La política y la validación por pares

Por Mauricio Alejandro Vázquez. Publicado el 4/8/21 en: https://www.ambito.com/opiniones/politicas/la-politica-y-la-validacion-pares-n5241284?__twitter_impression=true

La obstinada y pétrea validación por pares en la que se ha convertido nuestra política nacional derivará inevitablemente en crecientes cuotas de deslegitimación.

La política y la validación por pares

Todos aquellos que alguna vez se atrevieron a transitar por el mundo académico han escuchado hablar de la temible revisión por pares. Un recurso orientado en gran medida a dotar de mayor validez científica a los artículos académicos, previo a ser publicados en revistas de prestigio y renombre. Sin embargo, también todo aquél que ha analizado este procedimiento desde la perspectiva histórica de la filosofía de la ciencia, arriba a la conclusión de que si bien el requerimiento favorece la robustez de los desarrollos científicos aceptados por lo que Tomas Kuhn llamó “Ciencia Normal”, en la práctica, este resulta sumamente averso a la aparición de desarrollos teóricos desafiantes o de vanguardia.

En tal sentido, la validación por pares resulta una barrera más que deben vencer aquellos que se adentran en la exploración de fenómenos, teorías o campos científicos novedosos y que, como supieron experimentar mentes brillantes como Giordano Bruno o el propio Galileo, no siempre son bienvenidos por quienes mantienen intereses personales o se encuentran cómodos con el statu quo científico vigente.

De más está decir, que el fenómeno no es privativo del mundo de la ciencia. Quien alguna vez haya intentado llevar cambios de diversa magnitud en su entorno inmediato, ya sea familiar, laboral o educativo, se habrá encontrado con la resistencia propia de otros que en su rechazo darán evidencia a la afirmación que señala que el ser humano suele ostentar una aversión a los cambios profundamente mayor a la que suele reconocer.

Si bien en los entornos científicos, familiares, laborales y educativos, dicha resistencia a los cambios puede traducirse en competencia, disputas y recelos, en el campo de la política el fenómeno adquiere otra envergadura. No hace falta recurrir a Pareto, Michels o Mosca para saber que en toda sociedad existe una elite y que esta, naturalmente, intenta preservarse frente a la aparición de outsiders que puedan amenazar sus honores y privilegios. Esta combinación de comportamientos tan jerárquicos como defensivos, está arraigada en la genética de casi toda sociedad a lo largo de la historia, y puede rastrearse tanto en complejos entramados culturales como en ordenamientos sumamente primitivos.

Sin embargo, el conflicto se acrecienta, como no podría ser de otro modo, cuando la realidad vigente contrasta con los deseos de permanencia de la elite. Guerras e invasiones, desastres naturales y pandemias, en conjunto con crisis económicas y de representación política, han sido las más de las veces los jinetes del apocalipsis que convirtieron a estos sólidos grupos humanos en meras referencias condenadas a figurar tan solo como un recuerdo en los libros de historia.

En teoría al menos, los sistemas democráticos modernos deben contener en su construcción jurídica salvaguardas contra la consolidación en exceso de las elites. Siendo como es la alternancia política, parte fundamental y constitutiva de la democracia, la rotación en los cargos y la sana jubilación de los “próceres”, resultan recursos no solo necesario sino hasta fundamentales para sobrellevar tanto los tiempos de bonanza como los de revés por los que atraviesa toda sociedad. Y esto en gran medida porque los primeros invitan a los pueblos al vicio de ceder la suma del poder público a quien se identifica con la prosperidad, así como los segundos suelen derivar en la tan temida stasis o revuelta civil, con los consecuentes derrumbes de los sistemas de gobierno y de las mencionadas elites.

Argentina atraviesa hoy día un sinnúmero de desafíos de ningún modo menores. A contramarcha de sus vecinos regionales, la pobreza ha aumentado sistemáticamente en las últimas décadas, superando el 72% de niños en esta condición en el conurbano bonaerense. A este número calamitoso se suman otros, como aquellos que dan cuenta de mayores tasas de desempleo, criminalidad y cierre de empresas, en conjunto con el correlato a la baja en los índices de libertad económica, desempeño educativo o seguridad jurídica, entre otros. Frente a este panorama, la dinámica endogámica de las elites deja al electorado con opciones desabridas, que susurran de fondo el continuismo de las cosmovisiones que garantizan el statu quo, aun cuando se escondan detrás de algunos nuevos rostros elegidos inteligentemente entre quienes no se atreverán nunca a incomodar.

Esto en gran medida se explica por los complejos entramados normativos y las diversas prácticas arraigadas, que dan forma a la democracia concreta con la que convivimos, la cual se encuentra cada día más lejana de su ideal. La dificultad de conformar nuevos partidos políticos, el desafío de hacerse con suficientes fondos para financiar campañas cada día más onerosas, el formato de lista sábana, el tiránico mandato de contar con la cantidad necesaria de fiscales en un ámbito político históricamente proclive a prácticas fraudulentas, entre otros desafíos, provocan un “efecto barrera” que consolida a las elites en detrimento de sus potenciales alternativas.

El riesgo de este constante “cerrarse sobre sí” es que, como argumentábamos anteriormente, la maniobra no se da en un periodo de auge, sino por el contrario de profunda decadencia. Por tanto, la deslegitimación creciente que experimentan quienes representan la continuidad de ideas, prácticas y lazos, se da de bruces con la creciente necesidad percibida de un cambio que por momentos se intuye radical. Efecto que se potencia cuando incluso quienes dicen avanzar por el camino de las reformas, seleccionan en sus armados políticos figuras que demuestran representar, más pronto que tarde, una lealtad supina para con ese pasado que debiera ser dejado atrás.

Si la dinámica continúa transcurriendo de este modo, la obstinada y pétrea validación por pares en la que se ha convertido nuestra política nacional derivará inevitablemente en crecientes cuotas de deslegitimación que, cuando inevitablemente transciendan la cota de las opciones electorales, desbordarán sobre todo el sistema político, con consecuencias hoy imposibles de prever.

Mauricio Alejandro Vázquez es Título de Honor en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires, Magister en Ciencias del Estado por la Universidad del CEMA, Magister en Políticas Publicas por la Universidad Torcuato Di Tella y coach certificado por la International Coach Federation. Ha trabajado en la transformación de organismos públicos y empresas. Actualmente es docente de Teoría Política, Ética, Comunicación, Metodología y administración en UADE y de Políticas Públicas en Maestría de ESEADE. También es conferencista y columnista en medios como Ámbito Financiero, Infoabe, La Prensa, entre otros. Síguelo en @triunfalibertad

Carta a mis consubditos argentinos

Por Aldo Abram: Publicado el 20/4/21 en: https://www.infobae.com/opinion/2021/04/20/carta-a-mis-consubditos-argentinos/?outputType=amp-type

El presidente Alberto Fernández

El presidente Alberto Fernández

A algunos les llamará la atención que no haya puesto conciudadanos en el título. Es porque ello significaría que nos asumimos como ciudadanos; lo cual implicaría ser miembro activo de un Estado en el que los derechos y libertades fundamentales son garantizados por su Constitución. Para que así sea, es necesario que rija plenamente una Democracia Republicana; lo cual, no solamente implica el derecho a votar a nuestros gobernantes y legisladores, sino que los poderes que se les delegan a quienes son electos tengan límites y controles cruzados para que no sean usados para avasallar los derechos de quienes se los delegaron. Dado que esos límites están en nuestra Constitución Nacional, es obvio que nadie puede estar por encima de ella; porque implicaría tener el carácter de monarca y los monarcas tienen súbditos. Los derechos de estos últimos no derivan de su dignidad humana, sino que les son concedidos por el Soberano que los gobierna.

Desde un punto de vista formal, la Argentina es una Democracia Republicana y Constitucional. Sin embargo, no siempre las instituciones formales son las que rigen un país, sino que dominan las informales que es lo que aquí sucede. Poco a poco, los políticos que llegan a los sucesivos gobiernos o las legislaturas se han ido acostumbrado a que no existen límites para las decisiones que pueden tomar. Esto surge de una cultura en la cual, cuando se vota, se elige un líder mágico e iluminado que resolverá milagrosamente todos los problemas. De hecho, nos quejamos del Congreso y lo acusamos de “escribanía”; porque “se aprueba lo que manda el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) sin discutir, con el voto favorable de su fracción y aliados y con el de la oposición en contra”. Sin embargo, cuando elegimos legisladores lo hacemos con listas sábanas de gente a la que no conocemos; pero las colocamos en la urna porque responden a un determinado líder o partido. Entonces, ¿por qué nos llama la atención que respondan a éstos, que los pusieron en la lista, y no a los intereses de quienes los votaron?

Por otro lado, es lógico que los legisladores estén siempre dispuestos a delegarles a los Presidentes facultades que, según la Constitución, no pueden cederle. En definitiva, “la gente no lo votó a él para que resuelva todos los problemas, pues hay que cederle todos los resortes del poder para que pueda hacerlo”. Como vemos, nuestros representantes y gobernantes no hacen otra cosa que actuar en base a la misma cultura “paternalista” predominante en la sociedad que los ha elegido.

Esta degradación de la calidad institucional argentina viene dándose desde hace décadas y en la medida que la gente va dejando avanzar a los gobiernos en la búsqueda de maximizar su poder. Esto puede explicarse como una infección que se expande en la medida que los anticuerpos cívicos se van debilitando y, por lo tanto, va corrompiendo gradualmente las instituciones. También, con el ejemplo de la rana que, si una la tira en una olla con agua hirviendo, salta y se escapa; pero, si el líquido está frío y luego se lo va calentando, la rana se acostumbra y termina hervida.

En el artículo 14 de nuestra Constitución Nacional se establecen los derechos y garantías que tenemos los ciudadanos y que no pueden ser avasallados por los gobernantes ni los legisladores. Entre ellos, el de circular libremente que restringe el DNU presidencial recientemente emitido, que imponiendo un “toque de queda” justificado en una emergencia de salud surgida de la pandemia. Éste es un típico ejemplo de lo que se comentara en los párrafos anteriores. Si uno busca en la Carta Magna algún artículo en el que se otorgue al Presidente la facultad para suspender esos derechos y garantías por un “toque de queda” o una emergencia, no lo va a encontrar.

El artículo 23 de la Constitución sí permite suspender dichos derechos en el marco de la declaración de un Estado de Sitio, que es en definitiva lo que está imponiendo el DNU presidencial; pero evitando reconocerlo y haciéndolo en forma inconstitucional. En primer lugar, establece que es facultad del Congreso, que debe sancionarlo por ley, y sólo podría decretarlo el Presidente si este no estuviera en funcionamiento o por una emergencia en la que no hubiera tiempo para reunirlo. Pues tenemos un Parlamento que está funcionando y que podría sesionar rápidamente para tratar una ley en una situación de gravedad. Además, un Estado de Sitio sólo se justificaría en caso de conmoción interior o de ataque exterior que pongan en peligro el ejercicio de esta Constitución y de las autoridades creadas por ella. Sin duda, es muy discutible que ese sea el caso actualmente; pero, en todo caso, debería decidirlo el Congreso.

Por lo tanto, queda claro que el DNU presidencial es inconstitucional; pero lo que más llama la atención es que el resto de nuestros representantes, que hemos votado como gobernadores o legisladores, no estén haciendo nada para que el PEN cumpla con las limitaciones a su poder que emanan de la Constitución. Sin embargo, deja claro que ellos comparten la cultura paternalista que considera que, a quien es electo Presidente, se le debe conceder la suma del poder público para que resuelva los problemas de la Argentina; lo cual está expresamente prohibido en el artículo 29 de la Carta Magna, aclarando que quien así lo haga será penado como infame traidor a la Patria.

Conclusión, si los argentinos estamos dispuestos a dejar que quien elegimos Presidente esté por encima de la Constitución Nacional; lo que tendremos al final será una monarquía electoral que nos permitirá elegir a quién rija nuestros destinos a su arbitrio por un plazo determinado de tiempo. Lamentablemente, está demostrado que, quien ostenta semejante poder, termina destruyendo la Democracia para mantenerse indefinidamente en su cargo, como sucedió en Venezuela. O sea que, si estamos dispuestos a dejar que nuestros derechos y garantías dependan de la voluntad de quien ejerce el PEN, independientemente de lo que mande la Carta Magna; por lo menos seamos honestos y asumámonos como lo que en realidad somos, súbditos.

Aldo Abram es Lic. en Economía y fue director del Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados de Argentina (Ciima-Eseade) .

Justo José de Urquiza, un personaje singular

Por Alberto Benegas Lynch (h) Publicado el 22/2/20 en: https://www.infobae.com/opinion/2020/02/22/justo-jose-de-urquiza-un-personaje-singular/

 

Justo José de Urquiza 

Justo José de Urquiza

Estas líneas pretenden ilustrar al mundo lo que puede hacerse en cualquier nación donde se han estrangulado todas las libertades si hay las suficientes convicciones para derrotar al autoritarismo. De entrada, dado que Urquiza terminó con la tiranía rosista, es del caso reiterar que cuando un gobierno se arroga la suma del poder público da un golpe a las instituciones libres y por tanto es necesario un contragolpe a los efectos de ejercer el derecho inalienable a la resistencia inserto en todos los documentos republicanos desde John Locke en adelante y continuando por la clara definición en la Declaración de la Independencia estadounidense que reza así: “Cuando cualquier forma de gobierno es destructiva a esos fines [la preservación de las libertades] es el derecho de la gente el alterar o abolirlo y establecer un nuevo gobierno”. Y esto naturalmente va también para los casos en los que el nuevo gobierno ha resultado muchísimo peor que el anterior como sucedió, por ejemplo, con el castro-comunismo en su contragolpe a Batista.

En otras ocasiones he escrito en detalle sobre Rosas pero ahora me circunscribo a la declaración oficial del propio tirano que ilustra y resume el asunto a través de una ley sancionada por la Junta de Representantes el 26 de septiembre de 1851 luego del pronunciamiento de Urquiza, el primero de mayo del mismo año: “Todos los fondos de la Provincia, las fortunas, vidas, fama y porvenir de los Representantes de ella y de sus comitentes, quedan sin limitación ni reserva alguna a disposición de S.E., hasta dos años después de terminada gloriosamente la guerra contra el loco, traidor, salvaje unitario Urquiza”. (citado por Juan González Calderón en El general Urquiza y la organización nacional).

Tal como había escrito Juan Bautista Alberdi en cuanto a que la independencia de España mutó para ser colonos de los propios gobiernos denominados patrios, lo cual continuó en medio de reiterados fracasos de organización nacional a través de pactos incumplidos, constituciones fallidas y declaraciones inconducentes en el contexto de caudillos que una y otra vez obstaculizaban el establecimiento del estado de derecho. Todo esto sin solución de continuidad hasta la Constitución liberal de 1853-60 que permitió que los argentinos se ubicaran a la vanguardia de los países civilizados hasta el golpe fascista del 30 y con mucho mayor ímpetu a raíz del golpe del 43 que sumió al país en desventuras varias que perduran hasta el presente.

Hay mucha bibliografía vinculada al rol emancipador de Urquiza en la historia argentina pero cabe subrayar especialmente la de Isidoro Ruiz Moreno «Vida de Urquiza», Ramón Cárcano «Urquiza y Alberdi. Intimidades de una política», Beatriz Bosch «Urquiza y su tiempo», la antes mencionada obra de González Calderón, de José María Zuviría «Los constituyentes de 1853», de Amancio Alcorta «Las garantías constitucionales» y de José María Sarobe «El general Urquiza. La campaña de Caseros».

Como señalan los autores citados, la organización nacional fue posible merced a las ideas de Alberdi y a la ejecución de Urquiza. Ambos se profesaban gran admiración. En correspondencia del primero al segundo que se reproduce en la obra de Cárcano aquél le rinde homenaje al escribir sobre “nuestra perpetua gratitud, por la heroicidad sin ejemplo con que ha sabido restablecer la libertad de la patria, anonadada por tantos años”, oportunidad en la que le envía las Bases sobre lo cual comenta: “He consagrado muchas noches a la redacción del libro, sobre las bases de la organización política para nuestro país, que tengo el honor de someter al excelente buen sentido de V.E.” (correspondencia fechada en Valparaíso el 30 de mayo de 1852). A esta misiva Urquiza le responde a Alberdi en los siguientes términos: “Su bien pensado libro es a mi juicio un medio de cooperación importantísimo. No ha podido ser escrito ni publicado en mejor oportunidad”. Y más adelante concluye: “A su ilustrado criterio no se lo ocultará que en esta empresa deben encontrarse grandes obstáculos […] Después de haber vencido una tiranía poderosa, todos los demás me parecen menores.” (Palermo de San Benito, julio 22 de 1852).

Después de Caseros, se le encomendó a Bernardo de Irigoyen el contacto con gobernadores vía el Protocolo de Palermo que convocó a la reunión en San Nicolás donde se estableció el célebre acuerdo para sancionar una carta constitucional en Santa Fe (artículo 11 del Acuerdo de San Nicolás).

Uno de los obstáculos que se presentaron fue la reiterada tensión entre Buenos Aires y las provincias del interior principal aunque no exclusivamente por el pretendido monopolio comercial de los porteños que se manifestaron a través de las dos batallas de Cepeda, la segunda de las cuales, en 1859, se tradujo en el Pacto de San José de Flores y la consiguiente reforma constitucional de 1860 y la primera de 1820 resultó contundente a pesar de su corta duración (se conoció como la “batalla de los diez minutos” por la brevedad del combate), tuvo lugar también por el desconocimiento de Buenos Aires respecto al interior la cual se tradujo en la disolución del Directorio y el Congreso Nacional. Luego de Pavón finalmente privó la paz y se dio cumplimiento a los pactos preexistentes que menciona la Constitución de 1853 (Pacto Federal, Pacto de Pilar, Pacto Benegas y Tratado del Cuadrilátero, tal como apunta Francisco Arriola en Historia de las instituciones políticas y sociales argentinas y americanas).

El eje central del gobierno libre es la protección de los derechos individuales, es decir la libertad civil. Como escribe Amancio Alcorta en la obra citada: “La confusión de la libertad política y de la libertad civil y la preponderancia de la primera han producido graves perturbaciones en el orden social, porque ello ha importado la confusión del fin con el medio”. Beatriz Bosch -también en el libro de esta autora- cita un pensamiento clave de Urquiza: “El respeto a la persona y a la propiedad, base fundamental para la felicidad de la patria”.

Antes de proseguir con Urquiza, resumo lo que he consignado en otra oportunidad al efecto de ilustrar la catadura moral de Rosas en opinión de distinguidas personalidades. Estimo necesaria esta reiteración como consecuencia de las repetidas falsedades y muy recientes apologías inauditas de la tiranía. Bartolomé Mitre destaca que fundó “una de las más bárbaras y poderosas tiranías de todos los tiempos” (en Historia de Belgrano). Esteban Echeverría: “Su voz es de espanto, venganza y exterminio (en Poderes extraordinarios acordados a Rosas). Domingo Faustino Sarmiento: “Hoy todos esos caudillejos del interior, degradados, envilecidos, tiemblan de desagradarlo y no respiran sin su consentimiento [el de Rosas]” (en Facundo). Félix Frías escribió: “Rosas se proponía por medio de espectáculos sangrientos enseñar la obediencia al pueblo de Buenos Aires (en La gloria del tirano Rosas). Juan Bautista Alberdi: “Los decretos de Rosas contienen el catecismo del arte de someter despóticamente y enseñar a obedecer con sangre” (en La República Argentina 37 años después de su Revolución de Mayo). Por su parte, José Manuel Estrada afirmó: “Ahogó la revolución liberal con la escoria colonial” (en La política liberal bajo la tiranía de Rosas). José Hernández: “Veinte años dominó Rosas esta tierra […] veinte años tiranizó, despotizó y ensangrentó al país” (en Discurso en la Legislatura de Buenos Aires). José de San Martín relata en una misiva: “Tú conoces mis sentimientos y por consiguiente yo no puedo aprobar la conducta del general Rosas cuando veo una persecución contra los hombres más honrados de nuestro país” (en Carta a Gregorio Gómez, septiembre 21 de 1839) y Paul Groussac concluye: “Lo que distinguía a Rosas de sus congéneres, era la cobardía, y también la crueldad gratuita” (en La divisa punzó).

Volvamos entonces a Urquiza ya habiendo calibrado telegráficamente el significado y la trascendencia de haber derrotado a la tiranía. En este sentido Ruiz Moreno pronunció las siguientes palabras con motivo de la presentación de su mencionado libro que caracterizan muy bien el espíritu de Urquiza: “Encontrándose con todo el poder a la mano, decide hacer lo contrario a lo que estaban acostumbrados a hacer sus poderosos aliados y rivales. Urquiza, dueño de la situación luego de derrotar a Rosas en Caseros, decide autolimitarse y organizar constitucionalmente el país, en beneficio de la incipiente nación que se hallaba fatigada luego de largos y cruentos años de guerra civil”.

También Isidoro Ruiz Moreno cita en esa obra palabras de Urquiza que resultan sumamente ilustrativas. “Si alguna gloria he apetecido es la de ofrecer a mi patria un monumento sublime de instituciones liberales, levantado sobre los escombros de la tiranía […] Mi programa es la Constitución, mi programa es la fraternidad, es la paz, es la religiosidad en el cumplimiento de los compromisos nacionales, es el respeto a los derechos de los ciudadanos, a los derechos de los pueblos, es la protección al extranjero. Que no haya proscriptos, que el extranjero halle la seguridad y protección de nuestras leyes, un asilo tan querido como su patrio hogar […] Yo reuní los miembros dispersos de la gran familia argentina, acometiendo con resolución y fe la difícil empresa de ensayar el ejercicio de la libertad y de las instituciones más adelantadas del mundo, allí donde sólo había imperado la dictadura y el absolutismo”.

Juan González Calderón en el libro mencionado concluye: “Urquiza tiene en su haber el pronunciamiento de 1851 contra la dictadura, la batalla redentora de Monte Caseros, el Acuerdo de San Nicolás, la promulgación de nuestra Constitución federal, la primera presidencia constitucional con el histórico gobierno de la Confederación, la reincorporación de Buenos Aires en virtud de la batalla decisiva de Cepeda y, por fin, el sacrificio de su vida en aras de la unidad nacional y la paz interna”.

Estos hechos ilustrados por Urquiza con la célebre colocación de su sable bajo el texto constitucional como señal de subordinación de la fuerza al derecho parió una prosperidad y bienestar notables desde la promulgación de esa Constitución liberal hasta que irrumpieron los antes mencionados acontecimientos que inauguraron el populismo argentino del que aun no hemos podido zafar. En aquel período de esplendor los salarios e ingresos en términos reales del peón rural y del obrero de la incipiente industria eran superiores a los de Suiza, Alemania, Francia, Italia y España. Competíamos abiertamente con Estados Unidos en la atracción de los inmigrantes a nuestras playas y se duplicaban cada diez años. Es de esperar que la batalla cultural en marcha en pos de las ideas liberales logre cuanto antes sus frutos no solo para hacer honor a los Alberdi y Urquiza sino sobre todo para bien de todos quienes moran en la nación argentina.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa. Es miembro del Comité Científico de Procesos de Mercado, Revista Europea de Economía Política (Madrid). Es Presidente de la Sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, miembro del Instituto de Metodología de las Ciencias Sociales de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, miembro del Consejo Consultivo del Institute of Economic Affairs de Londres, Académico Asociado de Cato Institute en Washington DC, miembro del Consejo Académico del Ludwig von Mises Institute en Auburn, miembro del Comité de Honor de la Fundación Bases de Rosario. Es Profesor Honorario de la Universidad del Aconcagua en Mendoza y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en Lima, Presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso y miembro del Consejo Asesor de la revista Advances in Austrian Economics de New York. Asimismo, es miembro de los Consejos Consultivos de la Fundación Federalismo y Libertad de Tucumán, del Club de la Libertad en Corrientes y de la Fundación Libre de Córdoba. Difunde sus ideas en Twitter: @ABENEGASLYNCH_h

 

Bicentenario: completar la emancipación

Por Alejandro O. Gomez. Publicado el 8/7/2016 en: http://www.clarin.com/opinion/Bicentenario-completar-emancipacion_0_1609039221.html

 

En 1837, Juan Bautista Alberdi escribió el Fragmento Preliminar al Estudio del Derecho. En el mismo, reflexionó sobre la diferencia que existe entre la independencia exterior y la independencia interior. El autor sostiene que en 1816 se consiguió la independencia del dominio español, pero que quedaba por conseguir algo que era mucho más importante: la independencia interior. Alberdi denunciaba los abusos que se venían dando durante el segundo gobierno de Juan Manuel de Rosas (1835-1852). Por este motivo, en el artículo 29 de la Constitución de 1853 se estableció que todo aquel que otorgara Facultades Extraordinarias o Suma del Poder Público sería considerado infame traidor a la patria.

Estimamos que, en estos días en los que se celebra el Bicentenario de la Independencia, es importante volver sobre la distinción que hizo Alberdi, ya que no solo debemos ser libres de la dominación extranjera sino también de los abusos del poder de terceros, ya sean estos autoridades legítimamente constituidas, individuos o grupos particulares.

Esta independencia interna se fue construyendo desde mediados del siglo XIX hasta comienzos del XX, cuando gracias a la ley Sáenz Peña nos convertimos en una república verdadera, en la cual cada vez más individuos pudieron progresar y gozar de sus derechos civiles y políticos. Lamentablemente, desde 1930 en adelante nos alejamos de esa república y, aunque continuamos siendo independientes en lo exterior, hemos perdido la independencia interior como consecuencia de los reiterados quiebres institucionales que han limitado nuestras libertades.

Quizá esta sea una buena oportunidad para retomar la búsqueda de la libertad interior. La democracia no implica necesariamente libertad, sino que es un sistema de elección de representantes que, si ejercen el poder abusivamente, violan nuestros derechos aunque los hayamos elegido. Por eso, no alcanza con votar cada dos años para que una nación sea considerada libre y soberana, sino que se debe fomentar y desarrollar el potencial humano que cada uno de los habitantes posee y, sobre todo, controlar férreamente a las autoridades de turno. Afortunadamente, hace doscientos años nuestros padres fundadores no dudaron en lanzarse a la búsqueda de un cambio que implicó grandes sacrificios y riesgos, poniendo en peligro sus vidas y las de sus familias. Si hubieran sopesado el peligro que corrían, quizá la emancipación se hubiera tomado muchos más años. Sin embargo, dejaron de lado la comodidad personal y se embarcaron en la gesta emancipadora que recordamos en esta fecha. En honor a aquellos hombres, debemos continuar con la tarea inconclusa y retomar la senda de la república verdadera de hombres libres. La libertad no es un lujo sino un derecho que nos ganamos cada día.

 

Alejandro O. Gomez se graduó de Profesor de Historia en la Universidad de Belgrano, en el Programa de Maestría en Economía y Administración de Empresas en ESEADE. Es Master of Arts in Latin American Studies por la University of Chicago y Doctor en Historia por la Universidad Torcuato Di Tella. Es profesor de Historia Económica en la Universidad del CEMA.