Es hora de preguntarse para qué sirven los servicios de inteligencia

Por Alberto Benegas Lynch (h). Publicado el 4/8/2006 en: https://www.lanacion.com.ar/opinion/es-hora-de-preguntarse-para-que-sirven-los-servicios-de-inteligencia-nid828727/

 

Tras las quejas por el espionaje político

Dice el adagio que si a uno lo engañan una vez, la vergüenza corresponde a quien engaña, pero si nos vuelven a engañar con lo mismo, la vergüenza es para uno. Resulta de interés preguntarse y repreguntarse qué grado de compatibilidad o incompatibilidad existe entre los llamados servicios de inteligencia y el sistema republicano de gobierno. Como es sabido, uno de los ejes centrales de esta forma de concebir el aparato político consiste en la transparencia de sus actos.

Conviene llevar a cabo el ejercicio de una mirada crítica sobre estas reparticiones tan peculiares. Prácticamente todos los gobiernos cuentan con servicios de inteligencia, lo cual no invalida el interrogante. Cuando menos, llama la atención que una sociedad libre se desplace simultáneamente por dos andariveles tan opuestos.

Por una parte, se insiste en la necesidad de que los funcionarios gubernamentales sean responsables de sus actos y que éstos estén en conocimiento de los gobernados y, por otro, se procede de modo clandestino, echando mano de fondos reservados para propósitos de espionaje y otros menesteres non sanctos que se mantienen en las sombras. Parecería que hay aquí un doble discurso y que se entroniza una hipocresía digna de mejor causa.

Agentes dobles, contrainteligencia, secretos de Estado, escuchas y detenciones sin orden de juez, violaciones de domicilio, asesinatos, sabotajes, movimientos subversivos programados y, frecuentemente, seguimiento de los movimientos de los dirigentes de partidos políticos de oposición son sólo algunos de los hechos que producen los más renombrados “servicios”. Esto es en el “mundo libre”, ya que en los países totalitarios se añaden la tortura y la implacable persecución a quienes no adhieren al poder de turno.

En los Estados Unidos, actualmente existen veinticuatro “oficinas de inteligencia”, entre las que se destaca la CIA, creada a fines de la década del 40. En Inglaterra, el M15 y el M16; en Canadá, la CSIS; la BND en Alemania; el Mossad en Israel, y la FSB, sucesora de la KGB, en Rusia son sólo algunas de las caras visibles de este entramado de espionaje, contraespionaje y guerra subterránea.

El periodista de la BBC de Londres Paul Reynolds pone en tela de juicio la eficiencia de los servicios de inteligencia más destacados del mundo a raíz de la invasión de Irak, en una columna titulada “¿Podemos confiar en los servicios de inteligencia?”. Por su parte, Harry Browne señala los fiascos de los servicios de inteligencia estadounidenses en Vietnam, Corea, Somalía y Haití, e incluso tiende un manto de sospechas sobre los que operaron durante la Segunda Guerra Mundial, en la que se terminó entregando a Stalin aproximadamente las tres cuartas partes de Europa.

Es que siempre los burócratas están tentados a utilizar este y otros departamentos y oficinas para fines políticos, y cuando no hay claros límites al poder y se permite recurrir a la clandestinidad los abusos no deben sorprender, sin contar con las traiciones, las falsas denuncias y las delaciones internas y ex amistades de la CIA, como Saddam Hussein y Ben Laden.

Por esto es que León Hadar, del Cato Institute, sugestivamente titula su ensayo Los servicios de inteligencia no son inteligentes. Allí muestra con profusión de datos cómo la alegada seguridad nacional está en riesgo con estos procedimientos oscuros en los que, por definición, no hay control de gestión propiamente dicho. Hadar se refiere a los Estados Unidos. Imaginemos qué le cabe, por ejemplo, a nuestra SIDE, creada por Perón…

David Canon, del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Indiana, en su trabajo titulado Inteligencia y ética, alude a las declaraciones de un agente de la CIA que explica que lo importante es lograr los objetivos sin detenerse en los medios: “Los temas legales, morales y éticos no me los planteo, igual que no lo hacen los otros [integrantes de la CIA]”, dice, y documenta la cantidad de “sobornos a funcionarios, derrocamiento de gobiernos, difusión deliberada de mentiras, experimentos con drogas que alteran la mente, utilización de sustancias venenosas, contaminación de alimentos, entrega de armas para operar contra líderes de otros países y, sobre todo, complotar para asesinar a otros gobernantes”.

En esta dirección ofrece ejemplos de operaciones de la CIA en Costa Rica, Corea, Colombia, Laos, Guatemala, Irán (ellos fueron los que organizaron la policía secreta del sha), China e Indonesia. Asimismo, reproduce las declaraciones del ex presidente Truman 15 años después del establecimiento de esta oficina de inteligencia: “Cuando establecí la CIA, nunca pensé que se entrometería en estas actividades de espionaje y operaciones de asesinato”.

Pero, como bien destaca Norman Cousins, el establecimiento de entidades de estas características “necesariamente tiene que terminar en un Frankenstein”. Idéntica preocupación revela Drexel Godfrey en la revista Foreign Affairs, en un artículo titulado “Ethics and Intelligence”, en el que añade las encrucijadas del célebre embajador Joseph Wilson, quien contradijo los informes de inteligencia ingleses y norteamericanos respecto de la patraña de las armas de destrucción masiva.

No se avanza mucho aunque se establezcan estrictos controles republicanos, división horizontal de poderes y, en general, los indispensables límites al poder político. Este puede deslizarse por la puerta trasera con todo tipo de abusos, sin rendir cuenta al público, por más que se tejan subterfugios más o menos elaborados a través de comisiones parlamentarias.

Los servicios de inteligencia son compatibles con regímenes totalitarios de factura diversa, pero parecen del todo inadecuados en el seno de una sociedad libre. No en vano en los Estados Unidos se extiende la utilización de la expresión rusa “zar” para el máximo capitoste del espionaje.

Es útil cuestionar y someter al análisis temas que habitualmente se dan por sentados. Si no se procede a esta revisión periódica, podemos encontrarnos con que estamos avalando ciertas políticas que resultan nocivas, pero que continúan en vigencia sólo por inercia, rutina o molicie. John Stuart Mill decía que todas las buenas ideas pasan invariablemente por tres etapas: la ridiculización, la discusión y la adopción. Este tema de los llamados servicios de inteligencia se vincula con muchos otros que también requieren limpieza de telarañas mentales para su mejor comprensión.

Menciono cuatro áreas al correr de la pluma. En primer término, la seguridad. Paradójicamente, en no pocos lugares para proteger este valor se lo conculca. Esto ocurre hoy, en gran medida, con la lucha antiterrorista. En última instancia, el terrorismo apunta a desmantelar y liquidar las libertades individuales. Pues lo curioso del asunto es que, por ejemplo, en lo que ha sido el baluarte del mundo libre –los Estados Unidos–, con el argumento de proteger aquellos derechos se los lesiona, con lo que en la práctica se otorga una victoria anticipada a los criminales del terror. Tal es el ejemplo de la vergonzosa ley denominada “patriótica”.

En segundo lugar, para mitigar las convulsiones que hoy tienen lugar, debería hacerse un esfuerzo mayor para no caer en la trampa mortal de las guerras religiosas y para distinguir un asesino de quien suscribe determinada religión. Hay que insistir en los graves peligros y acechanzas que aparecen al vincular el aparato estatal con una denominación confesional.

El tercer capítulo, emparentado con el surgimiento de los servicios de inteligencias para contrarrestar las guerras, son las epidemias de nacionalismos, xenofobias y racismos que toman los lugares de nacimiento como un valor y un disvalor para el extranjero, como si las fronteras tuvieran algún sentido fuera de la descentralización del poder y como si las razas no fueran un estereotipo carente de significado entre hermanos que provenimos todos de Africa.

Por último, no estaría mal revisar exhaustivamente el papel de las Naciones Unidas, de la que dependen innumerables oficinas que pregonan a los cuatro vientos, en sus publicaciones y en las declaraciones de sus directivos, políticas socializantes que conducen a la pobreza y a la guerra, al tiempo que muchas veces se constituyen durante largos períodos en observadores incompetentes, tal como ha ocurrido hasta el momento en el caso actual de Hezbollah e Israel.

Un comentarista de la televisión mexicana acaba de proclamar: “Nosotros también somos observadores, pero de la inoperancia de las Naciones Unidas”.

Entonces, no sólo debemos concentrar la atención en la naturaleza y los alegados servicios que prestan las estructuras de “inteligencia”, sino también prestar atención a las causas que dan lugar al debate que ahora pretendemos abrir, al efecto de seguir averiguando los inconvenientes y las eventuales ventajas de este tipo de organizaciones.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa. Es miembro del Comité Científico de Procesos de Mercado, Revista Europea de Economía Política (Madrid). Es Presidente de la Sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, miembro del Instituto de Metodología de las Ciencias Sociales de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, miembro del Consejo Consultivo del Institute of Economic Affairs de Londres, Académico Asociado de Cato Institute en Washington DC, miembro del Consejo Académico del Ludwig von Mises Institute en Auburn, miembro del Comité de Honor de la Fundación Bases de Rosario. Es Profesor Honorario de la Universidad del Aconcagua en Mendoza y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en Lima, Presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso y miembro del Consejo Asesor de la revista Advances in Austrian Economics de New York. Asimismo, es miembro de los Consejos Consultivos de la Fundación Federalismo y Libertad de Tucumán, del Club de la Libertad en Corrientes y de la Fundación Libre de Córdoba. Difunde sus ideas en Twitter: @ABENEGASLYNCH_h

 

Lineamientos de una propuesta económica para enfrentar la herencia k

Publicado el 11/9/16 en http://economiaparatodos.net/lineamientos-de-una-propuesta-economica-para-enfrentar-la-herencia-k/

 

El presente documento fue redactado por cuatro economistas: Agustín Monteverde, Héctor Mario Rodríguez, Nicolás Cachanosky y Roberto Cachanosky

El objetivo del documento fue establecer los lineamientos  a seguir para dominar la herencia k y lograr la reactivación de la economía lo antes posible. La propuesta no busca el máximo de medidas posibles, sino el mínimo indispensable para evitar que la herencia que dejó el kirchnerismo le genere un alto costo político al nuevo gobierno y derive en una crisis social.

Este documento fue presentado el pasado 8 de septiembre en el auditorio de UCEMA organizado el evento por la Fundación Cívico Republicana, AMAGI, RELIAL y la Fundación Naumann. Presentación que en las próximas semanas será profundizada en 3 reuniones específicas.

Además, nos proponemos profundizar el análisis de algunas medidas y mantenerlo actualizado.

Deseamos aclarar que ninguno de los cuatro economistas que redactó este documento está buscando un cargo público. Solo pretendemos poner sobre la mesa el debate de temas que hoy no se tratan y son fundamentales para el crecimiento económico como la reforma tributaria, la reforma del estado, la incorporación de la economía al mundo, la reforma laboral, etc.

En definitiva, es solo un aporte a la comunidad de cuatro economistas preocupados por la marcha de la economía dada la herencia recibida.

EL DOCUMENTO

Si bien la economía argentina viene de un proceso de larga decadencia, tal vez el período kirchnerista (2003/2015) se haya caracterizado por llevar el populismo autoritario hasta niveles que pusieron en riesgo la existencia del sistema republicano de gobierno.

Consideramos que los países crecen cuando tienen instituciones sólidas que atraen inversiones competitivas, generan nuevos puestos de trabajo, y mejoran el ingreso real de la población. Es lo que habitualmente se denomina “Imperio de la Ley”, bajo la cual ningún sector económico posee privilegios institucionales. Como en las actividades deportivas, el rol del gobierno no debe ser administrar beneficios entre sectores sociales y económicos, sino ser un árbitro imparcial que facilite el desarrollo de sus ciudadanos.

Debido a que esas instituciones son las leyes, códigos, normas, costumbres que regulan las relaciones entre los particulares y el estado, y entre los particulares entre sí, no puede separarse la relación entre crecimiento económico y calidad institucional. El marco institucional define el nivel de riqueza en el largo plazo de un país (la política económica produce oscilaciones en torno al nivel de riqueza.) El problema institucional argentino es más serio que sus problemas de política económica.

A su vez, las leyes, códigos, normas y costumbres que conforman las instituciones de un país son fruto de los valores que imperan en la sociedad. Si los valores que arraigan son los de vivir a costa del fruto del trabajo ajeno, se destruye el estímulo por invertir y producir, con lo cual la economía genera menos bienes y servicios cuyo resultado es mayor pobreza. Y esto irá más allá de las propias leyes, que están, pero no se cumplen (no hay Imperio de la Ley) o, aún peor, se instrumentan regulaciones que atentan contra la esencia de la libertad y el respeto individual. Impera, por decreto o por constitución, la ley de la selva.

Teniendo en cuenta la pesada herencia económica que dejó el kirchnerismo y las restricciones políticas que debe afrontar el nuevo gobierno, el presente documento tiene como objetivo plantear la necesidad de debatir de manera seria y profunda problemas económicos e institucionales que parecen seguir ausentes en la agenda política del nuevo gobierno que tanto ha prometido el Cambio en Argentina. Si Cambiemos quiere demostrar que no es “kirchnerismo de buenos modales” y que “sí, se puede”, entonces no debe evadir afrontar reformas como las aquí planteadas.

No pretendemos que las medidas necesarias puedan implementarse de un día para el otro, ni solucionar décadas de populismo en unos pocos meses. Pero sí es necesario fijar el rumbo. El gradualismo elegido por el gobierno de poco sirve si no está claro hacia dónde nos lleva dicho gradualismo.

El proyecto de chavización que el kirchnerismo propuso a la Argentina requirió un alto grado de populismo fiscal, es decir gasto público para financiar planes “sociales”, subsidios para las tarifas de los servicios públicos y más empleo público a nivel nacional, provincial y municipal. Obviamente que ese mayor nivel de gasto público exigió una creciente presión impositiva y más impuesto inflacionario y el endeudamiento público que se pudiera conseguir (o los activos públicos y privados que se pudieran dilapidar) para financiar el creciente déficit fiscal.

Los problemas más urgentes a enfrentar, herencia del kirchnerismo son los siguientes:

1)   Gasto público récord y altamente ineficiente ya que no proporciona los bienes básicos que debe brindar un gobierno republicano,

2)   Una presión impositiva récord que asfixia la actividad privada y llegando a niveles confiscatorios que ahuyenta las inversiones,

3)   A pesar de la asfixiante presión impositiva, se heredó un déficit fiscal del 7% del PBI, financiado con emisión monetaria

4)   Alta tasa de inflación fruto del financiamiento monetario del déficit fiscal

5)   Fuerte distorsión de los precios relativos, entre otras cosas, por las tarifas de los servicios públicos subsidiados y un nivel de salarios elevado en términos de tipo de cambio oficial

6)   Stock de capital en infraestructura virtualmente agotado o colapsando, como es el caso de las rutas y del sistema energético.

La herencia recibida obliga a asumir un doble desafío: por un, lado evitar que se produzca una crisis social al recalibrar los precios relativos de modo tal de que empiecen a dar las necesarias señales de escasez y poner orden fiscal. Por otro lado, iniciar un camino de largo plazo de crecimiento económico con profundas reformas estructurales que nos aparte definitivamente del populismo.

Las medidas para enfrentar la herencia k deben ser parte de un plan económico de largo plazo y multifacético.

En este sentido consideramos que es necesario entender que un sistema económico institucional con incentivos equivocados nunca va a transformarse en un sistema eficiente, por más que se intente administrarlo “eficientemente”. No es cuestión de administrar mejor un sistema ineficiente que crea las condiciones para que florezca la corrupción. La clave está en cambiar el sistema no en administrarlo mejor u “honestamente”.

El sistema o los ejes de la política económica

La política económica sólo puede brindarle a la población un nivel de vida material más elevado en la medida que genere una fuerte corriente de inversiones, en especial en actividades competitivas y, por lo tanto, sustentables.

Actividades competitivas significan que pueden competir con importaciones e, incluso, incrementar las exportaciones y que no requieren de subsidios o beneficios como políticas de sustitución de importaciones. Para lograr esa corriente inversora en actividades competitivas, la política económica debería tener tres grandes ejes

1)   Disciplina fiscal

2)   Disciplina monetaria

3)   Calidad institucional

Disciplina fiscal

La disciplina fiscal no se limita bajar el déficit fiscal solamente. No tiene sentido buscar un equilibrio fiscal con un gasto público del nivel del actual. Esto significaría consolidar un sector productivo raquítico y burócratas cada vez más ricos y corruptos.

Lo que se requiere es una profunda reforma del sector público con reducción del gasto y una reforma impositiva. Es imprescindible que la población tome conciencia de las funciones que quiere que preste el gobierno y esté dispuesta a solventarlas con sus impuestos. Se trata de un proceso sociológico profundo en una comunidad habituada a la gratuidad y a respaldarse en el Estado como si se tratara de un Rey Rico.

Tener un gasto público del 48% del PBI sin déficit fiscal imposibilita el crecimiento económico porque el estado termina aplastando al sector privado con impuestos. La dimensión del desequilibrio fiscal no se soluciona con retoques en el gasto público, sino que la dimensión del desequilibrio implica tener que replantearse cuál debe ser el rol del estado en Argentina.

Para reducir el gasto público consideramos que se puede disminuir la cantidad de personal en el Sector Público Nacional (y un paralelo en las jurisdicciones provinciales y municipales) mediante planes de retiro anticipado, el cierre de secretarías y reparticiones públicas en general pagando las indemnizaciones correspondientes.

Esta medida no implica incrementar la desocupación propiamente dicha.  Esas personas no están ocupadas actualmente, sino que cobran un disimulado seguro al desempleo mediante un cargo público al cual, muchas veces, no asisten personalmente. Se ha escondido la verdadera tasa de desempleo simulando puestos de trabajo en el sector público. Se confunde genuina generación de empleo (que genera valor económico) con un efecto estadístico al clasificar este disimulado subsidio al desempleo como “empleo”. Proponemos comenzar a sincerar esa situación, hablando con la verdad como insistentemente proclama el Presidente Macri, con la ventaja que, a menor burocracia menos entorpecimiento para que produzca eficientemente el sector privado. Cada empleado público que no contribuye a generar valor económico es un ladrillo más en la ya pesada mochila impositiva que carga el contribuyente.

Proponemos asimismo un proceso de re empadronamiento de todos aquellos que reciben planes sociales. El objetivo final es que se otorguen en casos especiales exclusivamente. No pueden ni deben constituir una forma de vida porque destruye la cultura del trabajo y es injusto e inmoral que unos vivan a costa de otros de manera permanente cuando es posible trabajar. A modo de ejemplo, el gobierno puede administrar una bolsa de trabajo ante la cual los beneficiarios de planes sociales no pueden rechazar una oferta de trabajo dentro de su especialidad y de un rango geográfico aceptable sin perder el plan social. El éxito de los planes sociales, como el de los medicamentos, se mide por qué tan rápido el mismo se vuelve innecesario y desaparece, no por qué tan rápido es necesario incrementar la dosis. La expansión de los planes sociales en Argentina sugiere que los mismos están mal diseñados y/o aplicados. Lo que proponemos no es dejar a sus beneficiarios a su suerte, sino revisar los planes sociales para que efectivamente cumplan con su cometido.

Otro punto sobre el que hay que trabajar es la recomposición de las tarifas de los servicios públicos congeladas durante casi 14 años, como paliativo para un desmadre económico que destruyó los ingresos reales de los menos favorecidos. El principio que debe regir es el de pagar por lo que se consume. Como cualquier otro bien o servicio; sin subsidio alguno. Pero no se le puede pedir a las familias y empresas que paguen la tarifa plena cuando, al mismo tiempo, ese precio final tiene incorporado una feroz carga tributaria. El consumidor debe hacer el esfuerzo de pagar por lo que consume, pero el estado debe hacer el esfuerzo de reducir la carga tributaria sobre el consumo de energía eléctrica, gas y demás servicios públicos, lo que tiene como contrapartida una reducción del gasto público para no quedar desbalanceado. Subir las tarifas de servicios públicos debe implicar bajar impuestos y, en consecuencia, reducir gasto público.

El proceso de reestructuración del estado llevará tiempo, pero es fundamental comenzar a recorrer el camino lo antes posible, transmitiendo con claridad, a la sociedad toda, los objetivos (parciales y totales) y los caminos para alcanzarlos. Este proceso debe ser a favor de la gente y debe hacerse explícita esa finalidad de modo tal de debilitar la resistencia de los intereses creados.

Política tributaria

El principio básico de la política tributaria debe ser que muchos paguen poco y los impuestos sean sencillos de liquidar. En vez de concentrar una enorme carga tributaria sobre un reducido sector de la población, se debe buscar aplicar alícuotas bajas y que todos paguen.

Suele argumentarse que hasta que no se reduzca la evasión impositiva no se pueden bajar los impuestos. Esto es un error. Para reducir la evasión impositiva primero hay que bajar los impuestos de manera tal que el premio por evadir sea tan bajo que el contribuyente tenga menores estímulos para evadir. El camino de reducir la tasa de evasión pasa por reducir las alícuotas de los impuestos. El camino inverso implica matar impositivamente al sector productivo e incentivar la evasión. No existe fuga de capitales a paraísos fiscales sin infiernos fiscales.

Como parte de la política impositiva sugerimos eliminar el impuesto a las ganancias y establecer un low flat tax que equipare a la recaudación de todos los impuestos nacionales (IVA, Ganancias, Bienes Personales). Además, eliminar lo antes posible el impuesto al cheque o tomarlo a cuenta del low flat tax.

Disciplina monetaria

Volver a un Banco Central independiente del Poder Ejecutivo es parte de la política de disciplina monetaria. Volver a la Carta Orgánica anterior es imprescindible. Desde su fundación en 1935 a la fecha, la inflación promedio anual en Argentina fue del 54%. Este pobre desempeño sugiere que el problema monetario en Argentina no se debe meramente a seleccionar una buena administración del BCRA, sino que el problema de fondo es institucional o de diseño. Una reforma seria y profunda que garantice la independencia del BCRA es necesaria para garantizar la estabilidad monetaria en el mediano y largo plazo en Argentina.

Debe establecerse una total libertad en el uso de las monedas, anulando el curso forzoso de la moneda nacional. Los agentes económicos podrán realizar las transacciones comerciales y todo tipo de operación económica en la moneda que las partes acuerden. El peso debe ser una moneda más que podrá utilizar la gente, pero al no existir el curso forzoso el BCRA estará obligado a preservar el valor de la moneda para que la gente la elija como reserva de valor o medio de intercambio. Sin curso forzoso, con libertad de monedas, la solidez de los mercados de capital y del sistema financiero locales será finalmente alcanzable.

La política cambiaria será de flotación limpia. Si el Banco Central preserva el valor de la moneda, el tipo de cambio tenderá a ser estable. De todas formas, con un frente fiscal sólido y consolidado, unido a un Banco Central patrimonialmente rico y profesionalizado, una política cambiaria activa transitoria, para neutralizar corrientes externas perturbadoras para un país chico y abierto, tendrá plena cabida.

El Banco Central tendrá que capitalizarse. El Tesoro le entregará letras transferibles en dólares a cambio de los U$S 48.000 millones de letras intransferibles del tesoro que actualmente tiene el Banco en su Activo. Asimismo, el BCRA dejará de incrementar la cartera de LEBACs, ya que desplaza al sector privado del mercado crediticio.

Calidad institucional

Recuperar la calidad institucional es lo que más tiempo llevará, dado que implica modificar los valores que hoy imperan en la sociedad.

De todas maneras, el conjunto de la política económica debe apuntar, en los hechos y en el discurso, a cambiar la cultura de la dádiva, los subsidios y el proteccionismo por la cultura del trabajo, la competencia y el desarrollo de la capacidad de innovación de la gente. El gobierno no debe ser un mero seguidor de encuestas, sino que debe ser un genuino líder social. En las últimas ediciones del índice de Libertad Económica del Fraser Institute, Argentina se ubica entre los 10 países con menos libertad económica del mundo. Argentina no necesita retoques de política económica. Argentina necesita un cambio fundamental en su concepción de cuáles deben ser los principios económicos imperantes.

Se debe revertir la perniciosa consigna que los planes sociales (que han destruido la cultura del trabajo) son un derecho de la gente. En todo caso, serán una ayuda extraordinaria en una circunstancia particular. Lo que debe cambiarse es la concepción de que el vivir del fruto de trabajo ajeno es un derecho adquirido.

Mención especial merece que, en lo inmediato, también debe el Ejecutivo impulsar una política de transparencia denunciando todos los casos de corrupción y los abusos de poder. Es imposible pensar en el crecimiento de largo plazo si quienes cometieron delitos contra la hacienda pública y abusaron del poder no son sancionados con la mayor severidad. Por lo cual, el paso siguiente será la celeridad, eficacia y ecuanimidad del Poder Judicial, quien no debe hacerse el distraído antes casos de abuso de poder, corrupción, y avance sobre las instituciones republicanas. El rol institucional del Poder Judicial es proteger las instituciones republicanas, tarea en la que este poder tiene mucho por corregir y sentar ejemplo. Caso contrario se estaría enviando el mensaje que se puede ser corrupto y abusar del poder sin sufrir las consecuencias, aún a pesar de cambio sustancial de signo político que la sociedad votó. Por poco margen, es cierto, pero más de la mitad de los votantes pidió un cambio en este sentido. No se cambian los valores dejando pasar por alto la corrupción y el abuso de poder y, por lo tanto, no se mejora la calidad institucional que es la que atraerá inversiones. Avanzar sobre la república es un problema institucional, no un problema de la política.

Insistimos, sancionar con severidad los casos de corrupción y abuso de poder deben ser considerados parte de la política económica, dado que ayudan a reconstruir la calidad institucional que es la llave para atraer inversiones.

Un giro constructivo del castigo a la corrupción es la pérdida de la propiedad de los bienes y dinero obtenido en ocasión de un acto corrupto. Del mismo modo que un simple ladrón debe devolver lo robado, si lo tiene en su poder y su propietario original lo reclama, los fondos provenientes de la corrupción deben volver a un Fideicomiso para fomentar actividades de alto impacto social. Ese ejemplo valdrá más que mil palabras.

El corto y el largo plazo

Considerando que la economía se mueve por tres factores, a saber: 1) el consumo interno, 2) la inversión y 3) las exportaciones netas, el camino menos doloroso para que la población supere la herencia recibida del kirchnerismo pasa por bajar la tasa de inflación, ir a una libre flotación y permitir que el tipo de cambio alcance el nivel de mercado.

Con un tipo de cambio real más alto las exportaciones actuarán como el primer motor que pondrá en funcionamiento la economía y la sacará del actual proceso recesivo. Un proceso acelerado de inversión externa neta (de cartera y/o inversión externa directa); es decir, un brusco aumento del ingreso de capitales por las mejores expectativas que el mediano plazo argentino promete frente a una región y un mundo emergente complicados, puede actuar como depresor de tipo de cambio real. Ello encarecerá nuestra producción, en relación con la resto del mundo. Para ello, una política inteligente del Banco Central evitando lo que se conoce como enfermedad holandesa, será crucial.

Solucionar el problema energético de Argentina es esencial para evitar un efecto de cuello de botella en la recuperación económica del país. Si no hay oferta suficiente de energía para aumentar la producción, la recuperación no será posible o la misma será muy lenta. El problema energético requiere, sin embargo, de fuertes inversiones de largo plazo;lo que hace más urgente, aún, las reformas económicas e institucionales que se discuten en este texto.

En lo que hace a la obra pública, en vez que el estado tome deuda externa para realizar las obras, resulta más conveniente que se llame a licitación para la ampliación, construcción y mantenimiento de rutas e infraestructura en general con aportes de capital privado. En este caso, habrá que desistir de la habitual práctica de garantizar (con respaldo del estado) los pasivos financieros de los contratistas. Los avales caídos a cargo del estado tienen una larga y triste historia en el país.

Un flujo de inversiones importante en este rubro permitirá reconstruir la infraestructura del país en el mediano plazo y, en el corto, movilizar rápidamente la actividad económica.

Reforzando lo dicho anteriormente respecto del riesgo de sobrevaluación de la moneda local, será clave que, si ingresan capitales para invertir tanto en obra pública como en otros sectores, la economía esté totalmente abierta al comercio internacional y a los flujos financieros en ambos sentidos.

Vemos también que una suba del tipo de cambio puede cambiar el flujo del turismo, logrando aumentar el turismo receptivo.

La inversión será el segundo motor en movilizar la economía, pero para ello se requiere un plan económico global consistente, con una política tributaria amigable hacia la inversión y un cambio profundo en la legislación y en la política laborales. Si se pretende reducir la tasa de desocupación como primer paso hacia la eliminación de la pobreza, es indispensable facilitar las contrataciones de personas con cualquier tipo de capacitación en el mercado laboral.

Con décadas de preminencia de la negociación salarial en las cúpulas (de empleados y de patrones), basamento de la partidocracia totalitaria, estas modificaciones sustanciales serán delicadas, largas y, si no se explican bien sus beneficios, resistidas en casi toda la población.

Sólo luego de iniciar el ciclo virtuoso del crecimiento es posible pensar en que el consumo sea vigoroso, mientras tanto lo que puede lograrse es evitar que el consumo siga cayendo fruto la presión impositiva, la falta de inversiones y la inflación como consecuencia del desequilibrio fiscal.

En síntesis, la visión de largo plazo de la política económica debe ser la de crecer con fuertes inversiones incorporando y abriendo la economía argentina al mundo, mediante todos los acuerdos de libre comercio que seamos capaces de firmar. Hay que ver el mundo como lo que es: una oportunidad; no una amenaza. La propuesta marketinera de hacer de Argentina el “supermercado” del Mundo (como superadora de ser “el granero del mundo”) tiene raíces profundas en este razonamiento. Argentina debe renunciar a la concepción tan arraigada de sustitución de importaciones y proteccionismo para incorporarse a un mundo globalizado y recibir los beneficios de la división internacional del trabajo.

La visión económica de largo plazo tiene que estar basada en que las empresas obtengan sus utilidades satisfaciendo las necesidades de los consumidores, dentro de reglas de juego que maximicen la competencia en todos los mercados, en vez del actual esquema que se basa en buscar el favor del funcionario de turno para no competir, aprisionando a los consumidores en un mercado cautivo.

El gobierno debe marcar el rumbo en el cual los subsidios no deben ser duraderos y que se debe volver a la cultura del trabajo. Un año 2017 con menos feriados inventados (puente, fechas corridas, conmemoraciones absurdas) será una señal poderosa.

En lo inmediato, es fundamental comenzar a poner orden fiscal bajando el gasto público mediante la reconfiguración estructural de las funciones del estado y su relación con los particulares y re-escribiendo el sistema tributario, empezando a incorporar el low flat tax en lugar de la intransitable y asfixiante maraña actual. Esta es la única manera de lograr disciplina fiscal para tener disciplina monetaria e ir bajando la tasa de inflación.

El anuncio de un plan económico global y el inicio de su aplicación atraerán las inversiones que junto con las exportaciones permitirán en una senda de crecimiento sostenido para ir bajando la desocupación y la pobreza, no con paliativos o soluciones que no emancipan a los menos favorecidos sino con trabajo formal, digno y bien remunerado. Objetivo que, en última instancia deber ser el fin de toda política económica: que todas las familias vivan mejor materialmente.

Firman: Agustín Monteverde, Héctor Mario Rodríguez, Nicolás Cachanosky, Roberto Cachanosky

 

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE

 

Nicolás Cachanosky es Doctor en Economía, (Suffolk University), Lic. en Economía, (UCA), Master en Economía y Ciencias Políticas, (ESEADE). Fué profesor de Finanzas Públicas en UCA y es Assistant Professor of Economics en Metropolitan State University of Denver.