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¿LA CIUDAD DEL FUTURO?

Por Alberto Benegas Lynch (h)

 

Lo primero que hay que resaltar es que nadie conoce el futuro puesto que no pueden anticiparse los millones de sucesos que ocurren en el presente y han ocurrido en el pasado que influirán en el más adelante, además de  procesos nuevos que se acoplan en el devenir de los acontecimientos. De todos modos pueden conjeturarse ciertos fenómenos con las reservas del caso, en realidad de modo cotidiano es lo que se hace con la idea de preveer las consecuencias de nuestros actos que en ausencia de esas conjeturas quedaríamos paralizados.

 

En este contexto es que pueden formularse hipótesis respecto a las ciudades del futuro en vista de algunas tendencias y preferencias que benefician  a la gente al internalizar costos y no hacerles pagar coactivamente a quienes no recurren a tal o cual servicio (por ejemplo, cuando pagan por rutas quienes no tienen automóvil…ni por espacios y rutas aéreas si el día de mañana esos vehículos volaran o, como ha sugerido Elon Musk, capas de plataformas subterráneas de alta velocidad).

 

Últimamente se han publicado infinidad de trabajos imaginando asignación  de derechos de propiedad a todo lo que hoy se da por sentado que debe ser estatal, obras en la que se ejemplifica con casos muy relevantes que operan en la actualidad. En este sentido, se destacan muy especialmente The Voluntary City. Choice, Community and Civil Society que contiene valiosos y voluminosos  escritos editados por David. T. Beito, Peter Gordon y Alexander Tabarrok con un ponderado prólogo de Paul Johnson, y también el magnífico Public Goods and Private Communities. The Market Provision of Social Servicies por Fred Foldvary.

 

En una nota periodística no pueden abarcarse todas las aristas que ofrecen los temas inherentes al tema planteado por lo que nos concentraremos solo en las calles, avenidas y carreteras al efecto de ilustrar un aspecto del asunto que implícitamente abarca otras facetas. De entrada resaltamos que la aludida asignación de derechos de propiedad a las vías de comunicación terrestres no significa para nada la incomunicación del mismo modo que a nadie en su sano juicio se le ocurriría a esta altura del partido afirmar que la telefonía privada bloquea la comunicación cuando, muy al revés, la intervención estatal en el rubro obligaba a la gente a gritar puesto que la incomunicación estaba a la orden del día y el contar con un teléfono constituía un privilegio enorme.

 

Entonces veamos lo que ocurre en un centro comercial (shopping): calles internas bien iluminadas, sin baldozas destrozadas y donde la inseguridad es inexistente puesto que los incentivos operan  en  esa  dirección para proteger y atraer a clientes efectivos o potenciales en un contexto donde no se cobra el tránsito puesto que los comerciantes desean contar con la mayor clientela posible.

 

Lo que sugieren las obras mencionadas es que las zonas urbanísticas del futuro se concreten en barrios residenciales donde van los dueños, sus inquilinos y sus invitados, los barrios industriales donde se ubican las fábricas y oficinas y los antes mencionados barrios comerciales donde se agregan a los negocios habituales, las atenciones a la salud, los lugares bailables, los estudios profesionales, los espacios verdes, teatros, restaurantes y demás emprendimientos dirigidos al público en general.

 

Esta situación urbanística requiere calles interiores y avenidas sin cargo en los barrios residenciales (hoy denominados barrios cerrados) y los referidos barrios comerciales y pagos las rutas y carreteras privadas donde el costo lo abonan quienes las utilizan (donde puede concebirse que en algunos casos sean también sin cargo o privadamente subsidiados cuando el negocio es inmobiliario  a los costados de la ruta o carretera que, según el tráfico pueden ser de más de un piso).

 

En esta línea argumental aparecen dos supuestos contra-argumentos: las comunicaciones terrestres que son inviables por ser antieconómicas y la supuesta “exclusión” que significan los barrios residenciales a la manera de los barrios cerrados. En primer lugar, si ciertas comunicaciones terrestres son antieconómicas (lo cual no se limita a las rutas, accesos y carreteras sino a los ferrocarriles, colectivos, líneas aéreas y de navegación marítima) es porque significan consumo de capital, situación que, a su turno, se traduce en contracción de salarios en términos reales puesto que éstos son consecuencia de las tasas de capitalización. A su vez, este derroche implica que inexorablemente se extiendan las zonas inviables ya que la pobreza es mayor. Si al comienzo de cada país, los contribuyentes se ven forzados a financiar elefantes blancos, nunca despega. Se sostiene que aquella financiación forzosa es un acto de “solidaridad” lo cual rechaza la misma idea de caridad que, por definición, trata de actos voluntarios con recursos propios. Un acto de solidaridad no es arrancar las billeteras y las carteras de unos y entregar el fruto del trabajo ajeno a otros (sin contar lo que se queda en al camino cuando intervienen los aparatos estatales). Como se ha dicho “la primera regla de la economía es que los bienes son escasos y la primera regla de la política es desconocer la primera regla de la economía”.

 

En segundo lugar, la “exclusión” que se atribuye despectivamente a los llamados barrios cerrados no solo no excluye en el sentido peyorativo sino que incluye puesto que refuerza los incentivos por la seguridad jurídica que implica. En otro sentido, la asignación de derechos de propiedad naturalmente excluye a los no son propietarios del bien en cuestión de la misma manera que siempre incluye a los que son dueños de ropa, alimentación y  vivienda. Lo contrario se degrada en “la tragedia de los comunes” (lo que es de todos no es de nadie con el consiguiente uso desaprensivo del bien). Entonces, si lo que se quiere decir por “excluidos” en el sentido de marginados y empobrecidos, debe comprenderse que la receta más contundente para aumentar la insatisfacción consiste en atacar  las garantías a la propiedad, es decir, cuando alguien produce algo bloquear el uso y disposición por parte del titular.

 

Como hemos consignado en otra oportunidad, el origen de este análisis debe verse en los canales navegables más importantes en Inglaterra y Estados Unidos financiados privadamente por peajes en el siglo xviii donde se abrieron las puertas al progreso tecnológico en esta materia a través de sistemas de dragados, túneles, exclusas y puentes. Asimismo, los caminos siguieron en muchos países europeos el mismo derrotero:  los de tierra se convertían en puro lodo en épocas de lluvias y en un terragal insoportable en épocas de seca. En la antigüedad la construcción de caminos eran sinónimo de esclavitud pero con el tiempo la faena fue responsabilidad de los pobladores y de las parroquias (en tiempos de las Cruzadas había obispos que otorgaban indulgencias para constructores de caminos y su respectiva manutención).

 

Contemporáneamente, los canales de Suez y Panamá fueron financiados por medio de la venta de acciones y la colocación de títulos en los mercados de capitales mundiales. Hoy el Eurotúnel une el continente con Gran Bretaña  a través del Canal de la Mancha en un emprendimiento que cuenta con 560.000 accionistas.

 

Cuando se comenzó a utilizar el hierro, la invención de John McAdam y el asfalto hizo que los caminos pasaran al primer nivel de atención. Se utilizó el sistema de los turnpikes (peajes) como sistema de financiación en Inglaterra, Irlanda, Bélgica y Estados Unidos. Tal como sucedió en otras áreas, los gobiernos comenzaron a entrometerse en los negocios privados, en este caso, primero regulando precios, luego a través de shadow prices que simulaban peaje pero entregando diferencias directamente a los propietarios como una medida “política” hacia los usuarios y en algunos casos haciendo aparecer directamente como si no hubiera peaje (como si los caminos fueran “gratis”). La reiteración de estas políticas que disminuían las entregas gubernamentales, junto con la irrupción del ferrocarril mandaron a no pocos operadores a la quiebra lo cual, en lugar de corregir la situación, hizo que los gobiernos tomaran lo que fue un negocio en una gestión estatizada.

 

Después de un largo tiempo volvió a aparecer el sector privado en el negocio pero bajo la figura de “la concesión” lo cual mantiene la politización del área. Esto fue primero en varios países europeos, Estados Unidos y Japón, en este último caso eliminando el eminent domain, a saber, la eliminación de la expropiación para “causa de utilidad pública”, es decir, el trazado de la construcción de caminos sin afectar el derecho de propiedad. La nueva aplicación del peaje primero se llevó a cabo con tolltags y luego el cobro electrónico sin barreras.

 

La figura de la concesión, entre otras cosas al mantener la propiedad en manos estatales, no permite al operador recurrir al camino como colateral para recurrir al crédito y, en general, le resta autonomía financiera. Al mantener la propiedad en la órbita estatal se facilitan intromisiones y politizaciones del negocio y problemas cuando se acerca el vencimiento del contrato (salvando las distancias, también la concesión afecta gravemente la libertad de prensa al no vender el espectro electromagnético).

 

En el caso que venimos comentando, la asignación de derechos de propiedad no solo permite la mayor flexibilización del negocio y el mejor rendimiento en competencia (también con otros medios de transporte) sino que se resuelve el tema de la optimización de las normas de tránsito, la pornografía, la prostitución, el uso de estupefacientes, las protestas sociales, al tiempo que las quejas eventuales de usuarios son debidamente atendidas para prosperar.

 

No es que la eliminación del uso desaprensivo de la politización haga desaparecer errores, la imperfección es la característica del ser humano, de lo que se trata es de minimizar problemas pasando al campo de lo voluntario y pacífico y, en esta etapa del proceso evolutivo, mantener al aparato de la fuerza que denominamos gobierno en el terreno de la protección de los derechos de todos.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa.

Reforma impositiva e inflación, desafíos para reactivación económica de Argentina

Entrevista a Aldo Abram: Publicada el 10/1/17 en: http://www.libertadyprogresonline.org/2017/01/10/reforma-impositiva-e-inflacion-desafios-para-reactivacion-economica-de-argentina/

 

Una reforma que disminuya la elevada presión tributaria y cumplir con una meta inflacionaria del 17 por ciento son los principales desafíos para que Argentina vuelva a crecer, señaló hoy el experto Aldo Abram.

En entrevista con Xinhua, el economista, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso (FLyP), se refirió a las cuestiones que marcarán, en el año que acaba de comenzar, el devenir de la tercera economía de América Latina, detrás de Brasil y México.

“Para 2017, hay tres desafíos fundamentales. El primero, y es el más importante, es que los brotes verdes que se empezaron a ver a fines de 2016, terminen floreciendo en una reactivación que se consolide en crecimiento”, expresó el analista.

Para Abram “de una buena performance (desempeño) del nivel de actividad depende el resultado que obtenga el gobierno en las elecciones legislativas de octubre, donde debería sumar legisladores para consolidar su poder”.

“Existe el riesgo de que se quede en un rebote más, de los tantos que hubo en los últimos años, en la medida que no se vea acompañada por un fuerte crecimiento de la inversión privada. Para que ello suceda se necesitan algunas condiciones, como que se den señales de que se reconstruirá la seguridad jurídica, que fue destruida durante la gestión anterior”, observó.

Según el experto, el gobierno de Mauricio Macri, que asumió el cargo en diciembre de 2015, “ha mostrado su voluntad de avanzar en ese sentido, pero la oposición ha mostrado alguna predisposición a aprobar leyes que van en el rumbo contrario”.

Un reciente relevamiento de expectativas que realizó el Banco Central (BCRA, autoridad monetaria) entre consultoras privadas muestra que el PIB de Argentina pasará de caer un 2,3 por ciento en 2016 a tener un crecimiento de un 3 por ciento en 2017, mientras que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) prevé un crecimiento del 2,9 por ciento para Argentina en 2017, tras estimar una caída del 1,7 por ciento en 2016.

El Presupuesto 2017 de Argentina augura que la economía del país crecerá un 3,5 por ciento.

En la visión de Abram “otro factor importante es la merma de la enorme presión tributaria de Argentina. Esto está relacionado con el segundo desafío, que es empezar a ajustar el gasto público, tarea en la que no se avanzó nada hasta ahora, y sin avanzar en este punto pensar en menores impuestos y déficit fiscal es imposible”.

“El Presupuesto 2017 no trajo buenas noticias al respecto, ya que luego de bajar la carga fiscal el año pasado, ahora anuncia que volverá a subir, aunque poco”, criticó.

“Sería bueno que el gobierno dejara claro que tiene en sus objetivos para los próximos años la merma de los impuestos y una reforma que nos lleve a un sistema tributario más justo y eficiente”, instó el economista.

El ultimo desafío que mencionó el titular de la FLyP “es que el Banco Central cumpla con la meta de inflación de menos de un 17 por ciento para 2017”.

“Tras un primer semestre sumamente complicado, que implicó incumplir la meta para 2016 del 25 por ciento (ya que rondará el 40 por ciento) lograron controlar el rumbo en el segundo semestre. En la última mitad del año la inflación promedio mensual fue de un 1,5 por ciento, o sea que se ubica en menos de un 20 por ciento anualizado y es el más bajo desde 2009”, resaltó el economista.

