¿Vuelve el ajuste del Fondo Monetario?

Por Alejandro Tagliavini. Publicado el 19/12/19 en: https://www.ambito.com/economia/fmi/vuelve-el-ajuste-del-fondo-monetario-n5072110

 

MENSAJE. Kristalina Georgieva destacó la importancia que tiene la Argentina -principal deudor- para el FMI.

MENSAJE. Kristalina Georgieva destacó la importancia que tiene la Argentina -principal deudor- para el FMI.
Un clásico, los políticos prometen y luego hacen “lo que pueden”, por no decir lo contrario. A pesar del discurso, el Gobierno terminará coincidiendo con el FMI lo que, en rigor, no sorprende ya que ambos son de origen keynesiano a pesar de la efectista crítica del maestro de Guzmán -Stiglitz- al organismo.

Con las retenciones a la exportación que estimaba el IARAF en 35% (quedará en 33%) para la soja, 28% el trigo (15%), 25% el maíz (15%), y 10% girasol y los productos industriales, el Estado recaudaría el 0,45% del PBI, unos $90.000 M. Por cierto, el campo produce alimentos para 450 M de personas y los políticos se rasgan las vestiduras con la intención de implementar un Consejo contra al hambre, de algunos miles cuando, según la CRA, el Estado se queda con el 60% de la producción agrícola, como para alimentar a varios cientos de millones.

Con la suspensión de la Reforma Tributaria de 2017, continúa el IARAF, el Estado recaudaría otro 0,5% del PBI, $100.000 M. Y si se duplica la alícuota de Bienes Personales, sumaría el 0,15% del PBI, $30.000 M adicionales. Contando con que cuando un impuesto sube, sube la evasión, quedaría por financiar alrededor del 1% del PBI, unos $200.000 M.

En cuanto al impuesto del 30% al dólar, el propósito no sería recaudar pesos, sino “cuidar las reservas” -visto que sólo la balanza turística en 2019 quedaría negativa en u$s5.000 M- como si la curva libre de oferta-demanda no fuera el equilibrio con la oferta real, y la inflación no fuera la causante de la devaluación del peso. Por cierto, el BCRA, por la caída en el precio de los bonos y otros títulos, tenía un patrimonio neto negativo de $423.405 M al 30 de noviembre. También el FGS de la ANSES tuvo una fuerte desvalorización.

Así, el déficit que todavía queda, si pretenden no emitir ni endeudarse -veremos si lo logran- en buena parte lo pagarían los jubilados -al son del FMI- ya que el gasto total en ese rubro del Presupuesto equivale al 10,5% del PBI. Otorgarían dos bonos de $5.000 a los que cobran “la mínima”, pero suspenderían por “sólo” 180 días -será que luego viene el mítico “segundo semestre” de Macri- la fórmula de movilidad, que se actualiza (70%) en base a la inflación y (30%) a los sueldos estatales y que aumentaría entre 50% o 60% las jubilaciones en 2020, superando a la inflación del 40% que espera Economía.

Si sumamos algún tipo de freno al alza salarial -se habló al principio de suspender las paritarias- el ajuste pasaría por una caída de los ingresos reales de los niveles medios. No por nada se enardecen los ciudadanos cada vez que el FMI pasa por algún país. O sea, que existe una continuidad de fondo con el macrismo, así como Macri no discontinuó el kirchnerismo: de las vías del Estado para quitar recursos al mercado -impuestos, inflación y endeudamiento- el Gobierno tendría la intención de bajar la inflación y el endeudamiento, pero compensarlo con suba de impuestos y un ajuste que, así las cosas, probablemente quede neutralizado por la caída del PBI, ergo, la recaudación.

Los políticos han tenido éxito vendiendo la idea de que los bienes estatales son del pueblo cuando son suyos. Por caso, Aerolíneas Argentinas tiene un histórico déficit que pagan, sobre todo, los pobres con sus impuestos -recordando que las cargas fiscales son necesariamente derivadas hacia abajo- para que viajen los de niveles económicos más altos y, por cierto, sus dueños, los políticos. Con la venta de estas propiedades podría recaudarse como para no tener que realizar ajuste alguno y, además, el Estado se convertiría en menos gastador.

De hecho, el sector público nacional acumuló un superávit primario en los primeros 11 meses de 2019 de 0,1%, del PBI. En tanto, el déficit financiero fue del 2,7%. El déficit de diciembre de 2019 rondaría el 0,9% y así el primario del 2019 quedaría en 0,8%, del PBI. Ahora, esos resultados se alcanzaron precisamente con importantes ingresos “no tributarios”, como la venta de centrales hidroeléctricas y tenencias del FGS, por un total equivalente al 2,1% del PBI, compensando la caída de la recaudación tributaria.

En fin, a favor del país volvería cierto viento de cola. A nivel global, los precios de los alimentos en términos reales están 45% debajo de la media desde 1902, pero el índice de la FAO alcanzó en noviembre su máximo de los dos últimos años, impulsado por la carne -dada la peste porcina en China- y el aceite.

Por otro lado, según Morgan Stanley, gracias a un acuerdo parcial entre EE.UU. y China y el triunfo de Boris Johnson que aseguraría el brexit para el 31 de enero y una política fiscal más benévola, la economía global crecería 3,4% hacia fines de 2020 contra el 2,9% del cuarto trimestre de 2019.

 

Alejandro A. Tagliavini es ingeniero graduado de la Universidad de Buenos Aires. Ex Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California y fue miembro del Departamento de Política Económica de ESEADE. Síguelo como @alextagliavini

 

Vemos los capítulos 2 y 3. Fallas de Mercado y un tema nuevo:¿existen los bienes Públicos globales?

Por Martín Krause. Publicada el 5/6/16 en: http://bazar.ufm.edu/vemos-los-capitulos-2-y-3-fallas-de-mercado-y-un-tema-nuevoexisten-los-bienes-publicos-globales/

 

El proceso de globalización, o la movilización de recursos por todo el mundo, plantea, para algunos autores, no solo la necesidad de bienes públicos nacionales, sino también “globales”. Sus características principales serían (Kaul et al 1999, p. 2) las ya mencionadas de no exclusión y no rivalidad en el consumo, y que sus beneficios sean “cuasi universales” en términos de países —cubriendo más de un grupo de países—, pueblos —llegando a varios, preferiblemente todos—, grupos poblacionales y generaciones —extendiéndose tanto a generaciones presentes como futuras, o por lo menos cubriendo las necesidades de las generaciones actuales, sin eliminar las opciones de desarrollo para generaciones futuras—. En tales circunstancias, pocas cosas quedan fuera de esta definición y la lista de bienes públicos aumenta considerablemente.

Estos autores clasifican a los bienes en públicos puros y públicos impuros. Los primeros fueron definidos antes y a nivel global se presenta como ejemplo la paz, ya que, “cuando existe, todos los ciudadanos de un país pueden disfrutarla y su gozo, digamos, por poblaciones rurales no reduce los beneficios de las poblaciones urbanas”. Ya hemos comentado antes el grado de colectividad de la defensa; ahora se suman también en esta categoría la provisión de la ley y el orden, y un buen manejo macroeconómico. En cuanto a los bienes públicos impuros, serían aquellos que cumplen parcialmente con las características mencionadas: es decir, son parcialmente no rivales o parcialmente no excluyentes. Como ejemplo, Kaul y otros plantean el caso del consumo de una comida nutritiva, que a primera vista parece ser un bien privado, pero que también brinda beneficios públicos, ya que mejora la salud y con ella la posibilidad de adquirir habilidades para desempeñar un trabajo productivo, lo cual beneficiaría no solamente a la familia, sino también a la sociedad en su conjunto, pese a que los beneficios inmediatos sean mayormente privados.

Está claro que con esta definición no hay bien o servicio alguno que no tenga algún tipo de impacto en los demás. Y en tanto vivamos en sociedad, parece que esto es inevitable. La discusión no es que produzcan o no produzcan algún tipo de impacto, sino cómo considerar si ese impacto es negativo o positivo, siendo que las valoraciones son subjetivas, y si el Estado es el único capaz de proporcionar determinados bienes. Así, “males” públicos demandarían soluciones colectivas que serían “bienes” públicos, incluyendo, según Kaul y otros, las crisis bancarias, crímenes y fraudes en Internet, problemas sanitarios debidos al mayor comercio y transporte de personas, y también del incremento de actividades riesgosas, como el abuso de las drogas y el tabaquismo.

Un programa para aliviar la pobreza en África, por ejemplo, sería un bien público global si, además de mejorar la situación de esa población contribuyera también a prevenir conflictos, o a fortalecer la paz internacional, o a reducir el deterioro ambiental, o a mejorar las condiciones sanitarias globales. Las organizaciones internacionales y las ONG internacionales serían las que proporcionan este tipo de bienes públicos globales (Martin 1999).

Pero si se pudiera justificar la existencia de cualquier bien o servicio con efectos para terceros por el hecho de ser proporcionado por el Estado, o a través de organismos internacionales financiados por los Estados, o en última instancia por contribuyentes nacionales, entonces prácticamente “todo” tiene características de bien público. Un bien público “puro” no sería ya un bien económico, como en el caso del aire puro; y todos los demás serían “impuros” y sujetos a ser proporcionados mediante decisiones políticas, y no por la decisión de los consumidores tomadas en el mercado.

Stiglitz (1999), por ejemplo, considera que el “conocimiento sobre el desarrollo” es un bien público que debería ser provisto por instituciones como el Banco Mundial. Es cierto que las ideas tienen características de bien público, ya que, una vez producidas, su costo de reproducción es mas bien bajo. Esto lleva a dicho autor a pensar que serán “subproducidas” en el mercado, problema que se puede superar con la provisión pública. Sin embargo, el ejemplo no podría ser peor elegido: una gran cantidad de autores han escrito sobre el tema y propuesto enseñanzas sobre el mismo, desde Adam Smith en La riqueza de las naciones hasta una gran cantidad de autores contemporáneos. ¿Por qué hacen eso, si luego, cuando un país se desarrolla —siguiendo, por ejemplo, las enseñanzas de Adam Smith— este o sus sucesores no pueden excluir a quienes implementaron esas ideas y no pagaron por esos beneficios? En otros términos: una vez que dicen cómo se desarrolla un país, nadie parece que les va a pagar por ello; entonces no habría propuestas y el mercado fracasaría en proporcionarlas.

Nada de eso sucede en la realidad, sino todo lo contrario: hay un sinnúmero de libros y artículos sobre las causas del desarrollo económico; un activo mercado de ideas donde compiten las propuestas de Stiglitz con muchas otras. ¿Por qué ofrecen los autores estas ideas, si luego no pueden cobrar por ellas? Existe una gran cantidad de incentivos para hacerlo: el autor cobra un porcentaje por las ventas de sus libros; es invitado a conferencias donde recibe honorarios, viaja a lugares que nunca conocería de otra forma y se aloja en los mejores hoteles; puede llegar hasta recibir el Premio Nobel, que, además de ser un premio suculento, le garantiza un flujo de ingresos asegurado de ahí en adelante, como sabe muy bien el mismo Stiglitz, que lo ha recibido[1].

[1]. “Gran parte del conocimiento que se necesita para el desarrollo exitoso no es patentable; no es el conocimiento que subyace en nuevos productos o procesos. Más bien, es conocimiento fundamental: cómo organizar empresas, cómo organizar sociedades, cómo vivir vidas más saludables de forma que ayudan al medio ambiente. Es conocimiento que afecta la fertilidad y el conocimiento acerca del diseño de políticas económicas que promueven el crecimiento económico” (Stiglitz 1999, p. 318). “Las ideas presentadas hasta aquí dejan en claro que ese conocimiento es un bien público, y sin un apoyo público activo, habrá una sub-provisión de ese bien. Las instituciones internacionales, incluyendo al Banco Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) cumplen un papel especial en la producción y diseminación de este conocimiento” (p. 319).

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade).

EL LIBRO ESTATISTA DE MODA

Por Alberto Benegas Lynch (h)

 

Nos referimos a Capital in the Twenty-First Century de Thomas Piketty, francés, doctorado en economía en MIT y profesor en la Escuela de Economía de París (institución que él contribuyó a establecer en 2005). El libro está muy bien traducido del francés por Arthur Goldhammer (Le captital au xxi siécle). Está dividido en tres partes y la conclusión, casi 700 páginas que contienen 32 cuadros estadísticos.

 

Es una obra que combate la desigualdad de ingresos y patrimonios sustentado en confundir el capitalismo con el llamado “capitalismo de amigos” (en verdad ausencia de capitalismo puesto que las relaciones incestuosas entre el aparato estatal y los empresarios prebendarios -desde Adam Smith en adelante- niega el significado de esa tradición de pensamiento), además, como han demostrado economistas como Hunter Lewis, Rachel Black, Robert T. Murphy y Louis Woodhill, basado en  proyecciones sesgadas y estadísticas equivocadas (especial aunque no exclusivamente las referidas a retornos sobre el capital).

 

Dejemos las transcripciones numéricas que efectúa el autor de este libro para reflexionar sobre el centro de su tesis para lo que sugiere elevar considerablemente los impuestos al efecto de mitigar las referidas desigualdades, puesto que como es sabido incluso para leer tablas estadísticas se requiere un andamiaje conceptual previo y es a esta estructura teórica del autor la que vamos a comentar telegráficamente en esta nota periodística.

 

Incluso aunque las series en cuestión estuvieran bien fabricadas, las comparaciones pertinentes, los años base significativos, bien realizadas las correlaciones, bien seleccionadas las muestras y bien construidos los índices, no cambia la línea argumental. Esto es, si es cierto que en mercados abiertos y competitivos las diferencias patrimoniales las decide el consumidor en el supermercado y equivalentes, cualquier resultado en el delta es, por definición, el que ha establecido la gente con sus compras y abstenciones de comprar. Como los recursos no crecen en los árboles, su correspondiente asignación no resulta indistinta: la administración debe estar en manos de los que atienden mejor las demandas de sus congéneres a través de los cuadros de resultados para que los que dan en la tecla ganen y los que yerran incurran en quebrantos en posiciones que no son irrevocables sino sujetas a las cambiantes necesidades del público consumidor.

 

Resulta un tanto cansador repetir un aspecto de reflexiones ya hechas con anterioridad pero me incentivó la posibilidad de introducir nuevas consideraciones a raíz de la obra de Piketty. Otra razón para producir esta nota, es que economistas como Krugman y Stiglitz alaban el libro de marras, junto a las autoridades del FMI y el mismo Obama y, en el momento de escribir estas líneas, el libro está en la lista de los best-sellers del New York Times.

 

Como queda dicho, en la medida en que las riquezas van a los bolsillos de empresarios que operan en base a privilegios otorgados por gobiernos, la consiguiente desigualdad se traduce en una flagrante injusticia que nada tiene que ver con la eficiencia para atender al prójimo sino con el poder de lobby para acercarse a los funcionarios del aparato estatal, es decir robo indirecto (para no decir nada de los patrimonios más abultados del mundo -según Fortune– que son fruto de usurpaciones y despojos directos como es el caso de la Rusia actual que se incluyen en las antedichas estadísticas globales como si fueran el resultado del mercado).

 

Y esto es lo que desafortunadamente existe en buena parte del mundo y es lo que Piketty confunde con capitalismo en el libro que comentamos. Lo que vivimos no es “la crisis del capitalismo” como afirma el autor sino la crisis del estatismo cimentada en gastos públicos astronómicos, deudas estatales siderales, déficit insostenibles, impuestos insoportables y absurdas, asfixiantes y crecientes regulaciones, de modo que está embistiendo contra un blanco equivocado.

 

Escribe Piketty que “La distribución de la riqueza es uno de los temas más discutidos y controversiales hoy”, lo cual es evidentemente cierto si nos guiamos por las propuestas políticas y por gran parte de los textos en economía y ciencia política, pero el asunto consiste en investigar la razón o sinrazón de las partes en este delicado debate. La tradición que inició J. S. Mill al pretender la escisión entre la producción y la distribución sentó las bases de la confusión. Para comenzar, como ha puesto de manifiesto Thomas Sowell, los economistas no deberíamos hablar de “la distribución del ingreso” puesto que “los ingresos no se distribuyen, se ganan”. Por su parte, Robert Barro ha señalado repetidamente que lo relevante no es la desigualdad de patrimonios sino la elevación del promedio ponderado de los ingresos (que es la tendencia en la medida en que la sociedad sea abierta), lo cual, dicho sea de paso, puede simultáneamente incrementar las desigualdades.

 

Piketty, por una parte, alude a Marx en cuanto a la concentración de la riqueza (que según él equivale a la explotación de los más pobres sin inferir conclusiones de sus niveles de vida en términos absolutos), y por otra, Kuznets que pronosticaba armonía en base a la reducción de las desigualdades (con célebres gráficos no del todo ajustados a la realidad). Pero es que, nuevamente destacamos que en la sociedad abierta las diferencias patrimoniales y de ingresos de deben a las instrucciones del consumidor en el mercado y, por tanto, cumplen un rol vital para maximizar las tasas de capitalización que es la única causa que eleva salarios.

 

Este es el sentido de lo consignado por Buchanan en cuanto a que “mientras las transacciones se mantienen abiertas y mientras no se recurra al fraude y a la fuerza, el acuerdo logrado es, por definición, clasificado como eficiente” y es el sentido por el que escribe Hayek en cuanto a que “la igualdad de las reglas generales es el único tipo de igualdad compatible con la libertad y la única igualdad que puede asegurarse sin destrozar la libertad”.

 

Sin embargo, Piketty se refiere a “los violentos conflictos que inevitablemete instiga la desigualdad [de rentas y patrimonios]” y los relaciona con los sucesos ocurridos en la Francia pre-revolucionaria, lo cual es nuevamente una situación totalmente distinta a la de los mercados libres y la sociedad abierta. Incluso sus reflexiones sobre la sobrepoblación de esa época no son comparables al crecimiento vegetativo en el contexto de la libertad. El antes referido Sowell muestra que toda la población mundial podría ubicarse en el estado de Texas con un promedio de 600 metros cuadrados por familia tipo de cuatro personas y señala que la densidad poblacional de Manhattan es la misma que en Calcuta y la de Somalía igual a Estados Unidos con lo que concluye que en un caso se habla de hacinamiento y en otro de opulencia debido a marcos institucionales diferentes y no debido a la llamada sobrepoblación.

 

Incluso las referencia a Malthus y a Ricardo en el libro no se condicen con lo que puede inferirse de épocas posteriores, no solo en cuanto a la población sino en cuanto a los impuestos a la tierra que parecen un adelanto de la teoría de Henry George al sugerir cargas fiscales adicionales a la tierra debido a que es un bien que aumenta su escasez sin que pueda atribuirse mérito al propietario, es decir, una especie de externalidad de la naturaleza, sin percatarse que, por ejemplo, eso mismo ocurre con nuestros ingresos que son debidos a las tasas de capitalización generados por otros (y tantas otras ventajas que obtenemos como que al nacer estamos insertos en lugares donde ya existe un lenguaje, insitituciones, etc.).

 

Thomas Piketty concluye que no está todo perdido puesto que “Hay sin embargo maneras en que la democracia puede recuperar el control sobre el capitalismo y hacer que los intereses generales prevalezcan sobre los particulares”. En esta conclusión hay por lo menos tres asuntos que deben resaltarse. Primero, en gran medida no estamos en democracia en el llamado mundo libre tal como la concibieron en combinación con la República los Padres Fundadores en Estados Unidos, ni como la conciben los Giovanni Sartori de nuestros tiempos. Se trata mayorías ilimitadas que arrasan con el derecho y toda la tradición constitucionalista desde la Carta Magna de 1215. Segundo, no hay tal cosa como el capitalismo para controlar por las razones antes apuntadas. Y tercero, aunque es un lugar común, en la sociedad abierta no hay conflicto entre lo particular y lo general por la sencilla razón que lo general es la satisfacción de todo lo particular que no lesione iguales derechos de otros.

 

El autor de esta obra ahora de moda le da por completo la espalda al hecho de que el proceso de creación de riqueza es dinámico y no un bulto estático que opera en el contexto de la suma cero y que los burócratas tienen que decidir como “lo distribuyen”.

 

Por último, debe subrayarse que, en rigor, no es posible imponer el igualitarismo ya que las valorizaciones son subjetivas y, aunque todos dijeran la verdad no pueden realizarse comparaciones intersubjetivas, al tiempo que debido a la intervención gubernamental para imponer la guillotina horizontal se deterioran los precios relativos lo cual malguía aun más la producción. En el contexto del igualitarismo forzoso se requiere un sistema autoritario puesto que cuando alguien se sale de la marca niveladora establecida, debe recurrirse a la violencia para encauzar al “infractor”. Y, además, en otro plano de análisis, si fuéramos todos iguales con las mismas inclinaciones y talentos, la división del trabajo y la cooperación social se derrumbarían y la misma conversación se tornaría en un aburrimiento colosal ya que sería lo mismo que dirigirse al espejo.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. En Administración. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y fue profesor y primer Rector de ESEADE.