Jean Gustave Courcelle-Seneuil: Un adelantado en Chile en torno a dos debates para el mundo de hoy

Por Adrián Ravier. Publicado el 21/06/16 en: https://puntodevistaeconomico.wordpress.com/2016/06/21/jean-gustave-courcelle-seneuil-un-adelantado-en-chile-en-torno-a-dos-debates-para-el-mundo-de-hoy/

 

ABL_ChileEl punto de partida de este libro se basa en los trabajos del francés decimonónico Jean Gustave Courcelle-Seneuil, el primer profesor de economía en Chile quien publicó sobre muy diversos temas pero ejerció una especial influencia en relación a los sistemas bancarios y las políticas arancelarias.

En este contexto y en base a bibliografía actualizada, Alberto Benegas Lynch (h) presenta en esta obra detenidos argumentos y contra-argumentos sobre moneda, bancos y aranceles compatibles con una sociedad abierta. Sobre estos temas estudiados, explora fértiles avenidas de la tradición de pensamiento liberal y trabaja esqueletos conceptuales en relación a las autonomías individuales. Asimismo, comenta reflexiones de Courcelle-Seneuil a la luz de los debates que tienen en muy diversos países de nuestro mundo de hoy.

En un plano más amplio, el autor de este libro apunta que “es necesario precisar que el liberalismo está siempre en ebullición ya que todas las conclusiones son provisorias y abiertas a posibles refutaciones. […] Debemos estar atentos a nuevas y valiosas contribuciones tales como las que han surgido en los últimos tiempos en medulosos libros y ensayos escritos por mentes creativas y originales. Tal es el caso de las refutaciones a las argumentaciones clásicas de los bienes públicos, los free-riders, las externalidades, el dilema del prisionero, las confusiones en torno a la llamada ‘tragedia de los anticomunes’ y, en el contexto de la asimetría de la información, la selección adversa y el riesgo moral.”

SOBRE EL AUTOR

Alberto Benegas Lynch (h) completó dos doctorados: es Doctor en Economía y también es Doctor en Ciencias de Dirección. Es Presidente de la sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias y es miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, ambas en Argentina. Es autor de diecisiete libros y seis más en colaboración. Fue profesor titular por concurso en la Universidad de Buenos Aires y enseñó en cinco facultades: Ciencias Económicas, Derecho, Ingeniería, Sociología y en el departamento de Historia de la Filosofía y Letras. Es profesor en la maestría de Derecho y Economía de la UBA.

Acceda aquí al libro completo.

 

Adrián Ravier es Doctor en Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Master en Economía y Administración de Empresas por ESEADE y profesor de Macroeconomía en la Universidad Francisco Marroquín.

¿Coparticipación federal o correspondencia fiscal?

Por Adrián Ravier. Publicado el 26/2/16 en: http://opinion.infobae.com/adrian-ravier/2016/02/26/coparticipacion-federal-o-correspondencia-fiscal/

 

Dada la precariedad de las cuentas públicas, existe consenso en la necesidad de abrir un diálogo acerca de cambios en la coparticipación federal de impuestos. Son pocos, sin embargo, los estudios que proponen una verdadera modificación del sistema. En su lugar, se promueven distintas formas arbitrarias de redistribuir los ingresos, que ignoran la pregunta primordial: ¿por qué continuar con la coparticipación? ¿Por qué no retornar a un federalismo real, basado en el principio de correspondencia fiscal? Alberto Porto, de la Universidad Nacional de La Plata y Jorge Ávila, de la Universidad del CEMA, son quizás excepciones entre los economistas que marcaron este problema central en las finanzas públicas argentinas. 

Antecedentes históricos

A principios del siglo XX, regía en la Argentina una clara estructura de imputabilidad fiscal. La nación financiaba sólo un 5% del gasto público provincial. Este hecho aseguraba un auténtico federalismo fiscal y garantizaba la vigencia del principio de correspondencia.

La correspondencia fiscal supone que existe un vínculo entre las decisiones de gasto extra del Gobierno provincial y el esfuerzo contributivo adicional de los votantes provinciales. Este principio es la clave para una buena gestión del gasto público, el que nos asegura que el gasto no excederá el nivel que los votantes están dispuestos a sufragar; garantiza que su composición se ajustará a las demandas de la población.

Pese a las advertencias y las críticas de prestigiosos constitucionalistas (Germán Bidart Campos, Rafael Bielsa, Horacio García Belsunce, Carlos María Giuliani Fonrouge, Dino Jarach y Segundo Linares Quintana), a partir de 1935 las provincias cedieron potestades tributarias sustantivas a la nación. Como consecuencia, la nación pasó a fijar bases de imposición y alícuotas, creó nuevos tributos y procedió a recaudar y coparticipar (transferir) recursos a las provincias.

En 1939, el nuevo federalismo fiscal aumentó a 29% la fracción de gasto provincial financiado con transferencias nacionales. Los impuestos creados en la década de 1950 profundizaron todavía más la disociación entre las responsabilidades de gasto y de financiamiento en las provincias, que llegaron en 1960 a un 47% del gasto provincial financiado con recursos nacionales. Luego de escalar a un 62% en 1977, la proporción alcanzó su máximo histórico en 1983, con el retorno a la democracia, al fijarse en 72 por ciento. Varios analistas señalan que nunca fue la Argentina tan poco federal como entonces.

En el período 2003-2008, más del 60% del gasto público de las provincias reconoció financiamiento nacional, circunstancia más propia de una organización unitaria que de una federal.

 

Ausencia de correspondencia fiscal: ganadores y perdedores

El cuadro n.º 1 muestra precisamente la ausencia de correspondencia fiscal que gobernó a las provincias argentinas durante el período 2003-2008, considerando que —en promedio— la recaudación de la nación participó en un 60,9% de los ingresos provinciales.

La situación, sin embargo, no fue igual para todas las provincias. Tomando en cuenta los porcentajes de participación de recursos nacionales en los ingresos provinciales, podríamos separar cuatro grupos.

En primer lugar, tenemos en este período a aquellas provincias cuyas transferencias tributarias nacionales componen menos de un 60% de sus ingresos tributarios. Tal es el caso de las provincias de Buenos Aires (45,5%) y Neuquén (56%).

El caso de la Ciudad de Buenos Aires (11,4%) no es comparable con el resto de las autonomías provinciales si consideramos que percibió servicios de transporte, seguridad o Justicia financiados por la nación que deberían ser sumados a los montos transferidos. El reciente traspaso de fondos para pasar la seguridad a manos de la ciudad contribuye a hacer comparables estos números.

En segundo lugar, contamos con aquellas provincias que reciben de la nación entre un 60 y un 70% de sus ingresos. Tal es el caso de Mendoza, Santa Fe, Córdoba, Chubut y Santa Cruz.

cuadro 1 ravier

Nota: (1) Representa el total de la recaudación que la nación transfiere a provincias
* El dato 2008 corresponde sólo al primer semestre.

En tercer lugar, encontramos un grupo de provincias que componen entre un 70% y un 85% de sus ingresos con recaudación nacional. Aquí encontramos a Tierra del Fuego, Río Negro, La Pampa, Entre Ríos, Tucumán, San Luis, Salta y Misiones.

En cuarto lugar, encontramos los casos extremos en los que ninguna provincia logra recaudar más de un 15% de sus ingresos tributarios. Tal es el caso de San Juan, Corrientes, Chaco, Jujuy, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja y Formosa. En estos casos, el principio de correspondencia fiscal está quebrado. La mayor ausencia de correspondencia se verifica precisamente en Formosa, provincia que logra recaudar sólo un 5,5% de sus ingresos.

El cuadro no pudo actualizarse debido a que la mayoría de las provincias no presenta información actualizada sobre su recaudación, especialmente las provincias del último grupo, pero hay excepciones. El cuadro n.º 2 contribuye a actualizar algunos de estos números.

cuadro 2 ravier

Al comparar la información de 2014 con 2008, puede notarse que la situación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sigue siendo similar, aunque cambiará el año próximo con el traspaso de fondos de nación a ciudad de Buenos Aires para hacerse cargo de la seguridad. Neuquén y Buenos Aires siguen siendo también las provincias menos dependientes de las transferencias nacionales. Tucumán, por su parte, mantiene una fuerte dependencia de los recursos transferidos de nación.

 

Consecuencias de la ausencia de correspondencia fiscal

Completo el diagnóstico, podemos observar a continuación algunas implicancias de esta situación:

1. Incentivo del incremento constante del gasto público provincial. La nación afronta el costo político de recaudar, la provincia recibe el beneficio político de gastar y el contribuyente mira con indiferencia el ir y venir de fondos. Este desequilibrio vertical conduce a los gobernadores de varias provincias a emprender obras públicas sin considerar la voluntad de los contribuyentes de financiar el proyecto. En todo caso, los recursos no los proveen los ciudadanos de cada provincia, sino el conjunto de la nación.

2. Ausencia de ciudadanía fiscal. Nada incentiva al contribuyente a controlar y reclamar una buena gestión del gasto público en su jurisdicción. En otras palabras, el sistema conspira contra el cumplimiento tributario voluntario de los contribuyentes, que deben pagar los impuestos a un nivel de Gobierno distinto a aquel que, en general, perciben que les presta o financia el servicio.

3. Incremento de la evasión impositiva. Las causas de la evasión impositiva en la Argentina son varias y complejas, pero el régimen de coparticipación no está exento de culpa. ¿Qué incentivo tiene, por ejemplo, el gobernador de San Juan a colaborar con los inspectores de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en la detección de evasores, cuando por cada cien pesos que se recauden gracias a la movilización de su policía y el cierre de negocios y locales, la provincia recibiría apenas $1,90? (El gobernador hace esta cuenta: $100 multiplicados por 0,57, que es la participación primaria de las provincias, multiplicados por 0,0338, según ley 23558, que es la participación secundaria de San Juan, es igual a $1,90). Y con respecto a la nación, aunque la distorsión de incentivos en este caso es menor, cabe preguntar: ¿no se esforzaría más la AFIP si de cada $100 recaudados, la nación pudiera gastar $100 en vez de los $43 que le asigna el régimen de coparticipación?

Ya es conocida públicamente la estrategia utilizada por los gobernadores de expulsar a los inspectores de la AFIP cuando estos comienzan a controlar los establecimientos de sus provincias.

4. Premio al lobby. Con regímenes de distribución de fondos como la coparticipación existe un poderoso incentivo para que los gobernadores inviertan mucho ingenio, esfuerzo y tiempo en Buenos Aires, en el intento de modificar las reglas de juego a su favor. Un ejemplo en tal sentido es la promoción industrial basada en exenciones de grandes tributos nacionales sujetos a coparticipación, como IVA e impuesto a las ganancias. De cada $100 que le cuestan las exenciones al país, una provincia como San Juan pierde $1,90 y gana la radicación industrial, y con ella, una variedad de beneficios sobre el empleo, la actividad económica y las rentas generales de la jurisdicción. El saldo es netamente favorable a la provincia y su consecuencia es obvia e inevitable.

5. Riesgo moral. El riesgo moral es un concepto que en economía se utiliza para describir una situación en la que un individuo, aislado de la consecuencia de sus acciones, podría cambiar su comportamiento del que habría tenido si hubiera estado expuesto completamente a las consecuencias de sus acciones. Esto describe precisamente lo que ocurre con algunas provincias.

Cuando el gasto público provincial se financia en tan alta proporción con recursos nacionales, la nación sufre una consecuencia sutil pero recurrente. A los ojos de las provincias, el Gobierno nacional se convierte en el responsable último de las caídas de las remesas de fondos, cualquiera fuera su causa.

La paradoja es que históricamente la nación ha asumido tal responsabilidad y convalidado los déficit de las provincias a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, o bien a través de la atención directa de los servicios de deuda de los organismos multilaterales de crédito. Esta actitud sesga las finanzas provinciales hacia la bancarrota.

6. Ausencia de transparencia. En la actualidad rige un complejo sistema de remesas basado en: a) la coparticipación federal de impuestos, que distribuye la recaudación de los tres principales impuestos nacionales (valor agregado, ganancias e internos) de acuerdo con ponderados mágicos, después de descontarle una pre-coparticipación para las grandes urbes y otra para el sistema previsional; b) varias coparticipaciones menores y paralelas, que distribuyen otras recaudaciones según criterios ad hoc, y c) aportes del Tesoro Nacional distribuidos en forma discrecional.

No existe un criterio único de reparto, ni existe un organismo único que administre el reparto. Nos movemos dentro de un laberinto fiscal que hace imposible que el votante-contribuyente pueda identificar qué nivel de gobierno o cuál organismo estatal es el que gasta o grava y con qué fin. Está rota, en consecuencia, una relación costo-beneficio que es indispensable para asegurar la eficiente acción del Estado.

 

Conclusiones

La Argentina presenta una centralización de sus ingresos en la nación, pero una descentralización en los gastos.Avanzar hacia un federalismo real implicaría avanzar únicamente en la descentralización de la recaudación tributaria.

Lo que proponemos es que cada provincia se responsabilice por generar los recursos que luego gastará, para así alcanzar responsabilidad fiscal y limitar el crecimiento del gasto. Ir en este sentido supone modificar completamente los incentivos en la administración pública provincial y aun en el contribuyente, además de limitar el poder que hoy posee el ejecutivo a través de su gasto discrecional.

 

Adrián Ravier es Doctor en Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Master en Economía y Administración de Empresas por ESEADE. Es profesor de Economía en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa y profesor de Macroeconomía en la Universidad Francisco Marroquín.

ALINEAR INCENTIVOS

Por Alberto Benegas Lynch (h)

No se trata de fabricar seres humanos según el molde de algún megalómano ni “hombres nuevos”, sino de tomar a las personas como son y encontrar el mejor camino para que cada uno pueda seguir su proyecto de vida sin lesionar derechos del prójimo. Cada cual responderá ante su conciencia por sus actos, pero nadie debiera tener la facultad de entrometerse en la vida ni en las haciendas de otros a menos que se recurra al derecho de autodefensa en vista del uso de la fuerza agresiva.

En última instancia, se trata de una cuestión de incentivos que permitan la cooperación libre y pacífica. Independientemente de la bondad o la maldad de distintos individuos, los incentivos adecuados ponen límites estrictos a la invasión a los derechos de cada cual y estimulan el entendimiento de la gente en pos de sumas positivas. En este cuadro de situación se tenderá a sacar lo mejor de cada uno, a diferencia de incentivos perversos que tienden a sacar lo peor de las personas.

Los incentivos de todos operan en dirección a pasar de una situación menos favorable a una que le proporcione al sujeto actuante una situación más favorable. Esto es independiente de cuales sean las particulares y subjetivas metas de cada uno. Siempre será un incentivo este paso de una situación a otra y será un desincentivo lo contrario (a veces denominado contraincentivo). Para que esto ocurra es indispensable una atmósfera de libertad cuya contratara es la responsabilidad.

Como todo no puede realizarse al mismo tiempo, cada uno, de modo explícito o implícito establece una jerarquía de valores en cuyo contexto no resultan posibles las comparaciones intersubjetivas y siempre estarán presentes los costos de oportunidad (al proceder en determinada dirección debe renunciarse a otra).

Los arreglos contractuales ajustan distintas situaciones al efecto de alinear intereses, tal como sucede en los ejemplo elementales del empleado y el empleador o de los gerentes y los accionistas (respectivamente agente y principal en cada caso) o cuando aparece la posibilidad de selección adversa o el riesgo moral (por ejemplo cuando compañías de seguros que optan por asegurar en grupos para evitar primas elevadas y así distribuir riesgos).

El entramado de incentivos que permiten la armónica y productiva cooperación social está basado en la institución de la propiedad privada. Dado que los recursos son limitados en relación a las necesidades ilimitadas, la propiedad privada permite que se les de el uso más eficiente a los factores de producción disponibles. El cuadro de resultados establece un sistema de recompensas para quienes mejor atienden las necesidades del prójimo y de castigo para quienes se equivocan en el uso de sus recursos en cuanto a las preferencias de los demás. Asimismo, este aprovechamiento de los bienes existentes conduce a la maximización de las tasas de capitalización, lo cual, a su turno, hace que aumenten los salarios e ingresos en términos reales.

En cambio, cuando irrumpe “la tragedia de los comunes” donde no se asignan derechos de propiedad, el panorama de incentivos se modifica sustancialmente. El comportamiento de personas que viven en un mismo edificio es radicalmente distinto cuando cada uno posee un departamento respecto a cuando todo es de todos. El trato cambia, los modales y la convivencia operan de forma diferente. Como queda dicho, el derecho de propiedad hace florecer lo mejor de las personas, mientras que la colectivización muestra la peor cara. En cada intercambio libre y voluntario, es decir, en el contexto de la sociedad contractual, las partes se agradecen mutuamente, sea en una transacción comercial o en una simple conversación, por el contrario, cuando todos pelean por lo que existe sin que nadie tenga títulos de propiedad se traduce en la lucha de todos contra todos.

El derecho a la propiedad privada deriva del derecho a la vida: la posibilidad de usar y disponer el fruto del propio trabajo y muchos de los goces no crematísticos están también vinculados con esa institución, como la libertad de expresión atada a la propiedad de imprentas, periódicos, ondas electromagnéticas y equivalentes, la preservación de la intimidad presupone la inviolabilidad del domicilio, el matrimonio supone el respeto a los consiguientes arreglos contractuales, el teatro y el cine libres e independientes dependen de edificios y otras propiedades, y así sucesivamente.

Como ya he apuntado en otras ocasiones, el contrato implica la propiedad y la vida es una serie prácticamente sin interrupción de contratos. Nos levantamos a la mañana y tomamos el desayuno (estamos en contacto con transferencias de derechos de propiedad a través de la compra-venta, sea del refrigerador, el microondas, el pan, la leche, la mermelada, los cereales, el jugo de naranja o lo que fuere). Tomamos un taxi, un tren, un bus y llevamos los hijos al colegio (contratos de adquisición, de enseñanza, de transporte). Estamos en el trabajo (contrato laboral), encargamos a nuestra secretaria ciertas tareas (mandatos) y a un empleado un trámite bancario (contrato de depósito), para solicitar un crédito (contrato de mutuo) o para operar ante cierta repartición (gestión de negocios). Alquilamos un inmueble para las vacaciones (contrato de locación), ofrecemos garantías (contrato de fianza). Nos embarcamos en una obra filantrópica (contrato de donación). Resolvemos los modos de financiar las expensas de nuestra oficina o domicilio (contrato societario), etc. Este haz de contratos solo tiene sentido si no se dispone de los derechos que se intercambian. En esta trama de intercambios consiste la célebre figura de “la mano invisible”, no es que las cosas suceden arbitrariamente y por casualidad sino que procede cada cual con el acuerdo de su prójimo y no lo imponen los burócratas a su medida.

El objetivo en este clima de tolerancia recíproca estriba en contar con marcos institucionales que logren estos propósitos nobles para que cada uno pueda proseguir con su vida sin lesionar derechos de terceros. Entonces,  en este cuadro de situación, deben estudiarse cuidadosamente los incentivos inherentes al monopolio de la fuerza que denominamos gobierno al efecto de evitar tensiones y contradicciones de incentivos y compararlos con las posibles alineaciones que puedan surgir en los debates que se llevan a cabo respecto a las externalidades, los bienes públicos y el dilema del prisionero y proceder en un contexto evolutivo sin pretender la perfección que nunca estará al alcance de los mortales y sin pretender nunca introducir tajos abruptos en la historia sino a través de la comprensión de números suficientes de personas que estén persuadidas de los caminos a tomar con la plena conciencia de que nunca se llegará a una meta final y que las corroboraciones son provisorias sujetas a refutaciones.

Por último, debe destacarse que los incentivos a defenderse de situaciones difíciles y amenazantes abren las puertas a procesos que aun sin deliberadamente dirigirse a la filosofía de la sociedad abierta, de hecho la apuntalan vía órdenes espontáneos más complejos y ricos que los que cada uno podría concebir. Ejemplos de ello son los crecientes sistemas educativos digitales paralelos a las universidades establecidas (muy especialmente la excelencia del ahora muy difundido MOOC), el home-schooling, las escuelas virtuales y el correspondiente coaching  que elimina en estos rubros las autoridades gubernamentales de control, los barrios cerrados que disminuyen el peso de las calles y las iluminaciones estatales, la seguridad privada que minimiza el requerimiento de la policía oficial, los arbitrajes que en gran medida dejan de lado la justicia gubernamental y las mutuales de medicina que barren con los esquemas impuestos por los aparatos estatales, que pueden extenderse a públicos mucho más amplios en la medida en que los sindicatos no operen coactivamente en los monopolios denominados “obras sociales”.

Es importante prestar atención a procesos evolutivos abiertos sin la participación de los obstinados por manipular el fruto del trabajo ajeno, quienes se sienten con “derecho” sobre la vida del prójimo que todavía debe agradecerles sus sandeces, puesto que como escribe Norbert Bilbeny en El idiota moral “la necedad constituye un enemigo más peligroso que la maldad. Ante el mal podemos al menos protestar, dejando al descubierto y provocar en el que lo ha causado alguna sensación de malestar. Ante la necedad, en cambio, ni la protesta surte efecto. El necio deja de creer en los hechos e incluso los critica; se siente satisfecho de sí mismo y si se le irrita pasa al ataque”.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. En Administración. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y fue profesor y primer Rector de ESEADE.