La importancia de la elección legislativa y el rol del Congreso

Por Constanza Mazzina. Publicado el 13/7/21 en: https://www.nuevospapeles.com/nota/la-importancia-de-la-eleccion-legislativa-y-el-rol-del-congreso

En este tiempo de campaña para elecciones legislativas de medio término, cobra vital importancia que, como ciudadanos, otorguemos valor a esta elección.

Como toda asamblea, el Congreso argentino es un órgano colectivo y deliberativo que tiene diversas funciones. El Poder Legislativo es el contralor por excelencia de los demás poderes del Estado. A través de diversos mecanismos como el control presupuestario, el control sobre el nombramiento de altos cargos, la creación de comisiones de investigación, la solicitud de pedidos de informes e interpelaciones a distintos funcionarios del Poder Ejecutivo y, como medida extrema, el inicio de juicio político contra el presidente, vicepresidente, jefe de Gabinete, ministros y jueces de la Corte Suprema de Justicia; el poder legislativo tiene en sus manos los resortes de la rendición de cuentas. Así, la tarea del poder legislativo no puede reducirse a la producción legislativa.

El Congreso cumple otras funciones: no sólo legisla y controla sino que legitima y representa, como si fuera poco, también tiene una función en cuanto al reclutamiento y entrenamiento de la clase política (Molinelli, 1999). En este párrafo se condensan los temas que aguardan su debate: las listas cerradas y bloqueadas o abiertas o desbloquedas -como se ha avanzado en muchos países de la región-; las listas papel por partido o la boleta única papel (ni siquiera pensemos en el voto electrónico, al menos en la boleta única); las candidaturas testimoniales como forma de burlar el contrato entre representantes y representados y, en esta misma línea, los pases de distritos, los cambios en los cargos en cualquier momento del mandato, los cambios de partido (transfuguismo), las reelecciones indefinidas. Todos estos elementos, conjugados, abren una brecha entre la voluntad del elector y el poder del partido. Así, el congreso argentino se convirtió en la caja de resonancia de los grandes problemas de la política y de los partidos políticos. Desde el lado del elector, del ciudadano, queda pendiente cómo hacer para darle más poder, más incidencia. Algunos mecanismos implementados en otros países lo han logrado: el desbloqueo de listas (Brasil y Perú, con listas cerradas y no bloqueadas, Ecuador con listas

abiertas), las candidaturas independientes (México) o, como en Colombia, la posibilidad de votar en blanco: según la sentencia de la Corte Constitucional del año 2011, el voto en blanco “constituye una valiosa expresión del disenso a través del cual se promueve la protección de la libertad de elector”; así el elector puede marcar en la casilla correspondiente “voto en blanco”.

Reflexionando sobre la renovación, un breve comentario: la renovación parcial en la cámara de diputados atenta contra el cambio de preferencias del electorado, lease, reduce a la mitad los efectos de ese cambio. Si las preferencias del elector tuvieran una modificación del 100% respecto de la elección anterior, esto se reflejará solamente en el 50% de la cámara, es decir, el otro 50% seguirá mostrando las preferencias de hace dos años. En otras palabras, la renovación parcial protege a los partidos que pierden votos generando un efecto pro statu quo, y perjudica a los que ganan. Lo mismo puede decirse de la accountability del representante al ciudadano, esta renovación parcial disminuye, amortigua, la rendición de cuentas mediante el voto. Lo mismo ocurre con la renovación de tercios en el Senado. Argentina es el único país de la región con renovación parcial en las dos cámaras. En Brasil los senadores son elegidos por un mandato de ocho años pero la cámara se renueva cada cuatro años, alternando 1/3 de los cargos en una elección y 2/3 de los cargos en la siguiente. Los demás países no poseen renovación parcial para ninguna de las cámaras, por ejemplo, Bolivia, Paraguay y Uruguay renuevan cada cinco años totalmente las dos cámaras (Reynoso 2010).

Finalmente, la función legislativa: sin entrar en consideraciones de cuánto ganan los diputados o senadores en comparación con sus pares de otros países, comparación que en todo caso debería incluir el conjunto de privilegios de los que gozan por su investidura; la pregunta no es cuánto producen, sino ¿alguien calculó el costo de las malas leyes? ¿Cuánto nos salen las leyes sancionadas y que generan juicios contra el estado, que son violatorias de derechos constitucionalmente consagrados? ¿Y las que generan efectos negativos sobre la inversión y el crecimiento? ¿Sobre la economía y la producción? La falta de preparación de los legisladores se traduce en un pésimo desempeño legislativo, no por cantidad, sino por sus efectos. El conocimiento técnico fue reemplazado por la ideología y el amiguismo. Tomemos por caso el mejor ejemplo de una ley que provocó el efecto contrario al deseado: la ley de alquileres, ¿acaso alguien pensó que iba a ocurrir otra cosa? ¿Cuál es el costo de estas malas decisiones? ¿Quién se hace cargo? Los resultados están a la vista y las estadísticas las conocemos todos. Las malas leyes generan efectos predeciblemente malos.

El problema aquí es que el correctismo político le gana al conocimiento técnico y ninguno se anima a votar en contra de estos proyectos. Por cierto, la presentación de proyectos (incluyendo declaraciones de interés, declaraciones de beneplácito, declaraciones de Capital Nacional de), es un indicador más de la baja calidad democrática que de la fortaleza de nuestras instituciones. La progresión de nuevas leyes, la corrección, modificación, cambio de la legislación existente de manera permanente son muestra de otro fenómeno: la inflación legislativa. Solamente en el período legislativo 138 que abarcó del 1-3-2020 al 28-2-2021, en plena pandemia, se sancionaron 70 leyes (estadística disponible en la Dirección de Información Parlamentaria). Es decir, en un año cada cinco días tuvimos una nueva ley. Esto tiene efectos contraproducentes: la volatilidad normativa conspira contra las políticas de largo plazo. Y en esa ausencia de largo plazo, en esa persistencia de no pensar en el futuro, es donde el poder legislativo debería tener un rol fundamental, donde debería darse el debate, donde se debería consensuar un modelo de país que resuelva los problemas estructurales que sufre la Argentina hace décadas. La democracia argentina merece un poder legislativo que esté a la altura que las circunstancias le demandan.

Constanza Mazzina es doctora en Ciencias Políticas (UCA), master en Economía y Ciencias Políticas (ESEADE). Fue investigadora de ESEADE, Fundación F. A. von Hayek y UADE. Fue docente de la Universidad del Salvador en grado y postgrado y en el postgrado en desarme y no proliferación de NPSGlobal. Es profesora de ciencia política en la Fundación UADE. Síguela en @CMazzina

¿A dónde se fue la plata de la deuda?

Por Iván Carrino. Publicado el 27/12/18 en: https://contraeconomia.com/2018/12/a-donde-se-fue-la-plata-de-la-deuda/

 

Llega el fin de año y con él las reuniones del trabajo,  las de los amigos y las de la familia para pasar en conjunto las fiestas.

Es una tradición que se repite a nivel global, casi independientemente de la religión de cada uno. Llega la navidad y todos esperan dar y recibir regalos. Pocos días más tarde, un año nuevo comienza, junto con todos los deseos y las expectativas para los 365 días que vienen.

Otra tradición, tal vez más argentina, a causa de nuestras repetidas y casi inevitables crisis económicas, es la discusión política. En algunas mesas, esto prefiere evitarse, ya que puede dar lugar a grietas. En otras, el tema se lleva mejor.

Este año en mis reuniones hubo una pregunta que se repitió bastante. Ya sea en mi grupo de amigos de la vida o entre la familia, una duda recorría las mentes de todos: ¿qué se hizo con la plata de la deuda?

¿Con toda la deuda que tomó este gobierno, cómo  es posible que sigan igual (o incluso peor) la seguridad, la salud, y el estado de la economía?

A continuación, intentaré responder esta pregunta.

El estado como una empresa

Por más que a algunos les resulte totalmente irritante la comparación entre el gobierno y una empresa, para analizar este tema en particular el recurso es realmente útil.

Así que imaginemos que una empresa tiene gastos anuales por USD 10.000, que cubre con sus ingresos anuales por USD 12.000. A fin de año, la ganancia de la compañía es de USD 2.000.

Los USD 10.000 de gasto están divididos de la siguiente forma:

  • USD 5.000 son salarios.
  • USD 2.000 se llevan los gastos de electricidad, gas y agua.
  • USD 1.000 es decoración de las oficinas.
  • USD 1.000 se van en servicio técnico de las computadoras.
  • USD 1.000 son impuestos a los ingresos brutos.

En este esquema, si la empresa decidiera comprar una nueva computadora de unos USD 3.000, no podría hacerlo con los ingresos corrientes. Dado que de sus USD 12.000 solo le quedan USD 2.000 una vez que se deducen los gastos, si quisiera comprar un bien de capital por USD 3.000, entonces le estarían faltando USD 1.000.

Aquí es donde ingresa el endeudamiento. La empresa podría ir al banco y pedir mil dólares en préstamo, comprometiéndose a pagar intereses y devolver el monto en un plazo futuro.

Frente a este escenario: ¿qué responderíamos a la pregunta de a dónde se fue la plata de la deuda?

Rápidamente, seguro que diríamos que los USD 1000 de deuda fueron a parar a la compra de la nueva computadora. Y eso es parcialmente cierto, pero dado que el dinero es fungible, también podríamos decir que  fueron a pagar la decoración de las oficinas.

Dicho de otra forma, si en el año 2019 la empresa decidiera no decorar nuevamente la oficina, entonces habría tenido los mil dólares disponibles para comprar la máquina,  por lo que no hubiera sido necesario endeudarse.

Pero dado que sí decidió decorar las oficinas, entonces ese préstamo permitió que eso ocurra.

Con esto en mente, analicemos el caso del gobierno durante los años de la “Gestión M”.

El problema es el gasto

En el caso particular del endeudamiento, al estado le ocurre lo mismo que a la empresa privada. Si gasta más de lo que ingresa, entonces tiene que endeudarse.

En 2018, de acuerdo con los datos del presupuesto aprobado recientemente en ambas cámaras del congreso, el cuadro de ingresos y gastos fue el siguiente:

Concepto Monto (en millones de pesos)
Ingresos Totales (Impuestos, rentas, otros) 2.625.000
Gasto Primario Corriente 2.758.000
Gasto de Capital 232.000
Pago de Intereses 400.000
Resultado Total -765.000

 

Aclarando un poco los números, resulta que los ingresos totales del estado nacional, explicados fundamentalmente por la recaudación de impuestos, ascendieron este año a $ 2,6 billones.

Por otro lado, el gasto primario corriente, que incluye jubilaciones, subsidios económicos, gastos de funcionamiento y transferencias a provincias, totalizó $ 2,76 billones. Por su parte, el gasto en obra pública fue de solo $ 232.000 millones, y el pago de intereses de la deuda se llevó $ 400.000 millones.

¿Qué nos dice esto?

En primer lugar, que el resultado fiscal del gobierno fue de menos 765.000 millones. Es decir, USD 19.000 millones de agujero fiscal que alguien tendrá que financiar. No extraña, entonces, que excluyendo Letes y Lecap, las emisiones de deuda de 2018 hayan totalizado USD 30.000 millones.

Es que el gobierno no solo se endeuda para poder solventar su nuevo déficit, sino también para pagar los intereses que le generaron sus déficits pasados. Si sumamos los $ 765.000 millones y los $ 400.000 millones y los dividimos por un tipo de cambio de $ 39, llegamos a una cifra de casi USD 30.000 millones.

Respuesta final

Entonces, al final, ¿a dónde se va la plata de la deuda?

Pues muy sencillo: a pagar el déficit fiscal del gobierno y los intereses de deuda contraída en el pasado, explicados también por el déficit fiscal del gobierno.

O sea que discutir en qué se va el dinero de la deuda es lo mismo que discutir el cómo y cuánto gasta el gobierno. En resumidas cuentas, si se quiere menor deuda, pero no se quieren subir impuestos, entonces la única solución es tener menor gasto.

La deuda es hija del gasto público, y el único motivo de su existencia es todos y cada uno de los rubros del gasto que, una vez que superan a los ingresos, deben necesariamente financiarse con endeudamiento.

Para cerrar, la plata de la deuda no va a la fuga de capitales como dicen algunos. Va a pagar subsidios, jubilaciones, salud, educación, seguridad, salarios estatales, Aerolíneas Argentinas, pauta publicitaria oficial, diputados, senadores, etc. etc. etc.

¿Te molesta la deuda? Entonces andá pensando qué rubro del gasto te parece que es mejor reducir.

 

Iván Carrino es Licenciado en Administración por la Universidad de Buenos Aires y Máster en Economía de la Escuela Austriaca por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es editor de El Diario del Lunes, el informe económico de Inversor Global. Además, es profesor asistente de Comercio Internacional en el Instituto Universitario ESEADE y de Economía en la Universidad de Belgrano. Es Sub Director de la Maestría en Economía y Ciencias Políticas de ESEADE.