La sociedad libre y el tema central de la salud

Por Alberto Benegas Lynch (h) Publicado el 4/4/20 en: https://www.infobae.com/opinion/2020/04/04/la-sociedad-libre-y-el-tema-central-de-la-salud/

 

Uno de los temas que podemos denominar de frontera en los debates liberales es la salud. Para ello proponemos medidas de fondo que naturalmente deben considerarse pausadamente y, desde luego, no en momentos de una pandemia como la que ahora acecha por todos lados. que obliga a otras prioridades y medidas drásticas por parte de gobiernos al efecto de preservar derechos, en este caso nada menos que a la vida, lo cual, como también hemos puntualizado en una columna anterior sobre el tema, no autoriza al Gobierno a esa estafa monumental denominada “inflación” ni que se entrometa con el sistema de precios y equivalentes, ya que de ese modo agravará notablemente el problema creando escaseces y desajustes en los productos necesarios para atender y prevenir enfermedades.

De más está decir que las medidas drásticas aludidas deben sopesar el costo-beneficio de cada una de ellas. Como concluye el premio Nobel en economía James Buchanan, “no hay acción sin costo”, y estos deben ser siempre evaluados para contrastarlos con las respectivas ventajas puesto que sin pan también hay muertes y, por otro lado, en un extremo brutal, si todos nos morimos por coronavirus no hay economía que valga. Entonces, no se trata de elegir en toda ocasión entre la salud y la economía, sino de un balance equilibrado en el contexto de la eliminación de funciones gubernamentales inútiles para dar respiro a la gente (no podar que, como hemos dicho, igual que con la jardinería crece con mayor vigor).

En esta situación global debe estarse muy prevenido de no convertir un monitoreo provisorio de los ciudadanos en una pesadilla orwelliana, pues como ha advertido Ronald Reagan “nada hay más permanente que una medida transitoria de gobierno”. Nuestras deliberaciones entonces apuntan a preparar el terreno para el futuro, por lo que nos adelantamos en el tiempo para cuando pase esta situación de extrema peligrosidad que, como queda dicho, siempre y en cualquier caso demandará acciones también extremas para evitar la aceleración de contagios, sin desmerecer para nada la economía cuyo descuido puede transformarse en una bomba de tiempo social.

Tenía esta nota periodística “en la gatera” sin darla por el momento ya que, como digo, apunta a considerar estos temas para eventualmente ejecutarlos más adelante cuando se calmen las aguas del muy desafortunado suceso que a todos nos envuelve y compromete, pero decido entregarla a los editores ahora con el preámbulo con que abrí este texto debido a sugerencias de algunos alumnos al efecto de debatir con suficiente tiempo este asunto crucial para mirarlo y escrutarlo con la debida tranquilidad desde diversos ángulos y perspectivas.

Antes de pensar en el mantenimiento de la salud, para existir hay que estar alimentado. Pero a nadie en su sano juicio se le ocurriría dejar la alimentación en manos de los aparatos estatales, pues si se politizara algo tan delicado inmediatamente se caería en lo que en ciencias políticas se conoce como “la tragedia de los comunes”, es decir, lo que es de todos no es de nadie y los incentivos son así completamente distintos por lo que las hambrunas serían seguras, además de las ineficiencias colosales que caracterizan a los emprendimientos estatales fuera de su órbita específica de la protección de derechos vía la Justicia y la correspondiente seguridad.

A pesar de lo dicho, el tema de la salud en jurisdicción estatal en nuestra época se mantiene como una vaca sagrada. Uno de los aspectos clave para el pensamiento riguroso es la capacidad de cuestionar el statu quo en el contexto de criterios independientes y del denominado “pensamiento lateral” que invita a mirar las cosas desde perspectivas diferentes a las habituales y rutinarias. No se trata de levantar la voz ni de exasperarse frente a ideas novedosas, sino de argumentar civilizadamente puesto que, como ha escrito John Stuart Mill, “toda buena idea si es nueva generalmente pasa por tres etapas: la ridiculización, la discusión y la adopción”. No hay que dejar que las telarañas mentales obstaculicen el razonamiento y el análisis detenido.

No es necesario detenerse a detallar ejemplos diarios de reiterados sucesos en órbitas estatales en cuanto a las colas, los aplazos, las demoras, los turnos extenuantes, los faltantes de insumos básicos y camas disponibles para no decir nada de las huelgas, tropiezos sindicales y las permanentes demandas por recursos debido a los déficit crónicos, a pesar de los denodados esfuerzos y dedicación ejemplar de muchísimas médicas y médicos, enfermeras y enfermeros y personal auxiliar en los centros de salud estatales. No se trata de buena voluntad, sino de un sistema que es indispensable revisar.

Es de gran interés adentrarse en los múltiples ejemplos de servicios de salud de gran excelencia antes del avance gubernamental, entre los que se cuenta el decimonónico caso argentino con los preponderantes y notables sistemas de mutuales, socorros mutuos, cofradías y servicios hospitalarios de comunidades como la italiana, la alemana, la española y la británica.

Entre muchos otros trabajos de orden más general y abarcativo, en el ensayo de John Chamberlin titulado muy precisamente “La enfermedad de la medicina socializada” este autor no solo pasa cuidadosa revista de los graves problemas de la salud en manos estatales y los costos astronómicos con que debe cargar la comunidad y la mala calidad de los servicios en comparación con la atención privada, sino que comenta varios de los libros que suscriben su tesis escritos por profesionales de gran relevancia.

Esto opera a contramano de lo que sucede en cuanto a la muy eficiente atención por los seguros privados de salud y como se ha apuntado en los centros asistenciales también privados, sean institutos para controles médicos, sanatorios o asociaciones sanitarias varias. Esto de ninguna manera significa que en los entes privados de salud hay mejor calidad de profesionales que en los estatales, se trata de incentivos diametralmente opuestos que producen resultados también diferentes.

Lamentablemente en estas lides se ha desfigurado y degradado la noción de solidaridad y caridad puesto que de modo inaudito se la asimila al uso de la fuerza cuando en verdad remite al uso de lo propio de modo voluntario.

Por otra parte, se ha objetado el servicio privado alegando la “asimetría de la información”, es decir, se sigue diciendo que no es posible que la gente tenga que ponerse en manos de servicios privados de medicina puesto que se encuentran desguarnecidos e indefensos ya que no saben si lo que recomiendan y dicen los facultativos es cierto por lo que necesitan que agentes gubernamentales los protejan en sus intereses. Esto está mal planteado por donde se lo mire. En primer lugar, en toda transacción hay asimetría en las informaciones pues por eso se lleva a cabo el intercambio ya sea cuando vamos a mecánico con nuestro automóvil, cuando instalamos un sistema de calefacción, cuando adquirimos un celular, cuando compramos accionas en la bolsa o cuando nos cepillamos los dientes. En segundo lugar, lo menos que se requiere es que se politicen las transacciones legítimas donde se agrega la voracidad fiscal junto a posibles corrupciones y además esto no cambia aquello de la asimetría de la información. La competencia entre médicos, mutuales y centros de salud privados hace de auditorias cruzadas.

Es de gran interés estudiar los trabajos actualizados sobre los calamitosos resultados de la medicina socializada en muy diversos países, por ejemplo en los muy documentados ensayos de Thomas DiLorenzo, de Avic Roy y de Hans Sennholz, el primero en The Future of Freedom Foundation titulado “How Socialized Medicine Kills the Patient and Robs the Taxpayers” (octubre 21, 2019), el segundo en The National Review titulado “Socialist Medicine is Bad for Your Health” (mayo 16, 2019) y el tercero, anterior, en The Freeman titulado “Freedom is Indivisible” (vol. 27, No.12, diciembre de 1977) . También es del caso recordar que los países nórdicos han debido reemplazar en gran medida sus sistemas socialistas de medicina donde se anunciaban servicios “gratuitos” pero, por ejemplo, cuando le tocaba el turno a una persona con grave deficiencia en la visión ya estaba ciega, por lo que los que podían viajaban a otros países para atenderse, tal como ha expuesto Eric Brodin y como se ha explayado en su texto titulado “Sweden´s Welfare State: A Paradise Lost” publicado en el portal de The Foundation for Economic Education, diciembre 1 de 1980 (además de las hipocresías como las del principal ejecutor de las ideas de Gunnar y Alva Myrdal respecto a la medicina socializada en Suecia, Olaf Palme, que se hacía atender en sanatorios privados, también es el caso de subrayar que los presidentes argentinos populistas siempre se han atendido en sanatorios privados de primerísimo nivel).

Frente a los sistemas imperantes es de gran importancia, por una parte, dejar sin efecto todo aporte compulsivo a sindicatos y equivalentes para mantener las así denominadas “obras sociales” como si las personas fueran incapaces de elegir las prestaciones que más les convienen. Lo consignado respecto al sindicalismo sea de representación o de aportes coactivos debe distinguirse claramente de los sindicatos como asociaciones libres y voluntarias que ejemplificamos a través de innumerables entidades en un libro en coautoría al que me refiero más abajo (en el caso argentino antes de imponer el sistema fascista copiado de la Carta de Lavoro de asociaciones profesionales y convenios colectivos). También detallamos el establecimiento de asociaciones no sindicales que se conformaron con personas de toda condición social que apuntaban a asegurar su salud por medio de aportes regulares libre y voluntariamente escogidos, instituciones que se multiplicaron a un ritmo notable de crecimiento.

Ahora vamos a la medida más de fondo: resulta crucial la venta de todos los hospitales estatales sean nacionales, provinciales o municipales eventualmente al propio equipo médico de la institución con el apoyo administrativo del caso y con todas las facilidades excepcionalísimas que requiera la situación y simultáneamente en una primera instancia y como medida de transición establecer el sistema de vouchers para que las personas que no cuenten con los ingresos suficientes puedan atenderse en el sanatorio o centro de salud privados de su preferencia. Esta medida significa que los que se ven obligados a financiar con sus impuestos al contraer inversiones hacen que los salarios de los marginales se contraigan, pero este fenómeno será de una magnitud mucho menor que los desembolsos tributarios que debe hacerse en el sistema actual. Además, la situación económica mejorará debido a lo que dejamos dicho, a lo cual es de desear se acoplen otras de igual envergadura y dirección que al mejorar más aun la situación económica y social permitirá ir disminuyendo los antes referidos vouchers y, por tanto, se irán atenuando los mencionados efectos adversos de esta política de transición. Incluso resultan sumamente ilustrativos y ejemplificadores la solidaridad en comunidades indias muy primitivas en cuanto a ayudas voluntarias recíprocas tal como las describe en detalle Charles A. Estman en Indian Boyhood. También y en otro orden de cosas es sobresaliente la proverbial generosidad de muchísimas médicas y médicos que intercalan atenciones sin cargo para personas de bajos ingresos desde tiempo inmemorial y en todas las latitudes.

La antedicha propuesta sobre la venta de hospitales estatales con el agregado que ahora he introducido respecto a los eventuales destinatarios de esas ventas, ya la había formulado hace más de treinta años en Proyectos para una sociedad abierta publicado en dos tomos con Martín Krause junto a la muy eficaz colaboración de Gustavo Lázzari, la cual aparece en el sexto capítulo del referido libro. En este trabajo también detallamos las suculentas reflexiones de Emilo Coni en su obra Higiene, asistencia y previsión. Buenos Aires caritativo y previsor, publicada en 1918. Allí Coni, después de referirse extensamente a todos los beneficios para la población de los sistemas privados de salud, concluye: “La República Argentina, por el hecho de haber desarrollado y arraigado profundamente en sus habitantes el espíritu y la conciencia mutualista puede ser considerada en éste como en tantos otros aspectos, una nación grande y moderna […] Pueden clasificarse las sociedades de socorros mutuos como sociedades de seguro contra enfermedades”. Y más adelante señala que también constituían cajas de ahorros para casos de accidentes, viudez y orfandad.

Como se ha hecho notar, estos sistemas privados convirtieron a los servicios de salud argentinos en uno de los más avanzados del orbe al cumplirse el centenario de la independencia, lo cual comenzó a revertirse con la creciente participación del gobierno a partir de mediados de la década del cuarenta, sistema que ha ido en declive. Esta declinación se ha mantenido inalterada hasta nuestros días. En todos lados ocurre lo mismo puesto a idénticas causas idénticos efectos. Por ejemplo, Milton Friedman, otro premio Nobel en economía, escribe refiriéndose a la degradación de la salud en Estados Unidos, otrora un baluarte de la extendida atención privada: “No hay duda de que la medicina en todos sus aspectos ha quedado sujeta cada vez más a una compleja estructura burocrática […] Las estructuras burocráticas producen alto costo, baja calidad y distribución inequitativa […] la medicina no es un caso distinto”.

Finalmente, una voz de alarma en nuestro caso: por más que por el momento ha quedado sin efecto la iniciativa, si en alguna circunstancia se confirmara aquello que se ha filtrado como posible en cuanto a que se firmaría un decreto por el que se declararía “de interés público todos los recursos sanitarios de la Argentina” -en exacta oposición a lo que presentamos en esta columna- se asentaría una puñalada final a la supervivencia en este país al autorizar a los aparatos estatales inmiscuirse en estos territorios privados, ya que se provocaría una catástrofe en cadena de proporciones nunca vistas al derrumbarse la sólida estructura sanitaria que queda en pie.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa. Es miembro del Comité Científico de Procesos de Mercado, Revista Europea de Economía Política (Madrid). Es Presidente de la Sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, miembro del Instituto de Metodología de las Ciencias Sociales de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, miembro del Consejo Consultivo del Institute of Economic Affairs de Londres, Académico Asociado de Cato Institute en Washington DC, miembro del Consejo Académico del Ludwig von Mises Institute en Auburn, miembro del Comité de Honor de la Fundación Bases de Rosario. Es Profesor Honorario de la Universidad del Aconcagua en Mendoza y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en Lima, Presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso y miembro del Consejo Asesor de la revista Advances in Austrian Economics de New York. Asimismo, es miembro de los Consejos Consultivos de la Fundación Federalismo y Libertad de Tucumán, del Club de la Libertad en Corrientes y de la Fundación Libre de Córdoba. Difunde sus ideas en Twitter: @ABENEGASLYNCH_h

Cuestionando la educación estatal

Por Alberto Benegas Lynch (h) Publicado el 21/12/19 en: https://www.infobae.com/opinion/2019/12/21/cuestionando-la-educacion-estatal/

 

Uno de los pilares de cualquier educación que se precie de tal consiste en fomentar el pensamiento independiente y en la capacidad de cuestionar el statu quo. En esta nota hago precisamente eso y espero como devolución el debate con argumentos y no “cajas destempladas” enojadas porque se pone en tela de juicio lo que la mayoría acepta sin capacidad de contradecir, de hurgar y de explorar otras variantes.

No se trata de sostener que en las instituciones estatales no hay excelentes profesores y profesoras. Además no sería consistente con mi propia trayectoria fuera de las casas de estudio privadas si pensara que toda la enseñanza estatal es deficiente, puesto que fui profesor titular en cinco carreras en la Universidad de Buenos Aires: en el doctorado en ciencias económicas, en grado y maestría en derecho, en ingeniería, en sociología y en el departamento de historia de filosofía y letras. También fui director del Departamento de Doctorado en Economía de la Universidad Nacional de La Plata. No se trata de refutar el hecho de lo mucho y bueno aprendido en entidades gubernamentales de enseñanza merced a las esforzadas y meritorias tareas de maestras y maestros de escuela. Salvando las distancias, tampoco es el caso de discutir la faena formidable de Sarmiento en un territorio virgen (aunque hay trabajos que muestran que en gran medida muchas de las instituciones privadas de la época fueron barridas por la oferta “gratuita”).

A esta altura de los acontecimientos, se trata de revisar el fondo del asunto y no para circunscribirlo al caso argentino sino para formular un análisis global que cabe a todas las instituciones estatales de educación en todas latitudes. No es un asunto de mala voluntad sino de conclusiones ineludibles, ni se trata de contradecir el hecho del notable desempeño en cátedras magistrales en instituciones estatales en todas partes del mundo.

Veamos esto por partes en un análisis que tomo parcialmente de mi conferencia en el European Center for Austrian Economic Foundation de la Universidad del Lietchenstein. En primer lugar, un asunto terminológico: no es pertinente aludir a la “educación pública”, puesto que la educación privada es también para el público, se trata de educación estatal, lo cual de entrada suena mal del mismo modo que lo es el periodismo estatal, el arte estatal y equivalentes.

En la mayor parte de los países hoy, la denominada educación privada no es en rigor privada puesto que las secretarías y ministerios de educación están encargados de aprobar las respectivas estructuras curriculares.

Estos procedimientos ilustran la columna vertebral del fascismo: se permite que la propiedad quede registrada a nombre de privados pero el Gobierno usa y dispone de ella, en contraste con el comunismo que de una manera abierta decide la abolición de la propiedad. Lo primero entonces es comprender que por más buena voluntad, en última instancia resulta difícil enseñar criterios independientes y libres en base a la compulsión.

En un país civilizado, los ministerios y las secretarías de educación deberían dejarse sin efecto y las acreditaciones, en los casos en los que se requieren, serían realizadas, tal como sucedía originalmente, a través de academias e instituciones privadas que, en el proceso, además, sirven de auditorías cruzadas y en competencia de responsabilidades por la calidad de los programas desarrollados en colegios y universidades.

La politización debería estar completamente ausente en un tema tan delicado e importante como la educación. Dado que todos somos diferentes en la mayor parte de los aspectos clave, especialmente desde la perspectiva psicológica, los respectivos programas ofrecidos deben ser distintos al efecto de calzar con las diferentes potencialidades de las múltiples demandas. Por otra parte, debe tenerse en cuenta que esas diferenciaciones lo son de un modo multidimensional en la misma persona por lo que se requiere un proceso dinámico y cambiante. En todo caso, la educación demanda sistemas abiertos y competitivos donde nadie debería tener la facultad de imponer programas desde el vértice del poder, puesto que nadie puede dictaminar lo que deben estudiar otros en el contexto de un proceso evolutivo de prueba y error.

Debe comprenderse que todos pagamos impuestos, especialmente los más pobres que pueden no haber visto nunca un formulario fiscal. Esto es así porque aquellos que son contribuyentes de jure reducen sus inversiones, lo cual, a su turno, reduce salarios e ingresos en términos reales, una secuencia que tiene lugar debido a que las tasas de capitalización constituyen la única explicación por la que se eleva el nivel de vida.

Más aun, si tomamos en cuenta el concepto de utilidad marginal resulta claro que una unidad monetaria -a pesar de que no son posibles las comparaciones intersubjetivas de utilidad ni tampoco pueden referirse a números cardinales- en general no es lo mismo para una persona pobre que lo es para una persona rica. En el primer caso, manteniendo los demás factores constantes, el efecto negativo del tributo será mayor, lo cual hace que el impacto impositivo recaiga en definitiva con mayor peso en los más pobres como consecuencia de la antedicha contracción en las inversiones.

Imaginemos una familia muy pobre que no está en condiciones de afrontar los costos de oportunidad que significa enviar a sus hijos a estudiar. En este caso, los impuestos, como queda dicho, se afrontan de facto vía la contracción de los salarios de los relativamente más pobres que están de hecho financiando los estudios de alumnos más pudientes.

Y si otra familia, con gran esfuerzo, puede enviar a sus hijos a estudiar, si realiza un análisis fiscal correcto los enviarán a instituciones estatales puesto que, de enviarlos a colegios y universidades privadas, estarían pagando un costo doble: uno a través de los impuestos para mantener la educación estatal y otro al financiar la matrícula y las cuotas en el ámbito privado.

Desde otra perspectiva, los costos por estudiante en las entidades estatales de educación son en general más elevados que en instituciones privadas, por la misma razón que opera “la tragedia de los comunes” en cuanto a incentivos que hacen que las mal llamadas “empresas estatales” sean ineficientes.

Se ha sugerido el sistema de vouchers en repetidas ocasiones. Es cierto que este sistema exhibe un non sequitr: esto significa que de la premisa de que otras personas debieran ser forzadas a financiar la educación de terceros no se sigue que deban existir instituciones estatales de educación, ya que el voucher (subsidios a la demanda) permite que el candidato en cuestión elija la entidad privada que prefiera.

En cualquier caso, los vouchers también significan que principalmente son los pobres los que se ven obligados a financiar los estudios de los más pudientes y también, a pesar de que las mediciones de IQ son irrelevantes (como se ha demostrado, todos somos inteligentes pero para temas y campos muy diferentes), aquellos que no califican para las ofertas disponibles deben pagar los estudios de los mejor calificados, lo cual constituye también una injusticia flagrante.

Se ha dicho repetidamente que la educación es un bien público, pero esta afirmación no resiste un análisis técnico ya que no calza en los principios de no-rivalidad y no-exclusión propios de los bienes públicos.

También se ha dicho una y otra vez que la educación estatal debe incorporarse porque le da sustento a la idea de la “igualdad de oportunidades”. Esta figura, prima facie parece atractiva pero es del todo incompatible y mutuamente excluyente con la igualdad ante la ley. El liberalismo y la sociedad abierta promueven que la gente disponga de mayores oportunidades no iguales debido a que las personas son distintas.

