Liberalismo norteamericano

Por Carlos Rodriguez Braun: Publicado el 30/12/16 en: http://www.carlosrodriguezbraun.com/articulos/la-razon/liberalismo-norteamericano/

 

Los elementos antiliberales han estado siempre presentes en Estados Unidos, pero sobre todo en tiempos recientes, como apunta el economista Robert Higgs en The Independent Review.

Los datos son tan diáfanos como asombrosos. Por ejemplo, hoy los empleados públicos en EE UU superan al conjunto de los trabajadores de su sector industrial. Y la cantidad de regulaciones, controles, prohibiciones, impuestos, subsidios, etc., es la mayor de su historia.

Ante la pregunta de por qué nadie ha protestado de un modo lo suficientemente extenso como para tener relevancia política, dice Higgs: “La respuesta parece ser que el crecimiento del Estado en los últimos 50 o 100 años ha sido lo suficientemente gradual como para que la mayoría de los americanos probablemente piense que así es cómo el Estado de EE UU debiera ser y como ha sido siempre”.

La realidad es justo la contraria. Entre 1800 y 1992 el gasto público en EE UU se multiplicó por 10.000, pero el grueso del incremento se registró en los últimos 40 años.

El gasto público en dólares de 1990 era de 100 millones en 1800, de 600 millones en 1850 y de 8.300 millones en 1900. La explosión llegó en el siglo XX. En 1950 el gasto público total era de 235.100 millones de dólares, y en 1992 de 1,45 billones de dólares.

Esto no tiene que ver con el incremento de la población, porque el crecimiento del Estado superó con mucho el demográfico. Así, el gasto público per cápita pasó en esos mismos años de 15 dólares en 1800 a 4.760 en 1990. Todo esto sin incluir el gasto derivado de la pléyade de regulaciones que dificultan y encarecen la producción de bienes y servicios.

Se dirá que se trata de un gasto público que no es gasto “social”. Falso. El gasto en sanidad era de 100 millones de dólares en 1900 y subió hasta 156.000 millones en 1990. También se disparó notablemente en términos per cápita.

Otra ficción es que en los años considerados “liberales”, básicamente la década de 1980, el crecimiento del Estado se dio la vuelta y se redujo. También es falso: siguió creciendo a escala federal, estatal y local.

La deuda pública explotó: los intereses eran 1.000 millones anuales en 1900, 31.000 en 1960, y 200.000 millones de dólares en 1992.

Se dirá que el gasto benefició a los más pobres. Esto no es así en ninguna parte, y tampoco en EE UU: “más de la mitad de los reciben subsidios públicos tenían rentas por encima de la línea de la pobreza antes de recibirlos”.

Suelo decir que la última vez que el gasto público fue gratis fue con el maná. Desde entonces hay que pagarlo, y lo han pagado los ciudadanos en EE UU. Y cada vez más. En 1930, los trabajadores norteamericanos pagaban un dólar en impuestos por cada ocho que ingresaban. En 1950 pagan un dólar de cada cuatro. Y en 1992 pagaban un dólar de cada tres que ganaban. Si esto es liberalismo, que venga Adam Smith y lo vea.

 

Carlos Rodríguez Braun es Catedrático de Historia del Pensamiento Económico en la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Consejo Consultivo de ESEADE

Déficit fiscal: el gran misterio PRO

Por Nicolás Cachanosky. Publicado el 15/2/16 en: http://opinion.infobae.com/nicolas-cachanosky/2016/02/15/deficit-fiscal-el-gran-misterio-pro/

 

A dos meses de asumir la Presidencia, el Gobierno de Mauricio Macri ha producido cambios importantes, como la eliminación del cepo cambiario y la participación en Davos, en lugar de relacionarse con Venezuela o Irán. Pero también ha mantenido grandes incógnitas aún sin respuesta, especialmente cómo se va a reducir el déficit fiscal.

Podemos dividir el efecto de las elecciones presidenciales en dos. Por un lado, el efecto político. El triunfo de Macri implica nada menos que poner fin al proyecto Argenzuela del peronismo en su versión k. El PRO-Cambiemos no sólo ganó la Presidencia, sino que mantuvo la Capital Federal y ganó la provincia de Buenos Aires. El potencial político de haber ganado estos tres distritos no es menor. El PRO-Cambiemos tiene una oportunidad única de desmantelar el clientelismo político de la provincia de Buenos Aries que tanto daño le ha hecho al país.

Por el otro lado, se encuentran los cambios económicos. Si separamos los cambios económicos de los cambios políticos, las decisiones tomadas hasta el momento no son necesariamente tan prometedoras. Es cierto que salir del cepo, devaluar el tipo de cambio, revisar tarifas y retenciones era algo necesario. Es decir, de haber ganado Daniel Scioli, hubiese hecho más o menos lo mismo (según expresiones del mismo equipo de Scioli). También es cierto que estas medidas eran o impostergables o fueron fuertes promesas de campaña. Si bien esto no quita mérito a las medidas tomadas, sí ofrece contexto. Hasta el momento, el PRO-Cambiemos no ha dado a conocer un claro plan de cómo piensan solucionar el mayor problema económico de Argentina: el déficit fiscal. Aunque es cierto que se han informado metas de reducción del déficit, lo que no se ha informado es cómo se va a reducir dicho déficit. Es decir, no se han presentado qué decisiones y políticas van a tomarse para eliminar este problema. Es difícil confiar en un plan que no se conoce. Esta falta de información produce incertidumbre que no contribuye a reactivar la economía del país.

En primer lugar, no es clara cuál es la visión de mercado que el PRO-Cambiemos tiene para el país. El PRO se identifica como un movimiento sin ideologías. Esto es peligroso si por falta de ideología se entiende falta de principios, donde lo que reina es el pragmatismo. Por ejemplo, intentar nombrar jueces por decretos de necesidad y urgencia (DNU) a los pocos días de haber asumido la Presidencia con una campaña donde se hablaba de volver a los principios republicanos. La potestad de nombrar jueces es para cuando el Congreso no está en sesión y no es posible reunir a los representantes en tiempo. Esta restricción, pensada para cuando había que trasladarse a caballo, difícilmente aplica en el siglo XXI.

En nombre del pragmatismo, el PRO-Cambiemos puede verse tentado, por ejemplo, a obligar a los supermercados a informar sus precios en un determinado sitio web de cierta manera. Es decir, desde el Gobierno se les impone a los supermercados cuál debe ser su marketing de precios. En Twitter, Miguel Braun sostuvo que el Presidente “le pidió a los supermercados que pongan sus precios online”. Lo cierto es que, de no publicar los precios, según se informa en distintos medios, los supermercados serán multados. Curioso uso del término pedir, cuando lo que Macri está haciendo es imponer u obligar a los supermercados. Curiosa actitud de un Gobierno que se dice republicano. Un mercado competitivo, al menos a mi juicio, es aquel libre de regulaciones, con libre entrada y salida de productores y con impuestos razonables indistintamente de la cantidad de oferentes, no aquel donde se obliga a informar precios de una determinada manera. Existen mercados muy competitivos con pocos oferentes (como es el caso de bienes network, por ejemplo, el software).

Gente del PRO también ha definido a este movimiento como un partido de izquierda. Ivan Petrella sostuvo que en Estados Unidos el PRO estaría a la izquierda del partido demócrata (es decir, a la izquierda de Hillary Clinton y Bernie Sanders). Jaime Durán Barba, por su lado, sostuvo que Macri se encuentra a la izquierda de Cristina Kirchner, quien sería alguien de ultraderecha. Por su lado, el ministro de economía Alfonso Prat-Gay se ha referido a precios de libre mercado de manera peyorativa al hablar de la ley de la selva. Modales aparte, es una expresión digna de un Axel Kicillof o de un Guillermo Moreno. Por su lado, Rogelio Frigerio habla del PRO como un partido desarrollista (sea lo que sea que eso quiere decir en concreto).

De las medidas tomadas tampoco se desprende que el PRO-Cambiemos tenga una visión pro libre mercado, dado que las principales medidas que se han eran necesarias dada a situación heredada. De hecho, no se le conocen a este partido ni expresiones ni medidas que sean inequívocamente pro libre mercado. Dado que el PRO-Cambiamos no ha hecho explícita su visión de cuál debe ser el marco económico del país, todo queda en sujeto a especulación.

En segundo lugar, esta falta de definición respecto a cómo solucionar el déficit fiscal se lee como una política económica gradual. Parecería que la alternativa, el shock, es cuando se implementan reformas de un día para el otro. Esto es incorrecto. Nadie puede esperar que un Gobierno haga lo imposible en 24 horas. En resumen, el problema no es no hacer lo imposible, sino hacer mal lo posible. Una reforma de shock consiste básicamente en presentar un plan integral de manera clara y ponerlo en marcha lo más rápido posible, lo cual por supuesto puede llevar tiempo. No informar cuál es el plan económico, si es que efectivamente hay uno, sólo contribuye a aumentar la incertidumbre y a incrementar las posibilidades de fracaso. En cambio, informar un plan en detalle y de manera clara alinea expectativas y los agentes económicos no tienen que estar adivinando si el Gobierno va a reducir el déficit fiscal u obligar a los supermercados a informar precios en un sitio web. ¿El PRO-Cambiemos tiene un plan integral que aplica de manera gradual, sin informar al público cuál es el plan, o toma medidas de manera improvisada según van apareciendo temas en agenda? Si hay un plan integral, ¿por qué no se lo informa? ¿Acaso el Gobierno no confía en su propia visión de país?

En tercer lugar, según palabras de Prat-Gay el PRO-Cambiemos parece guiase por la idea de que reducir más agresivamente el déficit fiscal implica un ajuste social. El ajuste social, sin embargo, hace años que ocurre. Si traducimos lo que Prat-Gay está diciendo, el mensaje es que el ajuste lo va a seguir haciendo el privado, no el sector público. La presión fiscal y la inflación destruyen tantos puestos de trabajo como empleados públicos innecesarios se mantienen a costa del contribuyente. Usted, lector, es quien va a perder su puesto de trabajo para seguir manteniendo un Estado sobredimensionado. Pero si usted pierde su trabajo, eso no es ajuste social, sí lo es si lo pierde un empleado público. Parece ser que no todos los trabajadores están en igualdad de condiciones, algunos parecen ser más importantes que otros. Es erróneo, si no tendencioso, dar a entender a la opinión pública que el dilema es entre ajuste o no ajuste, cuando el verdadero dilema es si el ajuste lo va a hacer finalmente el Estado (que es quien después de todo tiene déficit) o si se va a seguir exprimiendo como limón al contribuyente que carga con impuestos asfixiantes. ¿Por cuántos años ha mantenido el contribuyente a un Estado ineficiente y sobredimensionado? ¿Se votó a Cambiemos o a Continuemos?

Igual de tendencioso es cuando distintos funcionarios del Gobierno se expresan de manera tal que se da a entender que el problema de los altos precios de los alimentos se encuentra en los comerciantes y no en la política monetaria heredada. Con una inflación entre el 20% y el 30%, el único responsable de la suba de precios es el Banco Central. En un país que necesita unión social y sanar divisiones sociales, ciertas expresiones del PRO-Cambiemos parecen alentar la división de consumidor contra comerciante en lugar de unir a los argentinos.

Hace años que el PRO se prepara para ser Gobierno. Es de esperar que en todo este tiempo haya desarrollado un plan económico en el caso de asumir. Las expresiones y las medidas tomadas en estos dos meses, sin embargo, no permiten deducir cuáles son los lineamientos generales de dicho plan. Esto no hace más que alimentar lo que el historiador y economista Robert Bob Higgs llama “incertidumbre de régimen”. ¿Va a ser un kirchnerismo light, como algunos sospechan, o va a ser un movimiento pro libre mercado, como algunos de sus defensores esperan? El no saber en qué tipo de Argentina se va vivir, kirchnerismo light o libre comercio con apertura al mundo, pone un freno a las inversiones de largo plazo, dado que no se saben cuáles van a ser las reglas de juego. Dados los triunfos en las últimas elecciones, el PRO tiene la oportunidad de ser el autor de la versión argentina del milagro alemán, o bien pasar a la historia como otra oportunidad perdida en la larga lista de Gobiernos que dejaron pasar dicha oportunidad.

 

Nicolás Cachanosky es Doctor en Economía, (Suffolk University), Lic. en Economía, (UCA), Master en Economía y Ciencias Políticas, (ESEADE). Fué profesor de Finanzas Públicas en UCA y es Assistant Professor of Economics en Metropolitan State University of Denver.

 

Un golpe mortal a la economía

Por Iván Carrino. Publicado el 31/8/14 en: http://opinion.infobae.com/ivan-carrino/2014/08/31/un-golpe-mortal-a-la-economia/

 

Para la mayoría de los economistas del mundo, Estados Unidos salió de la Gran Depresión gracias a la Segunda Guerra Mundial. En efecto, si uno mira los números del PBI norteamericano, 1940 es el año en que se regresa al mismo nivel que 1929. Sin embargo, esos números están fuertemente afectados por el esfuerzo prebélico del Gobierno, lo que hace que el PBI no sea la medida más adecuada para medir el bienestar de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque los consumidores no están mejor cuando se fabrican tanques y ametralladoras, sino cuando se innova y se multiplican los bienes de consumo que mejoran directamente su calidad de vida.

Un indicador que tardó más en recuperarse fue la inversión privada, que recién superó los niveles previos a la crisis en 1946, una vez finalizada la guerra, dando lugar a una recuperación verdadera y sostenible que impactó directamente en la calidad de vida de la población. ¿Por qué tardó tanto la inversión privada en recuperarse y, por tanto, en sentar las bases para la recuperación sostenible? Para el economista Robert Higgs, se debió a la “incertidumbre de régimen”, es decir, a la “preocupación por parte de los inversores privados de que los derechos de propiedad sobre su capital y la renta que este produce serán atacados por la acción del gobierno. Tales ataques pueden surgir de muchas fuentes, que van desde simples aumentos de impuestos, a la imposición de nuevos tipos de impuestos, a la confiscación directa de la propiedad privada. Muchas amenazas intermedias pueden surgir de diversos tipos de regulación, por ejemplo, de los mercados de valores, del mercado de trabajo y los mercados de productos. En cualquier caso, la seguridad de los derechos de propiedad no descansa tanto en la letra de la ley sino en el carácter del gobierno que hace cumplir o amenaza esos presuntos derechos de propiedad”.

Como puede verse, Higgs no habla de otra cosa que de lo que conocemos como “seguridad jurídica” o “calidad institucional” y atribuye, nada menos que a este concepto, la demora de los Estados Unidos en recuperarse de la Crisis del 30. El tema no es menor ya que, por estos lares, el gobierno no parece entender bien la importancia de brindar seguridad jurídica o certidumbre de régimen. Para el Ministro de Economía, Axel Kicillof, el concepto en sí mismo es “horrible” y para la presidente Cristina Fernández son los empresarios y no el Gobierno los que tienen que “generar confianza”.

En este sentido, no solo impulsan una modificación a la Ley de Abastecimiento para perseguir a las empresas con la excusa de que ponen precios altos y acaparan mercadería, sino que ya han ensayado con más medidas del estilo como las discrecionales licencias de importación, las sucesivas prohibiciones para exportar productos, la confiscación de los fondos de las AFJP y la imposición de un sistema de control de cambios, donde luego de su flexibilización, solo a la porción más rica de la población se le permite ahorrar en dólares oficiales y hasta el 20% de sus ingresos.

Por si esto fuera poco, en un país que estuvo en default el 52% de los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, el Gobierno entra nuevamente en suspensión de pagos por negarse a pagarle a los holdouts y propone al Congreso una ley para que unilateralmente se cambie la jurisdicción de pago. Esto no solo afecta los derechos de propiedad de los tenedores de bonos, sino que implica un mayúsculo incumplimiento de la sentencia de la Justicia norteamericana, enviando el mensaje de que Argentina es un país que siempre respeta las sentencias a menos que sean en su contra.

Tanto el default -voluntario o involuntario- como las medidas de intervención que le dicen a los empresarios “ustedes van a ganar plata cómo y cuando yo quiera”, son todos elementos que contribuyen a generar incertidumbre de régimen con el consecuente desincentivo a la inversión.

Los resultados de estas políticas están a la vista y por eso es que no solo es necesario que el Congreso no respalde ninguna de estas iniciativas, sino que aquellos que están pensando en postularse para las elecciones del 2015 tengan esto en cuenta y hagan de la seguridad jurídica la piedra fundamental de su política económica. De no ser así, seguiremos la senda del deterioro que emprendimos hace más de 50 años.

 

Iván Carrino es Licenciado en Administración por la Universidad de Buenos Aires y Máster en Economía de la Escuela Austriaca por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Trabaja como Analista Económico de la Fundación Libertad y Progreso, es profesor asistente de Comercio Internacional en el Instituto Universitario ESEADE y profesor asistente de Economía en la Universidad de Belgrano.

OBAMA Y EL ESTADO DE LA UNIÓN

Por Alberto Benegas Lynch (h)

Desde le época del segundo Bush insisto en que Estados Unidos se viene latinoamericanizando a pasos agigantados en el peor sentido de la expresión, con gastos y deudas públicas gigantescas en cuyo contexto no es una exageración decir que viven de prestado (de 2001 a 2008 G.W.Bush duplicó la deuda y Obama de 2009 al presente la volvió a duplicar, lo cual significa el 103% del producto) a lo que se agregan crecientes regulaciones absurdas y muchas veces contradictorias. Es cierto que la declinación viene de antes en ese país, pero el problema se ha acentuado enormemente en los últimos tiempos.

El discurso de Obama del 28 de enero de 2014 en el Congreso, para rendir cuentas sobre lo ocurrido en el ejercicio 2013, contiene afirmaciones que clara y contundentemente están en las antípodas de los extraordinarios principios y valores de los Padres Fundadores de esa notable nación en la que se produjo la revolución más exitosa de la historia de la humanidad como consecuencia de la libertad y el consiguiente respeto a los derechos individuales.

A diferencia del “State of the Union” pronunciado por Washington que consumió solo 800 palabras, la larga y por momentos extenuante presentación del actual Presidente no nos permite glosarla en su totalidad en una nota periodística por lo que nos concentraremos en ocho resumidos puntos que estimamos clave.

Antes entrar en materia, conviene resaltar que los reiterados aplausos de pie de los presentes en el recinto del Congreso estadounidense (casi después de cada párrafo) no está en consonancia con la tradición republicana en cuanto al necesario recato, sobriedad e independencia que las circunstancias exigen, más bien, como apunta Ron Paul, ex candidato a Presidente por el Partido Republicano en la última contienda electoral, se trata de “un lamentable circo” lo cual manifestó por televisión en entrevista con John Stossel. Esta completa desproporción de aplausos de pie nos retrotrae al Senado romano en la época de Calígula y, en nuestros tiempos, a la caricatura de Parlamento en Venezuela. Economistas de la talla de Walter Williams, Robert Higgs, Thomas Woods, Pascal Salin y Peter Schiff mostraron profundos desacuerdos con el mencionado discurso del Presidente.

Por nuestra parte, veamos entonces los ocho puntos anunciados. Primero, aunque parezca mentira, Obama reiteró lo que es moneda corriente en los países del tercer mundo donde se considera que puede aumentarse la riqueza de la gente por decreto (si esto fuera cierto no habría que proceder tímidamente y hacernos a todos millonarios de una vez). Frente a ambas Cámaras reunidas, Obama declaró muy suelto de cuerpo que incrementará el llamado salario mínimo por decreto y sin que pase el proyecto por el Congreso. Esta medida inexorablemente provocará desempleo (además de los diez millones actuales declarados oficialmente) puesto que salarios superiores a las tasas de capitalización existentes no permiten absorber empleo, desocupación que puede eventualmente disimularse con inflación monetaria la cual, a su vez, genera otros efectos indeseables al elevar salarios nominales y derretir los reales.

Segundo, en varios tramos de su alocución sostuvo que debe combatirse la desigualdad sin la menor comprensión del hecho de que ésta es una consecuencia directa de las preferencias puestas de manifiesto por el público en los supermercados y equivalentes al mostrar en grado diverso las opiniones de la gente según lo que estiman es la capacidad para satisfacer sus deseos en los diferentes rubros. Lo que si son políticas inadmisibles son los “salvatajes” que llevó a cabo esta administración que son recursos detraídos del fruto del trabajo ajeno para alimentar la irresponsabilidad e ineptitud de empresarios que tienen poder de lobby. Esta desigualdad no es el resultado del plebiscito diario en el mercado sino lisa y llanamente del pillaje.

Tercero, el aire de ejecutivo de una empresa denominada Estados Unidos y no el gobernante de una nación respetable lo hizo decir que seguiría dando órdenes y otorgando subsidios  en el área energética según sus inclinaciones y las de los burócratas que lo acompañan con total independencia de lo que ocurre en el mercado. Esto nos recuerda a la triste experiencia de Carter en los setenta que en plena suba en los precios de la energía decretó precios máximos con lo que estimuló que se consumiera más, al tiempo que hubo por vez primera filas de automóviles en las estaciones de servicio debido a la consecuente escasez y, al adulterar precios, se bloquearon las posibilidades de explorar fuentes alternativas de energía. En este caso, al subsidiar áreas energéticas por decisión política a espaldas de la economía se desarticula la asignación de los siempre escasos factores de producción.

Cuarto, volvió con la idea de obligar a las mutuales de medicina a tomar pacientes en base a “condiciones preexistentes”, es decir, aceptar a personas que no han realizado aportes al sistema, lo cual significa poner en peligro toda la estructura médica basada en el seguro. Es igual que a las compañias de seguro del automóvil: si se les impusiera la obligación de aceptar y cubrir a personas que se han accidentado pero que no han participado con el pago de las cuotas requeridas. Esto es desconocer los principios actuariales más elementales.

Quinto, le dedicó una parrafeada a la necesidad de continuar con la ayuda financiera gubernamental destinada a otros países, directamente o a través de organismos internacionales financiados con recursos de los contribuyentes. Esto como si no hubiera documentación suficiente en cuanto a que las referidas entregas han servido para consolidar políticas estatistas y corrupciones varias que provocan fuga de capitales y cerebros de los países receptores, en lugar de permitir que se modifiquen las políticas socializantes al efecto de repatriar las antedichos fugas y recibir así préstamos sobre bases sólidas. Así lo han señalado reiteradamente autores como Peter Bauer, Melvyn Krauss, Karl Brunner, Anna Schwartz, Doug Bandow y James Bovard.

Sexto, ha llamado poderosamente la atención la bravuconada de Obama en cuanto a que seguirá su rumbo “con o sin el Congreso”, lo cual significa un declarado y abierto desafío institucional y una decisión de quebrar tradiciones republicanas que hasta el momento básicamente solo ocurrían en países muy atrasados.

Séptimo, volvió a prometer el cierre de la pocilga inaudita de Guantánamo con detenidos sin juicio previo lo cual aseguró que haría en su primera campaña electoral y que aun no ha llevado a cabo. Este nuevo anuncio curiosamente estuvo sustentado en principios jurídicos cosa que está muy bien pero se da de bruces con lo que hemos subrayado en el punto anterior y con el bochornoso espionaje que el gobierno realiza sin orden de juez competente (esto ha sido especialmente denunciado y lamentado cuando se ejecuta contra gobernantes pero no se ha demostrado suficiente preocupación y alarma con lo que se viene realizando contra individuos indefensos que teóricamente son los mandantes del aparato estatal).

Y octavo, enfatizó que no hay más tropas estadounidenses estacionadas en Irak y menor cantidad de soldados apostados en Afganistán situación muy loable por cierto pero no aludió a las torpezas, invasiones y misiones militares que simultáneamente se han llevado a cabo en Egipto, Siria y Somalia.

 

Paralelamente ocurre un hecho gravísimo puesto de manifiesto por el Senador Mich McConnell -quien lidera a distinguidos denunciantes- en el programa de Fox News conducido por Megin Kelly. Es el documentado intento de Obama de utilizar la entidad fiscal (IRS) para perseguir a los críticos de su gobierno, lo cual ha constituido una de las herramientas de más baja estofa de los países totalitarios por lo que es de esperar que no prospere tamaña iniciativa.

Se acaba de publicar la segunda edición de mi libro Estados Unidos contra Estados Unidos por Unión Editorial de Madrid (la primera fue por el Fondo de Cultura Económica), donde me detengo a considerar con cierta amplitud los aspectos medulares por los que los últimos gobiernos estadounidenses se han apartado grandemente del espíritu que iluminó la existencia de esa nación y los consiguientes efectos negativos de ese apartamiento y de esas gestiones. El libro trata detenidamente la educación, la política exterior, la economía, las guerras, los servicios de inteligencia, la estructura jurídica, las drogas alucinógenas para usos no medicinales, la inmigración, los basamentos éticos y el terrorismo. Es de esperar que se reaccione lo antes posible puesto que si ocurriera otro traspié de peso en Estados Unidos, el resto del mundo entrará en un cono de sombra difícil de revertir.

En resumen, respecto al “estado de la Unión”, es como ha dicho Wiley Vaugh “es muy lindo decretar mejoras pero el dinero es sustraído de los vecinos”. Es como ha preguntado mi hijo menor: si más bien que “State of the Union” no debería denominarse “State Over the Union”.

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. En Administración. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y fue profesor y primer Rector de ESEADE