EMILIO J. HARDOY, UN GRAN PERIODISTA

Por Alberto Benegas Lynch (h)

Para tener presente puntos de referencia ejemplares, conviene tener presente a hombres cuyas conductas han sido muestras de integridad y coraje moral. Este es el caso del magistral periodista argentino Emilio Hardoy (1911-1996) de la antigua La Prensa de Alberto Gainza Paz en Buenos Aires. Hardoy, una personalidad jovial provista de un gran sentido del humor y de una coherencia inclaudicable con sus ideas que siempre sostuvieron las bases de una sociedad abierta.

De entrada es pertinente citarlo en sus memorias No he vivido en vano las cuales ilustran el fondo de su filosofía: “Ante todo declaro que el poder es, en si mismo, maldito. ¿Por qué un hombre revestido de un inmenso poder puede imponer a otro su voluntad? […] ¿Por qué un hombre puede mandarme a mí que soy también un hombre libre por la voluntad de Dios? ¿Por qué un hombre provisto de autoridad, boato, riqueza, privilegios y honores puede obligarnos? Únicamente los vicios y debilidades de la naturaleza humana permiten esbozar una justificación moralmente insuficiente, pues su fundamento sería en todo caso la conveniencia y no la virtud”.

Hardoy se desempeñó como editorialista en aquél gran diario de entonces y que sucedió a otro extraordinario periodista: Alfonso Laferrere. En 2008 Gastón Pérez Izquierdo y Alberto Allende Iriarte me convocaron para escribir en homenaje a Hardoy en un libro en el que también escribieron Gregorio Badeni, Carlos Ortiz de Rozas, Natalio Botana y Rosendo Fraga, obra titulada Hardoy: la lucha por la libertad patrocinada por la Fundación Hardoy, aparecida gracias a la generosidad de Carlos Pedro Blaquier.

 

En esta ocasión reitero lo que escribí en esa oportuidad al comentar algunos de los editoriales de Hardoy que aludían a la economía. Por razones de espacio, no puedo reproducir todo ese texto pero incorporo apenas una parte reducida al efecto de rendir nuevo homenaje al insigne periodista y hombre público que difundió sus valores y principios en su incursión en la política y como ensayista.

 

Procedo entonces en consecuencia, a continuación transcribo lo dicho al comentar editoriales de  La Prensa  de antaño, a los que encabezo con el título del mismo. En el libro de referencia comenté extensamente diez editoriales, en este caso, dado que ahora se trata de una nota periodística, reproduzco solo uno y una parte reducida del segundo, ambos con una vigencia preocupante.

 

“El presupuesto para 1978”. En este editorial se destaca la relevancia de la ley de presupuesto como “ley de las leyes” en el sistema republicano de gobierno y formula certeras críticas a declaraciones de funcionarios del momento. La asignación de partidas y el modo de obtener los recursos correspondientes definen la política. A través del presupuesto se  constata la participación del Estado en la renta nacional, la presión tributaria, la evolución monetaria, el endeudamiento, el equilibrio (o desequilibrio) de las cuentas fiscales y las prioridades de la gestión gubernamental. En el contexto de la división horizontal de poderes, estas delicadas e importantes funciones están asignadas  al Poder Legislativo. En modo alguno resulta aceptable que el Ejecutivo se arrogue aquellas facultades o que el Congreso abdique de tales responsabilidades y las delegue al Presidente y sus colaboradores, puesto que éste comportamiento significaría la suma del poder público que se da de bruces con los principios mas elementales del sistema republicano. Lamentablemente esto es lo que en mayor o menor medida viene sucediendo en nuestro país en regímenes militares y bajo la fachada de la democracia que, procediendo de esta manera, se convierte en la antítesis de esta forma de gobierno ya que presupone también la división de poderes al efecto de contribuir a que se asegure y garantice el derecho de los gobernados.

 

En este mismo editorial se alude a la necesidad “de privatizar las empresas estatales, factor fundamental del desequilibrio que soportamos”. Resulta de interés detenernos en este punto. La razón central de la imperiosa necesidad de deshacerse de los activos en manos estatales para propósitos comerciales, estriba en el despilfarro de capital que significan las llamadas empresas estatales. Dado que los recursos son escasos y las necesidades son ilimitadas, resulta de gran trascendencia aprovechar los factores productivos disponibles. Si la gente con sus compras y abstenciones de comprar asigna recursos en ciertas proporciones es porque eso es lo que estima es acorde con sus preferencias. Cuando el aparato estatal constituye una empresa, lo hace necesariamente con recursos provenientes del contribuyente con lo que inexorablemente disminuye en forma coactiva la previamente mencionada asignación de factores productivos. En otros términos, si la gente decidió establecer los sectores a,b,c,d y e, ahora que se establece la empresa estatal f, habrá que detraer recursos de los antedichas áreas para reasignarlos a este último sector. A los efectos didácticos, supongamos que se eliminó e  para contar con f. Por tanto, en nuestro ejemplo, el cambio de e por f significa una reducción en el nivel de vida de la población que prefería e en lugar de f. En resumen, el problema de la empresa estatal comienza en el momento mismo de su parición, independientemente de que ocurra después. Si la empresa en cuestión es además deficitaria, monopólica y presta malos servicios, estos fenómenos serán agravantes pero el problema central radica en el desvío de recursos.

 

En otro orden de cosas, no cabe argüir que se salvan los antes aludidos agravantes si la empresa estatal  arrojara superávit, si se desenvuelve en “competencia” o si ofrece “buenos” servicios. En primer lugar, el superávit se politiza ya que al no operar en el mercado no se sabe si las tarifas están demasiado altas o demasiado bajas. En segundo término, no resulta posible jugar a la competencia. No se trata de un simulacro. O se opera con todos los rigores que implica la competencia o se opera en el sector político recurriendo a los resortes que brinda esa estructura. Para competir, hay que hacer eso, léase: competir. Por último, carece de sentido hacer referencia a los “buenos” servicios de una empresa estatal puesto que deben compararse con lo que se hubiera realizado con los recursos de no haber mediado la imposición fiscal que no permitió que se asignen del modo que la gente hubiera preferido de no haber mediado la intromisión estatal.

 

Tampoco tiene sentido reiterar el lugar común de que, a diferencia de las empresas privadas, la empresa estatal puede instalarse allí donde las operaciones no resultan rentables. Las consecuentes pérdidas son absorbidas por la comunidad, muy especialmente por los que menos tienen ya que verán disminuidos sus salarios en términos reales debido a que las inversiones productivas no se realizan, precisamente como consecuencia de los gravámenes adicionales para financiar un proyecto antieconómico, con lo cual se expanden las zonas de pobreza.

 

En verdad, hoy día no es pertinente poner especial énfasis en las empresas estatales propiamente dichas, puesto que la técnica moderna de manipulación hace que los gobiernos simplemente expropien el flujo de fondos directamente o indirectamente a través de un enjambre de regulaciones, convirtiendo de facto a la empresa privada en estatal con los mismos resultados y las mismas consecuencias señaladas. Tristes han sido en verdad los casos en que se han “privatizado” empresas estatales transfiriendo monopolios del sector público al sector privado rodeados de todo tipo de corrupciones y corruptelas de naturaleza diversa, con lo que los servicios han resultado naturalmente deficientes al no estar expuestos a la competencia.

 

“La situación económica mundial”. En esta columna Hardoy afirma que “El rápido crecimiento de las deudas internacionales, que afecta a algunas de las naciones mas ricas y también de las mas pobres de la Tierra, se está convirtiendo en un insoslayable problema político además de financiero”. Sabia advertencia. En los días que corren, las deudas estatales se han convertido en una dolorosa espina que tiene en jaque a mas de un gobierno, lo cual siempre significa que tiene en jaque a los integrantes de la comunidad que indefectiblemente deben hacerse cargo del endeudamiento con el fruto del trabajo de cada uno de sus integrantes. Y no solo eso, sino que se compromete el patrimonio de futuras generaciones que ni siquiera han participado en el proceso electoral para elegir al gobernante que contrajo la deuda. Por esto es que ese ha dicho acertadamente que la deuda pública no resulta compatible con la democracia. En esta misma línea argumental, se ha propuesto que constitucionalmente se excluya el endeudamiento estatal como método de obtener fondos, limitando los canales a la tributación, es decir, a los bienes presentes sin contar con la posibilidad de endosar coactivamente el problema sobre las espaldas de futuras generaciones.

 

Pero el asunto no se limita a este aspecto sino que se extiende a organismos internacionales que se financian con recursos coactivamente detraídos a través de impuestos. Muchos de estos organismos prestan a gobiernos a todas luces insolventes o hacen de paraguas protector para que la banca privada efectúe préstamos a países a los que nunca hubieran otorgado préstamos si no fuera por la mencionada garantía. Este es el caso de los llamados “países del tercer mundo” o “subdesarrollados”. Esta categoría de países aparece debido a las políticas desacertadas de sus gobernantes. Controles de cambios, manipulaciones del sector externo, precios máximos y mínimos, empresas estatales, reformas agrarias, constituciones que mas se parecen a una lista de aspiración de deseos que a las debidas limitaciones del poder, re-distribución de ingresos por métodos políticos que contradicen lo expresado por la gente en los mercados, corrupciones galopantes, inexistencia de organismos de contralor y división de poderes, aumentos astronómicos del gasto público, déficit fiscal y, por supuesto, elevados índices de endeudamiento. Todo esto hace que se fuguen los mejores cerebros y cantidades colosales de recursos que buscan horizontes mas seguros. En medio de este desorden y estas estampidas aparecen burócratas ofreciendo carradas de dólares con lo que se estimula a continuar con las políticas desatinadas, que a su vez prolongan e intensifican el problema. Como han señalado, entre otros, Anna Schwartz – coautora de una de las más completas historias monetarias de los Estados Unidos – y Peter Bauer – profesor en la London School of Economics hasta que murió- la receta para estos casos debería consistir en cortarles completamente el crédito de gobierno a gobierno. Supongamos que ello ocurra, los gobiernos receptores y responsables de tanta catástrofe estarían frente a dos posibilidades. O bien reforman sus marcos institucionales, convirtiéndose en un país civilizado con lo que repatriarán su gente y los capitales y recibirían préstamos privados sobre bases serias, o de lo contrario, si deciden continuar con las medidas desatinadas, deberán buscar préstamos en lugares como La Habana (si es que allí encuentran fondos), pero no en Washington.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa. Es miembro del Comité Científico de Procesos de Mercado, Revista Europea de Economía Política (Madrid). Es Presidente de la Sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, miembro del Instituto de Metodología de las Ciencias Sociales de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, miembro del Consejo Consultivo del Institute of Economic Affairs de Londres, Académico Asociado de Cato Institute en Washington DC, miembro del Consejo Académico del Ludwig von Mises Institute en Auburn, miembro del Comité de Honor de la Fundación Bases de Rosario. Es Profesor Honorario de la Universidad del Aconcagua en Mendoza y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en Lima, Presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso y miembro del Consejo Asesor de la revista Advances in Austrian Economics de New York. Asimismo, es miembro de los Consejos Consultivos de la Fundación Federalismo y Libertad de Tucumán, del Club de la Libertad en Corrientes y de la Fundación Libre de Córdoba. Difunde sus ideas en Twitter: @ABENEGASLYNCH_h

Las jubilaciones vienen con mar de fondo

Por Alejandro A. Tagliavini. Publicado  en: https://alejandrotagliavini.com/2017/12/20/las-jubilaciones-vienen-con-mar-de-fondo/

 

La imagen que dio el lunes Argentina fue dura. El diario El País de Madrid -el más leído en habla hispana- en lugar destacado afirmó que: “los choques de la policía con miles de manifestantes… fueron aún más graves… con cacerolazos por toda la ciudad y un ambiente de protesta masiva y fuerte violencia que no se vivía desde 2001, cuando la crisis del corralito acabó con 38 muertos y el presidente… abandonó la Casa Rosada en helicóptero. Con esa imagen… Macri dio un gesto de autoridad y mostró… (que) controla el país”.

Pero veamos rápidamente el tema previsional. Antes que nada, vale destacar que el estatismo, necesariamente, supone confrontación. En la actividad privada, en el mercado, dos actores se ponen de acuerdo, o no, voluntariamente, por ejemplo, en la venta de un auto según el precio convenga o no. Pero cuando el Estado impone coactivamente leyes, los afectados necesariamente confrontarán desde que no pueden abstraerse y, por tanto, buscarán beneficiarse lo más posible. Y esto ocurre ahora que el Estado coacciona un sistema previsional.

En cuanto a la actual reforma, en primer lugar, cambia la fórmula de movilidad que abarca a unos 17 millones de personas, entre jubilados, pensionados, pensiones no contributivas, beneficiarios de asignaciones familiares y AUH. El ajuste semestral, basado 50% en la evolución de los salarios y 50% en la recaudación, se reemplaza por otro formado 70% por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC y 30% por la variación del RIPTE que es un indicador del Ministerio de Trabajo que mide la evolución del salario de los estatales.

Luego, en lugar del aumento semestral, se actualizará cada trimestre lo que llevará a que, en marzo de 2018, en lugar del aumento semestral de julio-diciembre que llegaría al 12%, el incremento será de acuerdo a la nueva fórmula de julio a septiembre de 2016, y llegaría al 5,7%. Es decir, que al principio se producirá una caída en los haberes y un retraso de hasta 6 meses en el ajuste. Así, ya se están preparando acciones judiciales por “inconstitucionalidad” dada la “aplicación retroactiva”. Para compensar esto y el mal humor general, el Gobierno publicaría hoy [MIÉRCOLES 20] en el Boletín Oficial un decreto para otorgar el pago de un bono compensatorio para jubilados y beneficiarios de la AUH.

Así las cosas, para 2018 estiman que el Estado se ahorrará unos $ 100.000 millones. Y quizás esta sea la clave de todo: recortar el gasto estatal, lo que no está mal, pero ¿había que empezar perjudicando a los más débiles? ¿No se podía, por ejemplo, retrasar la obra pública que sí puede esperar?

En cuanto a la garantía del 82% móvil, esta se aplicará a quienes al momento de la jubilación tengan 30 años de aportes. Hoy esa relación en rigor es del 81,8%, desde que el haber mínimo es de $ 7.246 y el salario mínimo de $ 8.860. De modo que, toda vez que aumente el salario mínimo, si la jubilación mínima es inferior al 82%, Anses ajustará los haberes de los alcanzados por la garantía. Es decir, ya en enero tendrán un aumento que no tienen con la ley actual de $ 543.

Garantía de la que quedan ahora excluidos quienes se jubilaron por moratoria y a los que no les correspondió el beneficio de la Prestación Básica Universal. De aquí se deduce que quedan sin esta garantía las jubilaciones por invalidez de trabajadores activos y las pensiones por fallecimiento de trabajadores en actividad que no se calculan en base a la PBU.

Finalmente, los trabajadores en relación de dependencia del sector privado podrán optar por jubilarse a los 70 años, sin que hasta entonces los empleadores puedan intimarlos a iniciar el trámite jubilatorio, quedando excluidos los estatales. Mientras que las mujeres hoy tienen la opción de jubilarse a partir de los 60, con 30 años de aportes, y pasa a ser obligatorio a los 65. Con el nuevo proyecto podrán jubilarse entre los 60 y 70 y los varones entre los 65 y los 70 años.

Para terminar, como dice el politicólogo Rosendo Fraga, preocupan más los cacerolazos que se produjeron el lunes por la noche que las corridas frente al Congreso. Es que, dejando la violencia que es injustificable venga de donde venga, es obvio que existe un mar de fondo creado por el gobierno. Sucede que después de dos años de gobierno, con una presión fiscal en aumento y un Estado que no deja de asfixiar al sector privado, la pobreza, la desocupación y la miseria parecieran no ceder. De hecho, según una reciente encuesta de Poliarquía, el 41% de los argentinos cree que su situación económica personal empeoró, desde que asumió Macri, el 37% que se mantuvo igual y solo el 21% dice que mejoró.

 

Alejandro A. Tagliavini es ingeniero graduado de la Universidad de Buenos Aires. Ex Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California y fue miembro del Departamento de Política Económica de ESEADE.