Una misma línea argumental es aplicable al “derecho a la educación”. No hay tal cosa. Un derecho implica que como contrapartida hay una obligación. Si alguien obtiene como salario 100 en el mercado laboral, hay una obligación universal de respetar ese ingreso. Pero si la misma persona alega que tiene “derecho” a obtener 200 que no obtiene con su trabajo lo cual es sin embargo garantizado por el aparato estatal, esto significa que otras personas serán compelidas a financiar la diferencia, lo cual lesionará sus derechos. Esta es la razón por la que el “derecho a la educación” -el reclamo sobre el bolsillo ajeno- es un pseudoderecho.

Se ha afirmado que debería ayudarse a aquellos que cuentan con las condiciones intelectuales para aplicar a las ofertas educativas disponibles pero que no disponen de los ingresos suficientes. Esta es una aseveración indudablemente muy bien inspirada, pero para ello debería recurrirse a la primera persona del singular y no pretender el endoso a otros recurriendo a la tercera persona del plural. En la misma dirección, debe considerarse que la solidaridad y la caridad nunca pueden ser provistas por el estado ya que, por definición, se trata de actos voluntarios y realizados con recursos propios.

En varios países el home schooling es utilizado como una defensa contra la invasión de la educación estatal. Hace un tiempo, The Economist estudió esta forma de educar desde los domicilios de los interesados de manera extensa, donde consignó las opiniones de los oficiales de admisión de varias de las universidades del Ivy League en Estados Unidos respecto a los candidatos a ingresar en esas casas de estudios provenientes del home schooling. Las opiniones eran coincidentes en señalar no solo las excelentes condiciones académicas de los candidatos sino que subrayaron el cuidado y la precisión en la forma de expresarse y la prolijidad en sus vestimentas.

Algunas personas han objetado el home schooling en base a la creencia de que este sistema no permite la socialización de unos alumnos con otros, lo cual no es cierto porque, precisamente, la preocupación y ocupación es mucha por programar reuniones sociales entre los jóvenes a través de deportes, bailes, certámenes de ajedrez, asociaciones varias, actividades en parroquias y equivalentes. Es notable el apoyo logístico que presentan los programas de estudio en Internet, lo cual no requiere que los padres conozcan los contenidos de las diversas asignaturas, solo se necesita que hagan el seguimiento de los estudios de su prole directamente o lo hagan a través de personas contratadas a tal efecto.

Cuando tiene lugar la educación estatal, en mayor o menor medida, tarde o temprano, aparece el adoctrinamiento debido a la necesaria intromisión del gobierno. Si los burócratas están a cargo de la educación de alguna manera inexorablemente influyen sobre los programas, los textos y las pautas a su cargo.

Se mantiene que los niños deberían contar con un minimum de enseñanza tal como el aprendizaje de la lectura y la escritura, pero si los padres de familia consideran que eso es importante, es eso a lo que se le otorgará prioridad tal como ha ocurrido a través de la historia por medio de pagos directos o por medio de becas.

Es muy cierto que la educación es fundamental pero más importante aun es el estar bien alimentado y ninguna persona de sentido común, a esta altura, propondrá que la producción de alimentos esté en manos del Estado porque la hambruna es segura. Cuando la política se hace cargo de la educación, aparece otro tipo de hambruna que es la espiritual y cultural.

Si prestamos atención a los escritos de historiadores, comprobaremos que, comenzando con Atenas, la Roma de la República antes del Imperio, el mundo árabe en España y en el comienzo de las colonias estadounidenses no había interferencia estatal en materia educativa. Cualquiera podía instalar un colegio y competir para atraer alumnos a muy diferentes precios y condiciones, lo cual produjo como resultado la mejor educación del mundo de entonces.

Debido a que el control gubernamental poco a poco se fue apropiando de la educación, desde el siglo XVII se instaló el primer sistema estatal en Alemania y en Francia. Ya en el siglo XVIII la mayor parte de Europa estuvo bajo la influencia de este sistema (excepto Bélgica que lo impuso en 1920).

Es errado suponer que cuanto más gaste el gobierno en educación la situación mejorará. Antes al contrario, a través de la politización la situación educativa se torna más difícil si es que se pretende contar con personas con criterios independientes. Es curioso que haya quienes se quejan airadamente de la politización y en muchos casos la baja calidad de la educación y, sin embargo, son los primeros en sugerir que los aparatos estatales intervengan en los procesos educativos.

Por último destaco que en una sociedad abierta cuando se estima que padres lesionan derechos de sus hijos sea en materia educativa, alimentaria o física, quienes detectan esas conductas pueden actuar como subrogantes ante la Justicia.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa. Es miembro del Comité Científico de Procesos de Mercado, Revista Europea de Economía Política (Madrid). Es Presidente de la Sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, miembro del Instituto de Metodología de las Ciencias Sociales de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, miembro del Consejo Consultivo del Institute of Economic Affairs de Londres, Académico Asociado de Cato Institute en Washington DC, miembro del Consejo Académico del Ludwig von Mises Institute en Auburn, miembro del Comité de Honor de la Fundación Bases de Rosario. Es Profesor Honorario de la Universidad del Aconcagua en Mendoza y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en Lima, Presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso y miembro del Consejo Asesor de la revista Advances in Austrian Economics de New York. Asimismo, es miembro de los Consejos Consultivos de la Fundación Federalismo y Libertad de Tucumán, del Club de la Libertad en Corrientes y de la Fundación Libre de Córdoba. Difunde sus ideas en Twitter: @ABENEGASLYNCH_h

FALACIAS DE LA EDUCACIÓN ESTATAL

Por Alberto Benegas Lynch (h). 

Traducción del inglés de  la conferencia pronunciada en la European Center of Austrian Economics Foundation de la Universidad de Lietchenstein, Vaduz, mayo 29 de 2015.

 

El primer punto que debe subrayarse es que la expresión “educación pública” es del todo inapropiada puesto que oculta la naturaleza de lo que se quiere trasmitir. Esto es así porque, en primer lugar, la educación privada es también para el público y, por otro, se recurre a esa terminología para enmascarar su verdadero significado bastante patético por cierto, del mismo modo que resultan horripilantes las expresiones “literatura estatal”, “periodismo estatal”, “arte estatal” y equivalentes, que constituyen contradicciones en los términos. En el caso que nos ocupa, sin embargo, se trata de educación estatal.

 

A través del empleo de la fuerza no puede encararse el proceso educativo, en último análisis resulta imposible enseñar los fundamentos de la libertad y la consiguiente independencia de pensamiento en base a la compulsión.

 

En la mayor parte de los países hoy, la denominada educación privada no es en rigor privada puesto que las secretarías y ministerios de educación están encargados de aprobar las respectivas estructuras curriculares. El sector privado, con algunas limitaciones, se ocupa de cosas tales como las características de los edificios y los uniformes, pero la esencia de lo que se ofrece en las casas de estudio es manejada por reparticiones burocráticas.

 

Estos procedimientos ilustran la columna vertebral de la hipocresía  fascista: se permite que la propiedad privada quede registrada a nombre de privados pero el gobierno usa y dispone de ella, en contraste con el comunismo que de una manera directa decide la abolición de la propiedad. Los dos sistemas operan en la misma dirección, uno de modo indirecto mientras que el otro lo hace de modo directo. Pero es importante subrayar que los dos sistemas distorsionan la contabilidad o la bloquean del todo ya que los precios relativos son falsificados o eliminados de cuajo, lo cual se traduce en la malasignación de los siempre escasos recursos, situación que deriva en una mayor pobreza.

 

En un país civilizado, los ministerios y las secretarías de educación deberían dejarse sin efecto y las acreditaciones, en los casos en los que se requieren, serían realizadas, tal como sucedía originalmente, a través de academias e instituciones privadas que, en el proceso, además, sirven de auditorías cruzadas y en competencia de responsabilidades por la calidad de los programas desarrollados en colegios y universidades.

 

La politización debería estar completamente ausente en un tema tan delicado e importante como la educación. Dado que todos somos diferentes en la mayor parte de los aspectos clave, especialmente desde la perspectiva psicológica, los respectivos programas ofrecidos deben ser diferentes al efecto de calzar con las diferentes potencialidades de las múltiples demandas. Por otra parte, debe tenerse en cuenta que esas diferenciaciones lo son de un modo multidimensional en la misma persona por lo que se requiere un proceso dinámico y cambiante.

 

Cada uno de nosotros modificamos nuestra estructura cultural. Según sean nuestras inquietudes y actividades, no somos los mismos hoy respecto a lo que fuimos ayer ni seremos iguales mañana. Imponer verticalmente desde el poder programas educativos en el contexto de una especie de guillotina horizontal, es no entender que significa la educación, aunque aquello se lleve a cabo de modo descentralizado ya que siempre es el poder político el que tiene la última palabra cuando existen ministerios de educación o de cultura.

 

Debe comprenderse que todos pagamos impuestos, especialmente los más pobres que pueden no haber visto nunca un formulario fiscal. Esto es así porque aquellos que son contribuyentes de jure reducen sus inversiones, lo cual, a su turno, reduce salarios e ingresos en términos reales, una secuencia que tiene lugar debido a que las tasas de capitalización constituyen la única explicación por la que se eleva el nivel de vida.

 

Más aun, si tomamos en cuenta el concepto de utilidad marginal resulta claro que una unidad monetaria es en general -a pesar de que no son posibles las comparaciones intersubjetivas de utilidad ni tampoco pueden referirse a números cardinales- no es lo mismo para una persona pobre que lo es para una persona rica. En el primer caso, manteniendo los demás factores constantes, el efecto negativo del tributo será mayor, lo cual hace que el impacto impositivo recaiga en definitiva con mayor peso en los más pobres como consecuencia de la antedicha contracción en las inversiones.

 

Imaginemos una familia muy pobre que no está en condiciones de afrontar los costos de oportunidad que significa enviar a sus hijos a estudiar. En este caso, a través de los impuestos que,  como queda dicho, se afrontan vía la contracción de los salarios de los relativamente más pobres, están de hecho financiando los estudios de alumnos más pudientes.

 

Y si otra familia, con gran esfuerzo, puede enviar a sus hijos a estudiar, si realiza un análisis fiscal correcto los enviarán a instituciones estatales puesto que, de enviarlos a colegios y universidades privadas, estarían pagando un costo doble: uno a través de los impuestos para mantener la educación estatal y otro al financiar la matrícula y las cuotas en el ámbito privado.

 

Desde otra perspectiva, los costos por estudiante en las entidades estatales de educación son en general más elevados que en instituciones privadas, por la misma razón de incentivos que hacen que las mal llamadas “empresas estatales” sean ineficientes. La mera constitución de esas “empresas” necesariamente implica derroche de capital puesto que los recursos son asignados en una dirección distinta de la que hubiera elegido la gente (y si fuera en el mismo sentido, no hay razón para la intervención gubernamental). La forma en que se consume café y se encienden las luces no sigue las mismas pautas en “empresas estatales” que en las privadas. Los incentivos y “la tragedia de los comunes” hace que se opere de modo ineficiente.

 

Se ha sugerido el sistema de vouchers en repetidas ocasiones. Es cierto que este sistema exhibe un non sequitr : esto significa que de la premisa de que otras personas debieran ser forzadas a financiar la educación de terceros no se sigue que deban existir instituciones estatales de educación, ya que el voucher (subsidios a la demanda) permite que el candidato en cuestión elija la entidad privada que prefiera de todas las existentes.

 

En cualquier caso, los vouchers también significan que principalmente son los pobres los que se ven obligados a financiar los estudios de los más pudientes y también, a pesar de que las mediciones de IQ son irrelevantes (como se ha demostrado, todos somos inteligentes pero para temas y campos muy diferentes), aquellos que no califican para las ofertas disponibles deben pagar los estudios de los mejor calificados, lo cual constituye también una injusticia flagrante.

 

Esto para nada significa que deben eliminarse los vouchers privados, muy por el contrario, éstos contribuyen a que se establezcan incentivos fértiles del mismo modo que lo hacen las becas que son financiadas voluntariamente en vista de las externalidades positivas que la buena educación reporta. El problema se suscita cuando se trata de vouchers estatales.

 

Se ha dicho repetidamente que la educación es un bien público, pero esta afirmación no resiste un análisis técnico ya que no calza en los principios de la no-rivalidad y no-exclusión propios de los bienes públicos.

 

También se ha dicho una y otra vez que la educación estatal debe incorporarse porque le da sustento a la idea de la “igualdad de oportunidades”. Esta figura, prima facie parece atractiva pero es del todo incompatible y mutuamente excluyente con la igualdad ante la ley. El liberalismo y la sociedad abierta promueven que la gente disponga de mayores oportunidades pero no iguales. Si un jugador mediocre de tennis debe tener igual oportunidad al jugar con un profesional, debe imponerse una limitación a este último, por ejemplo, que juegue con una sola pierna y esta imposición se traduce en que su derecho ha sido conculcado.

 

Una misma línea argumental es aplicable al “derecho a la educación”. No hay tal cosa. Un derecho implica que como contrapartida hay una obligación. Si alguien obtiene como salario 100 en el mercado laboral, hay una obligación universal de respetar ese ingreso. Pero si la misma persona alega que tiene “derecho” a obtener 200 que no obtiene con su trabajo lo cual es sin embargo garantizado por el aparato estatal, esto significa que otras personas serán compelidas a financiar la diferencia, lo cual lesionará sus derechos. Esta es la razón por la que el “derecho a la educación” -el reclamo sobre el bolsillo ajeno- es un pseudoderecho.

 

Soy plenamente conciente que la educación estatal es la vaca sagrada del momento, pero esto precisamente constituye un motivo adicional para desentrañar este peligroso mito.

 

Se ha afirmado que debería ayudarse a aquellos que cuentan con las condiciones intelectuales para aplicar a las ofertas educativas disponibles pero que no disponen de los ingresos suficientes. Esta es una aseveración indudablemente muy bien inspirada, pero para ello debería recurrirse a la primera persona del singular y no pretender el endoso a otros recurriendo a la tercera persona del plural. “Put your money where your mouth is” es una receta anglosajona que debiera tomarse muy en cuenta. En la misma dirección, debe considerarse que la solidaridad y la caridad nunca pueden ser provistas por el estado ya que, por definición, se trata de actos voluntarios y realizados con recursos propios.

 

En varios países el home schooling es utilizado como una defensa contra la invasión de la educación estatal. Hace un tiempo, The Economist estudió esta forma de educar desde los domicilios de los interesados de manera extensa, donde consignó las opiniones de los oficiales de admisión de varias de las universidades del Ivy League en Estados Unidos respecto a los candidatos a ingresar en esas casas de estudios provenientes del home schooling. Las opiniones eran coincidentes en señalar no solo las excelentes condiciones académicas de los candidatos sino que subrayaron el cuidado y la precisión en la forma de expresarse y la calidad de sus vestimentas.

 

Algunas personas han objetado el home schooling en base a la creencia de que este sistema no permite la socialización de unos alumnos con otros, lo cual no es cierto porque, precisamente, la preocupación y ocupación es mucha por programar reuniones sociales entre los jóvenes a través de deportes, bailes, certámenes de ajedrez, asociaciones varias, actividades en parroquias y equivalentes. Es notable el apoyo logístico que presentan los programas de estudio en Internet, lo cual no requiere que los padres conozcan los contenidos de las diversas asignaturas, solo se requiere que hagan el seguimiento de los estudios de su prole directamente o lo hagan a través de personas contratadas a tal efecto.

 

Cuando tiene lugar la educación estatal, en mayor o menor medida, tarde o temprano, aparece la indoctrinación debido a la necesaria intromisión del gobierno. Si los burócratas están a cargo de la educación de alguna manera inexorablemente influyen sobre los programas, los textos y las pautas a su cargo. Del mismo modo en que resulta vital la separación tajante entre la religión y el poder político, la educación demanda que no se politice si el objetivo fuera el establecimiento de una sociedad abierta.

 

En algunos países, en épocas en donde comenzó la irrupción de la educación estatal  se ha ocultado  el hecho de que con anterioridad existían escuelas privadas que en gran medida desaparecieron y fueron barridas del mercado debido a la alegada “gratuidad” de las primeras. El encandilamiento que produjo este fenómeno no permitió tomar nota del proceso que tenía lugar en el sector privado, en base a la filantropía, los centros educativos parroquiales y a las entidades típicas de la educación financiadas en este último caso con las matrículas y cuotas estudiantiles.

 

Se mantiene que los niños debieran contar con un minimum de enseñanza tal como el aprendizaje de la lectura y la escritura, pero si los padres de familia consideran que eso es importante, es eso a lo que se le otorgará prioridad tal como ha ocurrido a través de la historia por medio de pagos directos o por medio de becas. No hay necesidad de introducir la compulsión para lo que la gente considera importante en la currícula educativa.

 

Es muy cierto que la educación es fundamental pero más importante aun es el estar bien alimentado y ninguna persona de sentido común, a esta altura, propondrá que la producción de alimentos esté en manos del estado como era el sistema impuesto por Stalin y sus imitadores pasados y presentes porque la hambruna es segura. Cuando la política se hace cargo de la educación, aparece otro tipo de hambruna que es la espiritual y cultural.

 

En un plano más amplio, tal vez el clima que prepara con mayor fuerza para la antedicha hambruna intelectual es la corrupción de la democracia, originalmente propuesta como el respeto de las mayorías a los derechos de las minorías. Lamentablemente, de contrabando, el sistema a degenerado para instalar en cambio un sistema infame que se identifica con la cleptocracia, es decir, el gobierno de los ladrones de libertades, de propiedades y de sueños de vida.

 

Si prestamos atención a los escritos de historiadores, comprobaremos que, comenzando con Atenas,  no había interferencia estatal en materia educativa. Cualquiera podía instalar un colegio y competir para atraer alumnos a muy diferentes precios y condiciones, lo cual produjo como resultado la mejor educación del mundo de entonces. En contraste con este procedimiento, en Esparta se impuso un sistema militar y totalitario lo cual redundó en una sociedad que fue la menos ilustrada de aquél entonces, solo entrenada en la fuerza bruta que perseguía y agredía a los vecinos y disidentes interiores lo cual hizo tabla rasa con lo que se conoce como vidas privadas.

 

Roma contaba básicamente con un sistema educativo libre de regulaciones durante la República, lo cual se fue modificando durante el Imperio hasta requerir licencias para las escuelas y se persiguió y condenó a maestros cuyas enseñanzas eran desaprobadas por el gobierno.

 

En el mundo árabe, la educación estaba basada en el sistema libre de Atenas. Esta fue el motivo central que explica el progreso notable en arquitectura, medicina, economía, derecho, geometría, álgebra, filosofía, agricultura, literatura y música durante siglos, en lugar de los gobiernos fanáticos de nuestro tiempo que se inclinan a la estatización de la educación como un medio potente de indoctrinar a la gente para lograr propósitos políticos y  religiosos, tal como fue impuesto antes en algunos países cristianos a través del método criminal de la Inquisición y otros procederes autoritarios.

 

En España, durante los ocho siglos de gobierno musulmán, los historiadores han consignado el enorme progreso en los más variados campos que acabamos de mencionar, incluyendo la tolerancia para con judíos y cristianos.

 

Debido a que el control gubernamental poco a poco se fue propagado en materia educativa, desde el siglo xvii se instaló el primer sistema de educación estatal en Alemania, en Suiza y en Francia. Ya en el siglo xviii la mayor parte de Europa estuvo bajo la influencia de este sistema (excepto Bélgica que impuso el sistema en 1920).

 

En Estados Unidos -excepto en New England- la educación era libre, lo cual cambió dramáticamente en el siglo veinte donde se revirtió la política en cuanto al establecimiento  compulsivo para atender colegios y la Secretaría de Educación se estableció en los años setenta. Originalmente, en las colonias, tuvo gran preponderancia e influencia la educación parroquial que respondía a diversas denominaciones religiosas. Más adelante, en algunas colonias en las que comenzó la educación estatal, ésta era financiada a través de la lotería del estado para no recurrir a la compulsión.

 

El argumento de que los colegios del estado y la correspondiente supervisión deben estar en manos gubernamentales para “fabricar un buen ciudadano” constituye un pobre argumento y una excusa burda para el antes referido adoctrinamiento. Esta es la razón por la que es errado suponer que cuanto más gaste el gobierno en educación la situación mejorará. Antes al contrario, a través de la politización la situación educativa se torna más difícil si es que se pretende contar con personas con criterios independientes en el marco de una sociedad de hombres libres.

 

La difusión de las ideas estatistas, colectivistas y autoritarias de Herder, Fichte, Hegel, Schelling, Schmoller, Sombart y List en colegios y universidades alemanas (las cuales fueron anticipadas parcialmente por Bismark en el terreno político) es uno de los principales motivos que explican la irrupción de Hitler. Y una vez que los nazis asumieron el poder, el sistema fue apoyado por intelectuales como Keynes, quien en el prefacio a la edición alemana de 1936 de su Teoría general escribió que “la teoría de la producción como un todo, que es a lo que apunta el presente libro, es mucho más fácilmente aplicable a las condiciones de un estado totalitario que la teoría de la producción y distribución de los resultados producidos bajo las condiciones de la libre competencia y del laissez-faire”.

 

Quisiera cerrar esta presentación telegráfica con una cita de Ludwig von Mises de su obra The Free and Porosperous Commonwealth donde destaca que “hay en realidad solo una solución: el estado, el gobierno y las leyes no deben en modo alguno interferir con la educación. Los fondos públicos no deben utilizarse para esos propósitos. La educación y la instrucción de la juventud debe dejarse enteramente a los padres y a las asociaciones e instituciones privadas”.

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Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa.