Locos por el asado

Por Iván Carrino. Publicado el 12/2/16 en: http://www.ivancarrino.com/locos-por-el-asado/

 

El precio del popular corte de carne generó acaloradas discusiones en los últimos días. Si bien con mejores modales, el gobierno puede estar repitiendo los errores del pasado.

La polémica estaba instalada. Pero con humor ayudó a propagarla Marcelo Tinelli, cuando escribió que si él fuese Victoria Beckham, invertiría la plata del divorcio en 3 kilos de asado. No contento con esto, agregó que “si seguimos así, en mayo para comprar un kilo de asado vas a tener que estar en el top five de Forbes”, aludiendo a la lista de los individuos más ricos del planeta.

Quienes no se tomaron el tema con el mismo humor fueron los funcionarios del gobierno. Hace unos días, el Ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, aseguró que había visto el kilo de asado a $ 140 y que eso le parecía “excesivo”. Por otro lado, el Ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, afirmó que, según sus cálculos, el kilo de asado debería costar, al público, $ 90.

Para hacer que dichos precios se reduzcan, la Secretaría de Comercio anunció que lanzará una aplicación que obligará a supermercados a publicar sus precios, de manera que la gente pueda elegir con mayor información. Según algunos analistas de prestigio, esto ayudará a que la competencia entre las entidades sea mayor y, por ende, los precios se desinflen.

Sin embargo, estos análisis dejan de lado el verdadero problema.

Márgenes de rentabilidad

En primer lugar, debe decirse que si los funcionarios consideran que el kilo de asado debe venderse a $ 90, nada les impide abandonar la función pública y ponerse una carnicería que ofrezca el producto a ese precio. Si es como ellos dicen, no solo generarán beneficios para sí, sino para toda la comunidad. Y esto vale para todos los que se quejan de los márgenes excesivos que supuestamente tienen los supermercados y carnicerías: ¿acaso probaron alguna vez incursionando en dicho negocio?

En segundo lugar, resulta poco sensato culpar a los empresarios por los aumentos en la carne. Lo cierto es que, como el resto de los productos en Argentina, los precios de la carne suben a causa de la inflación, como lo demuestra el gráfico de más abajo.

Graf

Desde enero de 1992 a enero de 2002 el precio del kilo de asado subió sólo 10% (el cuadril, por su parte, bajó 6,6%). Sin embargo, desde diciembre de 2003 a noviembre de 2015 (último mes de gobierno de Cristina Fernández), el kilo de asado escaló un 1407%. A la luz de estos datos, luce evidente que el culpable del aumento no es el margen de rentabilidad de las carnicerías y los supermercados, sino la desvalorización de la moneda.

La contradicción de Cambiemos

Ahora es cierto que desde noviembre los precios de este producto han acelerado su ritmo. Sin embargo, al renegar de esta tendencia el gobierno de “Cambiemos” entra en una contradicción. Esto es así porque, por un lado, tanto el presidente como la mayoría de los ministros coincidían en afirmar que el kirchnerismo había llenado de “cepos” a la economía y que su tarea era eliminarlos para liberar las fuerzas productivas del país.

Pero necesariamente, la liberación de estas fuerzas implica reconocer los verdaderos precios de las cosas y, naturalmente, luego de la caída en el stock ganadero de 10.000.0000 de cabezas producida por los controles impuestos por el kirchnerismo, era obvio que los precios iban a tender a subir. Querer controlarlos nuevamente es incurrir en una contradicción y, seguramente, terminará conspirando contra los objetivos de reactivación económica que el gobierno dice perseguir.

Cómo fomentar la competencia

Por último, una nota debe hacerse sobre la nueva página web que obligará a las cadenas de supermercados a publicar sus precios. En teoría esta aplicación se promocionará para incrementar la competencia empresaria, pero lo primero que se observa es que difícilmente una nueva carga regulatoria sobre las empresas pueda conseguir este objetivo. Es que, en realidad, el tema pasa por otro lado. Como afirmaba Nicolás Cachanosky, “más competencia no es obligar a comerciantes a publicar sus precios online”, sino “menos regulaciones e impuestos razonables”.

Esta opinión no es solo compartida por economistas independientes, sino también por quienes hoy comparten el espacio político del gobierno. En su libro Argentina Emprendedora, Andy Freire, Ministro de Innovación de la Ciudad de Buenos Aires, destaca que para mejorar la competitividad de la economía es esencial reducir la carga burocrática, impositiva y regulatoria, en línea con lo que establecen el World Economic Forum y el índice Doing Business del Banco Mundial.

Conclusión

La combinación de inflación y controles de precios siempre termina mal. Y fueron Néstor Kirchner y Roberto Lavagna quienes primero aplicaron esta estrategia al sector de la carne en Argentina. Los resultados fueron la desaparición del stock ganadero y el cierre de 150 frigoríficos. Hoy los consumidores estamos pagando las consecuencias.

