Argentina, no es Tesla: ¿híper o ajuste de hecho?

Por Alejandro Tagliavini. Publicado el 17/2/20 en: https://www.ambito.com/economia/tesla/argentina-no-es-tesla-hiper-o-ajuste-hecho-n5083274?fbclid=IwAR3EDUVQNK90VvaDxkDM1hvwhH-6aY2Tq31xRo87okfTB8Akg8AGsFza7F0

 

Argentina, no es Tesla: ¿híper o ajuste de hecho?

En lo que va de febrero, los mercados globales suben: el S&P 500 más de 4,5% llegando a máximos históricos. Ahora, trepan los sectores de mayor riesgo, el ETF de semiconductores VanEck Vectors (NYSE:SMH) más de 10%, el de SPDR S&P Biotech (NYSE:XBI), casi 9% y el de SPDR (NYSE:XLK) del sector tecnológico 6,5%. En cambio, han tenido el peor desempaño los de aversión al riesgo: el ETF SPDR (NYSE:XLU) de servicios públicos y los ETF SPDR (NYSE:XLP) de consumo y de productos de primera necesidad.

De confirmarse el fin de la aversión, el precio del bono del Tesoro a 10 años -inversión segura- bajaría, ergo, el rendimiento podría llegar hasta el 2% (el viernes cerró a 1,588%). Además, según muchos, materias primas como el petróleo formaron un patrón de reversión alcista -“cuña descendente”- del que ya salió, lo que sugeriría que los precios pueden subir, incluso hasta u$s56.

Hablando de riesgo, destaca Tesla. Gracias a un “círculo virtuoso” recaudó unos u$s14.000 M en la última década. Con altibajos, su acción el viernes cerró a u$s 800 y así su capitalización de mercado superó los u$s150.000 M, detrás de Toyota una de las automotrices mejor valuadas. Tesla planea otra oferta de u$s2.000 M para apuntalar más su balance y financiar su presupuesto 2020 de u$s3.500 M, más del doble que el año pasado.

Ahora, para llegar hasta aquí asumió una deuda de u$s12.500 M, el doble de la cantidad de efectivo y equivalentes que tenía al final de 2019. Por cierto, arrecian las críticas a su balance que contabilizaría ganancias que serían subsidios estatales. Sus defensores dicen que en el último trimestre logró un cash-flow operativo de u$s1.000 M, con lo que su caja paso de u$s5.000 a 6.000 M, que el crecimiento del automotor eléctrico es exponencial y recalcan que Tesla es más una empresa tecnológica, energética y de baterías con una tecnología muy superior a la de la competencia.

Sea como fuere, el mercado ve números positivos tanto que las acciones se han más que triplicado desde que la compañía lanzó el primero de dos informes de ganancias trimestrales. Y ha ocurrido algo “contra natura”: la acción subió 4,8% después del anuncio de oferta de nuevas acciones con un descuento de 4,6%.

Argentina no puede recaudar un peso en deuda. Para muchos, la capacidad para repagar sus compromisos depende de la trayectoria fiscal y la exportadora. Por cierto, mejor si son exportaciones en dólares porque las demás monedas pierden valor. El euro está en su cota más baja desde abril de 2017 por varios motivos: el BCE sostiene tasas más bajas que la Fed, los datos -producción industrial, etc.- de la eurozona empeoran y el dólar aventaja como refugio seguro. El euro podría caer hasta 1,05 por dólar según analistas. El real, en tanto, cae 8% en febrero y cerró el viernes a 4,297 por dólar.

No hay posibilidad, dice Economía, de una reducción del déficit primario en 2020. Pero se da de hecho. El Índice de Equilibrio Fiscal del CENE mejoró en diciembre un 38% respecto al mes previo. Ahora, la recaudación tributaria nominal aumentó, pero fue 1,1% menor en términos reales. O sea que bajó el gasto en términos reales.

Más deuda es imposible, ni en pesos. Por el cepo el mercado ya estaba cerrado para inversores extranjeros en moneda local. Economía pretendía negociar los compromisos en moneda dura y rollear los de moneda local. El traspié con el bono dual (AF20), puso en jaque el rolleo que acabaría definitivamente si no se pagan los próximos vencimientos.

Según Economía, no solo no es deseable por razones sociales el ajuste, sino que macroeconómicamente no es sostenible: la austeridad fiscal no funcionaría en un contexto recesivo, ya que una mayor contracción del gasto generaría menor actividad económica, menor recaudación, ergo, igual déficit fiscal. Esto sería cierto si no fuera que, el gasto del Estado es dinero -gasto- quitado al sector privado restado lo que se queda en la burocracia, es decir que “gasta” menos.

En enero, la brecha entre la suba del IPC (52,9% i.a.) y la de la recaudación (44,9% i.a.) está en 8%. Es decir, más presión tributaria sencillamente aumenta la recesión y entonces cae la recaudación. Y, para el Ieral, la presión tributaria nacional aumentará en 1,2% del PBI en 2020 respecto a 2019.

Así, la actividad económica caerá más por la suba impositiva de lo que caería por la baja en el gasto público. Solución: solventar el gasto sin subida de impuestos ni inflación ni endeudamiento, vendiendo propiedades.

Con impuestos en baja en términos reales, sin poder tomar deuda ¿cómo pagarán los intereses de la deuda (del orden del 3,5% del PBI) durante los próximos años? Si no venden propiedades, solo queda mayor emisión monetaria hasta que la híper traiga acarreado un brutal ajuste, de hecho, en los gastos del Estado y en el bolsillo de todos.

 

Alejandro A. Tagliavini es ingeniero graduado de la Universidad de Buenos Aires. Asesor Senior de The Cedar Portfolio, Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California y fue miembro del Departamento de Política Económica de ESEADE. Síguelo como @alextagliavini

La “propiedad” en el peronismo (2° parte)

Por Gabriel Boragina. Publicado en: http://www.accionhumana.com/2020/01/la-propiedad-en-el-peronismo-2-parte.html

 

Continúa diciendo la “constitución” peronista el 49:

“Art. 39. El capital debe estar al servicio de la economía nacional y tener como principal objeto el bienestar social. Sus diversas formas de explotación no pueden contrariar los fines de beneficio común del pueblo argentino”.[1]

Se trata, como en el caso del artículo anterior, del modelo fascista que bien explicita L. v. Mises, y que persigue llegar al socialismo por una vía que, nominalmente, aparenta mantener la propiedad en cabeza de particulares, pero que deja de ser privada por cuanto quien substantivamente figura en los registros públicos como “propietario” no es libre de usar y disponer de lo “propio” que, por tal motivo, deja -en los hechos- de ser propio. Como en el caso anterior, no se define qué debe entenderse por “economía nacional” y cómo se cumple ese “bienestar social” y “común”. Queda implícito que tales contenidos el estado-nación se reserva el derecho a precisarlos a su entero arbitrio y decisión. La fórmula es lo suficientemente amplia como para dejar abierta la puerta a cualquier arbitrariedad.

Si el “estado” se reserva concretar que debe admitirse por “servicio” a “la economía nacional” va de suyo que es aquel quien determina cómo debe el teórico “dueño” del capital arbitrar sobre él. En la realidad, es el que manipula ese capital quien delimita en qué consiste ese “servicio a la economía nacional”, es decir, el gobierno peronista o -más precisamente- su líder, J. D. Perón, quien realmente decretaba dichos contenidos y los cambiaba a su gusto.

“Art. 40. La organización de la riqueza y «u explotación tienen por fin el bienestar del pueblo, dentro de un orden económico conforme a los principios de la Justicia social. El Estado, mediante una ley, podrá Intervenir en la economía y monopolizar determinada actividad, en salvaguardia de los Intereses generales y dentro de los límites fijados por los derechos fundamentales asegurados en esta Constitución. Salvo la Importación y exportación, que estarán a cargo del Estado de acuerdo con las limitaciones y el régimen que se determine por ley, toda actividad económica se organizará conforme a la libre Iniciativa privada, siempre que no tenga por fin ostensible o encubierto dominar los mercados nacionales, eliminar la competencia o aumentar usurariamente los beneficios.”[2]

Este párrafo del artículo da cumplimiento al punto 7 del Manifiesto Comunista pese a que habla vagamente de “límites” los cuales no se explicitan. El gobierno se reserva (como en los casos anteriores) definir qué ha de interpretarse por “bienestar del pueblo”, “principios de la justicia social”, “intereses generales”, todas fórmulas deliberadamente nebulosas y vacías destinadas a que J. D. Perón las especificara a su exclusivo antojo y preferencia.

La norma decreta la estatización del comercio exterior y condiciona el interior a la directa intervención de la economía y su monopolización. La mención final -como al pasar- de la “libre iniciativa privada” luce risueña comparada con los textos de los arts. 38, 39 y este primer párrafo del 40, que instituyen por vía indirecta los arts. 1, 7 y 9 del Manifiesto Comunista. Los párrafos siguientes de este extenso art. 40 van demostrando como se acaba de aniquilar toda la hipotética “libre iniciativa privada” que concluye siendo derogada sin decirlo expresamente o -peor aún- negando dicha anulación. Sigamos:

“Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedades Imprescriptibles e inalienables de la Nación, con la correspondiente participación en su producto, que se convendrá con las provincias.”[3]

Se destruye la propiedad provincial y se reserva a los privados la de los vegetales. Es decir, el suelo (excepto los vegetales) también pertenecía a la nación según este artículo. Conforme el ya visto art. 38 “Incumbe al Estado fiscalizar la distribución y la utilización del campo e Intervenir con el objeto de desarrollar e Incrementar su rendimiento”, en tanto el art. 40 -en su primer párrafo- aclaraba que “podrá Intervenir en la economía y monopolizar determinada actividad”. Es claro que no se deja margen alguno a la propiedad privada y -por ende- a la declamada “libre iniciativa individual”.

“Los servicios públicos pertenecen originariamente al Estado; y bajo ningún concepto podrán ser enajenados o concedidos para su explotación. Los que se hallaren en poder de particulares serán transferidos al Estado mediante compra o expropiación v con indemnización previa, cuando una ley nacional lo determine.”[4]

Como se observa, esta norma cumple con el art. 6 del Manifiesto Comunista y va más allá, porque incluye a todos los servicios públicos. El articulo decreta la estatización de jure de todos los servicios públicos, es más, se reserva el derecho a definir qué ha de considerarse un “servicio público” y qué no. Es decir, los servicios dejan de ser verdaderamente “públicos” para pasar a ser estatales. Nótese que la indemnización previa se condiciona a que una ley lo determine, lo que significa que hasta que esa ley no se dictara el gobierno podía expropiar sin indemnización alguna.

“El precio por la expropiación de empresas concesionarias de servicios públicos será, el de; costo de origen de los bienes afectados a la explotación menos las sumas que se hubieren amortizado durante el lapso cumplido desde el otorgamiento de la concesión y los excedentes sobre una ganancia razonable, que serán considerados también como reintegración del capital invertido”.[5]

No sólo se ponía fin a la concesión, sino que -por encima de ello- se expropiaba a la empresa concesionaria también. Se obligaba la expropiación de las empresas de servicios públicos, con lo que prácticamente no había actividad privada alguna que pudiera escapar a la estatización de casi todos los bienes, posesiones y servicios privados. La fórmula indemnizatoria no preveía el ajuste por inflación que ya en esa época era una de las más altas de la región, ni los valores de mercado. Los registros históricos, no obstante, demuestran que las empresas se confiscaban, pese a la letra de la “constitución”,

[1] Dr. Carlos Sánchez Viamonte “DECLARACIONES, DERECHOS Y GARANTÍAS” EN LA CONSTITUCIÓN ARGENTINA. Valoración y análisis. Su práctica. Enciclopedia Jurídica OMEBA-Tomo 5 Letra D Grupo 5.

[2] Sánchez Viamonte, C. ibidem.

[3] Sánchez Viamonte, C. ibidem.

[4] Sánchez Viamonte, C. ibidem.

[5] Sánchez Viamonte, C. ibidem.

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE. Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero. Síguelo en  @GBoragina

Argentina y la ‘marmota’ antiliberal

Por Carlos Rodriguez Braun: Publicado el 6/5/19 en: http://www.elojodigital.com/contenido/17559-argentina-y-la-marmota-antiliberal

 

En la República Argentina, la inflación de marzo alcanzó el 4,7 %, e hizo saltar todas las alarmas del gobierno de Mauricio Macri, que afronta un cercano desafío electoral. Los argentinos, como en el día de la marmota, volvieron a vivir no solo la expectativa de una mayor inflación, y devaluación del peso frente al dólar, sino el regreso del control de precios.

Marcos Peña, Mauricio Macri, Fracaso económicoEstos controles llevan fracasando cuatro mil años, y producen siempre más pobreza y más escasez, como saben ahora los venezolanos, y han experimentado los propios argentinos varias veces en el pasado, bajo distintas denominaciones: precios controlados, concertados, cuidados, etc. Lo que Macri y los suyos han impuesto es un nuevo ‘acuerdo de precios‘, que afecta a sesenta productos de primera necesidad, y que se prolongará durante toda la campaña electoral, junto con una congelación de las tarifas de los servicios públicos —otro ejemplo de la marmota, puesto que los argentinos han pasado por la experiencia de esas congelaciones, que frenan lógicamente las inversiones, y que terminan deteriorando esos servicios a medio plazo.

Con una gran presión fiscal y una actividad económica languideciente, el Gobierno teme naufragar en un triángulo de las Bermudas que los argentinos también han padecido antes: inflación-recesión-devaluación, escribió el periodista Carlos Pagni en La Nación.

Acaso la más increíble de las marmotas sea el posible regreso del kirchnerismo, la pesadilla populista de la cual los argentinos pensaron que se habían librado en 2015. No fue así, aunque Macri creyó que los argentinos iban a confiar en él, hiciera lo que hiciera, y sobre todo creyó que lo preferirían siempre ante la opción del retorno de Cristina Fernández de Kirchner. Se instaló entonces en el llamado gradualismo, es decir, unas políticas moderadas que no recortaran el abultado gasto público redistributivo, característico del populismo kirchnerista.

Macri probó ser así el Rajoy argentino, huyendo del liberalismo e intentando atraer votos con políticas antiliberales. El riesgo, naturalmente, es que la gente prefiera el original a la copia. Ese riesgo aumenta cuando la copia se parece cada vez más al original kirchnerista. El último acto ha sido, precisamente, el control de precios, que evoca las medidas fascistoides adoptadas en ese sentido por el kirchnerismo. Para colmo, como señala Pagni, los propios kirchneristas están haciendo propósito de enmienda de cara a las elecciones, y aseguran que ellos, igual que hacen los izquierdistas y populistas en España, ya no se miran en el espejo de Nicolás Maduro sino en el de António Costa, el socialista portugués con una imagen de seriedad y disciplina económica y fiscal.

Mauricio Macri se hunde en las encuestas mientras la inflación se mantiene elevada a pesar de que el Banco Central no emite más pesos —ello se debe a una combinación temporal de caída en la demanda de dinero y en la oferta de bienes y servicios, aclara el economista Roberto Cachanosky en Infobae.

Por fin, otra vieja marmota es el Fondo Monetario Internacional, que, como siempre, quiere estar y no estar: quiere apoyar al Gobierno, pero no ser señalado como responsable de un eventual estallido inflacionario y devaluatorio. El Gobierno de Macri también sabe que cortar con el Fondo, como concluyó el analista Iván Carrino, ‘significa bajar abruptamente el gasto público, cobrar más impuestos o emitir y generar más inflación’.

 

Carlos Rodríguez Braun es Catedrático de Historia del Pensamiento Económico en la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Consejo Consultivo de ESEADE

Los que pagan impuestos

Por Carlos Rodriguez Braun: Publicado el 13/7/16 en:  http://www.carlosrodriguezbraun.com/articulos/expansion/los-que-pagan-impuestos/

 

Los que pagan impuestos son los que no pueden evitar pagarlos.

Frente a esto cabe incurrir en falacias buenistas. Así, alguna persona puede alegar que paga impuestos porque piensa más en la colectividad que en su individualidad, porque cree en la igualdad de los ciudadanos, porque quiere que haya servicios públicos, o porque piensa que en algún momento puede necesitar una ayuda ante un contratiempo. Son gentes que presumen de tener conciencia social, frente a los malvados liberales.

Pero la característica de los impuestos no es que sufraguen cosas útiles y apreciadas por la comunidad, porque esto lo hace y ha hecho siempre la sociedad civil, que también ha ayudado desde siempre a los desfavorecidos. Los servicios públicos fueron originalmente privados, y podrían volver a serlo, porque se financian con un dinero que existe en los bolsillos de los ciudadanos. Los impuestos no son indispensables para protegernos ante las adversidades, porque para eso se inventaron hace siglos los seguros.

Los impuestos tienen dos características exclusivas: por un lado, nos obligan a pagarlos, tanto nos obligan que podemos ir a la cárcel si no lo hacemos; y, por otro lado, con ese dinero nuestro se financia una cesta de bienes y servicios que no elegimos cada uno personalmente, sino que alguien elige por nosotros. Estas dos son las diferencias entre el Estado y el mercado. Los impuestos no garantizan ninguna igualdad, porque la coacción no lo hace, y los Estados siempre discriminan. La igualdad la encontramos en el mercado, porque el dueño no puede obligarnos a comprar lo que no deseamos.

Con lo cual, apreciar los impuestos no significa ser bueno, justo y solidario, no es tener conciencia, sino que es simplemente apreciar la coacción del poder sobre el conjunto de la población. Por supuesto, aducir que los impuestos están bien porque los vota democráticamente un Parlamento no sólo es ignorar los problemas de la elección colectiva reconocidos desde hace mucho tiempo sino, aún peor, es difuminar los límites del poder, es decir, extinguir la libertad.

Por otro lado, los que no pagan impuestos son los que pueden hacerlo. Millones de personas evaden impuestos, en España y en todos los demás países. Es imposible razonar como si fueran ladrones, violadores o asesinos: ninguna sociedad podría mantenerse con millones de ladrones. En consecuencia, es absurdo sostener que los evasores son delincuentes como los demás, y es de una lógica audaz afirmar que la evasión no tiene que ver con la presión fiscal sino solo con la perversión humana.

Finalmente, un truco pueril es proclamar que los problemas se resolverían “si todos pagaran lo que deben”. La trampa estriba en que primero suben los impuestos, fomentando el fraude, y después persiguen a la población, pero, eso sí, sólo para que pague “lo que debe”, como si eso que debe nunca pudiera ser excesivo, usurpador y confiscatorio.

 

Carlos Rodríguez Braun es Catedrático de Historia del Pensamiento Económico en la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Consejo Consultivo de ESEADE.

Economía: a su ritmo, el gobierno avanza

Por Roberto H. Cachanosky. Publicado el 12/1/16 en: http://economiaparatodos.net/economia-a-su-ritmo-el-gobierno-avanza/

 

Con el intercambio de ideas que puede haber, el gobierno avanza en el tema clave del gasto público.

Gran parte de los economistas sabemos que la madre de todas las batallas para frenar la inflación consiste en bajar el gasto público. El déficit fiscal explica la totalidad de la expansión monetaria,  que no es menor, la cual impulsa el proceso inflacionario.

Frente al problema fiscal hay diferentes propuestas. Una consiste en recurrir al viejo mecanismo de licuar el gasto público vía un proceso inflacionario dejando intacta la ineficiente infraestructura del Estado. En efecto, si se licua el gasto público con una llamarada inflacionaria para que disminuya el peso de los salarios estatales en términos reales, la realidad es que el gasto baja en la nómina salarial pero sigue sobrando gente en el sector que entorpece el funcionamiento del sector privado. Digamos que la burocracia estatal tiene anticuerpos para defenderse de su reducción y tiende a inventarse tareas. Es decir, los burócratas se inventan funciones que no solo son innecesarias sino que, además, entorpecen al sector privado en su proceso de creación de riqueza. Por un lado hay menos riqueza de la que podría haber por el entorpecimiento estatal y, por otro lado, quienes entorpecen consumen pero no generan riqueza. La burocracia estatal se multiplica en defensa propia. Por eso, de existir plafón político, la mejor forma de solucionar el problema del gasto público es recurriendo a un presupuesto base cero, teniendo presente que las funciones del estado son defender el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de las personas. El principio básico es que una vez definida la cantidad de recursos que se destinarán a cumplir estas tres funciones básicas del estado, ninguna otra función puede ser llevada a cabo por el estado afectando las tres primeras mencionadas. Ejemplo, si se quiere ver Fútbol Para Todos no puede hacerse a expensas de proteger el derecho a la vida, la propiedad y la libertad de las personas. La gente tendrá que pagar impuestos adicionales para financiar el Fútbol Para Todos sin afectar la calidad en todo lo que hace a defender el derecho a la vida, la libertad y la propiedad de las personas.

Ahora que los k salen a hacerse los sensibleros porque no les renuevan los contratos a los ñoquis militantes, creo que sería bueno que desde el gobierno se le explicara a la gente que esas medidas se toman para reducir la carga impositiva que paga la gente decente que trabaja y para no restarle recursos a las funciones fundamentales del estado.

Otra opción para bajar el gasto público consiste en hacer lo que está haciendo el gobierno actualmente. En términos nominales va reduciendo los ñoquis militantes, aunque no parece querer tocar  por ahora el stock de burocracia no militante heredada, anunciar el aumento de las tarifas de los servicios públicos para reducir el gasto y, de esta manera, disminuir el déficit fiscal y la inflación correspondiente.

El mayor enfoque sobre el gasto que veo, por ahora, es la mencionada remoción de ñoquis militantes y la eliminación de subsidios a la energía que en poco tiempo más implementará el gobierno, en el camino correcto.

En mi opinión también debería implementarse y anunciarse un plan de reducción de los llamados planes “sociales”. No veo que sea moralmente aceptable sostener una batería de los llamados planes “sociales” como si una parte de la sociedad tuviera el derecho eterno a ser mantenida por el resto de la sociedad que todos los días se levanta para buscar la forma de cómo ganarse la vida trabajando. En otras palabras, el populismo ha generado esta nefasta idea que unos tienen derecho a ser mantenidos por otros, pero el kirchnerismo lo llevó a su máxima expresión en la búsqueda de poder político.

Habría cuatro grandes rubros para bajar el gasto público: 1) el exceso de personal, por lo menos empezar con los ñoquis militantes que dejó el kirchnersimo, 2) reducir el gasto en subsidios económicos (energía,  transporte, etc.), 3) un programa de reducción de gastos “sociales” en el cual los mismos no tengan un tiempo ilimitado sino que sean muy acotados en el tiempo y 4) avanzara en el rubro corrupción en obras públicas, rubro sobre el que insiste mi amigo Dardo Gasparré y que Guillermo Dietrich parace haber comenzado interviniendo Vialidad en la Provincia de Santa Cruz.

Considerando que es inevitable bajar en forma urgente la carga tributaria que es, como dice Antonio Margariti, una lápida que sepulta la actividad privada, no veo viable apostar a que el crecimiento de la economía disminuya el peso del estado sobre el gasto público.

Algunos colegas consideran que adoptando ciertas medidas que hagan crecer al sector privado, el peso relativo del sector público se irá reduciendo hasta niveles tolerables. Tengo mis dudas al respecto, porque no veo posible el crecimiento con inflación. A su vez, la inflación es fruto de la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal y todos sabemos que es indispensable para atraer inversiones, bajar la carga tributaria y la inflación. Esto obliga a bajar el gasto en términos reales en el plazo de unos pocos años. Por otro lado, aunque el crecimiento del sector privado pudiera licuar el peso del estado sobre él, la ineficiencia del sector público seguiría intacta. Sería como decir: como nos sobra la plata podemos despilfarrarla en burocracia innecesaria.

En síntesis, francamente no creo que haya mucho margen para bajar la inflación sin bajar la el gasto público. El kirchnerismo lo ha llevado a niveles tan insoportables y la carga tributaria a niveles tan asfixiantes que, me parece, no funcionaría la idea de apostar a un fuerte crecimiento de sector privado para licuar el peso del gasto público. Por el contrario, con este nivel de gasto público, lo más probable es que termine licuándose al sector privado y la cosa empeore.

No estoy diciendo que esto tiene que ser hecho mañana, pero presentar un plan de mediano y largo plazo de equilibrio fiscal es una pata que a mi entender habría que mostrar para generar confianza y empezar a mover el motor de la inversión.

 

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE.

Más bienes públicos provistos voluntariamente: desde información para navegantes hasta corsarios

Por Martín Krause. Publicado el 16/6/15 en: http://bazar.ufm.edu/mas-bienes-publicos-provistos-voluntariamente-desde-informacion-para-navegantes-hasta-corsarios/

 

Con los alumnos de la materia Economía e Instituciones de OMMA-Madrid vemos distintas “Soluciones Institucionales” a los problemas de acción colectiva que plantea la provisión de bienes denominados “públicos”. Allí presento el caso de los faros analizado por Coase y también su provisión totalmente voluntaria en el Río de la Plata. Pero no son los únicos ejemplos. Van otros:

Larry Sechrest (2004) amplía el análisis de Coase, encontrando otra serie de ejemplos en la historia marítima. La vida en el mar antes de los vapores, la radio y el radar era muy similar a la vida en las “fronteras”, donde los “servicios” públicos eran raros o inexistentes y su provisión quedaba en manos de particulares. Uno de los ejemplos que presenta es la historia de los corsarios, que bien podrían ser definidos como emprendedores que proveían servicios de defensa (y de ataque, en verdad), motivados por ganancias, una práctica que persistió durante setecientos años. Esta figura se originó en la restitución por una pérdida ocasionada a un ciudadano por otro de otro país. Este solicitaba y recibía una autorización para capturar barcos de la otra bandera. La primera fue otorgada en Toscana en el siglo XII y en Inglaterra en 1243. Hubo guerras en las que participaron de corsarios. En la de Independencia de Estados Unidos los ingleses comisionaron unos setecientos y los independentistas unos ochocientos.

Corsarios

El autor también presenta la historia de la provisión de información para los navegantes, que en el caso de los Estados Unidos fue elaborada y publicada por Nathaniel Bowdicht en el famoso libro American Practical Navigator, una edición muy completa de lo que hoy son las “cartas de navegación”, publicadas por las autoridades costeras de distintos países. Algo similar podría decirse de la información sobre los barcos y el famoso Lloyd’s Register, con información detallada sobre cada barco, completada luego para los barcos norteamericanos por el American and Foreign Shipping, y para el resto de los barcos europeos por el Bureau Veritas. En la práctica, lo que habían establecido era un sistema global de monitoreo a través de 1,500 agentes en puertos de todo el mundo. De ese modo rastreaban el paradero de cada barco y publicaban la información en el Lloyd’s List, el registro más completo de información sobre movimiento de barcos en el mundo.

Adicionalmente se desarrollaron en el ámbito marítimo una serie de normas y costumbres para facilitar la comunicación entre barcos, la información sobre sus paraderos y la ayuda entre ellos, en las que no intervino ningún organismo gubernamental o internacional. Según la teoría de Samuelson, ninguno de estos servicios hubiera sido provisto en cantidad suficiente debido a la existencia de free riders o “colados” del esfuerzo ajeno. Sin embargo, la historia muestra que no es así; que hubo faros y muchos más servicios marítimos provistos voluntariamente. Así que la provisión estatal de servicios públicos ha de buscar otra luz que los guíe, si es que la hay.

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade).

Un escenario en el fondo previsible:

Por Enrique Zuleta Puceiro: Publicado el 23/4/12 en:  http://www.cronista.com/contenidos/2012/04/23/noticia_0068.html

La decisión del gobierno nacional de asumir en todos sus aspectos el control total de la política de autoabastecimiento de hidrocarburos debe ser interpretada en el contexto del nuevo ciclo de políticas de emergencia que vive el país. La intervención de YPF y la ocupación casi por la fuerza de todas sus oficinas, dependencias, archivos, redes de comunicaciones recordaron a algunos observadores interesados procesos similares que, en muchos momentos y lugares del mundo, sirvieron de punto de partida de procesos de redefinición drástica del papel del Estado en la vida social. Tal vez por ello, gran parte de la prensa nacional se sumó a la promoción del clima de confrontación absoluta que procuraron imponer casi todos los protagonistas del proceso.
No ha sido ese, sin embargo, el talante básico con que una amplia mayoría de la sociedad argentina recibió una noticia sorpresiva pero, por muchas razones, deseada y en el fondo previsible. La expropiación cierra un proceso breve y accidentado de gestión privada nunca entendida del todo por la sociedad argentina.
La privatización de YPF jamás contó, en efecto, con dosis de consenso equivalentes a las del resto de los servicios públicos. Una visión retrospectiva de la evolución de los niveles de apoyo de las reformas iniciadas a principios de los años 90 demuestra con claridad que los mayores consensos se produjeron respecto de los servicios públicos domiciliarios de carácter universal, sobre todo teléfonos, distribución de gas y electricidad, agua y saneamientos urbanos. Las infraestructuras y servicios no universales debieron en cambio imponerse en un clima de debate y suspicacias. Tal fue el caso de la construcción y mantenimiento de rutas, los servicios de correos, o los puertos, aeropuertos y concesiones de transportes.
La exploración y explotación privada de petróleo y gas fue siempre resistida y no por una suerte de fundamentalismo mágico nacionalista, sino por el rechazo de la mayor parte de las fuerzas políticas tradicionales, los viejos y nuevos movimientos sociales y la opinión mayoritaria de técnicos y especialistas. Salvo la opinión de un grupo reducido de economistas y empresarios, en general primó una visión defensiva y hostil a los diversos episodios que jalonaron la desnacionalización. La escasa transparencia de los procedimientos y decisiones adoptadas rodearon siempre a YPF de un barniz de sospecha, más que suficiente para explicar el actual clima de opinión.
La presencia universal del Estado en un sector pensado desde siempre como estratégico fue una demostración viva y permanente de la rara e inexplicable singularidad del caso argentino. Los resultados del experimento español convocaron un rechazo poco menos que absoluto. Bastó que el gobierno lo reconociera y encabezara la reacción reparadora para que los indicadores de consenso se dispararan con la contundencia que revelan los datos disponibles.
De acuerdo con los resultados del monitoreo nacional llevado a cabo por la consultora OPSM sobre sucesivas muestras nacionales en los últimos días, un 91% de la población ha venido siguiendo con interés y detalle los avatares del caso YPF. Un 75,6% se manifiesta de acuerdo con la expropiación de la mayoría accionaria de la compañía. La resistencia a la medida se limita a un 18,3%, porcentaje donde el rechazo absoluto llega apenas a un 3,7% de la población. Se trata de una aceptación clara en cuanto al contenido y objetivos del paso del gobierno aunque dividida respecto de los métodos y procedimientos. Un 42,1% hubiera preferido una negociación en buenos términos con Repsol, en tanto que un 51.8 refrenda el método escogido. Un porcentaje importante de la población espera consecuencias negativas en las relaciones con España (65,2%) y con el resto de los países desarrollados (49,4%).
Los porcentajes de expectativas de mejora de la situación de la nueva YPF alcanzan proporciones cercanas o superiores al 70% en temas clave como la capacidad de inversión, desempeño técnico, resultados económicos y sobre todo contribución del nuevo esquema al autoabastecimiento energético. Los puntos que suscitan mayor debate son los referidos a la capacidad de gestión estatal. Una aceptación amplia pero cautelosa. Aun así, un porcentaje de 73,1% se confiesa optimista respecto al futuro de YPF, aun cuando la cifra sea algo menor al evaluar la política energética en general (66,5%). El clima de época -por cierto no exclusivo de la Argentina-, la búsqueda de mayor protección estatal y el fracaso de las recetas privatizadoras explica que un 62% reclame mayor intervención estatal en otros sectores estratégicos. Sin embargo, se reconocen y asumen los riesgos del conflicto y los costos seguros de toda reacción de emergencia.
Para una amplia mayoría, el fin no justifica los métodos. Sin embargo los excusa en una coyuntura que ofrece muy pocas opciones, como la que se reconoce estar viviendo. Toda una carta de navegación compleja y sofisticada para iniciar un trayecto en la que el punto final parece estar bastante más claro que el trayecto elegido. Las dificultades están a la vista y está aún por comprobarse la capacidad de los diversos actores, tanto públicos como privados, para adaptarse a un nuevo mundo, pleno de desafíos y cambios irreversibles.

Enrique Zuleta Puceiro es Profesor de la UBA, Sociologo y miembro del Consejo directivo de ESEADE.

La disolución de los derechos económicos:

Por Aldo Abram: Publicado el 8/4/12 en: http://www.lanacion.com.ar/1462612-la-disolucion-de-los-derechos-economicos

A los argentinos nos cuesta relacionar el respeto del derecho de propiedad o de la libertad económica con nuestra calidad de vida diaria, a pesar de que, por ejemplo, están profundamente relacionados con la tragedia de Once. En cualquier país serio hay tres protagonistas que garantizan la calidad y seguridad de los servicios de las concesionarias de transporte en general:

a) El principal controlador es el usuario, que es la fuente más importante de ingresos de las compañías, por lo que deben garantizarle un viaje seguro y razonablemente cómodo como para que no opte por otro medio de locomoción.

En la Argentina, gracias a la política demagógica del Gobierno, el verdadero “cliente” de las empresas de transporte es el Estado (contribuyentes), que les aporta más de dos tercios de sus entradas. Por lo tanto, si la gente viaja o no, es irrelevante, ya que lo importante es asegurarse que los funcionarios sean lo suficientemente generosos para pagar los costos y dejarles el mayor margen de ganancias posible.

Las empresas tampoco tienen incentivos a ser eficientes, ya que eso implica una mayor conflictividad con gremios y proveedores, lo que ahorra plata al Estado, pero no se traduce en mayores ganancias.

b) El Estado es quien fija las condiciones para la prestación de los servicios de transporte y, por ello, debe controlar que se cumplan dichas pautas de calidad y seguridad. Sin embargo, debido a la distorsiones de la política “K”, esto implicaría mayores costos para enfrentar con recursos públicos que son escasos, por lo que el Gobierno no supervisa los servicios en un acuerdo “tácito” con la empresa.

c) La compañía de seguros controla el nivel de seguridad y otras condiciones de prestación que se fijan en la póliza, ya que tendrá que hacerse cargo de los pagos por accidentes. Según una nota de LA NACION, TBA estaba asegurada por dos millones de pesos y pagaba una prima de 800.000 pesos. Es decir, un monto de cobertura extremadamente bajo y a un costo altísimo, lo que refleja que la aseguradora consideraba alta la probabilidad de ocurrencia a la contingencia asegurada y, como no tenía posibilidades de exigirle mejoras en la seguridad del servicio, le cobraba mucho.

Este gobierno desmanteló todas las alternativas de control del servicio de transporte urbano de pasajeros, por lo que pretender resolver el problema cambiando algunos funcionarios es condenar a los usuarios a futuros accidentes. La alternativa de estatización ha demostrado que agrava los problemas de descontrol y déficits a sufragar por los contribuyentes. Basta mirar a Aerolíneas Argentinas.

La verdadera solución es restablecer un sistema de contratos de concesión con empresas prestadoras idóneas y responsables, cuyos ingresos vengan en su mayoría de quienes usan sus servicios, con condiciones de seguridad y calidad adecuadas que el Estado monitoree eficientemente y con pólizas de seguro que verdaderamente cubran las contingencias y que obliguen a la aseguradora a controlar a la empresa asegurada.

Una crisis anunciada

Otro ejemplo del impacto que tiene el avasallamiento de los derechos de propiedad en la vida de los ciudadanos es el de la política energética. Durante los últimos siete años, muchos advertimos que era insostenible y que, en el futuro, nos iba a llevar a una situación de actual escasez. No hacía falta ser vidente, ya que, si alguien tuviera un negocio y el Estado le sacara más de la mitad de sus ingresos, trataría de invertir lo menos posible en él. Pues bien, eso pasó con las petroleras que, durante años, cobraron menos de la mitad de lo que salía el crudo en el exterior y hasta un sexto de lo que le costaba al Estado importar el gas.

Consecuentemente, las empresas invirtieron lo mínimo necesario y la Argentina perdió el autoabastecimiento. Un absurdo que le sale al Estado cada vez más caro, porque tiene que pagar la diferencia con lo que se trae de afuera.

La solución no puede pasar por una mayor intervención del Estado ni por la actual embestida contra las petroleras, ya que eso implicará menor atractivo para un negocio que necesita decenas de miles de millones de dólares de inversión, que el sector público no podría realizar. Con solamente recomponer el valor de sus productos, los incentivos a explorar y producir volverán y, en los próximos años, iremos superando el problema de escasez de energía.

Recientemente, la Fundación Libertad y Progreso presentó un Indice Internacional de Respeto de Derecho de Propiedad, que se realiza para 130 países del mundo. La Argentina figura en el 33% de naciones peor calificadas.

En enero, el indicador de Libertad Económica de la Fundación Heritage mostró que descendimos a la categoría de los represivos de este derecho ( http://www.libertadyprogresonline.org/2012/01/17/preocupante-deterioro-de-la-libertad-economica/ ).

Conclusión, no parece que los argentinos estemos construyendo un futuro con mejor calidad de vida y mayores oportunidades de progreso.

Aldo Abram es Lic. en Economía y director del Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados de Argentina (Ciima-Eseade) .