Liberales o antiliberales, ¿en verdad se trata de una opción?

Por Carlos Alberto Salguero. Publicado el 11/7/17 en: 

 

En la Argentina y en casi todos los países del mundo, los mercados rara vez se encuentran libres de la intervención del Estado. De uno u otro modo se formulan y establecen impuestos, se conceden subvenciones e implementan regulaciones de la más diversa índole.

 

Es claro que el gobierno necesita contar con ciertos recursos que le permitan financiar sus actividades, de ello no hay duda, en especial en la esfera que le es propia por definición: la burocracia.

Pero también es claro y evidente, tal la opinión de Jesús Huerta de Soto, que las organizaciones burocráticas tienden a sobreexpandirse y a crear la artificial necesidad de su existencia, exagerando los “beneficiosos” resultados de su intervención y ocultando sistemáticamente sus perniciosos efectos.

En varias ciudades de nuestro país, por ejemplo, es bastante común toparse con algún representante de la función pública –de cualquiera de los niveles de gobierno– devenido en un Papá Noel de ocasión, pues dispone discrecionalmente de dineros que reparte como le venga en gana. Pareciera que se tratara de fondos propios, pero eso jamás es lo que parece. Simplemente, se trata del dinero de los contribuyentes previamente apropiado que, a exclusiva valoración del funcionario de turno, discurre a diestra y siniestra bajo la oportuna, ampulosa y hasta entusiasta mirada de los medios masivos de comunicación.

Frente a ello, ante el gesto de genuflexión de los circunstanciales beneficiarios, desanimados pasivos, aletargados o quizás con la esperanza de una dádiva futura, los ciudadanos siguen atragantados con impuestos y asisten cual convidados de piedra a ungir el héroe del día.

El plafón teórico de la microeconomía o, lo que es lo mismo, la ortodoxia utiliza los conceptos del excedente del consumidor y del productor para evaluar y legitimar las políticas económicas del caso. Incluso cuando el gobierno obliga a los productores a cobrar un precio inferior al que vacía el mercado, y a sabiendas genera una perdida irrecuperable de eficiencia, para conformar los objetivos que se trazan las autoridades.

Suele afirmarse que los gobiernos pueden intervenir el mecanismo de los precios por la vía de la redistribución, en aras de la equidad y la justicia, y esa declaración está completamente fuera de cualquier disputa.

Pocos parecen advertir el daño que las intervenciones provocan: todo tipo de desconciertos y conflictos sociales que los políticos atribuyen a sus adversarios o a la falta de solidaridad de la ciudadanía. Los conflictos e infortunios se utilizan, a su vez, como un pretexto para redoblar la apuesta, y así sucesivamente, en un proceso cada vez más ambicioso del poder político, hasta invadirlo todo.

Este ideal consecuencialista, que ha florecido en los últimos años de una Argentina acostumbrada a depender de la asistencia pública, se ha generalizado en casi todos los ámbitos, y en los tiempos que corren su consecuencia golpea con fiereza sobre la sociedad toda. Pobreza y marginalidad azotan directamente a gran parte de los connacionales, y sus devastadores efectos se propagan en diversas formas: inseguridad, desvalorización de la cultura del trabajo y la falta de relaciones confiables y duraderas tanto en ámbitos familiares como sociales.

Quizás los argentinos debamos tomar conciencia de una vez y para siempre, después de casi treinta años, de lo que constituye el acontecimiento más importante del final del siglo XX: la caída del socialismo real. Berlín de 1989 y la desintegración de la ex Unión Soviética, dos años más tarde, pusieron en claro que no es posible el programa positivista de actuar tomando decisiones maximizadoras a partir de los medios dados y de costos también supuestamente conocidos, pues ha fracasado de modo ostensible.

Al final, como dijo Mises, “El conocimiento histórico hace al hombre sabio y prudente. Pero no proporciona, por sí solo, saber ni pericia alguna que resulte útil para abordar ningún supuesto individualizado”; no obstante, recoge y ordena los datos concernientes a la experiencia del hombre. Justamente, uno de ellos, que precedió por diez años al fin del socialismo real, fue expuesto por el expresidente de Estados Unidos Ronald Reagan en su primer discurso a la Nación, en 1981, quien expresó: “El gobierno no es la solución a nuestro problema; el gobierno es el problema”.

 

Carlos Alberto Salguero es Doctor en Economía y Máster en Economía y Administración de Empresas (ESEADE), Lic. en Economía (UCALP), profesor titular e investigador en la Universidad Católica de La Plata y egresado de la Escuela Naval Militar.

¿El Iphone o Google son el resultado de políticas estatales? Informe del Instituto Juan de Mariana (I)

Por Martín Krause. Publicada el 4/8/16 en: http://bazar.ufm.edu/el-iphone-o-google-son-el-resultado-de-politicas-estatales-informe-del-instituto-juan-de-mariana-i/

 

El Instituto Juan de Mariana de Madrid ha publicado un informe sobre el mito de que es el Estado la fuente de la innovación y el progreso tecnológico en el mundo. Muy interesante. El informe completo aquí: https://www.juandemariana.org/investigacion/archivo-de-publicaciones/mitos-y-realidades-sobre-el-estado-emprendedor

Aquí va la primera parte de un resumen:

EL MOTOR DE LA INNOVACIÓN ES EL LIBRE MERCADO

Las políticas estatales de I+D+i restringen las oportunidades de los emprendedores y fomentan la creación de fuertes grupos de presión

  • El motor fundamental del progreso tecnológico es el libre mercado y no los programas estatales
  • Las políticas públicas de I+D+i conducen normalmente a resultados desastrosos
  • Invenciones como el iPhone o Google son fruto del mercado, no de la inversión pública

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El Instituto Juan de Mariana publica el informe Mitos y Realidades del Estado emprendedor: ¿realmente es el Estado el impulsor de la investigación básica y la innovación?, en el que se pone en tela de juicio las tesis de la economista italiana Mariana Mazzucato, quien otorga al Estado un papel capital en la innovación y el emprendimiento y aboga, en consecuencia, por una planificación estatal en este capítulo.

El sistema económico capitalista históricamente se ha asociado con la destrucción creativa y con la innovación disruptiva. Si alguna cualidad suele reconocérsele al capitalismo, incluso por sus más feroces críticos, es la de promover el desarrollo tecnológico: ejemplos recientes como el iPhone de Apple, el motor de búsqueda de Google o el agregador de contenido audiovisual de Netflix parecen ilustrar en el día a día cómo el capitalismo revoluciona nuestra calidad de vida.

Existen paralelismos entre Mariana Mazzucato y el “economista de la desigualdad”, el francés Thomas Piketty, quienes han alcanzado prestigio y popularidad tras acompañar sendas investigaciones críticas con el capitalismo de exitosas campañas divulgativas.

Desde 2013, Mazzucato ha pretendido refutar la idea de que el capitalismo es el motor esencial de las innovaciones más importantes que hemos disfrutado en las últimas décadas. Así, en su conocido libro El Estado emprendedor, la economista trata de argumentar que todos esos avances tecnológicos son, en realidad, producto de los programas estatales de investigación: es al Estado y a su política de I+D+i a quienes les debemos el progreso presente. El iPhone o el buscador de Google son, de acuerdo con la italiana, subproductos de la planificación estatal.

La obra de la economista transalpina ha tenido una amplísima repercusión a nivel mundial y ha contribuido a que muchos políticos, economistas y periodistas modifiquen su perspectiva sobre el proceso innovador: Mazzucato, por ejemplo, defiende la creación de una banca pública que financie el proceso de investigación, así como la participación estatal en el control de empresas beneficiadas por las ayudas públicas a la I+D+i. Sobre todo, con su abierta retórica estatista, sienta las bases para legitimar subidas de impuestos y el aumento del intervencionismo siempre con la excusa de que la sociedad acaba recibiendo un retorno.

Tras décadas en las que el Estado ha venido apropiándose de la mitad de la riqueza que las economías capitalistas generan y regulando la otra mitad, es imposible no encontrar algún vestigio de emprendimiento tecnológico originado por la acción estatal. Faltaría más que el Estado, después de invertir ingentes cantidades de dinero en sus faraónicos programas de investigación, no hubiera contribuido a sacar adelante nada valioso. Con todo, cabe plantearse qué habría sucedido si el Estado no hubiese detraído esos recursos a la sociedad. Resultan innumerables las posibilidades que habrían surgido en un ambiente en el que el genio empresarial de millones de seres humanos se hubiera podido explayar sin las trabas y dificultades que ha padecido desde el surgimiento del Estado emprendedor tras la II Guerra Mundial.

Conviene, en fin, tener muy presente que el Estado emprendedor no sale gratis a la población:

• Coste de oportunidad: Los contribuyentes se ven obligados a sufragar proyectos de resultado muy incierto, sobre los que no se dispone de la información que aportan los precios de mercado de cara a determinar si los medios utilizados están generando o destruyendo valor. Se produce asimismo un efecto expulsión (crowding-out) al detraer recursos de la economía por vía impositiva, de forma que el sector privado ve mermadas sus rentas para llevar a cabo sus propios proyectos de emprendimiento.

  • Apuestas de alto riesgo: se anula la experimentación descentralizada e incremental (prueba y error) propia del mercado cuando se concentran recursos de I+D+i en una vía de investigación única y concreta. El riesgo es muy elevado. Si esta línea de trabajo no es la correcta, la sociedad no sólo ha destinado recursos a algo vacío (ineficiente), sino que queda desprovista de soluciones competitivamente más idóneas, por lo que sufre un importante menoscabo.
  • Incentivos perversos en los agentes: inevitablemente, surgen buscadores de rentas estatales. Es el caso de los nuevos cuerpos de burócratas que buscan proteger su statu quo a toda costa, tratando de desprestigiar o boicotear a quienes, desde fuera del sistema, se lanzan a competir con ellos en la provisión de ideas e investigaciones novedosas. O espurios empresarios que, en lugar de dedicarse a ofrecer cada vez más y mejores bienes y servicios a la sociedad por mor de la innovación a la que les empuja el entorno competitivo, invierten sus fuerzas en hacer lobbying para aprovecharse de las regulaciones y las subvenciones públicas en un marco que les asegure la ausencia de competencia y una posición de monopolio. Con todo ello se pone freno a la innovación disruptiva, que no busca otra cosa que romper con viejos moldes productivos (energía, medios de transporte, medicina personalizada, nuevos materiales, autonomía personal y de trabajo, etc.). Al contrario, se favorece a unos pocos privilegiados mientras se limitan las oportunidades de emprendimiento a los innovadores y se cercenan al público los resultados que estas disrupciones habrían podido arrojar para su creciente bienestar.

En un contexto en el que España debe redefinir cuál será su modelo productivo para las próximas décadas y en el que muchos apuestan por que el Estado dirija esa transformación a través de la inversión y regulación pública de la I+D+i, desde el Instituto Juan de Mariana pretendemos mostrar los profusos errores de la tesis de Mariana Mazzucato para evitar que desoriente a nuestros políticos, periodistas e intelectuales.

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade).