REFLEXIONES SOBRE EL FAMOSO MURO DE TRUMP.

Por Gabriel J. Zanotti. Publicado el 10/1/19 en: http://gzanotti.blogspot.com/2019/01/reflexiones-sobre-el-famoso-muro-de.html

 

La situación de Trump y su famoso muro ha llegado a un punto límite que da lugar a reflexiones relevantes para el liberalismo clásico.

Consideremos primero la historia del problema. Para la tradición liberal clásica, especialmente el EEUU originario como el liberalismo clásico de Mises, los muros eran inexitentes o explícitamente rechazados. El derecho a la emigración siempre fue obvio, y el derecho a la inmigración estaba implíticamete admitido por las circunstancias históricias. EEUU fue precisamente un lugar único en la historia conformado esenciamente por inmigrantes. Dejemos de lado en esta entrada qué hubiera pasado si se hubieran encontrado con un muro levantado por los indígenas del lugar; por ahora destaquemos que ese grupo de inmigrantes fue en primer lugar los que traían consigo la tradición del common law británico tratando de huir de los problemas religiosos de la misma Inglaterra y sobre todo de Europa Continental. Pero conformadas ya las 13 colonias como una nación independiente de Jorge III, EEUU se llenó naturalmente de más protestantes, de católicos, judíos, agnósticos, y si contamos por regiones, de italianos, irlandeses, alemanes, polacos, y en menor medida chinos e hispanos. Todos ellos no necesitaban hacer un master para entender el pacto político originario de los EEUU. Todos ellos sólo pretendían trabajar y comerciar en paz, y vivir sus respectivas creencias religiosas sin ser molestados y sin molestar a nadie. Y punto. No esperaban nada del estado. Dependían de ellos y ya era demasiado que un shefiff, “la ley” lograra defenderlos de asesinos y ladrones, porque, por lo demás, estaban acostumbrados a defenderse solos. De allí la Segunda Enmienda. Por lo demás, los puertos y caminos ya eran en gran parte bienes públicos en los EEUU, y si bien entonces los votantes podrían haber planteado el problema de quién entraba a lo que ellos pagaban, a nadie se le ocurrió el “issue”. En parte por lo que el Public Choice llama ignorancia racional, pero en parte también porque todos vivían la circunstancia cultural y política anteriormenente referida.

Ante esas circunstancias, el problema de la inmigración no existía.

Pero pasaron las décadas, cambiaron las ideologías y la geo-política mundial, y entonces el problema comienza a aparecer, cada vez en mayor grado. Primero porque surge el New Deal, la provisión federal de seguridad social, y por ende los incentivos cambian. Ahora muchos saben que pueden llegar a vivir sin trabajar, cosa insólita tanto en San Pablo como en los EEUU originarios. Entonces sí, uno más es un gasto más del Estado Federal, mientras antes, el pérfido libre mercado y el estado limitado implicaban que uno más era uno más trabajando y produciendo. Cosa que comienza a dejar de ser así, también, con salarios mínimos y con sindicatos y regulaciones que producen desocupación.

Segundo porque ya no es tan obvio que todos van a trabajar en paz y a practicar libremente su Fe. No es así con los narcotraficantes, claro, aunque si no se persiguiera al comercio de drogas, sería una industria más, aunque no santa, como la de los cigarrillos y el alcohol. No es así con los traficantes de personas, pero eso es así, claro, porque ya existen los controles fronterizos y las visas. Y menos aún es así con los terroristas, para cuyos países las visas están obviamente jutificadas, situación impensable entre los siglos XVI al XIX.

Por lo tanto, EEUU se cierra relativamente: hay inmigración, pero legal: hay visas, controles, pasaportes, regulación. Y, para colmo, toda América Latina, desde México para abajo, es una miseria total de instituciones e inversiones. Aunque los latinoamericanos no entiendan nada de la historia de EEUU, siempre lo vieron como un lugar donde el que trabaja sale adelante y no expropiado, expoliado y encarcelado. EEUU sigue siendo la meca de todos, incluso la de los hipócritas que no paran de demonizarlo pero viven allí ganando sus buenos millones de dólares.

Lo tragicómico es que todos coinciden en que tiene que haber diferencia entre la inmigración legal e ilegal. En todo el mundo, claro, pero sobre todo en EEUU, donde los demócratas han apoyado siempre la inmigración legal y por ende, han estado en contra de la ilegal. Tal vez, antes de Trump, la diferencia entre demócratas y republicanos, al respecto, era la que había entre el diretor del aeropuerto de New York y su supervisor en la película La Terminal . El director era coherente y se tomaba su trabajo, legal, hasta sus últimas consecuencias. El supervisor era el incoherente compasivo que le decía que las normas tienen que existir “pero no tanto”.

Trump y sus partidarios son como el director del aeropuerto. Se toman en serio las leyes que demócratas y conservadores apoyan. Los controles fronterizos existen especialmente desde fines de la segunda guerra en adelante, y ningun gobierno demóctata estuvo en contra. Obama siempre los defendió y la ley que establece separar a los menores de los padres que cruzan ilegalmente la frontera fue muy bien aplicada durante el gobierno de Obana pero, claro, con la CNN y el Partido Demócrata ambos muy calladitos, por supuesto.

Trump y sus partidarios, en cambio, se toman en serio la ley –cosa insólita para muchos-. Y además reconocen con franqueza la crisis de hace décadas en la frontera con México, crisis que ahora los demócratas llaman, todos como un coro, “manufacturada” por Trump. Hace décadas que los inmigrantes latinoamericanos, especialmente de centro-américa para arriba, mueren literalmente intentando llegar al maléfico EEUU (¡pero qué tonta que es la gente, no!?) y son esclavizados por los tratantes de personas pero no, eso no es una crisis. Es fruto de la mente enloquecida de Trump…

Pero que Trump se tome en serio la ley y vea realmente el problema no quiere decir que su diagnóstico y su solución sean los adecuados. Cabría preguntarse, por qué no, qué pasaría si no hubiera Welfare State. Qué sucedería si, de vuelta, todo el que camina un metro ya adentro de los EEUU sabe que va a tener que trabajar y punto terminado. Qué sucedería si no hubiera salarios mínimos y sindicatos con poder de coacción para impedir el ingreso de extranjeros a los puestos que ellos dejan con sus huelgas. ¿Qué sucedería? Que la inmigración sería una solución, no un problema. Y si abandonaran la inútil guerra contra las drogas, el narcotráfico se acabaría ipso facto. Simplemente habría que ver qué hacer con los que viene de regiones donde pulula el terrorismo: se les pide un visado. Más no se puede. Ser ciudadana norteamericana, hija de inmigrantes palestinos legales, no garantiza que no haya una bomba de tiempo que sea ya diputada demócrata, en el centro mismo de las instituciones legislativas norteamericanas.

 

Trump no puede ver nada de esto –Ron Paul sí- y como es un tipo sin vueltas ha cerrado el gobierno. Y los demócratas no le van a dar el dinero para su famoso muro. Ceder, para cualquiera de los dos bandos, es una derrota política crucial. Puede ser que Trump abra el gobierno federal, pero el problema va a seguir. Puede ser que los demócratas cedan y le den los fondos para el bendito muro, pero las gentes seguirán muriendo para cruzarlo. Puede ser que Trump intente una executive order con apoyo de la corte para construirlo, pero el problema va a seguir igual.  El problema es el Welfare State, el acabamiento del pacto político originario y la falta de liderazgo para revivirlo, lo cual es una mayor responsabilidad del partido Republicano, más nacionalista que classcial liberal. O sea que el problema no tiene mucha solución por ahora, como el mundo entero, en última instancia, tampoco la tiene. Pero no porque sea posible un paraiso, sino porque un mundo de personas trabajando en paz y libremente ha sido ya elminado por todos los soviets mayores o menores que habitan nuestras mentes y, por ende, este por ahora solitario planeta.

 

Gabriel J. Zanotti es Profesor y Licenciado en Filosofía por la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA), Doctor en Filosofía, Universidad Católica Argentina (UCA). Es Profesor titular, de Epistemología de la Comunicación Social en la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral. Profesor de la Escuela de Post-grado de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral. Profesor co-titular del seminario de epistemología en el doctorado en Administración del CEMA. Director Académico del Instituto Acton Argentina. Profesor visitante de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Fue profesor Titular de Metodología de las Ciencias Sociales en el Master en Economía y Ciencias Políticas de ESEADE, y miembro de su departamento de investigación.

Salario mínimo, inflación y gasto público

Por Gabriel Boragina Publicado  el 10/6/17 en: 
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El escolástico Juan de Mariana tenía ideas sumamente claras, concretas y acertadas sobre la relación entre los impuestos, la inflación y el gasto público:
“El déficit gubernamental es causa de impuestos mayores a los necesarios. Además, es causa de la alteración del valor del dinero. El gobernante con un presupuesto deficitario sucumbe con facilidad a ese medio para cubrir faltantes. Alterar el valor de la moneda, por ejemplo, reduciendo la cantidad de oro o plata que contiene, permite emitir más monedas. Se piensa que con esa medida nadie sufrirá, puesto que el valor legal de la moneda queda igual, aunque disminuya su valor intrínseco. Falso. En la realidad, la alteración del valor de la moneda es un latrocinio, según Mariana. El dinero es un medio general de intercambio y lo es, porque su valor se considera sujeto a muy pequeñas variaciones. El remedio a esos daños es la reducción del gasto público. Los activos de la nación no deben ser usados con la misma libertad del propietario particular. Los subsidios deben reducirse. Los gobernantes no deben iniciar guerras innecesarias.”1
Ya en ese entonces, se explicaba de esta manera aquella vinculación. En realidad, el déficit se produce porque se han calculado mal los gastos y se han previsto partidas superiores a los ingresos disponibles, o bien porque los impuestos son tan altos que -conforme nos enseña la curva de Laffer- la recaudación nunca será suficiente para sufragar los gastos. Pero, hay una tercera causa: es posible que el presupuesto este bien calculado, y que se hayan previsto los impuestos necesarios como para poder cubrirlo, y que estos sean razonables al punto que todos los contribuyentes estén en condiciones de poder afrontarlos. Pero, imprevistamente el gobierno -o alguna de sus áreas- decida incrementar los gastos por encima de lo aprobado por la ley de presupuesto. En esta coyuntura, será un factor no ponderado por la ley de presupuesto lo que hace aparecer el déficit, excepto que se legislen nuevos impuestos, y que la población esté en condiciones de poder seguirlos abonando. La cruda realidad nos muestra que es el tercer supuesto el que se da con mayor frecuencia. Aunque también ocurre que se establecen impuestos excesivos, que superan las salidas previstas. Lo común es que se combinen dichos dos elementos: lo corriente es que los gobiernos aumenten sin cesar sus gastos, y también sus gravámenes. No obstante, cuando opera la curva de Laffer, deben apelar a inflación o deuda.
          Otro caso digno de examen es el de la relación entre salarios mínimos y gasto público, que también es un fenómeno de antigua data, en particular cuando los gobiernos entran en su cruzada de “ayudar a los pobres”, como se expone seguidamente:
“En 1798, se dio un paso importante que agravó considerablemente el problema de este tipo de ayuda benéfica. Los jueces de Berkshire, […] decidieron que los salarios inferiores a lo que ellos consideraban como el mínimo absoluto deberían ser completados con la ayuda parroquial de acuerdo con el precio del pan y el número de personas que dependían del cabeza de familia. Tal decisión fue confirmada por el Parlamento al año siguiente. Durante los treinta años que siguieron, este sistema (aparentemente el primero “que garantizaba un mínimo de ingresos”) acarreó innumerables problemas.
La primera consecuencia lógica para los contribuyentes fue un incremento en proporción geométrica de los costes de la beneficencia. En 1785, el coste total de los gastos que supuso la ley de pobres fue casi de dos millones de libras. En 1803 se superaron los cuatro millones, y en 1817 casi se llegó ya a los ocho millones. Esta última cifra venía a representar casi una sexta parte del gasto público total. Algunas parroquias se vieron sumidas en grandes dificultades. Un pueblo de Buckinghamshire informaba en 1832 que sus gastos por ayuda benéfica habían sido ocho veces superiores a los de 1795, y que habían superado a los ingresos totales de la parroquia durante aquel año. Otra población, Cholesbury, llegó a la bancarrota, y otras estuvieron muy cerca de ello. A pesar de su gravedad, este gasto público no fue el peor de los males. Mucho más grave fue la creciente desmoralización en el aspecto laboral, que culminó con los desórdenes e incendios de 1830 y 1831.”2
Se trató de la tristemente célebre “ley de pobres”. En el caso, la iniciativa es tomada por lo que hoy llamaríamos el poder judicial. Mediante sendas sentencias, los jueces británicos habían decidido que las diferentes regiones (parroquias) -se entiende que por intermedio de sus gobiernos locales (municipales)- habrían de arbitrar los mecanismos para lo que ellos (los jueces) habían determinado como lo que “debería” ser un “salario mínimo”. Los parámetros para la fijación del nuevo salario mínimo fueron dos, a saber: el precio del pan y la cantidad de miembros de la familia. Los gobiernos locales debían “compensar” la diferencia entre los ingresos familiares y el precio del referido producto. La sentencia dictada por los jueces recibió rápida confirmación legal por parte del Parlamento británico al cabo de un año, de manera que, lo que en principio fue una medida que afectaba sólo a determinadas localidades de Inglaterra, rápidamente se convirtió en una ley de alcance nacional.
No es difícil imaginar que, siguiendo los delineamientos que hemos dado, tal incremento del salario debía ser financiado por vía de mayores impuestos, deuda o emisión monetaria, que son las tres únicas “herramientas” por las cuales los gobiernos del mundo (no solamente el británico desde luego) pueden solventar cualquier erogación que sea decretada mediante una ley, tal como ha sido el caso en análisis, si bien esta ley no fue originada en una iniciativa parlamentaria, sino judicial. Ejemplo que -de paso- demuestra que no siempre la justicia “hace justicia”, sino que -a menudo- produce grandes injusticias, máxime si tenemos en cuenta las nefastas consecuencias que se derivaron de la extensión y generalización de dichas políticas.
En esa línea, no son de extrañar las consecuencias nocivas que estos salarios mínimos (financiados con gasto público) tuvieron históricamente para los afectados. Como se ve en la cita, apareció el fenómeno del déficit fiscal.
1 Eduardo García Gaspar. Ideas en Economía, Política, Cultura. Parte I: Economía. Contrapeso.info 2007. Alejandro A. Chafuén. “Impuestos y finanzas públicas”, pág. 56/57
2 Henry Hazlitt. La conquista de la pobreza. Unión Editorial, S. A. Pág. pág. 80/81

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

Lord Keynes y el pleno empleo (II)

Por Gabriel Boragina: Publicado el 25/9/16 en: http://www.accionhumana.com/2016/09/lord-keynes-y-el-pleno-empleo-ii.html

 

“En la concepción del mundo de Keynes, los gobiernos guiados por sus ideas serían sabios y largoplacistas, asegurando que el desempleo masivo de los años 30 nunca sucediera de nuevo. El gobierno manipularía los tipos de interés, el nivel de precios, y la cantidad y dirección de la inversión para asegurar que la sociedad tuviera elevado empleo, inversiones socialmente beneficiosas, y estabilidad económica general.”[1]

En realidad, esta observación no es del todo exacta. Keynes era un declarado cortoplacista. Precisamente su teoría -y en particular su libro más famoso- tenían como norte encontrar una solución al paro (desempleo) que tenía ante sus ojos. Pero en cambio, sí es verdad que aspiraba a que los gobiernos siguieran las que él consideraba sus sabias ideas. Que el objetivo de Keynes era dar punto final al desempleo que se vivía en su época es algo que la misma cita menciona cuando hace referencia a la crisis de los años 30. Lo que aparentemente no pudo reconocer J. M. Keynes fue que, precisamente las medidas que él aconsejaba adoptar ya se estaban ejecutando en los principales países del mundo, y eran esas sus recetas las que estaban generando el desempleo masivo. En el fondo, la propuesta keynesiana era la de perseverar en el camino que los gobiernos de su época -en particular el de los EEUU bajo la administración Roosevelt- ya venían transitando. Keynes le estaba dando soporte teórico a políticas económicas que ya se encontraban en realización entre las primordiales naciones del orbe. En lo sustancial, la teoría keynesiana no “crea” empleo genuino, sino que transfiere o transporta puestos de trabajo de un lado hacia otro. “Crea” puntos de trabajo en un sector a costa de sacrificar esas mismas colocaciones (u otras) en un sector diferente.

“El fallo central en el pensamiento de Keynes, insistía Hazlitt, era su falta de voluntad en admitir que el elevado desempleo en Gran Bretaña (años 20) y EEUU (años 30) fue causado por la intervención gubernamental, incluyendo a los sindicatos, que convirtieron muchos precios y salarios en prácticamente “rígidos”. Poderes políticos e intereses especiales evitaron que los mercados re-establecieran competitivamente un equilibrio entre la oferta y la demanda para varios bienes.”[2]

Keynes rechazaba –ya sea por desconocimiento o por conveniencia (lo que no queda claro después de todo) que la única causa del desempleo se encontraba en la inflexibilidad de los salarios a la baja en un contexto recesivo como era el que habían provocado las políticas intervencionistas que se estaban desplegando en su época. El decreto de controles de precios y salarios generaba fuerte distorsiones a todo el aparato productivo, una de las cuales afectaba principalmente al mercado laboral de la manera típica en que tales deformaciones lo hacen: provocando desempleo. Al obstaculizar que los precios de los bienes y servicios subieran, y el de los salarios del trabajo bajaran se creaban -como decimos- los efectos característicos: restricción de la oferta de los primeros y de la demanda de los segundos. Al negar la ley de la oferta y la demanda, la teoría keynesiana impedía que precios y salarios se movieran buscando su punto de equilibrio. La consecuencia lógica –entonces- era la depresión.

“La solución de Hazlitt. Por tanto, el mercado estuvo atrapado en distorsiones salariales y de precios que destruían empleo y oportunidades productivas, resultando en la Gran Depresión. (Hazlitt no negó que la contracción de la oferta monetaria a principios de los años 30 incrementó el grado al que los precios y salarios tenían que caer para re-establecer el pleno empleo).”[3]

En lo que al empleo se refiere, la principal distorsión consistía en que políticamente se habían fijado salarios mínimos al trabajo, en tanto que -en sentido contrario- se contraía la oferta monetaria. Y dado que -por ley- los salarios no podían reducirse, tampoco era posible pagarlos. Esta contracción de los años 30 siguió a la expansión de la década anterior. El resultado fue una espectacular caída de los salarios reales junto a un elevado índice de desocupación.

“Lo que se necesitaba para restaurar el pleno empleo era un ajuste de numerosos salarios individuales y precios de los recursos a los precios más bajos de muchos bienes de consumo. El grado al que cualquier salario monetario individual o precio de un recurso tuviera que ajustarse hacia abajo dependía de las diferentes condiciones de oferta y demanda de cada uno de los mercados individuales.”[4]

Era necesario -en primer lugar- abolir los controles de precios y salarios que se habían determinado políticamente. Una medida tal implicaba un elevado grado de impopularidad, razón por la cual el gobierno no estaba dispuesto a adoptarla. Pero, sin embargo, era muy claro (para quien quisiera verlo) que la recesión y los controles eran incompatibles entre sí, y que estos últimos estaban contribuyendo a agravar la crisis. Pero, tal como se ha dicho antes, eliminar los controles acarrearía al gobierno una alto grado de antipatía, lo que hoy llamaríamos un costo político que el gobierno no se encontraba dispuesto a pagar. En una palabra, la solución pasaba por sincerar la economía a la situación que se estaba viviendo.

“Una política inflacionaria intenta devolver al equilibrio algunas relaciones individuales de precios-salarios empujando a los precios hacia arriba a lo largo y ancho de la economía, explicó Hazlitt: “Debido a que Keynes, con su pensamiento basado en agregados, se opone a restaurar el empleo o el equilibrio mediante ajustes pequeños, graduales, poco sistemáticos […] debemos conseguir el mismo resultado inflando la oferta monetaria y subiendo el nivel de precios, para que los salarios reales de todos los trabajadores se reduzcan en la misma proporción […] El remedio keynesiano, en resumen, es como cambiar la cerradura para evitar cambiar la llave adecuada, o como ajustar el piano al taburete en lugar del taburete al piano.”[5]

[1] Richard M. Ebeling. “Hazlitt y el fracaso de la economía keynesiana”. The Freeman. Ideas on Liberty. Nº 2. p. 2

[2] Ebeling R.”Hazlitt y el…” op. cit. p. 3

[3] Ebeling R.”Hazlitt y el…” op. cit. p. 3

[4] Ebeling R.”Hazlitt y el…” op. cit. p. 3

[5] Ebeling R.”Hazlitt y el…” op. cit. p. 3

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

Liberalismo, “mano invisible” y mercados “imperfectos”

Por Gabriel Boragina. Publicado el 18/4/15 en: http://www.accionhumana.com/2015/04/liberalismo-mano-invisible-y-mercados.html

 

Muchos antiliberales siguen pensando que el liberalismo cree como existente la famosa “mano invisible” de Adam Smith. Ignoran que el liberalismo no cree en la existencia de la famosa “mano invisible”, que no fue más que una metáfora del profesor escocés (quizás no expresada de manera afortunada) de cómo las personas persiguiendo sus propios intereses mejoran la condición de sus semejantes sin proponérselo siquiera, e inclusive, aun en contra de dicha intención. Pero la metáfora de la “mano invisible” fue sólo eso: una metáfora. La “mano invisible” no fue ni es una mano “real” sólo que no visible. Sin embargo, en 1871 en Viena nace la Escuela Austriaca de Economía con Carl Menger a la cabeza, que explica un liberalismo SIN “mano invisible” o, mejor expresado, donde la “mano invisible” se vuelve visible, materializándose en la acción de millones de personas, como lo ha explicado Ludwig von Mises. Es el liberalismo del que hablo.

Esos mismos antiliberales están tan confundidos, que hasta llegan a afirmar que esa fantasmal “mano invisible” impone desocupación a través del establecimiento de salarios mínimos.

Los salarios mínimos son de factura de los gobiernos, no de los mercados. El mercado genera salarios de mercado. No salarios mínimos. Estos siempre son obra de políticos, no de los mercados. Y mientras los salarios mínimos políticos generan desempleo, los salarios de mercado crean empleo. En suma, la única manera de construir empleo es a través de la libertad salarial, que es de donde surgen los salarios de mercado.

Es verdad que no existe un liberalismo “puro”. ¡Ese es precisamente el problema! Y justamente por ausencia de un liberalismo puro es que tenemos las crisis económicas. También es cierto cuando afirman que conseguir un liberalismo puro es muy difícil, por no decir imposible. Pero desde el momento en que sabemos que si tuviéramos un liberalismo puro las crisis desaparecerían por completo, nuestros esfuerzos deberían concentrarse en tratar de conseguir la mayor aproximación posible hacia un liberalismo puro. La tendencia debería ser -en este caso- tratar de orientar todas nuestras energías en obtener el liberalismo más puro posible, aun cuando seamos conscientes que siempre van estar operando las fuerzas antiliberales, que harán que el objetivo de un liberalismo puro sea bastante difícil de lograr. Nuevamente, y como en otros casos, tomar conciencia de lo difícil o imposible que sería llegar a un liberalismo puro debería ser un aliciente para aproximarnos lo máximo posible a él, y no elegir el camino contrario, el del antiliberalismo.

En cuanto a que los mercados son “imperfectos”, no conozco a nadie que lo niegue, pero a este respecto son aplicables las mismas consideraciones que hemos hecho en el punto anterior en relación al liberalismo puro. Los mercados no van a ser “más perfectos” porque el gobierno los regule y controle, salvo que se piense que los gobiernos son “perfectos” cosa en la que yo en modo alguno creo. La experiencia histórica y cotidiana se han encargado de probar que los gobiernos son mucho más imperfectos que los mercados ¿cómo se espera que un enteimperfecto como es un gobierno pueda hacer “más perfectos” a los mercados, o fuera el mismo gobierno “más perfecto” que el mercado? Lo imperfecto no hace perfecto a nada ni a nadie. Sería un contrasentido afirmar lo contrario. Es imposible tal cosa.

Pero, simultáneamente, pensar o sugerir que los gobiernos puedan ser o actuar de manera “más perfecta” que los mercados es, además de empírica y teóricamente falso, un argumento antidemocrático. Presumamos que en un país tenemos los partidos políticos A, B, C, y D. Sigamos conjeturando que en el gobierno está -al momento- el partido B, que se cree “más perfecto” que el mercado (ya sea que se imagine a si mismo de esa manera, o así los supongan sus adeptos). Bajo esta hipótesis, ese partido no debería abandonar nunca el poder, porque no puede admitirse que los demás partidos también se consideraren “más perfectos” que el mercado. Si ya habría uno que “lo sería”, y -para “mejor”- ya está en la cima del poder ¿por qué cambiarlo? Y si a los mercados se los reputan tan “malos” o tan “imperfectos”, el trillado estribillo antiliberal que los gobiernos son “más perfectos” (o, lo que es lo mismo, “menos imperfectos”) que los mercados sería suficiente para justificar cualquier tiranía. Ya que si el gobierno cambiara de partido en el poder, se correría el “riesgo” de que accediera al Ejecutivo algún otro partido “menos perfecto” que el mercado y que B, con el consiguiente “peligro” de que -en este caso- el mercado empiece a hacer todas las “maldades” que los antiliberales le atribuyen continuamente.

Ya hace tiempo que sostengo que las crisis económicas las originan los gobiernos, no el mercado, ni el capitalismo. Se han dado muchísimas pruebas de ello, pero entre las más importantes recordemos que el sistema económico capitalista no está vigente en el mundo de nuestros días desde hace varias décadas. En su lugar, el sistema económico mundial es el estatista, no el capitalista. Esto es muy fácil de comprobar. Si el sistema fuera capitalista, todas las firmas y empresas del mundo serian privadas, no reguladas ni restringidas por ningún tipo de legislación, todo el mundo pagaría impuestos mínimos, no existiría desempleo, el producto bruto interno no pararía de crecer, los bienes y servicios serían más abundantes, mientras los precios bajarían, los salarios aumentarían, etc. Este sería el escenario más parecido a un mundo capitalista. Sin embargo, todos sabemos que esto no es lo que está sucediendo en el mundo de nuestros días. Más bien ocurre todo lo contrario.

Los antiliberales usan como sinónimos las palabras “liberalismo” y “neoliberalismo”. Pero en realidad, ambas palabras no significan lo mismo. Esto se revela cuando se le pide al antiliberal que describa lo que según él es el “neoliberalismo”. Entonces, citan como ejemplo países con monopolios, oligopolios, impuestos altos, salarios bajos, desempleo, elevado gasto público, inflación, etc. No obstante, todas estas cosas no son fruto del liberalismo, sino de su contrario del antiliberalismo. Y es –curiosamente- al antiliberalismo al que se le llama “neoliberalismo”, con lo cual la confusión que tienen los antiliberales es mayor todavía, porque no se reconocen como culpables de las políticas que propician, ni de los resultados que ellas producen, que no son más que los nombrados antes en parte.

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

Mitos y falacias laborales.

Por Gabriel Boragina. Publicado el 4/10/14 en: http://www.accionhumana.com/2014/10/mitos-y-falacias-laborales.html

 

Las horas de trabajo obrero no reportan ninguna ganancia al capitalista. Ni aun en el caso que el empresario decidiera obligar a sus empleados trabajar las 24 horas del día los 365 días el año, obtendría ninguna “ganancia” o “lucro” de ese trabajo. Si el producto de dicha jornada laboral de 8.760 horas fueran -por ejemplo- discos de pasta o de vinilo, el valor de esas 8760 horas de trabajo dedicadas a estas “mercancías” sería exactamente igual a cero para el capitalista, sencillamente porque -hoy en día- no tendría a nadie a quien venderle un artículo semejante. En consecuencia, ningún capitalista obtiene ningún “lucro desmedido” del trabajo obrero. Es más, ni siquiera obtiene “lucro” alguno. El lucro del capitalista (y también el del obrero) no surge del trabajo, de ningún trabajo, sino que emana del consumidor, nunca del trabajador.

Que las leyes laborales reduzcan las horas laborales no le hace “ganar más” al empleado/obrero, porque las horas laborales -como vimos arriba- no cuentan para nada en el valor final del producto o servicio. Lo que da “valor” al trabajo no es su duración ni su extensión, sino su productividad, pero esta productividad dependerá -a su turno- de la demanda del respectivo objeto producido (producto). Si el artículo producido carece de demanda (como en el ejemplo de los discos de pasta o de vinilo) la productividad laboral será nuevamente igual a cero. Caso este en el que no gana nadie: ni el empresario, ni el obrero/empleado, ni el consumidor. Por el contrario: pierden todos ellos.

En definitiva -como vemos- no existe nexo alguno entre la ganancia del capitalista y el trabajo obrero/empleado. Sin embargo, si es cierto a la inversa: el obrero/empleado obtiene una ganancia del capitalista, que de no existir este jamás conseguiría. Si no existiera ningún capitalista sobre la faz de la tierra, no habría ni obreros ni empleados. Estos quedarían obligados a ser sus propios “empleadores”. Es decir, se retrotraería la situación social a la época feudal y pre-feudal, en la que sólo había una economía de autarquía, o sea, miserable y paupérrima al extremo, en la que cada uno deberíamos hacer nuestros propios alimentos, zapatos, pantalones, camisas, casas, muebles, etc. dado que esta era la situación previa de la gente a la Revolución Industrial. Obreros y empleados deben su misma existencia como tales al capitalista. El capitalismo rescató, de una vez y para siempre, a aquellas gentes de la vida miserable. Lástima que luego el mundo dejó de lado el capitalismo.

Volviendo a la falacias laborales populares: si el trabajador trabaja “mas” horas el empleador no gana “mas” dinero por este hecho.

Por estos mismos razonamientos, las leyes que fijan “salarios mínimos” tampoco consiguen que los trabajadores ganen “mas” dinero, sino que pierdan sus puestos de trabajo. Obtienen el efecto contrario al deseado por el legislador. A medida que el “salario mínimo” sube el desempleo crece de modo más que proporcional. Es una ley inexorable de la economía contra la que el legislador nada puede hacer para cambiarla.

Nuevamente: porque si las ventas finales son inferiores a la cuantía del total de salarios pagados por el producto invendido el capitalista incurrirá en pérdidas.

Numéricamente: si por una silla el capitalista debe pagar (forzado por legislación laboral) un salario mínimo (por ejemplo) de 100.- al obrero carpintero, pero la silla se termina vendiendo en el mercado al precio de 50.- (precio supuesto de mercado) al no poder ajustar el salario a una cifra menor a 50.- la única salida que la ley laboral le deja al capitalista esdespedir al obrero carpintero. Lo que es exactamente igual a decir que las leyes de “salario mínimo” generan desocupación. En realidad, son las mismas leyes del trabajo las que originan la llamada precariedad laboral. Si el empleador quiere subsistir como tal (en el ejemplo de la silla, o cualquier otro) deberá contratar “en negro” a quien esté dispuesto a trabajar por el salario de mercado (menor de 50.-). El empleador puede subir el salario y tomar más empleados “en blanco” sólo en dos casos:

  1. Que las ventas de sillas superaran los 100.- por unidad vendida, más un margen de ganancia razonable para el empresario.
  2. Que se derogue el “salario minino” para la actividad.

De no darse los supuestos 1 y 2, la única alternativa que la ley le da al empleador para subsistir como tal es despedir mano de obra “en blanco” y contratarla “en negro”. Resultado al que las mismas leyes laborales empujan a los empresarios y empleadores en general, posiblemente como efecto “no querido” por el legislador laboral, pero las leyes económicas operan de todos modos, con independencia de los deseos y la voluntad del legislador humano. A diferencia de las leyes jurídicas, las leyes económicas son de cumplimento inexorable e irreversible. Jamás pueden ser violadas impunemente por nadie, ocupe la posición de poder que ocupe.

Otro ejemplo demostrativo de la manera en que las leyes laborales precarizan la situación del obrero/empleado es el siguiente: generalmente, estas leyes establecen indemnizaciones por despido que crecen en cuantía conforme aumenta la antigüedad del empleado en el puesto de trabajo. Esta legislación tiene dos efectos inmediatos:

  1. Por el primero, constituye un poderoso incentivo a que el obrero/empleado se interese más en acumular años en el puesto, que a trabajar en sí. “Calentar un asiento” por X cantidad de años en una oficina o una fábrica, le generará una indemnización suculenta.
  2. Del lado del empleador, la misma norma opera como incentivo para despedir personal con poca antigüedad, lo que crea una elevada rotación de empleados.

En suma, el resultado de disposiciones de este tipo origina una altísima inestabilidad en el empleo, hoy llamadaprecariedad laboral.

En materia laboral es donde más se verifica el famoso refrán que dice que “El camino al infierno está sembrado de las mejores intenciones”. Estas “buenas intenciones” de los legisladores laborales conducen al obrero/empleado a un verdadero infierno laboral, del cual el único retorno es volver al pleno empleo del capitalismo.

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

Regulaciones sobre el mercado laboral:

Por Guillermo Luis Covernton. Publicado el 9/1/14 en:   http://guillermoluiscovernton.wordpress.com/2014/01/09/regulaciones-sobre-el-mercado-laboral/

Mucho se ha discutido sobre la inconveniencia de las regulaciones en el mercado laboral. Economistas como Paul Heyne[i], Henry Hazlitt[ii] y William Hutt[iii], entre otros, han explicado perfectamente el problema al que voy a referirme. Concretamente, la inconsistencia de establecer disposiciones que obligan a pagar salarios mínimos para determinadas actividades. Motivado por la reciente lectura de un artículo de Len Shackleton en el blog del Institute for Economic Affairs[iv], propondremos  algunas reflexiones, que consideramos atinadas en vista de la realidad que se vive en los países menos prósperos de Sudamérica.

Como se menciona en el referido trabajo de Shackleton, si las regulaciones obligan al pago de salarios mínimos, por encima de la productividad marginal de ciertos trabajadores, estos convierten al negocio de lucro que debe ser siempre la contratación de un trabajador, (o de cualquier otro factor de producción), en una actividad ruinosa. Es decir, con un costo mayor a su retorno.  Si el empleador no puede evitar este negocio, por rigideces en el mercado laboral que le impiden cesar con esta contratación, generamos un problema adicional. Si estas fricciones lo obligan, incluso por cierto tiempo, a continuar con la contratación de esos operarios sobre valuados, el perjuicio social resulta evidente: Aunque algún individuo determinado pueda verse beneficiado transitoriamente, esta situación mueve al empresario a incurrir en pérdidas. Estos quebrantos serán absorbidos por el capital de la empresa. Por ende, la estructura de bienes de capital, a disposición de los trabajadores, ya sean los trabajadores sobre valuados, como todos los demás, se reducirá. Por la imposibilidad de reinvertir utilidades a una tasa que supere la de las amortizaciones. Al caer el stock de capital, se resentirá la productividad marginal de todos los trabajadores. Esto devengará, luego, salarios más bajos, que si no pueden ajustarse, acelerarán el proceso en forma de espiral, afectando cada vez a más trabajadores. Somos conscientes de que este punto no va a ser fácilmente aceptado por la opinión pública. Pero este solo argumento no alcanza a frenar sus efectos en otras variables macroeconómicas: La pérdida de competitividad ocasionada por el divorcio entre costos, precios y rentabilidad, disminuirá la producción de ciertos oferentes marginales, cuyos costos los llevan a quebrar antes que a otros. Esto limitará los saldos exportables. Así se obtendrán menos divisas internacionales, lo cual elevará el precio de estas monedas. A esta altura del análisis, algunos alegarán que esta suba del precio de las divisas impulsará las exportaciones, reactivadas por el nuevo precio de la moneda extranjera con las que se pagan. Si bien esto es cierto, este nuevo equilibrio se produce arrastrando a algunas variables a un nuevo punto. ¿Cuáles son estas? ¿Cuáles son sus efectos? A nuestro juicio, el principal problema radica en la estructura de capital. Cuando se persiste en este programa por décadas, la destrucción de capital torna escaso a este factor de producción. Que es lo mismo que decir que la tasa de interés será crónicamente alta, Por escasez de oferta. Esto vuelve a elevar los costos de las empresas. Pero, asimismo, toda esta dinámica lleva a que la demanda de capital va a aumentar. El motivo que nos hace afirmar esto último es que los factores de producción, hasta cierto grado, pueden suplantarse. Con salarios altos, en una primera instancia, se eligen los operarios más capacitados. Luego se reemplazan los menos formados por maquinarias, servomecanismos, elementos de control computarizado, y muchos etcéteras. Si es caro contratar a un chofer, se buscará al más capacitado y se lo asignará a un camión más grande. Si es caro pagarle e una cuadrilla de albañiles, se demolerá con dinamita. Si es caro el salario de un operario mecánico, se armaran automóviles con robots. O se pintarán en una cuba electrolítica. Esta mayor demanda de bienes de capital, en reemplazo de asalariados que resultan antieconómicos, exacerba su demanda y su escasez y eleva aún más las tasas de interés, así como el desempleo. La decisión racional sería invertir más en capital y menos en salarios. Pero como esta decisión está motivada por una regulación, muchos empresarios prudentes no hacen ni uno ni lo otro. Emigran con su capital remanente y sus empresas. Y el nivel de desarrollo y de crecimiento se resiente grandemente.

En definitiva, lo que queremos explicar es que las regulaciones llevan a tomar decisiones de asignación de recursos que son equivocadas, dado el stock de recursos del que se parte: Si sobran operarios y falta capital, nunca puede ser acertado despedir personal para reemplazarlo por máquinas. Los errores de asignación de recursos no son gratuitos. Aunque lleguemos a un nuevo equilibrio, va a ser a costa de menos exportaciones, divisas más caras, dificultades para importar, niveles de desempleo incompatibles con la paz social y el desarrollo y ausencia de condiciones de equilibrio a largo plazo.


[i]  Heyne, Paul, “Conceptos de economía: el mundo según los economistas”  Madrid : Prentice – Hall, 1998, Cap 15. ISBN: 8483220113

[ii]  Hazlitt, Henry: “La economía en una lección”  4a ed. –Madrid : Unión Editorial, 1996. Cap XVII ISBN: 8472093077.

[iii]  Hutt, William H.: “La contratación colectiva”.  Madrid : Unión Editorial, 1976. ISBN: 84-7209-051-5

[iv]  http://www.iea.org.uk/blog/why-raising-the-minimum-wage-is-not-the-best-way-to-help-britains-poorest

Guillermo Luis Covernton es Dr. En Economía, (ESEADE). Es profesor de Macroeconomía, Microeconomía, Economía Política y de Finanzas Públicas en la Pontificia Universidad Católica Argentina, Santa María de los Buenos Aires, (UCA). Es director académico de la Fundación Bases.

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