LIBERTAD Y PROGRESO: LOS EMPRESARIOS

Por Alberto Benegas Lynch (h)

 

No es necesario detenerse a considerar en detalle los problemas que se presentan en nuestro mundo. Uno de los aspectos álgidos del cual depende todo lo demás es la manifiesta incomprensión de los fundamentos éticos, económicos y jurídicos de la sociedad abierta.

 

Paradójicamente se critica a un capitalismo inexistente puesto que los aparatos estatales se han convertido en maquinarias infernales que cobran tributos insoportables, deudas públicas internas y externas astronómicas y regulaciones asfixiantes, todo financiado naturalmente con un nivel abultadísimo de gastos para alimentar a un insaciable Leviatán.

 

Aquí no es del caso analizar esta o aquella gestión gubernamental, el asunto son los resultados de décadas de populismo más o menos intenso y de uno u otro signo y etiqueta circunstancial. El hecho es que el mundo se debate hoy en esta situación.

 

Sin duda que el problema es la educación, es decir, la deficiencia en explicar las bases de la sociedad civilizada y, por ende, la decadencia de los valores y principios que la sustentan.

 

Afortunadamente hay casas de estudio, fundaciones e instituciones varias en diversos países que se dedican a contrarrestar esta malaria con presentaciones de rigor, argumentando las ventajas de una sociedad libre. Pero no es suficiente si a estas faenas muy meritorias se las compara con la catarata de falacias difundidas que dan apoyo a través de múltiples vías al engrosamiento de los referidos aparatos estatales que destrozan vidas y haciendas ajenas al tiempo que eliminan de cuajo los incentivos para proteger autonomías individuales.

 

De más está decir que aquellas entidades solo pueden recurrir a empresas privadas para obtener fondos que permitan financiar sus programas. No pueden buscarse recursos donde no existen y el empresariado es el grupo que necesita libertad para cumplir su rol específico de asignar recursos en el mercado.

 

Como es sabido, el empresario conjetura que los costos están subvaluados en términos de los precios finales al efecto de sacar partida del consiguiente arbitraje. Si acierta obtiene ganancias y si yerra incurre en quebrantos. El cuadro de resultados le marca si está bien o mal orientado en la satisfacción de las necesidades del consumidor.

 

En la medida en que los aparatos estatales intervienen en la economía, los precios se desdibujan y dejan de reflejar las estructuras valorativas y se asimilan a simples números dictados por los funcionarios de turno, con lo que la contabilidad, la evaluación de proyectos y el cálculo económico en general también dejan de expresar la situación real. En el extremo si se eliminan los precios, es decir, la propiedad, no se sabe si conviene construir carreteras con oro o con asfalto puesto que las consideraciones técnicas nada significan si no están referidos a precios. Sin llegar a este extremo de abolir la propiedad, como decimos, en la medida en que se intervenga en el proceso de mercado se distorsionan los precios que son las únicas señales para conocer si se está o no consumiendo capital.

 

Esto es así, pero henos aquí que ha habido y hay mal llamados empresarios que no solo no proceden de acuerdo a su antedicha misión específica sino que no ayudan a las instituciones que pretenden que las cosas vuelvan a su cauce e incluso critican el mercado libre. Se enriquecen fruto de las alianzas con el poder político del que reciben dádivas, privilegios y mercados cautivos que perjudican grandemente a la comunidad en la que trabajan.

 

Esto último es materia de otro debate, por el momento destacamos que aun procediendo como proceden algunos deberían buscar un reaseguro para su empresa, para sus hijos y nietos puesto que la lucha por el privilegio, esto es, el despojo cruzado recurriendo a la fuerza que impone el gobierno, tarde o temprano conduce al despeñadero.

 

Es cierto que no son pocos los “empresarios” que actúan del modo señalado porque estiman que de esta manera salvarán sus empresas y responderán bien ante los accionistas sin percatarse que si no modifican su actitud siempre el círculo se cierra y el gobierno termina de facto  manejando el flujo de fondos de la empresa con lo cual el así llamado empresario en la práctica pierde la empresa en el contexto de un sistema fascista donde se permite registrar la propiedad a nombre de particulares, pero, en los hechos, pertenece al gobierno.

 

Incluso el premio Nobel en economía George Stigler afirma que en Estados Unidos “han sido ellos [los empresarios prebendarios] quienes han convencido a la administración federal  y a la administración de los estados que iniciaran controles sobre las instituciones financieras, los sistemas de transporte, las comunicaciones, las industrias extractivas etc.” (en Placeres y dolores del capitalismo moderno). Por lo que Charles G. Koch, uno de los empresarios más prominentes de ese país, se pregunta: “¿Qué está pasando aquí? ¿Los dirigentes empresarios de Estados Unidos se han vuelto locos? ¿Por qué están autoaniquilándose debido a la voluntaria y sistemática entrega de ellos mismos y sus empresas a manos de reglamentaciones gubernamentales? […] La contestación, desde luego, es simple. No, estos empresarios y ejecutivos no comparten el deseo de suicidio colectivo. Ellos piensan que obtienen ventajas especiales para sus empresas […] En realidad están vendiendo su futuro” (en “A Letter from the Council for a Competitive Economy”).

 

Afortunadamente todos los empresarios no se comportan de aquella manera, muchos son respetuosos del mercado y ven las enormes ventajas de la libertad y encuentran un desafío en lograr objetivos dentro de las reglas del mercado libre y competitivo.

 

Esta larga introducción es para centrar la atención en un caso argentino que ilustra bien lo dicho, con total independencia ahora de quien sea el gobierno que circunstancialmente administra el Ejecutivo. El punto que hacemos se extiende a todos los empresarios locales en general en conexión con una entidad argentina de excelencia.

 

Se trata de la Fundación Libertad y Progreso de Buenos Aires, establecida como consecuencia a su vez de la fusión de tres destacadas fundaciones. Libertad y Progreso está dirigida por tres profesionales que dejaron sus respectivas empresas, negocios y estudios para abocarse a la tareas nobles de defender y difundir los antes mencionados valores de una sociedad libre, con la intención de retomar los consejos y principios de Juan Bautista Alberdi, el máximo inspirador de la Constitución liberal de 1853 que permitió a la Argentina disfrutar de los más altos niveles de prosperidad moral y material hasta que irrumpió el populismo bajo muy diversos signos políticos.

 

Libertad y Progreso ha desarrollado múltiples y muy jugosos programas en muy diversos frentes y tiene en carpeta otros tantos que ejecutaría si contara con los recursos suficientes. Los directivos de esta Fundación están sumamente agradecidos a todos los empresarios y personas de existencia física que brindan su apoyo financiero merced a lo cual se han podido llevar a la práctica tantos programas.

 

Pero, como queda dicho, los aportes no resultan suficientes si se tiene en cuenta la tarea ciclópea que debe llevarse a cabo para comenzar a revertir una tradición populista de hace más de siete décadas.

 

Es evidente que resulta una enorme bendición que esta institución se haya creado y una suerte mayúscula contar con la calidad moral y profesional de sus directores que han tenido el coraje, la honestidad intelectual y la decisión de dejar faenas lucrativas para encarar esto que han considerado su deber moral. En verdad un ejemplo para todos.

 

En estas circunstancias en realidad no resulta una exageración afirmar que los empresario debieran hacer cola para aportar a tan benéfica entidad, no para hacerle un favor a nadie sino en su propio beneficio y el de sus respectivas familias al efecto de contar con un país que vuelva a ser un faro en el camino y un punto de referencia para las naciones civilizadas.

 

Por supuesto que como en todo grupo humano puede disentirse aquí y allá con las opiniones de miembros de esa fundación, pero lo relevante es que en el balance neto los esfuerzos están dirigidos a que en nuestro país prime el respeto recíproco.

 

Hoy nos escribimos por correo electrónico con el director general, Agustín Etchebarne, y al pasar me contaba los denodados esfuerzos para el fund raising que deben realizarse casi cotidianamente. Su correo me recordó mi paso como rector de ESEADE durante los veintitrés años en los que estuve al frente de esa casa de estudios y del célebre fund raising que en verdad consumió más tiempo del que hubiera querido, pese a lo cual aprovecho para agradecer infinitamente a la comunidad empresaria por las muchas becas y aportes realizado en aquellas épocas.

 

Pero si nos quejamos con razón por esto o aquello que sucede en nuestro medio debemos tener en claro que no se trata de una casualidad, es el resultado de haber abandonado en gran medida y salvo honrosas excepciones la mencionada faena educativa. Y no se diga que esto produce resultados en el largo plazo, lo cual se viene machacando hace largas décadas, cuanto antes se empiece en este difícil pero muy gratificante trabajo, mejor. Ya estaríamos en el largo plazo si se hubieran redoblado esfuerzos con anterioridad. No hay que esperar milagros y poner manos a la obra cuanto antes. El equipo de Libertad y Progreso lo agradecerá y, sobre todo, las personas de bien de nuestro país.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa.

Más impuestos, menos ahorro:

Por Julián Obiglio. Publicado el 8/1/14 en:  http://opinion.infobae.com/julian-obiglio/2014/01/08/mas-impuestos-menos-ahorro/

Los impuestos son el precio que pagamos por una sociedad civilizada”. Esta frase se encuentra grabada en el frente del edificio principal del IRS (Internal Revenue Service), la AFIP de los Estados Unidos, y resume los motivos por los que debemos entregar parte de nuestros ingresos al Estado.

En Argentina tenemos una presión impositiva cercana al 45% de nuestros ingresos, y si a ello le agregamos el impuesto inflacionario, seguramente descubriremos que cada año la administración estatal se queda con la mitad de nuestros ingresos. A cambio de ello deberíamos recibir seguridad, educación, jubilación, justicia, infraestructura, y algunos otros servicios más que son la esencia del contrato social entre el ciudadano y el Estado. La pregunta natural es: ¿no estaremos pagando demasiado por los pésimos servicios que recibimos? Evidentemente sí. El precio que se nos cobra para mantener nuestra sociedad civilizada es mucho más alto del que pagan la mayoría de los ciudadanos del mundo.

El Gobierno de nuestro país parece haber olvidado la finalidad de esos tributos y cada día busca nuevas herramientas que extraigan más recursos de los ciudadanos, para ser aplicados al mantenimiento del inmenso e ineficiente Estado que ha creado y alimentado a lo largo de los diez años de su gestión.

Con este sentido el titular de la AFIP ha expresado que para el pago del impuesto a los bienes personales, debería calcularse el valor de los inmuebles según el precio de mercado, y no según el valor fiscal que el propio Estado les otorga. Más allá de la desmentida que horas después hizo el ministro de Economía Axel Kicillof, si las intenciones del señor recaudador se hicieran realidad, los propietarios de pequeños inmuebles deberían dedicar un importante porcentaje de sus ingresos a pagar solamente este impuesto.

Por ejemplo, en un departamento de tres ambientes en el barrio de la Boca, de 53 metros cuadrados, con un valor de mercado cercano a los $ 389.000, el monto mensual del impuesto alcanzaría los $ 1.623. Ello es equivalente al 66% de una jubilación mínima, o al 19% de una remuneración promedio del sector privado en la Ciudad de Buenos Aires (según el INDEC).

Si fuera el caso de un departamento de un ambiente, de 33 metros cuadrados en el barrio porteño de Almagro, cuyo valor según estimaciones del mercado alcanza los $ 429.000, debería pagar por mes la suma de $ 2.063. O sea, el equivalente al 83% de una jubilación mínima, o el 25% de una remuneración promedio del sector privado.

Por supuesto que luego de pagar este impuesto, los habitantes de estos departamentos deben alimentarse, higienizarse, transportarse, educarse y, claro, pagar impuesto a las ganancias, aportes jubilatorios, IVA, ingresos brutos, tasas municipales, la energía eléctrica, el gas, el agua, etcétera.

Bajo estos nuevos parámetros, el impuesto a los bienes personales (que debe su existencia a una disposición que lo estableció como recurso de emergencia el día 31 de diciembre del año 1991), se convertiría en algo absolutamente confiscatorio y contrario a la ley.

Destruir o limitar los incentivos para el ahorro, la capitalización, o la realización de inversiones en bienes duraderos, destruye la riqueza de las familias y del país. Es por ello que son muy pocos los países del mundo que aplican este impuesto, y cuando lo hacen, establecen pisos muy altos, que exceptúan a la mayoría de los contribuyentes. Así por ejemplo, en España no pagan el impuesto aquellos que declaran un patrimonio inferior a 300 mil euros, y en Francia no lo hacen los que poseen bienes por debajo de 700 mil euros. En la ley argentina solamente quedan exentos aquellos que tienen un patrimonio inferior a 21 mil euros.

La capacidad de acumular propiedad privada, ya sea en forma de ingresos, inversiones o adquisiciones, es la fuerza motora que impulsa a una economía. Para que las personas trabajen, ahorren e inviertan, precisan tener la certeza de que serán los dueños exclusivos de su propiedad y que el Estado no se las arrebatará. Cuanto mayor sea la protección de la propiedad, mayor será el empeño con el que las personas emprenderán sus actividades económicas, y de ese modo promoverán el desarrollo de la sociedad.

El reconocimiento y la defensa de los derechos de propiedad por parte del Estado incentivan la cultura del ahorro, de la innovación y de la inversión, elementos necesarios para el crecimiento y el desarrollo de todo país. Las excesivas cargas fiscales no solamente violan el derecho de propiedad sino que también debilitan la actividad económica. Los contribuyentes reducen la inversión, consumen menos, generan menor cantidad de puestos de trabajo y muchas veces transitan sin regreso hacia el mercado negro.

El Gobierno debe repasar los textos esenciales de la economía y recordar que los impuestos son solamente un precio que todos los que hemos decidido vivir en una sociedad civilizada y organizada, debemos afrontar. Si insiste con estas pretensiones recaudatorias desmesuradas, sin contraprestaciones ni servicios de calidad, encontrará cada día menos recursos para capturar e ingresará definitivamente en un camino de pobreza, marginalidad y exclusión.

Las decisiones correctas están al alcance de la mano del Poder Ejecutivo Nacional, pero también lo estuvieron cuando intentó establecer un régimen de retenciones a las exportaciones que era claramente confiscatorio e ilegal. El interrogante es cuánto daño se producirá hasta que el Gobierno corrija su error y disperse la incertidumbre que ha generado en la sociedad.

 

Julián Obiglio es Diputado Nacional y egresado de ESEADE.