En este marco, lo mejor que puede hacer el gobierno es seguir eliminando cepos y bajar la inflación con política fiscal y monetaria. De lo contrario, seguiremos viviendo como en El Día de la Marmota, repitiendo, una y otra vez, los errores económicos del pasado.

 

Iván Carrino es Licenciado en Administración por la Universidad de Buenos Aires y Máster en Economía de la Escuela Austriaca por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es editor de El Diario del Lunes, el informe económico de Inversor Global. Además, es profesor asistente de Comercio Internacional en el Instituto Universitario ESEADE y de Economía en la Universidad de Belgrano.

Ley de Abastecimiento: un proyecto subjetivo y soberbio.

Por Gustavo Lazzari. Publicado el 17/9/13 en: http://opinion.infobae.com/gustavo-lazzari/2014/09/16/ley-de-abastecimiento-un-proyecto-subjetivo-y-soberbio/

 

El proyecto de ley de abastecimiento llamado “Nueva Regulación de las relaciones de producción y consumo” es una muestra más de la petulancia de los gobernantes. 

Según el proyecto el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Comercio, podrá:

Regir la  compraventa, permuta, locación de cosas muebles, obras, y servicios  – materias primas directas o indirectas y sus insumos – que se destinen a la producción, construcción, procesamiento, comercialización, sanidad, alimentación, vestimenta, higiene, vivienda, deporte, cultura, transporte y logística, esparcimiento así como otro bien o servicio que satisfaga necesidades  básicas orientadas al bienestar de la población. (art 1)

Podrá a su vez, establecer márgenes de utilidad, precios de referencia, niveles máximos y mínimos de precios. 

Dictar normas que rijan la comercialización, intermediación, distribución y/o producción. Disponer la continuidad en la producción, industrialización, comercialización, transporte, distribución o prestación de servicios como así en la fabricación de determinados productos, dentro de “niveles o cuotas mínimas”.  Acordar subsidios, Requerir toda documentación, Exigir presentación de libros, documentos, papeles, y todo elemento relativo a la administración, realizar pericias, Proceder al secuestro de información y documentación, Crear registros y libros especiales, establecer licencias comerciales  (Art2)

Además, el proyecto autoriza a los gobernadores a fijar precios máximos en sus jurisdicciones. Si fuera mayor al precio nacional deben pedir permiso a la secretaría de comercio. (art 3)

Todo con la intención de castigar acciones privadas tales como (Art 4): Elevar artificialmente los precios no acorde a costos y obtener ganancias abusivas, revaluar existencias, (salvo autorización), acaparar materias primas o productos. Formaren existencias superiores a las necesarias, Intermediar o permitir intermediar innecesariamente, destruir mercaderías o bienes, Negar o restringir injustificadamente la venta de bienes o la prestación de servicios. O que no la incrementaren habiendo sido intimados por la autoridad de aplicación a ello. , Desviar o discontinuar el abastecimiento normal y habitual de una zona a otra sin causa justificada, No tuvieren para su venta o discontinuasen la producción de bienes o servicios con precios máximos y mínimos, márgenes de utilidad fijados.

Esta ley stalinista parte de errores conceptuales básicos, impropios de una persona que al menos respete la más elemental operatoria comercial.  Con haber atendido un mostrador de un quiosco durante unos meses alcanza para comprender que el articulado es delirante, irreal y altamente peligroso. 

Los errores conceptuales básicos son los siguientes.

  1. El proyecto considera que la información del mercado se puede captar, agrupar, decodificar y comprender.
  2. Supone además que el Estado puede hacer esa tarea.
  3. Supone además que el Estado, una vez con toda esa información, puede lograr los cálculos económicos pertintentes para saber cuánto producir, cómo, cual es el costo, cuales los precios de venta.
  4. Supone que pudiendo hacer todo eso, el Estado es inmaculado, e incorruptible
  5. Supone en definitiva que con una planilla Excell y un fusil se puede reemplazar al mecanismo de precios del mercado.

La realidad es que la información de los proceso de mercado no se puede agrupar, ni concentrar toda junta. El mercado es ante todo un proceso de descubrimiento. Todos los agentes, empresas, trabajadores, profesionales, etc tienen “un poco de información”.

Es impensable e inviable que un secretario de comercio pueda obtener todos esos pedacitos de información.

Por ello es impensable la planificación. No hay planificación sin multas ni machetes policiales. Las experiencias fracasadas de controlar los precios por parte del nazismo, el comunismo y los gobiernos militares así lo indican.

Los precios son incontrolables en el sentido de que no dependen de una “junta de planificación” o “secretaría iluminada”.  No es fácticamente posible conocer todos los costos y todos los precios. El proyecto complementario a la Ley de Abastecimiento que crea el “Observatorio” es otro disparate.

Lo que es controlable es la inflación pero por una vía distinta la política monetaria sana y racional.

Pretender establecer lo que dice el articulado sobre controlar utilidades, precios, suministros y cantidades no supone solo que el Ejecutivo está jugando al empresario sino que está jugando a ser todos los empresarios a la vez.

El proyecto presupone que los funcionarios pueden hacer mejor las cosas que el empresario. Si así fuera los invito a ser empresarios con su propio dinero y no mediante empresas públicas con todos los privilegios estatales.

De hecho, si el funcionario puede fijar precios, cantidades, márgenes, líneas de producción equivale a manejar directamente la empresa.  Sin embargo no es imaginable ver al mismo funcionario respetando esos parámetros oficiales pagando los mismos sueldos, los mismos costos, los mismos impuestos que las empresas.

El articulado implica una elevada subjetividad por parte de la autoridad de aplicación. En ningún párrafo se aclara qué significa “elevado margen de utilidad”, ni “nivel de existencias elevado”, ni “grado de intermediación deseable”.  Ante tal ambigüedad el poder arbitrario se magnifica. Tal poder arbitrario deriva necesariamente en la corrupción. La ley de abastecimiento generará más corrupción.

El mejor mecanismo para eliminar la inflación es la competencia en un contexto de estabilidad macroeconómica, política monetaria sana y apertura económica.

Un funcionario controlando precios no es otra cosa que un petulante al borde de la corrupción intentando una quimera. Todo a costa del bienestar de los argentinos.

El proyecto de ley de abastecimiento generará

  • Menores inversiones y por tanto menor nivel de empleo
  • Creciente desabastecimiento
  • Elevados niveles de evasión y corrupción administrativa
  • Cierre de empresas y menor incentivo a la inversión externa en Argentina.
  • Lejos de favorecer a los consumidores esta ley los convertirá en mendigantes frente a góndolas vacías.

 

Gustavo Lazzari es Licenciado en Economía, (UCA), Director de Políticas Públicas de la Fundación Atlas para una Sociedad Libre, y fue investigador del Proyecto de Políticas Públicas de ESEADE entre 1991-92, y profesor de Principios de Economía de 1993 a 1998 y en 2002. Es empresario.

Argentina impulsa ley para planificar cada nivel de su economía.

Por Belén Marty: Publicado el 13/8/14 en:  http://es.panampost.com/belen-marty/2014/08/13/argentina-impulsa-ley-para-planificar-cada-nivel-de-su-economia/?fb_action_ids=10152220152416583&fb_action_types=og.recommends&fb_source=aggregation&fb_aggregation_id=288381481237582

 

En el marco de una nueva ofensiva del Gobierno argentino frente a los empresarios, el oficialismo presentó el pasado 5 de agosto en la mesa de entradas del Senado el proyecto de ley Nueva Regulación de las Relaciones de Producción y Consumo (léala al final de esta nota).

Esta legislación busca reemplazar a la vigente Ley de Abastecimiento estableciendo precios máximos, niveles de producción y márgenes de utilidad, y ya despertó duras críticas en el sector industrial.

El objetivo de este proyecto de ley presentado por el oficialismo es “evitar abusos y la apropiación indebida del excedente de la cadena de valor”.

La principal diferencia con la antigua ley promulgada durante la dictadura militar en 1974 que establece penas de prisión a aquellos empresarios acusados de desabastecimiento, es que el proyecto actual promueve una mayor estatización del mercado: fija precios máximos, e incorpora bajo el mandato de la ley el actual acuerdo que tiene el Gobierno con los proveedores y distribuidores de productos en la campaña de Precios Cuidados.

“Resulta esencial observar el comportamiento del sistema de precios y el grado de concentración económica que promueve un marcado abuso de una posición dominante por parte de grupos económicos concentrados”, indica la propuesta en su consideraciones preliminares.

Además define al rol del Estado como aquel que consiste “en defender el interés del usuario para que el precio y la calidad de las prestaciones sean compatibles con la oferta efectuada por las empresas”.

Una ley para controlarlo todo

El artículo 2 del proyecto establece que en caso de ser “estrictamente necesario” la Secretaría de Comercio podrá: “establecer para cualquier etapa del proceso económico, márgenes de utilidad, precios de referencia, niveles máximos y mínimos de precios” y dictar normas que rijan la comercialización y distribución de la producción, como también podrá disponer la continuidad de la fabricación de determinados productos.

El mismo artículo permitiría al ente gubernamental asignar “volúmenes de producción, fabricación, ventas o prestación de servicios”.

En la letra E de dicho artículo se establece la posibilidad de que el organismo que preside hoy día Augusto Costa pueda requerir “toda documentación relativa al giro comercial de la empresa o agente económico” y le permite “disponer la cancelación de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales” y “a incautar, consignar e incluso vender bienes y servicios escasos o en infracción, sin juicio de expropiación previo”.

Por su parte, el artículo 3 señala que los gobernadores de las provincias argentinas podrán fijar dentro de sus jurisdicciones precios máximos.

El proyecto también establece modificaciones en las sanciones, que serían solamente de índole económica. Serán sujeto de multas, entre otros, aquellos comerciantes que eleven artificial o “injustificadamente” los precios de sus bienes o servicios, quienes destruyan (sus) mercaderías o bienes o negaren injustificadamente la venta de bienes o la prestación de servicios.

Las multas pueden llegar a los AR$10 millones (US$797 mil) con la posibilidad de clausura del comercio o la compañía por 90 días.

Proyecto respaldado por funcionarios kirchneristas

El director de la Secretaría de Comercio, Augusto Costa, se reunió con directivos de la Unión Industrial Argentina y defendió la propuesta.

“Con estas modificaciones vamos a tener herramientas legales para circunscribir al ámbito de las relaciones de consumo la administración del comercio, al mismo tiempo que se actualizarán los montos de las multas que se aplican y se legitima el funcionamiento de la Comisión de Defensa de la Competencia”.

En la misma medida, el jefe de Gabinete Jorge Capitanich declaró que no puede decirse que el proyecto es inconstitucional porque lo que hace es buscar hacer cumplir el articulo 42 de la Constitución Nacional. Dicho artículo indica que los consumidores tienen derecho a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos.

Además, pidió sostener un “debate abierto” en el Senado. Indicó que este conjunto de medidas busca “generar un marco regulatorio para el proceso de formación de precios tendiente a generar mayor equidad en la cadena de valor” y evitar “la concentración, que desnaturaliza el proceso de formación de precios”.

Avalancha de críticas del sector privado

José Patiño, dirigente del partido político opositor Unión por Todos, expresó que el debate debe tener en cuenta si el proyecto garantiza o no aquellos derechos contemplados en la Constitución.

Lo esencial es que esa discusión se dé basada en la libertad de comercio que establece el artículo 14 de la carta magna, afirma Patiño. “El sentido de las leyes es regular con el objetivo de que se garanticen los derechos establecidos en la Constitución y esta ley justamente hace lo contrario”.

Iván Cachanosky, analista económico de la Fundación Libertad y Progreso, advirtió que los cambios que quiere llevar a cabo el oficialismo son sumamente peligrosos.

“Representan un avance del Estado muy fuerte sobre el sector privado, que no le corresponde realizar. Si los precios son altos es porque el Gobierno estuvo a pura emisión los últimos años y porque la gente confía cada vez menos en el peso, debido a que pierde poder adquisitivo. Nada tiene que ver con que los empresarios son ambiciosos. Si fuera cierto el argumento de que hay inflación por la especulación ambiciosa de los empresarios, deberíamos preocuparnos, ya que implicaría que todos los países de la región —a excepción de Venezuela— tendrían empresarios menos ambiciosos, porque la inflación promedio de la región es de alrededor de 4% anual”, explicó.

La Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) envió ayer una carta al presidente del Senado en la cual manifiestan una severa preocupación por el avance de este proyecto.

“Es evidente que el proyecto en cuestión no solo hace desaparecer en la práctica la capacidad de iniciativa y decisión de la empresa como tal, con la cual se afecta no solo la producción e inversión, sino también el empleo y el desarrollo de unidades productivas cualquiera sea su dimensión, sumado a que se verán afectados los tratados bilaterales vigentes para la promoción de las inversiones extranjeras suscritos por la Nación, creando en forma innecesaria e inconstitucional, nuevas fuentes de conflictos internacionales”, cita el documento al que tuvo acceso PanAm Post.

Por su parte, el economista y empresario argentino Gustavo Lazzari expresó que “esta ley otorga a los Gobiernos un instrumental casi estalinista que genera todo menos precios bajos y artículos de calidad”.

El vicepresidente de  la Unión Industrial Argentina (UIA), José Urtubey, fue aún más duro e indicó que no van a acompañar el proyecto. “Es inconsistente con la iniciativa privada”,señaló a La Nación.

Carlos Raúl De la Vega, presidente de la Cámara Argentina de Comercio, se mostró preocupado por la posibilidad de que la autoridad competente clausure negocios e informó que desde su organización están evaluando cómo el proyecto afectaría los derechos individuales para tomar acciones.

 

Belén Marty es Lic. en Comunicación por la Universidad Austral. Actualmente cursa el Master en Economía y Ciencias Políticas en ESEADE. Conduce el programa radial “Los Violinistas del Titanic”, por Radio Palermo, 94,7 FM.