Según el analista, “para cumplir con el 17 por ciento o menos de objetivo, la inflación promedio mensual debería bajar a solamente un 1,3 por ciento, lo cual es sencillo. Las dudas sobre que se pueda cumplir tienen que ver mayormente con la mala performance fiscal”.

“Sin embargo, dado que el BCRA tiene todos los instrumentos necesarios para lograr su objetivo, debería hacerlo para no perder credibilidad respecto al futuro cumplimiento de las metas planteadas para los años siguientes”, enfatizó.

 

Aldo Abram es Lic. en Economía y director del Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados de Argentina (Ciima-Eseade) .

Vaca Muerta: flexibilización laboral para volver a crecer

Por Adrián Ravier. Publicado el 17/1/17 en http://www.infobae.com/opinion/2017/01/17/vaca-muerta-flexibilizacion-laboral-para-volver-a-crecer/

 

No se trata sólo de Vaca Muerta. Hay millones de proyectos de inversión que hoy no se ejecutan por las reglas de juego existentes, por la alta presión tributaria o por la legislación laboral restrictiva.

 

Argentina lleva décadas sin crecimiento. No se trata sólo del estancamiento iniciado en 2011 con la llegada de Axel Kicillof al Gobierno kirchnerista, sino que el problema viene de bastante más atrás. El ingreso por habitante de 2016, por ejemplo, es similar al alcanzado en 1996. ¿Qué pasó con el “crecimiento” ocurrido entre 2003-2008? Fue más un proceso de recuperación del ingreso tras la crisis de 2001-2002 que un crecimiento real que expandiera la capacidad productiva del país. El año 2009 fue de recesión global, 2010 simplemente recuperó aquella caída, y luego la Argentina siguió en una fase cíclica donde un año perdía ingreso para recuperarlos al siguiente, sin expandir realmente la frontera de posibilidades de la producción.

Hay un consenso entre economistas, criticado a veces por quienes son ajenos a esta disciplina, de que no es posible crecer sin ahorro e inversión previa. Y Argentina no atrae inversiones locales y externas por la falta de seguridad jurídica, el cambio continuo en reglas de juego, la alta presión tributaria y la legislación laboral restrictiva, entre varios otros aspectos que habría que tratar en otro lugar.

Vaca Muerta presentaba estos mismos problemas. Un enorme potencial de ingresos que requerían, para explotarse, unas reglas de juego diferentes a las existentes. Claro que el sindicalismo pretende mejores ingresos para los trabajadores que representa, pero en las condiciones existentes Vaca Muerta no recibió inversiones ni generó empleo.

Los actores comprendieron este diagnóstico. Se reunieron en Casa de Gobierno el presidente Mauricio Macri, el secretario de Coordinación de Políticas Públicas, Gustavo Lopetegui; los ministros de Trabajo, Jorge Triaca, y de Energía, Juan José Aranguren; el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez; la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos; el secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Guillermo Pereyra; y su par de los petroleros jerárquicos, Manuel Arévalo. Entendieron que no podían seguir colocando el carro delante de los caballos. Si con estas nuevas reglas de juego, Vaca Muerta empieza a recibir inversiones, ya habrá tiempo más adelante para mejorar los ingresos de los trabajadores y las familias que se acerquen a explotar el potencial del yacimiento.

Vaca Muerta debe tomarse hoy como una lección para recuperar el crecimiento de la Argentina. No se trata sólo de Vaca Muerta. Hay millones de proyectos de inversión que hoy no se ejecutan por las reglas de juego existentes, por la alta presión tributaria o por la legislación laboral restrictiva.

¿Por qué no extendemos estas nuevas reglas de juego a todo el país? Porque hay intereses creados. A diferencia de Vaca Muerta, que era una tierra virgen de privilegios, la Argentina tiene una enorme Unión Industrial compuesta por empresarios que están aferrados a las condiciones existentes. No importa el potencial de ingresos y empleos que podría generarse con otras condiciones más competitivas, si en la situación actual ellos poseen sus ingresos y sus empleos.

La flexibilización laboral es un requisito para el crecimiento y lo ha sido siempre. El concepto ha sido castigado, vapuleado, incomprensiblemente, pero vuelve. Si Argentina quiere volver a crecer, a crecer en serio, debe regresar, primero, el consenso sobre la economía ortodoxa.

Adrián Ravier es Doctor en Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Master en Economía y Administración de Empresas por ESEADE y profesor de Macroeconomía en la Universidad Francisco Marroquín.

El verso de la brecha del ingreso

Por Roberto H. Cachanosky. Publicado el 19/12/16 en: http://economiaparatodos.net/el-verso-de-la-brecha-del-ingreso/

 

No es casualidad que los países con menor seguridad jurídica, impuestos altos, gasto público elevado, regulaciones y estatismo, terminen generando condiciones de vida para el grueso de la población similares a la edad media

De acuerdo a los datos publicados por el INDEC la pobreza alcanza al 32,2% de los habitantes, dato que nuevamente se ha vuelto a publicar luego que el kirchnerismo escondiera la pobreza detrás del famoso argumento de Kicillof que era para no estigmatizar a los pobres. Aclaremos que el dato del INDEC está en línea con los datos que publica la UCA sobre pobreza, de manera que, si bien el ajuste parcial de algunos precios relativos que había dejado el kirchnerismo pudo haber aumentado un par de punto la pobreza heredada del kirchnerismo, es claro que 12 años de una economía cerrada, con sustitución de importaciones, estatizaciones, regulaciones de precio, control de cambios, aumento del gasto público, presión impositiva descomunal y planes sociales solo consiguieron aumentar la tasa de pobreza. El kirchnerismo es el ejemplo más categórico de lo letal que es el intervencionismo estatal, el estatismo y el estado benefactor para la calidad de vida de la población.

En este sentido, sería bueno que el macrismo reflexione y entienda que no es cuestión de administrar “bien” un sistema con incentivos perverso como el que dejó tantos pobres con el kirchnerismo. Tampoco tiene que concentrarse el gobierno en la distribución del ingreso. Hablar de la distribución del ingreso no tiene sentido, pero sí tiene sentido bajar la pobreza.

Respecto a la distribución del ingreso voy a dar un ejemplo de lo tramposo que puede ser el tema. Supongamos que en el momento 1 el sector que menos gana tiene un ingreso de 10.000 y el que más gana de 50.0000, la diferencia entre el que más gana y el que menos gana es de 5 veces.

Supongamos que vamos a una economía de mercado y el que, sin inflación, el que menos gana tiene un ingreso de 55.000 y el que más gana de 550.000. La diferencia entre ambos es de 10 veces. O sea, la distribución del ingreso empeoró respecto al momento 1 pero resulta que ahora el que menos gana multiplicó por 5,5 veces su ingreso respecto al que menos gana del momento 1 y encima gana más que el que más ganaba en el momento 1. ¿Cuál es, entonces, el problema que la distribución del ingreso haya “empeorado”? El problema no es la distribución del ingreso, que es en lo que se concentran los políticos populistas, sino el nivel de pobreza.

El problema es que los políticos, para conseguir más votos y retener el poder, apuestan siempre al corto plazo, esto es, suelen señalar como a los que más ganan como los responsables de la pobreza de los que menos ganan. Por eso hay que expoliarlos con impuestos. Hay que matar con impuestos a las empresas y a los que más ganan para redistribuir ese dinero entre los más pobres en nombre de la solidaridad social, la justicia social y todo lo que tenga como adjetivo social. Siempre queda bien para lucir sensible como político para conseguir más votos.

Ahora, ¿cuál es el resultado de este tipo de trampa política que se ocupa de perseguir a los que más ganan? Muy sencillo, al castigarse con mayor intensidad a los que invierten y son emprendedores se quitan los incentivos para invertir, generar más puestos de trabajo y mejorar la productividad, factores que permitirán aumentar el ingreso real de los que menos tienen. El progresismo y el populismo lo que logran es igualar hacia abajo. Que todos sean pobres en vez de que los más pobres sean cada vez más ricos y mejoren su calidad de vida.

Durante décadas Argentina ha tenido políticas de castigar impositivamente la inversión y perseguir a los innovadores obteniendo como resultado este 32% de pobreza. Porque, además, para poder incrementar la carga tributaria, el estado tiene que disponer cada vez de más poder arbitrario para expropiar impositivamente a la gente, creando inseguridad jurídica y espantando las inversiones.

Mucho bien le harían los políticos a los pobres si en vez de mirar a los ricos se miraran a sí mismos y se dieran cuenta que no es persiguiendo al innovador y al que invierte como se elimina la pobreza. Que el problema no es la distribución del ingreso, sino que el haber perseguido a las inversiones es lo que genera la pobreza.

No es casualidad que los países con menor seguridad jurídica, impuestos altos, gasto público elevado, regulaciones y estatismo, terminen generando condiciones de vida para el grueso de la población similares a la edad media, con gente sin agua potable, corriente eléctrica, ni cloacas, mala alimentación y sin un sistema de salud eficiente.

Vean la Venezuela chavista con su modelo socialista del siglo XXI. Ha sumergido al grueso de la población en la pobreza más aberrante. Los emprendedores y de mayor ingreso emigraron hace rato y la única gran diferencia en la distribución del ingreso es entre los jerarcas chavistas, que tienen todas las comodidades a punta de fusil (copiando el modelo de Fidel Castro) mientras el resto de la población revuelve la basura para encontrar comida y los saqueos están a la orden del día.

Con la historia de la distribución del ingreso, lo que se ha conseguido no es sacar a los pobres de la pobreza, sino bajar a la condición de pobres a la clase media, dejar a los pobres en la pobreza, hacer que los emprendedores emigren y ampliar la brecha entre los más ricos y los más pobres, pero con la característica que los más ricos pasaron a ser los dirigentes políticos que decían que iban a reducir la brecha entre ricos y pobres. En síntesis, el negocio de los políticos ha sido el hablar de la brecha entre ricos y pobres. La dirigencia política ha sido la gran ganadora del verso de la brecha entre ricos y pobres.

 

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE

De la realidad de la reactivación, al desarrollo

Por Aldo Abram: Publicado el 30/6/16 en: http://www.cronista.com/economiapolitica/De-la-realidad-de-la-reactivacion-al-desarrollo-20160630-0094.html

 

Empieza el segundo trimestre y todas las expectativas están puestas en la “promesa” de una recuperación económica. Para no alentar falsas esperanzas, hay que entender cómo se dará; ya que la magia no existe. El proceso de caída del nivel de actividad empezó a mediados de 2015, cuando el gobierno anterior se quedó sin caja para darle combustible artificial. Y si bien continuó este año, fue debido a los costos de resolver los problemas heredados por la actual gestión.

La reactivación tendrá como origen la inyección de riqueza por la venta de la cosecha gruesa y, además, la posibilidad de contar con una mayor producción y exportación agropecuaria durante el segundo semestre. Hay que tener en cuenta que, en los últimos años, en el campo más eficiente del mundo y gracias a la mala gestión anterior, solamente resultaba rentable sembrar soja. Por otro lado, la resolución de la “cesación de pagos selectiva” debido al no cumplimiento del fallo que beneficio a los holdouts en Nueva York habilitó un mayor ingreso de capitales del exterior que le dará financiamiento a la demanda interna; dinamizando la economía. Otro factor que ayudará es que el nuevo gobierno ya logró ordenar las cuentas por obras públicas que le dejó por pagar el anterior. Esto le permite volver a asignar recursos a poner en marcha la inversión en infraestructura. Con todo esto se debería poder superar el problema que significa la mala evolución de nuestras ventas a Brasil, que está en crisis y tardará en superarla.

Cabe aclarar que nos encontramos en el fondo de un pozo y empezaremos un duro ascenso. Lograr los niveles de bienestar que teníamos a fin de 2015, nos llevará todo el segundo semestre y, los de mediados de 2015, los veremos en la segunda mitad de 2017. Además, el modelo anterior se basaba en exprimir al sector productivo de bienes, especialmente al del interior del país, para generar un incremento artificial del consumo, particularmente el urbano. Esto era insostenible, significaba comerse la gallina de los huevos de oro en un gran guiso. Como ahora se deja de esquilmar a los sectores que generan riqueza, serán éstos y las regiones del interior las que se recuperarán más rápido, para luego llegar a las grandes ciudades.

Si bien es cierto que alguna crisis internacional podría complotar contra esta expectativa de recuperación, los factores internos están alineados para que se haga realidad. La economía argentina entro en debacle y se reactivó en muchas oportunidades, el verdadero desafío es cómo logramos un incremento sostenido del nivel de actividad, que nos lleve al desarrollo y a un mayor bienestar económico en el tiempo.

Necesitamos crear 4.000.000 de empleos productivos hasta el 2020 y, por ende, a muchos inversores locales y extranjeros que produzcan y generen esos puestos de trabajo en Argentina. La clave está en  la Auditoría de Clima de Negocios de Argentina que realizó “Libertad y Progreso” con los datos del Índice de Libertad Económica 2015 del Fraser Institute. Si vemos cuál es el promedio de las notas de los 157 países analizados ronda 7 puntos, así que tomémoslo como la calificación para aprobar.

Obviamente, nuestro país no logra promocionar con la general, donde puntuamos 5,20. Tampoco en la eficiencia del gasto público, que sufrimos todos los días los argentinos, y, mucho menos, en cuanto a la presión impositiva, 4. Somos aún el segundo país del mundo con mayor presión tributaria del mundo, después de Comores (un país conformado por tres pequeñas islas en el oceàno Indico, al sureste de África). No podemos pedirle a un empresario que corra la carrera de la competitividad internacional con semejante mochila, así que hay que bajar los impuestos. Labor que se está haciendo; pero aún falta mucho.

En el sistema legal y la defensa de los derechos, incluido el de propiedad, la nota es 3,99. La destrucción de la seguridad jurídica fue sistemática durante los últimos 12 años. Los funcionarios avasallaron las leyes y hasta la Constitución Nacional para imponer su voluntad a los empresarios. Nadie pone un negocio para que, luego, un burócrata use el poder, que le fue delegado, para amenazarlo y ordenarle cómo debe manejarlo.

En la decisión de invertir pesa mucho el histórico desmanejo monetario que nos llevó a largos períodos de alta inflación (4,4 puntos) o a controles de cambio, como el cepo (0,8 puntos). Es bueno que haya un compromiso de ir a tasas similares a las de los países serios de la región, 5%, para 2019.

Para que los empresarios ofrezcan los mejores productos al mejor precio es fundamental que puedan comprar insumos de màxima calidad al precio más conveniente; pero Argentina optó por encerrarse cada vez más (3,77). Además, los consumidores tienen derecho a poder elegir comprar lo más barato y mejor; pero la única forma de lograrlo es que los emprendedores argentinos compitan con los del exterior. Si no, estamos poniendo a los consumidores al servicio de las ganancias de empresarios locales ineficientes. El gobierno ha dado muestra de querer impulsar una mayor integración desde el MERCOSUR o favorecer la posibilidad de poder hacer tratados comerciales individuales con terceros países. No es casualidad que los que más se desarrollaron en las últimas décadas en la región sean los que más avanzaron en ese proceso de asociación comercial con el mundo.

Por último, las regulaciones burocráticas son un gran dolor de cabeza, para los emprendedores (particularmente las PyMes) (5.1 puntos) y todos los ciudadanos. Los burócratas de todos los niveles estatales han pretendido regir la vida de sus conciudadanos de las formas más absurdas (5,81 puntos). Gran parte del esfuerzo de nuestros productores de bienes y servicios se pierde en atender estas innecesarias normas que, lamentablemente, alientan la corrupción (2,78 puntos).

Como observamos, si queremos un país que progrese de la mano de verdaderos emprendedores que inviertan e innoven en la Argentina, hay mucho para hacer. Un aliciente es saber que, si el país hubiera mantenido su participación del 2000 en la inversión productiva que llega del exterior a América Latina, hubiéramos tenido más de US$ 20.000 millones anuales de inversión en los últimos 4 años. Con eso se hubieran podido crear más de 500.000 empleos productivos anuales, cuando casi no se crearon. Ánimo.

 

Aldo Abram es Lic. en Economía y ex director del Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados de Argentina (Ciima-Eseade) .

Un golpe mortal a la economía

Por Iván Carrino. Publicado el 31/8/14 en: http://opinion.infobae.com/ivan-carrino/2014/08/31/un-golpe-mortal-a-la-economia/

 

Para la mayoría de los economistas del mundo, Estados Unidos salió de la Gran Depresión gracias a la Segunda Guerra Mundial. En efecto, si uno mira los números del PBI norteamericano, 1940 es el año en que se regresa al mismo nivel que 1929. Sin embargo, esos números están fuertemente afectados por el esfuerzo prebélico del Gobierno, lo que hace que el PBI no sea la medida más adecuada para medir el bienestar de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque los consumidores no están mejor cuando se fabrican tanques y ametralladoras, sino cuando se innova y se multiplican los bienes de consumo que mejoran directamente su calidad de vida.

Un indicador que tardó más en recuperarse fue la inversión privada, que recién superó los niveles previos a la crisis en 1946, una vez finalizada la guerra, dando lugar a una recuperación verdadera y sostenible que impactó directamente en la calidad de vida de la población. ¿Por qué tardó tanto la inversión privada en recuperarse y, por tanto, en sentar las bases para la recuperación sostenible? Para el economista Robert Higgs, se debió a la “incertidumbre de régimen”, es decir, a la “preocupación por parte de los inversores privados de que los derechos de propiedad sobre su capital y la renta que este produce serán atacados por la acción del gobierno. Tales ataques pueden surgir de muchas fuentes, que van desde simples aumentos de impuestos, a la imposición de nuevos tipos de impuestos, a la confiscación directa de la propiedad privada. Muchas amenazas intermedias pueden surgir de diversos tipos de regulación, por ejemplo, de los mercados de valores, del mercado de trabajo y los mercados de productos. En cualquier caso, la seguridad de los derechos de propiedad no descansa tanto en la letra de la ley sino en el carácter del gobierno que hace cumplir o amenaza esos presuntos derechos de propiedad”.

Como puede verse, Higgs no habla de otra cosa que de lo que conocemos como “seguridad jurídica” o “calidad institucional” y atribuye, nada menos que a este concepto, la demora de los Estados Unidos en recuperarse de la Crisis del 30. El tema no es menor ya que, por estos lares, el gobierno no parece entender bien la importancia de brindar seguridad jurídica o certidumbre de régimen. Para el Ministro de Economía, Axel Kicillof, el concepto en sí mismo es “horrible” y para la presidente Cristina Fernández son los empresarios y no el Gobierno los que tienen que “generar confianza”.

En este sentido, no solo impulsan una modificación a la Ley de Abastecimiento para perseguir a las empresas con la excusa de que ponen precios altos y acaparan mercadería, sino que ya han ensayado con más medidas del estilo como las discrecionales licencias de importación, las sucesivas prohibiciones para exportar productos, la confiscación de los fondos de las AFJP y la imposición de un sistema de control de cambios, donde luego de su flexibilización, solo a la porción más rica de la población se le permite ahorrar en dólares oficiales y hasta el 20% de sus ingresos.

Por si esto fuera poco, en un país que estuvo en default el 52% de los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, el Gobierno entra nuevamente en suspensión de pagos por negarse a pagarle a los holdouts y propone al Congreso una ley para que unilateralmente se cambie la jurisdicción de pago. Esto no solo afecta los derechos de propiedad de los tenedores de bonos, sino que implica un mayúsculo incumplimiento de la sentencia de la Justicia norteamericana, enviando el mensaje de que Argentina es un país que siempre respeta las sentencias a menos que sean en su contra.

Tanto el default -voluntario o involuntario- como las medidas de intervención que le dicen a los empresarios “ustedes van a ganar plata cómo y cuando yo quiera”, son todos elementos que contribuyen a generar incertidumbre de régimen con el consecuente desincentivo a la inversión.

Los resultados de estas políticas están a la vista y por eso es que no solo es necesario que el Congreso no respalde ninguna de estas iniciativas, sino que aquellos que están pensando en postularse para las elecciones del 2015 tengan esto en cuenta y hagan de la seguridad jurídica la piedra fundamental de su política económica. De no ser así, seguiremos la senda del deterioro que emprendimos hace más de 50 años.

 

Iván Carrino es Licenciado en Administración por la Universidad de Buenos Aires y Máster en Economía de la Escuela Austriaca por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Trabaja como Analista Económico de la Fundación Libertad y Progreso, es profesor asistente de Comercio Internacional en el Instituto Universitario ESEADE y profesor asistente de Economía en la Universidad de Belgrano.

Reservas: el Gobierno ataca la fiebre en vez de la infección

Por Julián Obiglio. Publicado el 8/1/14 en:

Frente a la caída de reservas del Banco Central de esta semana, el Jefe de Gabinete ha expresado que “lo importante es quebrar la lógica de convertibilidad” ya que “no necesariamente tiene que haber una asociación entre el volumen de reservas y la base monetaria”.

Si bien ello es técnicamente cierto, sería aplicable exclusivamente a un país con niveles de seguridad jurídica, equilibrio fiscal, libertad de comercio y  previsibilidad como los de Suiza. En Argentina todos los indicadores y valores están en alerta amarilla, con tendencia hacia el rojo, por lo tanto la caída de reservas se convierte en una variable a la cual la sociedad comienza a prestarle especial atención. Sucede lo mismo que vimos con las mediciones del ‘riesgo país’ durante el 2001: nadie sabía muy bien qué implicaba su escalada, pero todos tenían la certeza que era algo negativo.

Mientras tanto, el Gobierno centra su atención en los métodos que debe aplicar para detener la caída de reservas (la fiebre), en vez de atender las causas de dicha realidad (la infección). El equipo económico y la Presidenta siguen sin comprender que el valor de la moneda y el nivel de reservas serán estables cuando se procure lograr un equilibrio fiscal y no exista un déficit que deba ser financiado con la emisión de billetes en cantidades superiores a las que la gente (el mercado) demanda.

La emisión de billetes de los últimos seis años ha aumentado un 350%, mientras que la producción ha crecido un 50%, y ello provoca que cada día menos gente quiera ahorrar en pesos y que la mayoría busque escapar hacia otras monedas basadas en sistemas jurídicos y económicos más serios y previsibles. Debemos tener en claro que cuando la gente compra dólares o euros, no busca solamente el papel color verde, sino que está comprando la seguridad jurídica y económica que le brindan el sistema norteamericano o el europeo.

En los últimos tres años la pérdida de reservas fue del 40% (unos u$s 22.000 millones) y ellas fueron utilizadas para cubrir un déficit fiscal cada día mayor, la falta de ingreso de divisas, la huida de capitales y la importación de la energía que nuestro país dejó de producir. En el mismo período de tiempo Uruguay aumentó sus reservas un 107%, Perú un 49%, Chile un 47%, México un 55%, Brasil un 30% y Colombia un 55%.

El escenario actual nos muestra entonces un exceso de pesos en circulación que aumenta día a día, un estancamiento en el ingreso de dólares, un Estado deficitario y un panorama general de desconfianza hacia las instituciones, con violaciones evidentes al libre comercio, a la propiedad privada y a la previsibilidad para hacer negocios. Frente a todo ello, la caída de las reservas del BCRA se convierte en un indicador más que refleja un panorama poco alentador.

El Gobierno debe enfocar su atención en la infección ya que por más que en esta oportunidad logre bajar la fiebre, si no soluciona los problemas de fondo, ella volverá a aparecer con mayor intensidad. Si comienza a reencauzar las expectativas, acepta reducir el déficit fiscal, aumenta la seguridad jurídica y respeta el libre comercio, logrará niveles de previsibilidad en los cuáles el volumen de reservas del Banco Central no será un tema determinante para el futuro del país. Si no lo hace, asistiremos a una película que todos los argentinos pensamos que no volveríamos a tener que ver.

Julián Obiglio es Diputado Nacional y egresado de ESEADE.

Que hacer para evitar una crisis:

Por Aldo Abram. Publicado el 3/2/14 en: http://www.ambito.com/diario/noticia.asp?id=727028

 

Cada vez se generaliza más la percepción de que la economía argentina se encuentra en un rumbo de colisión. Por eso, es útil proponer qué debe hacerse en este contexto para evitar estrellarnos y naufragar.

valor del dolar

Lo primero, un buen diagnóstico. Como casi todos los anteriores, este Gobierno hizo crecer fuertemente el gasto público. Arribamos a los comicios presidenciales de 2011 y, para ganarlos, se intentó que el tipo de cambio no creciera al ritmo al que depreciaban el peso para cobrarnos el impuesto inflacionario que necesitaban para gasto electoral. Conclusión, perdieron más de u$s 6.000 millones de reservas. En vez de corregir el rumbo, después de una contundente victoria electoral, priorizaron seguir diluyendo la solvencia del Banco Central con una reforma de su carta orgánica para habilitar mayor financiación de más aumento excesivo de erogaciones. Para evitar la disparada del dólar que esto hubiera generado, pusieron el cepo. Es evidente que en los últimos meses el Gobierno ha venido reaccionando como pudo para moderar la caída del stock de divisas del Central. El problema es que es necesario que los exportadores, los importadores y otros demandantes de divisas de ese mercado le crean al Gobierno que el actual tipo de cambio oficial es un valor de equilibrio y que, a futuro, subirá moderadamente. La continuidad de la caída de reservas indica que no le creyeron ambas o alguna de esas premisas.

Con el diagnóstico correcto, podemos dar con el remedio adecuado. El objetivo debe ser volver a un mercado único y libre de cambios. Para eso, deberíamos recuperar el tipo de cambio oficial hasta que refleje el verdadero valor del peso. Eso implicaría un alza de cerca del 50%, que esta gestión sólo admitirá ante la misma crisis. Habrá que recetar algo más gradual, desdoblar el tipo de cambio, luego de un salto que permita una parte importante de lo que ya devaluaron el peso para cobrar el impuesto inflacionario y gastárselo. El comercio exterior quedaría en el oficial o “comercial” (excepto, quizá, algunos bienes de lujo importados) y todas las demás operaciones se harían libremente en lo que es hoy el paralelo, que pasaría a ser formalizado. En un plazo razonable, ambos deberían converger, para lo que todavía falta curar la verdadera enfermedad: el excesivo crecimiento del gasto público.

No vamos a pedir siquiera que congelen el gasto primario, sólo que se suba a una tasa más cercana al 20% (que igual es mucho) y no de más del 30%, como sucede actualmente. La devaluación mejora ostensiblemente los ingresos públicos, pero será necesario licuar una parte de las erogaciones y reducir al mínimo posible la inversión pública.

Sin embargo, el mayor esfuerzo lo deben hacer los que más tienen, y más del 70% de los subsidios a las tarifas públicas van a quienes pueden pagarlas. Por lo tanto, hay que ayudar a los más necesitados; pero subir lo que efectivamente pagamos de las tarifas gradual, pero rápidamente.

Si logramos contener la necesidad de financiamiento total del Banco Central a un monto en pesos (incluidas las divisas y ganancias transferidas) de $ 100.000 millones o menos, podemos lograr que la inflación y el alza del dólar financiero se moderen, permitiéndole al “comercial” que lo alcance con un mayor ritmo de suba. Esto tendrá otra consecuencia coyuntural que generará picazón a algunos funcionarios, un alza de las tasas de interés.

Hasta acá, ordenamos la parte fiscal y monetaria para, con suerte, evitar la crisis. Sin embargo, otras materias pendientes ayudarían a disminuir el costo social. Por ejemplo recuperar la seguridad jurídica, reinsertarse en el mundo, reducir la presión tributaria, desarmar la maraña de controles que dificultan la producción y la generación de empleo en el sector privado. Todo esto lo debe hacer un Gobierno que pierde poder en el presente proceso de transición política y que, con su actual gestión, diluye rápidamente su credibilidad. Así que no queda mucho tiempo, ya que, sin credibilidad, no hay solución posible, por buena que sea. Ojalá que escuchen y pronto.

 

Aldo Abram es Lic. en Economía y director del Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados de Argentina (Ciima-Eseade) .

Abandonados en el mercado

Por Carlos Rodriguez Braun: Publicado el 6/8/13 en: http://www.carlosrodriguezbraun.com/files/2013/08/pagina_06082013175234.html

La idea de que el mercado equivale a desprotección es uno de los clichés más importantes de la política moderna. Abordaremos en esta serie algunas de sus diversas facetas, pero conviene empezar por la idea misma, que se plasma en lugares comunes como el que asegura que en el mercado estamos “abandonados”.

La expresión es tan habitual como asombrosa. ¿Abandonados? Nunca estamos abandonados en el mercado, que es, como escribió Benedicto XVI en Caritas in Veritate, “la institución económica que permite el encuentro entre las personas, como agentes económicos que utilizan el contrato como norma de sus relaciones” (puede verse un análisis en Panfletos Liberales III, LID Editorial, 2013, págs. 271-277).

El mercado es, pues, lo contrario del abandono. Es un lugar de encuentro y acuerdo, de aquiescencias y consensos. Nunca estamos abandonados allí donde ejercemos nuestros derechos y libertades. Hablar del mercado como del abandono se asemeja a otra metáfora absurda que lo identifica con la ley de la selva, cuando en ninguna selva hay mercados, precisamente porque allí rige la ley de la selva, y no puede haber mercados sin ninguna seguridad jurídica.

Pero si no estamos “abandonados en el mercado”, ¿qué sentido tiene el cliché?

Tiene el sentido de la propaganda, de dar por sentado que la libertad es mala. Y si es mala, entonces lo bueno será la coacción. Este es el objetivo de la consigna: hacer que temamos la libertad, porque con ella, cuando somos personas responsables y dueñas de nuestro destino, allí somos personas “abandonadas”. Obviamente, la conclusión es que no debemos ser libres, y ¿quién será el ente benéfico que nos vedará la libertad y nos “acompañará” por nuestro bien? El Estado.

Benjamín Constant percibió que esto requiere la distinción entre la libertad de los antiguos y la de los modernos. La libertad de los antiguos era la libertad de participar en el gobierno de la comunidad. La libertad de los modernos, en cambio, es la libertad de que el gobierno de la comunidad no viole la libertad de los individuos para gobernarse a sí mismos.

De ahí la paradoja de que el intervencionismo, que se presenta como avanzado y progresista, remita a los órdenes más arcaicos. De ahí la fascinación que sentía Rosa Luxemburgo por la economía de Carlomagno, donde todo estaba regulado. De ahí el asombro de Marx, que observó que había reglas dentro de las empresas, pero fuera de ellas parecía haber un caos: parecía que, en efecto, la gente estaba abandonada. No era así, claro. Lo que sucede es que el orden de la libertad en sociedades complejas requiere que el poder “abandone” a sus súbditos.

El cliché que demoniza el “abandono” del mercado en realidad significa que lo malo es estar abandonados por el poder. Es decir, abandonados por la coacción política y legislativa. Es decir, ser libres.

El Dr. Carlos Rodríguez Braun es Catedrático de Historia del Pensamiento Económico en la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Consejo Consultivo de ESEADE.

Cepo a las exportaciones

Por Aldo Abram. Publicado el 31/5/13 en http://www.libertadyprogresonline.org/2013/05/30/cepo-a-las-exportaciones/

 Cuando el gobierno habla del actual modelo, lo presenta como “proexportador” y se basa en la impresionante evolución de las ventas al exterior que, desde 2002, acumulan casi un 220% de incremento. Sin embargo, cuando miramos qué ocurrió, en el mismo período, con los restantes países de la región, vemos que todos tuvieron un crecimiento de sus exportaciones superior al de la Argentina. Conclusión: un contexto internacional favorable impulsó las ventas locales al exterior, a pesar de que el “modelo” actuó como un lastre.

No es de extrañar. Es imposible pensar que políticas económicas como las retenciones y los cupos a la exportación pueden ser un incentivo. Sin embargo, hacia adelante la perspectiva es peor. Te preguntarás, ¿no era que un mayor dinamismo de Brasil y una buena cosecha garantizaban un buen 2013?

 

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La evolución de las exportaciones ha sido decreciente hasta el primer trimestre de 2013, a pesar de que la economía brasileña muestra una lenta mejora en su tasa de crecimiento. Es que los vecinos pueden querer comprar más productos en el exterior; pero los productores argentinos tienen que poder proveérselos a un precio competitivo respecto del de otros países. Y, ahí, empiezan nuestros problemas. Las crecientes restricciones a las importaciones obligaron a muchos productores a usar insumos locales de menor calidad y mayor precio; por lo que sus bienes finales son peores y más costosos. Por otro lado, se dificulta la posibilidad de bajar costos produciendo con stocks mínimos (“just in time”), aún en el caso de proveedores locales que incorporan insumos importados que pueden ser trabados en su ingreso al país. Todo esto es una mochila pesada a la hora de competir en los mercados mundiales.

Por otro lado, el Banco Central deprecia la moneda nacional para cobrar un creciente impuesto inflacionario y transferírselo al gobierno para que financie sus excesos de gasto; pero, con el cepo, no reconoce plenamente la devaluación del peso en el tipo de cambio oficial. Actualmente, el gobierno les paga, a quiénes producen bienes exportables, alrededor del 60% del valor real de sus dólares y esta diferencia se ampliará a medida que pase el tiempo. El problema es que la inflación sí se refleja totalmente en los costos de los productores que pierden competitividad. Ejemplo de ello, son las economías regionales y aquellas industrias que son relativamente menos eficientes, que ya han empezado a tener dificultades para poder producir a precios atractivos para los compradores extranjeros. Este impacto negativo tenderá a agravarse y, cada vez, mayor cantidad de sectores tendrán que reducir su nivel de actividad, inversión y empleo.

Es cierto, se está levantando la cosecha de soja, no estará a la altura de las expectativas más optimistas; pero no será mala. Por lo tanto, las exportaciones crecerán en los próximos meses. Sin embargo, cuando el productor vea que le pagan alrededor del 40% de lo que vale su producto afuera, contra más de 60% que cobraba en 2011, y se de cuenta de que, en 2014, será peor (cercano a 30%), invertirá mucho menos en la próxima siembra. Por lo tanto, los rendimientos serán menores e, incluso, en muchas áreas marginales de producción, no se va a sembrar. Es decir, aún el sector más eficiente de la economía va a tener serios problemas de competitividad gracias al cepo cambiario. Por ello, no extrañaría que, luego de un repunte coyuntural, volvamos a ver que las exportaciones se desaceleran e, incluso, vuelven a caer.

Algunos plantean que el problema se resuelve con un desdoblamiento cambiario. Por ejemplo, haciendo que gran parte de las exportaciones y las importaciones pasen por el actual “cepo”, pero llamándolo “comercial”, y se permita que el, hoy, mercado paralelo funcione legalmente como un tipo de cambio “financiero” o “turista”, por el que se realicen el resto de las operaciones. Esto puede permitir algún alivio coyuntural del aumento de la brecha y, por ende, brindar una brisa de aire al ahogo de los exportadores. Sin embargo, estos seguirán dependiendo de un “dólar oficial” que no reflejará la verdadera depreciación del peso y, por ende, no se resolverá nada, sólo demora un poco la crisis.

Entonces, ¿la única solución es devaluar? Error, esa pregunta asume la versión oficial de que “impusimos el cepo para no devaluar”; lo cual es falso. Lo que se deprecia es el peso y el Banco Central lo ha devaluado fuerte para cobrarnos el impuesto inflacionario que le ha estado transfiriendo al gobierno, para que financie sus excesos de gasto. Sin embargo, desde fines de 2011, no refleja esa pérdida de valor en el tipo de cambio oficial. De la misma forma, a principios de 2007, el gobierno intervino el INDEC para que no muestre el verdadero incremento del índice de precios al consumidor o, a principios de este año, “congeló” los precios en los hipermercados, para “ocultar” la verdadera inflación en las góndolas. El problema es que la mentira tiene patas, y vida, cortas.

Decir que el INDEC debería mostrar la verdadera inflación, de alrededor de 25%, en lugar del “dibujo” actual de poco más de 10%, ¿es pedir más inflación? No, es reconocer la realidad, que es lo que debería hacer el Banco Central con el valor del peso, que hoy debe rondar, como mucho, un octavo de dólar. Pueden seguir mintiéndose a sí mismos y a todos los argentinos; pero a costa de agravar los problemas y de que la realidad se imponga en forma desordenada, derivando en una típica crisis cambiaria y bancaria argentina.

¿Hay solución? Sí, pero no sin costo, ya que el daño está hecho. Sin embargo, se puede atenuar actuando sobre los problemas de fondo que nos llevaron a esta situación. El primero, un gasto público desmadrado que ha llevado a saquear al Banco Central, obligándolo a cobrarnos un creciente impuesto inflacionario y, al perder solvencia, implementar el nefasto cepo actual. Habrá que aprovechar su licuación inicial para, en un tiempo prudencial, reordenarlo reasignando eficientemente los recursos y, a partir de allí, hacer un manejo austero del erario público.

El segundo, son las políticas que han destruido la credibilidad y la seguridad jurídica de la Argentina, incentivando a los argentinos y extranjeros a huir de los activos locales y refugiarse en los del exterior. Una justicia cada vez más dependiente del poder político, cuya capacidad de defender los derechos ante los atropellos del gobierno de turno se diluye; expropiaciones o confiscaciones de empresas sin respetar los pasos que marca la ley, la Constitución Nacional y los acuerdos internacionales; las ilegales retenciones o cupos a la exportación; los “congelamientos” que se sustentan en normas inexistentes y en la capacidad de daño de un gobierno que usa arbitraria y hegemónicamente el poder; los ataques contra la libertad de expresión; la impunidad de la creciente corrupción; y una lista interminable a la que cada uno puede ir agregando lo que su buena memoria le permita.

Si convencemos a los argentinos y al mundo que no volveremos a avasallar sus derechos, entre ellos el de propiedad, puede ser que decidan volver a traer sus ahorros e inversiones. Esto permitiría superar más rápido los costos sociales y económicos de los desmanejos políticos de los últimos años.

Aldo Abram es Lic. en Economía y director del Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados de Argentina (Ciima-Eseade) .