El gran programa para destruir el empleo

Por Enrique Blasco Garma. Publicado el 28/4/16 en http: http://www.libertadyprogresonline.org/2016/04/28/el-gran-programa-para-destruir-el-empleo/#.VyIOa4-1op0.facebook

 

Las centrales obreras y partidos políticos de la oposición están proponiendo prohibir/encarecer los despidos para todos los empleados actualmente. Esto es modificar retroactivamente los contratos. De buenas intenciones está sembrado el camino al infierno. Y la impericia asegura fracasos.

¿Usted arriesgaría capitales y esfuerzos personales en un país que cambia retroactivamente condiciones contractuales fundamentales? Como el contrato laboral. ¿Se sentiría invitado a participar de la aventura de crear riqueza en semejante contexto? Por más que los funcionarios lo inviten a invertir, los empresarios e inversores se espantarían ante riesgos tan palmariamente inmanejables e imprevisibles. Si el Congreso aprobase una ley impidiendo despidos, ¿qué esperanzas tendrían los millones de desempleados y los jóvenes buscando empleos y mejorar sus condiciones actuales? Adiós ilusiones.

Una prohibición lleva a otra. La Argentina tiene un récord mundial espantando a empresas y trabajadores con prohibiciones retroactivas desde hace demasiado tiempo. Congelar desalojos destruyó la construcción y la oferta de alquileres durante decenas de años, restando posibilidades de mejorar las condiciones de vida a millones de familias. Congelar depósitos bancarios redujo el sistema financiero hasta la menor expresión entre las naciones de la región. El default nos cortó el ingreso de capitales y la inversión. Prohibir lo que es legal en el mundo no logró más que ahuyentar oportunidades de progreso para el conjunto de los argentinos.

El caso opuesto son los países avanzados y los que verdaderamente progresan. En los EE.UU. la total libertad para decidir el “está despedido” alimentó el mercado laboral más dinámico del planeta y, actualmente, la desocupación es superbaja, un 5%. Las naciones europeas, donde el despido es más dificultoso, tienen mucho mayor desempleo. Pero a nadie se le podría ocurrir modificar los contratos retroactivamente, como pretenden sindicatos y partidos políticos ahora en nuestro país.

¿Usted iría a una invitación si no está seguro de poder salir? ¿Contrataría con alguien si el Gobierno pudiese alterar sorpresivamente las condiciones previamente pactadas? ¿Qué harían los mismos proponentes de los congelamientos de los despidos si cualquiera de sus decisiones y logros pudiesen alterarse retroactivamente por voluntad de un tercero? ¿Cómo quitarles la casa/auto que compró?

El PBI y el empleo miden las actividades para generar riqueza. Y la riqueza de una nación es la suma de los derechos individuales de propiedad y calidad de vida. Un conjunto de contratos. Con la modificación de las condiciones contractuales acordadas, toda la estructura de creación de riqueza y derechos personales se desmoronaría. Justamente, las naciones más retrasadas del planeta son aquellas donde los derechos individuales son menos resguardados. Si las reglas pudiesen modificarse retroactivamente, ni el fútbol, deportes organizados y actividades productivas pudiesen tener el actual esplendor. Por eso, el lema de la Revolución Francesa “una misma ley (un mismo contrato y medida) para todos los hombres, para todos los tiempos” encendió las esperanzas de la humanidad. La incertidumbre generada por el rompimiento de los contratos por iniciativa gubernamental es el peor enemigo del progreso. No nos suicidemos.

 

Enrique Blasco Garma es Ph.D (cand) y MA in Economics University of Chicago. Licenciado en Economia, Universidad de Buenos Aires. Es Economista del Centro de Investigaciones Institucionales y de Mercado de Argentina CIIMA/ESEADE. Profesor visitante a cargo del curso Sist. y Org. Financieros Internacionales, en la Maestria de Economia y C. Politicas, ESEADE.

LA INMORALIDAD DEL SOCIALISMO

Por Alberto Benegas Lynch (h)

 

Los sistemas sociales en última instancia debe ser juzgados por sus fundamentos éticos, es decir, por su capacidad de respetar la dignidad del ser humano, por la consideración a las sagradas autonomías individuales y, por consiguiente, a las mejores condiciones de vida posibles en este mundo, espirituales y materiales según sean las preferencias de cada cual dada la liberación máxima de las energías creativas.

 

Los socialismos en cualquiera de sus variantes significan quitar en mayor o menor medida la libertad de las personas por parte del monopolio de la fuerza que llamamos gobierno. No tiene sentido alguno hablar de moral cuando no hay libertad. No es moral ni inmoral aquél acto que se realizó por medio de la violencia y es pertinente recordar que la libertad significa ausencia de coacción por parte de otros hombres. No es correcto extrapolar la idea de libertad en el contexto de relaciones sociales a otros campos como la biología o la física. Como hemos subrayado antes, no se deja de ser libre en el sentido de las relaciones sociales cuando se comprueba el hecho de que hay personas que alegan no “son libres” de bajarse de un avión en pleno vuelo, o de ingerir arsénico sin sufrir las consecuencias, ni son “menos libres” los que están aferrados al tabaco. En este contexto carece de significación sostener que los pobres  “no son libres” para comprarse un automóvil de lujo con lo que se confunde la idea de la libertad con la de oportunidad. Sin duda que el lisiado no puede ganar una competencia de cien metros llanos, pero esto nada tiene que ver con la libertad en el contexto de las relaciones sociales.

 

Pero tal vez lo más relevante sea comprender que la libertad permite que cada uno se ocupe de sus asuntos sin que se le resulte posible lesionar derechos de otros y,  en ese ámbito, cada uno sepa que para prosperar debe inexorablemente mejorar la condición social de su prójimo sea en campos espirituales o materiales, sea brindando buenos consejos o brindando bienes y servicios que le agraden a sus congéneres. Así, en el terreno puramente material, los que aciertan obtienen ganancias y los que yerran incurren en quebrantos. Ese es el modo por medio del cual en una sociedad abierta se asignan derechos de propiedad. Los resultantes no son posiciones irrevocables, sino cambiantes siempre según la capacidad y dedicación de cada cual para atender los requerimientos de otros.

 

Hoy en día desafortunadamente tienen mucho predicamento las distintas manifestaciones de socialismo,  situación que al dañar el derecho de propiedad de la gente hace que la pobreza se extienda por doquier, a pesar de lo cual, cuando se presenta la posibilidad de pequeños islotes de libertad relativa, la consecuencia es un portentoso progreso.

 

Uno de los elementos centrales en este debate consiste en la igualdad. Ya en los albores de la Revolución Francesa, antes de los estropicios de la contrarrevolución jacobina, en los dos primeros artículos de la célebre Declaración se establecía la igualdad de derechos pero nunca la manía moderna del pretendido igualitarismo de ingresos y patrimonios que al imponer la guillotina horizontal empobrece a todos pero de modo especial a los más débiles. Esto es así porque los aparatos políticos al redistribuir compulsivamente lo que la gente ya distribuyó voluntariamente con sus compras en el supermercado y afines, provoca consumo de capital que, a su turno, necesariamente reduce salarios.

 

Este es un tema crucial: entender que el único modo de elevar salarios consiste en incrementar inversiones. No hay magias posibles en economía, lo contrario permitiría que se aumenten ingresos por decreto con lo que nos podrían hacer a todos millonarios. Pero las cosas no son así, hay que trabajar, ahorrar e invertir para elevar el nivel de vida. Y, a su vez, para atraer inversiones es indispensable contar con marcos institucionales civilizados de respeto recíproco.

 

En la medida que los gobiernos jueguen al Papá Noel con el fruto del trabajo ajeno (ningún gobernante pone a disposición su patrimonio), los resultados serán nefastos. Es inaceptable concebir una sociedad como un gran círculo donde cada uno tiene metidas las manos en los bolsillos del vecino. Esto es lo que se conoce en economía como “la tragedia de los comunes”: lo que es de todos no es de nadie y por tanto son nulos los incentivos para usar adecuadamente los siempre escasos recursos. La forma en que se prenden las luces y se toma café en el ámbito privado no es la misma en ámbitos estatales.

 

Por supuesto que lo dicho en cuanto a lo que ocurre en mercados abiertos y competitivos no sucede cuando pseudoempresarios se alían con el poder político de turno para conquistar privilegios y prebendas a espalda de la gente. En este caso sus ingresos y patrimonios no son el resultado de satisfacer a otros sino que son la consecuencia de una miserable explotación.

 

Es habitual que se vea a la riqueza como un proceso de suma cero, es decir que lo que tiene fulano es porque no lo tiene mengano. Esto no es correcto, la riqueza es un concepto dinámico no estático en el que nos pasamos de uno a otro los mismos bienes existentes. El que vende algo a cambio de dinero es porque aprecia en más el dinero que el bien que entrega a cambio y viceversa con el comprador. Ambas partes se enriquecen en la transacción donde hay intercambios libres.

 

No es cuestión de decir que se trata de contar con “visiones nobles y sublimes” y que por ende no se aceptan explicaciones pedestres basadas en la ciencia económica. Si se habla de pobreza material y de sufrimiento de quienes viven una vida miserable, es indispensable recurrir a la economía. Sin embargo, es frecuente que no se quieran oír las recetas económicas serias porque son “materialistas” y, simultáneamente, se alaban medidas económicas que arruinan a todos pero muy especialmente a los más necesitados puesto que cada vez que se sugieren dislates económicos de hecho se ataca a los más débiles por más buenas intenciones que se tengan (“los caminos del infierno están pavimentados con buenas intenciones”).

 

Hay además una cuestión básica referida a que el conocimiento está disperso y fraccionado entre millones de personas en la sociedad. La institución de la propiedad privada hace posible el sistema de precios que, a su vez, coordina ese conocimiento disperso y fraccionado al efecto de servir las preferencias y requerimientos de la gente.

 

He citado ad nauseam la ilustración que propone John Stossel y es que nos imaginemos un trozo de carne envuelto en celofán en la góndola de un supermercado y nos invita a cerrar los ojos y pensar en el largo y complejo proceso por el cual ese bien está finalmente a disposición masiva de los consumidores. Los agrimensores en los campos, los alambrados, los postes y sus antecedentes que significan emprendimientos de décadas para la forestación y reforestación junto a los transportes, las cartas de crédito, el personal y tantas otras facetas, el arado, las cosechas, los fertilizantes,  los pesticidas, el ganado, los peones y sus caballos, las empresas de riendas y monturas, en fin tantas actividades empresarias horizontal y verticalmente consideradas. Nadie está pensando en el trozo de carne en el supermercado sino en sus tareas específicas y, sin embargo, el producto está en la góndola debido a la coordinación de millares de operaciones debido al sistema de precios que trasmite información, como decimos, siempre dispersa y fraccionada.

 

Luego vienen los sabihondos que dicen que “no puede dejarse el proceso a la anarquía del mercado” e intervienen y producen desajustes mayúsculos en el celofán, la carne, la góndola y el supermercado hasta que no hay nada para nadie en los casos en los que la soberbia de los burócratas es grande.

 

Por esto es que no tiene el menor sentido afirmar que se es “liberal en lo político pero no en lo económico”, es lo mismo que sostener que se cree en la libertad en el continente (el marco) y no en el contenido (en las acciones diarias de la gente). De nada sirve la libertad política que establece ciertos derechos si cuando se actúa todos los días comprando y vendiendo se bloquea la libertad. Y tengamos en cuenta que la actividad diaria se enmarca en un abanico de contratos, unos explícitos y la mayoría implícitos. Desde que uno se levanta a la mañana y se lava los dientes y toma el desayuno hay contratos de compra-venta del dentífrico, la mermelada, el café, el microondas, la heladera etc., el viaje al trabajo (contrato de transporte), el trabajo mismo (contrato laboral) y así sucesivamente con la educación de los hijos en los colegios o universidades, los bancos, el estacionamiento de los vehículos y todo lo demás. Cuando los aparatos estatales se entrometen en estos millones y millones de arreglos contractuales se generan problemas graves de desajustes y crisis varias.

 

Por otra parte, al distorsionar precios, la contabilidad, la evaluación de proyectos y el cálculo económico en general quedan desdibujados. En rigor, eliminados los precios, no se sabe si conviene construir caminos con pavimento o con oro (si alguien manifiesta que con oro sería un derroche, es porque recordó los precios antes de eliminarlos). Pero lo relevante es mostrar que no es necesario  llegar a este extremo para que aparezcan  los problemas: en la medida de la intervención estatal, en esa medida surgen los cimbronazos.

 

Ya que estamos hablando de precios, es oportuno apuntar que cuando se imponen precios máximos a un producto, no solo se expande la demanda y se contrae la oferta con lo que aparecen faltantes, sino que los recursos tienden a volcarse a otros ramos con lo que los funcionarios habitualmente extienden los controles a esos otros sectores con lo que se van ampliando los efectos de las garras del Leviatán por todos los vericuetos de las relaciones sociales. Ese es el sentido del dictum de George Bernard Shaw al decir que “un comunista no es más que un socialista con convicciones”.

 

En otros términos, los socialismos recortan libertades y por más que los ingenuos se alarmen por los Gulag, los controles policiales contra fenómenos que son consubstanciales a la naturaleza humana como la especulación, terminan por ahogar aquello que muchos de ellos querían preservar. Dicho sea al pasar, especulación quiere decir conjeturar que se pasará de una situación menos satisfactoria a otra que le proporcionará mayor satisfacción a quien actúa, y esto va para todas las acciones posibles, no hay acción sin especulación, los gobiernos solo deben velar para que no se lesionen derechos.

 

Por eso concluye el premio Nobel en economía Friedrich Hayek en Los elementos morales de la libre empresa que “Está en la esencia de la sociedad libre que se debe recompensar materialmente no por hacer lo que otros nos ordenan hacer sino por hacer lo que necesitan […] La libre empresa ha desarrollado la única forma de sociedad que mientras nos provee con amplias medios materiales -si eso es lo que queremos- deja al individuo libre para elegir entre recompensas materiales y no materiales […] Es injusto culpar al sistema como materialista porque, en lugar de decidir por él, deja al individuo que decida si prefiere ganancias materiales a otro tipo de excelencias”. Por mi parte, por eso defino al liberalismo como el respeto irrestricto a los proyectos de vida de otros.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa.

Mises a Kiciloff: nunca hubo un argumento serio contra la relación entre precios y cantidad de moneda

Por Martín Krause. Publicado el 21/9/15 en: http://bazar.ufm.edu/mises-a-kiciloff-nunca-hubo-un-argumento-serio-contra-la-relacion-entre-precios-y-cantidad-de-moneda/

 

Argentina, o Venezuela, han vuelto al conocimiento y la comprensión que se tenía hace unos sesenta años en cuanto a la inflación se refiere. En Junio de 1959, Ludwig von Mises dictó seis conferencias en Buenos Aires. Éstas fueron luego publicadas y las consideramos con los alumnos de la UBA en Derecho. Su cuarta conferencia se tituló, precisamente “Inflación”. Mises comenta:

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“Si la provisión de caviar fuera tan abundante como la provisión de papas, el precio del caviar – esto es el tipo de intercambio entre el caviar y el dinero o entre el caviar y otros productos – cambiaría considerablemente. En este caso se podría obtener caviar a un sacrificio menor que el que se requiere actualmente. De la misma manera, si se incrementa la cantidad de dinero, el poder de compra de la unidad monetaria se reduce, y la cantidad de bienes que puede obtenerse por una unidad de esa moneda también se reduce.

Cuando, en el Siglo XVI, los depósitos de oro y plata en América fueron descubiertos y explotados, enormes cantidades de los metales preciosos fueron transportadas a Europa. El resultado de este incremento en la cantidad de dinero fue una tendencia general a un movimiento hacia arriba de los precios en Europa. De la misma manera, en la actualidad, cuando un gobierno incrementa la cantidad de papel moneda, el resultado es que el poder de compra de la unidad de moneda comienza a caer, y los precios a subir. Esto es denominado inflación. Desgraciadamente, en los EEUU, como así también en otros países, la gente prefiere atribuir la causa de la inflación no al incremento de la cantidad de moneda sino, más bien, al incremento de los precios.

Sin embargo, nunca ha habido algún argumento serio contra la interpretación económica de la relación entre los precios y la cantidad de moneda, o el tipo de intercambio entre el dinero y otros bienes, productos y servicios. Bajo las actuales condiciones tecnológicas, nada hay más fácil que producir pedazos de papel sobre los cuales se imprimen ciertas cantidades monetarias. En los EEUU, donde todos los billetes son del mismo tamaño, no le cuesta más al gobierno imprimir un billete de mil dólares que imprimir un billete de un dólar. Se trata meramente de un procedimiento de impresión que requiere la misma cantidad de papel y tinta.

En el Siglo XVIII, cuando se hicieron los primeros intentos de emitir billetes de banco y de otorgar a estos billetes de banco la característica de curso legal – esto es, el derecho de ser aceptados en las transacciones de intercambio de la misma manera en que eran aceptadas las piezas de oro y de plata – los gobiernos y las naciones creyeron que los banqueros tenían algún conocimiento secreto que les permitía – de la nada – producir riqueza. Cuando los gobiernos del Siglo XVIII se  encontraban en dificultades financieras, pensaban que lo único que necesitaban era un banquero inteligente a la cabeza de su administración financiera para deshacerse de las dificultades.

Algunos años antes de la Revolución Francesa, cuando la realeza de Francia estaba en problemas financieros, buscó un banquero así de inteligente y lo designó en una alta posición. Este hombre era, en todos los aspectos, lo opuesto de la gente que, hasta ese momento, había gobernado Francia. Primero que todo, no era un francés, era un extranjero – un suizo de Ginebra – Jacques Necker. Segundo, no era un miembro de la aristocracia, era un hombre del común. Y lo que era aún más importante en la Francia del Siglo XVIII, no era católico, era protestante. Y así, Monsieur Necker, el padre de la famosa Madame de Staël, se convirtió en el Ministro de Finanzas, y todos esperaban que él resolviera los problemas financieros de Francia. Pero a pesar del altísimo grado de confianza que disfrutaba Monsieur Necker, el tesoro real permanecía vacío; el mayor error de Monsieur Necker había sido su intento de financiar la ayuda a los colonos Norte Americanos en su guerra de independencia contra Inglaterra, sin aumentar los impuestos. Este era ciertamente el camino equivocado para acometer la solución de las dificultades financieras de Francia.”

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade).

REFLEXIONES SOBRE EL ESTADO DEL VATICANO.

Por Gabriel J. Zanotti. Publicado el 5/4/15 en: http://gzanotti.blogspot.com.ar/2015/04/reflexiones-sobre-el-estado-del-vaticano.html

 

Después del debate que se armó esta semana al respecto, lo conveniente sería, tal vez, no decir nada más, pero no me he pasado la vida, precisamente, diciendo lo conveniente.

El tema despierta pasiones, pero bueno, aquí voy.

No es cuestión de condenar sin distinciones el pasado de la Iglesia y el uso de su poder temporal. Hay que recordar en primer lugar que si hubo algo que cortó de raíz la idea de un poder temporal como expresión de la divinidad, fue el Judeo-Cristianismo, como bien recuerda Ratzinger en su Introducción al Cristianismo. Pero el poder político, como tal –que no es lo mismo que “el estado”- no fue condenado por Jesucristo. Es comprensible, por ende, que después del Edicto de Constantino, el entusiasmo por una Roma “cristianizada” comenzara una relación entre Iglesia y poder temporal que dura casi 17 siglos. Por lo demás, la Iglesia cumplió, luego de la caída del Imperio Romano de Occidente, una función temporal subsidiaria, civilizadora, que explica que el Renacimiento Carolingio fuera un renacimiento “cristiano” porque toda Europa era ya cristiana. Ya en la Alta Edad Media, no se puede hablar de “estado” como hablamos hoy. La Iglesia no tenía un estado en ese sentido, sino que era el criterio de legitimidad del Emperador –un criterio clerical, si-. Las cosas hubieran evolucionado de un modo tranquilo en otro universo paralelo: Santo Tomás afirma tranquilamente que un reino NO cristiano puede ser “bueno” y la Segunda Escolástica comienza a establecer una teoría católica de la des-clericalización del poder –aparte de sus contribuciones a la economía de mercado-. Pero nuestro universo fue otro. La lucha armada entre católicos y protestantes, más el surgimiento de las monarquías nacionales, impidieron una fina evolución de la doctrina escolástica. Los reyes imponían su credo a tu territorio como modo de solucionar la contienda entre ambas denominaciones cristianas, y la circunstancia histórica no estaba preparada para nada más. Los territorios pontificios quedaron como una monarquía absoluta más, a la defensiva, además, frente al laicismo de la Revolución Francesa y el avance del Imperio Napoleónico.

Finalmente, como sabemos, Garibaldi avanza sobre los territorios pontificios y Pío IX se declara prisionero del “estado” Italiano, “estado” ahora en términos de estado-nación, algo inconcebible anteriormente.

La “cuestión romana” tarda décadas en cicatrizar. Como todos sabemos Pío IX firma el tratado de Letrán con Mussolini de lo cual surge el “estado pontificio” actual, casi una ficción, pero que da a la Iglesia del s. XX la libertad de movimientos y autonomía que necesitaba.

El advenimiento del Vaticano II pone muchas cosas en su lugar desde el punto de vista de Estado e Iglesia, teniendo en cuenta que se habla ya de un estado-nación post-Revolución Francesa. Siguiendo una línea de pensamiento que surge con “mi reino no es de este mundo”, afirmada por Gelasio I, la Segunda Escolástica y con mucha sutilidad por León XIII (siguiendo a Mons. Dupanloup) y por Pío XII, el Vaticano II distingue con mucha claridad entre las esferas de la Iglesia y del estado, afirma la autonomía relativa de lo temporal, coloca a los derechos personales como el criterio de legitimidad de cualquier poder y declara solemnemente el derecho a la Libertad Religiosa. Pero eso no es todo: hablando en un lenguaje que aún no ha pasado a la praxis, distingue con precisión entre jerarquía y laicos, afirmando al mundo político como el mundo directo de estos últimos: son estos los que están llamados a la santidad en la familia, en el trabajo, en la política,  en un mundo donde las repúblicas democráticas tienen criterios de elección de poder que no dependen ya para nada de la Jerarquía de la Iglesia, permitiendo a esta última, por ende, un carácter más profético de su ministerio, despojada de las ataduras temporales de antaño.

Así las cosas, no ha llegado el momento de pensar, al menos de pensar, si el próximo paso en esta evolución no sería el desprendimiento de la Iglesia de su simbólico actual “estado”, que la ata demasiado a cuestiones diplomáticas, a una política que propiamente debe ser ejercida por los laicos en el ejercicio de sus derechos, en los diversos estados, y no por un jefe de estado de un estado pontificio?

No sería esta la gran reforma que estanos esperando, en vez de supuestos cambios en un Depositum fidei, depósito de la Fe que el Vaticano II nunca negó, sino siempre afirmó?

No sería este paso el que daría a la Iglesia una plena autoridad moral para moverse en un mundo tan afectado por las luchas de poder?

No sería un gran acto de Fe, al abandonarnos plenamente a la indefectibilidad de la Iglesia, que NO depende de un estado, de un territorio, de un banco, sino sencillamente de la promesa de Cristo, cabeza de la Iglesia?

 

Creo que es el tiempo de pensarlo. De hacerlo, no sé, pero al menos de pensarlo y de dialogarlo con calma.

 

Gabriel J. Zanotti es Profesor y Licenciado en Filosofía por la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA), Doctor en Filosofía, Universidad Católica Argentina (UCA). Es Profesor titular, de Epistemología de la Comunicación Social en la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral. Profesor de la Escuela de Post-grado de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral. Profesor co-titular del seminario de epistemología en el doctorado en Administración del CEMA. Director Académico del Instituto Acton Argentina. Profesor visitante de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Fue profesor Titular de Metodología de las Ciencias Sociales en el Master en Economía y Ciencias Políticas de ESEADE, y miembro de su departamento de investigación.

LIBERALES DE IZQUIERDA

Por Alberto Benegas Lynch (h)

 

En los procesos sociales hay dos planos diferentes pero que se complementan de modo tal que no resulta posible escindirlos. Por un lado, el continente y, por otro, el contenido. Lo primero alude a lo que habitualmente se denomina “libertad política” que consiste en todo el tejido institucional que garantiza las libertades individuales. Éstas últimas consisten en las acciones cotidianas de las personas en libertad, siempre y cuando no lesionen iguales derechos de terceros.

 

Tengo buenos amigos que se dicen “liberales de izquierda”, término decimonónico que comenzó a emplearse por el genial  Frédéric Bastiat con un sentido que fue ubicado con anterioridad a la Francia contrarevolucionaria lo cual integraba en aquél binomio una misma significación. En cambio, contemporáneamente, son personas que provienen a secas de la izquierda moderna pero que finalmente han reconocido algunas de las enormes ventajas que propone el liberalismo. Es un primer paso en dirección a aceptar todas las ventajas que proporciona la libertad, pero como no han estudiado campos tales como al economía ni se interesan en esa rama del conocimiento, rechazan buena parte de los procesos de mercado.

 

Esta postura, en última instancia, se traduce en que adhieren al continente pero curiosamente rechazan el contenido. Es decir, alaban la libertad política pero cuando cada uno procede a disponer de lo que lícitamente adquirió les niegan esa posibilidad. En otros términos, queda el continente vacío de contenido, lo cual se convierte en un sinsentido.

 

Y tengamos en cuenta que cuando se hace referencia a las izquierdas, debe distinguirse claramente el origen tan fértil de aquellos que en los prolegómenos de la Revolución Francesa se sentaron en la Asamblea a la izquierda del rey para desde allí objetar el antiguo régimen de privilegios y para sugerir enfáticamente la libertad y el respeto a todos, lo cual se degradó en grado  superlativo con el advenimiento de la contra-revolución: el terror, la guillotina, los jacobinos y la oposición a los preceptos originales. En todo caso, con el paso del tiempo, las izquierdas perdieron su sentido primero y a cada paso recurren a las botas de los aparatos estatales para intervenir y negar los derechos de las personas hasta cuestionar el derecho de propiedad y transformar la proclamada igualdad ante la ley en igualdad mediante la ley (tengamos en cuenta que la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789 aludía en su primer artículo a la igualdad de derechos y en el segundo que esos derechos son a la libertad, propiedad, seguridad y resistencia a la opresión).

 

Del mismo modo que ocurre con todas las etiquetas, no puede ponerse a todos en la misma bolsa. Eso no solo va para los izquierdistas sino también para los liberales y todas las corrientes intelectuales, a menos que se trate de totalitarios que se arrogan la facultad de imponer el pensamiento único, lo cual contradice toda idea de pensamiento.

 

Demos un ejemplo a vuelapluma, subrayando que, como queda dicho, hay excepciones en los diversos enfoques. Los “liberales de izquierda”, en general, insisten en la necesidad de “redistribuir ingresos”, situación en la que ocurre lo siguiente: la gente distribuye sus recursos en los supermercados y equivalentes con lo que se premia a algunos con ganancias y se castiga a otros con pérdidas. Pero henos aquí que a la salida de los supermercados, las estructuras y reparticiones gubernamentales vuelven a distribuir por la fuerza lo que distribuyó pacífica y voluntariamente la gente.

 

Lo dicho significa que se despilfarran factores de producción con lo que naturalmente se consume capital que es lo único que explica el incremente en salarios e ingresos en términos reales. Esta es la diferencia entre un país pobre y uno rico. No se trata de la metereología, de aspectos étnicos (por lo que eso pueda significar) o de recursos naturales (África es el continente que dispone mayor dosis de recursos naturales, mientras Japón es un cascote en el que solo es habitable en veinte por ciento).

 

Entonces, las diferencias o deltas de ingresos y patrimonios de las personas son del todo irrelevantes, el asunto consiste en que se administren del mejor modo posible a criterio del plebiscito diario del mercado (y tengamos en cuenta que el mercado significa  millones de arreglos contractuales que cotidianamente celebran las personas que usan y disponen de los suyo). En todo caso es relevante el promedio ponderado de ingresos al efecto de verificar en que climas de libertad mejoran  todos (incluso los mendigos ya que las limosnas son más abundantes en Canadá que en Sri Lanka)

 

En todo este contexto la propiedad privada resulta medular. Como los bienes y servicios no crecen en los árboles y no hay de todo para todos todo el tiempo, la asignación de ese derecho hace que las posiciones patrimoniales cambien de manos según su respectiva atención a los requerimientos de los demás.

 

Desde luego que esto no ocurre si los gobernantes les otorgan a los comerciantes privilegios. En este caso, sus ingresos y patrimonios no obedecen a la eficiencia para atender las demandas del prójimo sino como consecuencia de su miserable explotación.

 

Es pertinente recordar que Marx y Engels en el Manifiesto Comunista declaran que “pueden sin duda los comunistas resumir toda su teoría en esta sola expresión: abolición de la propiedad privada”. Dejando de lado las masacres stalinistas y equivalentes, en todas las variantes socialistas, en la medida en que se afecta la propiedad privada, dejan de tener sentido los precios (que precisamente expresan las estructuras valorativas cruzadas de las partes que intercambian propiedades) y, por tanto, desaparece la posibilidad de evaluación de proyectos y contabilidad ya que, como queda dicho, los precios no son simples números que las autoridades gubernamentales dictan. Por su parte, los fascismos son estratégicamente más eficaces en imponer el totalitarismo puesto que permiten que se registre la propiedad a nombre de privados pero usan y disponen desde el aparato estatal, lo cual deriva en el mismo significado que de los socialistas pero con un disfraz distinto.

 

En la tradición republicana, los gobiernos han sido concebidos para la protección de los derechos de los gobernados no como una gracia o un favor sino para garantizarlos y, sin embargo, resulta que se embarcan en todo tipo de aventuras incompatibles con sus funciones menos lo que deben hacer, a saber: instaurar seguridad y justicia para que cualquiera que sufra una invasión en sus derechos deba ser castigado con toda la fuerza de la ley.

 

Las mal llamadas “conquistas sociales” son figuras demagógicas que perjudican a los más necesitados. La típica son los salarios mínimos impuestos por decreto. Esto revela que no se ha entendido el tema. Los salarios dependen exclusivamente de las tasas de inversión y no de la voluntad de políticos (si fuera así habría que decretar que todos fuéramos millonarios y no andarse con porcentajes tímidos).

 

El salario mínimo -por definición superior al de mercado- logra el efecto contrario al propuesto: expulsa del mercado laboral a los que más necesitan trabajar.  Es por eso que aparece el mercado negro tan criticado por mucha gente sin percatarse que es la defensa que tiene la gente para no morirse de hambre puesto que los niveles  políticos del “blanco” y los consiguientes impuestos al trabajo los afecta gravemente y quedan desempleados.

 

En este cuadro de situación, muchos liberales de izquierda machacan con que está bien aceptar los resultados de los esfuerzos personales pero constituye una “injusticia social” el que algunos partan en la carrera de la vida con ventaja debido a herencias recibidas. Este razonamiento es autodestructivo. Si se sigue con esa metáfora deportiva de la carrera, al partir todos sin ventajas patrimoniales, el que hizo el mayor esfuerzo exitoso y llegó primero deberá ser nivelado nuevamente ni bien se largue la segunda carrera ya que su prole no podría recibir el resultado de los esfuerzos de su padre con lo que lo realizado en la primera disputa deportiva resultó inútil.

 

Es debido a la nefasta idea de la redistribución coactiva que se adopta el impuesto progresivo, lo cual, a diferencia del proporcional, implica que las alícuotas son crecientes a medida que aumenta el objeto imponible. Esto tiene cuatro efectos principales. En primer término, es un privilegio para los ricos que se ubicaron en el vértice de la pirámide patrimonial antes de introducir el mencionado gravamen.

 

En segundo lugar, altera las posiciones patrimoniales relativas, con lo que se contradicen las previas indicaciones operadas en base a las preferencias de la gente que, a su vez, significan derroches de capital que, como hemos señalado, hacen mermar los salarios. Asimismo, el impuesto progresivo es regresivo ya que las tasas más altas a los de mayores patrimonios hacen que los salarios de los menos pudientes se contraigan, por las razones antes apuntadas. Por último, resulta por lo menos extraño que se diga que debe producirse lo más que se pueda y, al mismo tiempo, se castiga fiscalmente en grados progresivos (y no proporcionales) a los que mejor lo hacen.

 

Finalmente destaco una vez más que el término “justicia social” puede tener solo dos acepciones. Una grosera redundancia ya que la justicia no puede ser mineral, vegetal o animal o, de lo contrario, la acepción más difundida, es decir, el sacarles a unos lo que les pertenece para entregarlo a quienes no les pertenece, lo cual contradice abiertamente la clásica definición de Justicia en cuanto a “dar a cada uno lo suyo”.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. En Administración. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y fue profesor y primer rector de ESEADE.

Política y Gasto Público

Por Eduardo Filgueira Lima.  Publicado el 20/3/14 en:  http://cepoliticosysociales-efl.blogspot.com.ar/2014/03/politica-y-gasto-publico.html

 

Hoy parece corriente y arraigado en el pensamiento colectivo que el objetivo a lograr en una sociedad es la denominada Justicia Social. Ya el solo hecho de hablar o pensar en “Justicia” supone disponer de todos los esfuerzos necesarios para superar una situación considerada injusta y mucho más cuando el concepto abarca a “lo social” es decir a muchos.
Desde ya que no es fácil definir con precisión estas ideas pero si es cierto que el  concepto de justicia social surge a mediados del siglo XIX para referirse a la necesidad de lograr un reparto equitativo de los bienes sociales.
Lo anterior – si bien una idea – no aclara demasiado sobre cuáles son los bienes sociales que se pretenden “repartir”, porque los bienes sociales vienen de la mano de otros que permiten obtenerlos.
Necesariamente es de suponer que la idea lo que esconde es lograr una equitativa o menos desigual distribución de la riqueza.
Así es que podemos entender que justicia social y redistribución de la riqueza funcionan casi como sinónimos, o como uno efecto y consecuencia del otro.
Ni tampoco se aclara cual es el alcance de lo “equitativo” en lo que se refiere a lograr un reparto “socialmente deseable”.
Pero – implícitamente – si da a entender que resulta aceptable quitarle a unos lo que puedan haber logrado (por su esfuerzo, capacidad, inteligencia o el mismo azar), para compensar sus carencias a otros, que no han logrado lo mismo.
Ingresar por este camino de razonamiento nos conduce inexorablemente a suponer que el único que posee la fuerza de coerción necesaria para hacer posible estas transferencias es el Estado, ya que el mercado por si solo proveerá a cada uno lo que sea capaz de generar.
Lo anterior significa que se parte del supuesto que como las transacciones libres entre individuos no permiten superar las diferencias, es el Estado el que debe intervenir para lograrlo.
Este pensamiento es aceptado sin demasiadas indagaciones sobre sus orígenes, ni sobre su veracidad, ni sobre sus consecuencias.
La Revolución Gloriosa de 1688 que dio origen a la monarquía parlamentaria en el Reino Unido, tiene enormes diferencias con la Revolución Francesa de 1789, cuyo influjo sobre el pensamiento en nuestra región ha sido en gran medida preponderante.[1]
Y lo que menciono no parece un dato menor porque en nombre de la “libertad, igualdad y fraternidad”, la última se instaló no solo como una revolución violenta sino como lo que después fue: un descarnado totalitarismo.
La Revolución Francesa se instaló para terminar con el gobierno de las monarquías absolutistas que habían instaurado los reyes, pero terminó en el denominado “reinado del terror”, que apoyado en el Comité de Salvación Pública de abril de 1793, persiguió, torturó y eliminó a quienes se pensaron detractores el régimen.
El Comité votó a favor de las medidas del terror para contrarrestar las actividades contrarrevolucionarias y otorgó al estado un poder absoluto, que devino en lo que supuso querer combatir: reemplazó el absolutismo monárquico, por el absolutismo del estado que lo reemplazaba.
Muchos pensadores se permitieron corporizar la idea que el estado representaba la voluntad general[2] y que ella significaba “…una forma de asociación capaz de defender y proteger, con toda la fuerza común, la persona y los bienes de cada uno de los asociados, pero de modo tal que cada uno de estos, en unión con todos, solo se obedezca a sí mismo, y quede tan libre como antes…”
Lo anterior es un concepto clave hasta nuestros días ya que permite darle forma a la democracia en tanto “decisiones de las mayorías” a la que las voluntades individuales – muy a pesar del impreciso argumento rousseauniano – quedan subsumidas, lo que quiere decir que “el individuo no queda tan libre como antes”.
De esta forma los derechos individuales y civiles que con tanta vehemencia habían sido defendidos por los pensadores de la ilustración escocesa, quedaron limitados y hoy resultan hasta despreciados, donde se piensa que las razones que tiene el estado deben prevalecer.
Se impone así la tiranía de las mayorías – que muchas veces son solo relativas – y ante cuyos intereses todos deben subordinarse.
Muchos experimentos políticos se han instalado durante el Siglo XX cuyo fundamento fue el mismo que sostuvo Rousseau[3] y reforzaron muchos otros: “…que cada uno en unión con todos,…(…)… y quede tan libre como antes,….”, porque ello es preciso para proteger a cada uno y a todos.
Con estos fundamentos se conduce a sociedades en las que se parte del supuesto que los males individuales y del conjunto devienen de la propiedad privada y se solucionan mejor concediendo al Estado el absoluto ejercicio de su “poder de imperio” para hacer prevalecer la supremacía de los “derechos colectivos” por sobre los intereses de los individuos en particular.
En el extremo de este pensamiento se concede al Estado incluso la propiedad de los bienes de producción y la intervención en todos los aspectos de la vida social.
Para muchos que sostienen esta forma de pensar: ningún derecho antecede al estado y todos derivan de lo que el permite.
Es bien sabido que en sus formas más extremas estos experimentos han conducido a terribles fracasos, cuando no a imposiciones brutales, que dejaron víctimas por el solo hecho de disentir o desear disfrutar de su libertad, de sus ideas, de sus bienes y de su justificada elección en su camino de vida.
De una u otra forma el estado ha existido siempre: ya sea como consejo de ancianos en las sociedades tribales, la potestad y voluntad del más fuerte, los emperadores, los reyes y los monarcas absolutistas, etc. pero en todos los casos – y aún en nuestros días – el estado se constituye como la voz del conjunto que impone su voluntad de imperio.
El estado de derecho es precisamente el que resguarda a los individuos de los atropellos que el estado puede imponerles por su voluntad.
Incluso ya a mediados del Siglo XX otro pensador de gran influencia introdujo el concepto de “justicia colectiva”, que reforzaba la idea sobre el estado como garante de los derechos colectivos por sobre los derechos individuales.[4] Y que ha sido refutado con claridad por varios autores.[5]
En una verdadera democracia republicana la única función del gobierno debería ser la protección de los derechos individuales.[6]Pero en realidad, “…aunque nació para proteger al hombre de sí mismo y corregir el ´peligroso´ estado de naturaleza en el que prevalecía ´la ley de la selva´,.. esta es una bonita historia que los estatistas nos cuentan, pero las mayores agresiones al hombre provienen desde el mismo Estado,…”[7]
Han transcurrido muchos años y con el tiempo el estado ha tomado cada vez más intervención en la vida de la sociedad. Ya no se limita a las funciones esenciales que se supone son de su incumbencia: 1) garantizar seguridad interior; 2) proveer a la defensa nacional, 3) administrar justicia; 4) ejercer la representatividad del país y 5) proveer los bienes y servicios públicos.
Y no debemos pensar que las ideas de la Revolución Francesa, tanto como las ingresadas por las distintas oleadas inmigratorias o incluso el comportamiento feudal que las monarquías europeas (en especial la española) trasplantadas a América con alto grado de centralismo y sumisión al poder del estado, o de los caudillos territoriales, no tuvieron nada que ver en la conformación del pensamiento de nuestra sociedad.
Detrás y a la par del pensamiento colectivista, se coló por la ventana la multiplicación de tareas por parte de los gobiernos (hasta inmiscuirse en todos los aspectos de la vida social) en una supuesta representación de lo que el estado debe hacer, por poder delegado por los ciudadanos.
Pero los gobiernos tienen permanente tendencia a expandirse e inmiscuirse en todo, sin que ello permita suponer que lo que realmente deben hacer lo hacen aceptablemente bien.
En unos países más y en otros menos, la tendencia de los gobiernos es hacia su permanente expansión y su justificación es que su accionar se orienta a lograr el bien común, proveer lo que las imperfecciones del mercado no puede y orientado hacia la búsqueda de lo que denominan “justicia social”.
De esta forma los gobiernos que sostienen este tipo de pensamiento son los que avanzan más en avasallar las instituciones, en el camino inverso están aquellos que entendemos que el mayor bienestar se logra gradualmente, alcanzando cada vez a mayores personas – aunque fuere en diferentes momentos – en una sociedad en la que las instituciones son respetadas,.. y es más aún: incentivadas, para que permitan equilibrios estables en el poder político y tanto mayores como mejores intercambios para la generación de riqueza y con ello mayor bienestar.
Lo anterior quiere decir que para los primeros importa la imposición del estado de lo que se considera la “justicia social” (aún sin definiciones precisas), justificando su accionar por sobre las instituciones, aunque ello implique que no todos son soberanos para decidir su futuro, lo que pone en duda el significado de Democracia. Esto nos acerca a un totalitarismo disfrazado de democracia (que hemos vivido varios) y en el que algunos son beneficiarios y cómplices, mientras otros que hubieran deseado recorrer otro camino resultan víctimas.
Mientras que para los segundos son las instituciones el ingrediente primordial del desarrollo político y económico, que traerá aparejada la maximización del bienestar general.
La historia ha recorrido tortuosos caminos y muchas ideas – como principios – de impecable factura, han sido desvirtuados por el quehacer sinuoso y el decir fácil y sin fundamentos de muchos propulsores de sociedades colectivistas.
En la arena política muchas ideas se confunden, porque el político debe leer e interpretar lo que la gente piensa y lo que la gente prefiere, con independencia de la verdad que sus creencias encierren.
Tampoco los políticos deben saber de todo y eso les permite manejarse con el solo intuir cuales son las ideas prevalentes y adaptarse en cada momento a ellas, porque saben que son las que mejor son aceptadas por las mayorías.
Pueden pasar sin pudor de un extremo a otro (travestismo político)[8], e instalarse como abanderados de las que representan en cada momento las ideas más aceptadas, cuando en momentos de crisis la gente se moviliza en busca de explicaciones e interpretaciones que les permitan comprender la realidad que sufren.
Nuestras sociedades – como mencioné antes – se han visto fuertemente influenciadas por las ideas que surgieron con la Revolución Francesa.
La creencia en la “libertad” no parece que haya sido tal si a la par se proclama la “igualdad”[9], ya que para hacer efectiva esta se debe avasallar la libertad de otros. Y la pretendida “fraternidad” parece que debiera ser impuesta para ser efectiva pues de por si tiene los límites de los derechos individuales.[10]
Estas son las creencias y valores que resultan predominantes en nuestra sociedad, tras la fuerte influencia que tuvo para nosotros la Revolución Francesa y con posterioridad también participó la llegada de miles de inmigrantes europeos con ideas definidamente marxistas y anarquistas, que supieron difundir desde las sociedades de colectividades y los primeros sindicatos.
Y estas son las ideas que la clase política sabe leer e interpretar con rapidez, también (en general) sin demasiado análisis, porque les permite captar la idiosincrasia del pueblo y fortalecer su discurso, con lo que capitaliza su voto.
Ya no es necesario – ni posible – llevar al extremo de los experimentos del Siglo XX, las experiencias del estado todopoderoso, porque resultaron un estrepitoso fracaso. Pero si es posible buscar formas alternativas, en las que siempre el estado encuentra resquicios para entrometer sus actividades en la vida social.
“Así es que el Estado crece y se convierte en un mazacote burocrático que a la sociedad le cuesta mucho, pero mucho más de lo que produce. Las funciones llamadas de ´bienestar social´ se mantienen pese a que ya no se habla de un Estado de esa índole, y es un hecho la caída vertical del nivel de calidad de sus servicios,…(…)… muchos se han convertido en ´sociedades duales´ donde una parte vive en condiciones buenas o regulares, mientras otra (millones) soportan la miseria, la indigencia, la desocupación o el trabajo en negro…así el Estado pretende compensar lo que él mismo genera: sociedades dependientes y clientelares, ante la ausencia de genuina generación de riqueza,…”[11]
Algunas sociedades han logrado equilibrios posibles, otras han acelerado sus procesos de crisis – consecuencia del Welfare State – y otras han fracasado en el intento. Lo cierto es que la evidencia empírica nos muestra que a mayor intervención del estado menor y peor desempeño de las instituciones, con sus nefastas consecuencias.
La razón es fácil de comprender: la clase política para sostener las demandas y su popularidad, tienen tendencia a gastar más de lo que deben,.. pero además a gastar en lo que no deben y a pensar en políticas de corto plazo,.. porque lo que hicieron no les costó nada de su bolsillo y además porque los costos políticos y consecuencias muy probablemente las deba afrontar otro que les siga en el gobierno.
Cuando se suceden las crisis producto de este comportamiento, que es costoso y difícil d sostener en el tiempo, los gobiernos encuentran recursos alternativos para no ponerse en evidencia como culpables de lo que ellos mismos generan
Así es que los gobiernos tienen tendencia a inmiscuirse en todo, a controlar todo, a regular todo y a sacar de todo el provecho necesario para alimentarse y subsistir ante los deseos de los gobernantes.
La instalación de políticas públicas – hoy consideradas el “core” de la política – deformadas y desvirtuadas desde su origen es la consecuencia inevitable de la impericia de los gobernantes y las conductas oportunistas de sus asociados.
Los gobernantes carecen de incentivos para alcanzar la eficiencia – solo ofician de agentes del principal (los ciudadanos) – y por el contrario cuentan con estructuras burocráticas a su disposición que tienen tendencia a la corrupción.
Todos estos procesos tienen un enorme costo para el país. El gasto público requiere ser alimentado por las diferentes vías que tiene el estado para financiarse.
Pero siempre tiende a crecer porque los recursos son escasos y las demandas infinitas.
El gasto público tiene consecuencias diversas: por un lado genera mientras se sostiene una falsa sensación de bienestar,.. a su vez permite suponer crecimiento (en términos de PBI) aunque no lo es porque el estado no genera nada y hasta sus empresas resultan deficitarias y demandantes de ingentes subsidios,..
La presión impositiva como medio de financiamiento tiene un límite (Curva de Laffer),.. y la emisión monetaria también porque su consecuencia a largo plazo – y dependiendo de su magnitud – termina por generar inflación.
La idea de los gobiernos dado el escaso conocimiento de estas cuestiones para la mayoría de la gente es mantener la posibilidad de un alto consumo y a la par una baja tasa de desempleo.
Estos dos aspectos – resultado de recetas keynesianas – son altamente valorados por la población, porque mientras ello se sostiene la percepción de bienestar es genuina. Obviamente: por un lado se tiene lo suficiente para gastar y proveer a las propias necesidades y por otro existe un mercado laboral accesible y seguro.
Las recetas keynesianas parten del supuesto que se debe sostener la demanda agregada que es la que explica la variación general de la actividad económica, ya que el ingreso total en una sociedad resulta de la suma del consumo y la inversión.
Pero la propuesta iba más lejos: en circunstancias de crisis, con alto desempleo y disminución del consumo, debía estimularse la demanda agregada mediante el incremento del gasto público (en especial en la obra pública), ya que esto es lo que motoriza la producción y combate el desempleo.[12]
Sus ideas tuvieron gran aceptación por parte de la clase política e incluso influyeron en el New Deal del Presidente Franklin D. Roosevelt. Sin embargo en UK cuando se planteó como financiar la guerra – ya visualizando su final – Keynes abogó por incremento de los impuestos internos y en las colonias pero no por generar un gasto deficitario que bien supuso que ocasionaría inflación.
A primera vista su planteo, que tuvo gran predicamento en la clase política ya que le otorga potestad sobre el gasto público, parece razonable pero la teoría keynesiana produce enormes daños en la política económica cuando es aplicada dentro de las instituciones de la democracia política.
Ante los fracasos de las políticas económicas keynesianas, solo existe margen en la acción política por la opción entre dos caminos: 1) culpar directamente a  imponderables (o a otros actores: especuladores, desestabilizadores, egoístas intereses del mercado, etc.) de la vida política democrática y conducir hacia formas de gobierno cada vez más autoritarias justificadas en “haber descubierto al enemigo”; o 2) podemos rechazar la aplicabilidad de los preceptos e ideas sostenidas dando un giro, que nos permita incorporar nuevas (o diferentes) acciones de política económica que sean adaptables y compatibles con la vida política de una verdadera democracia.
Optar por la segunda opción solo puede hacerse en países con instituciones fuertes y suficiente calidad, ya que en los países con políticos populistas significaría la aceptación del error. Aunque: ”… nuestros valores dictan que la toma de decisiones democráticas deben ser hechas desde las instituciones y que deben ser descartadas por inaplicables las falsas teorías económicas,…”[13]
Aunque esta posición no pueda ser mantenida en aquellos países de instituciones débiles o carentes de la calidad suficiente, en donde los gobernantes optarán por la primera opción – con seguridad mayor en nuestros países – en los que se recurre con mucha frecuencia al líder carismático, todopoderoso y salvador que nos conducirá a formas de gobierno cada vez más autoritarias, lo que es a su vez gobiernos cada vez más intervencionistas.
Las teorías keynesianas han conducido a errores en la política económica en particular porque el mismo y luego sus seguidores, han confundido lo que son causas con consecuencias.
Los seguidores de Keynes – aún bajo postulados modernos – que se nutrieron en los postulados incorrectos de Keynes, continúan conduciendo la economía en la dirección equivocada, centrándose en el PIB como criterio principal, mientras se inunda la economía desde el gobierno con dinero sin respaldo.
El crecimiento económico está acompañado por un incremento en el PIB (este es solo una consecuencia), pero la causa es el cambio de múltiples indicadores y mensajes que son producidos cuando el gasto público es llevado al exceso.
Causa y consecuencia no son lo mismo.”… De manera similar a como un salvaje imita al trueno para provocar la lluvia, el gobierno estimula la demanda, con la esperanza de provocar el crecimiento económico…”[14]
Por otra parte Keynes parece obviar el Principio de Say en la medida que supone que la demanda será generadora de la producción:“…Cuantos más bienes (para los que hay demanda) se produzcan, más bienes existirán (oferta) que constituirán una demanda para otros bienes, es decir, la oferta crea su propia demanda..”[15]
Así es que los postulados keynesianos no solo reforzaron la ideología vigente – que se hace más evidente aún en nuestros países por los motivos que he apuntado y seguramente muchos más – sino que fortalecieron la posición de los gobiernos para dar supuestos beneficios a quienes legítimamente los deseaban o necesitaban, pero a expensas de un gasto público inevitablemente creciente.
Digo “supuestos” porque tampoco es seguro que los servicios en los que se inmiscuye el gobierno para ocuparse de la provisión de los mismos, tengan la calidad y eficiencia que es de esperar.
En los países pobres – y el nuestro no lo es ya que se agrupa con los de medianos ingresos – la ideología a tenido un papel fundamental en la conformación de las instituciones y en lo que se ha pretendido de los gobiernos,.. lo que estos han sabido leer y de alguna manera han pretendido brindar.
La ideología impregnó tanto el pensamiento de la sociedad, como el accionar de los gobernantes.
Si los servicios que se brindan son eficientes o no es un tema que compete a otra discusión. Lo que en este escrito intento expresar es que en países de menores recursos son – en general – muchos más los necesitados de asistencia, y la ideología imperante supone que ello se logra mediante transferencias que promuevan la declamada “justicia social”.
Y esto tiene el condimento que habilita a los gobiernos a gastar más,.. en lo que ellos creen que es necesario.
Ya no es cuestión de dejar que cada uno decida por sí. El burócrata de turno aconsejará al gobernante o al político que está en busca de votos, cuales son los temas sensibles a la ciudadanía y cuáles son las formas aceptadas de resolución.
Y muchos son los mecanismos por los que los gobiernos pueden encontrar formas de gastar y justificar ese gasto.
El verdadero y dramático problema de las finanzas públicas no es tanto el déficit fiscal, sino el monto del gasto y su financiamiento con impuestos, deuda o emisión monetaria.
En este punto es importante decir que no existe correlación probada entre el tamaño del estado y el desarrollo de un país. Pero si existe entre el gasto público en relación a su PBI, pero en especial a cuál de los componentes del financiamiento es el que provee recursos al gobierno.
Una cuestión es financiarse solo con impuestos, aunque estos sean elevados, sino deprimen la producción. O existen tantas fuentes de producción y son tan diversificadas que pueden proveer al fisco de suficientes recursos sin ser afectadas. O en caso de serlo, el ingreso medio de los habitantes del país es suficiente (PPA)[16] para soportar el precio de los productos.
Como se ve el juego de variables es infinito y permite diversos abordajes al problema.
Por ejemplo en nuestro país la presión impositiva ya alcanzó durante este año al 33,4% del Producto Bruto Interno (PBI) en el consolidado de Nación, provincias y municipios, alcanzando un nuevo récord histórico.[17] (A este valor J. J. Llach le agregó un 1% del PBI por el impuesto inflacionario)
Esta cuestión ya impone severas restricciones a la producción por una doble vía: por un lado por la exacción que significa la tributación y por otro por la baja de demanda que se genera en la gente como resguardo en una segunda etapa de inflación.
Si la carga tributaria es alta y a la vez el consumo disminuye las empresas también comienzan a tomar sus recaudos, que pueden llegar a ser dramáticos. Por ejemplo en febrero de este año se produjeron 7.246 despidos y 4.758 suspensiones.[18] Una cifra que puede parecer menor pero que también puede indicar tendencia.
También en estas circunstancias existen algunas recetas que aunque sean costosas son aceptadas y es la absorción por parte del estado de aquellos que quedaron sin trabajo.
Esto significa otra forma de utilización del gasto público mediante incremento del empleo, que a su vez tiene su contracara: su utilización política.
Por otra parte las restricciones a la importación y la suba en las tasas de interés han provocado un freno en la actividad económica y una caída en la demanda, que han provocado una contracción en el mercado laboral, así como no es de esperar a esta altura que los desequilibrios fiscales se corrijan solo con una devaluación.[19]
Tal como es de apreciar el supuesto estímulo a la demanda agregada, mediante un incremento del gasto público, a largo plazo determina  no un estímulo sino un deterioro de la producción, el empleo y finalmente del PBI que tanto nos preocupa, aunque como dijimos es una consecuencia final, resultado del comportamiento de otras variables.
Por otra parte a los gobiernos les queda otro recurso para financiarse y es el más peligroso: la emisión monetaria,.. porque una vez puesta a rodar resulta muy difícil de detener: endulza el paladar de los gobiernos y desconocen sus consecuencias.
Mientras el gasto público se mantiene por debajo del 10% del PBI en realidad no existen consecuencias graves para la economía. Pero cuando se superan valores mayores los gobiernos intervienen: 1) para justificar ese gasto, 2) para sostenerlo y si es posible incrementarlo.
Todos los argumentos son válidos y permiten justificarse en las necesidades de la gente, lanzando planes, que en realidad son siempre subsidios, financiados por mayor gasto público y que conducen a conductas irracionales, que alteran siempre y cada vez más gravosamente las variables económicas.
El déficit fiscal – es decir egresos mayores a los ingresos – son el punto de partida para que los gobiernos busquen financiamiento en la emisión monetaria con la inevitable consecuencia de la inflación.
La inflación “acompaña” el ritmo de emisión monetaria.
A modo de ejemplo: “…En los siete años que van de 2007 a 2013 el aumento del nivel general de precios minorista habría ascendido hasta un promedio de 22.4% anual, lo cual cuadruplica y quintuplica la inflación registrada en los restantes países de la región. Paralelamente, la tasa promedio anual a la cual se emitió base monetaria fue del 25.5%3. Al mismo tiempo, en este período la tasa de crecimiento efectivamente observada en Argentina se ubico en torno al 3.5% anual. Es decir, en los últimos siete años en Argentina también se cumplió la teoría económica….”[20]
Las expectativas de la gente también acompañan este proceso y en general parten del supuesto acertado que en un contexto de déficit fiscal el gobierno seguirá emitiendo. Y de hecho ello ha sido así: La base monetaria pasó de crecer de 32% (2010) a 35% (2011) y 39% (2012), con sucesivos y probables incrementos aunque ahora no tan pronunciados. ¿Será así?
Es que desde hace ya 7 años la expansión de la base monetaria ha sido sostenida, generando la inflación que acompaño de manera creciente dicho incremento.
La idea expresada por la actual Presidente del Banco Central es la de reducir el porcentual de emisión hasta niveles inferiores al 25%. Pero esto sucede en un contexto en que la cantidad de dinero emitido ya es abrumadora, el gasto público requiere ser contenido (esto no es del gusto de los gobiernos que lo asocian a “ajuste”) y la inflación que se ha desatado, que requerirá de muchas maniobras para su contención.
También es una cuestión ideológica interpretar la palabra “ajuste”. ¿Qué es lo que queremos decir con ella?,.. Queremos decir “hacer lo justo (solo lo necesario) y bien,..”
Pero esos no son los propósitos de los gobiernos aunque (debo admitir que muchos, incluso en nuestra región), se han dado cuenta que no están en condiciones de hacer siempre lo que les gustaría y ya no pueden gastar como si ello no tuviera consecuencias.
Nuestro país es uno de los que lidera en cuanto gasto público a los países de la región.
En casi todos los que muestra la figura siguiente se ha mantenido – con pocas variaciones – bastante constante. Pero ello no ha sucedido así en la Argentina en donde desde el 2003 al 2013 (según muestra la serie se ha incrementado en un 50% aproximadamente.
Esto explica que los demás países de la serie mantengan tasas de inflación razonables (en todos los casos de un dígito anual), mientras que en nuestro país los datos estadísticos de inflación fueron inicialmente adulterados (por la intervención del INDEC), lo que no permitía contar con datos confiables y ahora sincerados desde hace solo 2 meses, por requerimientos del FMI y la confrontación con otros índices elaborados por el Congreso nacional y consultoras privadas, que permiten contar con una aproximación aparentemente más veraz.
De cualquier manera nos coloca entre los 5 países con mayor inflación en el mundo (calculada para 2014 en 35% aproximadamente).
Pero la correlación existente entre gasto público, su forma de financiamiento y la inflación resultante es un hecho ya indiscutido.
De acuerdo a la figura anterior el gasto público llega a ser en términos del PBI el 48% para el 2013.[21]
Es decir que casi el 50% de nuestra economía es el resultado de la actividad del estado.
Cuando hablamos de inflación casi todos tenemos la idea simplificada que es el aumento generalizado de los precios. Pero eso no es exactamente así.
El dinero se comporta como cualquier mercancía. Tiene sí particularidades, porque sirve como medio de intercambio, así como unidad de cuenta y como reserva de valor.
Y repito, se comporta como cualquier mercancía: sujeto a las leyes de la oferta y la demanda.
El incremento de la masa monetaria (es decir: el incremento de la cantidad de dinero), cuando excede la demanda pierde progresivamente su valor.
No es que los bienes que compramos aumenten su valor, esa es una consecuencia. Como el dinero a medida que aumenta y lo hace por encima de la demanda, pierde valor por unidad, se hace necesario cada vez más dinero para comprar lo mismo.
Esto es decir: la inflación no sucede porque los bienes aumentan su precio, sino porque el dinero pierde su valor y es necesario cada vez más dinero para adquirir las mismas cosas.
Pero a su vez, no solo el dinero pierde valor como medio de intercambio, sino que además ya no permite establecer predicciones, ni cálculos creíbles.
Esta última circunstancia no es gratuita. Los empresarios no tienen certidumbre sobre los precios de referencia.
Hay que considerar que los precios son como señales en el mercado, que le dicen a la gente que comprar y a los empresarios que y cuanto producir. Cuando estas señales son distorsivas porque no todos los precios suben: algunos suben otros bajan y lo hacen en diferentes momentos, aunque con una tendencia general (o promedio) al alza, entonces los precios no sirven como referencia válida.
El mercado se desorienta y la gente termina por no tener puntos de referencia respecto que es caro y que es barato: no sabe que debe comprar,.. ni a cuánto.
La producción también sufre distorsiones, por los mismos motivos. Y todo el mundo quiere resguardar sus activos. Pero no puede hacerlo en la moneda local ya que esta progresivamente pierde valor.
Puede que inicialmente busque refugio en una moneda “dura” (aunque desde 2011 se nos ha impuesto restricciones) o que se apure a adquirir algunos bienes que le son necesarios. Pero eso dura poco tiempo, es decir: se da en el corto plazo.
Los economistas de la escuela monetarista han incorporado la idea que en este momento en el que la gente “quiere desprenderse rápidamente del dinero que por su devaluación les quema en las manos”, se produce un proceso de aceleración en la circulación del dinero lo que a su vez aumenta la inflación.
Si el proceso continúa el veneno de la inflación corroe toda la economía y se cae en una inevitable desaceleración (que no se quiere reconocer como “ajuste”, aunque de hecho lo es), los salarios quedan retrasados y la gente debe privarse de muchas cosas que antes podía adquirir. Cae el consumo.
El fetiche del gobierno se desploma, porque el consumo mantenía la sensación de bienestar económico y la indiferencia política.
Pero el gobierno no carece todavía de instrumentos. La inflación misma es uno de ellos, porque aún sus distorsiones permite al gobierno licuar sus deudas. (Se calcula que en el lapso de tres años de continua inflación el gobierno ahorró $ 50.000 millones).
De cualquier forma el gobierno necesita mantener el consumo, al que se asocia el PBI y que declama como crecimiento.
El gobierno puede recurrir – y ya lo ha hecho – al crédito bancario. Induce así a la gente a postergar sus deudas a futuro.
Muchos saben que esto termina por resultar una trampa suicida. Pero muchos otros ante la necesidad de afrontar sus compromisos – y sin vislumbrar otros caminos – pueden llegar a aceptar su endeudamiento.
¿Cómo hace el gobierno para manipular el crédito bancario?
Ø  El Banco Central puede subir o bajar las tasas de interés (tasa de descuento) a la cual le piden prestado los bancos y esto tiene consecuencias en la cantidad de dinero que los bancos pueden prestar así como en las tasas que cobran.
Ø  A su vez el Banco central puede subir o bajar las tasas de encaje. Cuando el público deposita su dinero un porcentaje del mismo debe quedar inmovilizado como garantía y este dinero va al Banco central. Si las tasas de encaje bajan, los bancos se encuentran con mayores cantidades de dinero para prestar.
Cuando el gobierno quiere “facilitar” el consumo, mantiene las tasas de descuento y de encaje bajas, lo que facilita el préstamo pero eso también contribuye a multiplicar la masa monetaria (M1, M2, M3).
Por otra parte las entidades financieras deben cubrirse a futuro y por lo mismo las tasas de interés convierten a los préstamos en inaccesibles.
Esto es lo que vemos en la figura anterior que expresa la correlación de la confianza del consumidor y a la vez se la compara con la tasa de interés que en la actualidad cobran los bancos y que está vinculada a la manipulación del crédito por el gobierno (la intención es mantener el consumo aunque en estas condiciones sea imposible de afrontar endeudarse) y la necesidad de los bancos de cubrirse de la inflación estimada o presunta, así como de la segura morosidad que esas tasas generarán.
En estas condiciones el gobierno tiene todavía otros instrumentos para influir en la cantidad de dinero en el mercado: “operaciones en el mercado abierto”. Esto es decir: comprar o vender bonos del tesoro. Si compra inyecta dinero y aumenta la masa dineraria circulante y si vende “seca la plaza”.
En ambos casos manipula según su conveniencia – o el interés de mantener ciertas variables contenidas – la cantidad de dinero.
Ello es una forma implícita de aceptar que es la cantidad de dinero emitido – más allá de la demanda – el que genera la inflación. Aunque algún Presidente del Banco Central haya afirmado que la emisión no genera inflación.
Otro aspecto al que no me he referido pero vale la pena destacar son las expropiaciones (que suponen compensación) y las confiscaciones.
El gobierno ha recurrido para financiarse a estos mecanismos. El más conocido es la expropiación del 51% de las acciones de Repsol, que en estos momentos negocia para compensar.
Pero el más gravoso, porque afectó los derechos de propiedad, fue la confiscación de los depósitos de particulares aportantes a las AFJP, que nunca tuvieron compensación alguna.
Estos comportamientos no son gratuitos: tienen consecuencias inmediatas, como es la desconfianza que se instala en los inversores en un gobierno que no respeta las instituciones al no respetar los derechos de propiedad y no ofrecer seguridad jurídica, e interviene en el mercado no respetando los acuerdos entre privados.
Lo que es cierto también es que algunos efectos son inmediatos y otros son alejados en el tiempo.
Pero las consecuencias finales no pueden preverse. Lo importante es comprender que no puede mantenerse un gasto público incremental, ineficiente y que responde mucho más a requerimientos políticos, que a satisfacer las necesidades de la gente.
La figura anterior nos permite aproximarnos a los componentes del gasto público. Y sin entrar en demasiados detalles podemos decir que por ejemplo, solo los subsidios que incluyen los transferidos a energía, transporte, empresas del estado y otras representaban en 2009 un total de $ 37.000 millones, pero pasando en el año 2013 a un total de $ 146.000 millones. Es decir un aumento del 394% en cuatro años.
Y este componente del gasto público no es inocente: responde también a intereses políticos ya que permite enormes desembolsos dinerarios – en general dirigidos a empresas amigas o socios del poder político – con la escusa de mantener “bajas las tarifas” y mantener la aparente sensación  de bienestar.
Lo que no se dice es que este mecanismo es facilitador de la corrupción, ya que por un lado permite a los empresarios embolsar lo que se les asigna (que no es poco), seguramente devolver alguna forma de compensación – que sin ir más lejos puede servir al financiamiento de las campañas y partidos políticos – no asegura su reinversión en mejorar los servicios que persisten con estructuras obsoletas,  mientras el público cree que esta política (que financió la oferta) subsidiariamente los ha beneficiado porque mantuvo bajas las tarifas.
Mucho más transparente y lógico sería subsidiar la demanda en forma directa, sincerando las tarifas y otorgando beneficios a quienes realmente los necesitan mediante subsidios direccionados, obligando a los empresarios a que hagan las inversiones necesarias contractualmente estipuladas.
El problema es que el real beneficiado ha sido el mismo gobierno y sus socios empresarios, que mantienen los servicios con baja calidad en las prestaciones (y el riesgo que ello supone), sin sincerar el costo tarifario real, que de suceder pondría en evidencia la poca correlación entre el ingreso y las posibilidades de afrontarlo.
Es decir: los argentinos ganan en promedio mucho menos de lo que debieran si se compara con el costo de las tarifas de los servicios que debieran pagar.
En la Argentina el 50% de los asalariados gana menos de $ 6.000,- (al cambio de hoy aproximadamente u$s 600,-) y eso explica los altos niveles de pobreza que existen, que ya no son publicados por el INDEC y que según cálculos existentes rondan el 30% de la población.[22]
Y dado el actual proceso inflacionario con segura tendencia al alza (por ello el INDEC decide no publicarlos). Eso quiere decir que: cada vez más personas, de continuar estas políticas, tendrán dificultades con sus ingresos de alcanzar los niveles de gasto que supone una canasta básica de bienes y servicios.
Pero esta población que se mantiene en estas condiciones por muchos factores, no encuentra salida a las circunstancias de vida que le ha tocado en suerte, ni tampoco con los planes de ayuda, los subsidios directos y otros agregados que el gobierno implementa, con los que solo se logra la persistencia de su actual situación.
Por esto digo que “se les roba el futuro”[23], porque se les imposibilita encontrar otras alternativas superadoras, se los mantiene limitados a un mínimo ingreso que tampoco les alcanza para subsistir dignamente, no se les ofrecen nuevas alternativas laborales de mejores perspectivas, ni siquiera se los incentiva a ello, se los mantiene atados y dependientes del magro subsidio, que con toda razón no quieren perder.
Pero esto tampoco es gratuito: la marginalidad, la violencia, el delito, el consumo de drogas,.. van de la mano.
A muchos se les llena la boca al hablar de pobreza,.. pero pocos dicen que así como es consecuencia de muchos factores, lo es en particular por las políticas públicas y las políticas económicas en las que intervienen los gobiernos.
En la Argentina ya llevamos dos o probablemente tres generaciones que no conocen lo que es el trabajo y la generación de recursos por el esfuerzo propio.
A muchos estudiosos les preocupan las desigualdades en el ingreso y no está mal que así sea (aunque no es el verdadero problema). Como remedio a esta situación proponen mecanismos de “redistribución”. En realidad casi toda política pública – en la que interviene el estado – es redistributiva, porque transfiere recursos de unos hacia otros.
Estas políticas desincentivan a unos y a otros: a los que se les quita porque precisamente se les retiene parte de lo que producen y a los que “reciben” porque – aún recibiendo dádivas – los hace preferir mantener esta situación de “receptores”, antes que proveerse por esfuerzo propio.
La cuestión central es que es más importante para que un país crezca generar más riqueza,.. esto es decir: mayor tasa de capitalización (o sea mayor ahorro y mayor inversión en fuentes productivas), que genere trabajo genuino (y no subsidiado por el estado) y mayor cantidad de bienes y servicios para los intercambios.
No es cierto que como suponen muchos los intercambios son de “suma cero”. Los intercambios son siempre de suma positiva: cada uno obtiene lo que sus preferencias le dictan.
Esto significa que resulta irracional proceder a la “redistribución de lo que hay”,.. en otras palabras: no es cuestión de repartir la torta existente, la cuestión es agrandar la torta para dar “su” porción” a cada uno según le corresponda y sea capaz de obtener.
Resulta importante destacar que en otros países de la región parecen haber comprendido la raíz del problema y por ejemplo: aún teniendo tanta o más desigualdad que la Argentina, tienen indicadores de pobreza mucho menores.
Por ejemplo – sin ir más lejos – Chile con un indicador de Gini mayor que la Argentina (0.53 vs 0.50), tiene una tasa de pobreza del 11%.
La reducción de la pobreza en Chile fue acompañada de una reducción en el indicador de desigualdad que en 2001 era de 0.56.
¿Qué quiere decir esto? Pues es sencillo de interpretar: la reducción de la pobreza mediante la generación de trabajo genuino, nuevas y estables fuentes de trabajo y salarios que alcancen para permitir una subsistencia digna, termina por impactar en la reducción de las desigualdades,.. y no al revés!
Cuando pensamos en “reducir desigualdades” e insistimos que son la causa del problema, terminamos por reclamar su intervención al gobierno, que se ocupa de hablar de “redistribución” e instala planes y programas sociales, que nunca alcanzan, además de ellos viven más que aquellos a quienes dicen servir, mantienen el statu-quo, y no permiten a los que se destina como beneficiarios superar su condición.
Por otra parte – resulta una contradicción – ya que no es este el camino para reducir desigualdades y en la Argentina las desigualdades han persistido, mientras que la pobreza ha aumentado.
Entonces el problema no es la desigualdad,… el problema es la pobreza!
En este punto me permito opinar que estamos en una trampa y que será difícil de sortear.
Porque aquellos que nos inclinamos por “agrandar la torta” es decir:generar la posibilidad de desarrollar actividades productivas que permiten a las personas salir de la pobreza (ya sea por ingresar al mercado de trabajo o por micro-emprendimientos que provean de bienes y servicios a otros), aprovechando la enorme cantidad de empleos que se generan a partir del proceso de inversión de capital. Y acuerdo en que cuanto más libre es la economía, mayores son las posibilidades que esto suceda, nos encontramos en que llegar a ello requiere una transición.
Este período desde una economía regulada, con enorme intervención estatal y con mecanismos de subsidios, que se suponen “compensadores” de las desigualdades o aportantes a la reducción de la pobreza, hacia una economía libre como la descrita en el párrafo anterior, tiene dos ingredientes necesarios:
      Ø  Confianza: los mercados (en particular los empresarios y los emprendedores) deben tener expectativas acerca de que el país les ofrece reglas claras, seguridad jurídica, que los contratos serán respetados y que no interferirá en los acuerdos entre privados (entre muchas otras condiciones), mientras esto no suceda la tasa de inversión así como la recepción de inversiones de capitales y empresas del exterior, estará sumamente restringida. De hecho nuestro país es el que menor tasa de inversión bruta ha recibido de toda Latino-América desde el año 2008.
      Ø  Tiempo: los mercados no generan inversiones, trabajo y bienes y servicios de manera inmediata (es decir: por puro voluntarismo y de la noche a la mañana). Ello requiere un tiempo en el que se analizan: la estabilidad de las variables económicas, a su vez se pueden analizar “precios” que como señales indican que y cuanto producir, se puede realizar los cálculos económicos para lo que es necesaria una moneda estable y datos ciertos.
Ninguna de estas condiciones están dadas hoy en nuestro país.
Entonces no es de extrañar que frente a un país que no cumple sus compromisos, que no respeta la seguridad jurídica, que ofrece datos no confiables o que se saben adulterados (aunque ahora parece que el INDEC intenta recuperarse para alcanzar los requerimientos del FMI), exista reticencia y desconfianza para la inversión.
Y no es de extrañar tampoco que los que inviertan – para compensar el riesgo – quieran ganancias rápidas, protección arancelaria y subsidios que los favorezcan.
No se trata que los empresarios de nuestro país sean perversos y peores que los de otros países (incluso cercanos), se trata que nuestro país  no ofrece las condiciones de estabilidad y calidad institucional[24] necesarias para garantizar sus inversiones y su rentabilidad.
Aunque también debe mencionarse que durante años hemos vivido un “capitalismo de amigos” y si analizamos muchas de las mayores fortunas de la Argentina han surgido de negocios entre empresarios amigos con el estado.
Precisamente el hecho que se intenten sincerar las cifras – antes adulteradas del INDEC – y la búsqueda de acuerdos para superar las deudas impagas, implícitamente nos dice que el gobierno declama otro discurso, pero reconoce que necesita de las inversiones y para ello pretende “una lavada de cara” para ofrecer seguridad y garantías.
El gobierno parece no saber que eso se gana con el tiempo – que a veces es necesario mucho y que nos revela un comportamiento predecible – pero que también puede perderse rápidamente.
Ya en este punto vemos que el problema no es fácil de solucionar: lograr un país que inicie el camino del desarrollo no es una tarea fácil y el problema para más del 30% de los argentinos es el hoy,.. y el cómo satisfacer su mesa mañana,.. es decir: un período de transición sobre el que no existen recetas claras.
Si el gobierno continúa con este nivel de gasto público (además mal asignado) ni lograremos el desarrollo mediante inversiones productivas, ni mejoraremos – la consecuencia esperada – las condiciones y circunstancias de la gente que vive en condiciones de pobreza.
La transición desde un modelo populista, que ha demostrado conducir siempre al fracaso y de lo que han tomado nota muchos de nuestros países vecinos, hace que lograr un país en desarrollo lleve un tiempo en el que parece no haber soluciones mágicas.
Para muchos[25], las respuestas en el período de transición son muy rápidas y es de suponer que muy pocos – se trata de una curva asintótica ya que nunca alcanzará a todos como sería deseable – quedarían excluidos.
Obviamente se menciona a varios países (entre ellos a China e India) que en pocos años adoptando una economía de mercado y ofreciendo suficiente resguardo a las inversiones han logrado sacar de la pobreza a millones de personas.
Es muy probable que sea así y que debamos avanzar en ese camino a sabiendas que muchos no alcanzarán a superar mañana (y tal vez nunca) su condición actual. Pero aún si fuera este el camino y sus consecuencias, estimo que el recorrido vale la pena.
Por mi parte asumo que sostengo – y solo para la transición – una posición intermedia, aún a riesgo de las consecuencias esperadas e indeseables de la intervención gubernamental, como a sabiendas de las dificultades implícitas en cada uno de los puntos que expondré:
     Ø  Generar confianza (no apariencias de) para lograr inversiones quegeneren la posibilidad de desarrollar actividades productivas, que permiten a las personas salir de la pobreza ya sea por ingresar al mercado de trabajo o por micro-emprendimientos, aprovechando la enorme cantidad de empleos que se logran a partir del proceso de inversión de capital.
      Ø  Por ese mismo camino lograr un incremento de la tasa de capitalización y que los ahorros logrados se vuelquen en nuevas inversiones, cerrando el círculo virtuoso al ser generadoras de nuevos y mejores empleos.
      Ø  Pero el gobierno deberá hacer también sus deberes:
§  Disminuir el gasto público a expensas de subsidios empresariales y otros gastos innecesarios, ineficientes o improductivos.
§  Disminuir y limitar la emisión monetaria
§  Posibilitar a la par un mejor acceso al crédito para inversiones.
§  Disminuir también la presión impositiva para lograr estímulos a la producción y nuevos ingresos al mercado laboral.
§  Asumir que sus propias políticas han sido la causa de las circunstancias actuales que nos toca sufrir (muy difícil porque va contra lo declamado)
§  Establecer planes precisos de asistencia solo para las poblaciones vulnerables – por tiempos limitados hasta permitir su reinserción laboral – y con contraprestaciones (como por ejemplo trabajo empleado subsidiado en las empresas, con lo que se lograría mutuo estímulo: hacer trabajar a unos y bajar los costos laborales para la producción a los otros)
§  Evitar su utilización política (lo que veo muy difícil), en especial su reparto clientelar, por punteros y demás partícipes de la politiquería barata y perniciosa.
Esto parece muy fácil de decir, pero probablemente en la transición (es decir: “en el mientras tanto”), deberemos resignarnos a ver que muchos no son alcanzados por los beneficios.
Aunque es de suponer que cuanto más rápido y mejor recorramos el camino correcto, antes veremos los resultados y menor será el número de excluidos que hoy persisten, a pesar de las políticas de inclusión declamadas.
En “el mientras tanto” y dado el retraso cambiario existente el gobierno ha apelado a la devaluación (26% en una semana, cuando lo venía haciendo en “cuenta gotas”), para la mejora de la competitividad, pero debe saberse que esta medida perderá efecto, si la inflación se mantiene en elevados niveles.
Así como ha “secado la plaza” con efectos varios: sobre la demanda de dólares y sobre las expectativas de inflación al disminuir la demanda.
La inflación existente supera lo razonable. Cualquier país de la región (salvo Venezuela), tiene una inflación inferior al 6 ó 7 % anual, mientras nuestra inflación proyectada llega al 35% anual.
Es razonable preguntarse – ya que hemos visto los efectos devastadores de la inflación sobre cualquier economía – ¿cuánto tiempo podremos sostener las variables controladas?,.. ¿Cuánto tiempo tardarán nuevamente en alterarse?
Son varios los escenarios posibles a futuro. Esperemos que el gobierno cumpla con sus deberes para no caminar nuevamente por la cornisa.
En este momento nos encontramos luego de décadas de decadencia con graves problemas para llevar adelante esta propuesta.
En primer lugar como he mencionado todo tipo de intercambios necesita una confianza de la que el gobierno no goza y tardará mucho tiempo en lograr.
En segundo lugar si se avanzara por el camino del desarrollo ello requerirá tiempo, que no será poco. Probablemente el cambio de gobierno en el 2015 nos depare nuevas expectativas, siempre y cuando logremos torcer nuestro pensamiento populista.
Para el ingreso en el mercado laboral no es una cuestión solo de abrir fábricas. También es necesaria una mano de obra calificada,.. que no tenemos, porque años de marginación y a la par un enorme deterioro educativo (como en muchas otras áreas), nos ha dejado sin herramientas para ingresar a un mercado laboral que hoy exige otras calificaciones.
Respecto de lo que denominé “deterioro en muchas otras áreas”, resulta significativo que las políticas populistas con un discurso de “igualar” solo han logrado “igualar para abajo”, en vez de lograr la superación permanente de la sociedad.
Para los ojos atentos el deterioro social es manifiesto y si bien remontar las condiciones económicas nos llevará mucho tiempo, la herencia recibida en cuanto a lo social nos será mucho más difícil de superar.
Lo mencionado no es un dato menor ya que se parte del supuesto que los gobiernos populistas (tanto como lo declaman) logran la igualdad, o disminuyen las desigualdades, generan puesto de trabajo y alcanzan mayor inclusión social.
Pero la verdad salta a la vista: estos supuestos son inexactos y logran los efectos contrarios a los que dicen querer alcanzar.
Se visten con la máscara del “progresismo” y mantienen el discurso que la gente quiere escuchar. Pero la realidad es cruel, pues para mantener lo que prometen deben mantener un gasto público insostenible, por su ineficiencia y por sus consecuencias, que termina por impactar a todos y en especial a los más desfavorecidos.
Es cierto que los gobiernos tienen infinidad de recursos para disimular, posponer o poner las culpas en otros, lo que es una forma de mantener su discurso, de las consecuencias indeseadas de sus políticas.
Pero además disponen no solo del monopolio en la emisión monetaria, sino de múltiples formas de intervención.
Finalmente este modelo intervencionista y que deposita en el estado la potestad en la búsqueda de la declamada “justicia social”, logra precisamente lo contrario, pues la consecuencia de sus desajustes los pagan más quienes menos tienen.
La justicia social no parece que la logran quienes solo la declaman. Es más justo tener trabajo y con el esfuerzo propio llevar el pan a la mesa que recibir una dádiva.
Por eso los gobiernos deben ser controlados y el poder debe ser limitado, si no encuentran ellos mismos las razones para limitarse a sus funciones y permitir un soporte político basado en la libertad.
El respeto y cuidado de las instituciones es la base que permite la iniciativa personal y un subsecuente desarrollo económico que mejora las condiciones de vida de toda la sociedad.
Esto es el respeto y estímulo a la iniciativa personal, al esfuerzo, al trabajo, a la innovación y a los valores que inducen a los individuos a crecer en un marco de sana competencia, con la convicción que en estas sociedades la generación de riqueza por unos alcanza inevitablemente al conjunto…(..)..Se parte de la idea que la intervención del Estado es dañina – y entra en un punto en colisión – con las libertades individuales, los derechos civiles, la generación de riqueza y la economía.
El gobierno no se limita, ¡ni remotamente!, a la realización honesta y eficaz de estas tareas, metiéndose donde no debería meterse, es decir, ¡hasta la cocina![26] Lo que no deja de tener graves consecuencias.
Hasta que la crisis se hace evidente el pensamiento de la sociedad es leída por los políticos y sucede como en nuestro caso que se declama un nacionalismo militante en lo político y un socialismo de derecha en lo económico.[27]
Grave contradicción: “…ningún país serio y normal del planeta conduce los asuntos públicos de ese modo….(….)…esos países creen en el mercado, la competencia y la apertura y en  ninguno de ellos es concebible que los parlamentarios se pongan de pié para aplaudir la declaración de que el país decretaba la bancarrota y rechazaba el pago de la deuda externa,…En esas naciones se suelen cumplir los compromisos y hay leyes severas que castigan a quienes rompen los pactos,…”(Ibíd)
Resulta difícil de aceptar que los argentinos repitamos desde hace muchos años una y otra vez las mismas recetas,.. sostengamos las mismas ideas,.. siempre con los mismos resultados, y no acertemos a recorrer el que ha permitido a otros salir del estancamiento y el subdesarrollo.
Dr. Eduardo Filgueira Lima
Director del CEPyS
Magister en Sistemas de Salud y Seguridad Social (ISALUD)
Magister en Economía y Ciencias Políticas (ESEADE)
Doctorando en Ciencias Políticas (USal)
                                                                                                  Buenos Aires, 20 de Marzo de 2014

 

Referencias:


[1] Yeatts, G. “Historia de dos revoluciones” En: Valores, educación e instituciones. Claves para interpretar la Argentina (Cap II) Fundaión Atlas (2004)
[2] Rouseau, J. J. “El Contrato Social” (1762)
[3] Rousseau, J. J. “Discurso sobre el origen de la desigualdad” (1754)http://juango.es/discurso%20sobre%20el%20origen%20de%20la%20desigualdad.pdf
[4] Rawls, J. “Teoría de la justicia”. Fondo de Cultura Económica, Mexico. (2006)
[5] Chartier,G. “Global Justice and the Foundations of International Law”. Palgrave Macmillan, (2014) 
[6] Locke, J. “Segundo tratado del gobierno civil” (1662)
[7] Roselló, M. “El liberalismo no es para las relaciones estatales”. Instituto Juan de Marianahttp://www.juandemariana.org/comentario/6578/liberalismo/relaciones/estatales/ (2014)
[9] NA: salvo que se refiera solamente a igualdad ante la ley.
[10] NA: salvo que se refiera a un supuesto romántico y retórico
[11] Peruzzotti, E. & Smulovitz, C., “Controlando la Política. Ciudadanos y Medios en las nuevas democracias latinoamericanas”. Buenos Aires Editorial Tema. (2002)
[12] Keynes, J. M. “Teoría general del interés, el empleo y el dinero” (1936)
[13] Buchanan, J. “Democracy in Deficit: The Political Legacy of Lord Keynes” Library of Liberty (1977)
[15] Say, J. B. A Treatise on Political Economy, or the production, distribution and consumption of wealth, (1803).
[16] PPA: Paridad del Poder Adquisitivo
[17] Argañaraz, N. Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), en el XIIIº Congreso Tributario CPCEBA (2014)
[18] Blanco, J. L. Director de Tendencias Económicas Consultora. Informe Marzo, 2014)
[19] Colina, J. Informe IDESA Nº 539 (marzo, 2014)
[20] Caldarelli, A. “Emisión e inflación en la Argentina” (2014)
[22] UCA: Observatorio de la deuda social Argentina. “Desajustes en el desarrollo económico y social”http://www.uca.edu.ar/uca/common/grupo68/files/Anexo_Estad-stico_actualizaci-n_31.07.13.pdf (2013)
[23] Filgueira Lima, E. “Política, economía y pobreza” (2013)https://www.academia.edu/4351076/Politica_economia_y_pobreza
[24] Miller, T & al. The Heritage Foundation: “Indice 2014 de libertad económica” (2014)
[25] Ravier, A. & Krause, M. “Otra vez sobre la pobreza”. Punto de vista económico (2014)
[26] Damm Arnal, A. “Asuntos Capitales” (2014)
[27] Montaner, C. A. “La Argentina quiere ser un país normal” (2004)

 

Eduardo Filgueira Lima es Médico, Magister en Sistemas de Salud y Seguridad Social,  Magister en Economía y Ciencias Políticas de ESEADE y Profesor Universitario.

Las “revoluciones” solo son literatura

Por Alejandro A. Tagliavini. Publicado el 20/7/12 en: http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Opinion/Columnas/Las-revoluciones-solo-son-literatura

Egipto sigue manejado por la misma élite militar financiada y armada por Washington.

Edmund Burke, aunque nacido en Dublín, es considerado el padre del conservadurismo liberal británico, y uno de los principales críticos de la epopeya gala cuyo nuevo aniversario se festejó este 14 de julio.

En 1790, se publicaron sus “Reflexiones sobre la Revolución francesa”, con la que inaugura su denominada ‘epistemología de la política’ (un sistema de empirismo político), donde critica en duros términos el escaso respeto por la tradición del “common law”, en los nuevos principios “revolucionarios” que le parecían demasiado abstractos y contrarios a la libertad de los individuos.

Esta “revolución”, homicida como pocas, fracasó como toda violencia en sus objetivos declarados. Cambió una monarquía absolutista por un régimen más violento e impuso la tradición del “código civil”, o sea, la planificación estatal central, contra la tradición del derecho común creado a través de los tiempos por los usos y costumbres de las personas. E instaló la “democracia” como dictadura de las mayorías, ya que los usos y costumbres dejaban de tener valor frente a la capacidad racionalista del Estado central planificador, manejado por las mayorías, a través del voto “democrático” (el mismo que llevó a Hitler al poder).

Dejemos de lado la comparación de las sangrientas “revoluciones libertadoras” de América con los procesos que llevaron la independencia, sin derramamiento de sangre, a países como India y Canadá, y dejemos de lado la “revolución” castrista que instaló uno de los gobiernos literalmente más conservadores (todavía dirigido por los mismos gerontes), y analicemos las árabes que tanto entusiasmo dieron a muchos, al punto que la OTAN promovió una matanza contraproducente, como toda violencia. 

Caído el tirano Mubarak, desde el 30 de junio, Egipto tiene a su primer presidente “electo democráticamente”, Mohammed Morsi, líder de la Hermandad Musulmana, el partido madre del Hamas palestino y la mayor fuerza nacionalista islámica, que siempre ha sido socialmente conservadora, teocrática y opositora a Estados Unidos e Israel. Movimientos similares han terminado siendo los beneficiados de las “revoluciones” en Libia y Túnez.

Morsi dice que respetará los acuerdos internacionales (incluido el que acepta a Israel) aunque está bajo la presión de sus bases y su doctrina integrista mahometana. Sucede que no fue investido ante el parlamento sino ante el Tribunal Supremo Constitucional, controlado por el Consejo Supremo de las FF AA, el mismo que respaldaba a Mubarak y que ha impuesto que no se acepte instaurar el parlamento electo donde los nacionalistas musulmanes son mayoría. Es decir que Egipto sigue manejado por la misma élite militar que se ha beneficiado con la billonaria ayuda (¿soborno?), financiera y bélica, de Washington.

Siria parece la próxima de estas “revoluciones” que, por cierto, son siempre destructivas porque los “cambios radicales” necesariamente tienen que ser violentos ya que, espontáneamente, no se dan en la naturaleza donde todo se desarrolla y crece por maduración. Por el contrario, los problemas se solucionan con más paz y libertad. Para empezar, habría que levantar toda restricción a la libre circulación, con Siria, de personas, bienes y servicios financieros y de todo tipo, lo que permitiría una mayor integración del pueblo con el mundo y un mayor beneficio a la espera de que, tarde o temprano, la tiranía caiga por su propio peso.

Alejandro A. Tagliavini es ingeniero graduado de la Universidad de Buenos Aires. Es Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California y fue miembro del Departamento de Política Económica de ESEADE.