Llegó la hora de la verdad para que los políticos demuestren que, en serio, son solidarios

Por Roberto Cachanosky. Publicado el 24/3/2020 en: https://www.infobae.com/economia/2020/03/24/llego-la-hora-de-la-verdad-para-que-los-politicos-demuestren-que-en-serio-son-solidarios/

 

Entre Nación, provincias y municipios hay 3,1 millones de empleados estatales (Presidencia)

Entre Nación, provincias y municipios hay 3,1 millones de empleados estatales (Presidencia)

No entro a debatir la necesidad de la cuarentena que estableció el Gobierno, pero sí vale la pena formular algunas reflexiones sobre el impacto económico que está teniendo y cómo suavizarla. En rigor, salvo algunos sectores en particular, la economía no tendría que paralizarse tanto. En todo caso si se paraliza mucho será consecuencia del sobredimensionamiento estatal en empleo público.

El primer dato a tener en cuenta es que en el país hay, entre Nación, provincias y municipios, 3,1 millones de empleados estatales. La gran mayoría de ellos son burócratas que inventan sus propias regulaciones para justificar su existencia.

De acuerdo a datos del Directorio Legislativo, en 2019 la Cámara de Diputados sesionó 8 veces y la Cámara de Senadores lo hizo 7 veces. En ese período sancionaron 37 leyes de las cuales, 7 corresponden a Cultura y Patrimonio y 6 a fiestas nacionales o capitales nacionales (las típicas de la Capital Nacional del Salame Quintero o la Fiesta Nacional del Asado de Tira). Es decir, el 35% de las leyes son un delirio y otras se aproximan a esa calificación.

Es más, de las reuniones en comisión, la que mayor cantidad de veces se juntó en el año en Diputados fue la de Legislación Penal, 30 veces. Y en Senadores fue la Presupuesto y Hacienda, 14 veces.

Pero atención que si se miran los datos desde 2012 para acá, tampoco es que el Congreso trabajó tan poco solo este año. El año que más reuniones tuvo fue en 2012, cuando diputados sesionó 20 veces y senadores 23 veces. Menos de un mes por año calendario.

Lo que muestra lo anterior es que no hace falta la legión de asesores y empleados que tiene cada legislador (80 promedio por senador y 24 promedio por diputado, sin contar la biblioteca, la imprenta, etc.). Hay que agregar a esto la actividad legislativa de los congresos provinciales y los consejos deliberantes y se verá que ahí hay mucho movimiento de gente sin producir nada.

No se trata de cerrar los parlamentos ni los consejos deliberantes, salvo algún caso especial, no hace falta estar movilizando tanta gente todo el tiempo. Hay mucho dinero para ahorrar en esos rubros. Un gesto de recortar las dietas a la mitad, es lo mínimo que deberían hacer.

Pero, no todo pasa por el Poder Legislativo, los estados provinciales y municipales también tienen una gran burocracia para justificar su existencia que generan un movimiento de gente demasiado grande y producen el contagio del coronavirus.

En este momento de pandemia, si se analiza cuáles son los empleados del Estado nacional que tienen que moverse en la calle son 237.654 de 700.000 en la Administración Central, los cuales se desagregan en: 13.136 en salud, 110.546 Fuerzas Armadas y 113.972 en seguridad pública. El resto puede quedarse en su casa trabajando o no entorpeciendo al sector privado que sí produce. Solo el 34% tendría que movilizarse y no todos al mismo tiempo. Pero los empleados públicos provinciales también entorpecen.

De acuerdo a datos del Ministerio de Trabajo para 2017, que no cambiaron mucho hasta ahora, había en las provincias 2,3 millones de empleados públicos, de los cuales 345.500 eran policías. Esos tienen que salir a la calle, pero no todos al mismo tiempo. Aproximadamente 900.000 corresponden a educación, que trabajan desde sus hogares. El resto, salvo los que se desempeñan el sistema de salud, pueden hacerlo desde sus casas, incluso los miembros de la Justicia.

El gráfico anterior muestra la enormidad de empleo público en la mayoría de las provincias (el dato de Santa Cruz parece dudoso).

Si se logra que los empleados públicos no estorben al sector privado con burocracia innecesaria, y legislativos que no tienen que tratar temas muy urgentes, ya se podría sacar de circulación una buena parte de la gente que anda por la calle, agregando que, dado que el sector privado va a tener un serio impacto en sus ingresos, de los cuales sale el dinero para pagar los impuestos, luce solidario que salvo fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, docentes y personal de la salud pública, el resto tenga una reducción en sus ingresos para aliviar al sector privado de manera de bajar la carga tributaria dadas las escasas ventas que tiene.

Respecto a los 6 millones de empleados en blanco en relación de dependencia en el sector privado, el grueso está concentrado en Buenos Aires, CABA, Santa Fe y Córdoba.

Como puede verse, son media docena de provincias las que mayor cantidad de empleados privados concentran, de los cuales muchos trabajan en inmobiliarias, turismo, organización de eventos y otras actividades que ya venían fuera de combate y ahora las mataron con la cuarentena.

La industria tiene poco más de 1 millón de empleados y puede seguir operando. Comercio y Reparaciones registra 1,1 millones, rubro que está muy golpeado y debería seguir operando. Construcción cuenta con 395.000 empleados y puede seguir operando pero viene en baja porque se redujo el interés en invertir en propiedades. Intermediación financiera son 160.000 empleados y buena parte del trabajo se hace online (homebanking).

Sectores con ingreso variable

El mayor problema se presenta para los monotributistas, los autónomos y una buena parte de la población que vive al día como el taxista, el plomero, el electricista, etc. Es gente que si no factura, directamente no come. Por otro lado está el problema de todos los que trabajan en el mercado informal.

En definitiva, se pueden identificar los siguientes puntos respecto de la movilidad de las personas activas en tiempo de cuarentena por la pandemia:

1. Se puede descongestionar mucho la circulación de gente y el riesgo de contagio si la mayoría de los empleados públicos se quedan en su casa. Está comprobado que hay sobreabundancia de personal en las administraciones estatales, en todos los niveles, que genera sus propios anticuerpos inventando trámites para justificar su existencia. Su ausencia se notará en un aumento de la productividad del sector privado;

2. Hay mucha descongestión de gente que trabaja haciendo teletrabajo gracias a internet y las nuevas formas de comunicarse; y

3. El grueso del problema parece estar concentrado en CABA y la Provincia de Buenos Aires.

Desde el punto de vista económico, es urgente bajar la carga tributaria. ¿Se puede? El gasto público consolidado (Nación más provincias más municipios) en salarios en lo que hace a la administración general (no incluye justicia, seguridad, defensa, salud, educación ni planes sociales), representa 3% del PBI. En estos momentos de angustia, es la oportunidad para que los políticos, que tanto hablan de solidaridad, hagan un sacrificio y reduzcan sus ingresos en un 50%. Eso significaría un ahorro de aproximadamente $500.000 millones, monto que se evitaría tener que emitir si no se siguen repartiendo subsidios, bonos y plata que alegremente reparten los legisladores y menor carga tributaria para el agobiado sector privado.

Llegó la hora de la verdad para la dirigencia política que todo el tiempo habla de solidaridad: ¿está dispuesto a ser solidaria reduciendo a la mitad sus ingresos o seguirá viviendo a costa de un sector privado que ya no daba más y ahora agoniza manteniendo planeros y empleados públicos?

 

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE. Síguelo en @RCachanosky

 

Repartir lo ajeno no se llama solidaridad, se llama populismo

Por Roberto Cachanosky. Publicado el 14/1/2020 en: https://www.infobae.com/opinion/2020/01/14/repartir-lo-ajeno-no-se-llama-solidaridad-se-llama-populismo/

 

El político argentino, en general, piensa más en aumentar la presión tributaria que en preocuparse por la eficiencia del gasto público

El Gobierno ha decidido aplicar mayor carga tributaria sobre los sectores que trabajan en blanco y tienen propiedades con el argumento de que ahora se aplicará la solidaridad en vez de la meritocracia. Más específicamente, el Presidente afirmó: “A la meritocracia y al individualismo les vamos a imponer la solidaridad, somos un movimiento político que nació en la faz de la Tierra para ser solidarios con el prójimo”. En otras palabras, se intenta imponer un discurso en el cual el que protesta por la mayor carga tributaria pasaría a ser alguien que no tiene solidaridad.

Por empezar, la solidaridad es un acto voluntario. Alguien hace solidaridad con el fruto de su trabajo, con su tiempo, es decir con algo que le pertenece para ayudar a otro. Ahora, hacer solidaridad con el dinero de otros, lejos está de ser un acto de desprendimiento voluntario.

La dirigencia política trata de hacernos creer que ellos tienen el monopolio de la solidaridad y el resto de los habitantes somos personas con malos sentimientos que solo podemos ser solidarios por la fuerza. Es decir, el Estado cobrándonos más impuestos para repartir entre quienes los políticos consideran que deben recibir el fruto de nuestro trabajo, son solidarios y el resto somos un montón de malas personas.

El primer dato a tener en cuenta es que, en todo caso, la misma dirigencia política podría haber mostrado solidaridad bajando el gasto de la política para distribuir entre los que menos tienen. Se dice que el gasto destinado a la política, es decir el que se asigna a la administración del país, es muy poco y no se solucionaría nada si se los bajara.

El gráfico muestra la evolución del gasto público consolidado destinado a administración general, justicia, defensa y seguridad por parte de la Nación, las provincias y los municipios, y que en 1984, el primer año completo de la vuelta a la democracia, representaba 3,9% del PBI.

En 2017, último dato oficial disponible, ya había escalado al equivalente a 7,3% del PBI. Es decir, 3,4 puntos porcentuales más, que es lo que quieren recaudar ahora con el impuestazo anunciado a través de una ley ómnibus.

Mientras que los gastos de la administración general aumentaron 1,52 puntos del PBI, Justicia incrementó sus gastos en 0,92 puntos del producto y seguridad y defensa se elevó 1,05 puntos del PBI.

Solo con hacer un esfuerzo de austeridad en los tres niveles de gobierno, se podrían haber bajado, mínimo, 2 puntos del PBI y aliviar el impuestazo que se le está aplicando a la gente que produce. Pero además, todo indica que cuánto más gasta el Estado en lo que se denomina gasto social, hay más pobreza, desocupación y problemas de educación.

Nuevamente, en 1984, el gobierno nacional gastaba 7,4% del PBI en lo que se llama Gasto Público Social. En 2018 llegó al 17% del PBI. Es decir, el Estado nacional gasta 10 puntos más del PBI en el rubro social, pero en educación las pruebas PISA dan cada vez peor; los jubilados están en las diez de última y crece la pobreza. Y atención que el llamado gasto social no se dio solo en el período de Cambiemos, también crece en los 90 y a partir del 2008 fundamentalmente.

Si tomamos el gasto público social consolidado, pasó de 13% del PBI en 1984 a 30,6% del PBI en 2017, de acuerdo a datos del Ministerio de Economía, es decir, 17,7 puntos más, con lo cual el gasto público social consolidado más que se duplicó.

Los rubros que más aumentaron fueron: jubilaciones, salud y educación básica. Luego el gasto público social se reparte en otros rubros como vivienda, promoción y asistencia social, trabajo, etc. En definitiva, los datos muestran que a más gasto público social, más problemas sociales, con lo cual es obvio que no es por este camino.

Dos formas de obtener ganancias

Pero, ¿qué tiene de malo el mérito? Hay dos formas de obtener utilidades: 1) ganándose el favor del burócrata de turno y 2) ganándose el favor del consumidor. Obtener ganancias ganándose el favor del burócrata de turno no tiene ningún mérito, es un simple negociado entre el que usa el poder en forma arbitraria y “empresarios” que logran obtener ganancias gracias al proteccionismo, subsidios y demás tipo de privilegios. O sea, obtienen utilidades castigando al consumidor con productos de menor calidad y a precios más altos de los que podría obtener en un mercado competitivo.

Siguiendo a la Real Academia Española, la palabra meritocracia está mal utilizada por el Presidente, porque la RAE la define como: “sistema de gobierno en que los puestos de responsabilidad se adjudican en función de los méritos personales”. Pero suponiendo que Alberto Fernández quiso usar la palabra mérito, en mi opinión, aquél que obtiene utilidades gracias a su mérito como emprendedor, es una persona que debería tener todo nuestro respeto por lo que le aporta a la sociedad.

El empresario emprendedor que obtiene sus beneficios por mérito, es aquél que gana dinero gracias a que produce lo que la gente necesita logrando la combinación de precios y calidad que la gente demanda. En otras palabras, obtiene sus utilidades porque satisface las necesidades de la gente y le es útil a ella. Además, al obtener utilidades y crecer, crea puestos de trabajo, remunera a sus empleados compitiendo con otros empresarios para captar a los mejores y pagarles más, ofreciéndoles mejores condiciones laborales, etc.

Encuentro del Presidente con empresarios y sindicalistas

Encuentro del Presidente con empresarios y sindicalistas

El empresario emprendedor ayuda más a la sociedad que el burócrata que reparte el fruto del trabajo ajeno estimulando la cultura de la dádiva, cultura que denigra al ser humano. El empresario que da trabajo por el mérito de ser un buen emprendedor es alguien que respeta a la gente. El burócrata repartidor de dinero ajeno, castiga al que crea trabajo y denigra a las personas acostumbrándolas a vivir de lo ajeno y no tener espíritu de progreso. De mejorar. De tener la dignidad de mantener a su familia con el fruto de su trabajo.

Algunos pueden pensar que ese tipo de empresarios no existe en Argentina. En realidad los hay, pero abunda más los que son cortesanos del poder que buscan obtener utilidades de privilegios, que tampoco merecen ser llamados empresarios. Por eso somos un país decadente.

La función de los gobiernos y de sus legisladores es crear las condiciones para que puedan desarrollarse los empresarios que obtienen utilidades ganándose en favor del consumidor en vez de repartir privilegios entre “empresarios” que no podrían sobrevivir en un mercado competitivo.

"La función de los gobiernos y de sus legisladores es crear las condiciones para que puedan desarrollarse los empresarios que obtienen utilidades ganándose en favor del consumidor en vez de repartir privilegios" (Adrian Escandar)

El que obtiene utilidades gracias al mérito, ya sea por ser trabajador, empresario, profesional o cualquier otra actividad, no debería ser despreciado y menos castigado impositivamente. Al contrario debería ser respetado, porque seguramente hace más por la gente humilde ofreciéndoles la posibilidad de trabajar y progresar que el burócrata que reparte dinero ajeno. En definitiva, ganar dinero gracias al mérito es bueno para la sociedad.

Ser solidario con la plata propia es bueno dependiendo de los valores de cada uno y de cómo se haga solidaridad. Ahora, cuando los políticos reparten el dinero ajeno castigando a los que crean trabajo en nombre de la solidaridad, ni la hacen ni permiten que la economía pueda crecer para que la gente pueda vivir del su propio trabajo y progresar. Se castiga de tal manera a la gente productiva, se espantan las inversiones, se reducen los puestos de trabajo, baja la productividad de la economía y se genera más pobreza y desocupación.

Tal vez el Gobierno debería rever las reglas de juego que deberían imperar para salir de nuestra larga decadencia e invertir la ecuación premiando al empresario emprendedor en vez de castigarlo con mayor carga tributaria en nombre de algo que nunca va a ser solidaridad en manos del estado por más que se fuercen el sentido de las palabras. Repartir lo ajeno no se llama solidaridad. Se llama populismo.

 

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE. Síguelo en @RCachanosky

LO OPINABLE DE LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA

Por Gabriel J. Zanotti. Publicado el 2/6/19 en:  http://gzanotti.blogspot.com/2019/06/lo-opinable-de-la-doctrina-social-de-la.html

 

(Del punto 3 del cap. 7 de mi libro “Judeo-cristianismo, civilización occidental y libertad”).

Ha sido evidente que a lo largo de todo este libro hemos tratado de aclarar qué cosas son opinables en relación a la Fe y por eso, cuando algunas intervenciones especiales del Magisterio se inclinaban por un tema opinable que nos favorecía, hemos aplicado la categoría de “acompañamiento” para respetar la libertad de opinión del católico. Ya nos hemos referido a ello y en ese sentido no habría más nada que agregar.

Sin embargo, si estamos hablando de la recuperación del laicado, este es uno de los temas más graves desde fines del s. XIX hasta este mismo año (2018) y lo seguirá siendo, temo, muchos años más, y constituye uno de los problemas más graves de la Iglesia.

3.1.    El tema en sí mismo

La cuestión en sí misma no debería presentar ningún problema. Es obvio que “…Lo sobrenatural no debe ser concebido como una entidad o un espacio que comienza donde termina lo natural “, pero ello implica justamente que el ámbito de las realidades temporales debe ser fermentado directamente por los laicos e indirectamente por la jerarquía a través del magisterio que le es propio (me refiero a obispos y al Pontífice). Es obvio también que aunque lo natural sea elevado por la Gracia, ello no borra la distinción entre lo sacro, en tanto el ámbito propio de los sacramentos, y lo no sacro, donde puede haber sacramentales pero según las disposiciones internas de los que los reciban.

En ese sentido, puede haber, a lo largo de los siglos, una enseñanza social de la Iglesia en tanto a:

  1. a)Los preceptos primarios de la ley natural que tengan que ver con temas sociales (como por ejemplo el aborto)
  2. b)Los preceptos secundarios de la ley natural en sí mismos, donde se encuentran los grades principios de ética social (dignidad humana, respeto a sus derechos, bien común, función social de la propiedad, subsidiariedad, etc.) con máxima universalidad, sin tener en cuenta las circunstancias históricas concretas.

El magisterio actual ha aclarado bastante sus propios niveles de autoridad sobre todo en la Veritatis splendor[1] y Sobre la vocación eclesial del teólogo[2].

Tanto a como b pueden ser señalados por el magisterio ya sea positivamente (afirmando esos grandes principios) o negativamente, cuando advierte o condena sistemas sociales contradictorios con ellos (como fueron las advertencias contra los estados y legislaciones laicistas del s. XIX, o las condenas contra los totalitarismos en el s. XX).

Ahora bien, hay otras cuestiones sociales que no se desprenden directamente de a y b. ESE es el ámbito “opinable en relación a la Fe”: opinable no porque no pueda haber ciencias o filosofía social sobre ellos, sino porque esas ciencias y-o filosofías sociales corresponden a los laicos y no se desprenden directamente de las Sagradas Escrituras, la Tradición o el Magisterio de la Iglesia.

A partir de lo anterior se desprende deductivamente que esos ámbitos opinables son:

  1. a)El estado de determinadas ciencias o conocimientos sociales en una determinada etapa de la evolución histórica;
  2. b)la evaluación de una determinada circunstancia histórica a partir de a,
  3. c)la aplicación prudencial de los principios universales a una situación histórica específica, a la luz de a y b.

Ejemplo: nuestros conocimientos actuales sobre democracia constitucional (a); el diagnóstico de la falta de instituciones republicanas en América Latina (b); las propuestas de reforma institucional para América Latina (c).

Todo lo cual muestra toda la hermenéutica implícita cada vez que hablamos de estos tres niveles en los temas sociales, y por ende la ingenuidad positivista de recurrir a “facts” para estas cuestiones.

3.2.    ¿Señaló el Magisterio este ámbito de opinabilidad?

          Por un lado, si. Los textos son relativamente claros:

  1. a)León XIII, Cum multa, 1882: “… también hay que huir de la equivocada opinión de los que mezclan y como identifican la religión con un determinado partido político, hasta el punto de tener poco menos que por disidentes del catolicismo a los que pertenecen a otro partido. Porque esto equivale a introducir erróneamente las divisiones políticas en el sagrado campo de la religión, querer romper la concordia fraterna y abrir la puerta a una peligrosa multitud de inconvenientes”.
  2. b)León XIII, Immortale Dei, 1885: “Pero si se trata de cuestiones meramente políticas, del mejor régimen político, de tal o cual forma de constitución política, está permitida en estos casos una honesta diversidad de opiniones”.
  3. c)León XIII, Sapientiae christianae, 1890: “La Iglesia, defensora de sus derechos y respetuosa de los derechos ajenos, juzga que no es competencia suya la declaración de la mejor forma de gobierno ni el establecimiento de las instituciones rectoras de la vida política de los pueblos cristianos”…. “…querer complicar a la Iglesia en querellas de política partidista o pretender tenerla como auxiliar para vencer a los adversarios políticos, es una conducta que constituye un abuso muy grave de la religión”.
  4. d)León XIII, Au milieu des sollicitudes, 1891: “En este orden especulativo de ideas, los católicos, como cualquier otro ciudadano, disfrutan de plena libertad para preferir una u otra forma de gobierno, precisamente porque ninguna de ellas se opone por sí misma a las exigencias de la sana razón o a los dogmas de la doctrina católica”.
  5. e)Pío XII, Grazie, 1940: “Entre los opuestos sistemas, vinculados a los tiempos y dependientes de éstos, la Iglesia no puede ser llamada a declararse partidaria de una tendencia más que de otra. En el ámbito del valor universal de la ley divina, cuya autoridad tiene fuerza no sólo para los individuos, sino también para los pueblos, hay amplio campo y libertad de movimiento para las más variadas formas de concepción políticas; mientras que la práctica afirmación de un sistema político o de otro depende en amplia medida, y a veces decisiva, de circunstancias y de causas que, en sí mismas consideradas, son extrañas al fin y a la actividad de la Iglesia”.
  6. f)Vaticano II, Gaudium et spes, 1965: “Muchas veces sucederá que la propia concepción cristiana de la vida les inclinará en ciertos casos a elegir una determinada solución. Pero podrá suceder, como sucede frecuentemente y con todo derecho, que otros fieles, guiados por una no menor sinceridad, juzguen del mismo asunto de distinta manera. En estos casos de soluciones divergentes aun al margen de la intención de ambas partes, muchos tienen fácilmente a vincular su solución con el mensaje evangélico. Entiendan todos que en tales casos a nadie le está permitido reivindicar en exclusiva a favor de su parecer la autoridad de la Iglesia. Procuren siempre hacerse luz mutuamente con un diálogo sincero, guardando la mutua caridad y la solicitud primordial pro el bien común”.
  7. g)Juan Pablo II, Centesimus annus, 1991: “Es superfluo subrayar que la consideración atenta del curso de los acontecimientos, para discernir las nuevas exigencias de la evangelización, forma parte del deber de los pastores. Tal examen sin embargo no pretende dar juicios definitivos, ya que de por sí no atañe al ámbito específico del Magisterio”.

Podríamos citar algunos textos más, pero, como vemos, la noción en sí misma de lo opinable es clara.

          3.3.    Pero por el otro lado…

          Pero, sin embargo, habitualmente las cosas no han sido tan claras. Los textos pontificios sobre temas sociales están inexorablemente adheridos a las circunstancias históricas, a su interpretación según criterios de la época y a recomendaciones y aplicaciones en sí mismas prudenciales. Nadie pide que no sea así, el problema es que los pontífices no se han caracterizado por aclararlo bien. Y no porque “se descuenten los principios hermenéuticos de interpretación teológica”. Hemos visto que, comenzando por el tema político, Gregorio XVI y Pío IX unieron indiscerniblemente a la recta condena de los estados laicistas con el intrínsecamente contingente régimen de ciudadanía = bautismo, que tantos problemas trajo para la posterior declaración de libertad religiosa. Hemos visto cómo ello fue aprovechado por los católicos que apoyaron a Mussolini (comenzando por Pío XI) y Franco, que tuvieron el atrevimiento de presentar eso como “doctrina social de la Iglesia”. Hemos visto cómo ese error comenzó a remontarse desde Pío XII en adelante, cómo este último tuvo que “acompañar” al surgimiento de las democracias cristianas de la post-guerra europea precisamente porque desde ese error se pretendía condenar por hereje al que pensara lo contrario. Hemos visto que el mismo, clerical e integrista error siguió en Lefebvre y pasa luego, de peor modo, a la horrorosa mezcolanza que hacen los teólogos de la liberación entre el comunismo de los medios modernos de producción y el “pueblo de Dios”. Hemos visto cómo Benedicto XVI tiene que salir a aclarar qué es lo contingente y qué es lo esencial, y cómo tuvo que “acompañar” nuevamente a los elementos más contingentes de la modernidad católica, para ver si la institucionalidad republicana penetraba en la mente de los integristas católicos de derecha o izquierda, y hemos visto que casi nadie lo escuchó ni lo entendió. Y todo eso por no haber distinguido en su momento lo opinable de lo que no lo era.

En el plano económico, temas que son intrínsecamente opinables en relación a la Fe, han pasado a ser parte de una especie de pensamiento único que todo católico debería aceptar so pena de ser un mal católico entre aquellos que recitan de memoria las encíclicas. La leyenda negra de la Revolución Industrial, desde León XIII en adelante; el capitalismo liberal como el imperialismo internacional del dinero, desde Pío XI en adelante; un programa casi completo de política económica, en la última parte de la Mater et magistra de Juan XXIII; la redistribución de ingresos y la llamada justicia social, desde Pío XI en adelante; la teoría del deterioro de los términos de intercambio, desde Pablo VI en adelante, y así… hasta hoy.Para colmo gran parte de esas encíclicas son redactadas por asesores que así convierten sus personales opiniones (que deberían haber sido debatidas académicamente) en “Doctrina social de la Iglesia”. La situación no se solucionó porque San Juan Pablo II haya hablado de economía de mercado en la Centesimus annus: era obvio que fue un párrafo incrustado por un asesor desde fuera del pensamiento real de Karol Wojtyla, que, por ende, ni él se lo creyó. Y además tampoco la solución pasaba porque entonces la economía de mercado pasara a ser, sin distinciones, otro tema opinable convertido en no opinable…

El problema NO consiste en que un católico considere que todas esas cosas son verdaderas. El problema es que desde los pontífices para abajo, sin casi distinciones y aclaraciones, se consideran parte de la cosmovisión católica de la vida. O sea, el problema NO consiste en que un católico, sea el pontífice o Juan católico de los Palotes, opine así, el problema es que lo piense como cuasi-dogma social. Ese es el problema.

3.4.    ¿Por qué? Diagnóstico

¿Pero por qué ha sucedido esto? Fundamentalmente por dos razones.

Primera: en el plano político y económico, los pontíficesno han dejado de gobernar. Fueron casi 17 siglos de clericalismo. La desaparición forzada de los estados pontificios los dejó sin territorios pero sí con el arma moral de la conciencia de los católicos. Y abusando de su autoridad pontificia –un problema previsto por Lord Acton– no sólo condenaron rectamente lo que tenían que condenar, sino que además cada uno de ellos propuso su “plan de gobierno” en encíclicas que comenzaron a llamarse “Doctrina social de la Iglesia”. Cuidado, no digo que ello no haya sido históricamente comprensible o que en esos “gobiernos” no haya habido cosas buenas aunque opinables. Lo que digo es que, al excederse de los tres temas señalados como no opinables, “gobernaban” en lo contingente, según visiones también contingentes, y lo peor es que su territorio era el mundo entero.

En un mundo paralelo imaginario, los pontífices deben tener la “denuncia profética” de la injusticia a nivel social, rechazando lo que sea contradictorio con la Fe y la moral católicas, pero las cuestiones afirmativas –qué sistema social seguir, qué hacer in concreto- deben ser dejadas a los laicos, que, por ende, tendrían opiniones diferentes entre ellos, ninguna “oficialmente católica”. Pero no: los pontífices, hasta hoy, hablaron y hablan sencillamente de todo y prácticamente presentan todo ello como obligatorio para el laico. Y no como la filosofía, que habla “de todo” pero desde las causas últimas y los primeros principios. Hablan de todo en cuanto concreto: opciones concretas, interpretaciones concretas, de política y economía, desde los sistemas concretos de redistribución de ingresos, pasando por la política exterior, monetaria, fiscal, agrícola, industrial, cambio climático, medio ambiente, seguridad, etc. Hasta hoy. El famoso “Compendio de Doctrina Social de la Iglesia” (op.cit.) es un buen ejemplo: prácticamente no hay tema que no esté allí contemplado, y entregado al laico como “tome, esto es lo que tiene que pensar y decir”.

La segunda razón es el radical desconocimiento del ámbito propio de la ciencia económica, esto es, las consecuencias no intentadas de las acciones humanas. Casi todos los documentos pontificios están escritos desde el paradigma de que si hubiera gobiernos cristianos, y por ende “buenos”, ellos redistribuirían la riqueza, que se da por supuesta; ellos implantarían la justicia con diversas medidas intervencionistas cuyas consecuencias no intentadas no se advierten. El mal social proviene de personas malas, no católicas, que defienden la maldad de un sistema liberal que sólo puede ser defendido desde el horizonte de la defensa de los intereses del capital.

Con ello, ¿qué lugar queda para la economía como ciencia? Ninguna, excepto la del contador que hace las cuentas para el obispo. Como mucho, un laico sabrá de diversos “tecnicismos”, pero las grandes líneas de gobierno ya están planteadas porque, frente al paradigma anterior, no hay economía como ciencia sino más bien gobiernos buenos, que harán caso a las encíclicas, o gobiernos malos, que no. Y punto.

Pero la realidad de la escasez no es así. Como hemos visto cuando analizamos a los escolásticos, las medidas supuestamente “buenas” de los gobiernos tienen consecuenciasno intentadas por el “buen” gobernante. Los precios máximos producen escasez; los mínimos, sobrantes; los salarios mínimos producen desocupación; el control de la tasa de interés, crisis cíclica; el control de alquileres, faltante de vivienda; las tarifas arancelarias, monopolios legales e ineficiencia, la emisión de moneda, inflación, y la socialización de los medios de producción, imposibilidad de cálculo económico. Siempre es así pero siempre se vuelven a hacer las mismas cosas suponiendo que alguna vez un gobernante “más bueno”, “más lector del magisterio”, lo va a hacer “bien”. Y el que piense lo contrario desconoce o desobedece a “la doctrina social de la Iglesia”; por ende es un mal católico y un manto de silencio lo cubre en ambientes eclesiales, como un cadáver al cual se le cubre caritativamente el cuerpo.

Mientras no se tenga conciencia de esto, los pontífices seguirán hablando como si la economía dependiera de las solas y bienintencionadas órdenes de los gobernantes cristianos, escritas por ellas en sus encíclicas sociales.

3.5.    ¿Cuáles son las consecuencias de todo esto?

Son desastrosas, por supuesto. Comencemos por la primera: la des-autorización del magisterio pontificio.

De igual modo que, a mayor emisión de oferta monetaria, menor valor de la moneda, a mayor cantidad de temas tratados, menor valor. O sea, se ha producido una inflación de magisterio pontificio en temas sociales[3], en cosas totalmente contingentes, que deberían ser tratadas por los laicos. Con lo cual se ha violado el principio de subsidiariedad en la Iglesia: el pontífice no debe hacer lo que los obispos pueden hacer, y los obispos no deben hacer lo que corresponde a los laicos. La invasión directa de la autoridad del pontífice en temas laicales implica que el pontífice se introduce cada vez más en lo más concreto, donde ha más posibilidad de error[4]. De igual modo que los preceptos secundarios de la ley natural demandan una premisa adicional que no está contenida en los preceptos primarios, mucho más cuando de los primarios y secundarios se pasa a cuestiones políticas y económicas irremisiblemente históricas y prudenciales.

Ante esta inflación de magisterio pontificio, se produce un efecto boomerang. Es imposible una estadística, pero algunos –ya jerarquía o laicos– no tienen idea de lo que ocurre ni les interesa. Otros, guiados por un sano respeto al magisterio, repiten todo, desde la Inmaculada Concepción hasta la última coma de la entrevista del Papa en el avión sobre las marcas dentífricas. Eso produce un caos total, porque los laicos, inconscientemente, van adaptando una multitud cuasi-infinita de párrafos pontificios a su ideología opinable concreta, y van armando una Doctrina Social de la Iglesia a la carta que luego además se echan los unos a los otros con acusaciones mutuas de infidelidad al magisterio. Ante este caos, muchos finalmente optan por decir lo que quieren ante un magisterio que en el fondo se ha metido en lo que no le corresponde. Otros, finalmente, en silencio, obedecen al magisterio en sus ámbitos específicos y mantienen en reserva mental (y en silencio) su posición en temas opinables.

Lo que ha sucedido también es el avance de teologías de avanzada en temas sociales y dogmáticos. Esto ya fue visto por Pío XII, en su famosa Humani generis, con el intento de frenarlo[5]. Pero no pudo. Esas teologías habitualmente desobedecen al Magisterio en todo lo que sea fe y costumbres pero lo siguen cada vez que el Magisterio avanza en temas sociales más para la izquierda. Así, en los 60’ y los 70’, los teólogos de la liberación proclamaban exultantes a laPopulorum progressio mientras ocultaban y silenciaban a laHumanae vitae y al Credo del Pueblo de Dios. Y así sucesivamente. Y con ello se ha producido una especie de consenso, un casi pensamiento único en la Iglesia, ante el cual, si eres un teólogo o pensador católico “de avanzada”, dices absolutamente lo que quieres en temas de Fe y costumbres, pero en cambio sigues a pie de juntillas el plan más estatista establecido en la Populorum progressio, en las Conferencias episcopales latinoamericanas y en las primeras dos encíclicas sociales de Juan Pablo II[6]Eso sí: sobre esto, entonces, ya no hay libertad de opinión. Si no sigues al los nuevos dogmas estatistas, entonces sí que estás excomulgado. O sea, en lo opinable, pensamiento único; en Fe y costumbres, lo que quieras.

Todo esto es un caos, del cual no se ha salido en absoluto.El laicado, ante esto, ha quedado, o totalmente indiferente, con lo cual lo que digan los pontífices en temas de Fe y costumbres ya no importa, o totalmente clerical, integrista y dividido. Cada grupo se ha armado su propia versión de la Doctrina Social de la Iglesia, sin conciencia de lo opinable, cortando y pegando los párrafos que les convienen –porque la cantidad de párrafos en los asuntos contingentes es tan amplia que da para ello– y acusando al otro grupo de infidelidad a la Iglesia.

La corrección de todo esto va a tardar mucho. Pero los laicos no deberían pedir a los pontífices expedirse en temas contingentes, ni estos últimos deberían hablar sobre esos temas. La cuestión ya no pasa por interpretar lo que dijo Pablo VI sobre comercio internacional: la cuestión pasa por reconocer que sencillamente no debería haber dicho nada. La cuestión ya no pasa por interpretar los párrafos de Juan XXIII sobre industria, comercio e impuestos: la cuestión es que no debería haber dicho sencillamente de eso, igual que San Josemaría Escrivá de Balaguer, que nunca invadía los ámbitos propios de los laicos.

La solución del famoso tema de la economía de mercado no pasa, por ende, por tener un Papa que bendiga y eche agua bendita a las teorías del mercado. La cuestión pasa por callar y dejar actuar y pensar a los laicos. Establecidos principios muy generales como propiedad y subsidiariedad, hasta dónde llega la acción del estado es materia de libre discusión entre los laicos. Si un laico basado en Keynes está de acuerdo con una política monetaria activa y yo, basado en Mises, estoy de acuerdo con el Patrón Oro, la solución del problema no pasa porque venga un Papa “aurífero”. Yo no necesito que el Papa se pronuncie en ese tema. En ese tema, y en la mayor parte de los termas, que se calle y que deje actuar a los laicos. Así de simple. Y cuando los laicos opinen, que no tengan párrafos diversos del magisterio para sacralizar, clericalizar su posición y echársela por la cabeza al laico que piensa diferente.

Así, cuando Roma hable, será importante. Así, cuando Roma hable, será porque verdaderamente hay que confirmar en la Fe. Así, cuando haya un concilio ecuménico o una encíclica, será sobre temas de Fe y no sobre cuántos impuestos haya que cobrar o cuántas empresas haya que estatizar o privatizar. Pueden los pontífices “acompañar” a una cuestión temporal legítima, si –como sucedió y sucede– un pontífice anterior y/o los laicos la hubieran convertido en una herejía, para dejar lugar a la libertad de los laicos en ese tema. Exactamente como tuvo que hacer Pío XII con la democracia constitucional. Pero ese “acompañamiento” debería ser la excepción y no la regla.

Para que todo esto pase de la potencia al acto, se necesitan nuevas generaciones, formadas en todo esto, capaces de hacer y vivir estas distinciones. No sabemos cuándo y cómo puedo ello ocurrir. Los tiempos de la Iglesia son de Dios. Humanamente, un cambio así de hábitos intelectuales puede tardar cientos de años.

[1] http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_06081993_veritatis-splendor.html.

[2]http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19900524_theologian-vocation_sp.html.

[3] Como hemos denunciado en nuestro artículo La devaluación del magisterio pontificioop. cit.

[4] Santo Tomás explica perfectamente el grado de falibilidad mayor a medida que vamos descendiendo en las circunstancias concretas de una conclusión moral-prudencial: “…Por tanto, es manifiesto que, en lo tocante a los principios comunes de la razón, tanto especulativa como práctica, la verdad o rectitud es la misma en todos, e igualmente conocida por todos. Mas si hablamos de las conclusiones particulares de la razón especulativa, la verdad es la misma para todos los hombres, pero no todos la conocen igualmente. Así, por ejemplo, que los ángulos del triángulo son iguales a dos rectos es verdadero para todos por igual; pero es una verdad que no todos conocen. Si se trata, en cambio, de las conclusiones particulares de la razón práctica, la verdad o rectitud ni es la misma en todos ni en aquellos en que es la misma es igualmente conocida. Así, todos consideran como recto y verdadero el obrar de acuerdo con la razón. Mas de este principio se sigue como conclusión particular que un depósito debe ser devuelto a su dueño. Lo cual es, ciertamente, verdadero en la mayoría de los casos; pero en alguna ocasión puede suceder que sea perjudicial y, por consiguiente, contrario a la razón devolver el depósito; por ejemplo, a quien lo reclama para atacar a la patria. Y esto ocurre tanto más fácilmente cuanto más se desciende a situaciones particulares, como cuando se establece que los depósitos han de ser devueltos con tales cauciones o siguiendo tales formalidades; pues cuantas más condiciones se añaden tanto mayor es el riesgo de que sea inconveniente o el devolver o el retener el depósito” (Suma Teológica, I-II, q. 94 a. 4 c).

[5]Véase: http://w2.vatican.va/content/pius-xii/es/encyclicals/documents/hf_p-xii_enc_12081950_humani-generis.html.

[6] Nos referimos a Laborem exercens y Sollicitudo rei sociales. Cuando salió Centesimus annus, oh casualidad, los ultra pro-Juan Pablo II callaron repentinamente…

 

Gabriel J. Zanotti es Profesor y Licenciado en Filosofía por la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA), Doctor en Filosofía, Universidad Católica Argentina (UCA). Es Profesor titular, de Epistemología de la Comunicación Social en la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral. Profesor de la Escuela de Post-grado de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral. Profesor co-titular del seminario de epistemología en el doctorado en Administración del CEMA. Director Académico del Instituto Acton Argentina. Profesor visitante de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Fue profesor Titular de Metodología de las Ciencias Sociales en el Master en Economía y Ciencias Políticas de ESEADE, y miembro de su departamento de investigación. Síguelo en @gabrielmises 

Elecciones, motivaciones y socialdemocracia

Por Gabriel Boragina. Publicado en: http://www.accionhumana.com/2019/01/elecciones-motivaciones-y.html

 

Si bien el factor económico -se dice- es un móvil muy importante y muy frecuente por el cual el ciudadano decide su voto, no es el único. Las elecciones económicas (las que incluyen el voto a candidatos políticos -agregan quienes así argumentan-) están influenciadas por las emociones humanas.

Desde el punto de vista praxeológico la opinión expresada arriba puede ser objeto de varias objeciones.

Comencemos diciendo que, para la praxeología, economizar es optar, elegir entre diferentes alternativas. Y como toda acción implica una opción toda acción es económica, en la que se descartan unas alternativas por otras. En nuestro tema, esto incluye al voto político, también llamado sufragio. Al votar por un pretendiente al cargo, automáticamente estoy descartando a los restantes. Se trata, praxeologicamente, de una acción económica.[1]

Aun cuando se acepte que una decisión este influida -en mucho o en poco- por elementos emocionales, la acción final que se emprenda será económica en el sentido apuntado.

Ahora bien, las motivaciones por las cuales un votante elige al aspirante “A” en lugar del “B”, también son, en última instancia, económicas.

Vivimos en un mundo estatista, donde esta tan aceptado que los gobiernos intervengan, manipulen o dirijan por completo la economía, que tenemos en cuenta este último componente a la hora de concurrir a emitir el sufragio. La gente está convencida que sus destinos económicos están y seguirán estando -sino enteramente- si en una proporción muy importante. en manos del partido de quien resulte el postulante electo. En consecuencia, su voto se orientará hacia aquel que promete más bienestar económico a corto o mediano plazo.

Las llamadas motivaciones “no-económicas”, como -por ejemplo- la educación, la salud, la previsión social, la seguridad personal y jurídica, la corrupción, etc. son todas, en última instancia, también económicas por todo lo que llevamos dicho. Lo sepa la gente o no, todas esas actividades solo pueden sustentarse y desarrollarse contando con los respectivos fondos que, en el imaginario colectivo, han de ser adelantados por los gobiernos, cuando sabemos -desde la más pura ciencia económica- que esto nunca ha sido así, ni puede ser así. Nada que el gobierno gaste no ha sido sino previamente detraído del bolsillo de alguno o de todos nosotros mediante impuestos u otros artilugios “legales”.

Entonces, a la hora de votar, evaluamos como fue la gestión económica del mandato (si pretende ser reelecto) o como suponemos que lo será en caso de que no hubiera aun ejercido el cargo. Y comparamos todo ello con nuestra personal situación económica. Esto es más acusado en aquellos lugares donde los gobiernos son más intrusivos en la vida ciudadana que en aquellos otros donde lo son menos.

Claro que, también en nuestras elecciones entran a jugar otros constituyentes, ya más de índole personal como, por ejemplo, el carisma del candidato, su liderazgo, sus actitudes personales, familiares, etc. Pero, más bien, cumplen un lugar secundario en relación a las motivaciones económicas, salvo casos excepcionales.

La cultura media del elector es otro ingrediente decisivo. No solamente cuenta su formación cívica, sino su nivel total de educación es relevante, porque de acuerdo a ellos será la opinión que se haga de los candidatos y lo que determine su voto.

Nos parece que -en promedio- las motivaciones económicas (según se las entiende popularmente) ocupan un 50% de la intención de voto, y el otro 50% lo representan las llamadas (o percibidas por el ciudadano como) no-económicas (educación, salud, seguridad, justicia, previsión social, etc.). El político que ofrezca mejorar estas cosas respetando esas prioridades del votante será quien finalmente se alce con el triunfo.

La visión socialdemócrata del electorado para la cual el gobierno-estado es una especie de Santa Claus o Robin Hood moderno, terminará votando al candidato que mejor prometa hacerle cumplir con dichos roles. La socialdemocracia -a la cual nos hemos referido en muchísimas oportunidades anteriores- representa un grado por encima al más básico del saber económico. Este nivel ultra elemental de “conocimiento” económico es el que ofrece el marxismo. Y radica en la pura intuición de lo que parece “evidente” a los ojos de cualquier persona sin discernimiento de economía: que hay gente que posee cosas que otros no tienen. De allí a concluir que lo que ostentan unos se debe a que no lo poseen otros hay un paso tan simple como es el que terminan dando la mayoría de las personas.

Es a esto a lo que se refería Friedrich A. von Hayek cuando insistía que la economía es una ciencia contraintuitiva. Sus verdades no son evidentes por sí mismas. Y es por esto que no ha existido jamás en la historia ningún gobierno liberal, ni democrático ni antidemocrático.

Aquel razonamiento errado marxista es matizado por el no menos equivocado socialdemócrata, en el sentido de que el estado-nación debe cumplir con la mal llamada “justicia social”, es decir, quitarles a unos lo que les pertenece para darles a otro lo que nos les pertenece, lo que -en esencia- no tiene demasiada diferencia con la fórmula marxista que proponía lo mismo por medio de la fuerza bruta revolucionaria. La única discrepancia con la socialdemocracia es que esta persigue idéntico fin, pero a través de los votos. Por eso, antes se usaba una expresión más clara, como la de socialismo democrático, y luego se la abrevió para disimular mejor, y quedó como socialdemocracia.

Lo que no parece aceptarse de ningún modo -al tiempo de hoy- es que el gobierno se abstenga de intervenir en la economía, fruto de esa ideología socialdemócrata que se impone mundialmente, y en la cual se enrolan la generalidad de los partidos políticos internacionales con mayores o menores variantes, pero todos encolumnados detrás de la “filosofía” socialdemócrata. Por supuesto, si esto se les dice a algunas de estas personas lo negarán enfáticamente. En su lugar, dirán “No. Yo soy de izquierda”, o “de derecha” o “de centro”, pero pocos admitirán ser socialdemócratas. Es que la gente prefiere manejarse con expresiones estereotipadas y ordinarias, corrientemente términos que divulga el periodismo, que es la fuente principal de información y, lamentablemente, hasta de formación de numerosas personas.

[1] véase Ludwig von Mises, La acción humana, tratado de economía. Unión Editorial, S.A., cuarta edición.

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE. Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

¿A dónde se fue la plata de la deuda?

Por Iván Carrino. Publicado el 27/12/18 en: https://contraeconomia.com/2018/12/a-donde-se-fue-la-plata-de-la-deuda/

 

Llega el fin de año y con él las reuniones del trabajo,  las de los amigos y las de la familia para pasar en conjunto las fiestas.

Es una tradición que se repite a nivel global, casi independientemente de la religión de cada uno. Llega la navidad y todos esperan dar y recibir regalos. Pocos días más tarde, un año nuevo comienza, junto con todos los deseos y las expectativas para los 365 días que vienen.

Otra tradición, tal vez más argentina, a causa de nuestras repetidas y casi inevitables crisis económicas, es la discusión política. En algunas mesas, esto prefiere evitarse, ya que puede dar lugar a grietas. En otras, el tema se lleva mejor.

Este año en mis reuniones hubo una pregunta que se repitió bastante. Ya sea en mi grupo de amigos de la vida o entre la familia, una duda recorría las mentes de todos: ¿qué se hizo con la plata de la deuda?

¿Con toda la deuda que tomó este gobierno, cómo  es posible que sigan igual (o incluso peor) la seguridad, la salud, y el estado de la economía?

A continuación, intentaré responder esta pregunta.

El estado como una empresa

Por más que a algunos les resulte totalmente irritante la comparación entre el gobierno y una empresa, para analizar este tema en particular el recurso es realmente útil.

Así que imaginemos que una empresa tiene gastos anuales por USD 10.000, que cubre con sus ingresos anuales por USD 12.000. A fin de año, la ganancia de la compañía es de USD 2.000.

Los USD 10.000 de gasto están divididos de la siguiente forma:

  • USD 5.000 son salarios.
  • USD 2.000 se llevan los gastos de electricidad, gas y agua.
  • USD 1.000 es decoración de las oficinas.
  • USD 1.000 se van en servicio técnico de las computadoras.
  • USD 1.000 son impuestos a los ingresos brutos.

En este esquema, si la empresa decidiera comprar una nueva computadora de unos USD 3.000, no podría hacerlo con los ingresos corrientes. Dado que de sus USD 12.000 solo le quedan USD 2.000 una vez que se deducen los gastos, si quisiera comprar un bien de capital por USD 3.000, entonces le estarían faltando USD 1.000.

Aquí es donde ingresa el endeudamiento. La empresa podría ir al banco y pedir mil dólares en préstamo, comprometiéndose a pagar intereses y devolver el monto en un plazo futuro.

Frente a este escenario: ¿qué responderíamos a la pregunta de a dónde se fue la plata de la deuda?

Rápidamente, seguro que diríamos que los USD 1000 de deuda fueron a parar a la compra de la nueva computadora. Y eso es parcialmente cierto, pero dado que el dinero es fungible, también podríamos decir que  fueron a pagar la decoración de las oficinas.

Dicho de otra forma, si en el año 2019 la empresa decidiera no decorar nuevamente la oficina, entonces habría tenido los mil dólares disponibles para comprar la máquina,  por lo que no hubiera sido necesario endeudarse.

Pero dado que sí decidió decorar las oficinas, entonces ese préstamo permitió que eso ocurra.

Con esto en mente, analicemos el caso del gobierno durante los años de la “Gestión M”.

El problema es el gasto

En el caso particular del endeudamiento, al estado le ocurre lo mismo que a la empresa privada. Si gasta más de lo que ingresa, entonces tiene que endeudarse.

En 2018, de acuerdo con los datos del presupuesto aprobado recientemente en ambas cámaras del congreso, el cuadro de ingresos y gastos fue el siguiente:

Concepto Monto (en millones de pesos)
Ingresos Totales (Impuestos, rentas, otros) 2.625.000
Gasto Primario Corriente 2.758.000
Gasto de Capital 232.000
Pago de Intereses 400.000
Resultado Total -765.000

 

Aclarando un poco los números, resulta que los ingresos totales del estado nacional, explicados fundamentalmente por la recaudación de impuestos, ascendieron este año a $ 2,6 billones.

Por otro lado, el gasto primario corriente, que incluye jubilaciones, subsidios económicos, gastos de funcionamiento y transferencias a provincias, totalizó $ 2,76 billones. Por su parte, el gasto en obra pública fue de solo $ 232.000 millones, y el pago de intereses de la deuda se llevó $ 400.000 millones.

¿Qué nos dice esto?

En primer lugar, que el resultado fiscal del gobierno fue de menos 765.000 millones. Es decir, USD 19.000 millones de agujero fiscal que alguien tendrá que financiar. No extraña, entonces, que excluyendo Letes y Lecap, las emisiones de deuda de 2018 hayan totalizado USD 30.000 millones.

Es que el gobierno no solo se endeuda para poder solventar su nuevo déficit, sino también para pagar los intereses que le generaron sus déficits pasados. Si sumamos los $ 765.000 millones y los $ 400.000 millones y los dividimos por un tipo de cambio de $ 39, llegamos a una cifra de casi USD 30.000 millones.

Respuesta final

Entonces, al final, ¿a dónde se va la plata de la deuda?

Pues muy sencillo: a pagar el déficit fiscal del gobierno y los intereses de deuda contraída en el pasado, explicados también por el déficit fiscal del gobierno.

O sea que discutir en qué se va el dinero de la deuda es lo mismo que discutir el cómo y cuánto gasta el gobierno. En resumidas cuentas, si se quiere menor deuda, pero no se quieren subir impuestos, entonces la única solución es tener menor gasto.

La deuda es hija del gasto público, y el único motivo de su existencia es todos y cada uno de los rubros del gasto que, una vez que superan a los ingresos, deben necesariamente financiarse con endeudamiento.

Para cerrar, la plata de la deuda no va a la fuga de capitales como dicen algunos. Va a pagar subsidios, jubilaciones, salud, educación, seguridad, salarios estatales, Aerolíneas Argentinas, pauta publicitaria oficial, diputados, senadores, etc. etc. etc.

¿Te molesta la deuda? Entonces andá pensando qué rubro del gasto te parece que es mejor reducir.

 

Iván Carrino es Licenciado en Administración por la Universidad de Buenos Aires y Máster en Economía de la Escuela Austriaca por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es editor de El Diario del Lunes, el informe económico de Inversor Global. Además, es profesor asistente de Comercio Internacional en el Instituto Universitario ESEADE y de Economía en la Universidad de Belgrano. Es Sub Director de la Maestría en Economía y Ciencias Políticas de ESEADE.

SOBRE LOS OBISPOS Y EL FMI: OTRA VEZ EL TEMA DE LO OPINABLE EN LA IGLESIA…………………………………………. (De mi libro Judeocristianismo y Civilización Occidental). Cap 7, punto 3.

Por Gabriel J. Zanotti. Publicado el 13/5/18 en: http://gzanotti.blogspot.com.ar/2018/05/sobre-los-obispos-y-el-fmi-otra-vez-el.html

 

“……….De lo dicho se deriva una consecuencia: la de que los propietarios del capital prefieren colocarlo en otros negocios antes que en la agricultura. Por esta razón., los agricultores no pueden pagar intereses elevados. Más aún, ni siquiera pueden pagar, por lo regular, los intereses normales del mercado para procurarse los capitales que necesitan el desarrollo y funcionamiento normal de sus empresas. Se precisa, por tanto, por razones de bien común, establecer una particular política crediticia para la agricultura y crear además instituciones de crédito que aseguren a los agricultores los capitales a un tipo de interés asequible”

  1. La recuperación de lo opinable

          Ha sido evidente que a lo largo de todo este libro hemos tratado de aclarar qué cosas son opinables en relación a la Fe y por eso, cuando algunas intervenciones especiales del Magisterio se inclinaban por un tema opinable que nos favorecía, hemos aplicado la categoría de “acompañamiento” para respetar la libertad de opinión del católico. Ya nos hemos referido a ello y en ese sentido no habría más nada que agregar.

Sin embargo, si estamos hablando de la recuperación del laicado, este es uno de los temas más graves desde fines del s. XIX hasta este mismo año (2018) y lo seguirá siendo, temo, muchos años más, y constituye uno de los problemas más graves de la Iglesia.

3.1.    El tema en sí mismo

La cuestión en sí misma no debería presentar ningún problema. Es obvio que “…Lo sobrenatural no debe ser concebido como una entidad o un espacio que comienza donde termina lo natural “, pero ello implica justamente que el ámbito de las realidades temporales debe ser fermentado directamente por los laicos e indirectamente por la jerarquía a través del magisterio que le es propio (me refiero a obispos y al Pontífice). Es obvio también que aunque lo natural sea elevado por la Gracia, ello no borra la distinción entre lo sacro, en tanto el ámbito propio de los sacramentos, y lo no sacro, donde puede haber sacramentales pero según las disposiciones internas de los que los reciban.

En ese sentido, puede haber, a lo largo de los siglos, una enseñanza social de la Iglesia en tanto a:

  1. a)Los preceptos primarios de la ley natural que tengan que ver con temas sociales (como por ejemplo el aborto)
  2. b)Los preceptos secundarios de la ley natural en sí mismos, donde se encuentran los grades principios de ética social (dignidad humana, respeto a sus derechos, bien común, función social de la propiedad, subsidiariedad, etc.) con máxima universalidad, sin tener en cuenta las circunstancias históricas concretas.

El magisterio actual ha aclarado bastante sus propios niveles de autoridad sobre todo en laVeritatis splendor[1] y Sobre la vocación eclesial del teólogo[2].

Tanto a como b pueden ser señalados por el magisterio ya sea positivamente (afirmando esos grandes principios) o negativamente, cuando advierte o condena sistemas sociales contradictorios con ellos (como fueron las advertencias contra los estados y legislaciones laicistas del s. XIX, o las condenas contra los totalitarismos en el s. XX).

Ahora bien, hay otras cuestiones sociales que no se desprenden directamente de a y b. ESE es el ámbito “opinable en relación a la Fe”: opinable no porque no pueda haber ciencias o filosofía social sobre ellos, sino porque esas ciencias y-o filosofías sociales corresponden a los laicos y no se desprenden directamente de las Sagradas Escrituras, la Tradición o el Magisterio de la Iglesia.

A partir de lo anterior se desprende deductivamente que esos ámbitos opinables son:

  1. a)El estado de determinadas ciencias o conocimientos sociales en una determinada etapa de la evolución histórica;
  2. b)la evaluación de una determinada circunstancia histórica a partir de a,
  3. c)la aplicación prudencial de los principios universales a una situación histórica específica, a la luz de a y b.

Ejemplo: nuestros conocimientos actuales sobre democracia constitucional (a); el diagnóstico de la falta de instituciones republicanas en América Latina (b); las propuestas de reforma institucional para América Latina (c).

Todo lo cual muestra toda la hermenéutica implícita cada vez que hablamos de estos tres niveles en los temas sociales, y por ende la ingenuidad positivista de recurrir a “facts” para estas cuestiones.

3.2.    ¿Señaló el Magisterio este ámbito de opinabilidad?

          Por un lado, si. Los textos son relativamente claros:

  1. a)León XIII, Cum multa, 1882: “… también hay que huir de la equivocada opinión de los que mezclan y como identifican la religión con un determinado partido político, hasta el punto de tener poco menos que por disidentes del catolicismo a los que pertenecen a otro partido. Porque esto equivale a introducir erróneamente las divisiones políticas en el sagrado campo de la religión, querer romper la concordia fraterna y abrir la puerta a una peligrosa multitud de inconvenientes”.
  2. b)León XIII, Immortale Dei, 1885: “Pero si se trata de cuestiones meramente políticas, del mejor régimen político, de tal o cual forma de constitución política, está permitida en estos casos una honesta diversidad de opiniones”.
  3. c)León XIII, Sapientiae christianae, 1890: “La Iglesia, defensora de sus derechos y respetuosa de los derechos ajenos, juzga que no es competencia suya la declaración de la mejor forma de gobierno ni el establecimiento de las instituciones rectoras de la vida política de los pueblos cristianos”…. “…querer complicar a la Iglesia en querellas de política partidista o pretender tenerla como auxiliar para vencer a los adversarios políticos, es una conducta que constituye un abuso muy grave de la religión”.
  4. d)León XIII, Au milieu des sollicitudes, 1891: “En este orden especulativo de ideas, los católicos, como cualquier otro ciudadano, disfrutan de plena libertad para preferir una u otra forma de gobierno, precisamente porque ninguna de ellas se opone por sí misma a las exigencias de la sana razón o a los dogmas de la doctrina católica”.
  5. e)Pío XII, Grazie, 1940: “Entre los opuestos sistemas, vinculados a los tiempos y dependientes de éstos, la Iglesia no puede ser llamada a declararse partidaria de una tendencia más que de otra. En el ámbito del valor universal de la ley divina, cuya autoridad tiene fuerza no sólo para los individuos, sino también para los pueblos, hay amplio campo y libertad de movimiento para las más variadas formas de concepción políticas; mientras que la práctica afirmación de un sistema político o de otro depende en amplia medida, y a veces decisiva, de circunstancias y de causas que, en sí mismas consideradas, son extrañas al fin y a la actividad de la Iglesia”.
  6. f)Vaticano II, Gaudium et spes, 1965: “Muchas veces sucederá que la propia concepción cristiana de la vida les inclinará en ciertos casos a elegir una determinada solución. Pero podrá suceder, como sucede frecuentemente y con todo derecho, que otros fieles, guiados por una no menor sinceridad, juzguen del mismo asunto de distinta manera. En estos casos de soluciones divergentes aun al margen de la intención de ambas partes, muchos tienen fácilmente a vincular su solución con el mensaje evangélico. Entiendan todos que en tales casos a nadie le está permitido reivindicar en exclusiva a favor de su parecer la autoridad de la Iglesia. Procuren siempre hacerse luz mutuamente con un diálogo sincero, guardando la mutua caridad y la solicitud primordial pro el bien común”.
  7. g)Juan Pablo II, Centesimus annus, 1991: “Es superfluo subrayar que la consideración atenta del curso de los acontecimientos, para discernir las nuevas exigencias de la evangelización, forma parte del deber de los pastores. Tal examen sin embargo no pretende dar juicios definitivos, ya que de por sí no atañe al ámbito específico del Magisterio”.

Podríamos citar algunos textos más, pero, como vemos, la noción en sí misma de lo opinable es clara.

          3.3.    Pero por el otro lado…

          Pero, sin embargo, habitualmente las cosas no han sido tan claras. Los textos pontificios sobre temas sociales están inexorablemente adheridos a las circunstancias históricas, a su interpretación según criterios de la época y a recomendaciones y aplicaciones en sí mismas prudenciales. Nadie pide que no sea así, el problema es que los pontífices no se han caracterizado por aclararlo bien. Y no porque “se descuenten los principios hermenéuticos de interpretación teológica”. Hemos visto que, comenzando por el tema político, Gregorio XVI y Pío IX unieron indiscerniblemente a la recta condena de los estados laicistas con el intrínsecamente contingente régimen de ciudadanía = bautismo, que tantos problemas trajo para la posterior declaración de libertad religiosa. Hemos visto cómo ello fue aprovechado por los católicos que apoyaron a Mussolini (comenzando por Pío XI) y Franco, que tuvieron el atrevimiento de presentar eso como “doctrina social de la Iglesia”. Hemos visto cómo ese error comenzó a remontarse desde Pío XII en adelante, cómo este último tuvo que “acompañar” al surgimiento de las democracias cristianas de la post-guerra europea precisamente porque desde ese error se pretendía condenar por hereje al que pensara lo contrario. Hemos visto que el mismo, clerical e integrista error siguió en Lefebvre y pasa luego, de peor modo, a la horrorosa mezcolanza que hacen los teólogos de la liberación entre el comunismo de los medios modernos de producción y el “pueblo de Dios”. Hemos visto cómo Benedicto XVI tiene que salir a aclarar qué es lo contingente y qué es lo esencial, y cómo tuvo que “acompañar” nuevamente a los elementos más contingentes de la modernidad católica, para ver si la institucionalidad republicana penetraba en la mente de los integristas católicos de derecha o izquierda, y hemos visto que casi nadie lo escuchó ni lo entendió. Y todo eso por no haber distinguido en su momento lo opinable de lo que no lo era.

En el plano económico, temas que son intrínsecamente opinables en relación a la Fe, han pasado a ser parte de una especie de pensamiento único que todo católico debería aceptar so pena de ser un mal católico entre aquellos que recitan de memoria las encíclicas. La leyenda negra de la Revolución Industrial, desde León XIII en adelante; el capitalismo liberal como el imperialismo internacional del dinero, desde Pío XI en adelante; un programa casi completo de política económica, en la última parte de la Mater et magistra de Juan XXIII; la redistribución de ingresos y la llamada justicia social, desde Pío XI en adelante; la teoría del deterioro de los términos de intercambio, desde Pablo VI en adelante, y así… hasta hoy. Para colmo gran parte de esas encíclicas son redactadas por asesores que así convierten sus personales opiniones (que deberían haber sido debatidas académicamente) en “Doctrina social de la Iglesia”. La situación no se solucionó porque San Juan Pablo II haya hablado de economía de mercado en la Centesimus annus: era obvio que fue un párrafo incrustado por un asesor desde fuera del pensamiento real de Karol Wojtyla, que, por ende, ni él se lo creyó. Y además tampoco la solución pasaba porque entonces la economía de mercado pasara a ser, sin distinciones, otro tema opinable convertido en no opinable…

El problema NO consiste en que un católico considere que todas esas cosas son verdaderas. El problema es que desde los pontífices para abajo, sin casi distinciones y aclaraciones, se consideran parte de la cosmovisión católica de la vida. O sea, el problema NO consiste en que un católico, sea el pontífice o Juan católico de los Palotes, opine así, el problema es que lo piense como cuasi-dogma social. Ese es el problema.

3.4.    ¿Por qué? Diagnóstico

¿Pero por qué ha sucedido esto? Fundamentalmente por dos razones.

Primera: en el plano político y económico, los pontífices no han dejado de gobernar. Fueron casi 17 siglos de clericalismo. La desaparición forzada de los estados pontificios los dejó sin territorios pero sí con el arma moral de la conciencia de los católicos. Y abusando de su autoridad pontificia –un problema previsto por Lord Acton– no sólo condenaron rectamente lo que tenían que condenar, sino que además cada uno de ellos propuso su “plan de gobierno” en encíclicas que comenzaron a llamarse “Doctrina social de la Iglesia”. Cuidado, no digo que ello no haya sido históricamente comprensible o que en esos “gobiernos” no haya habido cosas buenas aunque opinables. Lo que digo es que, al excederse de los tres temas señalados como no opinables, “gobernaban” en lo contingente, según visiones también contingentes, y lo peor es que su territorio era el mundo entero.

En un mundo paralelo imaginario, los pontífices deben tener la “denuncia profética” de la injusticia a nivel social, rechazando lo que sea contradictorio con la Fe y la moral católicas, pero las cuestiones afirmativas –qué sistema social seguir, qué hacer in concreto- deben ser dejadas a los laicos, que, por ende, tendrían opiniones diferentes entre ellos, ninguna “oficialmente católica”. Pero no: los pontífices, hasta hoy, hablaron y hablan sencillamente de todo y prácticamente presentan todo ello como obligatorio para el laico. Y no como la filosofía, que habla “de todo” pero desde las causas últimas y los primeros principios. Hablan de todo en cuanto concreto: opciones concretas, interpretaciones concretas, de política y economía, desde los sistemas concretos de redistribución de ingresos, pasando por la política exterior, monetaria, fiscal, agrícola, industrial, cambio climático, medio ambiente, seguridad, etc. Hasta hoy. El famoso “Compendio de Doctrina Social de la Iglesia” (op.cit.) es un buen ejemplo: prácticamente no hay tema que no esté allí contemplado, y entregado al laico como “tome, esto es lo que tiene que pensar y decir”.

La segunda razón es el radical desconocimiento del ámbito propio de la ciencia económica, esto es, las consecuencias no intentadas de las acciones humanas. Casi todos los documentos pontificios están escritos desde el paradigma de que si hubiera gobiernos cristianos, y por ende “buenos”, ellos redistribuirían la riqueza, que se da por supuesta; ellos implantarían la justicia con diversas medidas intervencionistas cuyas consecuencias no intentadas no se advierten. El mal social proviene de personas malas, no católicas, que defienden la maldad de un sistema liberal que sólo puede ser defendido desde el horizonte de la defensa de los intereses del capital.

Con ello, ¿qué lugar queda para la economía como ciencia? Ninguna, excepto la del contador que hace las cuentas para el obispo. Como mucho, un laico sabrá de diversos “tecnicismos”, pero las grandes líneas de gobierno ya están planteadas porque, frente al paradigma anterior, no hay economía como ciencia sino más bien gobiernos buenos, que harán caso a las encíclicas, o gobiernos malos, que no. Y punto.

Pero la realidad de la escasez no es así. Como hemos visto cuando analizamos a los escolásticos, las medidas supuestamente “buenas” de los gobiernos tienen consecuenciasno intentadas por el “buen” gobernante. Los precios máximos producen escasez; los mínimos, sobrantes; los salarios mínimos producen desocupación; el control de la tasa de interés, crisis cíclica; el control de alquileres, faltante de vivienda; las tarifas arancelarias, monopolios legales e ineficiencia, la emisión de moneda, inflación, y la socialización de los medios de producción, imposibilidad de cálculo económico. Siempre es así pero siempre se vuelven a hacer las mismas cosas suponiendo que alguna vez un gobernante “más bueno”, “más lector del magisterio”, lo va a hacer “bien”. Y el que piense lo contrario desconoce o desobedece a “la doctrina social de la Iglesia”; por ende es un mal católico y un manto de silencio lo cubre en ambientes eclesiales, como un cadáver al cual se le cubre caritativamente el cuerpo.

Mientras no se tenga conciencia de esto, los pontífices seguirán hablando como si la economía dependiera de las solas y bienintencionadas órdenes de los gobernantes cristianos, escritas por ellas en sus encíclicas sociales.

3.5.    ¿Cuáles son las consecuencias de todo esto?

Son desastrosas, por supuesto. Comencemos por la primera: la des-autorización del magisterio pontificio.

De igual modo que, a mayor emisión de oferta monetaria, menor valor de la moneda, a mayor cantidad de temas tratados, menor valor. O sea, se ha producido una inflación de magisterio pontificio en temas sociales[3], en cosas totalmente contingentes, que deberían ser tratadas por los laicos. Con lo cual se ha violado el principio de subsidiariedad en la Iglesia: el pontífice no debe hacer lo que los obispos pueden hacer, y los obispos no deben hacer lo que corresponde a los laicos. La invasión directa de la autoridad del pontífice en temas laicales implica que el pontífice se introduce cada vez más en lo más concreto, donde ha más posibilidad de error[4]. De igual modo que los preceptos secundarios de la ley natural demandan una premisa adicional que no está contenida en los preceptos primarios, mucho más cuando de los primarios y secundarios se pasa a cuestiones políticas y económicas irremisiblemente históricas y prudenciales.

Ante esta inflación de magisterio pontificio, se produce un efecto boomerang. Es imposible una estadística, pero algunos –ya jerarquía o laicos– no tienen idea de lo que ocurre ni les interesa. Otros, guiados por un sano respeto al magisterio, repiten todo, desde la Inmaculada Concepción hasta la última coma de la entrevista del Papa en el avión sobre las marcas dentífricas. Eso produce un caos total, porque los laicos, inconscientemente, van adaptando una multitud cuasi-infinita de párrafos pontificios a su ideología opinable concreta, y van armando una Doctrina Social de la Iglesia a la carta que luego además se echan los unos a los otros con acusaciones mutuas de infidelidad al magisterio. Ante este caos, muchos finalmente optan por decir lo que quieren ante un magisterio que en el fondo se ha metido en lo que no le corresponde. Otros, finalmente, en silencio, obedecen al magisterio en sus ámbitos específicos y mantienen en reserva mental (y en silencio) su posición en temas opinables.

Lo que ha sucedido también es el avance de teologías de avanzada en temas sociales y dogmáticos. Esto ya fue visto por Pío XII, en su famosa Humani generis, con el intento de frenarlo[5]. Pero no pudo. Esas teologías habitualmente desobedecen al Magisterio en todo lo que sea fe y costumbres pero lo siguen cada vez que el Magisterio avanza en temas sociales más para la izquierda. Así, en los 60’ y los 70’, los teólogos de la liberación proclamaban exultantes a la Populorum progressio mientras ocultaban y silenciaban a la Humanae vitae y al Credo del Pueblo de Dios. Y así sucesivamente. Y con ello se ha producido una especie de consenso, un casi pensamiento único en la Iglesia, ante el cual, si eres un teólogo o pensador católico “de avanzada”, dices absolutamente lo que quieres en temas de Fe y costumbres, pero en cambio sigues a pie de juntillas el plan más estatista establecido en la Populorum progressio, en las Conferencias episcopales latinoamericanas y en las primeras dos encíclicas sociales de Juan Pablo II[6]Eso sí: sobre esto, entonces, ya no hay libertad de opinión. Si no sigues a los nuevos dogmas estatistas, entonces sí que estás excomulgado. O sea, en lo opinable, pensamiento único; en Fe y costumbres, lo que quieras.

Todo esto es un caos, del cual no se ha salido en absoluto.El laicado, ante esto, ha quedado, o totalmente indiferente, con lo cual lo que digan los pontífices en temas de Fe y costumbres ya no importa, o totalmente clerical, integrista y dividido. Cada grupo se ha armado su propia versión de la Doctrina Social de la Iglesia, sin conciencia de lo opinable, cortando y pegando los párrafos que les convienen –porque la cantidad de párrafos en los asuntos contingentes es tan amplia que da para ello– y acusando al otro grupo de infidelidad a la Iglesia.

La corrección de todo esto va a tardar mucho. Pero los laicos no deberían pedir a los pontífices expedirse en temas contingentes, ni estos últimos deberían hablar sobre esos temas. La cuestión ya no pasa por interpretar lo que dijo Pablo VI sobre comercio internacional: la cuestión pasa por reconocer que sencillamente no debería haber dicho nada. La cuestión ya no pasa por interpretar los párrafos de Juan XXIII sobre industria, comercio e impuestos: la cuestión es que no debería haber dicho sencillamente de eso, igual que San Josemaría Escrivá de Balaguer, que nunca invadía los ámbitos propios de los laicos.

La solución del famoso tema de la economía de mercado no pasa, por ende, por tener un Papa que bendiga y eche agua bendita a las teorías del mercado. La cuestión pasa por callar y dejar actuar y pensar a los laicos. Establecidos principios muy generales como propiedad y subsidiariedad, hasta dónde llega la acción del estado es materia de libre discusión entre los laicos. Si un laico basado en Keynes está de acuerdo con una política monetaria activa y yo, basado en Mises, estoy de acuerdo con el Patrón Oro, la solución del problema no pasa porque venga un Papa “aurífero”. Yo no necesito que el Papa se pronuncie en ese tema. En ese tema, y en la mayor parte de los termas, que se calle y que deje actuar a los laicos. Así de simple. Y cuando los laicos opinen, que no tengan párrafos diversos del magisterio para sacralizar, clericalizar su posición y echársela por la cabeza al laico que piensa diferente.

Así, cuando Roma hable, será importante. Así, cuando Roma hable, será porque verdaderamente hay que confirmar en la Fe. Así, cuando haya un concilio ecuménico o una encíclica, será sobre temas de Fe y no sobre cuántos impuestos haya que cobrar o cuántas empresas haya que estatizar o privatizar. Pueden los pontífices “acompañar” a una cuestión temporal legítima, si –como sucedió y sucede– un pontífice anterior y/o los laicos la hubieran convertido en una herejía, para dejar lugar a la libertad de los laicos en ese tema. Exactamente como tuvo que hacer Pío XII con la democracia constitucional. Pero ese “acompañamiento” debería ser la excepción y no la regla.

Para que todo esto pase de la potencia al acto, se necesitan nuevas generaciones, formadas en todo esto, capaces de hacer y vivir estas distinciones. No sabemos cuándo y cómo puedo ello ocurrir. Los tiempos de la Iglesia son de Dios. Humanamente, un cambio así de hábitos intelectuales puede tardar cientos de años.

 

[1] http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_06081993_veritatis-splendor.html.

[2]http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19900524_theologian-vocation_sp.html.

[3] Como hemos denunciado en nuestro artículo La devaluación del magisterio pontificioop. cit.

[4] Santo Tomás explica perfectamente el grado de falibilidad mayor a medida que vamos descendiendo en las circunstancias concretas de una conclusión moral-prudencial: “…Por tanto, es manifiesto que, en lo tocante a los principios comunes de la razón, tanto especulativa como práctica, la verdad o rectitud es la misma en todos, e igualmente conocida por todos. Mas si hablamos de las conclusiones particulares de la razón especulativa, la verdad es la misma para todos los hombres, pero no todos la conocen igualmente. Así, por ejemplo, que los ángulos del triángulo son iguales a dos rectos es verdadero para todos por igual; pero es una verdad que no todos conocen. Si se trata, en cambio, de las conclusiones particulares de la razón práctica, la verdad o rectitud ni es la misma en todos ni en aquellos en que es la misma es igualmente conocida. Así, todos consideran como recto y verdadero el obrar de acuerdo con la razón. Mas de este principio se sigue como conclusión particular que un depósito debe ser devuelto a su dueño. Lo cual es, ciertamente, verdadero en la mayoría de los casos; pero en alguna ocasión puede suceder que sea perjudicial y, por consiguiente, contrario a la razón devolver el depósito; por ejemplo, a quien lo reclama para atacar a la patria. Y esto ocurre tanto más fácilmente cuanto más se desciende a situaciones particulares, como cuando se establece que los depósitos han de ser devueltos con tales cauciones o siguiendo tales formalidades; pues cuantas más condiciones se añaden tanto mayor es el riesgo de que sea inconveniente o el devolver o el retener el depósito” (Suma Teológica, I-II, q. 94 a. 4 c).

[5]Véase: http://w2.vatican.va/content/pius-xii/es/encyclicals/documents/hf_p-xii_enc_12081950_humani-generis.html.

[6] Nos referimos a Laborem exercens y Sollicitudo rei sociales. Cuando salió Centesimus annus, oh casualidad, los ultra pro-Juan Pablo II callaron repentinamente…

 

Gabriel J. Zanotti es Profesor y Licenciado en Filosofía por la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA), Doctor en Filosofía, Universidad Católica Argentina (UCA). Es Profesor titular, de Epistemología de la Comunicación Social en la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral. Profesor de la Escuela de Post-grado de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral. Profesor co-titular del seminario de epistemología en el doctorado en Administración del CEMA. Director Académico del Instituto Acton Argentina. Profesor visitante de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Fue profesor Titular de Metodología de las Ciencias Sociales en el Master en Economía y Ciencias Políticas de ESEADE, y miembro de su departamento de investigación.

Migraciones: existe un derecho a salir (aunque no en algunos países), ¿existe también uno a entrar? (IV)

Por Martín Krause. Publicada el 26/4/17 en: http://bazar.ufm.edu/migraciones-existe-derecho-salir-aunque-no-paises-existe-tambien-uno-entrar-iv/

 

  1. Las barreras a la inmigración violan derechos

En general, todos estamos de acuerdo en que existe un derecho a la “salida”, aunque esto no se verifica en todos los casos, como en Corea del Norte o hasta hace poco en Cuba, y consideramos que poner barreras a esto es una violación del derecho negativo a trasladarse que cada persona tiene. ¿Existe, sin embargo, un derecho a la entrada? Aquí el consenso es mucho menor y la constelación de opiniones que lo niegan va de un extremo al otro del espectro político-filosófico. Por ejemplo, un reconocido libertario como Murray Rothbard, modificó su original visión liberal-clásica en relación a la inmigración (1994) planteando que en un mundo libertario de propiedad privada y ausencia de estado no habría un derecho al libre ingreso en ningún lado que no sea con la aprobación del propietario, como lo es en la actualidad con cualquier tipo de propiedad privada. No ingresamos ‘libremente’ en un barrio privado, en un club o en una casa a menos que el propietario nos lo permita, o nos invite a hacerlo.

¿Se mantiene dicho principio en el caso, como ahora, en que existe un estado? ¿Podríamos interpretar que el estado es una propiedad común de todos los ciudadanos de un país y que, de la misma forma en que no se puede ingresar a una propiedad privada sin el permiso del dueño, en este caso no se puede ingresar a un país sin el permiso de quien ejerce esa propiedad?

El problema aquí es el de considerar al estado como una propiedad común. Porque si tomamos el ejemplo de un barrio privado o de un club, vemos que un ‘extranjero’ puede ingresar como invitado si el propietario individual o el socio del club lo permite; pero en el caso del estado cuando existe una barrera a la inmigración no puede un ciudadano “invitar” a ingresar a nadie. En fin, el problema lleva a cuestiones mucho más profundas que no se podrán considerar aquí, aunque sean bien importantes.

En principio pareciera que una barrera a la inmigración podría violar el derecho del ciudadano a “invitar” a un extranjero a su casa o a entrar en algún tipo de relación con él. Digamos que quiero contratar a un extranjero para que trabaje conmigo, ¿por qué no podría hacerlo? ¿no resulta violado mi derecho a establecer relaciones contractuales con quien desee?

Huemer (2010), va más allá y plantea que eso también viola un derecho del inmigrante, en esencia porque él también tendría un derecho entrar en una relación contractual conmigo, que de esta forma resulta violado:

“La forma en que el gobierno daña a potenciales inmigrantes es excluyéndolos de una cierta área física, y por ello efectivamente excluyéndolos de interactuar en forma valiosa e importante con gente (que no es el gobierno) que se encuentran en la región. Muchos norteamericanos con gusto realizarían intercambios o emplearían a estos potenciales inmigrantes, de una forma que les permitiría a estos satisfacer sus necesidades. El gobierno no solamente rechaza darles bienes a estos potenciales inmigrantes, y no solamente rechaza, él mismo, realizar intercambios con ellos. Realiza un gran esfuerzo y dedica muchos recursos para activamente impedir a norteamericanos que comercien con ellos o los empleen de alguna forma relevante.”

Los contratos libres entre dos o más partes, sin embargo, pueden generar efectos ‘externos’, o externalidades. En este caso, sin embargo, todo daño que pueda ocasionarse por estas circunstancias no es en nada diferente al que pudieran causar contratos similares entre nativos, cuyas consecuencias han de ser asumidas. Existe otros efectos ‘externos’ que suelen plantearse como originados por la inmigración y que no estarían presentes en relación contractos similares entre locales. Veremos algunos de ellos: el impacto en el empleo, en el gasto público, en la seguridad, en la cultura y en las instituciones.

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade).

Socialismo, planificación e intervencionismo

Por Gabriel Boragina: Publicado el 28/8/16 en: http://www.accionhumana.com/2016/08/socialismo-planificacion-e.html

 

El socialismo es un concepto que suele aparecer disfrazado bajo otros que -explícita o implícitamente- terminan identificándose con aquel. Pero existen más confusiones adicionales, de las cuales la más notable es la de la fusión bajo la misma noción de medios y fines que hacen al socialismo.

“Esta confusión concierne nada menos que al propio concepto de socialismo. Puede éste tan sólo significar, y a menudo se usa para describir, los ideales de justicia social, mayor igualdad y seguridad, que son los fines últimos del socialismo. Pero significa también el método particular por el que la mayoría de los socialistas espera alcanzar estos fines, y que muchas personas idóneas consideran como el único método por el que pueden plena y prontamente lograrse. En este sentido, socialismo significa abolición de la empresa privada y de la propiedad privada de los medios de producción y creación de un sistema de «economía planificada», en el cual el empresario que actúa en busca de un beneficio es reemplazado por un organismo central de planificación”[1]

Lo que implica que bajo un mismo vocablo (socialismo) se están designando cosas diferentes, las que -a su turno- involucran tanto los objetivos últimos del socialismo como los mecanismos empleados para alcanzar dichas metas. Si bien en la actualidad hay numerosas personas que ven con simpatía la consecución de tales propósitos empleando idénticos medios pero que se rehúsan a sí mismas a tildarse como socialistas, lo cierto es que ello puede ocurrir ya sea porque tales individuos desconozcan en realidad cual es el significado correcto del vocablo socialismo, o bien que, conociéndolo, tratan de infiltrarse en las filas de los partidarios de la libertad para desmoralizarlos, ya sea por vía de una deliberada confusión de términos y conceptos, o bien con el ánimo de convencerlos de sus doctrina.  Mucho se escrito, explicado y demostrado históricamente respecto de la imposibilidad de alcanzar aquellas intenciones con esos métodos. La abolición de la empresa y propiedad privada y los sistemas de economía planificada que se han ensayado y se siguen practicando en el mundo, lejos de alcanzar algún grado de seguridad, igualdad o “justicia social”, han tenido como resultado exactamente sus opuestos : inseguridad, desigualdad e injusticia.

“Esto bastaría para crear confusión. Mas la confusión ha aumentado todavía por la práctica común de negar que quienes rechazan los medios aprecian los fines. Pero no es esto todo. Se complica más la situación por el hecho de valer los mismos medios, la «planificación económica», que es el principal instrumento de la reforma socialista, para otras muchas finalidades. Tenemos que centralizar la dirección de la actividad económica si deseamos conformar la distribución de la renta a las ideas actuales sobre la justicia social. Propugnan la «planificación», por consiguiente, todos aquellos que demandan que la «producción para el uso~ sustituya a la producción para el beneficio. Pero esta planificación no es menos indispensable si la distribución de la renta ha de regularse de una manera que tengamos por opuesta a la Justa. Si deseamos que la mayor parte de las cosas buenas de este mundo vaya a manos de alguna élite racial, el hombre nórdico o los miembros de un partido o una aristocracia, los métodos que habríamos de emplear son los mismos que asegurarían una distribución igualitaria.”[2]

No es necesario ser demasiado despierto para darse cuenta que lo que se describe en la cita anterior es un proceso que termina desembocando en un estado totalitario.  Paradójicamente, los mismos medios señalados, los socialistas los indican como apropiados, tanto para lograr una mayor igualdad como cuando se proponen lo contrario, es decir, cuando bajo su concepto de “justicia social” los que deben beneficiarse son un grupo determinado (“alguna élite racial, el hombre nórdico o los miembros de un partido o una aristocracia”). De tal suerte, la «planificación económica» (que es el método por excelencia que busca imponer el socialismo) era apoyada, tanto por los nazis, como por los fascistas, comunistas, etc. siendo que estas sectas tenían destinatarios finales diferentes entre ellas. Pero incluso tal planificación es propugnada, además, por partidos que se consideran tanto a sí mismos como por sus simpatizantes como “moderados”, franja en la que se engloban la mayoría de los partidos políticos que dicen ser de tendencia socialdemócrata.

En definitiva, abundan las corrientes de pensamiento que adoptan las recetas socialistas inclusive buena parte de los casos- sin saber a ciencia cierta de donde provienen estas. Es así que, es frecuente toparse con personas que no dudan en recomendar la intervención del gobierno en múltiples campos, que van desde el laboral pasando por el comercial y hasta el empresarial, sugiriendo que esta sería la “única manera” de lograr un equilibro entre “fuerzas” que están en pugna y en desigualdad de condiciones. Cuando se les observa que ese modo de pensar es típicamente socialista, se sorprenden como primera reacción, y como segunda lo niegan enfáticamente, con lo que evidencian su más completo desconocimiento del socialismo, al que adhieren sin saberlo y, posiblemente, a su pesar.

No obstante, el intervencionismo es una forma menor de planificación, que se distingue del socialismo y del comunismo por ser un tipo de planificación algo más descentralizada, y un poco menos coercitiva, si bien mantiene en común con estos el hecho de que el que debe planificar es siempre el gobierno, o alguno de sus departamentos. Además, es un tipo de planificación que -en principio- no llega a todos los sectores de la economía, pero, como Ludwig von Mises ha expuesto irrefutablemente, una vez que comienza el proceso intervencionista este se torna indetenible y, de persistir por ese mismo camino, se arribará a un punto donde toda la economía terminará siendo planificada, ya sea centralizada o descentralizadamente. Lo que significa que el espíritu del intervencionismo es, por supuesto, socialista, y también es, lamentablemente, el que inspira la mayoría de los sistemas políticos del mundo actual.

[1] Friedrich A. von Hayek, Camino de servidumbre. Alianza Editorial. España. pág. 62

[2] F. A. v. Hayek. Camino….ob. cit. pág. 63

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

¿Plan económico global u otro rodrigazo?

Por Roberto H. Cachanosky. Publicado el /7/16 en: http://economiaparatodos.net/plan-economico-global-u-otro-rodrigazo/

 

Insisto, alguien le vendió a Macri que no hace falta un plan global económico e institucional que debe ser anunciado en forma conjunta

Alguien le vendió a Macri, o Macri nos quieren vender a nosotros (cosa que dudo) que el fenomenal descalabro económico que dejó el kircnerismo se soluciona con ondas de paz y amor, mucho de buena onda y haciendo algunos retoques al populismo que dejó el kirchnerismo.

Insisto, alguien le vendió que no hace falta un plan global económico e institucional que debe ser anunciado en forma conjunta para marcar el rumbo a seguir y crear confianza mostrando la consistencia de las medidas anunciadas. Y resalto la palabra anunciar. Cuando digo anunciar, no estoy diciendo que de un día para otro hay que eliminar el déficit fiscal del 7% del PBI de un día para otro ni echar a 2,5 millones de empleados públicos en 24 horas. Solo estoy diciendo que no sirve atacar de a uno los problemas. Es como mandar a los soldados de a uno al frente de batalla. Tiene que presentarse un plan con medidas simultáneas, porque los buenos planes económicos parten de la realidad que todas las variables están relacionadas. Es decir, si uno toca una variable inmediatamente otra recibe el impacto.

La otra pata de un buen plan económico consiste en saber comunicárselo a la población. El ministro de economía tiene que hacer docencia explicando claramente a la población, que no es experta en economía, el sentido de las medidas, por qué se toman y como se espera evolucione la economía.

Dentro de la comunicación no debe olvidarse detallar descarnadamente la herencia recibida, en el caso de Macri, lo que dejó el kirchnerismo. Con los 30 minutos que dedicó el 1 de marzo en el Congreso a explicar la herencia recibida no alcanza. Y menos sirve mandar a la gente a leer las 223 páginas de El Estado del Estado que publicó en internet el gobierno. Hay que partir de la base que la gente lee poco y comprende menos. Si de casualidad la gente llega a leer lo 140 caracteres de Twitter y comprender lo que dicen, no esperemos que lea 223 páginas bajándolas de Internet  y comprenda lo que dice. En todo caso esas 223 páginas pueden estar destinadas a un grupo reducido de personas como políticos y economistas, pero no sirven para que mi vecina doña Josefa pueda enterarse de la herencia recibida. Por lo tanto, cuando doña Josefa reciba la cuenta de gas, no va a tener otra reacción que la de protestar porque nadie le explicó claramente lo que dejó el kirchnerismo. Luego se podrá debatir si el aumento había que aplicarlo en etapas o de una sola vez, pero lo primero que hay que lograr es que la gente comprenda por qué tiene que bancarse semejante aumento. Basta con explicar que desde 2001 no se mueve la tarifa de gas y dar algunos datos de aumentos de otros bienes y servicios para que la gente comprenda el problema.

Ahora bien, una vez planteado el problema hay que dar una solución y de ahí puede surgir este debate: ¿se anuncia medidas aisladas o se presenta un plan económico completo? Mi propuesta es anunciar un plan global completo.

Volvamos al caso del aumento del gas. ¿Cómo podría amortiguarse el costo de tener que asumir la corrección del precio? Por un lado es correcto que cada uno paguemos lo que tenemos que pagar por el consumo de gas, luz, transporte, agua, etc. pero lo que no podemos hacer es pedirle a la gente que pague el precio pleno del gas y además financie a un estado sobredimensionado que no le ofrece al contribuyente ni los servicios básicos para los cuales fue creado el estado. ¿O acaso este estado sobredimensionado, que le cuesta carísimo a la gente, brinda seguridad, una justicia eficiente, educación, salud y defensa?

Me parece que lo justo sería que el gobierno distribuya en forma equitativa el costo de pagar la herencia k. Creo que podría presentar un plan global que, por ejemplo, le diga a la gente: Ud. asumirá el costo de pagar más el m3 de gas porque se le quitará el subsidio que recibía hasta ahora. Pero, al mismo tiempo, vamos a reducir este estado sobredimensionado eliminando reparticiones y funciones que no son propias de un estado republicano para que Ud. no tenga que mantener estructuras que solo benefician a unos pocos y generan bolsones de corrupción. Por lo tanto, un paso es aumentarle a Ud. el 50% de la tarifa de gas y por el monto equivalente que el estado dejará de subsidiar el gas se bajará el gasto público que, a su vez, tendrá como contrapartida una reducción de los impuestos que Ud. paga. Por ejemplo, bajaremos 1 o 2 puntos porcentuales el IVA, o subiremos el mínimo no imponible de ganancias, o eliminaremos parte del impuesto al cheque o, directamente, eliminamos la carga impositiva que tienen los servicios públicos. En fin, es tan variada la gama de impuestos que perfectamente se puede elegir alguno para compensar a la gente por quitarle el subsidio al gas. Si se aumentan las tarifas de los servicios públicos y no se bajan los impuestos, entonces estamos en un escenario de ajuste brutal sobre todos los sectores que trabajan en blanco.

El paso siguiente consistiría en ajustar mensualmente la tarifa de gas por alguna combinación de tipo de cambio e IPC y en un par de meses terminar con el subsidio al gas con el mismo procedimiento de bajar el gasto y reducir la carga tributaria.

¿Quién terminaría pagando el costo de reconstruir la economía Argentina? Aquellos que durante una década o más vivieron a costa del contribuyente. El estado literalmente le robó a la gente decente el fruto de su trabajo y se lo dio a militantes k, ñoquis enquistados en el estado, “artistas” que exigen ser subsidiados por hacer algo que nadie estaría dispuesto a pagar y tantos vivos que recurriendo al discurso de la solidaridad social viven del trabajo ajeno.

Mi propuesta es presentar un plan económico que, además de encaminar la economía hacia el crecimiento sostenido y el bienestar de toda la población, también constituya un acto de justicia. ¿O acaso no es una injusticia hacerle pagar impuestos a la gente para que legiones de burócratas y gente que vive de “planes sociales” se queden con el trabajo ajeno y el que trabaja y paga impuestos encima de mantener a esa legión de gente tenga que pagar dos veces por la educación, la seguridad y la salud?

Están quienes me dicen que reducir el estado generaría una crisis social. Bien, esperen y vean qué pasa si no se comienza a hacer una profunda reforma del estado, del sistema tributario y una decidida incorporación al mundo. En este último punto lo veo trabajando muy bien a Macri, pero si no hace reformas económicas que le permitan competir a los productores locales, entonces en el futuro le echaran la culpa a la integración al mundo por el fracaso y no a la falta de reformas estructurales que le den competitividad a la economía.

Una vez más insisto en el siguiente punto. No estoy diciendo que de un día para otro hay que despedir del estado a 2,5 millones de personas o que hay que eliminar en 24 horas el déficit fiscal de 7% del PBI, estoy diciendo que lo recomendable, a mi juicio, sería lo siguiente:

1)   Hacer una clara y contundente descripción de la herencia recibida. La gente común tiene que conocer el deliberado destrozo que hizo el kirchnerismo de la economía y las instituciones argentinas.

2)   Presentar un plan económico global explicando el sentido de las medidas y dejar de mandar de a uno los soldados a la batalla.

3)   La comunicación sencilla, que cualquiera pueda comprender, de la herencia k y del sentido de las medidas que hay que tomar, deben ser parte del plan económico.

4)   Las medidas que se anuncien no solo tienen que mostrar sus beneficios económicos, sino comenzar a cambiar los valores que hoy imperan en la sociedad.

Decir Cambiemos utilizando los mismos argumentos populistas que nos llevaron a esta larga decadencia no es cambiar. Es continuar. Por eso, lo más importante es empezar a transmitir otro tipo de valores que deben imperar en la sociedad, porque son esos valores los que terminan configurando las normas, leyes, códigos y costumbres que imperan en una sociedad y, por ende, la política económica resultante. Cambiar los valores es fundamental para atraer inversiones, crear puestos de trabajo y mejorar la calidad de vida de la gente.

En una sociedad en que impera el valor vivir a costa del trabajo ajeno, solo puede esperarse más pobreza. En una sociedad en que impera el valor del esfuerzo personal, el trabajo y el vivir del esfuerzo que cada uno hace es una sociedad cuyo futuro es el éxito económico y moral.

Insisto, subir las tarifas de los servicios públicos sin hacer nada por bajar el gasto y la presión tributaria es aplicar un torpe rodrigazo que lejos está de ayudar políticamente al gobierno de Macri.

 

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE

Migraciones: hay un derecho a salir. ¿Hay también uno para ingresar? ¿Las barreras violan derechos?

Por Martín Krause. Publicada el 9/7/16 en: http://bazar.ufm.edu/migraciones-hay-un-derecho-a-salir-hay-tambien-uno-para-ingresar-las-barreras-violan-derechos/

 

Como parte del Índice de Calidad Institucional 2016, que prepare con la Fundación Libertad y Progreso, presentamos un informe sobre un tema de suma actualidad mundial: las migraciones. Una breve consideración primero y luego una evaluación de los temas que se debaten:

1.            Las barreras a la inmigración violan derechos

En general, todos estamos de acuerdo en que existe un derecho a la “salida”, aunque esto no se verifica en todos los casos, como en Corea del Norte o hasta hace poco en Cuba, y consideramos que poner barreras a esto es una violación del derecho negativo a trasladarse que cada persona tiene. ¿Existe, sin embargo, un derecho a la entrada? Aquí el consenso es mucho menor y la constelación de opiniones que lo niegan va de un extremo al otro del espectro político-filosófico. Por ejemplo, un reconocido libertario como Murray Rothbard, modificó su original visión liberal-clásica en relación a la inmigración (1994) planteando que en un mundo libertario de propiedad privada y ausencia de estado no habría un derecho al libre ingreso en ningún lado que no sea con la aprobación del propietario, como lo es en la actualidad con cualquier tipo de propiedad privada. No ingresamos ‘libremente’ en un barrio privado, en un club o en una casa a menos que el propietario nos lo permita, o nos invite a hacerlo.

¿Se mantiene dicho principio en el caso, como ahora, en que existe un estado? ¿Podríamos interpretar que el estado es una propiedad común de todos los ciudadanos de un país y que, de la misma forma en que no se puede ingresar a una propiedad privada sin el permiso del dueño, en este caso no se puede ingresar a un país sin el permiso de quien ejerce esa propiedad?

El problema aquí es el de considerar al estado como una propiedad común. Porque si tomamos el ejemplo de un barrio privado o de un club, vemos que un ‘extranjero’ puede ingresar como invitado si el propietario individual o el socio del club lo permite; pero en el caso del estado cuando existe una barrera a la inmigración no puede un ciudadano “invitar” a ingresar a nadie. En fin, el problema lleva a cuestiones mucho más profundas que no se podrán considerar aquí, aunque sean bien importantes.

En principio pareciera que una barrera a la inmigración podría violar el derecho del ciudadano a “invitar” a un extranjero a su casa o a entrar en algún tipo de relación con él. Digamos que quiero contratar a un extranjero para que trabaje conmigo, ¿por qué no podría hacerlo? ¿no resulta violado mi derecho a establecer relaciones contractuales con quien desee?

Huemer (2010), va más allá y plantea que eso también viola un derecho del inmigrante, en esencia porque él también tendría un derecho entrar en una relación contractual conmigo, que de esta forma resulta violado:

“La forma en que el gobierno daña a potenciales inmigrantes es excluyéndolos de una cierta área física, y por ello efectivamente excluyéndolos de interactuar en forma valiosa e importante con gente (que no es el gobierno) que se encuentran en la región. Muchos norteamericanos con gusto realizarían intercambios o emplearían a estos potenciales inmigrantes, de una forma que les permitiría a estos satisfacer sus necesidades. El gobierno no solamente rechaza darles bienes a estos potenciales inmigrantes, y no solamente rechaza, él mismo, realizar intercambios con ellos. Realiza un gran esfuerzo y dedica muchos recursos para activamente impedir a norteamericanos que comercien con ellos o los empleen de alguna forma relevante.”

Los contratos libres entre dos o más partes, sin embargo, pueden generar efectos ‘externos’, o externalidades. En este caso, sin embargo, todo daño que pueda ocasionarse por estas circunstancias no es en nada diferente al que pudieran causar contratos similares entre nativos, cuyas consecuencias han de ser asumidas. Existe otros efectos ‘externos’ que suelen plantearse como originados por la inmigración y que no estarían presentes en relación contractos similares entre locales. Veremos algunos de ellos: el impacto en el empleo, en el gasto público, en la seguridad, en la cultura y en las instituciones.

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade).