La economía atacada por leyes antieconómicas

Por Gabriel Boragina. Publicado en:

 

Generalmente, se culpa al gobierno de turno por los fracasos económicos que acaecen durante su gestión. No cabe duda que un gobierno puede cometer torpezas económicas y -de hecho- la mayoría de ellos (sino todos) lo hacen cada vez que tienen la oportunidad.
Nuestra mirada cortoplacista nos hace pensar que la culpa completa de los desastres económicos (grandes o pequeños) son del gobierno al mando del momento. Sin embargo, suele pasarse por alto que cuando un partido llega al poder, pesarán sobre sus espaldas y maniatarán su campo de maniobra de acción todo el peso de las leyes que le precedieron, y que en el país rigen desde décadas atrás.
En el caso argentino -al menos- la gran mayoría de estas leyes no sólo son inconstitucionales, sino que también son antieconómicas, y el partido gobernante (a menos que desee y pueda convertirse en una tiranía al estilo de la Venezuela chavista) está obligado a respetar todas y cada una de esas leyes, siendo el poder ejecutivo, meramente, el encargado de su aplicación.
Además de esto, también se soslaya que, no sólo gobierna el poder ejecutivo, y que este debe limitarse a rol de aplicar las leyes que ya existían y existen antes de la llegada del partido gobernante, sino que también gobierna el poder legislativo, que no para de sancionar leyes que, por lo general, también son cada vez más inconstitucionales y -por consiguiente- más antieconómicas. A pesar del tiempo transcurrido, creo que quien mejor expuso esto, que aquí simplemente delineamos, fue el prócer argentino Juan Bautista Alberdi en su maravillosa obra Sistema económico y rentístico de la Confederación Argentina según su Constitución de 1853.
Alberdi fue el inspirador más importante de la Constitución de la Nación Argentina, la que pese a las graves mutilaciones sufridas con la reforma del 1994 todavía conserva parte del espíritu de aquella Constitución Fundadora. En la obra señalada antes, el insigne Alberdi detalla cual es el verdadero espíritu de esa Constitución, y que puede resumirse en una sola palabra: libertad.
Podemos decir que, un país es lo que sus leyes expresan y no lo que sus accidentales gobiernos -en suma, pasajeros- dicen que es o quieren demostrar que es.
Es cierto que en el caso argentino la gran mayoría de los gobiernos han querido (y seguramente seguirán queriendo) estar por encima de las leyes (Constitución Nacional incluida) y a veces consiguen ejecutar actos que circunstancialmente les permiten estarlo. Pero hay todo un entramado o tejido social subterráneo al gobierno y que este -por muy grande y poderoso que sea- no puede controlar, y que está construido por la burocracia, las leyes administrativas y un gran armazón de enmarañada y compleja red de reglamentaciones, resoluciones y disposiciones que no hacen más que entorpecer la vida de los usuarios y ciudadanos comunes que son, en definitiva, quienes configuran el motor económico de una nación.
Porque la economía no la hacen los gobiernos ni las leyes, sino los seres humanos que son los únicos que pueden producir o impedírseles de hacerlo, y para esto último están precisamente las leyes, dado que para producir el hombre no necesita de ninguna ley, sino sólo de su esfuerzo y voluntad de trabajar y ofrecer un servicio o bien con el cual será retribuido por alguien que esté dispuesto a pagar por él.
Las leyes -sobre todo cuando son excesivas como en el caso argentino- sólo pueden obstruir e impedir el desenvolvimiento económico y productivo de la nación, jamás al revés. Porque aún sin leyes, el hombre tuvo que descubrir -después de salido de las cavernas- que la única manera de prosperar pacíficamente era intercambiando con sus semejantes bienes o servicios que otros necesitaban para obtener lo que él quería.
Y fue Adam Smith el que reveló que, gracias al egoísmo de los hombres las sociedades salen a flote, aun cuando esos seres egoístas no lo desearan. Simplemente, están naturalmente compelidos a colaborar con la sociedad -aun involuntariamente- proveyéndola de bienes y de servicios como condición sine qua non para poder llevar a su casa lo que él y su familia necesitan para subsistir y progresar. El egoísmo es el motor humano -como dirían los economistas clásicos- que no necesita de ninguna ley del parlamento para que la sociedad adelante por sí misma.
La hiperinflación legislativa es un fenómeno típico del intervencionismo más extremo, creando el síndrome que dimos en llamar de legalitis o legismanía, que podría definirse como pasión por las leyes o por legislar todo lo legislable y también lo no legislable.
Esto no quiere decir que no deberían existir las leyes -lo que sería un contrasentido, más proviniendo de una persona que ejerce la profesión de abogado- sino que, como todas las cosas de la vida, lo que debe evitarse es su exceso, ya que todos los extremos son peligrosos, y no debe haber ni déficit ni superávit de leyes, porque la ley no es un fin en sí mismo, sino un medio para un fin, que es que allí donde se quiebre la convivencia -por cualquier motivo que sea- debe existir una ley que permita restablecerla y punto. La ley no debe cumplir otro rol que el indicado: ser un correctivo para normalizar una situación anormal, si es que esta no puede solucionarse por sí misma o -mejor dicho- por los interesados e involucrados en la controversia. Y, por supuesto, deben existir las leyes penales, sólo para evitar la justicia por mano propia y no por otras razones más sofisticadas.
Ahora bien, todo lo que exceda lo anterior, sobra, y termina siendo nocivo para la sociedad, porque lejos de aventar los conflictos, los atrae, genera y retroalimenta. Máxime como sucede hoy en día, donde hay -prácticamente- leyes para todos los gustos, grupos y personas, y donde la velocidad con la que el congreso las expide hace que todos quieran tener “su” ley, hecha a su medida e intereses, o para su colectivo preferido, sindical, empresarial, laboral, religioso, docente, LGTB, feminista, abortista, etc. Lo que crea no pocos enfrentamientos entre estos diversos conjuntos y otros no nombrados aquí, que como queda visto demuestran que la proliferación de leyes lejos de traer paz social trae inquietud y tensión social.
En rigor, basta una sola ley. Aquella que simplemente dice: “la propiedad es inviolable”.
Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE. Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero. Síguelo en  @GBoragina ‏ 

Inseguridad jurídica (2° parte)

Por Gabriel Boragina. Publicado en: http://www.accionhumana.com/2019/02/inseguridad-juridica-2-parte.html

 

Revisemos el concepto actual de ley:

“Contemporáneamente se entiende la ley como un conjunto de disposiciones, mandatos y códigos. Frente a cualquier problema se propone la promulgación de una nueva ley por la asamblea legislativa. De este modo, además de adulterarse el concepto del derecho, se crea una gran inseguridad jurídica ya que si el legislador puede rápidamente promulgar una ley también la puede abrogar o modificar con la misma celeridad. Los resultados eran distintos en los comienzos de los mencionados casos del common law y del derecho romano en que los jueces eran espectadores más que actores de un proceso competitivo en el que se iban tamizando y contrastando resultados y en el que se conjugaban elementos dinámicos en un contexto de permanencia de principios generales del derecho (Epstein, 1980: 255-6 y 266). El criterio y la perspectiva con que se analiza el derecho es distinta si se piensa que los contratos tienen lugar porque hay una ley que, desde arriba, concibe, diseña e inventa los correspondientes mecanismos (Fullner, 1981: 174-5) sin percibir, por ejemplo, que el derecho comercial durante la Edad Media, en Inglaterra, se elaboró y ejecutó de modo totalmente privado (Wooldrige, 1970: cap. 5; Buckland, 1952; Berman, 1983: 333-356).” [1]

El contenido de esta cita es lo que nosotros hemos denominado estabilidad jurídica(fórmula que preferimos a la más usual de inseguridad jurídica por las razones ya dadas más arriba). La circunstancia cierta que los legisladores sancionen leyes con la misma velocidad con la que pueden derogar otras alude -más bien- a la estabilidad jurídica antes que a la inseguridad. Porque es de alguna manera la situación que vivimos actualmente, donde bien podemos tener la seguridad jurídica que así sucede en la práctica. Basta para comprobar esto último echarle una somera ojeada al Boletín Oficial, que es el diario donde se publican las leyes, los decretos reglamentarios, resoluciones, disposiciones, etc. para tener la seguridad jurídica de la enorme cantidad y parafernalia de normas que se promulgan diariamente.

No cabe la menor duda que la inflación legislativa destruye esta estabilidad jurídica de la misma manera que -en el campo de la economía- la inflación atenta contra la estabilidad monetaria y, de esta última manera, sea habitual al designar el fenómeno, aunque también (pero menos) se dice “inseguridad monetaria”. Es más apropiado denominar como inestabilidad, tanto monetaria como legislativa o legal. Por estas razones adoptamos la fórmula inestabilidad jurídica para el hecho que la mayoría rotula como de “inseguridad jurídica”

Con todo, somos conscientes que se encuentra más arraigada en el uso común la última expresión que la que proponemos nosotros.

En el caso argentino (que es el que mejor conocemos) estamos en condiciones de hablar -más que de inestabilidad jurídica- de caos jurídico. Y más propiamente, podemos decir que sea consecuencia de un verdadero caos legislativo. Suelen recaer criticas justificadas sobre el accionar de la justicia. Las principales deficiencias del sistema (que no son nuevas, por cierto) reinciden sobre dos aspectos centrales: la lentitud de los procedimientos y sus finalizaciones y -lo que quizás sea más grave- la injusticia de las sentencias que se dictan sobre las distintas causas.

A esto se suma -como agravante- el de la retroactividad de las leyes, que afectan derechos adquiridos, algo desgraciadamente frecuente en materia fiscal:

“Piénsese por ejemplo en lo siguiente: en materia de efectos temporales de la norma, el Derecho Tributario distingue los hechos imponibles instantáneos de los hechos imponibles de ejercicio. Los primeros se configuran en un instante: una venta, para el impuesto al valor agregado. Los “de ejercicio”, en cambio, se perfeccionan al final de un período de tiempo determinado, y gravan el producto de una suma de situaciones acaecidas durante dicho lapso: piénsese en el impuesto a las ganancias. El Derecho Tributario argentino admite que una reforma impositiva sancionada durante el curso del ejercicio grave el resultado de operaciones anteriores a ella, violando la garantía de los derechos adquiridos. Consecuentemente, se tornó una constante de nuestra historia tributaria la costumbre de aprobar reformas impositivas en los últimos meses, cuando no en los últimos días, del ejercicio fiscal, […] que afectan el resultado del total de operaciones del año. Parece evidente el perjudicial efecto que sobre la planificación empresaria pueden ejercer, vía incertidumbre e inseguridad jurídica, principios normativos como la aceptación de la validez de ciertas retroactividades.”[2]

Múltiples son los factores que inciden en estos magros y negativos resultados.

La hiperinflación legislativa (que tampoco es un fenómeno novedoso) obliga a crear superestructuras burocráticas que se superponen unas a las otras y entorpecen tareas y procedimientos, todo lo cual conlleva a una mayor dilación de los plazos y términos procesales, que se extienden a veces mucho más allá de la voluntad de los jueces que, a su turno, dependen de esas superestructuras burocráticas.

La proliferación de normas y la frecuente contradicción entre las mismas genera un clima general de confusión y desconcierto entre la comunidad jurídica, que forman sustancialmente abogados litigantes y jueces.

Cuando se habla de desregular la economía -por ejemplo- suele no tenerse conciencia del aspecto señalado anteriormente, ya que para obtener tal objetivo habría que primero desandar todo el camino emprendido, es decir, desmontar legislativamente todo ese conjunto de normas (leyes, decretos, reglamentaciones, circulares, resoluciones, etc.) que no sólo alimenta la burocracia, sino que impide que esta brinde un servicio decente al ciudadano.

El parlamento se ha convertido en una suerte de campo de competencia donde los distintos partidos de diferentes extracciones ideológicas rivalizan en una carrera desenfrenada por ver quién es el legislador que propone y logra aprobar mayores cantidades de leyes de cualquier tipo, sin importar demasiado cual sea su contenido. Pero, como decía el genial Juan Bautista Alberdi, el Congreso debería dedicarse más a derogar las leyes que son barrera de la libertad que aprobar nuevas.

No obstante, tampoco pueden soslayarse casos de corrupción dentro del poder judicial, algunos muy sonados por la presa y que son de público conocimiento, que empeoran todavía más el panorama jurídico y legal.

[1] Alberto Benegas Lynch (h). El juicio crítico como progreso. Editorial Sudamericana. Pág. 697-698

[2] Alberto Benegas Lynch (h) Entre albas y crepúsculos: peregrinaje en busca de conocimiento. Edición de Fundación Alberdi. Mendoza. Argentina. Marzo de 2001. Pág. 330

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE. Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

Planificación y libertad

Por Gabriel Boragina. Publicado el 2/7/16 en: http://www.accionhumana.com/2016/07/planificacion-y-libertad.html

 

Es común que se hable del estado-nación como un ser “vivo” con personalidad propia, y que toma “decisiones” y “actúa” como cualquier persona o ser humano. Este antropomorfismo esta tan arraigado que es bastante complicado -por no decir casi imposible- encontrar personas que no se expresen de dicha manera. Pero, si solo fuera una forma de decir, no habría tanto problema como el que existe en la medida que la gran mayoría cree firmemente que con certeza el estado-nación o el gobierno son “personas reales”, entes físicos y concretos que actúan y que deciden de modo separado al resto de los individuos. Son muchas las teorías jurídico-políticas que intentan -desde la antigüedad- justificar la existencia de un estado “autónomo” “independiente” y por encima de los individuos humanos.

Desde hace tiempo, nosotros -con otros- venimos sosteniendo que, entre el estado-nación y los individuos las diferencias reales residen en quienes detentan el poder político. Este poder político se traduce -a nuestro juicio- en la facultad de dictar leyes que puedan ser impuestas a otras personas, para lo cual aquellas personas que se arrogan el poder político se valen de un monopolio, siendo indiferente si este monopolio se lo atribuyen los que legislan, o bien es otorgado por quienes serán legislados.

Los actos de quienes poseen el poder (es decir, de los que ordinariamente se denominan funcionarios públicos) obviamente tienen consecuencias, pero en la medida que tales personas (dada la calidad que se atribuyen o auto-atribuyen) pueden legislar sobre la conducta de otras personas, obviamente influirán (para bien o para mal) sobre los efectos de las decisiones de estas personas que no se hallan en una posición de poder semejante:

“Si el Estado ha de prever la incidencia de sus actos esto significa que no puede dejar elección a los afectados. Allí donde el Estado puede prever exactamente los efectos de las vías de acción alternativas sobre los individuos en particular, es el Estado quien elige entre los diferentes fines. Si deseamos crear nuevas oportunidades abiertas a todos, ofrecer opciones que la gente pueda usar como quiera, los resultados precisos no pueden ser previstos.”[1]

En otros términos, quienes ostentan el poder político-legal, traducido en el monopolio de la creación de leyes que -por definición- se hallan en condiciones de imponer a quienes no gozan de dicho poder (excepto de carácter formal, mediato, o a largo plazo, en virtud de alguna teoría política de representación), y si estas leyes pretenden prever puntualmente la consecuencia de cada acto estatal, ello no deja margen de acción alguno a las personas que se encuentran sometidas al imperio oficial. Si se intentara lo anterior, implicaría que el estado-nación no puede dar resquicio mínimo de libertad individual.

“Las normas generales, o leyes genuinas, a diferencia de las órdenes específicas, tienen que proyectarse, pues, para operar en circunstancias que no pueden preverse con detalle, y, por consiguiente, no pueden conocerse de antemano sus efectos sobre cada fin o cada individuo en particular. Sólo de este modo le es posible al legislador ser imparcial. Ser imparcial significa no tener respuesta para ciertas cuestiones: para aquella clase de cuestiones sobre las que, si hemos de decidir nosotros, decidimos tirando al aire una moneda”.[2]

Lógicamente, si tenemos en cuenta que las leyes son creaciones humanas que están destinadas a tener efectos sobre otras acciones humanas, resulta obvio que aquellas leyes que procuran prever la mayor cantidad de consecuencias posibles de la actividad de otras personas, tienen que necesariamente limitar la libertad de elección -y, por consiguiente- de acción de un número mayoritario de individuos. De aquí a decir que la planificación estatal opera en contra de la libertad humana hay un solo y certero paso. En suma, se trata de individuos que encaramados desde una posición de poder ensayan planificar la vida de sus semejantes. Bien visto, el estado-nación (tal como hoy en día se lo acepta popularmente) se reduce sencillamente a esto último: se le otorga el poder de decidir sobre la vida o destinos de la gran masa de votantes que, paradójicamente, suelen votar proyectos políticos que los sojuzgan y -muchas veces- los humillan al mismo tiempo. Debemos tener en consideración que la gran mayoría de nuestras “leyes actuales” no son más que lo que Hayek bien denomina “órdenes específicas”, las que cada vez están más lejos del concepto de norma general.

“En un mundo donde todo estuviera exactamente previsto, le sería muy difícil al Estado hacer algo y permanecer imparcial. Allí donde se conocen los efectos precisos de la política del Estado sobre los individuos en particular, donde el Estado se propone directamente estos efectos particulares, no puede menos de conocer esos efectos, y no puede, por ende, ser imparcial. Tiene necesariamente que tomar partido, imponer a la gente sus valoraciones y, en lugar de ayudar a ésta al logro de sus propios fines, elegir por ella los fines”.[3]

De forma análoga, donde toda elección humana estuviera puntualmente legislada, sería bastante difícil que cualquier persona no cayera de inmediato en alguna infracción por apartarse un milímetro de lo que el legislador hubiera previsto como objetivo de esa norma destinada a determinar la conducta de un tercero. Recordemos que los actos del estado-nación siempre se proyectan y se plasman a través de leyes (a tales fines, es indistinto que se las llame normas, decretos, resoluciones, es decir su denominación técnico-legal). La legislación es la característica del actuar de los estados, por ello para conocer la índole o la definición política de un estado cualquiera debemos detenernos en el examen de la legislación vigente en el mismo. En este caso, quien planifica la vida de otros, es lisa y llanamente un dictador, sin importar demasiado la forma en que el mismo haya accedido al poder, esto es: si por vía de elecciones votadas o por las de hecho o de facto.

 

[1] Friedrich A. von Hayek, Camino de servidumbre. Alianza Editorial. España. pág. 109-110

[2] Hayek, Camino de servidumbre…ob. cit. 109-110

[3] Hayek, Camino de servidumbre…ob. cit. 109-110

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.