LA OPORTUNIDAD DEL SIGLO.

Por Bertie Benegas Lynch. Publicado el 7/1/16 en: Ámbito Financiero.

 

Con relación al mentado “ajuste”, es muy temprano para saber qué rumbo tomará el gobierno y cómo gestionará la herencia de un gasto público descontrolado que ronda los $2,5 billones. Con semejante gasto y déficit, sería una perogrullada decir que debe haber un ajuste. El tema central radica en cuál de los dos caminos posibles se transitará para abordar el problema ya que los resultados de cada uno, son bien diferentes.

 

Un camino, es el ajuste que recae sobre el bolsillo del ciudadano. Este ajuste, que siempre se ha dado en la Argentina cuando los números del gasto público no cierran, llevaría a repetir notorios fracasos de nuestra historia económica. Incrementaría más la carga a un pesado carro del que el trabajador privado tira hace ya muchos años para sostener al sector público paquidérmico, que, lejos de ponerse a dieta, incrementa su adiposidad de forma exponencial. Y, en algún punto, el carro se vuelve a romper.

 

El otro camino es el ajuste del gasto público. Históricamente en la Argentina, los gobiernos no solo no cumplieron sus funciones específicas sino que se expandieron sin razón asfixiando cada vez más las actividades privadas. Si realmente pretendemos un cambio, no hay que cometer el error de hacer pequeños cambios pour la galerie, sino ejecutar recortes estructurales radicales. Ministerios, secretarías, subsecretarías, reparticiones, dependencias, e inexplicables órganos de control abundan en la estructura política y conllevan una desmesurada plantilla de empleados, la cual se duplicó en poco más de diez años.

 

El sentido común y la economía familiar no siguen criterios diferentes a los criterios que deben aplicarse en la administración de la hacienda pública. Si en una casa de familia los gastos superan los ingresos, se debe recortar dispendio rápidamente. Es momento de que la política argentina entienda de una buena vez que el estado no genera ingresos y que todo gasto público implica una postergación de proyectos y sueños familiares de individuos que pagan impuestos. Por consiguiente, los gobiernos deben hacer el menor daño posible limitando su radio de acción a las actividades que le competen y aplicando un riguroso criterio de optimización.

 

Es imprescindible también tener en claro que el problema no es el déficit sino el gasto, de otro modo, nos limitaríamos solo a evitar rojos contables en la gestión pública en lugar de atacar el problema de fondo. Como decía Milton Friedman, es preferible tener un mayor déficit respecto de un gasto público pequeño a tener cuentas fiscales que cierran en el marco de un gasto público enorme. De más está decir que resultaría una torpeza si el actual gobierno cae en la tentación de tomar empréstitos para cubrir faltantes de caja porque, siguiendo con el ejemplo de la economía familiar, sería como tomar un adelanto de efectivo de la tarjeta de crédito para pagar el vencimiento de la misma.

 

Hoy la Argentina tiene la gran oportunidad de restablecer la tendencia hacia la libertad y aspiro a que seamos capaces de retomar la senda de fines del siglo XIX y principios del siglo XX.

 

 

Bertie Benegas Lynch. Licenciado en Comercialización en UADE, Posgrado en Negociación en UP y Maestría en Economía y Administración de Empresas en ESEADE.

Apostar por la industria.

Por Carlos Rodriguez Braun: Publicado el 22/9/14 en: http://www.libremercado.com/2014-09-21/carlos-rodriguez-braun-apostar-por-la-industria-73512/

 

Leí en Cinco Días que las federaciones de Industria de UGT y CCOO enviaron al ministro José Manuel Soria un decálogo de propuestas recogidas en un documento con un título convencional: La reactivación de la industria: un reto de futuro.

El contenido del documento también es convencional, e inquietante. Estos señores creen saber cuánto tiene que pesar la industria en el PIB español. Actualmente es el 16%, y los sindicalistas saben que tienen que subir al 20%. Lógicamente, no tienen ni la menor idea de por qué ha de ser esa cifra y no otra. Eso sí, lo que afirman sin asomo de duda es cómo se alcanza ese paraíso: con menos libertad y menos derechos para las trabajadoras y los trabajadores. Exigen que “el sector público ejerza el liderazgo en la nueva apuesta por la industria”, como si no tuviéramos suficiente teoría ni suficiente práctica sobre lo que significa apostar con dinero ajeno, y lo que cuesta el liderazgo de los políticos y los burócratas en la industria y en cualquier otra actividad.

Y será necesario y venturoso aumentar el gasto público, es decir, crujir al pueblo con aún más impuestos. Es verdad que eso a veces topa contradictoriamente con las reglas de otros burócratas, pero los señores sindicalistas tienen la solución: reclamar que se “reconsideren los parámetros de cálculo de la cifra de déficit público, dejando fuera del mismo la inversión pública productiva”. ¿Cómo no se nos había ocurrido antes?

Están, claro que sí, muy preocupados por, como diría Barbie, que “fluya el crédito”. Y ¿a que no adivina usted qué se les ha ocurrido para que fluya y fluya y fluya? Pues claro que sí: “La creación de una banca pública”.

Es verdad que durante años fueron responsables destacados del desgobierno de las cajas de ahorro, la banca pública en España.Pero, en fin, pelillos a la mar. Y eurillos, aún más.

Hablando de eurillos, esta semana tuvimos una noticia inquietante en el mismo sentido industrializador: el Gobierno… tiene un plan para relanzar la industria. También él quiere que la industria pese en el PIB un 20%. Los sindicatos, por su parte, están bastante molestos porque el Gobierno no aclara el grado en que va a volver a quebrantar los derechos de los ciudadanos. Más aún, leí, también en Cinco Días, que según los sindicalistas esto del Gobierno es un “mero alegato” que no precisa los “recursos” (obviamente, ajenos). Ojalá sean sólo palabras y no más acoso a las carteras de los ciudadanos. Pero es de temer lo contrario.

 

Carlos Rodríguez Braun es Catedrático de Historia del Pensamiento Económico en la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Consejo Consultivo de ESEADE.

Presupuesto 2013: luces amarillas sobre Guatemala

Por Pablo Guido. Publicado el 26/6/12 en http://chh.ufm.edu/blogchh/

El gobierno guatemalteco comienza a mostrar los primeros números de lo que sería el proyecto de ley del presupuesto para el 2013, según se lee en la prensa. Las erogaciones del sector público serían de 66.700 millones de quetzales, es decir, un incremento del 12% respecto a los fondos asignados para este año 2012. Los ingresos tributarios se calculan en unos 50 mil millones y el déficit fiscal en 12 mil millones. Esto supone que el gasto público equivaldría al 15,7% del PIB, unos 0,5 puntos porcentuales mayor que ahora. Esto significa que el sector público se llevará una partecita mayor de la riqueza del sector privado y lo redistribuirá según criterios políticos. O sea, en términos reales el tamaño del estado estaría aumentando. La cuenta es simple: si se estima un crecimiento del PIB del 3,5% para el 2013 y un aumento de precios de entre 3 y 5% anual, esto supone que el incremento del gasto superaría la sumatoria de aquellas dos variables (PIB y variación de precios). Lo que significa una mayor participación del gasto público en la economía local.

Lo que deben saber los contribuyentes guatemaltecos es que lo que llevó a la crisis a los países europeos que hoy aparecen diariamente en la prensa (España, Grecia, Italia, Portugal, etc.) es un aumento del tamaño del estado mayor a la tasa de crecimiento de su riqueza. Si en la economía familiar los gastos suben más que los ingresos en algún momento se hacen infinanciables aquellos. Y vienen las crisis fiscales que arrastran a toda la economía. Alerta.

 Pablo Guido se graduó en la Maestría en Economía y Administración de Empresas en ESEADE. Es Doctor en Economía (Universidad Rey Juan Carlos-Madrid), profesor de Economía Superior (ESEADE) y profesor visitante de la Escuela de Negocios de la Universidad Francisco Marroquín (Guatemala). Investigador Fundación Nuevas Generaciones (Argentina). Director académico de la Fundación Progreso y Libertad.