral en el que las partes respeten lo acordado libremente sin intromisiones directas o indirectas de los aparatos estatales y consecuentemente sin interferencias sindicales que en definitiva perjudican a los trabajadores, si se apunta a esto debe liberarse el mercado y no simplemente flexibilizarse.

 

Al efecto de clarificar el tema debemos comenzar por señalar en primer término que cuando se alude al trabajo se trata de todos los que trabajan, lo cual contradice una supuesta distinción entre “el capital y el trabajo”, por un lado, porque los bienes de capital no pueden contratar, son inanimados, y, por otro, es como si los administradores de esos bienes no trabajaran para su sustento y el de su familia.

 

Menos aun tiene sentido hacer referencia a una supuesta “clase trabajadora” para circunscribirla a los que están en relación de dependencia lo cual es consecuente con la visión marxista de clase de persona en el contexto de su teoría del polilogismo donde el proletariado tendría una estructura lógica diferente de la del burgués sin nunca aclarar en que se diferencian de los silogismos aristotélicos.

 

Una vez despejado lo dicho debemos precisar que en un mercado libre no hay tal cosa como sobrante de aquél factor esencial para brindar servicios y para producir bienes cuyas necesidades son ilimitadas en relación con los recursos disponibles. Es decir, por el principio de no contradicción, una cosa no  puede ser escasa y al mismo tiempo sobrante. Entonces, el desempleo involuntario es un imposible en un mercado abierto para personas normales.

 

Cuando observamos que en cierto lugar hay desocupación es necesariamente debido a interferencias legislativas que, por ejemplo, establecen salarios superiores a los de mercado. Precisemos también que la única causa de los salarios e ingresos en términos reales son las tasas de capitalización, es decir, el monto de inversiones que hacen de apoyo logístico al trabajo para incrementar su productividad.

 

Si los salarios están en cierto nivel y se dispone su aumento por decreto, los primeros perjudicados son los trabajadores marginales que son los que más necesitan del empleo debido a que en ese caso las tasas de capitalización reflejan salarios menores a los decididos por el decreto en cuestión. Sin duda que resultaría muy atractivo si se pudiera elevar el nivel de vida de la gente por decreto, en cuyo caso no habría que andarse con mezquindades y convertir a todos en millonarios. Pero desafortunadamente las cosas no son así. Los salarios más altos en Estados Unidos respecto de Uganda no lo son  debido a una legislación más jugosa ni debido a que los empresarios son más generosos que en otras partes. Se debe a mayores tasas de capitalización. Del mismo  modo, los bajos salarios en Uganda no lo son porque la los gobernantes les falte imaginación para elevarlos por decreto, se debe a la escasez de inversiones.

 

Lo dicho en modo alguno va solo para obreros, éstos son los principales perjudicados porque el embate de la legislación laboral destruye su trabajo pero si esa legislación pretendiera abarcar a los gerentes imponiendo remuneraciones superiores a los de mercado, ellos, los gerentes, quedan sin encontrar empleo.

 

Tampoco hay tal cosa como “desempleo friccional” (que se produciría en la transición entre un trabajo y otro) puesto que bajando lo suficiente la remuneración pretendida se logra la ocupación ya que las necesidades son ilimitadas frente al siempre escaso factor laboral. Si se produce desempleo en la transición es desempleo voluntario no involuntario ya que se apunta a una retribución al momento superior a lo que ofrece el mercado, por lo que se prefiere esperar a una mejor oportunidad y no aceptar lo que se ofrece en esas circunstancias.

 

Respecto a los sindicatos es menester reiterar que en una sociedad libre se trata de asociaciones cuyos fines lo deben establecer los sindicados, siempre y cuando no se lesionen derechos de terceros. Pero son absolutamente incompatibles con la libertad sindical figuras como la llamada “personería gremial” muy distinta de la simple personería jurídica con la que debe contar toda asociación lícita. La antedicha personería gremial es una figura fascista calcada de la Carta di Lavoro de Mussolini que convierte a los sindicatos en piezas autoritarias. Toda manifestación de monopolio sindical, de usufructo compulsivo de obras sociales, de afiliaciones obligatorias de modo directo o indirecto, de aportes y descuentos forzosos constituyen prepotencias que afectan gravemente a los trabajadores.

 

Por su parte, las huelgas pueden entenderse como el derecho a no  trabajar que tiene todo trabajador en cualquier momento si da cumplimiento a acuerdos anteriores, pero lo que no es aceptable es la huelga entendida como un procedimiento intimidatorio y violento en el que no se permite que los que están en desacuerdo trabajen y otras arbitrariedades semejantes.

 

Hay determinadas legislaciones que son en verdad insultos a la inteligencia, como por ejemplo el denominado “aguinaldo”, a saber, un sueldo anual que se presenta como adicional, estirando el calendario. En realidad no se puede alargar el año por una disposición gubernamental: son doce meses no trece, si se paga un sueldo adicional quiere decir que se habrá disminuido el pago mensual durante los  otros doce meses ya que, como queda dicho, los salarios dependen de las tasas de capitalización y no de un voluntarismo trasnochado.

 

Lo mismo va para las vacaciones, las normas de seguridad en el trabajo, los  descansos dominicales, los  paréntesis por  maternidad, horarios  laborales y demás beneficios. Más aun, cuanto mayor las inversiones, mayores serán los  beneficios: cuando un funcionario reclama determinada música funcional, determinada pintura para su oficina, cierto confort en la planta industrial o el dormir siesta en el lugar de trabajo, se logra debido a las tasas de capitalización vigentes. En esa situación si el empleador  no acepta lo dicho, se quedará sin personal.

 

En  otros términos, lo que se conoce como “conquistas sociales” impuestas por la autoridad pueden solo  producir uno de dos resultados: si están por debajo o son equivalentes a lo que marcan las tasas de capitalización, el resultado  es neutro, pero si son superiores a esas tasas, como se ha visto, el resultado  es el desempleo (y si se pretende disimular con emisión monetaria para convalidar esas “conquistas”, el resultado es la inflación, o sea el recorte en el poder adquisitivo de los trabajadores).

 

Los marcos institucionales deben circunscribirse al respeto irrestricto a lo estipulado, en otros términos a la aplicación de todo el rigor de la ley cuando hay fraude o engaño cualquiera sea la circunstancia. En este sentido, es indignante observar que van  presos los  ladrones de gallinas pero no van presos empresarios que han estafado a sus clientes o engañado a sus empleados (generalmente son los  prebendarios que explotan  a la gente a través de su alianza con el poder político para contar con mercados cautivos).

 

También las legislaciones contemporáneas suelen imponer “participación en las ganancias”, “cogestión” o ambas disposiciones. En el primer caso se establece por ley que tales y cuales trabajadores deben  participar en las ganancias  lo cual desvía los siempre escasos recursos a otras áreas distintas a las establecidas por medio de arreglos contractuales libres, lo cual consume capital, situación que no solo perjudica el servicio en cuestión sino  que reduce salarios.

 

Por su lado,  la “cogestión” impone administradores distintos de los que los consumidores han elegido a través de sus compras y abstenciones de comprar en el mercado, lo cual también no solo desmejora la calidad del servicio sino que contre salarios debido al desperdicio de factores de producción.

 

Dadas las concepciones atrabiliarias que muchas veces rodean a las relaciones laborales, debe enfatizarse que en toda ocasión el respeto debe ser recíproco. Ilustro la idea con el siguiente ejemplo: supongamos que el autor de estas líneas trabaja para el lector de esta nota en casa de este último, esto no significa que al suscripto le asistan derechos sobre la casa y el patrimonio del lector. Se trata de un arreglo contractual que dura mientras dure la relación laboral. Cuando el lector ya no me necesita no puedo exigirle que me siga contratando. Del mismo modo, si decido dejar el trabajo tengo todo el derecho de hacerlo. Estos comportamientos no significan que no pueda incluirse en el contrato las condiciones de una desvinculación. Decimos esto porque no es infrecuente que los contratados pretendan manejar las vidas y los emprendimientos de los contratantes como si fueran propias, y en no pocas ocasiones con el apoyo logístico de los gobernantes de turno. El empleador debe ser muy cuidadoso de lo convenido con el empleado, de lo contrario debe ser severamente penado y el empleado debe también ser respetuoso del contrato laboral libre y voluntario.

 

Se suele argüir que no es válido un contrato entre quienes cuentan con muy distintos patrimonios sin percatarse que esto es absolutamente irrelevante. Si el millonario de una comunidad ofrece una remuneración menor a la que establece el mercado, sencillamente no contará con la colaboración requerida sin importar el volumen de su cuenta corriente (o, para el caso, sin importar si está quebrado: el salario de mercado es el salario de mercado que no depende de las ganas de las partes sino de las inversiones).

 

También es de interés señalar que hay cada vez más relaciones laborales que no exigen horarios ni lugares específicos de trabajo sino el cumplimiento de objetivos y, asimismo, trabajos que oscilan en cuanto a los contratantes para muy diversos propósitos.

 

En otras palabras, el caza-bobos de las “conquistas sociales” (más bien “derrotas antisociales”) son una barrera formidable para el progreso de los trabajadores, constituyen una máscara peligrosa que esconde un arma muy potente para relegar a un segundo plano a los que más necesitan con cantos de sirena utilizados en procesos electorales. Por tanto, no se trata de flexibilizar sino de liberar el trabajo al efecto de dar rienda suelta a la creatividad en el contexto del respeto al fruto del trabajo ajeno. Flexibilizar es algo ambiguo, confuso y muy timorato.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa.

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La competencia y la tecnología generan riqueza

Por Alberto Benegas Lynch (h). Publicado el 24/7/17 en: http://www.lanacion.com.ar/2046442-la-competencia-y-la-tecnologia-generan-riqueza

 

Hay dos maneras de lograr objetivos: por la fuerza o por el reconocimiento voluntario a través de la competencia. En un mercado abierto, competir es emular, innovar, esforzarse por atender las necesidades del prójimo como condición inexorable para el propio mejoramiento.

Lo primero que debe apuntarse es la competencia de las ideas, para lo cual se requiere preservar la libertad de pensamiento a través de la esencial libertad de prensa, al efecto de que puedan aflorar todas las expresiones en un debate abierto en dirección al mejor conocimiento que las circunstancias permitan para minimizar la ignorancia. El conocimiento tiene la característica de la provisionalidad, abierto a posibles refutaciones, por esto es que en todos los campos científicos no hay verificación sino corroboración provisoria. La refutación hace posible el adelanto científico y cultural.

Las mejoras en la competencia y el los progresos tecnológicos se ven trabados cuando, como hoy, se incrementa el gasto público y el déficit fiscal en un contexto de una presión tributaria descomunal y un endeudamiento estatal creciente. En el campo crematístico la competencia resulta medular para mejorar el nivel de vida, especialmente para la de los más necesitados.

Foto: Alfredo Sabat

El proceso competitivo empuja la calidad de los bienes y servicios hacia mejores logros. Sin embargo, hay resistencias a la competencia por parte de quienes se ven obligados a superarse cuando la marca es mejorada. Había descontento por parte de los productores de carruajes cuando apareció el automóvil, de los fogoneros cuando aparecieron las locomotoras diésel, del hombre de la barra de hielo cuando irrumpieron las refrigeradores y ahora, de las empresas de transporte terrestre cuando compiten los vuelos low cost y, en general, con todos los bienes y servicios importados que se ofrecen a precios más reducidos y calidad mejor que las fabricadas localmente.

Se sostiene que una “industria incipiente” debe ser ayudada por los aparatos estatales (los contribuyentes) vía aranceles aduaneros. Este error pasa por alto que en la evaluación de proyectos en los que el emprendimiento en cuestión arroja quebrantos en los primeros períodos, en base a la conjetura que se obtendrán ganancias en las etapas siguientes que compensen las mencionadas pérdidas, en esa situación, decimos, son los empresarios los que deben absorber los quebrantos y no transferirlos a los consumidores a través de la traba aduanera. Si el empresario no cuenta con los recursos suficientes para su emprendimiento deberá obtenerlos en el mercado local o internacional. Si nadie acepta invertir en el proyecto de marras es porque el proyecto no es viable, o lo es, pero hay otros emprendimientos más urgentes debido a las tasas de retorno del momento, aquel proyecto debe postergarse o dejarse sin efecto puesto que los recursos son escasos frente a las necesidades ilimitadas, y todo no puede producirse al mismo tiempo.

Esto no se limita al comercio exterior, el mismo razonamiento se aplica a las nuevas producciones y eficiencias mayores que se llevan a cabo dentro de las fronteras, lo cual no justifica la imposición de aduanas interiores. De igual manera que las exteriores empobrecen, ya que en todos los casos se traducen en mayor inversión por unidad de producto, lo cual hace que la cantidad de productos resulte menor y el nivel de vida se contraiga en beneficio de empresarios que, aliados al poder para sus mercados cautivos, explotan a la gente. Por ello es que el denominado “proteccionismo” desprotege al consumidor, quien siempre paga los platos rotos.

La competencia, cuando desplaza a productores ineficientes libera recursos humanos y materiales para ser empleados en otros sectores que hasta el momento no podían encararse porque estaban esterilizados en otras áreas. Hay que tener en cuenta que no vivimos en Jauja, que siempre habrá nuevas necesidades que satisfacer. Cada vez existen nuevos bienes y servicios que solo pueden parirse merced a mejoras en los rendimientos que liberan factores de producción.

La vida es una transición, cada nuevo aporte cotidiano en las oficinas y en las plantas se traduce en una reasignación de recursos. En mercados abiertos donde los arreglos contractuales son libres y voluntarios, no hay tal cosa como sobrante de trabajo, es decir, no se produce desempleo involuntario de aquel factor indispensable para la producción de bienes y la prestación de servicios. Solo hay desempleo donde los salarios están manipulados desde el poder político con la absurda pretensión de que los ingresos pueden decidirse por decreto en lugar de hacerlo a través de la única causa que permite elevar salarios e ingresos en términos reales, a saber, las tasas de capitalización. Es decir, equipos, maquinarias, tecnologías y conocimientos que hacen de apoyo logístico al trabajo para incrementar su productividad. Esta es la única explicación, junto con marcos institucionales civilizados que protejan esas inversiones, por la que algunos países cuentan con niveles de vida superiores a otros.

No es por generosidad de empleadores ni por falta de imaginación de políticos que se pagan remuneraciones más altas, es porque las tasas de capitalización los obligan a ello. Por esto es que, por ejemplo, en algunos países no se concibe tal cosa como servicio doméstico, no es porque el ama de casa no le gustaría disponer de esta ayuda, es porque las personas están ubicadas con ingresos tales que no se justifica emplearlas en las faenas domésticas.

En esta misma línea argumental, la tecnología, incluida la robotización, también y en grado superlativo, libera recursos para ser empleados en otras áreas para lo cual el empresario se ve constreñido a capacitar a las nuevas contrataciones al efecto de sacar partida de los también nuevos negocios que se le presentan debido a las mejoras en la productividad. Si se destruyera la tecnología existente, los salarios caerían abruptamente.

Se suele argüir que las barreras arancelarias defienden al país receptor puesto que hay productores que se conjetura hacen dumping. Es sabido que esta figura significa que se vende bajo el costo, lo cual ocurre cuando un productor incurre en pérdidas, cuando la publicidad de un producto subsidia el de otro en la misma empresa y cuando se ponen en liquidación determinados bienes. Pero lo que en este contexto se quiere argumentar es que el empresario pretende erradicar del mercado a competidores para luego subir el precio. Este razonamiento no tiene en cuenta que precios más bajos que los de mercado invitan a que otros compren al precio artificialmente bajo para revender a precio de mercado y usufructuar del arbitraje.

Como ha señalado el Premio Nobel en economía, Milton Friedman, nadie debería preocuparse porque otros quieran regalar su mercancía, y que este fantasma constituya un pretexto para bloquear el comercio libre. El peligro real del dumping está dado por empresas estatales que al arrojar pérdidas están haciendo dumping coactivamente con recursos ajenos.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa.

Ideales contrapuestos

Por Alberto Benegas Lynch (h).

 

Es de interés reflexionar sobre el contraste que en general se observa entre la perseverancia y el entusiasmo que suscita el ideal autoritario y totalitario correspondiente a las variantes comunistas-socialistas-nacionalistas que aunque no se reconocen  como autoritarios y totalitarios producen llamaradas interiores que empujan a trabajar cotidianamente en pos de esos objetivos (al pasar recordemos la definición de George Bernard Shaw en cuanto a que “los comunistas son socialistas con el coraje de sus convicciones”).

Friedrich Hayek y tantos otros intelectuales liberales enfatizan el ejemplo de constancia y eficacia en las faenas permanentes de los antedichos socialismos, mientras que los liberales habitualmente toman  sus tareas, no digamos con desgano, pero ni remotamente con el empuje, la preocupación y ocupación de su contraparte.

Es del caso preguntarnos porqué sucede esto y se nos ocurre que la respuesta debe verse en que no es lo mismo apuntar a cambiar la naturaleza humana (fabricar “el hombre nuevo”) y modificar el mundo, que simplemente dirigirse al apuntalamiento de un sistema en el que a través del respeto a los derechos de propiedad, es decir, al propio cuerpo, a la libre expresión del pensamiento y al uso y disposición de lo adquirido de manera lícita. Esto último puede aparecer como algo frívolo si se lo compara con el emprendimiento que creen majestuoso de cambiar y reinventar todo. Se ha dicho que  la quimera de ajustarse a los cuadros de resultado en la contabilidad para dar rienda suelta a los ascensos y descensos en la pirámide patrimonial según se sepa atender o no las necesidades del prójimo, se traduce un una cosa muy menor frente a la batalla gigantesca que emprenden los socialismos.

Este esquema no solo atrae a la gente joven en ámbitos universitarios, sino a políticos a quienes se les permite desplegar su imaginación para una ingeniería social mayúscula, sino también a no pocos predicadores y sacerdotes que se suman a los esfuerzos de modificar la naturaleza de los asuntos terrenos.

Ahora bien, esta presentación adolece de aspectos que son cruciales en defensa de la sociedad abierta. Se trata ante todo de un asunto moral: el respeto irrestricto a los proyectos de vida de otros que permite desplegar el máximo de la energía creadora al implementar marcos institucionales que protejan los derechos de todos que son anteriores y superiores a la existencia del monopolio de la fuerza que denominamos gobierno. El que cada uno siga su camino sin lesionar iguales derechos de terceros, abre incentivos colosales para usar y disponer del mejor modo posible lo propio para lo cual inexorablemente debe atenderse las necesidades del prójimo. En otros términos, el sistema de la libertad no solo incentiva a hacer el bien sino que permite que cada uno siga su camino en un contexto de responsabilidad individual y, en el campo crematístico, la asignación de los siempre escasos recursos maximiza las tasas de capitalización que es el único factor que permite elevar salarios e ingresos en términos reales.

Hay quienes desprecian lo crematístico (“el dinero es el estiércol del diablo” y similares) y alaban la pobreza material al tiempo que la condenan con lo que resulta difícil adentrarse en lo que verdaderamente se quiere lograr. Si en realidad se alaba la pobreza material como un virtud, habría que condenar con vehemencia la caridad puesto que mejora la condición  material de receptor.

Algunos dicen aceptar el  sistema de la libertad pero sostienen que los aparatos estatales deben “redistribuir ingresos” con lo que están de hecho contradiciendo su premisa de la libertad y la dignidad del ser humano puesto que operan en una dirección opuesta de lo que las personas decidieron sus preferencias con sus compras y abstenciones de comprar para reasignar recursos en direcciones que la burocracia política considera mejor. En la visión redistribucionista se trata a la riqueza como si estuviera ubicada en el contexto de la suma cero (lo que tiene uno es porque otro no lo tiene), es decir, una visión estática como si el valor de la riqueza no fuera cambiante y dinámica. Según Lavoisier todo se transforma, nada se consume pero de lo que se trata no es de la expansión de la materia sino de su valor (el teléfono antiguo tenía mayor cantidad de materia que el moderno pero el valor de éste resulta mucho mayor).

Lo primero para evaluar la moralidad de un sistema es resaltar que no puede existir siquiera idea de moral si no hay libertad de acción puesto que, por un lado, a punta de pistola no hay posibilidad de considerar un acto moral y, por otro, la compulsión para hacer o no hacer lo que no lesiona derechos de terceros es siempre inmoral. En la sociedad abierta  o liberal solo cabe el uso de la fuerza de carácter defensivo, nunca ofensivo. Sin embargo en los estatismos, por definición, se torna imperioso el uso de la violencia a los efectos de torcer aquello que la gente deseaba hacer, de lo contrario  no sería estatismo.

En el contexto de la sociedad abierta, como consecuencia de resguardar los derechos de propiedad se estimula la cooperación social, esto es, los intercambios libres y voluntarios entre sus participantes lo cual necesariamente mejora la situación de las partes en un contexto de división del trabajo ya que en libertad se maximiza la posibilidad de detectar talentos y las vocaciones diversas (todo lo contrario de la guillotina horizontal que sugieren los socialismos igualitaristas). Y en este estado de cosas se incentiva también la competencia, esto es, la innovación y la emulación para brindar el mejor servicio y la mejor calidad y precio a los consumidores.

Como hemos apuntado en otras ocasiones, la libertad es indivisible, no es susceptible de cortarse en tajos, es un todo para ser efectiva en cuanto a los derechos de la gente. Los marcos institucionales que aseguran el antedicho respeto resultan indispensables para proteger el uso y la disposición diaria de lo que pertenece a cada cual. Los marcos institucionales constituyen el continente y las acciones cotidianas son el contenido, carece de sentido proclamarse liberal en el continente y no en el contenido puesto que lo uno es para lo otro. Entonces, ser “liberal de izquierda” constituye una flagrante contradicción en los términos, lo cual para nada significa que la posición contraria sea “de derechas” ya que esta posición remite al fascismo y al conservadurismo, la posición contraria es el liberalismo (y no el “neoliberalismo” que es una etiqueta con la que ningún intelectual serio se identifica puesto que es un invento inexistente).

Incluso para ser riguroso la expresión “ideal” que hemos colocado de modo un tanto benévolo en el título de esta nota, estrictamente no le cabe a los estatismos puesto que esa palabra alude a la excelencia, a lo mejor, a lo más elevado en la escala de valores, por lo que la compulsión y la agresión a los derechos no puede considerarse “un ideal” sino más bien un contraideal. Es un insulto torpe a la inteligencia cuando se califica a terroristas que achuran a sus semejantes a mansalva como “jóvenes idealistas”.

Lo dicho sobre la empresa arrogante, soberbia y contraproducente de intentar la modificación de la naturaleza  humana, frente a los esfuerzos por el respeto recíproco no justifican en modo alguno la desidia de muchos que se dicen partidarios de la sociedad libre pero se abstienen de contribuir día a día en la faena para que se comprenda la necesidad de estudiar y difundir los valores de la sociedad abierta e incluso las muestras de complejos inaceptables que conducen al abandono de esa defensa renunciando a principios básicos del mencionado respeto que permite que cada uno al proteger sus intereses legítimos mejora la condición del prójimo.

La sociedad abierta hace posible que las personas dejen de preocuparse solamente por cubrir sus necesidades puramente animales y puedan satisfacer sus deseos de recreación, artísticos y en general culturales. De más está decir que esto no  excluye posibles votos de pobreza, lo que enfatizamos es que la libertad otorga la oportunidad de contar con medicinas, comunicaciones, transportes, educación e innumerables bienes y servicios que no pueden lograrse en el contexto de la miseria a que conducen los sistemas envueltos en aparatos estatales opresivos.

Lo dicho en absoluto significa que deban acallarse las posiciones estatistas por más extremas que parezcan. Todas las ideas desde todos los rincones deben ser sometidas al debate abierto sin ninguna restricción al efecto de despejar dudas en un proceso de prueba y error que no tiene término. En eso estamos. Lo peor son las ideologías, no en el sentido inocente del diccionario, ni siquiera en el sentido marxista de falsa conciencia de clase, sino como algo terminado, cerrado e inexpugnable que es lo contrario al conocimiento que es siempre provisional y abierto a posibles refutaciones. De lo que se trata es de pisar firme en los islotes de lo que al momento estimamos son verdades, en medio del mar de ignorancia que nos envuelve. Y esto no suscribe en nada la contradictoria postura del relativismo epistemológico que además de ser relativa esa misma posición, abriría la posibilidad de que una cosa al tiempo pueda ser y no ser lo que es y derribaría toda posibilidad de investigación científica puesto que no habría nada objetivo que investigar.

El concepto mismo de Justicia es inseparable de la libertad y de la propiedad. Según la definición clásica se trata de “dar a cada uno lo suyo” y lo suyo remite a la propiedad. El aludir a la denominada “justicia social” se traduce en una grosera redundancia puesto que la justicia no es mineral, vegetal o animal o, de lo contrario, apunta a sacarles por la fuerza sus pertenencias para entregarlas a quienes no les pertenece, lo cual constituye una flagrante injusticia.

Los socialismos proclaman que sus defendidos son los trabajadores (y los limitan a los manuales) pero precisamente son los más perjudicados con sus sistemas ya que el desperdicio de capital por políticas desacertadas recae principalmente sobre sus bolsillos. El liberalismo en cambio, cuida especialmente a los más débiles económicamente al atribuir prioritaria importancia que a cada trabajador debe respetársele el fruto de su trabajo sin descuentos o retenciones de ninguna naturaleza y en un ámbito donde se maximizan las tasas de capitalización y, consecuentemente, los salarios. El nivel de vida no se incrementa por medio del decreto sino a través del ahorro y la inversión, lo cual solo puede florecer en un clima de respeto recíproco y no someterse a megalómanos que imponen sus caprichos sobre las vidas y haciendas ajenas.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa.

¿LA CIUDAD DEL FUTURO?

Por Alberto Benegas Lynch (h)

 

Lo primero que hay que resaltar es que nadie conoce el futuro puesto que no pueden anticiparse los millones de sucesos que ocurren en el presente y han ocurrido en el pasado que influirán en el más adelante, además de  procesos nuevos que se acoplan en el devenir de los acontecimientos. De todos modos pueden conjeturarse ciertos fenómenos con las reservas del caso, en realidad de modo cotidiano es lo que se hace con la idea de preveer las consecuencias de nuestros actos que en ausencia de esas conjeturas quedaríamos paralizados.

 

En este contexto es que pueden formularse hipótesis respecto a las ciudades del futuro en vista de algunas tendencias y preferencias que benefician  a la gente al internalizar costos y no hacerles pagar coactivamente a quienes no recurren a tal o cual servicio (por ejemplo, cuando pagan por rutas quienes no tienen automóvil…ni por espacios y rutas aéreas si el día de mañana esos vehículos volaran o, como ha sugerido Elon Musk, capas de plataformas subterráneas de alta velocidad).

 

Últimamente se han publicado infinidad de trabajos imaginando asignación  de derechos de propiedad a todo lo que hoy se da por sentado que debe ser estatal, obras en la que se ejemplifica con casos muy relevantes que operan en la actualidad. En este sentido, se destacan muy especialmente The Voluntary City. Choice, Community and Civil Society que contiene valiosos y voluminosos  escritos editados por David. T. Beito, Peter Gordon y Alexander Tabarrok con un ponderado prólogo de Paul Johnson, y también el magnífico Public Goods and Private Communities. The Market Provision of Social Servicies por Fred Foldvary.

 

En una nota periodística no pueden abarcarse todas las aristas que ofrecen los temas inherentes al tema planteado por lo que nos concentraremos solo en las calles, avenidas y carreteras al efecto de ilustrar un aspecto del asunto que implícitamente abarca otras facetas. De entrada resaltamos que la aludida asignación de derechos de propiedad a las vías de comunicación terrestres no significa para nada la incomunicación del mismo modo que a nadie en su sano juicio se le ocurriría a esta altura del partido afirmar que la telefonía privada bloquea la comunicación cuando, muy al revés, la intervención estatal en el rubro obligaba a la gente a gritar puesto que la incomunicación estaba a la orden del día y el contar con un teléfono constituía un privilegio enorme.

 

Entonces veamos lo que ocurre en un centro comercial (shopping): calles internas bien iluminadas, sin baldozas destrozadas y donde la inseguridad es inexistente puesto que los incentivos operan  en  esa  dirección para proteger y atraer a clientes efectivos o potenciales en un contexto donde no se cobra el tránsito puesto que los comerciantes desean contar con la mayor clientela posible.

 

Lo que sugieren las obras mencionadas es que las zonas urbanísticas del futuro se concreten en barrios residenciales donde van los dueños, sus inquilinos y sus invitados, los barrios industriales donde se ubican las fábricas y oficinas y los antes mencionados barrios comerciales donde se agregan a los negocios habituales, las atenciones a la salud, los lugares bailables, los estudios profesionales, los espacios verdes, teatros, restaurantes y demás emprendimientos dirigidos al público en general.

 

Esta situación urbanística requiere calles interiores y avenidas sin cargo en los barrios residenciales (hoy denominados barrios cerrados) y los referidos barrios comerciales y pagos las rutas y carreteras privadas donde el costo lo abonan quienes las utilizan (donde puede concebirse que en algunos casos sean también sin cargo o privadamente subsidiados cuando el negocio es inmobiliario  a los costados de la ruta o carretera que, según el tráfico pueden ser de más de un piso).

 

En esta línea argumental aparecen dos supuestos contra-argumentos: las comunicaciones terrestres que son inviables por ser antieconómicas y la supuesta “exclusión” que significan los barrios residenciales a la manera de los barrios cerrados. En primer lugar, si ciertas comunicaciones terrestres son antieconómicas (lo cual no se limita a las rutas, accesos y carreteras sino a los ferrocarriles, colectivos, líneas aéreas y de navegación marítima) es porque significan consumo de capital, situación que, a su turno, se traduce en contracción de salarios en términos reales puesto que éstos son consecuencia de las tasas de capitalización. A su vez, este derroche implica que inexorablemente se extiendan las zonas inviables ya que la pobreza es mayor. Si al comienzo de cada país, los contribuyentes se ven forzados a financiar elefantes blancos, nunca despega. Se sostiene que aquella financiación forzosa es un acto de “solidaridad” lo cual rechaza la misma idea de caridad que, por definición, trata de actos voluntarios con recursos propios. Un acto de solidaridad no es arrancar las billeteras y las carteras de unos y entregar el fruto del trabajo ajeno a otros (sin contar lo que se queda en al camino cuando intervienen los aparatos estatales). Como se ha dicho “la primera regla de la economía es que los bienes son escasos y la primera regla de la política es desconocer la primera regla de la economía”.

 

En segundo lugar, la “exclusión” que se atribuye despectivamente a los llamados barrios cerrados no solo no excluye en el sentido peyorativo sino que incluye puesto que refuerza los incentivos por la seguridad jurídica que implica. En otro sentido, la asignación de derechos de propiedad naturalmente excluye a los no son propietarios del bien en cuestión de la misma manera que siempre incluye a los que son dueños de ropa, alimentación y  vivienda. Lo contrario se degrada en “la tragedia de los comunes” (lo que es de todos no es de nadie con el consiguiente uso desaprensivo del bien). Entonces, si lo que se quiere decir por “excluidos” en el sentido de marginados y empobrecidos, debe comprenderse que la receta más contundente para aumentar la insatisfacción consiste en atacar  las garantías a la propiedad, es decir, cuando alguien produce algo bloquear el uso y disposición por parte del titular.

 

Como hemos consignado en otra oportunidad, el origen de este análisis debe verse en los canales navegables más importantes en Inglaterra y Estados Unidos financiados privadamente por peajes en el siglo xviii donde se abrieron las puertas al progreso tecnológico en esta materia a través de sistemas de dragados, túneles, exclusas y puentes. Asimismo, los caminos siguieron en muchos países europeos el mismo derrotero:  los de tierra se convertían en puro lodo en épocas de lluvias y en un terragal insoportable en épocas de seca. En la antigüedad la construcción de caminos eran sinónimo de esclavitud pero con el tiempo la faena fue responsabilidad de los pobladores y de las parroquias (en tiempos de las Cruzadas había obispos que otorgaban indulgencias para constructores de caminos y su respectiva manutención).

 

Contemporáneamente, los canales de Suez y Panamá fueron financiados por medio de la venta de acciones y la colocación de títulos en los mercados de capitales mundiales. Hoy el Eurotúnel une el continente con Gran Bretaña  a través del Canal de la Mancha en un emprendimiento que cuenta con 560.000 accionistas.

 

Cuando se comenzó a utilizar el hierro, la invención de John McAdam y el asfalto hizo que los caminos pasaran al primer nivel de atención. Se utilizó el sistema de los turnpikes (peajes) como sistema de financiación en Inglaterra, Irlanda, Bélgica y Estados Unidos. Tal como sucedió en otras áreas, los gobiernos comenzaron a entrometerse en los negocios privados, en este caso, primero regulando precios, luego a través de shadow prices que simulaban peaje pero entregando diferencias directamente a los propietarios como una medida “política” hacia los usuarios y en algunos casos haciendo aparecer directamente como si no hubiera peaje (como si los caminos fueran “gratis”). La reiteración de estas políticas que disminuían las entregas gubernamentales, junto con la irrupción del ferrocarril mandaron a no pocos operadores a la quiebra lo cual, en lugar de corregir la situación, hizo que los gobiernos tomaran lo que fue un negocio en una gestión estatizada.

 

Después de un largo tiempo volvió a aparecer el sector privado en el negocio pero bajo la figura de “la concesión” lo cual mantiene la politización del área. Esto fue primero en varios países europeos, Estados Unidos y Japón, en este último caso eliminando el eminent domain, a saber, la eliminación de la expropiación para “causa de utilidad pública”, es decir, el trazado de la construcción de caminos sin afectar el derecho de propiedad. La nueva aplicación del peaje primero se llevó a cabo con tolltags y luego el cobro electrónico sin barreras.

 

La figura de la concesión, entre otras cosas al mantener la propiedad en manos estatales, no permite al operador recurrir al camino como colateral para recurrir al crédito y, en general, le resta autonomía financiera. Al mantener la propiedad en la órbita estatal se facilitan intromisiones y politizaciones del negocio y problemas cuando se acerca el vencimiento del contrato (salvando las distancias, también la concesión afecta gravemente la libertad de prensa al no vender el espectro electromagnético).

 

En el caso que venimos comentando, la asignación de derechos de propiedad no solo permite la mayor flexibilización del negocio y el mejor rendimiento en competencia (también con otros medios de transporte) sino que se resuelve el tema de la optimización de las normas de tránsito, la pornografía, la prostitución, el uso de estupefacientes, las protestas sociales, al tiempo que las quejas eventuales de usuarios son debidamente atendidas para prosperar.

 

No es que la eliminación del uso desaprensivo de la politización haga desaparecer errores, la imperfección es la característica del ser humano, de lo que se trata es de minimizar problemas pasando al campo de lo voluntario y pacífico y, en esta etapa del proceso evolutivo, mantener al aparato de la fuerza que denominamos gobierno en el terreno de la protección de los derechos de todos.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa.

TODO EMPEZÓ CON PLATÓN

Por Alberto Benegas Lynch (h)

 

 

En no pocas personas hay, a veces guardado en el interior,  a veces exteriorizado, un sentimiento de envidia, celos y resentimiento por los que tienen éxito en muy diversos planos de la vida. Y estos sentimientos malsanos se traducen en políticas que de distintas maneras proponen la guillotina horizontal, es decir, la igualación forzosa para abajo al efecto de contemplar la situación de quienes, por una razón u otra, son menos exitosos.

 

Pero estas alharacas a favor del igualitarismo inexorablemente se traducen en la más absoluta disolución de la cooperación social y la consecuente división del trabajo. Si se diera en la naturaleza lo que pregonan los igualitaristas como objetivo de sus utopías, por ejemplo, a todos les gustaría la misma mujer, todos quisieran ser médicos sin que existan panaderos y lo peor es que no surgiría manera de premiar a los que de mejor modo sirven a los demás (ni tampoco sería eso tolerable puesto que el premio colocaría al premiado en una mejor posición que es, precisamente, lo que los obsesos del igualitarismo quieren evitar). En otros términos, el derrumbe de la sociedad civilizada. Incluso la misma conversación se tornaría insoportablemente tediosa ya que sería equivalente a parlar con el espejo. La ciencia se estancaría debido a que las corroboraciones provisorias no serían corregidas ni refutadas en un contexto donde todos son iguales en sus conocimientos. En resumen un infierno.

 

Este ha sido el desafío de la corriente de pensamiento liberal: como en la naturaleza no hay de todo para todos todo el tiempo, la asignación de derechos de propiedad hace que los que la usen bien a criterio de sus semejantes son premiados con ganancias y los que no dan en la tecla con las necesidades del prójimo incurren en quebrantos. La propiedad no es irrevocable, aumenta o disminuye según la utilidad de su uso para atender las demandas del prójimo. Este uso libre maximiza las tasas de capitalización, lo cual incrementa salarios e ingresos en términos reales. Esto diferencia a los países ricos de los pobres: marcos institucionales que respeten los derechos de todos para lo cual los gobiernos deben limitarse a castigar la lesión de esos derechos.

 

No se trata de buscar una “justicia cósmica” al decir de Thomas Sowell, sino una terrenal en dirección a “dar a cada uno lo suyo”, a saber, la propiedad de cada cual, comenzando por su cuerpo, la libertad de la expresión del pensamiento y el  uso y disposición de lo adquirido lícitamente.

 

Sería muy atractivo vivir en Jauja donde no hayan terremotos ni sequías ni defectos humanos ni físicos ni mentales, pero la naturaleza es la que es no la que inventamos, de lo que se trata es de minimizar costos, especialmente para los más necesitados.

 

En cambio, hoy en día observamos por doquier gobiernos que se entrometen en los más mínimos detalles de la vida y las haciendas de quienes son en verdad súbditos de los aparatos estatales, en teoría encargados de proteger a los gobernados, a lo que se agrega el otorgamiento de privilegios inauditos a pseudoempresarios aliados con el poder político para explotar a la gente, endeudamientos estatales mayúsculos, presión fiscal astronómica, gastos públicos siderales y demás estropicios que lleva a cabo el aparato de la fuerza.

 

Se podrá decir que la guillotina horizontal no es necesaria llevarla al extremo del igualitarismo completo (por otra parte, imposible de realizar dado que cada ser humano es único e irrepetible en toda la historia de la humanidad), con que se “modere en algo” es suficiente. Pues bien, en la medida de que se tienda al igualitarismo, en esa medida surgirán los problemas señalados que, recordemos, siempre redunda en daños especialmente a los más pobres ya que son los que más sienten el impacto de la disminución en las antes referidas tasas de capitalización. El delta entre los que más tienen y los que menos tienen (al momento puesto que es un proceso cambiante) dependerá de las decisiones de la gente que cotidianamente expresan sus preferencias en los supermercados y afines.

 

Henos aquí que estos problemas y la manía del igualitarismo y el consecuente ataque a la propiedad privada comenzó a sistematizarse con Platón cuatrocientos años antes de Cristo. Platón en La República y en Las Leyes patrocina el comunismo, es decir, la propiedad en común y no solo de los bienes sino de las mujeres, en esta última obra dice el autor que su ideal es cuando “lo privado y lo individual han desaparecido” lo cual nos recuerda que con razón Milan Kundera concluye que cuando “lo privado desaparece, desaparece todo el ser”. Claro que Platón no vivió para enterarse de “la tragedia de los comunes”, aunque de modo más rudimentario la explicó su discípulo Aristóteles quien además destacó que los conflictos son más acentuados cuando la propiedad es en común respecto a la asignación de derechos de propiedad.

 

Claro que los autores que con más énfasis propusieron la liquidación del derecho de propiedad fueron Marx y Engels que en su Manifiesto Comunista escribieron que “la teoría de los comunistas se puede resumir en una sola frase: la abolición de la propiedad privada”.

 

Esta declaración marxista se subsume en la imposibilidad de evaluación de proyectos, de contabilidad, en definitiva, de todo cálculo económico puesto que cuando no hay propiedad no hay precios (que surgen del intercambio de propiedades), con lo cual no se sabe si es mejor una asignación de los siempre escasos recursos respecto de otro destino tal como lo explicó detalladamente Ludwig von Mises. En otros términos, no existe tal cosa como una economía socialista o comunista (Lenin escribió que el socialismo es solo la primera etapa para llegar al comunismo), de allí el descalabro que exhibió el derrumbe del Muro de la Vergüenza en Berlín.

 

Nuevamente reiteramos que no es necesario abolir la propiedad para que aparezcan los trastornos que señalamos en la medida en que se afecte esa institución clave. Cuando irrumpen los megalómanos concentran ignorancia en lugar de permitir la coordinación de conocimiento disperso a través del sistema de precios libres (en realidad un pleonasmo ya que los precios que no son libres resultan ser simples números que dicta la autoridad gubernamental pero sin significado respecto a la valorizaciones cruzadas que tienen lugar en toda transacción voluntaria), Con esos supuestos controles los gobernantes imponen sus caprichos personales con lo que indefectiblemente aparecen faltantes y desajustes de diverso calibre.

 

Además, la manía igualitarista presupone la falacia que la riqueza  es estática y que se basa en la suma cero (lo que uno gana lo pierde otro). Sin duda que la utopía comunista no es patrimonio exclusivo de Marx, hubo un sinfín de textos en esa dirección como los de Tomás Moro, Tommaso Campanella, William Godwin y no pocos religiosos desviados del mensaje cristiano de la pobreza de espíritu. Tal vez en este último caso sea pertinente detenerse a considerarlo.

 

Dos de los mandamientos indican “no robar” y “no codiciar los bienes ajenos”. En Deuteronomio 27, 17 se lee “Maldito quien desplace el mojón de su prójimo”, también en Deuteronomio (8, 18) “acuérdate que Yahveh tu Dios, es quien te da fuerza para que te proveas de riqueza”. En 1 Timoteo (5, 8) “si alguno no provee para los que son suyos, y especialmente para los que son miembros de su casa, ha repudiado la fe y es peor que una persona sin fe”. En Mateo (5, 3) “bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos” fustigando al que anteponga lo material al amor a Dios (amor a la Perfección), en otras palabras al que “no es rico a los ojos de Dios” (Lucas 12, 21), lo cual se aclara la Enciclopedia de la Biblia (con la dirección técnica de R. P. Sebastián Bartina y R. P. Alejandro Díaz Macho bajo la supervisión del Arzobispo de Barcelona): “fuerzan a interpretar las bienaventuranzas de los pobres de espíritu, en sentido moral de renuncia y desprendimiento”  y que “ la clara fórmula de Mateo  -bienaventurados los pobres de espíritu- da a entender que ricos o pobres, lo que han de hacer es despojarse interiormente de toda riqueza” (tomo vi, págs. 240/241). En Proverbios (11,18) “quien confía en su riqueza, ese caerá”. En Salmos (62, 11) “a las riquezas, cuando aumenten, no apeguéis el corazón”. Este es también el sentido de la parábola del joven rico (Marcos 10, 17-22) ya que “nadie puede servir a dos señores” (Mateo 6, 24).

 

Lamentablemente hoy día las cosas han cambiado en el Vaticano, en este sentido y con independencia de otros párrafos véase con atención un pasaje donde queda evidenciado lo que escribía el papa León xiii en la primera Encíclica sobre temas sociales que a continuación reproduzco para destacar que nada ni remotamente parecido fue hasta ahora escrito o dicho por Francisco sino que viene afirmando todo lo contrario en cuanta oportunidad tiene de expresarse.

 

“Quede, pues, sentado que cuando se busca el modo de aliviar a los pueblos, lo que principalmente,  y como fundamento de todo se ha de tener es esto: que se ha de guardar intacta la propiedad privada. Sea, pues, el primer principio y como base de todo que no hay más remedio que acomodarse a la condición humana; que en la sociedad civil no pueden todos ser iguales, los altos y los bajos. Afánense en verdad, los socialistas; pero vano es ese afán, y contra la naturaleza misma de las cosas. Porque ha puesto en los hombres la naturaleza misma grandísimas y muchísimas desigualdades. No son iguales los talentos de todos, ni igual el ingenio, ni la salud ni la fuerza; y a la necesaria desigualdad de estas cosas le sigue espontáneamente la desigualdad de la fortuna, lo cual es por cierto conveniente a la utilidad, así de los particulares como de la comunidad; porque necesitan para sus gobiernos la vida en común de facultades diversas y oficios diversos; y lo que a ejercitar otros oficios diversos principalmente mueve a los hombres, es la diversidad de la fortuna de cada uno”. Y, por su parte, el papa Pio xi,  al conmemorar la Encíclica de León xiii, consignó que “nadie puede ser, al mismo tiempo, un buen católico y verdadero socialista”.

 

Y como, entre otros, explicaba Eudocio Ravines, “el socialismo no trata de una buena idea mal administrada, se trata de una pésima idea que arruina a todos, lo cual comienza con pequeñas intervenciones estatales que escalan ya que un desajuste lleva a otra intromisión y así sucesivamente”. En esta línea argumental subrayaba Alexis de Tocqueville “Se olvida que en los detalles es donde es más peligroso esclavizar a los hombres. Por mi parte, me inclinaría a creer que la libertad es menos necesaria en las grandes cosas que en las pequeñas, sin pensar que se puede asegurar la una sin poseer la otra”. En resumen entonces, los yerros más gruesos y dañinos en materia social comenzaron con Platón los cuales deben refutarse para evitar males, especialmente para proteger a los más necesitados que son siempre los que más sufren los embates de políticas equivocadas.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa.

El liberal uruguayo

Por Alberto Benegas Lynch (h). Publicado el 14/1/17 en  en El País de Montevideo. Edición impresa.

 

Cada tanto tiempo aparecen en muy diversos lugares personas que dejan una huella profunda en las mentes de sus congéneres. Es como dice en la Biblia -Isaías (1:9)- cuando alude a “un reducto minúsculo” que será la esperanza para mantener valores y principios que las mayorías circunstanciales suelen rechazar. El coraje moral de pocas personas permite mantener viva la llama.

En el caso que ahora nos ocupa, el de una extraordinaria personalidad: Ramón Díaz, se destaca nítidamente en la historia uruguaya reciente quien acaba de morir, ha dedicado parte importante de su vida a mostrar las ventajas de la sociedad abierta (para recurrir a terminología popperiana). Un gran liberal que trascendió en mucho las fronteras de su país.

Fue presidente de la internacional asociación liberal Mont Pelerin Society fundada en la segunda posguerra por el premio Nobel en economía Fredrich Hayek, secundado por eminentes economistas y cientistas sociales como Milton Friedman, Ludwig von Mises, Leonard Read, Wilhelm Röpke y Frank Knight.

Personalmente lo conocí en una de las reuniones de esa asociación de la que fui miembro del Consejo Directivo. Me invitó varias veces a dictar clases en la Universidad Católica de Uruguay donde mantenía una cátedra regular de economía, período en el cual escribió su obra cumbre sobre la historia económica uruguaya que ha servido como uno de los textos más valiosos del recorrido económico del país hermano. Me honró al sugerir mi nombre para integrar la Academia Nacional de Economía del Uruguay que presidió y de la que soy miembro correspondiente.

Cuando murió mi padre se publicó un libro en su homenaje al que Ramón fue invitado a contribuir. Su emotivo trabajo se tituló “Un pionero de la libertad” en referencia al homenajeado donde lo abre afirmando que Adam Smith inició el debate sistematizado sobre la trascendencia del mercado libre a contracorriente del denominado “mercantilismo” que hoy podemos denominar populismo o simplemente estatismo que contienen todas las falacias que seguimos desafortunadamente discutiendo hoy.

Nuestro mundo sigue empecinado en gastos públicos astronómicos en el contexto de reclamos por “Estados presentes” como si no se percatara de que el Estado es el vecino que financia todo ya que ningún gobernante pone de su peculio (más bien se suele llevar recursos a sus arcas personales que pertenecen al erario público). A esto se agrega un colosal endeudamiento estatal que compromete futuras generaciones que no han participado en el proceso electoral para seleccionar al gobierno que contrajo la deuda. Como si esto fuera poco, la presión tributaria se torna insoportable en vista de la manía gubernamental de entrometerse en los más mínimos recovecos de la vida privada en lugar de concentrarse en la Justicia y la seguridad que son las áreas que generalmente no atiende. Y solo para mencionar algunos desvíos, los aparatos estatales imponen restricciones al comercio exterior como si fuera una gracia obligar a los locales a comprar más caro y de peor calidad bajo presión de pseudoempresarios que pretenden mercados cautivos a expensas de su prójimo. En otros términos, después de más de trescientos años desde Adam Smith y con argumentos muy reforzados desde entonces, resulta que retornamos al mercantilismo del siglo XVII que hoy opera bajo el rótulo del nacionalismo, el socialismo o el Estado Benefactor (esto último una contradicción en los términos puesto que la fuerza no puede hacer beneficencia).

Vivimos la era de los megalómanos que con una arrogancia superlativa imponen lo que debe hacer cada cual con su vida y el fruto de su trabajo. Miran con desconfianza la coordinación del mercado abierto y se entrometen con lo que generan escasez y desperdicio de capital lo cual se traduce en una inexorable reducción de salarios puesto que estos dependen de las tasas de capitalización. Se encaprichan por la llamada “redistribución de ingresos” situación que necesariamente significa que se contradicen las indicaciones que los consumidores llevan a cabo en el supermercado y afines. Como se ha dicho “la primera regla de la economía es que los bienes no son sobreabundantes y la primera regla de la política es desconocer la primera regla de la economía”.

Cuando fui rector de la institución de posgrado Eseade (Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas) el primer profesor invitado fue Ramón Díaz, quien pronunció su conferencia inaugural sobre los daños que produjo la Cepal en América Latina al insistir en políticas estatistas especialmente en cuanto al sector externo, pero no solo respecto a la manipulación cambiaria y arancelaria sino también en cuanto a la multiplicación de empresas estatales que están siempre fuera del mercado.

Recuerdo la emoción que todos sentimos con esa presentación inicial en una casa de estudios que recién comenzaba sus maestrías. A raíz de una de las preguntas de uno de los alumnos que se interesó por conocer la diferencia entra el liberalismo político y el económico, Ramón explicó con claridad meridiana el tema. Señaló que el liberalismo es inescindible y que el así llamado “liberalismo político” alude al continente, es decir, a la libertad de expresión del pensamiento, al Estado de Derecho, a la división e independencia de los poderes y equivalentes, mientras que el “liberalismo económico” se dirige a la libertad de los mercados, a saber, que cada uno pueda usar y disponer de lo propio sin que se lesionen derechos de terceros. A continuación Ramón preguntó a la audiencia para que sirve el continente (la libertad política) si no es para proteger el contenido (las acciones diarias de la gente para disponer de su propiedad).

Despedimos al amigo que, fuera de sus dotes profesionales, fue una excelente persona. Ha sido un privilegio conocerlo y aprender de su notable versación.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa.

COSTOS DE CAMBIAR Y COSTOS DE NO CAMBIAR, UN BALANCE

Por Alberto Benegas Lynch (h)

 

Lo primero que hay que recalcar es que no hay acción humana sin costo, lo cual implica que para obtener un valor debe dejarse de lado otro considerado por el sujeto actuante como de menor valor respecto al que se apunta a incorporar. En el terreno de la economía esto se denomina “costos de oportunidad”. Si quiero jugar al tenis debo dejar de lado la lectura si es que eso es mi segunda prioridad y así sucesivamente.

 

Ahora bien, respecto a la transición de una política gubernamental a otra debe destacarse en primer término que nada hay original en esto puesto que la vida misma es una transición. Todos los días cuando a alguien en su trabajo se le ocurre una buena idea para mejorar la productividad de la empresa o la actividad en la que se desempeña, está de hecho provocando una transición, es decir, un cambio, desde la situación anterior a la nueva, lo cual significa reasignar recursos humanos y materiales. Como he dicho en otras oportunidades, cuando apareció el refrigerador el hombre de la barra de hielo se reubicó en otras faenas y cuando apareció la locomotora Diesel, se colocó en otras tareas el fogonero y así con todo cotidianamente en todos los planos de la actividad humana. Si se decidiera congelar las transiciones no habría tal cosa como progreso puesto que el progreso inexorablemente se traduce en cambio.

 

Cuando un gobierno pretende pasar de una política populista a una liberal, naturalmente debe adoptar medidas para reducir el gasto público a niveles que se compatibilicen con un sistema republicano. Asimismo, debe reducir la presión tributaria, abrogar regulaciones absurdas que restan inútilmente espacios de libertad, apuntar a la eliminación del endeudamiento gubernamental al efecto de desempeñarse con recursos presentes y no extrapolar la idea del sector privado recurriendo a la mal llamada “inversión pública”. Para todo ello se requiere la antes mencionada reasignación de recursos humanos y materiales, esto es, minimizar el uso coactivo del fruto del trabajo ajeno lo cual mejora la situación económica de los más débiles que siempre son los que más se perjudican ya que la disminución en las tasas de capitalización debido a la merma de inversiones afecta severamente salarios en términos reales.

 

Reducir el gasto público no puede camuflarse con la “mejora en la calidad del gasto” como proponen algunos distraídos ya que lo malo no debe mejorarse puesto que si una función gubernamental es inconveniente resulta peor si se hace más eficiente. Tomemos un ejemplo horripilante: si en la época nazi se mejoraban las cámaras de gas la situación empeoraba, es mejor que falte gas o que las cámaras letales no funcionen.

 

Parcialmente reitero lo que he escrito antes en esta materia. Es de interés elaborar sobre los mecanismos idóneos para pasar de una situación de estatismo a una de libertad. Lo primero que en este contexto debe tenerse en cuenta es que el discurso y la ejecución del político están embretados en una franja de máxima y mínima que deriva del grado de compresión de la opinión pública de los diversos temas. El salirse de ese plafón se paga con menor apoyo electoral. Ahora bien, para correr el eje del debate y poder ampliar el discurso y la consiguiente ejecución es menester operar en el campo de las ideas. Son éstas, para bien o para mal, las que permiten convertir lo que al momento se considera políticamente imposible en políticamente posible.

 

Una vez que se cuenta con un número suficiente de personas que comprenden y comparten cierta idea, recién entonces es posible considerar la forma de llevarla a cabo de modo completo, lo cual no es óbice para que se transiten los primeros pasos de lo contrario no tiene sentido estar en el gobierno. Las explicaciones son irrelevantes, lo trascendental es la marcha de la gestión.

 

En esta línea argumental, lo que en esta nota quisiera plantear es si esa ejecución debe llevarse a cabo gradualmente para darle oportunidad a que ajusten sus conductas aquellos que se adaptaron a la legislación anterior de buena fe o si deben ejecutarse de una vez las medidas.

 

Estimo que es conveniente tener siempre presente que no hay tal cosa como derechos adquiridos contra el derecho. Es decir, para ilustrarlo con un ejemplo muy extremo, no podían otorgarse “derechos adquiridos” a los fabricantes de cámaras de gas en la época de los criminales nazis. Tampoco tiene sentido encaminar una política gradualista para las clínicas de abortos y permitir la exterminación de quienes son personas en el momento mismo de la fecundación del óvulo con toda la carga genética completa (a diferencia de los que adhieren a la magia primitiva de sostener que se produce una mutación en la especie en el instante del alumbramiento). Sin llegar a estos extremos donde está comprometida la vida de seres humanos de modo directo, podemos ejemplificar con empresarios que venden arena en el Sahara o helados en el Polo Norte. Estos últimos ejemplos pueden parecer ridículos pero en verdad equivalen y calzan en todos los casos en los que se presentan operaciones ruinosas como si fueran verdaderos negocios que solo benefician a los comerciantes prebendarios que fabrican componendas en la oscuridad de los despachos oficiales pero que literalmente arruinan la vida de millones de personas. Son como inmensos vampiros que succionan la sangre de sus congéneres. Vilfredo Pareto ya explicó que “El privilegio incluso si debe costar 100 a la masa y no producir más que 50 a los privilegiados, perdiéndose el resto en falsos costes, será en general bien aceptado, puesto que la masa no comprende que está siendo despojada, mientras que los privilegiados se dan perfecta cuenta de las ventajas de las que gozan”. Es imperioso cortar de raíz el cordón umbilical de estos privilegios inauditos y antieconómicos que consumen capital y, por ende, reducen salarios y así evitar desgastantes presiones y negociaciones por parte de los múltiples grupos de interés.

 

Como hemos dicho, es distinto si no se comprende ni se comparte la idea. En ese caso no se puede aplicar (eventualmente ni siquiera de forma gradual).  Se trata de proceder en consecuencia una vez que la idea es aceptada y, en ese caso, sugerimos evitar por todos los medios los gradualismos que, además, ponen en riesgo los mismos pasos  y etapas que se proponen.

 

Pero, como queda consignado, esto no debe ser un pretexto para no hacer nada. La política de ir al fondo de los problemas de una vez fue lo que, por ejemplo, llevó a cabo Ludwig Erhard quien en contra de las opiniones de todos los comandantes militares de posguerra y los empresarios alemanes (especialmente los del sector siderúrgico) y buena parte de la opinión pública, sorpresivamente anunció la eliminación de todos los controles de precios y subsidios. El resultado fue el llamado “milagro alemán”. Como ha dicho Albert Einstein: “No podemos resolver problemas con el mismo pensamiento que usamos cuando los creamos”.

 

No pocos intelectuales, en lugar de esforzarse en correr el eje del debate en dirección a lo que saben es la meta optan por adaptarse a lo que al momento se considera políticamente posible con lo que comprometen severamente el logro de los objetivos finales. En lugar de asumir sus responsabilidades prefieren “jugar a la política” y abandonar las tareas propias de sus funciones. Son los políticos los que negociarán y ejecutarán lo que es posible según la comprensión de las ideas en el contexto de la situación imperante, pero si los intelectuales se suman a la faena de marras queda completamente abandonada la posibilidad de progreso. Generalmente los primeros en dejar de lado sus responsabilidades en la materia comentada son aquellos que se dicen liberales pero en verdad son conservadores recalcitrantes, son los que le dejan el campo abierto a socialistas que difícilmente abandonan su trabajo intelectual con lo que ofrecen un ejemplo de consistencia y perseverancia y, por tanto, son los que en definitiva producen corrimientos en los ejes del debate y, con ello, obligan a todo el arco de sus oponentes a empeorar sus propuestas, precisamente porque persisten en presentar lo políticamente posible en lugar de mostrar la indispensable honestidad y coraje intelectual.

 

Y esto no se circunscribe a desatar la infame maraña de regulaciones y disposiciones contraproducentes en el ámbito interno del país, sino habitualmente a la desactivación de políticas mal llamadas “proteccionistas” en el ámbito de las relaciones internacionales, medidas que protegen a los empresarios del privilegio pero que desprotegen a toda la comunidad que se ve obligada a comprar más caro, de peor calidad o ambas cosas a la vez. En este sentido, es de gran interés seguir el consejo del decimonónico Bastiat quien insistía en la conveniencia de prestar atención “a lo que se ve y a lo que no se ve”: en nuestro caso, se ven las empresas de los privilegiados trabajar pero lo que no se ve es el derroche que se traduce en empobrecimiento y la generalizada privación de adquirir los bienes y servicios que no existieron debido a los elefantes blancos instalados merced a la dádiva gubernamental. El propio Bastiat ilustra este tema con su característica ironía sugiriendo en su época que el gobierno obligue a tapiar todas las ventanas “para que los fabricantes de velas no se vean perjudicados por la competencia desleal del sol”.

 

Cabe añadir que, además de los intelectuales y los políticos, están quienes operan en “think tanks” entre los que básicamente  aparecen dos tipos: aquellos que difunden ideas (en esto se aproximan más a los trabajos de centros educativos) y los que se circunscriben a preparar políticas públicas. Y, por último, están los fantoches -que en buena medida engrosan las filas de los políticos- que lo único que les interesa es el protagonismo, la figuración y embolsarse alguna jugosa canonjía: persiguen la foto a cualquier costo y, consecuentemente, se venden al mejor postor y se acomodan a cualquier viento no importa para donde sople. Al decir de Borges “ya se había adiestrado en el hábito de simular que era alguien, para que no se descubriera su condición de nadie”. Son los cortesanos, genuflexos y rastreros de todas las épocas, tal como refiere Erasmo: “¿Qué os puedo decir que ya no sepaís de los cortesanos? Los más sumisos, serviles, estúpidos y abyectos de los hombres y sin embargo quieren aparecer siempre en el candelero”.

 

En todo caso, lo que en esta columna intento demostrar muy telegráficamente es que debe intentarse adoptar las ideas de respeto recíproco cuanto antes de forma que no quede amputada a través de etapas y recortes de diversa naturaleza que abren las puertas a presiones de los grupos de intereses prebendarios siempre al acecho para reconquistar sus privilegios para explotar a sus congéneres. Es caer en una trampa fatal el suponer que se protege a los más necesitados cuando se mantiene la red infame de derroche y subsidios puesto que, como decimos, esto reduce indefectiblemente sus ingresos.

 

El punto crucial consiste en hacer un balance de costos: si la situación vigente significa costos altísimos -un sistema responsable de la pobreza extrema- es menester salir del atolladero cuando antes pagando menores costos.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa.

AL FINAL, EL CADALSO

Por Alberto Benegas Lynch (h)

 

Bernard-Henri Lévy en su obra Barbarism with a Human Face concluye, con conocimiento de causa puesto que fue marxista en su juventud, que “Aplícase marxismo en cualquier país que se quiera y siempre se encontrará un Gulag al final”.

 

Por su parte, en El libro negro de comunismo. Crímenes, terror y represión de Séphane Courtois, Nicolas Werth, Jean-Louis Pané, Andrzej Packowski, Karol Bartosek y Jean-Louis Margolin consignan los asesinatos de cien millones de personas desde 1917 a 1997 por los regímenes comunistas de la Unión Soviética, China, Vietnam, Corea del Norte, Camboya, Europa Oriental, África y Cuba, es decir, a razón de unos quince millones de masacrados por año.

 

Es que las intromisiones de los aparatos estatales en las vidas y las haciendas de la gente poco a poco conducen a escaladas ya que un control conduce a otro hasta que el cercenamiento de las libertades requiere un estado policial. Algunos de los propulsores de las medidas iniciales pueden tener intenciones que nunca llegarían tan lejos pero sus propuestas, a la postre, conducen a finales trágicos.

 

La raíz del problema radica en la educación, nada puede hacerse como no sea el ganar la argumentación a favor de la sociedad abierta, de lo contrario los delitos como el robo instalados en la civilización son eliminados de un plumazo por los sátrapas al efecto de asumirlos como “políticas de estado”. Y cuando ponemos énfasis en la educación estamos hablando de valores y principios compatibles con la sociedad abierta que no necesariamente muestran un correlato con el monto presupuestario que se destina a ese rubro.

 

Por más que se sepa que al final está el cadalso, en última instancia, la única manera de combatir el mal es realizando el esfuerzo cotidiano para dar la batalla en el terreno de las ideas. Parecería que muchos pretenden resolver los problemas solo haciendo de espectadores sin tomarse la molestia de indagar en la causa de los problemas, ni tomarse molestia alguna en difundir las posibles soluciones.

 

En este sentido, tomemos algún espacio para subrayar algunos conceptos que hacen a los marcos institucionales de los cuales depende lo demás. En el origen de los tiempos del common law y del derecho romano durante gran parte de la República y principios del Imperio, a pesar de las consabidas trifulcas con los gobiernos de turno, la idea de la Ley (con mayúscula) resultaba de un proceso de descubrimiento de normas extramuros de las resoluciones positivas, básicamente a través de fallos judiciales en competencia que, en un mecanismo de prueba y error, iban sentando precedentes solo justificadamente modificados para mejorar el resultado. Esa era la Ley y la consecuencia era el establecimiento del consiguiente orden.

 

Luego, poco a poco, muchas veces de contrabando y otras abiertamente, se fue sustituyendo la Ley por legislación fabricada por poderes legislativos cuya misión original era la de limitarse a la administración de los recursos y los gastos de la corona, el cónsul o el emperador. Misión original que se fue transformando en el dictado de leyes para todos los propósitos imaginables de la vida cotidiana con un sentido de diseño y de ingeniería social que lo transformó en omnipotencia legislativa y, naturalmente, la inflación de las leyes deterioró su valor.

 

Este cuadro de situación tuvo lugar más rápidamente en los países latinos que en los anglosajones. En los primeros, duró bien poco el espíritu liberal de los tiempos iniciales de la independencia como colonia formal, mientras que se prolongó en los segundos. Así es que en los países latinos, los ciudadanos se acostumbraron desde muy antiguo a defenderse permanentemente de los ataques de sus gobiernos, al tiempo que vivían en la pobreza. Había aquí (y hay) un doble discurso: por un lado se alaban a los gobernantes y por otro se trata de evadir la mayor parte de las normas promulgadas por ellos, por su naturaleza injustas y arbitrarias. En los segundos, en cambio, los ciudadanos se acostumbraron a cumplir la Ley porque, en gran medida, velaba por sus derechos. El discurso en este caso estaba unificado.

 

Paradójicamente, hoy observamos que con el avance del Leviatán en todos lados, el mundo latino, a pesar de todos los problemas y enredos, tiene más defensas debido a su entrenamiento a la desobediencia, mientras que en el mundo anglosajón, la educación al respeto y veneración por la larga tradición de Law and Order encuentra a esos ciudadanos indefensos, y con su indiscutido acatamiento a ese principio pueden ir al despeñadero aunque la Ley y el Orden se haya convertido en legislación y desorden.

 

Tal vez uno de los juristas de mayor calado sea Bruno Leoni que en su obra Freedom and the Law (también en castellano con el título de La libertad y la ley) precisa conceptos de gran valor en línea con nuestras anteriores preocupaciones legislativas. Estimamos muy oportuno transcribir a continuación un pasaje que dan una idea de la dirección del trabajo: “La legislación aparece hoy como un expediente rápido para remediar todo mal y todo inconveniente […] Hay algo que anda muy mal en todo el sistema” Su preocupación principal se dirige al fortalecimiento de la institución de la propiedad como el eje central de la Justicia, esto es, el “dar a cada uno lo suyo”.

 

Las telarañas mentales no dejan lugar al pensamiento, siempre lo nuevo y distinto es rechazado por el oscurantismo cavernario. No podemos quejarnos por lo que nos ocurre y, al mismo tiempo, pretender revertir la situación insistiendo con los mismos métodos que generaron el problema. Como reza el aforismo: “la mente, como el paracaídas, solo funciona si está abierta”.

 

Al efecto de ilustrar malos entendidos con un ejemplo argentino, hay distraídos que con razón les repele el fascismo pero, sin embargo, en los hechos, le dan todo el apoyo a esa visión totalitaria que se resume en el golpe fascista del treinta que implantó el impuesto directo y progresivo, destrozó el federalismo fiscal, impuso el control de cambios, las juntas reguladoras y la banca central (junto a un proyecto de Constitución corporativa). Los así llamados antifascistas no se percatan que aquellas medidas que invaden los derechos individuales se han mantenido en el tiempo y han constituido una parte muy substancial de la decadencia de ese país: son en verdad antifascistas de pacotilla que no han comprendido la política destructiva de Mussolini.

 

Apenas como una muestra que ilustra de lo mucho que queda por hacer al efecto de contar con una sociedad abierta, mencionemos al pasar solo seis puntos. Primero, la disolución de la banca central para evitar la sinrazón de contar con una institución que dice operar para estabilizar el poder adquisitivo de la unidad monetaria, lo cual nunca ha llevado a cabo en ninguna parte. Cualquiera sea la llamada política monetaria provoca indefectiblemente un deterioro en los precios relativos, sea con la expansión,  contracción o al dejar inalterada la base monetaria.

 

Segundo, como un primer paso hacia un proceso educativo libre las instituciones privadas deben ser privadas y no privadas de toda independencia al ser reglamentadas por los tristemente  célebres ministerios de educación que simulan saber que tipo de educación prefiere la gente y acreditados por instituciones y academias fuera del ámbito de la politización.

 

Tercero, eliminar todos los aranceles para liberar recursos humanos y materiales al reducir el gasto por unidad de producto, lo cual, naturalmente, permite mayor cantidad de bienes  y servicios al eliminar las falacias tejidas desde las propuestas de la “industria incipiente” por el decimonónico Friedrich List que hace de apoyo logístico para que los empresarios prebendarios se enriquezcan a costa del fruto del trabajo ajeno.

 

Cuarto, contar con un sindicalismo libre que no trate a los trabajadores como rebaño a merced de descuentos y retenciones compulsivas, en otros términos resguardarse en la personería jurídica y no en la denominada “personería gremial” calcada de la Carta de Lavoro de Mussolini que empobrece a las personas que más necesitan trabajar para usufructo de dirigentes inescrupulosos.

 

Quinto, el establecimiento de un régimen tributario que se circunscriba a los impuestos indirectos y proporcionales, eliminando los directos y progresivos que atentan contra las tasas de capitalización que constituyen la única causa de ingresos y salarios en términos reales. Para lo cual es indispensable eliminar todas las funciones incompatibles con el republicanismo.

 

Sexto, la venta al mejor postor sin base ni condición de ninguna naturaleza de las mal llamadas “empresas estatales” (la actividad empresaria en un mercado libre no es un simulacro, opera con todos los rigores necesarios y arriesgando sus propios recursos). La constitución misma de esas entidades políticas necesariamente significan derroche de recursos puesto que de haber podido desenvolverse libremente la gente hubiera destinado el fruto de sus trabajos en otras direcciones (si lo hacen en la misma dirección no tiene sentido la intervención de marras). El alegar la necesidad de instalaras para llenar vacíos que el sector privado no  encararía por antieconómicos pasa por alto el hecho de que ese razonamiento conduce a consumo de capital lo cual extiende zonas inviables.

 

En este sentido, al efecto de tomarse el tiempo necesario en el debate de otras propuestas que contra-argumentan las posiciones convencionales en cuanto al dilema del prisionero, las externalidades, los “free-riders” y, en el contexto de la asimetría de la información, la selección adversa y el riesgo moral, es de interés considerar como medidas transitorias las propuestas por parte de diversos autores respecto a las que me he extendido en otra oportunidad sobre los límites al poder, tanto para el Judicial como para el Legislativo y el Ejecutivo

 

Es imprescindible estar atento a lo que Edward de Bono bautizó como “pensamiento lateral” para distinguirlo del convencional de “seguir profundizando en el mismo hoyo en lugar de mirar en otras direcciones y cavar en otros lados”. Ejemplifica de Bono con la fotografía. Dice que el fotógrafo clásico preparaba el escenario, acomodaba la pose del modelo y definía la luz, situación que le permitía conocer de antemano el resultado. En cambio, prosigue de Bono, el fotógrafo profesional moderno (y el amateur) saca una secuencia de fotografías sin previo preparado, lo cual le reporta sorpresas en la iluminación, en las poses de los modelos y en los escenarios, situación que brinda múltiples posibilidades en direcciones hasta el momento impensadas y desconocidas. Eso es el pensamiento lateral: explorar nuevas dimensiones que producen otros resultados, una gimnasia característica de las mentes abiertas siempre atentas para evaluar y juzgar desapasionadamente contribuciones distintas en dirección a la sociedad abierta que permiten vislumbrar otras perspectivas. Y así zafar del cadalso que no necesariamente debe ser en sentido literal pero si la imposición de esclavos modernos que se ven obligados a trabajar buena parte del año para los aparatos estatales.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa.

¿PONER ORDEN PROVOCA DESEMPLEO?

Por Alberto Benegas Lynch (h)

 

Muchas veces se dice que cuando un gobierno asume y encuentra un aparato estatal sobredimensionado compuesto por funciones incompatibles con un sistema republicano, el despido de burócratas inútiles traerá aparejada una dosis de desocupación. Entonces, otra vez más tratamos el tema crucial del desempleo pero antes traigo a colación una frase célebre de Winston Churchill que tal como destacó Eduardo J. Padilla habitualmente se le amputa la expresión toil (esfuerzo,  laboriosidad): “I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat”. Esto para que tomen nota políticos que irresponsablemente prometen paraísos en lugar arremangarse para solucionar problemas.

 

Vale la pena escudriñar más en cuanto a poner orden cuando un gobierno asume en medio de aparatos estatales elefantiásicos y organigramas sobrecargados. A veces este intento de poner orden se lo denomina “ajuste”. Reitero que debe considerarse una expresión inadecuada puesto que el verdadero ajuste se sufre con el desorden, no con el orden (si no fuera así no sería conducente el orden ya que bastantes “ajustes” hay en la vida diaria para que se imponga otro). Ajustarse el cinturón es lo que impone el estatismo, esto es, el aumento de la pobreza y el sacrificio. El orden permite liberar recursos esterilizados en áreas gubernamentales a los efectos de engrosar los bolsillos de la gente.

 

También es de interés puntualizar que las medidas que conducen al orden deben ser aplicadas lo antes posible para adelantar las buenas noticias fruto del orden y no aplicar medidas gradualistas puesto que ese goteo desgaste enormemente y mucho más si las medidas resultan fluctuantes, vacilantes y con marchas y contramarchas, en lugar de liberar el mercado laboral de legislación fascista y eliminar los impuestos directos al efecto de dar efectiva protección a los más pobres.

 

No hay magias en estos menesteres, no es posible contar con la torta y comérsela al mismo tiempo. Sin duda que los funcionarios de los que hablamos pueden estar sobrevaluados en el sector público y, por tanto, al pasar al sector privado sus salarios serán menores. Esto no debe corregirse puesto que la corrección significa que se arrancará el fruto del trabajo del vecino para continuar son la sobrevaluación de marras.

 

Vamos entonces una vez más al asunto clave de la desocupación. Bajo ninguna circunstancia hay desempleo involuntario (el voluntario no presenta problema alguno), siempre que los salarios surjan de arreglos contractuales libres y voluntarios. Las necesidades son ilimitadas y los recursos para atenderlas son escasos y el factor clave de esos recursos es precisamente el trabajo manual e intelectual. No se concibe la producción de bienes ni la prestación de servicios sin el concurso del trabajo. Si las necesidades estuvieran cubiertas y hubiera de todo para todos todo el tiempo, no habría necesidad de trabajar puesto que estaríamos en Jauja. Pero la realidad es otra. Cuando se obtiene un bien se desea otro y así sucesivamente. Esa es la historia del progreso desde las necesidades básicas a las culturales y de recreación.

 

Sin embargo, si los salarios se imponen por decreto o por el uso de la violencia, el desempleo es seguro. Los salarios son consecuencia inexorable de las tasas de capitalización, es decir, de maquinarias, instalaciones, equipos y conocimientos relevantes que hacen de apoyo logístico al trabajo para aumentar su rendimiento. Como hemos dicho tantas veces, no  es lo mismo pescar a cascotazos que hacerlo con una red de pescar, no es lo mismo arar con las uñas que hacerlo con un tractor. En otros términos, los equipos de capital resultan  esenciales para incrementar el rendimiento. Los salarios podrán ser altos o bajos según la inversión per capita pero no hay tal cosa como desempleo, a saber, nunca sobre aquel factor que es escaso en relación a las siempre ilimitadas necesidades (al pasar decimos que, por ejemplo, no estará empleado quien se encuentra en estado vegetativo ni aquel que sistemáticamente incendia su puesto de trabajo, pero esto no  hace a la regla del empleo a la que nos estamos refiriendo).

 

Entonces, frente a la situación que dejamos planteada al comienzo de esta nota, si hay que eliminar funciones incompatibles con un sistema republicano y consecuentemente hay que prescindir de los respectivos funcionarios, aparecen dos posibilidades siempre en vista de lo dicho sobre el desempleo. La primera variante es que los burócratas que se dejan cesantes en la administración pública sean absorbidos por el mercado laboral al salario que permita la tasa de capitalización. La segunda posibilidad es que ese mercado se encuentre bloqueado por disposiciones legales como el salario mínimo, descuentos compulsivos que significan impuestos al trabajo y equivalentes. En ese caso, no encontrarán empleo ya que si la tasa de capitalización marca 100 y la legislación laboral impone 200 se barre la posibilidad de trabajar, lo cual naturalmente perjudica muy especialmente a los que más necesitan  el trabajo ya que solo se producirán problemas de desempleo en las escalas más altas si las mal llamadas “conquistas sociales” las alcanzan.

 

En esta segunda variante solo queda que el mercado informal absorba a todos los que desean trabajar. Esto es, por ejemplo, lo que ocurre con los inmigrantes ilegales principalmente en el Oeste de Estados Unidos, donde se trabaja a salario de mercado, mientras que muchos de sus colegas en el Este se encuentran desempleados debido a las antedichas “conquistas sociales”.

 

Aunque no hace al objeto de esta nota referida a la necesidad de poner coto a la sobredimensión del Leviatán, es del caso apuntar que, por otro lado, la tecnología libera recursos humanos y materiales para emplearlos en áreas que hasta el momento no podía concebirse su producción. La respectiva capacitación está también en el interés de los emprendedores que ven las ventajas del nuevo negocio.

 

Otro tema de interés en este contexto es que los gobiernos que trabajan para poner orden faciliten el contar con entidades en las que se consignen los nombres de las personas que donan de su peculio para ayudar a quienes dicen hay que ayudar y que la nómina aparezca con los respectivos montos entregados. De este modo, se evitarían los discursos vacíos de quienes alardean de que “debemos ayudar” a tales o cuales personas, siempre recurriendo a la tercera persona del plural y nunca a la primera del singular asumiendo la propia responsabilidad en lugar de endosarla por la fuerza al vecino indefenso.

 

Por supuesto que el esfuerzo de la base cero y similares en el presupuesto nacional no se queda en la reducción del gasto sino que apunta a disminuir impuestos y simplificar sus características, al tiempo que debe reconsiderarse la posibilidad de prohibir la deuda pública tal como la sugirió en su momento Thomas Jefferson respecto a la Constitución estadounidense, con el argumento de que comprometía patrimonios de futuras generaciones que no han participado en el proceso electoral para elegir al gobierno que contrajo la deuda, sin dejarse convencer por las falacias de las supuestas  “ventajas intergeneracionales” ni de la mal llamada “inversión pública”.

 

Tanto la evaluación de las ventajas intergeneracionales como la inversión surgen de las apreciaciones subjetivas de la gente. Carece de sentido comprometer en el presente el fruto del trabajo futuro a través del endeudamiento  público con el argumento que en su momento lo sabrán apreciar o el arrancar recursos a unos con el argumento que esa compulsión se debe a que “le invirtieron” sus fondos.  En el primer caso se está extrapolando lo que ocurre en el sector privado -por definición actos voluntarios- para ilegítimamente trasladarlo al sector público y en el segundo se pasa por alto el significado preciso del proceso de abstención de consumo, ahorro e inversión. En los presupuestos públicos debiera consignarse, además del rubro de gastos corrientes, el rubro de gastos en activos fijos pero de ningún modo “inversión pública”.

 

En todos estos asuntos estimo clave la comprensión del nexo causal entre las políticas que engrosan los aparatos estatales y el sufrimiento de los más pobres. Toda política que derrocha recursos necesariamente implica que se contraen las tasas de capitalización, lo cual, como queda dicho, reduce salarios e ingresos en términos reales y, naturalmente, los marginales sufren en mayor medida el impacto puesto que una unidad monetaria para ellos tiene más peso que el que tiene lugar sobre ingresos más elevados.

 

Es bastante ridículo que la gente acepte que la inversión es decisiva para el crecimiento de un país y luego acepta livianamente que se castigue de todas las maneras posibles la inversión, especialmente vía fiscal con la peregrina idea de que eso no afectará los bolsillos de todos. No habrá progreso sostenido mientras no se perciba la relación directa inversión-salarios. Como se ha puntualizado, los ingresos son mayores en Canadá que en Uganda porque la inversión es mayor y, a su vez, la inversión es mayor debido a marcos institucionales respetuosos de la propiedad de cada cual.

 

En el tema que tratamos cuando los gobiernos intentan poner orden, habitualmente aparece montado sobre la pretensión de introducir políticas “de excepción” como si las transiciones no fueran algo cotidiano. Cada persona en su oficina todos los días cuando propone mejorar la situación de su empresa o emprendimiento está de hecho generando cambios, está provocando transiciones de la situación anterior a la nueva. Y, a su vez, estos cambios implican reasignaciones laborales y reasignaciones de recursos materiales. La vida es una transición. Desde luego que hay en el medio capacitaciones y nuevos desafíos que deben contemplarse y está en interés de los inversionistas hacerlo. Pero esto no es exclusivo de lo que ocurre cuando los gobiernos apuntan a poner orden después de un período de despilfarro. Como decimos es un proceso cotidiano.

 

En resumen, si un gobierno enfrenta una situación difícil y se propone corregirla debe tomar las medidas en concordancia puesto que las demoras comprometen la solución de los problemas. Ya se sabe que el tema medular es la educación, los políticos no pueden ir más allá de lo que la opinión pública puede digerir, por eso es que resulta tan importante la faena de los que no son funcionarios públicos a los efectos de correr el eje del debate y abrir plafones para que puedan resolverse los problemas. De nada valen los aplaudidores y los que todo lo justifican, debe dejarse testimonio en la buena dirección en la esperanza de corregir los desvaríos populistas.

 

Cierro con un pasaje del Acto iii, Escena iii de Hamlet respecto a la necesidad de encarar los problemas de fondo con medidas de fondo: “Las enfermedades graves que aparecen se resuelven con medias graves, o no lo hacen de ninguna manera”.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa.

EL ESTADO ES EL VECINO

Por Alberto Benegas Lynch (h)

 

Debe subrayarse con el mayor énfasis posible que cuando se dice que el Estado debe hacer tal o cual cosa son los miembros de la comunidad los que siempre y en toda circunstancia financian compulsivamente lo dicho con el fruto de sus respectivos trabajos. El elenco gobernante nunca pone nada de su peculio, más bien en no pocas oportunidades se lleva recursos públicos como si fueran de su pertenencia.

 

Hay una enorme hipocresía en todo esto, se parlotea como si el aparato estatal fuera un ente independiente y misterioso que genera recursos propios cuando en verdad todo lo que tiene lo ha succionado previamente de los bolsillos de la gente. Entonces, es más preciso, en lugar de insistir que el Estado debe financiar tal o cual cosa, decir que la gente debe hacerlo recurriendo a la fuerza para que lo lleve a cabo.

 

En la visión convencional desde Sidney y Locke hasta Robert Nozick, el monopolio de la fuerza que denominamos gobierno está circunscripto a la protección de los derechos de todos y lo demás no le incumbe ya que no debe jugar a un falso paternalismo. En lugar de declamar que el gobierno debe dedicarse a sacar recursos de la gente para entregárselos a otros (y frecuentemente quedarse con algunas diferencias), debería publicarse una lista voluntaria con los nombres de quienes consideran que hay que recaudar fondos y aportarlos directamente. No es pertinente recurrir a la tercera persona del plural para endosar el tema a otros sino utilizar la primera persona del singular y proceder en consecuencia y si quien propone el asunto no dispone de recursos suficientes que se ocupe de recabarlos.

 

Despegados de la referida visión convencional, ahora resulta que el aparato estatal debe inmiscuirse en todos los recovecos de la vida privada y administrar las haciendas ajenas como les venga en gana dando lugar a que mayorías circunstanciales se apoderen sin más de los bienes pertenecientes a las minorías con lo que la democracia degenera en mera cleptocracia.

 

Ahora como nunca antes los gobernantes sedientos de mayores ingresos se ponen de acuerdo entre ellos para dar caza a los patrimonios de la gente que pretende defender el resultado de sus denodados y legítimos esfuerzos a través de investigar cuentas bancarias e intentar eliminar el efectivo al efecto de martirizar a los gobernados. Todo por la creciente voracidad fiscal que incurre en procedimientos salvajes que en siglos no se han adoptado ni siquiera los sátrapas más extremos.

 

Y no se trata de los dineros malhabidos para lo cual muchos gobernantes constituyen un lamentable ejemplo de malversaciones, puesto que los fondos producto de quienes han atentado contra el derecho de otros deben ser castigados con todo el rigor necesario por la Justicia, en cambio, como queda dicho, se trata de dar caza al fruto del trabajo ajeno en base al llamado principio de nacionalidad en materia fiscal y otras manifestaciones de voracidad ilimitada que no contemplan que el principio de territorialidad es lo que corresponde y con la menor presión tributaria para cumplir con las funciones específicas de un gobierno republicano. Por su parte, los funcionarios de bancos privados operan según las omnicomprensivas disposiciones de la banca central con lo que esos funcionarios terminan siendo de facto empleados públicos en abierto contraste con lo que tradicionalmente ocurría con la banca privada. Hoy hasta puede esperarse que los llamados bancos privados bajen la persiana para que el sistema se quede con los depósitos de sus clientes tal como ha ocurrido en varios lares.

 

Todo esto no es en modo alguno hoy para proteger los derechos de la gente sino para conculcarlos en el contexto de una máquina infernal de gasto estatal, impuestos astronómicos y deuda pública sideral. Un Leviatán que todo lo atropella a su paso. Es imperioso reaccionar contra esta operación pinzas contra las libertades individuales antes de que la antiutopía orwellinana cierre su círculo fatal.

 

En otros términos, resulta que la gente debe proteger sus patrimonios de los constantes manotazos de los gobiernos en lugar de sentirse cubiertos en sus haciendas por la entidad que teóricamente se ha establecido para garantizar los derechos de los gobernados. Nos hemos retrotraído a la época de los faraones. El poder político en lugar de estar estrictamente limitado en sus funciones para garantizar Justicia y seguridad (lo cual en general no hace), ha avanzado en terrenos y jurisdicciones impropias de una sociedad abierta con lo que se ha arrogado facultades ilimitadas para entrometerse en las vidas y las propiedades de quienes en verdad se han convertido en súbditos, al tiempo que abandonan aquellas funciones primordiales.

 

Se torna insoportable una sociedad que se constituye como un inmenso círculo donde todos tienen metidas las manos en los bolsillos del prójimo a través de los permanentes subsidios cruzados que disponen los gobiernos.

 

Resulta trascendental comprender que es un peligroso espejismo el sostener que puede atacarse impositivamente la inversión sin que eso afecte el nivel de vida de los más necesitados. Hay una conexión directa entre uno y otro plano de ingresos. Los salarios en términos reales dependen exclusivamente de las tasas de capitalización , es decir, de la inversión per capita. No es para nada el resultado de algún voluntarismo propuesto por un decreto gubernamental ni por el deseo de tal o cual empleador, todo lo cual resulta del todo irrelevante a los efectos del referido salario.

Cuando aumentan las tasas de capitalización se incrementa la productividad con lo que el mercado laboral está obligado a subir salarios si se quiere mantener el trabajo manual e intelectual en operaciones. Esta es la diferencia central entre países que progresan y países que se estancan o retroceden: maximizar el ahorro interno y el externo para lo cual se requiere contar con marcos institucionales que respeten el derecho de cada cual.

 

En la media en que se establezcan impuestos que gravan la capacidad contributiva de modo directo como los impuestos a las ganancias, a los bienes personales, a la trasmisión gratuita de bienes y similares se está amputando el volumen de inversiones con lo cual se está, simultáneamente, reduciendo salarios en términos reales. Paradójicamente, esta política nefasta se ejecuta en nombre de los pobres cuando, precisamente, se los está esquilmando.

 

Empeora la situación cuando los aparatos estatales se empeñan en redistribuir ingresos, esto es, volver a distribuir por la fuerza lo que se realizó previamente de modo voluntario en el supermercado y afines. La política redistribucionista intensifica el derroche de capital puesto que inexorablemente se dirige a campos distintos de los que se hubieran asignado si los arreglos contractuales se hubieran respetado.

 

A este cuadro de situación se agrega la manía de la guadaña que apunta al igualitarismo que aniquila todos los incentivos para contribuir al mejoramiento de las estructuras de capital y se exterminan las ventajas de la división del trabajo y la consecuente cooperación social. En lugar de aprovechar la bendición de que cada persona es diferente con lo cual se saca partida recíproca de diversos talentos y conocimientos, se pretende uniformar en la miseria, proyecto que de llevarse a cabo convierte hasta la simple conversación en un aburrimiento colosal.

 

En general no se comprende el significado del mercado y se lo asimila a una cosa lejana a la vida de las personas en lugar de percatarse que todos somos el mercado puesto que se trata ni más ni menos de las millones de transacciones que diariamente tienen lugar desde que nos levantamos a la mañana hasta que nos acostamos a la noche (y durante la noche puesto que la cama, las sábanas y las frazadas han sido objeto de transacciones, para no decir nada del propio domicilio sea fruto de un contrato de alquiler o de compra-venta). Por eso, cuando se alude peyorativamente al “fundamentalismo de mercado” no se percibe que es lo mismo que hablar del “fundamentalismo de lo que la gente desea”.

 

Probablemente nada haya más peligroso y contraproducente que las llamadas “conquistas sociales” que apuntan (por lo menos en la articulación de discursos en campañas electorales) a mejorar los ingresos de la gente por una simple resolución gubernamental. Si esto fuera posible, sin duda que habría que lanzar un jugoso decreto para hacernos a todos multimillonarios y no andarse con timideces. Lamentablemente las cosas no son de esta manera y los aumentos por decreto barren del mercado laboral a los que más necesitan el empleo. No hay coartadas posibles,  como queda dicho, la inversión es lo que permite elevar salarios.

 

Y no se trata de alegar sobre la “desigualdad en el poder de contratación” puesto que lo abultada o lo debilitada de las respectivas cuentas corrientes no cambian el resultado de los ingresos percibidos ya que, nuevamente reiteramos, se debe a las tasas de capitalización. No se trata tampoco de “estimular el consumo” ya que no puede consumirse lo que no se produjo y la mayor producción proviene en gran escala de abstenerse de consumir para ahorrar e invertir. No es posible poner el carro delante de los caballos. No se puede comenzar por el final.

 

No se diga tampoco que el Estado debe proceder en esta o aquella situación para demostrar “solidaridad”, lo cual es un verdadero insulto a la inteligencia ya que la muy encomiable actitud solidaria se sustenta en actos voluntarios realizados con recursos propios. El que le arranca la billetera a un vecino para entregársela a un menesteroso no ha llevado a cabo un acto caritativo sino que ha perpetrado un atraco.

 

En resumen, en lugar de embarcarse los gobiernos en reducir el astronómico gasto público, de abrogar regulaciones que asfixian a la gente, de eliminar y simplificar la maraña impositiva y reducir la presión tributaria y clausurar la posibilidad de la deuda pública externa al efecto de no comprometer patrimonios de futuras generaciones que no han participado en la elección del gobierno que contrajo la deuda y solo contraer la deuda pública interna indispensable, en lugar de todo ello decimos, los gobiernos se alían para exprimir a los gobernados de todas las maneras posibles, mientras los distintos tipos de corrupciones gubernamentales están a la orden del día ya que constituye una corrupción alarmante el mero hecho de la extralimitación del poder puesto que “el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente”.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa.