El fin de la ley y la moralidad e inmoralidad del Estado

Por Gabriel Boragina. Publicado en: http://www.accionhumana.com/2021/10/el-fin-de-la-ley-y-la-moralidad-e.html?spref=fb&utm_campaign=Bolet%C3%ADn%20Informativo%20de%20Gabriel%20Boragina%F0%9F%90%8D&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter

Fueron muchos los autores que han insistido en el importante papel que cumplen las leyes en el diseño de la sociedad. Por mi parte he destacado que las leyes son el resultado más que la causa de ese diseño, en última instancia.

Si se quiere conocer la cultura predominante en una sociedad determinada, una guía o factor preponderante es su estructura legal, aspecto del cual hasta los juristas -salvo excepciones- no son plenamente conscientes.

Las legislaciones en general se han vuelto más y más intervencionistas con el curso de los tiempos. Podemos decir que el camino al socialismo esta pavimentado por el número de leyes que tenga una sociedad específica. La ley ya -en si misma- implica una intervención en una relación ajena al legislador, porque afecta a terceros, aunque el legislador pueda –eventualmente- quedar incluido en ese efecto que la ley -que el mismo promulga- tendrá a futuro. A veces ese efecto es inmediato y directo, como sucede con las leyes destinadas aumentar las dietas de los propios legisladores.

Un alto número de leyes es mal indicio contra las libertades, porque toda ley implica la regulación o control de lo que sea objeto de esa ley. Si a ello se le agrega el contenido de la ley, cuanto más interfiere en las libertades individuales estará indicando una mentalidad más estatista de sus legisladores, y si recordamos algo que perdemos de vista muy a menudo y es que los legisladores son elegidos por el pueblo tenemos la respuesta a la pregunta de cuán estatistas o liberales son las personas de ese país, zona, región, estado o ciudad.

El grado de detallismo de la ley implica acotar el margen de maniobra de las personas individuales y ampliar el de los órganos legislativos y la esfera de poder gubernamental.

Si hay alguien quien explica claramente este problema es el premio Nobel de Economía F. A. v. Hayek cuando nos dice:

«Cuando al hacer una ley se han previsto sus efectos particulares, aquélla deja de ser un simple instrumento para uso de las gentes y se transforma en un instrumento del legislador sobre el pueblo y para sus propios fines. El Estado deja de ser una pieza del mecanismo utilitario proyectado para ayudar a los individuos al pleno desarrollo de su personalidad individual y se convierte en una institución «moral»: donde «moral» no se usa en contraposición a inmoral, sino para caracterizar a una institución que impone a sus miembros sus propias opiniones sobre todas las cuestiones morales, sean morales o grandemente inmorales estas opiniones. En este sentido, el nazi u otro Estado colectivista cualquiera es «moral», mientras que el Estado liberal no lo es.»[1]

Esos efectos particulares son los que el legislador quiere y no los que quiere la gente, pero hay aquí algo muy importante que hay que advertir: en la medida que la gente acepte y cumpla con esa ley estará hacienda suyos esos instrumentos y fines que el legislador -en primera instancia- impone.

El grado de aceptación de las leyes por parte de sus destinatarios implica la conversión de los fines del legislador en los fines de aquellos que acepten la ley como receptores. Desde este punto de vista, una ley puede ser una herramienta de opresión para la sociedad admitida por esa sociedad de manera pasiva al obedecer esa ley. Esto, naturalmente, se multiplica por la cantidad de leyes que sean promulgadas en ese ámbito social.

Aunque, sin duda, no cuestionamos la indiscutible autoridad intelectual del fenomenal economista austriaco discípulo de Ludwig von Mises, la cual no estamos en condiciones, ni de rebatir, ni de controvertir, a la luz de nuestros tiempos, tenemos dudas respecto del «estado» como «pieza del mecanismo utilitario proyectado para ayudar a los individuos al pleno desarrollo de su personalidad individual»

Creemos, más bien, que lo que pueda hacer el estado-nación en favor de ese desarrollo individual es bastante poco, y que cuando más se empeña en promover ese desarrollo individual más son contrarios los resultados que obtiene en ello.

Un caso a cuento, es la proliferación de planes sociales, subsidios, subvenciones de todo tipo que abundan en casi todas las legislaciones a nivel mundial, pero con mayor relieve en los países subdesarrollados como son los de Latinoamérica y -en particular- en Argentina.

Son crecientes con cada cambio de gobierno, sea del signo ideológico que fuere. Raros son los candidatos que prometen su reducción, y más extraños son los que directamente digan claramente que conviene su eliminación total. Hasta los aspirantes a cargos públicos que se dicen a sí mismos «libertarios» vacilan, son ambiguos o contradictorios en el tema, y exigidos por la prensa definirse por el tema optan por negar su eliminación o siquiera reducción en el caso de que sean triunfantes en las elecciones.

En el fondo, no dudan en que -en su rol de legisladores- deberán apoyar las leyes de «ayuda social” o asistenciales aunque (en el plano teórico y del discurso) hayan enfatizado que tales subvenciones son antiliberales y regresivas. Pero, por unos votos pueden pasar sin dificultad de lo políticamente incorrecto a lo correcto. Es triste escucharlos.

De esa manera, van aceptando –consciente o inconscientemente, aunque más de lo primero que de lo segundo- el rol del estado/gobierno como institución «moral» a la que se refiere el eminente pensador austriaco. Es más, se suman a esa idea y, una vez en el mando, van cimentando esa «moralidad» forzada que tratan de imponer a los demás.

Hay entonces un efecto de retroalimentación entre la sociedad y sus directores, donde cobran especial relieve los políticos que necesitan de los votos de esa sociedad para poder llegar al poder y desde allí asignar los diseños que prefieran, que no podrán ser muy diferentes -no obstante- a los ya aceptados por la cultura del lugar donde se aspire a ejercer esa autoridad.

En esos estados-naciones, vivir al margen de ese tipo de leyes «morales» es un signo de salud cívica y de independencia individual en contra de la corriente que el legislador quiere aplicar a los demás.


[1] Friedrich A. von Hayek, Camino de servidumbre. Alianza Editorial. España. pág. 109-110

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE. Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero. Síguelo en  @GBoragina

Los números que explican los beneficios del libre comercio

Por Martín Krause. Publicado el 7/5/20 en: https://www.infobae.com/opinion/2020/05/07/los-numeros-que-explican-los-beneficios-del-libre-comercio/

 

Hay frases que dicen muchas cosas. El canciller Felipe Solá dijo una de esas: “Los que piden tratados de libre comercio del Mercosur con otros países no pueden destacar un solo beneficio para el trabajo argentino. Su posición es ideológica: el libre comercio siempre será mejor por definición”.

Vamos por partes. Al demandar que se presente, aunque sea, un beneficio del libre comercio el canciller manifiesta que evalúa el tema en relación a sus consecuencias, al resultado. El libre comercio puede defenderse desde otra perspectiva: que se trata de un derecho. Tomemos a esos trabajadores argentinos que menciona en la frase. ¿Tienen derecho a disponer de su ingreso como les parezca apropiado? ¿Pueden decidir si lo van a gastar comprando a alguien del barrio, o de otra provincia, o del Uruguay, o de México, o de Noruega y Finlandia, que tanto le gustan al Presidente?

No es esa la visión del canciller, pero es la que defienden en otros ámbitos. ¿Acaso no plantean también que las personas tienen “derecho” a un cierto ingreso sin tomar en cuenta las consecuencias? Que tienen un derecho a la ayuda del Estado aunque este no tenga recursos, aunque emita para pagarlos, aunque genere más inflación que deteriora esos mismos recursos, aunque desafíe la hiperinflación. Esas parecen ser cuestiones de “derechos”, y no de consecuencias. Entonces, ¿cuándo tomamos en cuenta derechos y cuándo resultados?

Respecto a si el libre comercio siempre será mejor por definición, eso es correcto, pero no es una posición “ideológica”, que implica “sesgada”, sino una posición “científica”. Es lo que señala la ciencia económica desde que David Ricardo desarrollara la teoría de las ventajas comparativas en su famoso texto de 1817. No es una teoría que se haya mantenido inalterada, sin embargo. La “revolución” que implicó considerar al valor como algo subjetivo llevó a la reformulación de esta teoría en base al costo de oportunidad por Gottfried Haberler en 1930 y en las décadas recientes ha avanzado desde analizar las ventajas comparativas de países, a las de industrias y a las de empresas, con aportes, entre otros, de Paul Krugman, que le valieran el premio Nobel, no sus artículos en el New York Times.

Es que esa “ley” económica no es más que parte de la llamada Ley de Asociación, según la cual a cada uno de nosotros nos conviene dedicarnos a algo y luego comprar lo que necesitemos de los demás. Ya Adam Smith señalaba que no nos parecería lógico que un padre de familia intentara producir desde el alimento que le va a dar a sus hijos, pasando por su ropa, sus libros y cuadernos para el colegio hasta sus vacunas o tratamiento dental. Y lo que es razonable para una familia no deja de serlo para un “reino”.

Supongo que el Canciller querrá seguir a quienes han desafiado estas teorías, aceptadas por el 95% de los economistas según encuestas entre ellos. No hace mucho, George Mankiw, director del Departamento de Economía de Harvard, volvía a hacer referencia a esto señalando que “pocas proposiciones logran tanto consenso entre los economistas profesionales como que el comercio global abierto incrementa el crecimiento económico y los estándares de vida”.

Los países que se han abierto al comercio internacional han mejorado consistentemente su nivel de ingresos y diversificado su comercio internacional. Así, por ejemplo, los dos países con menores barreras al comercio son Singapur y Hong Kong. En el primer caso el ingreso per cápita era de 3.503 dólares en 1960, según el Banco Mundial, y ahora es $ 58.247; para Hong Kong de $3.380 a $38.781 en el mismo lapso.

Son muy distintos a Argentina, se dirá. Veamos uno un poco más parecido en cuanto a recursos, Nueva Zelanda, que está en el tercer lugar como economía más abierta. Pasó de $20.973 en 1970, cuando decidió abrir su economía, a $37.797 ahora. Australia es mucho más parecido a nosotros en cuanto a recursos disponibles, se encuentra en el puesto 17° y su ingreso per cápita pasó de $19.378 en 1960 a $ 56.842 ahora. Canadá también tiene recursos parecidos, y está en el puesto 10° de apertura comercial y con un cambio de $16.449 en 1960 a $51.391 ahora. Mientras tanto Argentina está en el puesto 71° de apertura comercial y nuestro ingreso ha crecido de $5.642 en 1960 a $10.043 en 2018.

Nótese que en el caso del país más abierto, Singapur, el ingreso per cápita se multiplicó 16,6 veces; en Hong Kong 11,4 veces; en Australia 2,93 veces; en Canadá 3,12 veces, mientras que en Argentina creció 1,78 veces en el mismo período.

Si queremos tomar algunos ejemplos más cercanos, Chile pasó de un ingreso per cápita de $4.465 en 1983 cuando comenzó a abrir su economía, a $15.130 en 2018, unas 3,38 veces. Como siempre se dirá que fue una dictadura aunque el proceso continuó y se aceleró en gobiernos posteriores. Si no es ese podemos ver el caso de Perú, que inició sus reformas en los 90s, es el primero en la región en cuanto a apertura comercial y vio crecer su ingreso de $2.589 en 1992 a $6.453 en 2018, 2,49 veces en 25 años.

¿Podrán destacarse estos resultados como los “beneficios” que el Canciller dice nadie puede mostrar? No hay ninguna ideología acá, lo que hay es teoría confirmada por los hechos. Ideología puede ser la del Canciller, que le impide ver los resultados.

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade). Síguelo en @martinkrause