Soberanía, pueblo e impuestos

Por Gabriel Boragina. Publicado en: http://www.accionhumana.com/2020/10/soberania-pueblo-e-impuestos.html

Difícilmente exista un ser humano que domine todos (absolutamente todos) los aspectos de una misma materia (por lo menos nosotros no conocemos ninguno), ya que cualquier materia es objeto de diferentes enfoques, según quien la estudie y la divulgue. Somos partidarios de la convicción de que el conocimiento nunca está acabado, sino que es un proceso continuamente evolutivo, sin fin, caso contrario seguiríamos creyendo que la Tierra es plana como antigua y popularmente se creía, y desconoceríamos la ley y gravedad como sucedía antes de que Newton la descubriera. Pero decimos notar cierta arrogancia del autor citado[1] cuando dice que las definiciones diferentes a la suyas «pecan …porque son parciales, así como lo es su propio enfoque de la materia», porque daría la impresión que el sí posee el enfoque totalizador de la materia y no simplemente uno parcial.

«4. Diferencias entre impuestos y tasas. Se suele caer en confusionismo al analizar las raíces de ambas instituciones. Probablemente más de una errónea calificación del impuesto se origina en la confusión que se introduce, si no en la doctrina, en la práctica, al intentar la caracterización del impuesto y de la tasa. Ruzzo nos da la línea separatoria de la que es tan fácil desviarse. «Las diferencias entre impuesto y tasa nacen de este concepto fundamental: en el caso del impuesto, el Estado lo aplica en virtud de soberanía política, y en el caso de la tasa procede como empresario de ciertas actividades que, a menudo, tienen carácter industrial.»[2]

Para analizar esta cita primero debemos enmarcar el concepto de soberanía. Procedamos a hacerlo:

«Soberanía.

Para la Academia, calidad de soberano. | Autoridad suprema del poder público.

En el terreno jurídico, el problema de vieja y tradicional discusión es el de determinar en quién recae la soberanía, solución que depende del punto de vista que se adopte.

Sánchez Viamonte, escribiendo sobre el constitucionalismo, ha explicado con acierto y claridad que, en las repúblicas democráticas, no puede haber más soberanía interna o externa que la popular, por lo que, desde un punto de vista político, la soberanía es la voluntad de la mayoría, si bien la validez de la expresión de la voluntad mayoritaria ha de estar sujeta a su conformidad con el ordenamiento jurídico, precisamente porque la democracia es el Estado de Derecho, sometido a éste en la totalidad de su existencia y manifestación, de modo que la soberanía política quede subordinada a la soberanía jurídica, problema vinculado con los de la vigencia constitucional y de la supremacía de la Constitución. El mismo autor llega a definir la soberanía diciendo que es “la plenitud lograda por la voluntad política del pueblo para determinarse y para manifestarse, de suerte que está comprendida en ella la autolimitación o la sujeción de determinadas normas, establecidas como condición para su validez, y así, las formas jurídicas adquieren la importancia y jerarquía de condiciones impuestas a la soberanía… y de cuyo cumplimiento depende la legitimidad y validez de la voluntad política”.[3].

Siendo esto así, la soberanía política recae en el pueblo y no en el «estado» con lo que la definición de Ruzzo es equivocada. Pero hay más para decir a este respecto. El «pueblo» -como tal- tampoco existe como no existe el «estado». Se trata de otra entelequia.

«Pueblo.

 En una acepción equivalente a población, ciudad, villa o lugar. | También conjunto de personas que componen un pueblo, provincia o nación. | Gente común y humilde de una población.

Este último sentido va perdiendo su importancia conforme van nivelándose las clases sociales.»[4]

La clave que nos da la definición anterior está en las palabras personas y gente. De donde la soberanía política que se dice reside en el pueblo significa -en último grado- que la unidad mínima de esa soberanía se localiza en cada individuo (persona, gente) que conforma esa etiqueta (pueblo) que es tal simplemente para designar a un conjunto de personas que viven en un determinado lugar, de igual manera que la palabra sociedad (de alcance más amplio) es otra etiqueta para designar a un grupo de personas en el sentido anterior (lugar) o temporal (por ejemplo cuando se habla de la sociedad antigua, contemporánea, etc.).

Entonces, y derivado de todo lo anterior, la soberanía política no es más que la suma de las soberanías individuales, y no puede ser al revés, ni puede ser independiente una de la otra sin caer en contradicción.

La unidad soberana es el individuo. Con lo que nuevamente Ruzzo está doblemente equivocado.

Ahora bien, si la soberanía política no es otra cosa que la suma de las soberanías individuales (personas, gente) no puede ser -al mismo tiempo- solamente la soberanía de la mayoría, con lo que Sánchez Viamonte también está equivocado, aun cuando pretenda subordinar esa soberanía mayoritaria a otra soberanía de orden jurídico.

Olvida el ilustre jurista que el ordenamiento jurídico no es un dato, no es algo «dado», sino que su origen reside precisamente en la soberanía política, que es la que crea y -eventualmente- modifica ese mismo orden jurídico.

La historia de los numerosísimos derrocamientos, golpes de estado, revoluciones, tiranías y demás dictaduras desconociendo el orden jurídico preexistente a su establecimiento deberían ser prueba suficiente para convencerse que el «orden jurídico» no es un absoluto inamovible, y que no todos, ni en todos los tiempos se ha coincidido en el mismo. Es que hablar del «orden jurídico» en abstracto es irrealista. Lo que importa es estudiar el contenido de eso que se llama «orden jurídico» porque a este rótulo recurrieron todos los dictadores del mundo de todas las épocas para calificar al conjunto de las «leyes» dadas por sus regímenes despóticos. Si es por caso, ni la Alemania nazi, ni la Italia fascista, ni la Rusia comunista carecieron de un régimen legal, y a este régimen legal sus dictadores les llamaron del mismo modo «orden jurídico».

Pero volviendo al tema, y para no extendernos sobre lo que pareciera una digresión, pero no lo es, porque es fundamental definir términos y aclarar conceptos, por todas estas razones Ruzzo se equivoca y su definición es inaceptable. Menos aun cuando -en función de la misma- autoriza a su entelequia («estado”) a actuar como empresario.


[1] Mateo Goldstein. Voz «IMPUESTOS» en Enciclopedia Jurídica OMEBA, TOMO 15 letra I Grupo 05.

[2] Goldstein M. Ibidem.

[3] Ossorio Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. -Editorial HELIASTA-1008 páginas-Edición Número 30-ISBN 9789508850553

[4] Ossorio, ibidem.

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE. Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero. Síguelo en  @GBoragina

La igualdad en la historia

Por Gabriel Boragina: Publicado el 23/12/17 en: http://www.accionhumana.com/2017/01/la-igualdad-en-la-historia.html#!/2017/01/la-igualdad-en-la-historia.html

 

La declamación política de la igualdad jurídica –por una parte- y su manifestación contraria en el campo de los hechos –por la opuesta- no es, en verdad, algo novedoso, ni privativo de los tiempos modernos. Por el contrario, es asunto que se remonta muy atrás en la historia. Comencemos con el antiguo Egipto:

«Según Sánchez Viamonte, al dividir la historia política de Egipto, considera en el tercer período (del 3400 a 2200 a. C.), especialmente al final del mismo, el apogeo de la monarquía y en ella la consolidación de un principio igualitario en el derecho público, sosteniendo que «ante la ley, todos los egipcios son iguales en derecho, No hay nobles ni esclavos, aunque el Estado utiliza los prisioneros de guerra para la construcción de carreteras, o para trabajar en los dominios de la corona». «La familia -sigue diciendo-reposa sobre la igualdad jurídica de los cónyuges»[1]

Esa supuesta «consolidación» debió darse en el terreno de la letra de la ley, tal como ocurre en nuestros días también, en donde prácticamente todas las constituciones políticas del mundo proclaman la «consolidación» del mismo principio, en tanto que simultánea o posteriormente, se dictan una pléyade de leyes que consagran privilegios, prebendas y prerrogativas regias a determinado grupos o personas individuales, al tiempo que se les niega a otros. Así, bastaba el simple expediente de decidir quién era egipcio o quien no lo era, para estar incluido o excluido de plano en dicho hipotético régimen «igualitario», al igual que hoy, ciertos regímenes legales, como –por ejemplo- las leyes laborales, determinan quién merece o no merece ser calificado de «trabajador» para gozar o no de sus «beneficios», excluyendo de ellos a quienes -según esas mismas leyes- no disfrutan de «créditos» suficientes como para ser meritorios de tal etiqueta.

«Pero lentamente la monarquía se va caracterizando por un fuerte absolutismo, apoyado por la clase sacerdotal que se convierte por último en una oligarquía privilegiada, e integrada también por grandes funcionarios administrativos -visires- especie de nobleza que va acaparando beneficios y privilegios e inmunidades. «En adelante, la población se compondrá de nobles privilegiados y de vasallos que dependen de su dueño o señor a título perpetuo, y que se transforman en siervos». «La inmunidad fiscal de que gozaban los nobles hizo recaer todo el peso del impuesto sobre los pequeños poseedores, los cuales arruinados y endeudados, se ven en la necesidad de vender sus tierras a los grandes propietarios, cuando no son despojados de ellas» (9).»[2]

Dado que el poder tiende a concentrarse en el corto, mediano o largo plazo, el fenómeno no puede llamar la atención de nadie que no esté atento a lo que acontezca su alrededor. Porque, salvando las diferencias históricas y contextuales del caso, el esquema corriente de nuestros días es -en esencia- similar: el poder político indefectiblemente tiende a crecer y absorber al económico, y la explotación que el estado-nación moderno ejerce sobre sus súbditos contribuyentes al exprimirlos con impuestos, sólo en las formas y modos difiere a la que se describe como sucedida en el antiguo Egipto. La pretérita nobleza se esconde actualmente entre los partidos políticos que normalmente acceden al poder o se turnan en el mismo. A los otrora vasallos ahora se les llama «contribuyentes» que si lo son, es únicamente por la fuerza de la ley, pero no por la razón de ella. Ya que la ley injusta no es propiamente ley, aunque técnicamente se la designe así.

«Siguiendo con la evolución política y social de Egipto, entre los años 2360 y 2180 a. C. corre un período de verdadera revolución social, documentada por algunas piezas arqueológicas halladas, que demuestran un grado de subversión tal en la organización social y política del pueblo egipcio, que da la impresión que todo se hubiera transformado y pervertido. A ese descalabro sigue el advenimiento de la monarquía tebana que organiza un gobierno centralista, apoyado por una clase formada por funcionarios y togados, impulsándose la actividad comercial como base de la expansión y del progreso, aflorando también principios místicos en el culto al Dios Osiris, que trae una igualdad de los hombres ante el Dios, y un sentimiento piadoso que impulsa hacia las grandes peregrinaciones al célebre templo de Osiris en Abydos.»[3]

Este párrafo es bien curioso. Parece que el autor opone a la supuesta transformación y perversión en la «organización social y política del pueblo egipcio» «el advenimiento de la monarquía tebana que organiza un gobierno centralista». Da la impresión que la alusión al gobierno centralista como «solución» a tal hipotético «descalabro» implicaría que este último estaría representado por algún movimiento federalista (o parecido) en el seno de la sociedad egipcia. Si así fuera, llama la atención las connotaciones que el autor en examen le estaría otorgando a la supuesta revolución federalista (la que tilda con los epítetos de subversión, perversión, descalabro). Hay un claro tufillo estatista en el comentario citado. Los términos elogiosos, el autor los dedica a la monarquía centralista, a funcionarios y togados. Es decir, a elementos políticos, no civiles. Lo único positivo del comentario estaría representado por el impulso a «la actividad comercial como base de la expansión y del progreso», pero nos quedará la duda de a quien o quienes beneficiaba ese comercio, si exclusivamente a los nobles o (lo más difícil) al resto del pueblo. Es frecuente aludir en la historia al «progreso» en general, pero cuando se indaga más a fondo, con esta palabra se quiere -en realidad- significar a menudo la construcción de obras monumentales, ministerios fastuosos, de templos o ídolos, o palacios, o fortalezas descomunales y bien armadas, flotas provistas para el combate naval, (o, mas modernamente, aéreo), obas de ingeniería militar, o a ridículas competencias inter-estados como la tristemente célebre «carrera espacial» otrora llevada entre los EEUU y la URSS, «emprendimientos» estales de los mas inútiles, costosos en millones de dólares y llevados a cabo sólo para masajear el ego de los burócratas encaramados en el poder de esos y otros tantos países. Hay gente que se refiere a todo esto como «progreso» lo que nada tiene que ver con nuestra idea de tal cosa.

[1] Dr. Antonio Castagno. Enciclopedia Jurídica OMEBA Tomo 14 letra I Grupo 02. Voz «igualdad».

[2] Castagno, A. Enciclopedia….Ob. cit. Voz «igualdad».

[3] Castagno, A. Enciclopedia….Ob. cit. Voz «igualdad».

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.