Colombia en camino a la OCDE. Los problemas de que enfrenta (por ejemplo, propiedad intelectual), son los que esperan a Argentina

Por Martín Krause. Publicado el 19/3/18 en: http://bazar.ufm.edu/colombia-camino-la-oecd-los-problemas-enfrenta-ejemplo-propiedad-intelectual-los-esperan-argentina/

 

El actual gobierno argentino se propuesto que el país vuelva a ser parte de la comunidad internacional de naciones. Es necesario recordar que gobiernos anteriores hicieron todo lo posible en el sentido contrario: declararon el default de la deuda soberana, repudiaron el cumplimiento de tratados bilaterales de inversión, acumularon demandas por incumplimiento de las reglas de la OMC y buscaron aliados entre los peores vecinos del planeta, como Venezuela o Irán.

Este retorno es claramente aprobado por la población argentina, la que no quiere sentirse como un pendenciero global, sino que pretende ser al menos un ciudadano global correcto. Lo que no parece muy claro es si están al tanto de los costos que esto implicará, de los esfuerzos que el país deberá realizar para alcanzar ese objetivo.

He aquí un ejemplo: Argentina quiere pertenecer a la OCDE, que es algo así como un club de países desarrollados para compartir políticas públicas y reducir barreras o compatibilizar regulaciones relacionadas con inversiones, servicios, intercambios y otras normas que puedan afectar las relaciones entre los países miembros.

Pero como en muchos clubes, el ingreso tiene un costo; muchas veces hay que pagar o es necesario ser presentado por algunos que ya son miembros o hay que acreditar una determinada condición. Da la sensación de que en Argentina se avala la intención de pertenecer a grupos como éste, pero hay poca discusión sobre los requisitos necesarios para la membresía.

En estos días, algunas noticias por otra parte del continente dan una muestra de lo que esto puede significar. Un caso interesante para seguir es el de Colombia, país que también quiere ser miembro de la OCDE y ha iniciado el proceso de admisión un poco antes. Colombia se encuentra varios escalones por encima de Argentina en cuanto a libertad económica se refiere y le lleva a Argentina 34 puestos en el Índice de Calidad Institucional, ha mejorado 145 posiciones desde 2007. En el Índice de Libertad Económica de la Heritage Foundation se encuentra en el puesto 42, mientras que Argentina está 144.

No obstante, Colombia no tiene el camino fácil. Por un lado, ha estatizado alguna empresa de  servicios públicos, enfrenta demandas en la OMC por los requisitos de certificación de origen de los productos importados que sean catalogados como de riesgo “medio” o “alto” y, en algo que Argentina aún está peor, ha sido señalado como un país que no tiene una protección de la propiedad intelectual apropiada: http://thehill.com/opinion/international/359996-colombia-must-enact-reforms-before-joining-rest-of-world-on-the-economy

No hay un control de la piratería y hay ciertas intervenciones en el mercado de productos farmacéuticos que parecen no cumplir con las normas internacionales. El documento que presenta el camino para el acceso de a la OCDE (Roadmap for the Accession of Colombia to the OECD Convention) del año 2013, reclama el seguimiento de las mejores prácticas en políticas de ciencia y tecnología, lo que incluye la protección de los derechos de propiedad intelectual, desarrolladas por el Comité respectivo.

La OECD tiene además un consejo consultivo empresario que se llama The Business and Industry Advisory Committee, que presenta recomendaciones a la organización y, al respecto, llama la atención que si bien ha mejorado algo las normas sobre la declaración de interés público de un determinado producto farmacéutico, que sería el primer paso para el otorgamiento de una licencia compulsiva (que elimina el efecto de una patente y permite copiar un producto patentado), con lo que el Ministerio de Salud buscaría reducir precios en el mercado, otras normas todavía mantienen abierta la posibilidad de intervenir en los precios de los productos. Al mismo tiempo, alguna agencia gubernamental (INVIMA) ha negado la protección de los datos que sustentan las investigaciones y pruebas de productos patentados, motivo por el cual el país está recibiendo reclamos de incumplimiento de sus obligaciones internacionales en los tratados sobre la materia (TRIPS).

En fin, se trata solamente de un ejemplo, de lo que puede esperar más adelante a la Argentina en este mismo camino que Colombia ya está recorriendo, partiendo de una situación que es peor a la de ese país en algunos aspectos. Y dadas las resistencias que aquí se generan cuando se afectan los intereses de algunos grupos locales que han crecido al amparo de alguna protección o privilegio, más vale que, si persisten en el objetivo de integrarse a la OECD, vayan removiendo los obstáculos que ya están allí delante.

 

Martín Krause completó su doctorado en Administración en la Universidad Católica de La Plata, es profesor de Derecho y Economía en la Facultad de Derecho e Historia del Pensamiento Económico (Escuela Austriaca) de la Facultad de Economía de la Universidad de Buenos Aires. Miembro de la Sociedad Mont Pérérin. Fué Rector, Director de Investigación y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade). En 1993, recibió el Eisenhower Fellowship. También recibió el Premio de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires 2007.

La industria ya está grande, que compita sola

Por Iván Carrino. Publicado el 11/6/17 en: http://www.lanacion.com.ar/2032231-la-industria-ya-esta-grande-que-compita-sola

 

Por ser el padre del liberalismo, muchos creen que Adam Smith defendía a capa y espada a los empresarios. Sin embargo, el lúcido pensador escocés advertía, ya en 1776, que “las personas de un mismo ramo comercial rara vez llegan a reunirse sin que la conversación termine en una conspiración contra el público, o en alguna maquinación para elevar los precios”.

Los empresarios no son ni buenos ni malos, pero como cualquier otro ser humano, están interesados en maximizar su bienestar individual. Si eso implica vulnerar los intereses de terceros, que así sea. De aquí la importancia que Smith, así como toda la tradición liberal posterior a él, le asignó a la competencia inherente a la economía de mercado.

En nuestro país, sin embargo, la advertencia de Smith sigue vigente. La opinión pública muestra una excesiva preocupación por el desempeño de la “industria nacional”. Esto es aprovechado por los industriales, para avanzar en una agenda intervencionista que genera beneficios para ellos, pero a costa de todos los demás.

Las alarmas encendidas por el desempeño de la manufactura son algo contradictorias. En 2014, cuando el sector se contrajo 4,9% (Indec), nadie ponía en duda el carácter industrialista del gobierno de Cristina Kirchner. En 2016, cuando la caída fue de 4,8%, el clamor contra la “desindustrialización” fue ensordecedor.

Hay que tener en cuenta es que la mirada sesgada proindustria no tiene mucho sentido hoy. En su momento se habló de países “industrializados” como sinónimo de “desarrollados”, pero hoy los países donde mejor se vive tienen un sector manufacturero inferior al 25% del PBI. Los servicios explican cerca del 70%. En EE.UU. la industria representaba el 29,4% del PBI en 1947 y hoy representa solo el 13,8%. En ese período, la riqueza de los estadounidenses se multiplicó por cuatro.

Lo relevante para que mejore la calidad de vida de la gente, no es el avance de un sector particular, sino de toda la producción. Y para ello no se necesitan “políticas activas” o proteccionismo, sino libertad económica. Es totalmente insignificante si lo que se produce son bienes materiales o servicios. Si la economía crece, la prosperidad aumenta y se reduce la pobreza.

La agenda de los industrialistas implica restringir el comercio, otorgar subsidios y privilegios especiales. Eso lo paga el consumidor, con precios más altos, y toda la economía, con una tasa menor de crecimiento. Si el Gobierno quiere cambiar en serio, tiene que abandonar por completo la idea de defender una industria nacional. La industria ya está grande. Que compita sola, como hacemos todos.

 

Iván Carrino es Licenciado en Administración por la Universidad de Buenos Aires y Máster en Economía de la Escuela Austriaca por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es editor de El Diario del Lunes, el informe económico de Inversor Global. Además, es profesor asistente de Comercio Internacional en el Instituto Universitario ESEADE y de Economía en la Universidad de Belgrano.

El Mercosur no existe, la impunidad si:

Por Alberto Benegas Lynch (h). Publicado el 5/1/15 en: http://www.cronista.com/columnistas/El-Mercosur-no-existe-la-impunidad-si-20150105-0031.html

 

El Tratado de Asunción de 1991 establece como eje central la libre circulación de personas, bienes, servicios y factores de producción entre sus miembros y asociados. Pues bien, eso no existe ni remotamente. Los controles aduaneros, las pesquisas, las trabas y los recargos están a la orden del día como si el antedicho compromiso no se hubiera firmado, especialmente por parte de gobiernos como el argentino y el venezolano.
Ahora resulta que como un buen guión de Woody Allen el parlamento argentino aprueba una ley al efecto de otorgar inmunidad de arresto a quienes se elijan para ejercer el cargo en el 2020 pero con aplicación efectiva desde su elección.
Como se ha señalado este escándalo contradice la Constitución argentina y las disposiciones del mismo Mercosur, pero independientemente de ello, subrayamos que se discute acaloradamente sobre una cáscara sin contenido al solo efecto de proteger y dar inmunidad –en realidad impunidad– a gobernantes que supuestamente han delinquido abusando de la representatividad otorgada por la gente al efecto de proteger sus derechos. Todo este aspaviento y esperpento es realmente cómico si no fuera dramático por la desfachatez con que se opera.
Pero volvamos al fondo referido al incumplimiento del tratado de marras. La sandez de vivir con lo nuestro típico de trogloditas, sigue influyendo sobre no pocos políticos. Los aranceles, tarifas y demás obstáculos al comercio exterior inexorablemente significan mayor inversión por unidad de producto, es decir, fuerzan a destinar mayor proporción de la riqueza disponible que la que hubiera resultado de no mediar las aludidas trabas, lo cual, a su turno, significa menor nivel de vida.
Se suele repetir el archiconocido argumento falaz de Friedrich List sobre la llamada industria incipiente que apunta a que se proteja a ciertas actividades empresarias locales hasta que estén en condiciones de competir. Sin embargo, si se trata de un proyecto rentable que arroja quebrantos durante los primeros períodos para luego ser más que compensados por ganancias, el tramo de pérdidas lo debe sufragar el empresario en cuestión vendiendo su proyecto a terceros si no dispusiera de los suficientes fondos. Si nadie lo compra es por uno de dos motivos: o se trata de un cuento chino o, siendo rentable, resulta que hay otros emprendimientos que se estima son prioritarios y, como los recursos son escasos, todo no puede encararse simultáneamente, por ende, la situación comentada debe dejarse para otra oportunidad. Pero en ningún caso debe imponerse la traslación de los costos sobre las espaldas ajenas vía gravámenes que empobrecen a todos y solo enriquecen a empresarios prebendarios. Ingresar bienes y servicios más baratos, libera recursos humanos y materiales para ser asignados en otras faenas, del mismo modo que ocurrió con el hombre de la barra de hielo cuando irrumpió la heladera o con el fogonero cuando aparecieron las locomotoras modernas.
Resulta triste observar un cuadro de situación en donde los funcionarios debaten acerca de cargos burocráticos de una entidad más bien fantasmal que no existe ni cumple funciones relevantes. Varios de nuestros socios del Mercosur se han quejado airadamente por los controles y trabas en las fronteras que imponemos a pesar del compromiso de eliminarlas, pero, eso si, las remuneraciones y las pretendidas impunidades están siempre a la cabeza de buena parte de las agendas políticas.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. En Administración. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y fue profesor y primer rector de ESEADE.