¡Cómo nos equivocamos!

Por Alejandro Tagliavini. Publicado el 15/8/19 en: https://www.ambito.com/como-nos-equivocamos-n5048819

 

¡Cómo nos equivocamos!

 

Las PASO demostraron que todos nos equivocamos. Por mi parte, sobre la base de los científicos políticos de EE.UU. que aseguran que quienes van por la reelección tienen grandes chances de ganar, creí que triunfaría Macri. Me disculpo. Se equivocaron los encuestadores y, vale decirlo antes de que se excusen, se equivocaron todos los del REM, que aseguraban que habría recuperación hacia fin de año.

Conocido el resultado se produjo el lunes negro y los argentinos en general se empobrecieron, quizás, un 30% en promedio en un solo día. ¿Quién tiene la culpa? ¿Es el susto por la vuelta del kirchnerismo -como dirán los del REM para justificar su nuevo error- o Macri que deja una economía decadente?

Otro problema serio es que muchos operadores bursátiles y financieros y economistas mediáticos son notoriamente mediocres y le hicieron creer al público que la economía venía bien ya que, entre otras cosas, Macri tenía el apoyo del FMI. Y así ayudaron a inflar la burbuja que ahora estalló.

Como hizo en la CABA, Macri, a pesar de su discurso engañoso y del apoyo de economistas falsamente “promercado” -conservadores, neokeynesianos que se dicen “liberales”- sistemáticamente aumentó el peso del Estado asfixiando al sector productivo, al privado, hasta límites inauditos: inflación del 50%, tasas del 70% y una carga impositiva insostenible, entre otras cosas. Y el FMI financió esta debacle.

Por cierto, para desenmascarar falsos “profetas de la libre economía”, basta preguntar su opinión acerca del FMI ya que, siendo un banco estatal declaradamente neokeynesiano, no puede ser sino condenado por quien realmente promueva políticas promercado. De hecho, el FMI en Argentina ha demostrado, otra vez, que se dedica a financiar estatismos fracasados.

O sea, es cierto que por su discurso e historia contraria al mercado -que no son sino las personas libres, el pueblo trabajando sin impuestos asfixiantes ni regulaciones coactivas- el kirchnerismo asusta, pero la burbuja que estalló evidenció la gravedad de la situación económica.

El escenario global no es alentador y las Bolsas mundiales bajan. La curva de tasas de interés en EE.UU. quedó invertida entre los bonos a dos y a diez años, los de corto plazo ofrecen mayor rentabilidad que a largo plazo. Con la deuda inglesa pasa lo mismo y desde hace tiempo ocurre en Alemania.

El bono a dos años ofrece una rentabilidad del 1,581% frente a la de 1,58% del treasury a diez. Este tramo de la curva es el más seguido por los analistas para anticipar una recesión, entre 9 y 25 meses siguientes, y siempre se cumplió durante los últimos 60 años. Es una clara anomalía debida, precisamente, a las ideas neokeynesianas reinantes en el mundo lideradas por el FMI y los bancos centrales expansivos. Una curva invertida no provoca recesión, pero influye en la rentabilidad de los bancos y en la actividad económica, según Nash-Stacey y Karp del BBVA.

En medio de esta debacle las medidas del Gobierno son contraproducentes. Para comenzar, con el fin de “frenar al dólar” -como si fuera la causa de la inflación y no al revés- sube la tasa de interés. Y he aquí otro modo de desenmascarar a economistas que falsamente dicen ser partidarios de una economía libre. Idealmente, las tasas deben ser fijadas libremente por el mercado, en cualquier caso, quienes defienden las tasas altas para “frenar la inflación” -lo que ha probado ser falso- están negando que la inflación sea un exceso de moneda en tiempo real, que es el único modo en que el mercado se conduce, en tiempo real.

Luego el congelamiento de precios es contrario a la libertad y, en cuanto al salario mínimo -aunque sin dudas es deprimente-, aumentarlo significa alentar la desocupación porque los empresarios que no puedan absorberlo, dada la crisis, optarán por despedir gente o tomarlos en negro. Y las demás medidas conllevarán un aumento de la presión fiscal.

Hacienda dice que gastará $40.000 M por estas medidas, que obtendría porque que el alza del tipo de cambio incrementaría la recaudación por exportaciones -que aumentarían en precio y volumen- y, por el aumento del IPC, subiría la recaudación por consumo. Naturalmente, el productor no quiere vender ante el actual escenario y el Gobierno presionaría con subir las retenciones, de $4, por dólar exportado, a $6. Con 23 M de toneladas de soja retenidas, el productor tiene divisas por u$s8.000 M. Todas las medidas anunciadas azuzarán la inflación, con lo que la pobreza a fin de año podría superar el 35% como ya estiman analistas.

En fin, Macri pasará a la historia no sólo como habiendo empobrecido al país por sus políticas contrarias al sector privado, sino por haber perdido la oportunidad histórica de sacar al país del populismo. Y esto con ayuda de neoconservadores -autodenominados “liberales”- que, por ignorancia u oportunismo, lo apoyaron inicialmente, aunque luego algunos escaparon del naufragio, provocando otro serio problema: la opinión pública culpa erróneamente a la economía de mercado.

 

Alejandro A. Tagliavini es ingeniero graduado de la Universidad de Buenos Aires. Ex Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California y fue miembro del Departamento de Política Económica de ESEADE. Síguelo como @alextagliavini 

En campaña, son todos buenos

Por Alejandro A. Tagliavini. Publicado el 11/10/18 en: https://alejandrotagliavini.com/2018/10/11/en-campana-son-todos-buenos/

 

El actual presidente brasilero dejará el país algo mejorado gracias a unas pocas reformas, como en lo laboral: entre otras cosas, eliminó la obligatoriedad que tenían los trabajadores de pagar la contribución sindical, disminuyendo el poder abusivo de los sindicatos. Pero aún quedan regulaciones laborales -que impiden la plena ocupación, como el salario mínimo que prohíbe trabajar a quienes ganarían menos- y la desocupación subió de 6,2% en 2013 hasta 12,2% en 2018.

Además, puso un límite al aumento del gasto público que no debe superar a la inflación, logró que las tasas de interés que eran muy altas -hasta 17%- cayeran a 6,5% y ha controlado la inflación: 3,4% en 2017 y 3,7% en 2018. Pero, la recuperación sigue lenta. En 2017 el PIB subió 1,5%, y las exportaciones aumentaron 18%. Las previsiones son optimistas para 2018, con un crecimiento del PIB del 2,3% y una inflación de 3,5%.

Y ahora Jair Bolsonaro sería el próximo presidente si gana la segunda vuelta contra al candidato del PT de Lula, Fernando Haddad. Bolsonaro aprovechó la imagen de corrupto que tiene el PT. Corrupción que, por cierto, es grave no solo en Latino América. La periodista Viktoria Marinova apareció muerta en Bulgaria, días después de ventilar casos de corrupción con fondos de la Unión Europea y, en un solo año, también fueron asesinados los periodistas Daphne Caruana en Malta y Jan Kuciak en Eslovaquia, que investigaban corruptelas.

La política derechista Bolsonaro al punto que The Economist aseguró que será “desastroso” y Fernando Henrique Cardoso -ex presidente de Brasil, autor del boom que heredó Lula- dijo que no le agrada “Ninguno… pero Bolsonaro está excluido”. En lo económico, tiene un discurso alentador y la Bolsa reaccionó eufórica: “Mercado libre y menos impuestos es mi consigna” twitteo.

Lo que no es poco ya que los impuestos perjudican a todos, pero, sobre todo, a los más pobres ya que los ricos los pagan aumentando precios o bajando salarios. Planea, además, la privatización de empresas, la reducción de la burocracia y una fuerte desregulación de la economía.

En el exterior, algunas empresas están muy interesadas en quién sea el ganador, por caso, las 22 compañías españolas que cada año ganan unos US$ 27.000 M en Brasil, el doble de las exportaciones anuales argentinas hacia el país de la Samba. Pero para España, en su conjunto, es poco más que anecdótico.

La política brasilera no debería tener mucha influencia en los demás países, salvo en casos como Argentina que tiene una economía muy regulada, encorsetada, y así, no pudiendo moverse, no pudiendo ser creativa, cualquier variación en los flujos fijos como las exportaciones hacia Brasil, puede resultar negativa.

Dicen los rumores que el derechista ex militar potenciaría el desarrollo nuclear brasilero, y es uno de los líderes más críticos con Maduro, “el único candidato que dice abiertamente que seguirá una línea dura para acabar con el hambre en Venezuela es Jair”, proclamó su hijo Eduardo, el diputado federal más votado del país.

Por cierto, en campaña todos los candidatos son buenos y Bolsonaro intenta mostrarse como un hombre de centro. En tanto que Haddad hasta prometió bajar los impuestos, “para que quien sustente el Estado no sean los pobres”, y favorecer la creación de nuevos bancos para bajar más las tasas de interés.

 

Alejandro A. Tagliavini es ingeniero graduado de la Universidad de Buenos Aires. Ex Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California y fue miembro del Departamento de Política Económica de ESEADE.

Gasto, pobreza e inversion “pública”

Por Gabriel Boragina Publicado  el 18/6/17 en: http://www.accionhumana.com/2017/06/gasto-pobreza-e-inversion-publica.html

 

Veamos, brevemente, uno de los mitos económicos mas difundidos de todos los tiempos. Aquel que dice que un mayor gasto estatal permitiría un menor número de pobres o -al menos- aliviar en un grado significativo la pobreza. ¿Qué hay de cierto en esta popular creencia, sostenida, incluso, por muchos economistas que posan de “serios”?. En su excelente obra, el fenomenal Henry Hazlitt nos explica que:

“Los economistas se han visto obligados a re­petir una y otra vez que casi todos los pretendidos remedios de la po­breza se limitan a agravar el problema. Ya he analizado los verdade­ros efectos de los ingresos garantizados y el impuesto negativo sobre la renta; las leyes de salario mínimo y las que aumentan el poder de los sindicatos; la oposición a la maquinaria que ahorra brazos; los planes para “multiplicar el trabajo”; las subvenciones especiales; el au­mento del gasto público y de la tributación; los impuestos marcadamente progresivos sobre la renta y los punitivos sobre las ganancias del capital, las herencias y las sociedades; y el socialismo a ultranza»”1

En lo que nos interesa de momento, vamos a analizar -de toda la enumeración dada de los mecanismos que, en lugar de ayudar, agravan el problema de la pobreza- el relativo al gasto público.
Un mayor gasto no implica, de modo alguno, menor cantidad de pobres, sino que, en el mejor de los casos, mediante su operación se transfieren recursos de un sector a otro. Si el objetivo es “aliviar” la pobreza de cierto grupo de individuos, el gobierno no tendrá mas remedio para ello que detraer recursos de otro grupo. Si el PBI total de la nación es, por caso, de 100, y esta distribuido -hipotéticamente- entre el sector A y B en 80 y 20 respectivamente, y el gobierno decide redistribuir la riqueza -a fin de “suprimir” la pobreza- mediante el conocido artilugio de “quitarle a los ricos para darle a los pobres” procederá a extraer 30 a A y entregárselos a B, con lo cual en el sector A se empobrece a la gente en 30, y en el B se la enriqueció en la misma cantidad. Como se ve claramente, no se suprimió ni se disminuyó la pobreza como se declama habitualmente, sino que sencillamente se enriqueció a unos a costa de otros, y la acción del gobierno no puede hacer mas que eso, pero si puede hacer menos, evitando meterse en el asunto.
A la falacia “redistribucionista” se le suman otras:

“Al dejar para ulterior examen la maraña de sofismas íntimamente relacionados con la deuda pública y la inflación crónicas, habremos de dejar bien sentado a través de este capítulo que de una manera inmediata o remota cada dólar que el Gobierno gasta procede inexcusablemente de un dólar obtenido a través del impuesto. Cuando consideramos la cuestión de esta manera, los supuestos milagros de las inversiones estatales aparecen a una luz muy distinta. Una cierta cantidad de gasto público es indispensable para cumplir las funciones esenciales del Gobierno. Cierto número de obras públicas —calles, carreteras, puentes y túneles, arsenales y astilleros, edificios para los cuerpos legislativos, la policía y los bomberos— son necesarias para atender los servicios públicos indispensables. Tales obras públicas, útiles por sí mismas y por tanto necesarias, no conciernen a nuestro estudio. Aquí me refiero a las obras públicas consideradas como medio de «combatir el paro» o de proporcionar a la comunidad una riqueza de la que en otro caso se habría carecido”2

No esta de más, nuevamente, aclarar a nuestros lectores que, el gasto estatal no se reduce exclusivamente a las obras públicas. Este es -simplemente- un rubro de aquel, si bien puede ser un renglón muy importante del mismo. El autor estudiado ahora, parece asumir -en el párrafo citado- que las obras públicas sólo pueden ser encaradas por el gobierno, y -en esa linea- distingue entre dos tipos o clases de obras públicas (siempre estatales) a saber: aquellas que él llama “indispensables”, y otras que podrían ser denominadas “no-indispensables”, dentro de las cuales cita las destinadas a crear empleo por un lado, y, por el otro, aquellas dirigidas a generar riqueza.
Es bastante cuestionable, por no decir del todo inapropiado, equiparar los conceptos de “gasto público” con el de “inversión pública”. Técnicamente -como tantas veces dijimos- gasto e inversión no son términos sinónimos, ni siquiera equivalentes, aunque muchos economistas los empleen de esa manera. El vocablo inversión sólo puede -y debería- ser aplicado exclusivamente a la actividad privada, porque la misma noción comprendida en la palabra, connota -como mínimo- dos elementos, a saber: la propiedad privada de los recursos que se van a destinar a la inversión y, en segundo lugar, el riesgo que la acción de invertir conlleva en si misma. Toda inversión incluye el riesgo de su pérdida para el sujeto que invierte, y este sólo puede ser el propietario de los recursos en cuestión y no otro.

            En esta linea de razonamientos, las erogaciones que el gobierno realiza a diario no pueden ser catalogadas de “inversiones”.

“Los modernos gobernantes, partidarios decididos de la «economía planificada», acuden con tan encendido entusiasmo a la inflación porque enturbia y trastoca todo el proceso económico. En el capítulo III, por citar un ejemplo, hicimos ver cómo la creencia de que las obras públicas necesariamente crean nuevos empleos es falsa. Si se obtuvo el dinero mediante impuestos, según allí se expuso, por cada dólar que el Estado gastó en obras públicas se invirtió un dólar menos por los contribuyentes en sus propias necesidades, y por cada empleo proporcionado mediante el gasto público se destruyó otra colocación en la industria privada.”3

El gasto estatal no hace otra cosa que impedir el gasto privado. En rigor, es violatorio del derecho de propiedad, porque por medio de la fuerza (legal, pero fuerza al fin de cuentas) se detraen recursos del sector privado de la economía, lo que significa privar a sus propietarios de la libertad de decidir el mejor destino a dar a los mismos y -en su lugar- arrogarse el gobierno la facultad de ejercer dicha decisión.
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1[Henry Hazlitt. La conquista de la pobreza. Unión Editorial, S. A. Pág. 252
2Henry Hazlitt. La economía en una lección. Edición digital. Pág 9-10
3Hazlitt, H.. La economía en una lección….Ob. Cit. Pág. 93-94

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

Salario mínimo, inflación y gasto público

Por Gabriel Boragina Publicado  el 10/6/17 en: 
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El escolástico Juan de Mariana tenía ideas sumamente claras, concretas y acertadas sobre la relación entre los impuestos, la inflación y el gasto público:
“El déficit gubernamental es causa de impuestos mayores a los necesarios. Además, es causa de la alteración del valor del dinero. El gobernante con un presupuesto deficitario sucumbe con facilidad a ese medio para cubrir faltantes. Alterar el valor de la moneda, por ejemplo, reduciendo la cantidad de oro o plata que contiene, permite emitir más monedas. Se piensa que con esa medida nadie sufrirá, puesto que el valor legal de la moneda queda igual, aunque disminuya su valor intrínseco. Falso. En la realidad, la alteración del valor de la moneda es un latrocinio, según Mariana. El dinero es un medio general de intercambio y lo es, porque su valor se considera sujeto a muy pequeñas variaciones. El remedio a esos daños es la reducción del gasto público. Los activos de la nación no deben ser usados con la misma libertad del propietario particular. Los subsidios deben reducirse. Los gobernantes no deben iniciar guerras innecesarias.”1
Ya en ese entonces, se explicaba de esta manera aquella vinculación. En realidad, el déficit se produce porque se han calculado mal los gastos y se han previsto partidas superiores a los ingresos disponibles, o bien porque los impuestos son tan altos que -conforme nos enseña la curva de Laffer- la recaudación nunca será suficiente para sufragar los gastos. Pero, hay una tercera causa: es posible que el presupuesto este bien calculado, y que se hayan previsto los impuestos necesarios como para poder cubrirlo, y que estos sean razonables al punto que todos los contribuyentes estén en condiciones de poder afrontarlos. Pero, imprevistamente el gobierno -o alguna de sus áreas- decida incrementar los gastos por encima de lo aprobado por la ley de presupuesto. En esta coyuntura, será un factor no ponderado por la ley de presupuesto lo que hace aparecer el déficit, excepto que se legislen nuevos impuestos, y que la población esté en condiciones de poder seguirlos abonando. La cruda realidad nos muestra que es el tercer supuesto el que se da con mayor frecuencia. Aunque también ocurre que se establecen impuestos excesivos, que superan las salidas previstas. Lo común es que se combinen dichos dos elementos: lo corriente es que los gobiernos aumenten sin cesar sus gastos, y también sus gravámenes. No obstante, cuando opera la curva de Laffer, deben apelar a inflación o deuda.
          Otro caso digno de examen es el de la relación entre salarios mínimos y gasto público, que también es un fenómeno de antigua data, en particular cuando los gobiernos entran en su cruzada de “ayudar a los pobres”, como se expone seguidamente:
“En 1798, se dio un paso importante que agravó considerablemente el problema de este tipo de ayuda benéfica. Los jueces de Berkshire, […] decidieron que los salarios inferiores a lo que ellos consideraban como el mínimo absoluto deberían ser completados con la ayuda parroquial de acuerdo con el precio del pan y el número de personas que dependían del cabeza de familia. Tal decisión fue confirmada por el Parlamento al año siguiente. Durante los treinta años que siguieron, este sistema (aparentemente el primero “que garantizaba un mínimo de ingresos”) acarreó innumerables problemas.
La primera consecuencia lógica para los contribuyentes fue un incremento en proporción geométrica de los costes de la beneficencia. En 1785, el coste total de los gastos que supuso la ley de pobres fue casi de dos millones de libras. En 1803 se superaron los cuatro millones, y en 1817 casi se llegó ya a los ocho millones. Esta última cifra venía a representar casi una sexta parte del gasto público total. Algunas parroquias se vieron sumidas en grandes dificultades. Un pueblo de Buckinghamshire informaba en 1832 que sus gastos por ayuda benéfica habían sido ocho veces superiores a los de 1795, y que habían superado a los ingresos totales de la parroquia durante aquel año. Otra población, Cholesbury, llegó a la bancarrota, y otras estuvieron muy cerca de ello. A pesar de su gravedad, este gasto público no fue el peor de los males. Mucho más grave fue la creciente desmoralización en el aspecto laboral, que culminó con los desórdenes e incendios de 1830 y 1831.”2
Se trató de la tristemente célebre “ley de pobres”. En el caso, la iniciativa es tomada por lo que hoy llamaríamos el poder judicial. Mediante sendas sentencias, los jueces británicos habían decidido que las diferentes regiones (parroquias) -se entiende que por intermedio de sus gobiernos locales (municipales)- habrían de arbitrar los mecanismos para lo que ellos (los jueces) habían determinado como lo que “debería” ser un “salario mínimo”. Los parámetros para la fijación del nuevo salario mínimo fueron dos, a saber: el precio del pan y la cantidad de miembros de la familia. Los gobiernos locales debían “compensar” la diferencia entre los ingresos familiares y el precio del referido producto. La sentencia dictada por los jueces recibió rápida confirmación legal por parte del Parlamento británico al cabo de un año, de manera que, lo que en principio fue una medida que afectaba sólo a determinadas localidades de Inglaterra, rápidamente se convirtió en una ley de alcance nacional.
No es difícil imaginar que, siguiendo los delineamientos que hemos dado, tal incremento del salario debía ser financiado por vía de mayores impuestos, deuda o emisión monetaria, que son las tres únicas “herramientas” por las cuales los gobiernos del mundo (no solamente el británico desde luego) pueden solventar cualquier erogación que sea decretada mediante una ley, tal como ha sido el caso en análisis, si bien esta ley no fue originada en una iniciativa parlamentaria, sino judicial. Ejemplo que -de paso- demuestra que no siempre la justicia “hace justicia”, sino que -a menudo- produce grandes injusticias, máxime si tenemos en cuenta las nefastas consecuencias que se derivaron de la extensión y generalización de dichas políticas.
En esa línea, no son de extrañar las consecuencias nocivas que estos salarios mínimos (financiados con gasto público) tuvieron históricamente para los afectados. Como se ve en la cita, apareció el fenómeno del déficit fiscal.
1 Eduardo García Gaspar. Ideas en Economía, Política, Cultura. Parte I: Economía. Contrapeso.info 2007. Alejandro A. Chafuén. “Impuestos y finanzas públicas”, pág. 56/57
2 Henry Hazlitt. La conquista de la pobreza. Unión Editorial, S. A. Pág. pág. 80/81

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

El ala liberal de Donald Trump

Por Alejandro Chafuen: Publicado el 23/9/16 en: https://es.panampost.com/alejandro-chafuen/2016/09/23/liberales-que-apoyan-a-trump/

 

liberales que apoyan a Trump
Si bien tengo mis reservas sobre el candidato Republicano, tengo más discrepancias con Hillary, como muchos liberales que apoyan a Trump. (Wikimedia)

Cuando Donald Trump se tiró al ruedo de las elecciones primarias en Estados Unidos, muchos pensaron que lo hizo para tantear el territorio e incrementar su prestigio y el de su marca. Quizás esa era la intención.

Pero los votantes Republicanos, e incluso los independientes y afiliados al Partido Demócrata que votaron en algunas de las primarias abiertas, dijeron otra cosa: votaron en forma abrumadora por Trump. En segundo lugar votaron por Ted Cruz, un candidato también considerado anti statu quo y rebelde.

Es entendible que los defensores de intereses de los políticos, comerciales, y medios de difusión constantemente atacados por Trump traten de mostrar solamente su lado y sus posiciones más negativas. Lo mismo sucede con la difusión de los pormenores de los equipos de asesores que ha estado armando.

Yo no comparto muchas posiciones, y menos el estilo, del candidato republicano, pero dado el sesgo de las noticias y especialmente las que se diseminan en el exterior, me parece importante que los que siguen esta elección tan importante conozcan otro mundo de Trump: el mundo de sus asesores comprometidos con la promoción y defensa de la sociedad libre.

En el equipo económico, la figura más conectada con el mundo de las ideas de libertad es Steve Moore. Moore tuvo una carrera muy exitosa en el Instituto Cato, de tendencia libertaria. Allí se convirtió en el economista con más conocimiento de la performance económica y fiscal de los estados provinciales de Estados Unidos. También se convirtió en un gran defensor de los inmigrantes. Su postura era muy cercana a lo que se llama “open borders” o política de puertas abiertas a los inmigrantes.

Moore luego fundó el “Club del Crecimiento”, un fondo de financiamiento de políticos conservadores liberales, de la tradición de Ronald Reagan, que competían dentro del Partido Republicano.

Algunos donantes poderosos criticaron a Moore por su supuesto sesgo en favor de candidatos provida y profamilia. De allí, Moore pasó al Wall Street Journal, ocupando un rol importante en sus páginas editoriales.

Cuando el think tank conservador más poderoso, especialmente por su presupuesto y cientos de miles de donantes, la Fundación Heritage, necesitaba reforzar su imagen en el mundo liberal y analítico, decidió contratar a Steve Moore como Economista en Jefe. Hoy muy enfocado en la campaña de Trump, su rol cambió al de investigador asociado.

El expresidente y cuasifundador de Heritage, Edwin J. Feulner, de impecable tradición conservadora, y expresidente de las asociaciones académicas de más prestigio liberal y conservador como la Sociedad Filadelfia y la Sociedad Mont Pelerin, también se sumó con un cargo importante en el equipo de transición de Trump.

Este equipo es liderado por el gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, una especie de Trump de la política. Christie tiene una reputación de moderación y bipartidismo en políticas públicas, pero al igual que el candidato presidencial republicano tiende a ser inmoderado en sus discursos y muy duro con los que se le cruzan.

Parece paradójico que uno de los economistas más proinmigración como Moore tengan un rol tan alto en el equipo de asesores de Trump. También paradójico, que uno de los economistas que más ayudó a impulsar el libre comercio en las Américas, David Malpass, sea parte del equipo. Malpass comenzó a trabajar en favor de la liberación del comercio cuando fungía como subsecretario de estado durante la administración de George H. W. Bush.

Entre las economistas femeninas del equipo, vale la pena mencionar a Judy Shelton. En el pasado, cuando era investigadora de la Institución Hoover, en la Universidad de Stanford, Shelton fue la única académica que predijo la crisis monetaria rusa de 1997.

Shelton fue vicepresidenta del consejo de dirección del Fondo Nacional para la Democracia (National Endowment for Democracy) durante el período 2010-2014 y hoy es codirectora del Proyecto de Moneda Sana de la Atlas Network.

Otra colaboradora, Brooke Rollins, es la presidenta del Texas Public Policy Foundation (TPPF), el think tank liberal tejano que más ha crecido.

Hablando de think tanks liberales, el compañero de fórmula de Trump, Michael Pence, actual gobernador de Indiana, también fue presidente de un think tank. A comienzos de los años 90, dirigía el Indiana Policy Review Foundation, y ha sido un participante activo en programas de organizaciones que promueven la libertad económica.

Los índices que miden el respeto por el estado de derecho muestran una caída preocupante de Estados Unidos. Existe gran preocupación en el mundo conservador por este deterioro. Son las bases de grandes votantes conservadores que han puesto gran presión en el Senado de Estados Unidos para que el candidato nominado por el presidente Obama para ocupar el cargo dejado vacante por la muerte del juez Antonin Scalia (1936-2016) ni siquiera sea considerado.

A fines del año pasado, durante una reunión de la organización conservadora con más poder de convocatoria en Estados Unidos, me tocó ser testigo cuando Donald Trump aceptó contestar preguntas de los miembros en forma confidencial (sin acceso a la prensa).

Una de la preguntas fue: ¿Qué personas como las representadas aquí usted pondría en su equipo de gobierno? La respuesta de Trump me sorprendió: “Creo que necesitamos más jueces como Clarence Thomas en la Suprema Corte.” Thomas representa el ala más conservadora de la corte, defensor de las libertades de mercado basadas en los derechos naturales e inalienables de la persona humana.

A las pocas semanas de esa declaración en una reunión privada, durante una entrevista pública, Trump causó turbulencia en el electorado Republicano cuando dijo que su hermana sería buena jueza de la Corte Suprema. La hermana de Trump está identificada más con la izquierda y con posiciones casi opuestas a las de Clarence Thomas.

Las aguas no solo se aquietaron sino que empezaron a moverse a su favor cuando Trump pidió recomendaciones a las asociaciones de abogados y think tanks más involucrados en temas de estado de derecho. Su lista final de candidatos a la Suprema Corte durante su mandato es considerada tan estupenda por los sectores académicos de centro derecha que Trump, en este campo, consiguió un apoyo casi unánime desde el sector no-estatista de los expertos.

Además de la economía y del estado de derecho, otro tema que preocupa al electorado es el de seguridad nacional e internacional. Aquí Trump, al igual que Hillary Clinton, tiene el apoyo de expertos de distintas afiliaciones políticas.

Este empresario convertido en político lidera con amplitud los sondeos dentro de los votantes que han pasado por las fuerzas de defensa. Dentro de los afiliados al Partido Demócrata, los más famosos asesores de Trump son el Teniente General (ret) Michael T. Flynn, exdirector de la Agencia de Inteligencia de Defensa, y James Woolsey, exdirector de la CIA en tiempos de nada menos que Bill Clinton.

También, el colaborador más cercano en temas de seguridad interna es el exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani. Antes de la llegada de este último a la intendencia de Nueva York, la ciudad estaba en larga caída. Luego de su paso, la ciudad comenzó a recobrar su esplendor. Entre aquellos que han sido sumados en distintos roles en el área de seguridad que más conozco están el exembajador Curtin Winsor Jr., cuya tesis doctoral fue sobre Argentina; el exsecretario de prensa del Pentágono , J.D. Gordon (ambos hispanoparlantes); y también Walid Phares, experto en Medio Oriente.

Me siento obligado nuevamente a señalar que no comparto varias de las posturas del candidato Republicano. Tengo más discrepancias, empero, con la otra candidata con posibilidades a la presidencia.

Como cada vez que hablo con amigos de la libertad en el extranjero, tanto en Europa como en Latinoamérica, encuentro que casi nadie sabe de que gente capaz, comprometida por la libertad, pese a tener sus dudas, han decidido colaborar con Trump, me parece apropiado mencionarlos.

Estados Unidos enfrenta una elección muy peligrosa, donde en ciertos temas parece que hay una carrera en ver quién es más populista: Trump propone US$10 de salario mínimo nacional y Clinton US$15.

Difíciles tiempos para los amigos de la libertad en Estados Unidos, pero no es todo blanco y negro, y es de esperar que las instituciones republicanas sean suficientemente fuertes para soportar el sacudón que se viene.

 

Alejandro A. Chafuén es Dr. En Economía por el International College de California. Licenciado en Economía, (UCA), es miembro del comité de consejeros para The Center for Vision & Values, fideicomisario del Grove City College, y presidente de la Atlas Economic Research Foundation. Se ha desempeñado como fideicomisario del Fraser Institute desde 1991. Fue profesor de ESEADE.

Sí, hay que liberar el mercado de trabajo

Por Iván Carrino. Publicado el 12/1/17 en: http://inversor.global/2017/01/si-hay-que-liberar-el-mercado-de-trabajo/

 

Contrario a lo que suele creerse, una mayor libertad del mercado laboral es positiva tanto para las empresas como para los empleados.

Hay una afirmación que no creo que nadie esté dispuesto a rechazar: los impuestos y las regulaciones son contrarios a la libertad. Nadie, ni a la derecha ni a la izquierda del espectro político y económico, se atreverá a discutir esta verdad evidente.

Esto no quiere decir que toda regulación sea mala… La “regulación” que impide y castiga el delito claramente está en contra de la libertad de los delincuentes… Pero existe para preservar la de las potenciales víctimas. Obvio.

Ahora aplicado a otros ámbitos de la vida, los impuestos y las regulaciones, al inhibir la libertad, se convierten en una verdadera carga para el desarrollo.

Un ejemplo sencillo bastará para entender. Si a una botella de agua mineral que cuesta $ 20 en el mercado se le carga un impuesto del 50%, lo más probable es que los consumidores desistan de comprarla, pasándose al consumo de gaseosas, aguas saborizadas, o bien agua corriente. Por otro lado, si antes de comprar la botella, el gobierno exige que se llenen 5 formularios diferentes y se pidan permisos especiales, es evidente que el incentivo para comprar la botella será menor.

Lo mismo pasa en todos los mercados. Más impuestos al consumo equivalen a menos consumo. Más regulaciones, ídem. En el mercado laboral la situación no es distinta.

Sin embargo, en Argentina, regulaciones e impuestos están a la orden del día. La ley de contrato de trabajo tiene 277 artículos y cerca de 26.000 palabras donde se regulan temas como la indemnización por despido, las vacaciones, el salario mínimo, o el mínimo de días de preaviso cuando se desea finalizar una relación laboral.

Además, la carga tributaria sobre el empleo es sideral. De un salario bruto de $ 10.000, $ 4.000 son tomados por el estado para financiar el gasto previsional, obras sociales y otros conceptos asociados a la seguridad social. Eso explica que de $ 10.000 brutos, solo $ 8.300 lleguen al bolsillo del trabajador pero $ 12.300 salgan de la caja de la empresa.

En el medio está el estado, “cuidándonos”…

El problema es que, como decíamos, todas estas trabas lo único que hacen es desestimular la contratación. De acuerdo a los libros de texto, salarios mínimos demasiado elevados, o fuertes regulaciones laborales terminan generando desempleo, ya que el costo de contratar es demasiado alto. Sin  embargo, en la realidad lo que sucede es que las empresas y los empleados se vuelcan al mercado negro.

En Argentina, de acuerdo al Ministerio de Trabajo, el sector informal abarca nada menos que al 34% de los trabajadores. Y es por eso que en el gobierno están barajando la idea de reducir la carga tributaria sobre el empleo y también flexibilizar el mercado laboral.

Obviamente, esto último nadie lo quiere decir. De acuerdo con el libreto políticamente correcto, la flexibilización es lo peor que puede pasarle a los trabajadores, porque los empresarios los comenzarían a “explotar”.

Esto es totalmente falso. En primer lugar, porque, como decíamos, si las regulaciones son excesivas, aparecerá el mercado negro, donde el estado pierde todo el control sobre lo que allí sucede. En segundo lugar, porque un mercado laboral más libre no solo es bueno para las empresas, sino para todos los que quieran obtener un empleo.

Una institución que mide la libertad de los mercados laborales en el mundo es la Fundación Heritage de los Estados Unidos. Para evaluar los mercados de trabajo, Heritage toma en consideración la existencia y el monto del salario mínimo, la rigidez en las horas de trabajo, la dificultad para despedir empleados, el monto de las indemnizaciones que se imponen a las empresas, el preaviso y las trabas para contratar.

Si los obstáculos son altos, dirán que el mercado es poco libre, mientras que de haber pocas trabas, estaremos en un mercado flexible.

Los cinco países de más de un millón de habitantes que mejor se ubican en este índice son Estados Unidos, Singapur, Hong Kong, Dinamarca y Nueva Zelanda. Entre ellos, en Estados Unidos y Dinamarca el despido es libre, por lo que las empresas no deben indemnizar al empleado si deciden no continuar empleándolo.

Uno podría pensar que con tanta libertad, muy mal les está yendo a los trabajadores de esos países. Sin embargo, estamos frente a los salarios más elevados del planeta.

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En promedio, un danés tiene un salario anual de USD 63.700; un norteamericano ingresa USD 58.700; un neozelandés USD 43.100, mientras que en Singapur los trabajadores ingresan USD 38.800 y en Hong Kong USD 23.900.

Por si esto fuera poco, las tasas de desempleo también son muy bajas. Y no casualmente, muy inferiores a las existentes en Argentina.

Claro que no todo pasa por la rigidez o flexibilidad del mercado laboral. El país que sigue en este ránking es Namibia, cuyo desempleo supera el 18% y cuyo PBI per cápita es de USD 4.500. Obviamente, a la libertad del mercado laboral hay que acompañarla con una democracia republicana, paz y respeto por los derechos de propiedad, entre otras cosas.

Sin embargo, dado que muchas de esas cosas sí tiene nuestro país, no es un mal momento para pensar en tener un mercado laboral más libre. Una menor presión tributaria sobre el empleo reducirá el costo laboral e incrementará el salario de bolsillo. Además, menos trabas burocráticas harán más atractiva la contratación, y aumentarán el empleo y la formalidad.

Es que, en definitiva, los intereses de los trabajadores y de los empresarios no son contrarios. Cuanto más fácil sea contratar, más empleo habrá. Y en la medida que crezca la competencia entre empresas, más subirán los salarios en términos reales.

Necesitamos más libertad para volver a crecer y convertirnos en un país rico. No hay otro camino.

 

Iván Carrino es Licenciado en Administración por la Universidad de Buenos Aires y Máster en Economía de la Escuela Austriaca por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es editor de El Diario del Lunes, el informe económico de Inversor Global. Además, es profesor asistente de Comercio Internacional en el Instituto Universitario ESEADE y de Economía en la Universidad de Belgrano.

¿PONER ORDEN PROVOCA DESEMPLEO?

Por Alberto Benegas Lynch (h)

 

Muchas veces se dice que cuando un gobierno asume y encuentra un aparato estatal sobredimensionado compuesto por funciones incompatibles con un sistema republicano, el despido de burócratas inútiles traerá aparejada una dosis de desocupación. Entonces, otra vez más tratamos el tema crucial del desempleo pero antes traigo a colación una frase célebre de Winston Churchill que tal como destacó Eduardo J. Padilla habitualmente se le amputa la expresión toil (esfuerzo,  laboriosidad): “I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat”. Esto para que tomen nota políticos que irresponsablemente prometen paraísos en lugar arremangarse para solucionar problemas.

 

Vale la pena escudriñar más en cuanto a poner orden cuando un gobierno asume en medio de aparatos estatales elefantiásicos y organigramas sobrecargados. A veces este intento de poner orden se lo denomina “ajuste”. Reitero que debe considerarse una expresión inadecuada puesto que el verdadero ajuste se sufre con el desorden, no con el orden (si no fuera así no sería conducente el orden ya que bastantes “ajustes” hay en la vida diaria para que se imponga otro). Ajustarse el cinturón es lo que impone el estatismo, esto es, el aumento de la pobreza y el sacrificio. El orden permite liberar recursos esterilizados en áreas gubernamentales a los efectos de engrosar los bolsillos de la gente.

 

También es de interés puntualizar que las medidas que conducen al orden deben ser aplicadas lo antes posible para adelantar las buenas noticias fruto del orden y no aplicar medidas gradualistas puesto que ese goteo desgaste enormemente y mucho más si las medidas resultan fluctuantes, vacilantes y con marchas y contramarchas, en lugar de liberar el mercado laboral de legislación fascista y eliminar los impuestos directos al efecto de dar efectiva protección a los más pobres.

 

No hay magias en estos menesteres, no es posible contar con la torta y comérsela al mismo tiempo. Sin duda que los funcionarios de los que hablamos pueden estar sobrevaluados en el sector público y, por tanto, al pasar al sector privado sus salarios serán menores. Esto no debe corregirse puesto que la corrección significa que se arrancará el fruto del trabajo del vecino para continuar son la sobrevaluación de marras.

 

Vamos entonces una vez más al asunto clave de la desocupación. Bajo ninguna circunstancia hay desempleo involuntario (el voluntario no presenta problema alguno), siempre que los salarios surjan de arreglos contractuales libres y voluntarios. Las necesidades son ilimitadas y los recursos para atenderlas son escasos y el factor clave de esos recursos es precisamente el trabajo manual e intelectual. No se concibe la producción de bienes ni la prestación de servicios sin el concurso del trabajo. Si las necesidades estuvieran cubiertas y hubiera de todo para todos todo el tiempo, no habría necesidad de trabajar puesto que estaríamos en Jauja. Pero la realidad es otra. Cuando se obtiene un bien se desea otro y así sucesivamente. Esa es la historia del progreso desde las necesidades básicas a las culturales y de recreación.

 

Sin embargo, si los salarios se imponen por decreto o por el uso de la violencia, el desempleo es seguro. Los salarios son consecuencia inexorable de las tasas de capitalización, es decir, de maquinarias, instalaciones, equipos y conocimientos relevantes que hacen de apoyo logístico al trabajo para aumentar su rendimiento. Como hemos dicho tantas veces, no  es lo mismo pescar a cascotazos que hacerlo con una red de pescar, no es lo mismo arar con las uñas que hacerlo con un tractor. En otros términos, los equipos de capital resultan  esenciales para incrementar el rendimiento. Los salarios podrán ser altos o bajos según la inversión per capita pero no hay tal cosa como desempleo, a saber, nunca sobre aquel factor que es escaso en relación a las siempre ilimitadas necesidades (al pasar decimos que, por ejemplo, no estará empleado quien se encuentra en estado vegetativo ni aquel que sistemáticamente incendia su puesto de trabajo, pero esto no  hace a la regla del empleo a la que nos estamos refiriendo).

 

Entonces, frente a la situación que dejamos planteada al comienzo de esta nota, si hay que eliminar funciones incompatibles con un sistema republicano y consecuentemente hay que prescindir de los respectivos funcionarios, aparecen dos posibilidades siempre en vista de lo dicho sobre el desempleo. La primera variante es que los burócratas que se dejan cesantes en la administración pública sean absorbidos por el mercado laboral al salario que permita la tasa de capitalización. La segunda posibilidad es que ese mercado se encuentre bloqueado por disposiciones legales como el salario mínimo, descuentos compulsivos que significan impuestos al trabajo y equivalentes. En ese caso, no encontrarán empleo ya que si la tasa de capitalización marca 100 y la legislación laboral impone 200 se barre la posibilidad de trabajar, lo cual naturalmente perjudica muy especialmente a los que más necesitan  el trabajo ya que solo se producirán problemas de desempleo en las escalas más altas si las mal llamadas “conquistas sociales” las alcanzan.

 

En esta segunda variante solo queda que el mercado informal absorba a todos los que desean trabajar. Esto es, por ejemplo, lo que ocurre con los inmigrantes ilegales principalmente en el Oeste de Estados Unidos, donde se trabaja a salario de mercado, mientras que muchos de sus colegas en el Este se encuentran desempleados debido a las antedichas “conquistas sociales”.

 

Aunque no hace al objeto de esta nota referida a la necesidad de poner coto a la sobredimensión del Leviatán, es del caso apuntar que, por otro lado, la tecnología libera recursos humanos y materiales para emplearlos en áreas que hasta el momento no podía concebirse su producción. La respectiva capacitación está también en el interés de los emprendedores que ven las ventajas del nuevo negocio.

 

Otro tema de interés en este contexto es que los gobiernos que trabajan para poner orden faciliten el contar con entidades en las que se consignen los nombres de las personas que donan de su peculio para ayudar a quienes dicen hay que ayudar y que la nómina aparezca con los respectivos montos entregados. De este modo, se evitarían los discursos vacíos de quienes alardean de que “debemos ayudar” a tales o cuales personas, siempre recurriendo a la tercera persona del plural y nunca a la primera del singular asumiendo la propia responsabilidad en lugar de endosarla por la fuerza al vecino indefenso.

 

Por supuesto que el esfuerzo de la base cero y similares en el presupuesto nacional no se queda en la reducción del gasto sino que apunta a disminuir impuestos y simplificar sus características, al tiempo que debe reconsiderarse la posibilidad de prohibir la deuda pública tal como la sugirió en su momento Thomas Jefferson respecto a la Constitución estadounidense, con el argumento de que comprometía patrimonios de futuras generaciones que no han participado en el proceso electoral para elegir al gobierno que contrajo la deuda, sin dejarse convencer por las falacias de las supuestas  “ventajas intergeneracionales” ni de la mal llamada “inversión pública”.

 

Tanto la evaluación de las ventajas intergeneracionales como la inversión surgen de las apreciaciones subjetivas de la gente. Carece de sentido comprometer en el presente el fruto del trabajo futuro a través del endeudamiento  público con el argumento que en su momento lo sabrán apreciar o el arrancar recursos a unos con el argumento que esa compulsión se debe a que “le invirtieron” sus fondos.  En el primer caso se está extrapolando lo que ocurre en el sector privado -por definición actos voluntarios- para ilegítimamente trasladarlo al sector público y en el segundo se pasa por alto el significado preciso del proceso de abstención de consumo, ahorro e inversión. En los presupuestos públicos debiera consignarse, además del rubro de gastos corrientes, el rubro de gastos en activos fijos pero de ningún modo “inversión pública”.

 

En todos estos asuntos estimo clave la comprensión del nexo causal entre las políticas que engrosan los aparatos estatales y el sufrimiento de los más pobres. Toda política que derrocha recursos necesariamente implica que se contraen las tasas de capitalización, lo cual, como queda dicho, reduce salarios e ingresos en términos reales y, naturalmente, los marginales sufren en mayor medida el impacto puesto que una unidad monetaria para ellos tiene más peso que el que tiene lugar sobre ingresos más elevados.

 

Es bastante ridículo que la gente acepte que la inversión es decisiva para el crecimiento de un país y luego acepta livianamente que se castigue de todas las maneras posibles la inversión, especialmente vía fiscal con la peregrina idea de que eso no afectará los bolsillos de todos. No habrá progreso sostenido mientras no se perciba la relación directa inversión-salarios. Como se ha puntualizado, los ingresos son mayores en Canadá que en Uganda porque la inversión es mayor y, a su vez, la inversión es mayor debido a marcos institucionales respetuosos de la propiedad de cada cual.

 

En el tema que tratamos cuando los gobiernos intentan poner orden, habitualmente aparece montado sobre la pretensión de introducir políticas “de excepción” como si las transiciones no fueran algo cotidiano. Cada persona en su oficina todos los días cuando propone mejorar la situación de su empresa o emprendimiento está de hecho generando cambios, está provocando transiciones de la situación anterior a la nueva. Y, a su vez, estos cambios implican reasignaciones laborales y reasignaciones de recursos materiales. La vida es una transición. Desde luego que hay en el medio capacitaciones y nuevos desafíos que deben contemplarse y está en interés de los inversionistas hacerlo. Pero esto no es exclusivo de lo que ocurre cuando los gobiernos apuntan a poner orden después de un período de despilfarro. Como decimos es un proceso cotidiano.

 

En resumen, si un gobierno enfrenta una situación difícil y se propone corregirla debe tomar las medidas en concordancia puesto que las demoras comprometen la solución de los problemas. Ya se sabe que el tema medular es la educación, los políticos no pueden ir más allá de lo que la opinión pública puede digerir, por eso es que resulta tan importante la faena de los que no son funcionarios públicos a los efectos de correr el eje del debate y abrir plafones para que puedan resolverse los problemas. De nada valen los aplaudidores y los que todo lo justifican, debe dejarse testimonio en la buena dirección en la esperanza de corregir los desvaríos populistas.

 

Cierro con un pasaje del Acto iii, Escena iii de Hamlet respecto a la necesidad de encarar los problemas de fondo con medidas de fondo: “Las enfermedades graves que aparecen se resuelven con medias graves, o no lo hacen de ninguna manera”.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa.