Es hora de preguntarse para qué sirven los servicios de inteligencia

Por Alberto Benegas Lynch (h). Publicado el 4/8/2006 en: https://www.lanacion.com.ar/opinion/es-hora-de-preguntarse-para-que-sirven-los-servicios-de-inteligencia-nid828727/

 

Tras las quejas por el espionaje político

Dice el adagio que si a uno lo engañan una vez, la vergüenza corresponde a quien engaña, pero si nos vuelven a engañar con lo mismo, la vergüenza es para uno. Resulta de interés preguntarse y repreguntarse qué grado de compatibilidad o incompatibilidad existe entre los llamados servicios de inteligencia y el sistema republicano de gobierno. Como es sabido, uno de los ejes centrales de esta forma de concebir el aparato político consiste en la transparencia de sus actos.

Conviene llevar a cabo el ejercicio de una mirada crítica sobre estas reparticiones tan peculiares. Prácticamente todos los gobiernos cuentan con servicios de inteligencia, lo cual no invalida el interrogante. Cuando menos, llama la atención que una sociedad libre se desplace simultáneamente por dos andariveles tan opuestos.

Por una parte, se insiste en la necesidad de que los funcionarios gubernamentales sean responsables de sus actos y que éstos estén en conocimiento de los gobernados y, por otro, se procede de modo clandestino, echando mano de fondos reservados para propósitos de espionaje y otros menesteres non sanctos que se mantienen en las sombras. Parecería que hay aquí un doble discurso y que se entroniza una hipocresía digna de mejor causa.

Agentes dobles, contrainteligencia, secretos de Estado, escuchas y detenciones sin orden de juez, violaciones de domicilio, asesinatos, sabotajes, movimientos subversivos programados y, frecuentemente, seguimiento de los movimientos de los dirigentes de partidos políticos de oposición son sólo algunos de los hechos que producen los más renombrados “servicios”. Esto es en el “mundo libre”, ya que en los países totalitarios se añaden la tortura y la implacable persecución a quienes no adhieren al poder de turno.

En los Estados Unidos, actualmente existen veinticuatro “oficinas de inteligencia”, entre las que se destaca la CIA, creada a fines de la década del 40. En Inglaterra, el M15 y el M16; en Canadá, la CSIS; la BND en Alemania; el Mossad en Israel, y la FSB, sucesora de la KGB, en Rusia son sólo algunas de las caras visibles de este entramado de espionaje, contraespionaje y guerra subterránea.

El periodista de la BBC de Londres Paul Reynolds pone en tela de juicio la eficiencia de los servicios de inteligencia más destacados del mundo a raíz de la invasión de Irak, en una columna titulada “¿Podemos confiar en los servicios de inteligencia?”. Por su parte, Harry Browne señala los fiascos de los servicios de inteligencia estadounidenses en Vietnam, Corea, Somalía y Haití, e incluso tiende un manto de sospechas sobre los que operaron durante la Segunda Guerra Mundial, en la que se terminó entregando a Stalin aproximadamente las tres cuartas partes de Europa.

Es que siempre los burócratas están tentados a utilizar este y otros departamentos y oficinas para fines políticos, y cuando no hay claros límites al poder y se permite recurrir a la clandestinidad los abusos no deben sorprender, sin contar con las traiciones, las falsas denuncias y las delaciones internas y ex amistades de la CIA, como Saddam Hussein y Ben Laden.

Por esto es que León Hadar, del Cato Institute, sugestivamente titula su ensayo Los servicios de inteligencia no son inteligentes. Allí muestra con profusión de datos cómo la alegada seguridad nacional está en riesgo con estos procedimientos oscuros en los que, por definición, no hay control de gestión propiamente dicho. Hadar se refiere a los Estados Unidos. Imaginemos qué le cabe, por ejemplo, a nuestra SIDE, creada por Perón…

David Canon, del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Indiana, en su trabajo titulado Inteligencia y ética, alude a las declaraciones de un agente de la CIA que explica que lo importante es lograr los objetivos sin detenerse en los medios: “Los temas legales, morales y éticos no me los planteo, igual que no lo hacen los otros [integrantes de la CIA]”, dice, y documenta la cantidad de “sobornos a funcionarios, derrocamiento de gobiernos, difusión deliberada de mentiras, experimentos con drogas que alteran la mente, utilización de sustancias venenosas, contaminación de alimentos, entrega de armas para operar contra líderes de otros países y, sobre todo, complotar para asesinar a otros gobernantes”.

En esta dirección ofrece ejemplos de operaciones de la CIA en Costa Rica, Corea, Colombia, Laos, Guatemala, Irán (ellos fueron los que organizaron la policía secreta del sha), China e Indonesia. Asimismo, reproduce las declaraciones del ex presidente Truman 15 años después del establecimiento de esta oficina de inteligencia: “Cuando establecí la CIA, nunca pensé que se entrometería en estas actividades de espionaje y operaciones de asesinato”.

Pero, como bien destaca Norman Cousins, el establecimiento de entidades de estas características “necesariamente tiene que terminar en un Frankenstein”. Idéntica preocupación revela Drexel Godfrey en la revista Foreign Affairs, en un artículo titulado “Ethics and Intelligence”, en el que añade las encrucijadas del célebre embajador Joseph Wilson, quien contradijo los informes de inteligencia ingleses y norteamericanos respecto de la patraña de las armas de destrucción masiva.

No se avanza mucho aunque se establezcan estrictos controles republicanos, división horizontal de poderes y, en general, los indispensables límites al poder político. Este puede deslizarse por la puerta trasera con todo tipo de abusos, sin rendir cuenta al público, por más que se tejan subterfugios más o menos elaborados a través de comisiones parlamentarias.

Los servicios de inteligencia son compatibles con regímenes totalitarios de factura diversa, pero parecen del todo inadecuados en el seno de una sociedad libre. No en vano en los Estados Unidos se extiende la utilización de la expresión rusa “zar” para el máximo capitoste del espionaje.

Es útil cuestionar y someter al análisis temas que habitualmente se dan por sentados. Si no se procede a esta revisión periódica, podemos encontrarnos con que estamos avalando ciertas políticas que resultan nocivas, pero que continúan en vigencia sólo por inercia, rutina o molicie. John Stuart Mill decía que todas las buenas ideas pasan invariablemente por tres etapas: la ridiculización, la discusión y la adopción. Este tema de los llamados servicios de inteligencia se vincula con muchos otros que también requieren limpieza de telarañas mentales para su mejor comprensión.

Menciono cuatro áreas al correr de la pluma. En primer término, la seguridad. Paradójicamente, en no pocos lugares para proteger este valor se lo conculca. Esto ocurre hoy, en gran medida, con la lucha antiterrorista. En última instancia, el terrorismo apunta a desmantelar y liquidar las libertades individuales. Pues lo curioso del asunto es que, por ejemplo, en lo que ha sido el baluarte del mundo libre –los Estados Unidos–, con el argumento de proteger aquellos derechos se los lesiona, con lo que en la práctica se otorga una victoria anticipada a los criminales del terror. Tal es el ejemplo de la vergonzosa ley denominada “patriótica”.

En segundo lugar, para mitigar las convulsiones que hoy tienen lugar, debería hacerse un esfuerzo mayor para no caer en la trampa mortal de las guerras religiosas y para distinguir un asesino de quien suscribe determinada religión. Hay que insistir en los graves peligros y acechanzas que aparecen al vincular el aparato estatal con una denominación confesional.

El tercer capítulo, emparentado con el surgimiento de los servicios de inteligencias para contrarrestar las guerras, son las epidemias de nacionalismos, xenofobias y racismos que toman los lugares de nacimiento como un valor y un disvalor para el extranjero, como si las fronteras tuvieran algún sentido fuera de la descentralización del poder y como si las razas no fueran un estereotipo carente de significado entre hermanos que provenimos todos de Africa.

Por último, no estaría mal revisar exhaustivamente el papel de las Naciones Unidas, de la que dependen innumerables oficinas que pregonan a los cuatro vientos, en sus publicaciones y en las declaraciones de sus directivos, políticas socializantes que conducen a la pobreza y a la guerra, al tiempo que muchas veces se constituyen durante largos períodos en observadores incompetentes, tal como ha ocurrido hasta el momento en el caso actual de Hezbollah e Israel.

Un comentarista de la televisión mexicana acaba de proclamar: “Nosotros también somos observadores, pero de la inoperancia de las Naciones Unidas”.

Entonces, no sólo debemos concentrar la atención en la naturaleza y los alegados servicios que prestan las estructuras de “inteligencia”, sino también prestar atención a las causas que dan lugar al debate que ahora pretendemos abrir, al efecto de seguir averiguando los inconvenientes y las eventuales ventajas de este tipo de organizaciones.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa. Es miembro del Comité Científico de Procesos de Mercado, Revista Europea de Economía Política (Madrid). Es Presidente de la Sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, miembro del Instituto de Metodología de las Ciencias Sociales de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, miembro del Consejo Consultivo del Institute of Economic Affairs de Londres, Académico Asociado de Cato Institute en Washington DC, miembro del Consejo Académico del Ludwig von Mises Institute en Auburn, miembro del Comité de Honor de la Fundación Bases de Rosario. Es Profesor Honorario de la Universidad del Aconcagua en Mendoza y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en Lima, Presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso y miembro del Consejo Asesor de la revista Advances in Austrian Economics de New York. Asimismo, es miembro de los Consejos Consultivos de la Fundación Federalismo y Libertad de Tucumán, del Club de la Libertad en Corrientes y de la Fundación Libre de Córdoba. Difunde sus ideas en Twitter: @ABENEGASLYNCH_h

 

Donald Trump y la libertad de prensa

Por Alberto Benegas Lynch (h).

 

En un sistema republicano nada hay más importante al efecto de preservar las libertades individuales que la libertad de prensa. Después de un gran debate en medios estadounidenses por parte de quienes sostenían en el siglo xviii que no debería insertarse en la Carta Magna lo que el gobierno no puede hacer puesto que se afirmaba  que en un sistema libre como el proclamado en la Constitución va de suyo que el abuso queda excluido. Sin embargo, la posición contraria prevaleció y así se aprobaron las primeras diez enmiendas constitucionales,  de las cuales la primera —la prioritaria— resguarda la libertad de prensa de toda intromisión gubernamental. En esta misma línea, Thomas Jefferson escribió en 1787 que “si tuviera que decidir entre un gobierno sin periódicos o periódicos sin gobierno, no dudaría en elegir esto último”.

Ahora resulta que acaba de asumir un presidente del otrora baluarte del mundo libre que se pronuncia en contra de la prensa libre. Entre otras trifulcas con los medios —la última antes de asumir cuando en su conferencia de prensa hizo callar a un periodista de CNN— ha dicho en Forth Worth en Texas que cambiará las leyes “para cuando los medios escriban noticias negativas los podamos demandar y así hacer mucho dinero” y con una inusitada agresión ad hominem  en West Palm Beach en Florida afirmó que después de que cambiemos las leyes referidas a la prensa “cuando el New York Times o el Washington Post escriban los podamos demandar” y “los medios se encuentran entre  los grupos de personas más deshonestas que he conocido. Son terribles”, lo cual repitió en su visita a la CIA después de asumir la presidencia, oportunidad en la que agregó “estoy en guerra con los medios” y  otras manifestaciones de desprecio a la libertad de pensamiento.

Este peligro inminente se agrega a la xenofobia del nuevo presidente, de su prepotente, arrogante y anunciada intervención en el comercio internacional y de su preocupante esquema para la economía local con los gastos colosales que proyecta, su amistad con Rusia, su enemistad con China y el nombramiento del Secretario de Defensa (el jefe del  Pentágono), el general James Mattis, que ha declarado públicamente en un panel ante sus pares en la Asociación de Comunicaciones y Electrónica de las Fuerzas Armadas (San Diego, California) que “En realidad me gusta pelear, ustedes saben. Es estimulante. Es divertido matar a algunas personas. Me gusta la camorra”. Con seguridad estas medidas no se dirigen a su reiterado lema de Make America Great Again, más bien a acentuar la decadencia que se viene apartando aceleradamente de los valores proclamados por los Padres Fundadores (en el contexto de modales impropios por más que se empeñe en mostrar otos aspectos formales de buena calidad como la reposición del busto de Churchill en la Oficina Oval en su primer día de gestión).

No tenemos la bola de cristal, no sabemos que ocurrirá, aparecen declaraciones contradictorias del novel mandatario las cuales se reiteraron en su discurso inaugural, pero, como queda dicho, hay síntomas muy alarmantes y otros que apuntan a tranquilizar a los más sensatos, medidas ponderables como la elección del vicepresidente, la secretaria de educación, el de vivienda y urbanismo y algunos temas importantes de salud, tributarios y de regulaciones pero nada compensa su tratamiento desaforado para con la prensa.

En cualquier caso, como es sabido, la libertad de expresión resulta esencial para aprender puesto que como el conocimiento está inmerso en la provisionalidad y siempre abierto a posibles refutaciones, la manera de reducir nuestra ignorancia consiste en contar con debates abiertos de par en par.

Esta libertad es respetada y cuidada como política de elemental higiene cívica en el contexto de una sociedad abierta, no solo por lo anteriormente expresado sino porque demanda información de todo cuanto ocurre en el seno de los gobiernos para así velar por el cumplimiento de sus funciones específicas y minimizar los riesgos de la extralimitación del poder. En innumerables casos, el periodismo ha hecho mucho más que la propia Justicia para investigar y denunciar casos de corrupción gubernamental.

Como he escrito en otra oportunidad en La Nación de Buenos Aires, resulta especialmente necesaria la indagación por parte del periodismo cuando los aparatos de la fuerza que denominamos gobierno pretenden ocultar información bajo los mantos de la “seguridad nacional” y los “secretos de Estado” alegando “traición a la patria” y esperpentos como el “desacato” o las intenciones “destituyentes” por parte de los representantes de la prensa. Debido a su trascendencia y repercusión pública internacional, constituyen ejemplos de acalorados debates sobre estos asuntos los referidos a los llamados “Papeles del Pentágono” (tema tan bien tratado por Hannah Arendt) y el célebre “Caso Watergate” que terminó derribando un gobierno.

Por supuesto que nos estamos refiriendo a la plena libertad sin censura previa, lo cual no es óbice para que se asuman con todo el rigor necesario las correspondientes responsabilidades  ante la Justicia por lo expresado en caso de haber lesionado derechos de terceros. Esta plena libertad incluye el debate de ideas con quienes implícita o explícitamente proponen modificar el sistema, de lo contrario se provocaría un peligroso efecto boomerang (la noción opuesta llevaría a la siguiente pregunta, por cierto inquietante ¿en que momento se debiera prohibir la difusión de las ideas comunistas de Platón, en el aula, en la plaza pública o cuando se incluye parcial o totalmente en una plataforma partidaria?). Las únicas defensas de la sociedad abierta radican en la educación y las normas que surgen del consiguiente aprendizaje y discusión de valores y principios.

Hasta aquí lo básico del tema, pero es pertinente repasar otros andariveles que ayudan a disponer de elementos de juicio más acabados y permiten exhibir un cuadro de situación algo más completo aunque no se refiera específicamente a Estados Unidos. En primer lugar, la existencia de ese adefesio que se conoce como “agencia oficial de noticias”. No resulta infrecuente que periodistas bien intencionados y mejor inspirados se quejen amargamente porque sus medios no reciben el mismo trato que los que adhieren al gobierno de turno o a los que la juegan de periodistas y son directamente megáfonos del poder del momento. Pero en verdad, el problema es aceptar esa repartición estatal en lugar de optar por su disolución, y cuando los gobiernos deban anunciar algo simplemente tercericen la respectiva publicidad. La constitución de una agencia estatal de noticias es una manifestación autoritaria a la que lamentablemente no pocos se han acostumbrado.

Es también conveniente para proteger la muy preciada libertad a la que nos venimos refiriendo, que en este campo se de por concluida la figura atrabiliaria de la concesión del espectro electromagnético y asignarlo en propiedad para abrir las posibilidades de subsiguientes ventas, puesto que son susceptibles de identificarse del mismo modo que ocurre con un terreno. De más está decir que la concesión implica que el que la otorga es el dueño y, por tanto, tiene el derecho de no renovarla a su vencimiento y otras complicaciones y amenazas a la libre expresión de las ideas que aparecen cuando se acepta que las estructuras gubernamentales se arroguen la titularidad, por lo que en mayor o menor medida siempre pende la espada de Damocles.

De la libertad de expresión se sigue la de asociación y de petición que deben minimizar las tensiones que eventualmente generen batifondos extremos y altos decibeles que afectan los derechos del vecino, lo cual en un sistema abierto se resuelve a través de fallos en competencia como mecanismo de descubrimiento del derecho y no como ingeniería legislativa y diseño arrogante.

Fenómeno parecido sucede con la pornografía y equivalentes en la vía pública que, en esta instancia del proceso de evolución cultural, hacen que no haya otro modo de resolver las disputas como no sea a través de mayorías circunstanciales. Lo que ocurre en dominios privados no es de incumbencia de los gobiernos, lo cual incluye la televisión que con los menores es responsabilidad de los padres y eventualmente de las tecnologías empleadas para bloquear programas. En la era moderna, carece de sentido tal cosa como “el horario de protección al menor” impuesto por la autoridad, ya que para hacerlo efectivo habría que bombardear satélites desde donde se trasmiten imágenes en horarios muy dispares a través del globo. Las familias no pueden ni deben delegar sus funciones en aparatos estatales como si fueran padres putativos, cosa que no excluye que las emisioras privadas de cualquier parte del mundo anuncien las limitaciones y codificadoras que estimen oportunas para seleccionar audiencias.

Otra cuestión también controversial se refiere a la financiación de las campañas políticas. En esta materia, se ha dicho y repetido que deben limitarse las entregas de fondos a candidatos y partidos puesto que esos recursos pueden apuntar a que se les “devuelva favores” por parte de los vencedores en la contienda electoral. Esto así está mal planteado, las limitaciones a esas cópulas hediondas entre ladrones de guante blanco mal llamados empresarios y el poder, deben eliminarse vía marcos institucionales civilizados que no faculten a los gobiernos a encarar actividades más allá de la protección a los derechos y el establecimiento de justicia. La referida limitación es una restricción solapada a la libertad de prensa, del mismo modo que lo sería si se restringiera la publicidad de bienes y servicios en diversos medios orales y escritos.

Afortunadamente han pasado los tiempos del Index Expurgatoris en el que papas pretendían restringir lecturas de libros, pero en varios países irrumpen en la escena comisarios que limitan o prohíben la importación de libros, dan manotazos a la producción y distribución de papel o, al decir del decimonónico Richard Cobden, establecen exorbitantes “impuestos al conocimiento”. La formidable invención de la imprenta por Pi Sheng en China y más adelante la contribución extraordinaria de Gutemberg, no han sido del todo aprovechadas, sino que a través de los tiempos se han interpuesto cortapisas de diverso tenor y magnitud pero en estos momentos han florecido (si esa fuera la palabra adecuada) megalómanos que arremeten con fuerza contra el periodismo independiente (un pleonasmo pero en vista de lo que sucede, vale el adjetivo).

Esto ocurre debido a la presunción del conocimiento de gobernantes que sin vestigio alguno de modestia y a diferencia de lo sugerido por Einstein, se autoproclaman sabedores de todo cuanto ocurre en el planeta, y se explayan en vehementes consejos a obligados y obsecuentes escuchas en imparables verborragias, tal como ocurre con los artilugios que planea Donald Trump para amordazar a la prensa independiente que esperemos se rectifiquen de inmediato.

Dados los temas controvertidos aquí brevemente expuestos —y que no pretenden agotar los vinculados a la libertad de prensa ni los planes de Trump— considero que viene muy al caso reproducir una cita de la obra clásica de John Bury titulada Historia de la libertad de pensamiento: “El mundo mental del hombre corriente se compone de creencias aceptadas sin crítica y a las cuales se aferra firmemente […] Una nueva idea contradictoria respecto a las creencias que sustenta, significa la necesidad de ajustar su mente […] Las opiniones nuevas son consideradas tan peligrosas como molestas, y cualquiera que hace preguntas inconvenientes sobre el por qué y el para qué de principios aceptados, es considerado un elemento pernicioso”.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa.