El gráfico trucho que le encantó al kirchnerismo

Por Iván Carrino. Publicado el 29/4/18 en: http://www.ivancarrino.com/el-grafico-trucho-que-le-encanto-al-kirchnerismo/

 

Grupos kirchneristas y de izquierda difunden un gráfico con información falsa para evitar la reducción de subsidios. Acá abajo te dejo un  hilo de Twitter al respecto.

Anda circulando un gráfico en Twitter que “demostraría” que los países del mundo subsidian la energía eléctrica mucho más de lo que lo hace Argentina.

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Obviamente, quienes no quieren que el estado reduzca un solo peso de su gasto, utilizarán cualquier excusa para impedirlo.

El cuadro en cuestión dice que Estados Unidos, por ejemplo, destina USD 2.177 per cápita del dinero de los contribuyentes para subsidiar la energía eléctrica.

El mismo cuadro muestra que China destina USD 1.652 per cápita para la energía eléctrica.

Lamentablemente, el gráfico está hecho por un ignorante o por un malintencionado.

Es que, en realidad, los datos que muestran son los subsidios totales a la Energía (subsidios energéticos), pero no subsidios a la energía eléctrica.

De hecho, al ir a la fuente original (http://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/sonew070215a) se observa que el subsidio de estos países a la energía eléctrica en 2015 era… ¡CERO!

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Para el tiempo en que se hizo el análisis, Argentina gastaba USD 173,6 per cápita para subsidiar la tarifa de luz, mientras que China y Estados Unidos (y la mayoría de los países “Avanzados”), no destinaban NI UN SOLO PESO.

El trabajo del FMI apunta a reformar el entramado de subsidios energéticos en general, reduciéndolos. Pero lo que se desprende de ahí es que los países grandes subsidian mucho el petróleo y el carbón, pero poco o nada el gas y la electricidad como Argentina.

Una nota final: incluso si Estados Unidos gastara una fortuna en subsidiar la luz de los hogares, no sería motivo para seguir el ejemplo. Las cosas hay que hacerlas bien independientemente de que otro las haga mal.

Ahora bien, en este caso puntual, el gráfico que anda circulando muestra información que – en el mejor de los casos- es incorrecta producto de un error. En el peor, una distorsión y falsedad deliberada.

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Update 1/5/2018: Hay una cuestión adicional de esta pésima y maliciosa utilización de los datos. El informe del FMI hace referencia a un concepto de subsidios llamados “Post-Tax Subsidies”. El análisis divide a los subsidios entre “Pre-Tax” y “Post-Tax”, donde el primer concepto refiere a cuando los consumidores pagan menos por la energía de su costo de producción. La diferencia es un subsidio del gobierno. Simple y claro.

Ahora bien, el subsidio “Post-Tax” es, en realidad, un concepto teórico que surge de considerar cuánto debería costar la energía si se le cobraran los impuestos necesarios para paliar el efecto de las externalidades generadas en la producción y el consumo. (Por ejemplo, dado que producir petróleo contamina, la producción debería estar gravada. Si no lo está, el FMI considera que se está subsidiando esa energía).

O sea que dado que a la producción de Petróleo y Gas, Australia o Estados Unidos no le están cobrando todos los impuestos que deberían, según el FMI, este organismo considera que están siendo subsidiadas dichas producciones.

Conclusión para el debate actual: el subsidio “Post-Tax”no tiene mucho de equiparable a los subsidios energéticos argentinos. Cuando el FMI se refiere a las “ganancias fiscales” que tendrían reducir estos subsidios, se refiere a la mayor recaudación que habría por cobrar estos nuevos impuestos. Es decir, el FMI está pidiendo más impuestos a la energía, lo que redundaría en precios más caros para los consumidores: ¿quieren eso los demagogos de turno locales?

 

Iván Carrino es Licenciado en Administración por la Universidad de Buenos Aires y Máster en Economía de la Escuela Austriaca por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es editor de El Diario del Lunes, el informe económico de Inversor Global. Además, es profesor asistente de Comercio Internacional en el Instituto Universitario ESEADE y de Economía en la Universidad de Belgrano.

Sturzenegger y Macri, destruyendo al mercado

Por Alejandro A. Tagliavini. Publicado el 23/4/18 en: https://alejandrotagliavini.com/2018/04/23/sturzenegger-y-macri-destruyendo-al-mercado/

 

Es falso que esta suba de tarifas sea inflacionaria y ni siquiera que aumente el IPC. Las prestadoras están subsidiadas por el Estado, de modo que, los ciudadanos -vía impuestos- pagan los subsidios, pero, además, hay que sumar los sueldos de los intermediarios estatales. Así, eliminados los subsidios, aumentada la tarifa, al mercado debería quedarle más dinero en el bolsillo, bajando el IPC que, si hoy aumenta, es porque el Estado no solo no devuelve los impuestos, sino que -al subir la tarifa- aumenta la recaudación ya que las boletas tienen un componente tributario (IVA; Ingresos Brutos, etc.) de un 37%, según el Iaraf.

Dice el macrismo que “los servicios tienen un costo y hay que pagarlo” demostrando que no entienden al mercado que no se mueve por costos sino por ganancias. Las tarifas -en un mercado libre y competitivo- nunca son determinadas por los costos sino por la oferta y demanda que así regula el uso eficiente de los recursos sociales.

Hoy las prestadoras no son empresas libres y competitivas sino monopolios, oligopolios, y algunas estatales. Así, las tarifas propuestas por la oposición y el gobierno -demasiado altas o bajas, no sabremos mientras el mercado no rija- nada tienen que ver con la tarifa justa, eficiente, es solo una discusión política a espaldas del mercado.

Como recuerda Javier Milei, antes de la creación del BCRA en 1935, la base monetaria crecía a una tasa anual promedio de 6,1%, y la inflación era de 3,4%. Durante los primeros 10 años del BCRA, cuando era mixto, la emisión monetaria pasó a crecer al 13,6% anual, promedio, mientras que la inflación trepó al 6%. Desde 1946, la estatización total del BCRA, hasta 1991 la cantidad de dinero creció a un promedio del 176% anual, y los precios al 225%.

Dejando claro que la inflación es la emisión exagerada de moneda -respecto de la demanda del mercado- en tiempo real. Así, quitar dinero circulante una vez emitido no detiene a la inflación producida. Pero Sturzenegger, dijo estar dispuesto a subir la tasa de interés, insistiendo en una política fracasada. Con tasas altas tipo país africano, la inflación en 2018 superó a la de 2017 y la “núcleo”, promedio mensual, viene subiendo de 1,70% en los últimos 12 meses a 2,07% en el último trimestre.

Queda en evidencia que las altas tasas, lejos de bajar la inflación son inflacionarias porque disminuyen la demanda de dinero en tiempo real aumentando el spread con la oferta. La demanda de M1 cayó 1,0% interanual en términos reales en marzo 2018 según el BCRA.

Además, las tasas artificialmente altas -no establecidas naturalmente por el mercado- retrasan el crédito, ergo, la productividad y así disminuye aún más la demanda de dinero. Y todavía más. El problema de fondo es que el gasto estatal no se solventa con recursos genuinos -aquellos voluntariamente aportados por el mercado como por la venta de propiedades estatales- sino con recursos coactivamente obtenidos como impuestos, inflación y endeudamiento exagerado presionando a otro aumento de las tasas.

Los gastos corrientes son el 93% del gasto de la administración nacional. De acuerdo con un reporte de la Universidad de Belgrano, de este gasto corriente, el 49,5% va a la Administración Central que destina el 32% al pago de intereses de la deuda que sumaron $ 224.907 M en 2017, 71% más que en 2016. En 2016 y 2017, la deuda pública nacional interna y externa, en pesos y moneda extranjera, subió en US$ 80.269 M, un crecimiento de 22%.

Ahora, con este aumento -en 2016 y 2017- de deuda que llega al 15% del PIB la economía creció solo 0,6% en total. Aunque la industria cayó 2,6%, en el bienio con respecto a 2015, y el comercio creció apenas 0,1% y entre ambos representan un tercio del PIB. Por cierto, el PIB per cápita está 0,9% por debajo de 2015. La apertura de las importaciones complicó a los industriales dado que es difícil competir con el exterior dada la presión fiscal (impuestos, inflación, créditos inaccesibles, etc).

Incluso la construcción, apalancada desde el gobierno, en estos dos años bajó 2% y aunque el oficialismo muestra que últimamente ha despegado fuertemente, esto tiene olor a burbuja. De hecho, los créditos UVA podrían estallar. Según un informe del CEPA, por ejemplo, a quién tomó un crédito de US$ 100.000, luego de abonar 24 cuotas, la deuda se le ha incrementado en más $ 620 mil (52%) cuando bajo el sistema de crédito tradicional habría caído unos $ 5.200.

Como colofón, y contra caso, mostrando que el manejo de las tasas por parte del Estado acarrea problemas, dadas las bajas tasas de los Bancos centrales de los países desarrollados, la deuda global asciende a US$ 164 B (billones), según datos de 2016. El 225% del PIB mundial, 12% del PIB más endeudado que en el anterior máximo en 2009. Una bomba de tiempo dado el aumento de tasas que viene.

 

Alejandro A. Tagliavini es ingeniero graduado de la Universidad de Buenos Aires. Ex Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California y fue miembro del Departamento de Política Económica de ESEADE.

Grises fiscales en el 2017

Por Nicolás Cachanosky. Publicado el 21/1/18 en: https://www.infobae.com/opinion/2018/01/21/grises-fiscales-en-el-2017/

 

Con claro entusiasmo, Cambiemos anunció los resultados fiscales del 2017. El déficit primario de 3,9% del PBI sobrecumplió la meta fiscal para el 2017 de 4,2 por ciento. Estos resultados positivos se acompañan señalando el crecimiento que estaría mostrando la economía argentina. Todo parecería indicar que la economía nacional está en buen camino y que el gradualismo muestra sólidos resultados. Sin embargo, como varios economistas ya vienen señalando, una mirada más cuidadosa de los números fiscales y de la actividad económica no justifica tanto entusiasmo por parte del oficialismo.

La primera cuestión es que el déficit primario es un resultado parcial de la situación fiscal del país. Deja de lado, justamente, los intereses de la deuda. Al elegir financiar el déficit fiscal con deuda no se puede dejar de lado el pago de intereses al momento de evaluar el desempeño fiscal. Es similar a una empresa que toma deuda para iniciar un nuevo proyecto y en su cálculo de costos y beneficios no considera el pago de intereses. Claramente el banco cuestionaría la validez de dicho análisis. El déficit que al final del día importa es el financiero, que tiene en cuenta el pago de intereses. Mientras el déficit primario creció un 17,5%, por debajo de la inflación, el déficit financiero superó a la inflación al crecer un 32,5% y ubicarse en 6,1% del PBI. Ciertamente el entusiasmo del Gobierno no sería el mismo si las metas fuesen sobre el déficit financiero en lugar del primario. El déficit financiero, a su vez, deja de lado el pago de interese intra sector público, como si usted decidiese ignorar de sus cuentas familiares el pago de intereses por la deuda que tiene con su hermano. Al considerar estos intereses, el déficit financiero crece un 34,5% y se ubica en el 6,9 por ciento. Es por este motivo que cada vez más voces indican que el gradualismo tiene más costos fiscales que beneficios.

¿Cómo se obtuvo la mejora en el resultado primario? Principalmente con reducción de subsidios y aumentos de tarifas. Es decir, Cambiemos le endosó el ajuste fiscal al contribuyente. Sin embargo, este ahorro en subsidios al sector privado se vio más que compensado por aumento en prestaciones sociales. Dos componentes, jubilaciones y asignaciones familiares y por hijo aumentaron por encima de la inflación. El aumento de los gastos sociales por encima de la inflación duplica el ahorro en subsidios. El aumento de intereses (sin siquiera contar los pagos intra sector público) es 1,3 veces el ahorro fiscal en subsidios. Las metas de déficit primario no solo son de limitada relevancia, sino que van en contra de la transparencia y confunden al público. La historia que cuentan los números primarios es distinta a la que cuenta el resultado financiero. Sería más transparente y preciso expresar las metas primarias del Gobierno en metas fiscales. Dejar de lado costos que corresponde computar es tan erróneo como incorporar ingresos que no corresponden, como se hacía bajo el kirchnerismo.

El peso de los intereses no debe ignorarse. A fines del 2015, el pago de intereses (teniendo en cuenta intra sector público) representaba el 9% de los ingresos fiscales. En el 2016 aumentaron al 11,5%, en parte debido a la salida del default. En el 2017 el aumento se aceleró, se ubicó en 15,4% de los ingresos fiscales del Tesoro. A modo de referencia y sin querer sugerir que sea un número crítico, el pago de intereses antes de la crisis del 2001, a fin del año 2000, representaba el 17,4% de los ingresos fiscales. Si en el 2018 el peso de los intereses vuelve a aumentar cuatro puntos como lo hizo en el 2017, entonces superaría el valor de fines del 2000.

La segunda cuestión es que del lado de los ingresos también se ven algunos datos sugestivos. El 12% de aumento de los ingresos en el 2017 se explica por rentas de la propiedad, que aumentaron un 158% (especialmente el poco claro componente “resto” de las rentas de la propiedad). Si las rentas de la propiedad hubiesen crecido al mismo ritmo que la inflación, entonces el déficit primario sería del 5,0%, habiéndose incumplido la meta fiscal por 0,8 puntos. Esto ubicaría al déficit financiero en 7,2% del PBI (sin intereses intra sector público) y en 8% del PBI (con intereses intra sector público).

El tercer problema es que el Gobierno parece estar confundiendo genuino crecimiento económico con un proceso de recuperación económica. Las tasas interanuales de crecimiento en torno al 4% que repetidamente se mencionan se obtienen debido a la caída de actividad del 2016. Ya hace algunos meses que la serie desestacionalizada del estimador mensual de actividad económica (EMAE) muestra estancamiento económico. Por ejemplo, la variación anualizada entre julio y octubre (último dato disponible) es de -0,27 por ciento. De hecho, el pico del EMAE bajo el Gobierno de Cambiemos aún no ha superado al máximo valor del kirchnerismo en el 2015. La misma desaceleración se observa en la serie cuatrimestral del PBI real. Si este estancamiento continúa, a la par del relajamiento de las metas de inflación, Argentina podría acercarse nuevamente a un escenario de estanflación. El gradualismo habría entonces vuelto a su punto de partida. Cambiemos estaría descansando en la riesgosa apuesta de que la economía va a crecer a significativa velocidad por un largo período de tiempo, sin fundamentos claros y a pesar de que los datos hoy no acompañan este escenario.

 

Nicolás Cachanosky es Doctor en Economía, (Suffolk University), Lic. en Economía, (UCA), Master en Economía y Ciencias Políticas, (ESEADE). Fué profesor de Finanzas Públicas en UCA y es Assistant Professor of Economics en Metropolitan State University of Denver.

¿Por qué apoyamos la redistribución de ingresos…, pero no toda?

Por Martín Krause. Publicado el 20/12/17 en: https://www.cronista.com/columnistas/Por-que-apoyamos-la-redistribucion-de-ingresos%E2%80%A6-pero-no-toda-20171220-0040.html

 

¿Por qué apoyamos la redistribución de ingresos..., pero no toda?

En períodos electorales, los políticos multiplican sus propuestas para redistribuir ingresos, ofreciendo subsidios por aquí y por allá. Siendo emprendedores de su especialidad, si lo hacen es porque suponen que eso vende. Y, ¿Por qué vende?

En primer lugar, todos tenemos un sentimiento de simpatía (que hoy llamaríamos empatía) respecto a los demás, comenzando con las personas más cercanas y disminuyendo a medida que nos alejamos del entorno personal. Esto lo señaló nada menos que Adam Smith en su otro gran libro, Teoría de los Sentimientos Morales.

Sin embargo, en esa época, no existía el Estado benefactor. Eso no quiere decir que la gente no se preocupara por los demás, sólo que lo hacía directamente o a través de la iglesia.

Las ideologías del siglo XIX introdujeron la idea de que esto era ahora responsabilidad del Estado y la gente dejó la tarea en manos de los políticos, con la inocente creencia que éstos iban a redistribuir solamente de ricos a pobres.

Y una vez que le dieron el poder de redistribuir éstos lo usaron para hacerlo en toda dirección posible, quedándose en muchos casos con el vuelto. El Estado benefactor se convirtió en una piñata sobre la cual todos nos zambullimos y con la que pretendemos vivir de los demás, o al menos cumplir con esa sensación de que estamos ayudando a quienes lo necesitan.

Pero la gente no apoya todo tipo de redistribución. Por ejemplo, repudia la redistribución de bolsos hacia los conventos, y también la que termina generando grupos empresarios de amigos del poder. Tampoco apoya planes sociales politizados o incluso aquellos que no generan ninguna responsabilidad a cambio, ya sea de trabajo o capacitación para el empleo.

Hasta ahora nada que no sea evidente a primera vista. Pero he aquí que parece que estas conductas tienen una raíz mucho más profunda.

Un grupo de científicos, y entre ellos un par de argentinos, expertos en el nuevo y prometedor campo de la psicología evolutiva plantean una respuesta. Los argentinos son Daniel Sznycer, de la Universidad de California Santa Bárbara y la Universidad de Arizona, y María Florencia López Seal, de la Universidad Nacional de Córdoba. Investigan y escriben con los padres fundadores de esta nueva disciplina, Leda Cosmides y John Tooby, creadores del Center for Evolutionary Psychology.

Según ellos el apoyo a la redistribución se basa en emociones, en particular la compasión, la envidia y el interés propio, no por alguna convicción general de justicia social. Esas emociones son el resultado de largos procesos evolutivos durante los miles de años que fuimos cazadores-recolectores.

El crecimiento de la psicología evolutiva se ha basado en presentar crecientes evidencias de que el cerebro o mente humana contiene una cantidad de programas neuro-computacionales que fueron construidos por la selección natural porque resolvían problemas de adaptación al mundo ancestral.

En ese entorno se desarrollaron dos conductas con respecto a la distribución de bienes y servicios y sus correspondientes emociones para guiarlas. Los cazadores-recolectores compartían riesgos en actividades sujetas al azar (por ejemplo, la caza de algunos animales grandes) pero estaban menos dispuestos a compartir resultados de actividades más regulares que dependieran del esfuerzo personal (caza de animales menores y más abundantes o recolección de frutos más comunes). Aun hoy, entonces, el apoyo o rechazo por la redistribución se explicaría por estas emociones al considerar, por ejemplo, si los beneficiarios no han tenido suerte en conseguir empleo o su situación se debe a la falta de esfuerzo personal. Apoyarían la primera y rechazarían la segunda.

En los últimos años parece que tuvimos políticos que se guiaban por las emociones…, por sus emociones, las que les generaban ver sus cajas fuertes llenas.

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade).

Empobrece este gasto público excesivo

Por Enrique Blasco Garma. Publicado el 23/6/17 en: http://www.libertadyprogresonline.org/2017/06/23/empobrece-este-gasto-publico-excesivo/

 

El trabajo productivo genera riqueza. Que se disfruta con el salario y ganancias percibidos. En bruto contraste, cuando se hacen pagos desvinculados de la creación de bienes y servicios se retacean los ingresos de quienes trabajan productivamente. No es entonces sorpresivo que resulte tan cuesta arriba crecer y encontrar actividades productivas realmente atractivas. Una sociedad que entrega una significativa parte del PBI a quienes no producen, automáticamente castiga a los que trabajan creativamente. En esa sociedad, los salarios son bajos, y los precios elevados, necesariamente. Y las oportunidades de trabajo e inversión escasas.

La Argentina encontró un atajo a esta disyuntiva. Para mantener pagos a quienes no contribuyen produciendo bienes y servicios, y para no castigar demasiado al trabajo efectivo, el Estado se endeuda en el exterior. Y, con esos fondos, les paga a las personas que no engendran los bienes y servicios necesarios para su sustento. Y todos contentos, engañados por un tiempo. Pero ya aprendimos. En algún momento, el pago de los bonos correspondientes nos empobrecerá a todos.

La producción se incentiva realmente favoreciendo que los ingresos los perciban quienes producen, en vez de los que reclaman subsidios. Adam Smith, en “La Riqueza de las Naciones”, obra fundacional de la economía, explica que obtenemos nuestros alimentos, vestimenta y demás bienes no de la buena voluntad de los proveedores si no de su codicia por nuestro pago. No es la misericordia si no la remuneración el propulsor principal de la prosperidad.

El actual elevadísimo nivel de gasto del Estado refleja demasiados pagos para sostener a personas que no contribuyen en la creación y provisión de los bienes y servicios que demanda nuestra gente. Por eso, este gasto exagerado es destructivo de la riqueza. Empobrece al conjunto. Y no constituye un programa solidario. Todo lo contrario. Mientras se mantenga, es un programa político que destruye, reduce, los ingresos conjuntos de los argentinos. No puede sorprender el menguado nivel de consumo e ingreso.

La Argentina fue un país enormemente solidario en su época de gloria, cuando encabezaba los primeros puestos en ingreso por habitante del mundo. En ese tiempo de bonanza los pagos se dirigían concentradamente a quienes creaban riqueza trabajando productivamente. En ese proceso, la Argentina incorporó millones de pobres, ineducados, de Europa y otras regiones, conformando un país de emprendedores motivados que construyeron nuestra nueva y gloriosa Nación. En tiempos más recientes quisimos torcer las enseñanzas bien fundadas, desviando ingresos a quienes no producen, empobreciendo a todos, hasta registrar porcentajes de pobreza vergonzantes.

La redistribución de los pagos, para premiar a quienes crean riqueza trabajando productivamente, y disminuyendo la exigencia de pagar a quienes obstruyen la producción, es la receta para superar la pobreza. No se puede demorar, justificando gastos estatales a quienes impiden producir, circular, aprender.

 

Enrique Blasco Garma es Ph.D (cand) y MA in Economics University of Chicago. Licenciado en Economia, Universidad de Buenos Aires. Es Economista del Centro de Investigaciones Institucionales y de Mercado de Argentina CIIMA/ESEADE. Profesor visitante a cargo del curso Sist. y Org. Financieros Internacionales, en la Maestria de Economia y C. Politicas, ESEADE.

Salario mínimo, inflación y gasto público

Por Gabriel Boragina Publicado  el 10/6/17 en: 
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El escolástico Juan de Mariana tenía ideas sumamente claras, concretas y acertadas sobre la relación entre los impuestos, la inflación y el gasto público:
“El déficit gubernamental es causa de impuestos mayores a los necesarios. Además, es causa de la alteración del valor del dinero. El gobernante con un presupuesto deficitario sucumbe con facilidad a ese medio para cubrir faltantes. Alterar el valor de la moneda, por ejemplo, reduciendo la cantidad de oro o plata que contiene, permite emitir más monedas. Se piensa que con esa medida nadie sufrirá, puesto que el valor legal de la moneda queda igual, aunque disminuya su valor intrínseco. Falso. En la realidad, la alteración del valor de la moneda es un latrocinio, según Mariana. El dinero es un medio general de intercambio y lo es, porque su valor se considera sujeto a muy pequeñas variaciones. El remedio a esos daños es la reducción del gasto público. Los activos de la nación no deben ser usados con la misma libertad del propietario particular. Los subsidios deben reducirse. Los gobernantes no deben iniciar guerras innecesarias.”1
Ya en ese entonces, se explicaba de esta manera aquella vinculación. En realidad, el déficit se produce porque se han calculado mal los gastos y se han previsto partidas superiores a los ingresos disponibles, o bien porque los impuestos son tan altos que -conforme nos enseña la curva de Laffer- la recaudación nunca será suficiente para sufragar los gastos. Pero, hay una tercera causa: es posible que el presupuesto este bien calculado, y que se hayan previsto los impuestos necesarios como para poder cubrirlo, y que estos sean razonables al punto que todos los contribuyentes estén en condiciones de poder afrontarlos. Pero, imprevistamente el gobierno -o alguna de sus áreas- decida incrementar los gastos por encima de lo aprobado por la ley de presupuesto. En esta coyuntura, será un factor no ponderado por la ley de presupuesto lo que hace aparecer el déficit, excepto que se legislen nuevos impuestos, y que la población esté en condiciones de poder seguirlos abonando. La cruda realidad nos muestra que es el tercer supuesto el que se da con mayor frecuencia. Aunque también ocurre que se establecen impuestos excesivos, que superan las salidas previstas. Lo común es que se combinen dichos dos elementos: lo corriente es que los gobiernos aumenten sin cesar sus gastos, y también sus gravámenes. No obstante, cuando opera la curva de Laffer, deben apelar a inflación o deuda.
          Otro caso digno de examen es el de la relación entre salarios mínimos y gasto público, que también es un fenómeno de antigua data, en particular cuando los gobiernos entran en su cruzada de “ayudar a los pobres”, como se expone seguidamente:
“En 1798, se dio un paso importante que agravó considerablemente el problema de este tipo de ayuda benéfica. Los jueces de Berkshire, […] decidieron que los salarios inferiores a lo que ellos consideraban como el mínimo absoluto deberían ser completados con la ayuda parroquial de acuerdo con el precio del pan y el número de personas que dependían del cabeza de familia. Tal decisión fue confirmada por el Parlamento al año siguiente. Durante los treinta años que siguieron, este sistema (aparentemente el primero “que garantizaba un mínimo de ingresos”) acarreó innumerables problemas.
La primera consecuencia lógica para los contribuyentes fue un incremento en proporción geométrica de los costes de la beneficencia. En 1785, el coste total de los gastos que supuso la ley de pobres fue casi de dos millones de libras. En 1803 se superaron los cuatro millones, y en 1817 casi se llegó ya a los ocho millones. Esta última cifra venía a representar casi una sexta parte del gasto público total. Algunas parroquias se vieron sumidas en grandes dificultades. Un pueblo de Buckinghamshire informaba en 1832 que sus gastos por ayuda benéfica habían sido ocho veces superiores a los de 1795, y que habían superado a los ingresos totales de la parroquia durante aquel año. Otra población, Cholesbury, llegó a la bancarrota, y otras estuvieron muy cerca de ello. A pesar de su gravedad, este gasto público no fue el peor de los males. Mucho más grave fue la creciente desmoralización en el aspecto laboral, que culminó con los desórdenes e incendios de 1830 y 1831.”2
Se trató de la tristemente célebre “ley de pobres”. En el caso, la iniciativa es tomada por lo que hoy llamaríamos el poder judicial. Mediante sendas sentencias, los jueces británicos habían decidido que las diferentes regiones (parroquias) -se entiende que por intermedio de sus gobiernos locales (municipales)- habrían de arbitrar los mecanismos para lo que ellos (los jueces) habían determinado como lo que “debería” ser un “salario mínimo”. Los parámetros para la fijación del nuevo salario mínimo fueron dos, a saber: el precio del pan y la cantidad de miembros de la familia. Los gobiernos locales debían “compensar” la diferencia entre los ingresos familiares y el precio del referido producto. La sentencia dictada por los jueces recibió rápida confirmación legal por parte del Parlamento británico al cabo de un año, de manera que, lo que en principio fue una medida que afectaba sólo a determinadas localidades de Inglaterra, rápidamente se convirtió en una ley de alcance nacional.
No es difícil imaginar que, siguiendo los delineamientos que hemos dado, tal incremento del salario debía ser financiado por vía de mayores impuestos, deuda o emisión monetaria, que son las tres únicas “herramientas” por las cuales los gobiernos del mundo (no solamente el británico desde luego) pueden solventar cualquier erogación que sea decretada mediante una ley, tal como ha sido el caso en análisis, si bien esta ley no fue originada en una iniciativa parlamentaria, sino judicial. Ejemplo que -de paso- demuestra que no siempre la justicia “hace justicia”, sino que -a menudo- produce grandes injusticias, máxime si tenemos en cuenta las nefastas consecuencias que se derivaron de la extensión y generalización de dichas políticas.
En esa línea, no son de extrañar las consecuencias nocivas que estos salarios mínimos (financiados con gasto público) tuvieron históricamente para los afectados. Como se ve en la cita, apareció el fenómeno del déficit fiscal.
1 Eduardo García Gaspar. Ideas en Economía, Política, Cultura. Parte I: Economía. Contrapeso.info 2007. Alejandro A. Chafuén. “Impuestos y finanzas públicas”, pág. 56/57
2 Henry Hazlitt. La conquista de la pobreza. Unión Editorial, S. A. Pág. pág. 80/81

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

Ola progresista y corrupta en América Latina

Por Roberto Cachanosky. Publicado el 21/5/17 en: http://economiaparatodos.net/ola-progresista-y-corrupta-en-america-latina/

 

Los sistemas intervencionistas son corruptos por definición. Por eso detestan tanto el libre mercado

No terminó de estallar el escándalo de las coimas que habría autorizado Temer que estalló otro escándalo: Dilma y Lula habrían cobrado U$S 150 millones de coimas para obtener créditos blandos del banco estatal de fomento.

En Argentina, donde la justicia parece ser más lenta que en Brasil, tenemos los casos de López revoleando bolsos en los conventos con dólares provenientes de la obra pública, a Lázaro Báez procesado por corrupción en la obra pública, al igual que Cristina Fernández y hasta la impresentable Hebe de Bonafini. Además, en Salta, Milagro Sala también está procesada por defraudación al estado con fondos público y el listado sigue.

En los últimos 15 años parte de América Latina fue asolada por una ola populista llamada progresismo. Los excelentes precios internacionales de las commodities permitieron que gobiernos llamados progresistas llegaran al poder y se mantuvieran en el mismo gracias a los recursos extras que recibían por los precios de exportación. Argentina, Venezuela, Brasil, Bolivia, Ecuador cayeron en manos de estos gobiernos que, supuestamente, venían a defender a los pobres. Sin embargo sus políticas económicas naufragaron y, en algunos casos, han generado verdaderas crisis humanitarias como es el caso de Venezuela, donde la dictadura chavista es de un salvajismo que hacía rato no se veía en el mundo.

Ahora bien, el denominador común de todos estos casos de corrupción es que en nombre del progresismo los gobiernos intervinieron en la economía ya sea redistribuyendo ingresos, otorgando subsidios, privilegios de todo tipo, regulando, en fin estableciendo un sistema económico donde la firma de un funcionario público decretaba el éxito económico de una persona o sector o bien su muerte. El éxito de una empresa no depende de abastecer bien al consumidor en estos sistemas intervencionistas populistas denominados progresistas, sino que depende del favor del funcionario público. Es el burócrata, en cualquier nivel del estado en que se encuentra, el que con su sello y firma decide quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores del sistema económico.

Por ejemplo, si hay créditos con tasas menores a las de mercado que otorga el estado, es un bocado delicioso para los corruptos de siempre administrar esos fondos. ¿Por qué distribuir bajo algún criterio caprichoso esos escasos créditos subsidiados si finalmente pueden repartirse en base a la coima que le paguen al que tiene que firmar?

Se sabe que en períodos de controles de precios o de importaciones y demás regulaciones, florecen los estudios “económicos” que detrás de un disfraz de profesionalismo, en rigor se dedican a hacer contactos con los funcionarios del caso para lograr sus firmas para autorizar un aumento de precio, una importación o cualquier otro trámite burocrático. Esos “asesores económicos” suelen pasearse por los programas de televisión haciendo declaraciones políticamente correctas para agradar el gobierno de turno y tratando de dar una imagen de profesional equilibrado. Venden un personaje pero en realidad su negocio más rentable es hacer el contacto entre la empresa que necesita un aumento de precios, un subsidios o los que sea y el funcionario que aprueba el privilegio. Las coimas corren por todos lodos en esos sistemas intervencionistas. Hasta ha habido casos de legisladores que lanzaron proyectos de regulación que perjudicaban a algún sector en particular para coimear al sector. ¿Cómo? Pidiendo un precio para retirar el proyecto de ley.

Los sistemas intervencionistas son corruptos por definición. Por eso detestan tanto el libre mercado. Porque donde hay un estado limitado, se reducen notablemente los casos de corrupción por la sencilla razón que el funcionario de turno no tiene la autoridad para declarar ganadores y perdedores. Su firma no tiene ese poder en un gobierno limitado. Por eso los “progresistas” detestan el libre mercado y un gobierno limitado. Les arruina el negocio.

Estos populistas progres que han circulado en los últimos años por gran parte de América Latina, primero endulzaron al pueblo dándole dádivas. Cuantos más pobres, más dádivas y más votos cautivos. Mientras la gente recibía las dádivas y otros compraban el televisor o el celular en cuotas, estos progresistas robaban a cuatro manos. Para ellos el progresismo es un negocio redondo del que pueden hacer fortunas. Ser gobierno significa un gran negocio personal. Llegar a la presidencia de la nación dejó de ser un servicio público para transformarse en una gigantesca máquina de corrupción y de acumular fortunas. Las regulaciones, la obra pública y los fondos destinados a programas sociales son cifras millonarias que aportan una caja de corrupción fenomenal. Ya ni siquiera defienden el intervencionismo estatal y la distribución de burros que son, por el contrario son muy vivos, porque defender el intervencionismo y la distribución del ingreso les ha generado fortunas inimaginables a buena parte de la dirigencia política.

En síntesis, América Latina ha sufrido una oleada de populismo progre no por una cuestión ideológica, sino que esos delincuentes manipularon a pueblos incultos (la falta de educación en los pueblos es otro ingrediente fundamental para que florezca estos sistema corruptos) y vieron la oportunidad de hacerse la América.

La corrupción fue el objetivo de sus campañas políticas. El envoltorio fue el progresismo que vendieron como gente que venía a establecer la justicia social. El resultado pueblos más pobres, oprimidos y países que deberán soportar un largo período recuperación hasta que la gente pueda volver a tener un nivel de vida digno.

 

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE.