Sociedad e igualdad de derechos

Por Gabriel Boragina: Publicado el 15/1/17 en: http://gboragina.blogspot.com.ar/

 

“2. La igualdad en las doctrinas del derecho social. Las doctrinas que partieron de la sociedad para estudiar al hombre, las doctrinas del derecho social, corno las denomina Duguit, o doctrinas socialistas, se oponen a las doctrinas individualistas (corno es lógico) y sostienen que el hombre es naturalmente social y sometido, por lo tanto, a las reglas que esa sociedad le impone con respecto a los demás hombres y sus derechos no son nada más que derivaciones de sus obligaciones. De allí hace derivar Duguit los conceptos de solidaridad o de interdependencia social, afirmando que todo hombre forma parte de un grupo humano, pero al mismo tiempo tiene conciencia de su propia individualidad”.[1]

Evidentemente, el hombre no es una creación colectiva, y estas doctrinas socialistas parten de una clara ficción. El hombre no es “naturalmente” social, si por “natural” se quiere significar biológico, porque ninguna sociedad puede dar por fruto biológico a ningún hombre. En realidad, no puede crear biológicamente cosa alguna. Se olvida que el concepto de “sociedad” es una concepción mental. Una palabra que representa una abstracción intelectual, que no cuenta con existencia física. Si el hombre fuera “naturalmente” social la educación -sobre todo la de los primeros años de la vida- no tendría ninguna razón de ser y no sería en absoluto necesaria. El niño se comportaría socialmente por obra, gracia y efecto de tal supuesta “naturaleza social”, reconocería espontáneamente a sus semejantes y sus derechos, y se autoimpondría límites a su propia conducta, y –todo ello- sin que nadie tuviera que explicárselo ni -mucho menos- recordárselo a cada instante. Tendría –en tal caso- también una conciencia “natural” de sus derechos y sus obligaciones, sin necesidad de que nadie se los enseñara previamente.

Empero, la experiencia más elemental nos demuestra que esto en modo alguno es como se derivaría de tales doctrinas socialistas llevadas a sus últimas consecuencias. La educación cumple su fin precisamente porque el ser humanos no es “naturalmente” social. Debe aprender a serlo, y debe enseñárselo a serlo. En cuanto a supuestas reglas “de la sociedad”, el razonamiento ha de ser el mismo. La fantasmagórica “sociedad” no instituye reglas, ya que ella no tiene vida física, ni cuerpo, ni mente, ni voluntad, ni acción. Toda regla ha sido originariamente pensada por alguien una primera vez, y dicha regla (norma, ley, etc.,) –en un segundo momento- se ha hecho extensiva a otros, ya sea por imposición o bien por convención. Pero ni en su origen ni implementación esa fantasmal “sociedad” ha desempeñado -ni hubiera podido hacerlo- papel alguno.

“3. El principio de la igualdad en la sociedad antigua. La historia de las instituciones, desde la antigüedad hasta las civilizaciones contemporáneas, va mostrando en cada sociedad los matices de su estructura orgánica y especialmente, las distintas clases en que se divide esa sociedad, .separadas unas de otras en forma tan absoluta, como si se tratara de mundos distintos, con sus privilegios y sus cargas, con sus derechos y sus obligaciones, con todo y con nada, para unos y otros”.[2]

Esta teoría organicista de la sociedad está sujeta a las mismas objeciones que hemos venido haciendo anteriormente. Se habla de la sociedad como de un ente vivo. Más aun, como si fuera una verdadera persona humana, o -mejor dicho- sobrehumana, muy por encima de cada individuo considerado física y mentalmente. Es precisamente el concepto de “sociedad” el que nos lleva al de igualitarismo, y de allí al de “clase social”, que nace del conflicto entre el reconocimiento de la ausencia de igualdad de las personas y la necesidad de articular la idea de su existencia, con el sólo objeto de distinguir a los que mandan (clase dominante) de los que obedecen (clase subordinada o esclava). La igualdad ha sido una idea que siempre ha servido a tiranos o a potenciales déspotas.

“El principio de la igualdad de los hombres, en su condición humana no existe en realidad, pues las instituciones de la esclavitud muestran la diferencia abismal entre el noble y el esclavo, degradado éste hasta la situación de cosa o de bestia, aunque aparezca una igualdad que podría llamarse jurídica, pues el que nada tiene nada es; ha nacido en la situación de indigencia, nada lo ampara, vive sólo para las cargas y sin esperanzas”.[3]

Aquí se confunde la desigualdad jurídica con la económica. Un error harto común en muchos pensadores reputados. Tanto las clases sociales como la institución de la esclavitud no son otra cosa que una consecuencia lógica de la desigualdad ante la ley de las personas, circunstancia no sólo común en la antigüedad, sino en los más “modernos” sistemas totalitarios como el socialismo, nazismo y fascismo, y sus sucedáneos menos violentos y algo más edulcorados. No existe ninguna clase de igualdad jurídica que pueda paliar, disminuir ni menos aun suprimir la desigualdad económica de las personas, porque esta es una ineludible consecuencia de los diferentes talentos, aptitudes, destrezas, o ausencia de ellas en cada una de las personas existentes. La igualdad ante la ley -una ley que garantice el uso y disposición de lo suyo y adquirido mediante su propio esfuerzo y dedicación-, es el único instrumento que hará que los hombres no dejen de ser biológica, psíquica y físicamente desiguales, sino que permitirá a cada uno -en la medida de sus capacidades- salir airosamente de la indigencia. Obviamente, ello no es posible en sistemas de castas o regímenes legales que otorgan privilegios y dadivas a grupos o individuos (como la mayoría de los actuales).

Hay que hacer notar que, en el curso de la historia, el principio de igualdad ante la ley ha sido declamado en un sinfín de oportunidades e –incluso- los déspotas más despiadados se han llenado la boca y sus discursos recitando supuestos “derechos” de todos “por igual” ante la ley. No obstante aquellos clamorosos monólogos, escasamente dicho principio se vio plasmado en los hechos, aun en aquellos países que dictaron constituciones que consagraban en forma expresa el mismo en su propio cuerpo normativo.

 

[1] Dr. Antonio Castagno. Enciclopedia Jurídica OMEBA Tomo 14 letra I Grupo 02. Voz “igualdad”.

[2] Castagno, A. Enciclopedia….Ob. cit. Voz “igualdad”

[3] Castagno, A. Enciclopedia….Ob. cit. Voz “igualdad”

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

EL ESTADO ES EL VECINO

Por Alberto Benegas Lynch (h)

 

Debe subrayarse con el mayor énfasis posible que cuando se dice que el Estado debe hacer tal o cual cosa son los miembros de la comunidad los que siempre y en toda circunstancia financian compulsivamente lo dicho con el fruto de sus respectivos trabajos. El elenco gobernante nunca pone nada de su peculio, más bien en no pocas oportunidades se lleva recursos públicos como si fueran de su pertenencia.

 

Hay una enorme hipocresía en todo esto, se parlotea como si el aparato estatal fuera un ente independiente y misterioso que genera recursos propios cuando en verdad todo lo que tiene lo ha succionado previamente de los bolsillos de la gente. Entonces, es más preciso, en lugar de insistir que el Estado debe financiar tal o cual cosa, decir que la gente debe hacerlo recurriendo a la fuerza para que lo lleve a cabo.

 

En la visión convencional desde Sidney y Locke hasta Robert Nozick, el monopolio de la fuerza que denominamos gobierno está circunscripto a la protección de los derechos de todos y lo demás no le incumbe ya que no debe jugar a un falso paternalismo. En lugar de declamar que el gobierno debe dedicarse a sacar recursos de la gente para entregárselos a otros (y frecuentemente quedarse con algunas diferencias), debería publicarse una lista voluntaria con los nombres de quienes consideran que hay que recaudar fondos y aportarlos directamente. No es pertinente recurrir a la tercera persona del plural para endosar el tema a otros sino utilizar la primera persona del singular y proceder en consecuencia y si quien propone el asunto no dispone de recursos suficientes que se ocupe de recabarlos.

 

Despegados de la referida visión convencional, ahora resulta que el aparato estatal debe inmiscuirse en todos los recovecos de la vida privada y administrar las haciendas ajenas como les venga en gana dando lugar a que mayorías circunstanciales se apoderen sin más de los bienes pertenecientes a las minorías con lo que la democracia degenera en mera cleptocracia.

 

Ahora como nunca antes los gobernantes sedientos de mayores ingresos se ponen de acuerdo entre ellos para dar caza a los patrimonios de la gente que pretende defender el resultado de sus denodados y legítimos esfuerzos a través de investigar cuentas bancarias e intentar eliminar el efectivo al efecto de martirizar a los gobernados. Todo por la creciente voracidad fiscal que incurre en procedimientos salvajes que en siglos no se han adoptado ni siquiera los sátrapas más extremos.

 

Y no se trata de los dineros malhabidos para lo cual muchos gobernantes constituyen un lamentable ejemplo de malversaciones, puesto que los fondos producto de quienes han atentado contra el derecho de otros deben ser castigados con todo el rigor necesario por la Justicia, en cambio, como queda dicho, se trata de dar caza al fruto del trabajo ajeno en base al llamado principio de nacionalidad en materia fiscal y otras manifestaciones de voracidad ilimitada que no contemplan que el principio de territorialidad es lo que corresponde y con la menor presión tributaria para cumplir con las funciones específicas de un gobierno republicano. Por su parte, los funcionarios de bancos privados operan según las omnicomprensivas disposiciones de la banca central con lo que esos funcionarios terminan siendo de facto empleados públicos en abierto contraste con lo que tradicionalmente ocurría con la banca privada. Hoy hasta puede esperarse que los llamados bancos privados bajen la persiana para que el sistema se quede con los depósitos de sus clientes tal como ha ocurrido en varios lares.

 

Todo esto no es en modo alguno hoy para proteger los derechos de la gente sino para conculcarlos en el contexto de una máquina infernal de gasto estatal, impuestos astronómicos y deuda pública sideral. Un Leviatán que todo lo atropella a su paso. Es imperioso reaccionar contra esta operación pinzas contra las libertades individuales antes de que la antiutopía orwellinana cierre su círculo fatal.

 

En otros términos, resulta que la gente debe proteger sus patrimonios de los constantes manotazos de los gobiernos en lugar de sentirse cubiertos en sus haciendas por la entidad que teóricamente se ha establecido para garantizar los derechos de los gobernados. Nos hemos retrotraído a la época de los faraones. El poder político en lugar de estar estrictamente limitado en sus funciones para garantizar Justicia y seguridad (lo cual en general no hace), ha avanzado en terrenos y jurisdicciones impropias de una sociedad abierta con lo que se ha arrogado facultades ilimitadas para entrometerse en las vidas y las propiedades de quienes en verdad se han convertido en súbditos, al tiempo que abandonan aquellas funciones primordiales.

 

Se torna insoportable una sociedad que se constituye como un inmenso círculo donde todos tienen metidas las manos en los bolsillos del prójimo a través de los permanentes subsidios cruzados que disponen los gobiernos.

 

Resulta trascendental comprender que es un peligroso espejismo el sostener que puede atacarse impositivamente la inversión sin que eso afecte el nivel de vida de los más necesitados. Hay una conexión directa entre uno y otro plano de ingresos. Los salarios en términos reales dependen exclusivamente de las tasas de capitalización , es decir, de la inversión per capita. No es para nada el resultado de algún voluntarismo propuesto por un decreto gubernamental ni por el deseo de tal o cual empleador, todo lo cual resulta del todo irrelevante a los efectos del referido salario.

Cuando aumentan las tasas de capitalización se incrementa la productividad con lo que el mercado laboral está obligado a subir salarios si se quiere mantener el trabajo manual e intelectual en operaciones. Esta es la diferencia central entre países que progresan y países que se estancan o retroceden: maximizar el ahorro interno y el externo para lo cual se requiere contar con marcos institucionales que respeten el derecho de cada cual.

 

En la media en que se establezcan impuestos que gravan la capacidad contributiva de modo directo como los impuestos a las ganancias, a los bienes personales, a la trasmisión gratuita de bienes y similares se está amputando el volumen de inversiones con lo cual se está, simultáneamente, reduciendo salarios en términos reales. Paradójicamente, esta política nefasta se ejecuta en nombre de los pobres cuando, precisamente, se los está esquilmando.

 

Empeora la situación cuando los aparatos estatales se empeñan en redistribuir ingresos, esto es, volver a distribuir por la fuerza lo que se realizó previamente de modo voluntario en el supermercado y afines. La política redistribucionista intensifica el derroche de capital puesto que inexorablemente se dirige a campos distintos de los que se hubieran asignado si los arreglos contractuales se hubieran respetado.

 

A este cuadro de situación se agrega la manía de la guadaña que apunta al igualitarismo que aniquila todos los incentivos para contribuir al mejoramiento de las estructuras de capital y se exterminan las ventajas de la división del trabajo y la consecuente cooperación social. En lugar de aprovechar la bendición de que cada persona es diferente con lo cual se saca partida recíproca de diversos talentos y conocimientos, se pretende uniformar en la miseria, proyecto que de llevarse a cabo convierte hasta la simple conversación en un aburrimiento colosal.

 

En general no se comprende el significado del mercado y se lo asimila a una cosa lejana a la vida de las personas en lugar de percatarse que todos somos el mercado puesto que se trata ni más ni menos de las millones de transacciones que diariamente tienen lugar desde que nos levantamos a la mañana hasta que nos acostamos a la noche (y durante la noche puesto que la cama, las sábanas y las frazadas han sido objeto de transacciones, para no decir nada del propio domicilio sea fruto de un contrato de alquiler o de compra-venta). Por eso, cuando se alude peyorativamente al “fundamentalismo de mercado” no se percibe que es lo mismo que hablar del “fundamentalismo de lo que la gente desea”.

 

Probablemente nada haya más peligroso y contraproducente que las llamadas “conquistas sociales” que apuntan (por lo menos en la articulación de discursos en campañas electorales) a mejorar los ingresos de la gente por una simple resolución gubernamental. Si esto fuera posible, sin duda que habría que lanzar un jugoso decreto para hacernos a todos multimillonarios y no andarse con timideces. Lamentablemente las cosas no son de esta manera y los aumentos por decreto barren del mercado laboral a los que más necesitan el empleo. No hay coartadas posibles,  como queda dicho, la inversión es lo que permite elevar salarios.

 

Y no se trata de alegar sobre la “desigualdad en el poder de contratación” puesto que lo abultada o lo debilitada de las respectivas cuentas corrientes no cambian el resultado de los ingresos percibidos ya que, nuevamente reiteramos, se debe a las tasas de capitalización. No se trata tampoco de “estimular el consumo” ya que no puede consumirse lo que no se produjo y la mayor producción proviene en gran escala de abstenerse de consumir para ahorrar e invertir. No es posible poner el carro delante de los caballos. No se puede comenzar por el final.

 

No se diga tampoco que el Estado debe proceder en esta o aquella situación para demostrar “solidaridad”, lo cual es un verdadero insulto a la inteligencia ya que la muy encomiable actitud solidaria se sustenta en actos voluntarios realizados con recursos propios. El que le arranca la billetera a un vecino para entregársela a un menesteroso no ha llevado a cabo un acto caritativo sino que ha perpetrado un atraco.

 

En resumen, en lugar de embarcarse los gobiernos en reducir el astronómico gasto público, de abrogar regulaciones que asfixian a la gente, de eliminar y simplificar la maraña impositiva y reducir la presión tributaria y clausurar la posibilidad de la deuda pública externa al efecto de no comprometer patrimonios de futuras generaciones que no han participado en la elección del gobierno que contrajo la deuda y solo contraer la deuda pública interna indispensable, en lugar de todo ello decimos, los gobiernos se alían para exprimir a los gobernados de todas las maneras posibles, mientras los distintos tipos de corrupciones gubernamentales están a la orden del día ya que constituye una corrupción alarmante el mero hecho de la extralimitación del poder puesto que “el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente”.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa.

República Cromagnon, Responsabilidad Civil y la Tragedia de los Comunes:

A diez años de la tragedia que aún hoy enluta a muchísimas familias, y ante las manifestaciones públicas de algunos de los responsables políticos alcanzados, creemos que se mantiene vigente nuestra propuesta de medidas conducentes a terminar con este tipo de desastres. Y con las cobardes especulaciones políticas de muchos:

 

Por Guillermo Luis Covernton: Publicado el 11/3/2005 en la web de Fundación Atlas:

Una respuesta desde el ámbito del derecho privado, basada en la racionalidad económica.

La muerte de más de 190 personas atrapadas por el fuego, en un lugar repleto de materiales inflamables, sin suficientes salidas de emergencia, y donde se realizaba la presentación de un grupo musical, ha provocado un intenso debate en la sociedad.

El profundo dolor que tal circunstancia nos e infunde, así como la íntima solidaridad hacia los familiares y amigos de quienes fallecieron nos impulsa a manifestar aquí algunas opiniones e ideas, con la plena conciencia de que no podemos hacer demasiado por quienes sufren por este desgraciado hecho, pero sí que podemos hacer muchísimo para que este luctuoso suceso no se repita jamás.

La opinión pública, movilizada por opositores y familiares pidió, con fundamento, la renuncia del Jefe de Gobierno de la Ciudad, por la responsabilidad que sin duda le cabe, al no haber velado por el estricto cumplimiento de las normas de seguridad.

Hay ordenanzas que obligan a que el ejecutivo verifique el cumplimiento de estas normas, se recaudan tasas por ingentes sumas que debieran destinarse a financiar estos controles, y encima de todo esto, todos los días aparecen acusaciones de corrupción en este caso en particular.

Pero aún si todo esto provocara el cambio de quienes están a cargo del poder ejecutivo; si además de ello, el titular actual fuera sucedido por alguien profundamente responsable y enemigo de la corrupción; esto no bastaría para asegurarnos demasiado para el futuro.

Desde nuestro personal punto de vista estas tragedias ocurren por una cadena de negligencias, y esta sucesión de errores debería combatirse actuando sobre sus principales causas.

Y creemos que una de las principales causas es delegar las tareas de control y prevención en el aparato político del estado, incorporándole cada vez más funciones y responsabilidades, que concomitantemente harán preciso asignarles más recursos, que siguiendo la constante histórica serán ineficientemente aprovechados, parcialmente dilapidados y corruptamente utilizados.

Analicemos el problema desde otra óptica: Si estaciono mi auto en la puerta de mi vecino y el frente de su casa se desploma, cayendo sobre mi techo y provocando la muerte de mi familia, deberé iniciar una acción civil de daños y perjuicios, para obtener resarcimiento. La justicia, rápidamente trabará embargo sobre el inmueble de mi vecino y yo recibiré una adecuada compensación. ¿Es esto suficiente para mitigar mi dolor y compensar mi pérdida? No, por supuesto, no habrán bienes materiales suficientes que puedan  compensar la pérdida de los años dedicados a establecer el vínculo que tenía con mi esposa ni las horas dedicadas a convertir a mis hijos en personas de bien, sensibles y útiles a la sociedad.

Pero la magnitud del resarcimiento que deberá enfrentar mi vecino, más que perseguir una compensación, busca establecer una sanción ejemplar: Que todo el mundo sepa que es preferible gastar el 3 % del valor de un inmueble en evitar que ninguna de sus partes se derrumbe a caer en la ruina por tener que pagar los daños ocasionados.

En la esfera del derecho privado, las sanciones de responsabilidad civil bastan.

Pero: ¿Que ocurrirá si, en cambio, lo que se desploma sobre mi auto es el árbol de la vereda? Como la vereda es un área pública y el árbol pertenece al estado, para que mi demanda prospere, uno de los poderes del estado, el judicial, deberá fallar contra otro de sus poderes, el ejecutivo, condenándolo a pagar el daño. Para ello deberá quedar probado que el estado no se movió con la suficiente prudencia en la elección de las variedades que integran el arbolado, o que las podas realizadas no cumplieron con las reglas del arte, o que no se realizaron los controles sanitarios que evitaran que el ejemplar enfermara, o que hubo tiempo suficiente desde el fallecimiento del árbol hasta su caída, como para que los responsables lo talaran, o que algún vecino había denunciado el riesgo sin haber sido diligentemente atendido, o todos estos extremos o varios de ellos a la vez.

A su vez, en caso de sentencia condenatoria, el ejecutivo deberá extremar todas las instancias procesales o apelaciones posibles antes de pagar, so pena de incumplimiento de su deber de defensa del patrimonio común.

Finalmente un tribunal jurídico-político, ( corte suprema), evaluará no solo el daño y el derecho, sino las razones de oportunidad, mérito o conveniencia para condenar al estado, sentando un precedente que lo obligaría a extremar una serie de controles para los cuales quizás ni esté preparado, ni tenga asignados recursos suficientes.

También evaluará si las necesidades insatisfechas de los contribuyentes y los recursos del estado permiten poner a su cargo estas cuestiones.

En el ínterin, es posible que el ejecutivo, si observa que puede beneficiarse electoralmente con el hecho, alimente los argumentos del reclamante, ya que los fondos que se utilizarán para resarcir, lejos de venir de sus arcas particulares, provienen de la hacienda común, alimentada por impuestos que, en todo caso, convendrá elevar.

De cualquier manera que el caso se resuelva, o no se hará lugar a un resarcimiento suficiente, o aún en el caso de que lo sea, este no servirá de apercibimiento para evitar males mayores en el futuro, ya que el político de turno pagará con fondos provenientes de los impuestos al sector privado, y contará además con un nuevo argumento para incrementarlos, imponer más controles, colocar a más amigos políticos en puestos oficiales para controlar, y hacer crecer así su área de influencia.

En conclusión, y volviendo a “República Cromagnon”, consideramos que el drama mayor, luego de las muertes, es que no se tome suficiente conciencia que si los controles de seguridad son materia del estado, estos caen en la tragedia de los bienes comunes: Nadie se ocupa ni cuida de ellos.

Si los fundados reclamos por atención médica, gastos de todo tipo, y aún resarcimiento civil son asumidos por el fisco, ningún empresario pondrá demasiado énfasis en cuidar que estos hechos no se repitan para así preservar su patrimonio.

Si los artistas, músicos o como queramos llamar a quienes daban el espectáculo no se ven alcanzados patrimonialmente, difícilmente pongan demasiada atención en cuidar en que tipo de ámbitos se presentan.

Si las compañías grabadoras, representantes, managers, etc no deben responder con su patrimonio personal, no afectarán , la próxima vez, recursos suficientes, en la forma de abogados, peritos en temas de seguridad, controles sobre los elementos que ingresa el público, etc., para evitar accidentes.

Nuestra propuesta concreta es: Evitemos que esto se repita. Deroguemos todos los controles del estado. Ahorremos recursos al fisco, que serán mejor aprovechados en equipar hospitales, bibliotecas, pagar policías, maestros, jueces y médicos.

Legislemos adecuadamente de modo tal que quede claro que en caso de una tragedia de este tipo, no solo el propietario del inmueble deberá responder totalmente por los daños, sino también los artistas participantes, sus representantes, auspiciantes, compañías discográficas, titulares de derechos de autor y demás empresarios privados que lucran legítimamente con el show.

Del mismo modo que cuando muere una persona realizando un trabajo, la legislación laboral no se preocupa por averiguar si existía contrato de trabajo, si habían recibos de sueldos firmados, si el contratante era el titular del establecimiento o si  habían en el medio una cadena de subcontratistas, y si se había suscripto o no un seguro de accidentes personales o uno de riegos del trabajo, sino que todos pasan a ser solidaria e ilimitadamente responsables; de igual modo, se deberá asignar el mismo tipo de responsabilidad a quienes organizan y lucran con estos espectáculos.

El único control que debería realizarse sería el de asegurarse que se han contratado seguros de responsabilidad civil, en compañías solventes, que puedan cubrir un eventual siniestro, en caso en que el patrimonio personal de los organizadores no alcance para hacerlo.

Entonces, toda la eficiente maquinaria del sector privado se pondrá en marcha: una legión de abogados estará a disposición para estudiar las pólizas de seguros, un ejército de analistas de riesgos y seguridad estarán disponibles para opinar sobre las condiciones de habilitación de los locales. Expertos de todo tipo podrán desnudar falencias en la ventilación, los materiales usados, las salidas de emergencia, elementos de lucha contra incendios, etc.

Quienes pagan la entrada asumirán el costo de su seguridad, y no tendremos subsidios ocultos en la habilitación de trampas mortales para satisfacer las ambiciones de pseudo-empresarios, que no llegarán a ser nunca empresarios porque no operan en ámbitos competitivos, con reglas de juego iguales que las de sus competidores.

Lo que no puede aceptarse es que una joven deba dar a luz a su hijo en un decadente hospital público, con todo tipo de falencias, o que un niño deba perder días de clase porque sus maestros no cobran, mientras se dilapidan fondos públicos en tratar de paliar muy parcialmente los efectos de catástrofes evitables, causadas por gente que pretende lucrar evadiendo sus responsabilidades, mientras los funcionarios de turno intentan llevar agua para su molino y aprovechan para ampliar su poder político, aumentar impuestos y agrandar las funciones del estado para hacerlas más ineficientes.

La ciudad parece poder controlar la seguridad de quienes acuden a las funciones de gala del teatro Colón. Pero no parece poder manejar la seguridad de los más necesitados, a quienes el discurso político progresista dice proteger.

 

Guillermo Luis Covernton es Dr. En Economía, (ESEADE). Magíster en Economía y Administración, (ESEADE). Es profesor de Macroeconomía, Microeconomía, Economía Política y de Finanzas Públicas en la Pontificia Universidad Católica Argentina, Santa María de los Buenos Aires, (UCA). Es director académico de la Fundación Bases. Es presidente de la asociación de Ex Alumnos de ESEADE.

Nada más injusto que la justicia social

Por Gabriel Gasave. Publicado el 14/3/14 en: http://independent.typepad.com/elindependent/2014/03/nada-m%C3%A1s-injusto-que-la-justicia-social.html

 

Que América Latina es una de las regiones más postergadas del planeta no es nada nuevo. Tampoco lo es el hecho de que la brecha entre pobres y ricos en la región cada día se está ampliando más y más. Décadas de estatismo y clientelismo político lo único que han logrado es que está situación sea cada vez más grave y notoria. Sin embargo, desde el Río Grande hasta Tierra del Fuego se sigue insistiendo en la necesidad de que los gobiernos jueguen un rol preponderante en la tarea de tornar más justas y equitativas a nuestras sociedades.

Una vez más, nuestros caciques políticos hacen hincapié en que los ajustes de las economías regionales no deben traer aparejado un nuevo sacrificio para los sectores más desprotegidos de la sociedad.

Gran parte de la opinión pública coincide con ello y ruega por la puesta en práctica de la vieja idea de la redistribución de ingresos, creyendo que si se pone a la solidaridad en manos de esos iluminados burócratas, la condición de la gente va a mejorar-como si la situación actual de nuestros paupérrimos conciudadanos no fuese una muestra de lo que sucede cuando la solidaridad es colectivizada.

Por ello, resulta imperioso analizar qué idea económico-filosófica se encuentra detrás de las políticas redistribucionistas, aglutinadas hoy día bajo esa contradicción en términos que se ha dado en llamar la justicia social.

Repartiendo el pastel

Existen básicamente dos concepciones acerca de la riqueza y de la forma en que la misma debería ser distribuida en la sociedad.

1) La altruista-colectivista, actualmente predominante entre la opinión pública y la llamada clase dirigente. La misma sostiene que: a) Dada una cantidad de riqueza determinada, lo que debemos hacer respecto de ella es ver de qué manera la vamos a repartir, a redistribuir entre todos nosotros; b) Nadie se cuestiona en esta posición respecto de cómo surgió esa riqueza, ni de quiénes fueron los que contribuyeron a su concreción. Tan solo se preocupan por ver cómo hemos de repartirla; y c) Finalmente, esta postura considera además a la riqueza como algo estático, como lo sostenían los mercantilistas en el siglo XVII. Al ser ese “pastel” algo estático, siguiendo con este punto de vista colectivista, si alguien obtiene una porción más grande del mismo va a ser en desmedro de algún otro que ha recibido una más pequeña.

La sociedad se convierte así en una especie de “Juego de Suma Cero,” en el cual lo que uno gana es lo que otro ha perdido. Es ante esta injusticia, sostienen sus defensores, que el gobierno debe utilizar la totalidad de sus medios a fin de que todos reciban una idéntica tajada.

2) La otra posición sobre el particular, es la que tiene lugar en una sociedad libre y a la que podríamos sintetizar de la siguiente manera:

a) Siguiendo con la metáfora del “pastel,” el mismo no tendría límites, y nunca terminaría de estar “cocinado,” pues ese día pondríamos fin a la evolución de nuestra especie y comenzaríamos nuestro regreso a la época de las cavernas.

b) La riqueza no nos viene dada, sino que debe ser creada a través del proceso de mercado. Permanentemente les escuchamos decir a nuestros petulantes mandatarios que Latinoamérica es una región naturalmente rica, con amplias y fértiles extensiones de tierra y abundantes recursos naturales. Esto es cierto, pero no suficiente.

Hoy día la riqueza está dada fundamentalmente por el hecho de contar con cosas tales como computadoras, satélites de comunicaciones, fibra óptica, etc., y todo ello requiere esencialmente de un previo proceso de acumulación de capital para su realización, proceso al que nos hemos empecinado en atacar y destruir en aras de la “Soberanía Nacional” de manera sistemática desde hace ya muchísimos años, a través de toda una gama de artillería intervencionista, de la destrucción de varios signos monetarios y de una presión fiscal agobiante.

c) En una sociedad libre, cada uno recibirá de ese “pastel” en función de cómo haya contribuido con sus recursos y su esfuerzo personal en su elaboración. Esto es a lo que Ulpiano se refería al definir a la justicia como un “darle a cada uno lo suyo”, principio nada atractivo para los parásitos que aspiran a vivir de sus semejantes productivos y que pregonan que “a cada cual según su necesidad” en lugar de la racional “a cada cual conforme su capacidad”.

Cuando el robo se vuelve legal

Bajo un sistema de genuino laissez faire, la única alternativa que tiene cada uno de nosotros a fin de subsistir y de progresar es la de atender de la mejor manera posible las necesidades del mercado, es decir, de nuestros semejantes. Por supuesto que contamos con otra posibilidad para alcanzar dichos objetivos: robar. Este camino podría adoptar dos modalidades básicas. Hacerlo revolver en mano, lo que no solamente no es elegante y trae aparejado el descontento de nuestras víctimas, sino que además puede conducirnos a la cárcel; o realizar el saqueo de una manera mucho más sutil y menos riesgosa, logrando que el gobierno robe por nosotros.

Todo aquel que goza de un subsidio, de una exención fiscal, de una protección arancelaria, de un monopolio concedido por ley, etc., se está beneficiando en desmedro de todos nosotros, es decir nos está robando, con la ventaja de que ese acto, a todas luces ilegítimo, goza del amparo de la ley.

¿Justicia Social o Zoocial?

Ese saqueo legalizado es el corazón de las políticas que tienen por objeto redistribuir ingresos o de justicia social. Con esta expresión suele ocurrir algo parecido a lo que sucede con aquellos que creen haber presenciado un fenómeno ovni: se la pasan hablando de él, pero no pueden precisar realmente de qué se trata. Con la justicia social ocurre otro tanto. No hay dirigente político, sindical o eclesiástico que no deje de apabullarnos hasta el hartazgo con la necesidad de alcanzarla. Ahora bien, en cuanto uno los interroga acerca de su real significado y de qué aspectos de la misma la convertirían en más loable que la mera justicia, no se obtiene respuesta alguna.

Si concordamos en que lo justo es “darle a cada uno lo suyo” y observamos como las políticas de justicia social le quitan a unos lo que les es propio, para darle a otro lo que no le corresponde, ni le pertenece, notamos entonces que estamos ante una clara injusticia.

Podemos concluir, que no hay nada más injusto que una buena justicia social, la que no es otra cosa que ponerle un nombre sofisticado al viejo acto de robarle al prójimo, motivo por el cual, a nuestro juicio, más que social debería denominársela “zoocial”, en virtud de que nos trata a todos como animales de sacrificio para los fines de terceros.

El ser humano es un fin en sí mismo, mientras que la justicia social nos considera a cada uno de nosotros como un mero medio para los fines de los demás, como “carne de cañón” que debe ser sacrificada en aras de la tribu o de ese engendro imposible de definir llamado “bien común”.

Primera del singular

Al sostener una posición como la descrita, no es extraño que alguien nos cuestione acerca de qué sucederá con los pobres y los necesitados en una sociedad libre. ¿Qué vamos a hacer por ellos?

Aquí es precisamente donde radica el error. No se trata de qué vamos a hacer, sino de ver qué voy a hacer YO por los necesitados (si es que entre mis valores se encuentra el hecho de brindarles mi ayuda.)

Debemos comprender de una buena vez que tanto la solidaridad como la caridad son actos esencialmente individuales y libres, imposibles de ser colectivizados sin perder su esencia. Yo soy solidario o caritativo cuando voluntariamente me desprendo de algo que me pertenece (si me roban con la excusa de ayudar a un tercero, ni yo, y mucho menos el ladrón, estamos siendo solidarios, y si además se hace demagógica propaganda del hecho, el mismo se convierte en una verdadera burla al supuesto beneficiario).

Debe entenderse que la única obligación que debería sernos impuesta para con nuestros semejantes es la de no molestarlos, ni inmiscuirnos en el ámbito de su libertad. Todo lo demás que deseemos hacer con y para ellos, debería quedar librado exclusivamente a decisiones personales y voluntarias.

Para cerrar estas reflexiones, nada me parece más adecuado que acudir a los argumentos que la Sra. Ayn Rand expone en una de sus obras:

“La próxima vez que usted se encuentre con uno de esos soñadores ‘inspirados por el bien público’, que le espete con rencor que ‘ciertas metas muy deseables no pueden ser alcanzadas sin la participación de todos’ dígale que, si no puede obtener la participación voluntaria de todos, será mejor que esa meta permanezca sin ser alcanzada- y que las vidas humanas no le pertenecen, ni tiene derecho a disponer de ellas. Y, si lo desea, déle el siguiente ejemplo de los ideales que pretende. Es posible para la medicina quitar las córneas de los ojos de un hombre inmediatamente después de su muerte y transplantarlas a los ojos de un hombre vivo ciego, devolviéndole así, en ciertos tipos de ceguera, la vista. Esto, de acuerdo con la ética colectivista, presenta un problema social.¿Debemos esperar a que un hombre muera para quitarle los ojos cuando hay otros hombres que los necesitan? ¿Debemos considerar los ojos de todos como propiedad pública y proyectar un método de distribución justo? ¿Estaría usted de acuerdo en que se le quite a un hombre vivo un ojo para dárselo a un ciego e ‘igualar’ así a ambos, NO? Entonces no continúe bregando por cuestiones relacionadas con ‘proyectos públicos’ en una sociedad libre. Usted conoce la respuesta. El principio es el mismo”.(La Virtud del Egoísmo- Éticas Colectivizadas. p.20.)

Tras largas décadas de haber sistemáticamente atacado la generación de riqueza, nuestros mandatarios deberían añadirle algo de sentido común a sus ya conocidas nobles y buenas intenciones. Deberían percatarse de que la solución no pasa por el hecho de terminar con los ricos sino por ampliar su número.

 

Gabriel Gasave es investigador para el  Center on Global Prosperity del The Independent Institute. Se graduó de Abogado en la Universidad de Buenos Aires, estudió Ciencias Políticas en Lock Haven State College en Pennsylvania, Y realizó una maestría en Economía y Administración en ESEADE. Ha sido secretario académico  de ESEADE.