República

Globalización y democracia: ¿puede la competencia intergubernamental fortalecer la libertad individual?

Por Martín Krause. Publicado el 5/12/18 en: http://bazar.ufm.edu/globalizacion-democracia-puede-la-competencia-intergubernamental-fortalecer-la-libertad-individual/

Con los alumnos de la materia Public Choice, vemos un artículo de Viktor Vanberg titulado “Globalización, democracia y la soberanía del ciudadano: ¿puede la competencia intergubernamental fortalecer la democracia?” donde analiza el impacto que la globalización, vista como un aumento de la competencia entre jurisdicciones, pueda tener como una forma de limitar al poder. Pero creo que el tema no debería plantearse como un fortalecimiento de la “democracia”, sino como un fortalecimiento de la libertad, o de la república, como democracia limitada. Así comienza:

“La expansión de los mercados conocida como globalización crea nuevas opciones nuevas avenidas para el comercio de bienes y servicios, como así también nuevas oportunidades para las inversiones de capital y la asignación de los recursos productivos que se pueden desplazar. Es una afirmación común, y no respondida, que la globalización y la competencia que de ella resulta entre las distintas jurisdicciones impone restricciones a las acciones libres de los gobiernos nacionales. La competencia es siempre un problema de accesibilidad a opciones alternativas, y, en la misma medida que la globalización de los mercados crea opciones adicionales para los ciudadanos y para aquellos a los que podemos llamar usuarios jurisdiccionales, la competencia entre jurisdicciones restringen el poder que los gobiernos pueden ejercer sobre ellos. Los gobiernos no pueden impunemente ignorar el mayor rango de opciones que ofrece la globalización a sus ciudadanos y usuarios jurisdiccionales.

El punto en discusión es cómo deben evaluarse estas restricciones del poder del gobierno. El argumento de que la competencia entre jurisdicciones puede servir los intereses comunes de los ciudadanos y que es, por lo tanto, una buena consecuencia, es defendido por autores como Geoffrey Brennan y James M. Buchanan (1988:212 sig.) que ven la vulnerabilidad a la búsqueda de privilegios y rentas cómo una debilidad fundamental en el proceso político de toma de decisiones. De acuerdo al punto de vista de estos pensadores la competencia entre gobiernos puede brindar un remedio potencial al limitar el entorno delos gobiernos a otorgar privilegios, y, por lo tanto, se reducen los incentivos para la búsqueda de renta. El contra argumento, de que la competencia entre jurisdicciones obstruye e inclusive puede impedir la realización de los intereses colectivos de los ciudadanos es defendido por autores como Fritz W. Scharpf (1998) o Hans-Werner Sinn (1994, 1996). Ellos enfatizan los efectos potenciales de incentivos negativos de la competencia entre jurisdicciones, y el peligro de que puede llevar a una “competencia ruinosa entre Estados” (Sinn, 1995:241), con consecuencias indeseables para todas las partes involucradas.

El punto de este artículo es sobre un argumento que se escucha frecuentemente dentro de este contexto, fundamentalmente que los desarrollos que se refieren a la globalización representan una amenaza para la democracia, y que existe un conflicto sistemático entre las fuerzas de la competencia del mercado entre jurisdicciones y los principios de la política democrática. Para examinar este argumento, primero es necesario aclarar que se entiende por principios de política democrática, y qué criterios de performance deberían, en consecuencia, usarse para acceder a una política democrática. Esta cuestión debe aclararse antes de que uno pueda proceder a una discusión con sentido acerca de cómo los efectos de la competencia entre jurisdicciones en política deben evaluarse en términos de los criterios que se postulan.”

Y así concluye:

“… la competencia entre jurisdicciones pueden realizar una contribución valiosa a la “mejora de la democracia” haciendo más difícil que los gobiernos implementen esquemas políticos que benefician a ciertos ciudadanos a costa de otros. En la medida que la movilidad de los propios ciudadanos y de los recursos trasladables favorezca a ciertos grupos privilegiados o a los que tienen las riendas del poder para tomar decisiones políticas, la competencia entre jurisdicciones le ofrece a los ciudadanos y a los usuarios de jurisdicciones una protección contra la explotación.

Con respecto a la capacidad de los gobiernos para actuar en defensa de los intereses comunes de los ciudadanos, la competencia entre jurisdicciones pueden ayudar, en su rol como proceso de descubrimiento, a los gobiernos y a los ciudadanos a resolver el difícil problema de determinar qué características y servicios de la jurisdicción puede ser más eficiente. En este sentido, la competencia entre jurisdicciones puede ayudar a mejorar la democracia. Por otro lado, mi discusión acerca del resentimiento contra la competencia entre jurisdicciones intentó demostrar que no existen indicios obvios de que esta competencia impida o limite a los gobiernos de implementar esquemas que realmente beneficien a todos los ciudadanos. Si, en este sentido, los efectos negativos de la competencia existen, uno debería primero analizar si tales efectos pueden atribuirse a la competencia misma, o, en cambio, son el resultado de las ineficiencias constitucionales a nivel nacional o internacional. Las deficiencias constitucionales a nivel nacional pueden surgir del fracaso en impedir problemas de free-riding debido a los incentivos que tienen los recursos trasladables para conseguir beneficios de los servicios de jurisdicción sin pagar por ellos. Los problemas de este tipo de free-riding deben distinguirse estrictamente del punto que está en el corazón de la competencia entre jurisdicciones, principalmente la posibilidad de salida, un punto que tiene que ver con la disposición de los recursos trasladables de pagar el precio solicitado por los servicios de la jurisdicción, o si prefieren renunciar a estos servicios a favor de opciones alternativas. Las deficiencias constitucionales a nivel internacional pueden deberse al fracaso de encuadrar a la competencia entre jurisdicciones dentro de reglas de juego apropiadas. Hasta que no se exploren las posibilidades de eliminar las deficiencias constitucionales en este nivel es inapropiado recomendar soluciones centralistas.”

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade).

INDIVIDUALISMO METODOLÓGICO PARA CATÓLICOS Y PARA MARCIANOS.

Por Gabriel J. Zanotti. Publicado el 19/3/18 en: http://gzanotti.blogspot.com/2018/07/individualismo-metodologico-para.html

Dada la entrada del Domingo pasado, algunos (iba a poner muchos: nunca fui bueno para contar J) me han pedido que aclare lo del individualismo metodológico. Y es verdad, es necesario insistir en ello, dado que los católicos que despotrican contra la ideología del género y etc. se hallan habitualmente a merced de la base filosófica de estos nuevos movimientos totalitarios.

El individualismo metodológico fue parte de la metodología para las ciencias sociales recomendada por Menger, Mises, Hayek y Popper. Allí nace el problema: los católicos en general no leen a esos liberales malos, sucios y feos. Leen, sí, a Marx, por supuesto, a Heidegger, a Nietzsche (que nunca me acuerdo cómo M se escribe J), qué amplios, qué apertura mental, qué dialogantes, pero a los pérfidos liberales, jamás, por supuesto. Es más, se podría decir que en la Iglesia actual, un caos total y completo desde el punto de vista humano, los lefebvrianos, los Vaticano II y los teólogos de la liberación y del pueblo han encontrado allí su único punto de unidad.

El individualismo metodológico sostiene que en las ciencias sociales, la unidad de análisis son las relaciones entre personas. Pero claro, Mises, Hayek y Popper unían ello con el individualismo ontológico: sólo existen individuos, como reacción contra lo contrario, y allí cometían un error que retro-alimentó la reacción de los pocos tomistas que los leían para ver por dónde les cortaban la cabeza. Pero entre los dos extremos (sólo hay individuos o….) hay una posición superadora, que es la relación entre personas. La relación es un accidente real, esto es, según la interpretación que Santo Tomás hace de Aristóteles, algo que acaece entre las personas (un matrimonio, por ejemplo) que en ese sentido es algo más que la mera suma de individuos PERO NO es otra persona. Y por ende hay que distinguir muy bien entre las acciones que se predican de las personas (por ejemplo, Juan es fiel a María) y las características que se predican de la relación en tanto tal (por ejemplo, el matrimonio es indisoluble).

Pero me dirán: ¿y cuál es el otro extremo? Suponer que hay una entidad no sólo superior a las personas, sino que las absorbe, quitándoles su libre albedrío y su individualidad. El ejemplo perfecto de ello es Hegel y Marx. El “espíritu absoluto”, que pata Hegel es el actor de la Historia, se transforma en Marx en el dinamismo de la dialéctica materialista, entre “la clase explotadora” y “la clase explotada”. La “clase social” es la que actúa. Si eres empresario, por ejemplo, eres explotador, te mueves como explotador, piensas como explotador, no puedes salir de esa dialéctica, no tienes la libertad para evitarlo, porque finalmente no eres persona, eres una neurona titilante y prescindible de ese cerebro que es la clase social a la que perteneces. Ello rompe también toda posibilidad de pacto político, porque ya no es posible decir que Dios ha creado a todos los seres humanos iguales, poseedores de derechos anteriores y superiores a cualquier estado, sino que sencillamente hay explotadores y explotados, y lo único que sigue a ello es la revolución inevitable de la dialéctica de “La Historia” y sus leyes inexorables de destino histórico.

Católicos de derecha, centro, izquierda, arriba, abajo, de costado o en diagonal, creen que no son marxistas cuando, sin embargo, dicen que “Marx tenía razón” en que el capitalismo es explotador. Como NUNCA leyeron Menger, Bohm-Bawerk, y ni qué hablar de Mises y Hayek, pecado mortal mayor que la pornografía, entonces creen que la teoría de la explotación de Marx es verdadera, que verdaderamente, si hay salarios bajos, es porque “el capital” explota al “el trabajo”; lo llaman “la cuestión social” originada en el capitalismo…

Y entonces claro, les es muy difícil evitar la lógica: hay algo más allá de la persona. Los curas villeros así miran a los que viven en los barrios cerrados de la zona norte: pobres, podrán ser personas con buenas intenciones, pero son inexorablemente explotadores y no se dan cuenta, por supuesto.

Pero además, dado que La Iglesia es el pueblo de Dios, el Cuerpo Místico de Cristo (así es, por supuesto) entonces creen que esa noción sobrenatural, cuasi-sacramental, de Iglesia, puede aplicarse a lo político. Claro que La Iglesia es el Cuerpo Místico de Cristo, porque su fundador es Cristo y sus miembros son todos los bautizados, pero aún así la teología católica tiene un sano individualismo metodológico: distingue a la Iglesia de los pecados individuales de sus miembros. Sólo así se puede decir que la iglesia es verdaderamente una, santa, católica y apostólica, en medio de una historia llena de católicos pecadores que no son ni santos, no católicos, ni unidos ni apostólicos, sino todo lo contrario…

Pero como el clericalismo es una tentación permanente, como muchos piensan que se puede hacer teoría política a partir de la eclesiología, entonces fácilmente confunden “el pueblo como sujeto político” con “el pueblo de Dios”. “El mito de la nación católica” como muy bien denunció Rafael Braun y actualmente explica Gustavo Irrazábal, domina a los católicos clericales por izquierda y por derecha. Para los primeros, el pueblo católico se manifiesta en las comunidades eclesiales de base, en las villas, y él es el sujeto del cambio y de la transformación social. Para los otros, el pueblo católico es el estado católico, la nación católica a cargo de un monarca, un cuasi dictador católico y toda su legislación católica, con un sistema corporativo en lo económico. Ambos grupos de “grandes teólogos” (que alimentan las lecturas de los seminaristas jóvenes por izquierda y por derecha), aunque se odien, son totalmente inmunes a cualquier cosa que sea, no ya economía de mercado (ay, qué asco, aléjate de mí Satanás) sino a cualquier cosa que huela a república, democracia constitucional, libertad religiosa, derechos individuales. Mm, demasiado individuo, mm, estructuras políticas protestantes y anglicanas, mm, demasiado EEUU, mm, estructuras burguesas que olvidan las raíces católicas de nuestros pueblos… Por eso, aunque el Pío XII, Juan XXIII, el Vaticano II, Juan Pablo II y Benedicto XVI hayan hablado de todo ello, son sólo letras extrañas, son demasiada modernidad europea metida en un magisterio que, en realidad, no siguen. Las conferencias episcopales latinoamericanas no hablan de nada de ello y los católicos conservadores no dejan de señalar el origen protestante y anglicano de “esas cosas” mezclándolas además con conspiraciones “judeo-masónicas”…

Todos ellos han adoptado el colectivismo metodológico. El pueblo católico, la nación católica, “el capital”, “el trabajo” son los reales sujetos políticos, los actores reales de lo social. El individuo y sus derechos es algo “liberal”: listo, a la miércoles con “lo liberal”, el verdadero pecado: “el liberalismo es pecado”, “el capitalismo es pecado”: volvamos al “pueblo católico” aunque luego entre ellos discutan si es vía Fidel Castro o Mussolini.

Así las cosas, vienen los “nuevos explotados”: los indígenas, contra el colonialismo capitalista explotador. Allí, caen de cabeza: arriba los indígenas, que no tienen pecado original, versus los pérfidos europeos pecadores capitalistas. No atinan a responder que los indígenas son ciudadanos que tienen los mismos derechos individuales que cualquier otra persona, con lo cual no importa si eres indígena, marciano o europeo, el asunto es que ante la Constitución liberal eres un igual como sujeto de derechos.

Ante el “feminismo radical” responden señalando los errores antropológicos de la teoría del género como contraria a la ley natural. Muy bien. Nada que objetar. Pero ni se les ocurre agregar que ante el uso de los términos genéricos, está la libertad de no usarlos; que ante las cuotas obligatorias de mujeres en ciertos puestos, está la igualdad ante la ley. Ante los homosexuales, trans y lesbianas que denuncian delitos de discriminación y de odio, ni se les ocurre hablar de propiedad privada, de libertad de asociación, de libertad de contratación, de libertad de asociación, esto es, libertades individuales(expresión que casi no usan) que vienen precisamente del liberalismo clásico anglosajón que tanto odian. Porque entonces, la repuesta más directa al lobby LGBT es que con sus exigencias están quebrando el pacto político del liberalismo clásico, donde por medio de las libertades individuales y el derecho a la intimidad, cada uno puede vivir como quiera mientras no viole derechos de terceros. Por ende si eres homosexual, heterosexual, trans, lesbiano, venusino o lo peor, alumno de Zanotti J, en MI colegio, en MI hospital, en MI casa, NO entras, porque YO lo digo y punto. Eso se llama propiedad, libertad religiosa, libertad de asociación. O sea, LIBERALISMO CLÁSICO (¡ay qué horror!!!!). ¿Puedo equivocarme? ¿Puedo ser un imbécil si hago eso? ¿Puedo perder mi negocio o emprendimiento si los consumidores me castigan no metiendo ni un cuarto de su nariz en mis productos?Si. Eso es una sociedad libre. Libertad, decisiones, riesgos.

Con la educación sexual, también. Ahora el estado obliga que “los colegios” enseñen a los niños que la homosexualidad es buena, que la masturbación es perfecta, etc. Respuesta de los católicos: ello es contrario a la ley natural y «tenemos que llegar al ministerio de educación». Que es contrario a la ley natural, sí. Lo demás… Lo mismo de siempre. No, gente, la cosa pasa por algo que jamás dicen: que las instituciones privadas tienen derecho a tener sus propios planes y programas de estudios, precisamente porque EN ESO consiste la libertad de enseñanza, otro derecho derivado del liberalismo clásico. Y que las instituciones estatales de enseñanza tampoco deben enseñar esas cosas, obvio, sí, pero, ¿de dónde sacaron que DEBE haber instituciones estatales de enseñanza? Del “derecho a la educación”. Y de dónde sacaron que en vez de libertad de enseñanza hay un “derecho a la educación”? Del “dogma” de los derechos sociales, que han sido elevados a nueva declaración del Concilio de Trento. ¿Y de dónde salió ese dogma? De que el libre mercado “es para los ricos”; que la educación privada “no llega a los pobres”, porque el capitalismo, el libre mercado, es malo, feo, sucio, es sólo para los ricos explotadores…. Que el libre mercado sea capaz de proporcionar educación barata, competitiva y de gran calidad, y que cada vez serán más los que tengan mayores ingresos y salarios más altos, aumentando la población, es algo OBVIO para cualquiera que haya leído a Mises y Hayek pero….. ¡No, please, a ver si perdemos el alma !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Católicos, no católicos, marcianos, vulcanos: si no leen a Mises y Hayek, si siguen siendo colectivistas metodológicos, si siguen pensando que Marx tenía razón en su teoría de la explotación………… El lobby LGBT les pasará por encima. No, no les pasará, les está pasando. No, no les está pasando, ya les pasó. Ahora, sólo queda que se den la vacuna trivalente, Mises, Hayek y Popper, pero la posibilidad de que hagan eso es la misma que nos rescate el Capitán Kirk.

Que Dios nos ampare.

Gabriel J. Zanotti es Profesor y Licenciado en Filosofía por la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA), Doctor en Filosofía, Universidad Católica Argentina (UCA). Es Profesor titular, de Epistemología de la Comunicación Social en la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral. Profesor de la Escuela de Post-grado de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral. Profesor co-titular del seminario de epistemología en el doctorado en Administración del CEMA. Director Académico del Instituto Acton Argentina. Profesor visitante de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Fue profesor Titular de Metodología de las Ciencias Sociales en el Master en Economía y Ciencias Políticas de ESEADE, y miembro de su departamento de investigación.

El populismo es el germen de la tiranía

Por Roberto Cachanosky. Publicado el 24/7/17 en: http://economiaparatodos.net/el-populismo-es-el-germen-de-la-tirania/

Para el populista es importante destruir el concepto de gobierno limitado e instalar la idea que el voto mayoritario da derecho a violar los derechos individuales de sectores minoritarios

Voy a empezar esta nota con una frase que va a escandalizar a más de uno: el endiosamiento del voto ha destruido la república y los derechos individuales, llevando a los países a la pobreza y la tiranía.

¿Por qué semejante frase? Es que los políticos, periodistas e “intelectuales” de izquierda han tomado el cuidado de resaltar la palabra democracia y ponerla por encima de la república. Al mismo tiempo, para ellos democracia significa que el que más votos tiene recibe el poder para hacer lo que quiere. Recuerdo a Cristina Fernández diciendo en 2008, cuando se produjo la crisis con el campo, que a pesar de tener el 45% de los votos, iba a mandar el proyecto de la 125 al Congreso como si su decisión fuera un favor que su graciosa majestad le otorgaba a los plebeyos en vez de un mandato constitucional.

Como he dicho en otras oportunidades, la democracia se ha transformado en una competencia populista, es decir, teniendo en cuenta que el poder se consigue no por la fuerza de las armas como hacían los antiguos reyes, sino por la cantidad de votos, el truco para ganar la competencia populista consiste en obtener la mayor cantidad de votos. Para eso lo primero que hacen los populistas es dividir a la sociedad (lo que hoy se conoce como grieta) y convencen a la gente que unos son pobres porque otros son ricos, por lo tanto, si lo votan al político populista, él hará justicia quitándole a los ricos para darle a los pobres.

En términos económicos el político populista trata de maximizar la cantidad de votos que va a recibir con un costo menor de los votos que va a perder por prometer aumentarle la carga tributaria a un sector reducido de la sociedad. Esquilman a un 20% de los votantes para repartir el fruto del robo legalizado entre el 80% de los que reciben los recursos del robo legalizado.

La cuenta que hacen es: ¿cuánto me cuesta en pérdida de votos aumentarle la carga tributaria a un sector de la población y cuántos votos gano repartiendo el dinero ajeno? ¿A qué sector de la población puedo expoliar perdiendo pocos votos para financiar mi política populista y repartir ese dinero ajeno entre una mayoría amplia?

Por eso es importante para el populista destruir el concepto de gobierno limitado e instalar la idea que el voto mayoritario da derecho a violar los derechos individuales de sectores minoritarios. Si tengo más votos no tengo límites, y si el Congreso o el Judicial me ponen límites entonces los otros poderes se están levantando contra la voluntad popular que es “sagrada”.

La realidad es que en una república la voluntad popular no es sagrada. Una mayoría circunstancial no tiene derecho a violar los derechos individuales de una minoría, por más minoritaria que sea esa minoría. En una sociedad libre, el voto solo sirve para elegir a un administrador que temporariamente manejará la cosa pública pero con poderes limitados, entendiendo por poderes limitados que el monopolio de la fuerza que se le otorga no puede ser utilizado para violar los derechos a la vida, la libertad y la propiedad. Por eso los populistas son enemigos de una sociedad libre. Porque el poder limitado les impediría explotar a un sector de la sociedad en beneficio de un grupo más amplio que le aporte un mayor caudal de votos. Lo primero que tiene que hacer el populista es romper el concepto de límite al gobierno para poder usar el monopolio de la fuerza y violar derechos individuales expoliando a aquellos que le van a financiar su permanencia en el poder, que no son otros que los contribuyentes. El primer paso es generar lo que hoy se llama grieta: decir que determinado sector de la sociedad (el sector al que se lo va a explotar impositivamente) es el culpable de que otros sean pobres. Con eso se crea el clima para iniciar la expoliación y justificar el uso del monopolio de la fuerza para violar los derechos de terceros. Una vez abierta la puerta que permite usar el monopolio de la fuerza para violar los derechos individuales en nombre del bien común, ya no hay límites para el populista que termina transformándose en tirano. Al comienzo la gente lo aplaude, pero a medida que van desapareciendo las inversiones, cae la producción, escasean los bienes y servicios a los que puede acceder la población y aumentan sus precios por el déficit fiscal debido mayor gasto público producto de la redistribución del ingreso, entonces el populista redobla sus críticas a los supuestos conspiradores y aumenta el enfrentamiento. El camino que elige es decir que las cosas andan mal porque hay sectores que conspiran contra el modelo. Sectores ocultos que busca perjudicar a pueblo trabajador. Con esto justifican el aumento del uso de la fuerza para violar los derechos individuales, incrementan la presión impositiva, estableciendo controles, regulaciones, etc. El estado va adquiriendo un mayor control sobre la vida de los habitantes para, supuestamente, defenderlos de los enemigos.

Como el sector expoliado se va achicando porque huyen las inversiones, para sostenerse en el poder, el populista tiene que aplicar impuestos a sectores que antes no pagaban. Va ampliando el campo de expoliación impositiva hasta que llega un punto en que buena parte de la población siente el efecto del populismo y el balance de votos ganados y votos perdidos empieza a diluirse.

Cuando la crisis económica llega a límites insospechados y la gente ya no tolera más la situación puede ser tarde y queda presa del populista que se transformó en tirano. Pasó con el Perón de los 40 y 50, con Chávez y Maduro y aquí no ocurrió porque la gente reaccionó a tiempo y le puso un límite al vamos por todo que no era otra cosa que establecer una tiranía. El tirano, que empieza como un simple populista, nunca anticipa su objetivo final de tiranía. No lo hizo Fidel Castro, ni Perón, ni Chávez, ni tantos otros tiranos.

Lo cierto es que ese populismo inofensivo va avanzando hasta generar pobreza, violar crecientemente los derechos individuales y finalizar destruyendo el sistema republicano para establecer una tiranía. El ejemplo chavista con Maduro ahora a la cabeza es el ejemplo categórico al respecto.

En síntesis, a la tiranía se llega con un primer paso: cuando el político enfrenta a un sector de la sociedad con otro sector de la sociedad. Acusa a unos de ser responsables de la pobreza de los otros. El segundo paso es poner la mayoría de los votos por encima de los derechos individuales. El que más votos tiene puede hacer lo que quiere. Es como si la sociedad eligiera a sus propios tiranos. El tercer paso es expoliar a determinados sectores productivos para financiar la “compra” votos vía el gasto público. Y el último paso es llevar al extremo la violación de los derechos de los derechos individuales. Para eso tiene que destruir la república y establecer una tiranía. Y de las tiranías solo se sale cuando los pueblos se levantan contra el tirano.

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE.

Liberalismo, el enemigo que los populistas aman odiar

Por Enrique Aguilar: Publicado el 21/2/17 en: http://www.lanacion.com.ar/1986341-liberalismo-el-enemigo-que-los-populistas-aman-odiar

En los estudios de teoría política es frecuente encontrar referencias alusivas a la pluralidad de lenguajes y corrientes que conviven, amigablemente o no, dentro de la llamada tradición liberal. También existen desarrollos tendientes a identificar, entre estas últimas (contractualistas, conservadoras, radicales, utilitaristas, libertarias u otra denominación en uso), algunos rasgos comunes. A título ilustrativo, cabe recordar la caracterización que hace tiempo hizo John Gray de la concepción liberal del hombre y de la sociedad sobre la base de estos cuatro elementos: la afirmación de la primacía de la persona, el reconocimiento de que todos los hombres tienen el mismo estatus moral, la defensa de la unidad de la especie humana y, finalmente, la creencia en la posibilidad de mejoramiento de cualquier institución social.

Sin embargo, a falta de una definición universalmente aceptable, no parece desacertado apelar a un presupuesto todavía más básico como es la idea según la cual el poder tiene límites que están fijados de antemano por los derechos individuales, generalmente considerados como naturales, inalienables e imprescriptibles. Entre éstos, el derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad, para evocar la célebre fórmula que preside la declaración de independencia norteamericana. Puesto de otra manera, el liberalismo en singular, en su acepción más simple y divulgada, es esencialmente eso: una teoría del gobierno limitado.

Se podrá discutir si los derechos individuales tienen origen en la naturaleza o en convenciones históricas. Igualmente caben desacuerdos en torno a la posible relación entre el liberalismo político y el liberalismo económico, que para algunos autores son inseparables, mientras que otros los distinguen con argumentos acerca de sus respectivas genealogías y alcances, o bajo el supuesto de que la defensa del libre comercio se inscribiría en el terreno de los medios, pero no de los fines (una cuestión de conveniencias en vez de un imperativo). Y, desde luego, cabe preguntarse si los límites a la acción del gobierno (que el liberalismo ve como un mal necesario) y la consecuente protección de los derechos dependen prioritariamente de los diseños y marcos institucionales, de la cultura política prevaleciente o aun de la influencia recíproca entre ambos factores. No obstante, siempre estará presente ese núcleo duro o denominador común, que podríamos calificar como «no negociable» aunque expuesto a diario a ser ignorado por los gobernantes, dada la natural tendencia del poder a expandirse e incurrir en abusos.

He ahí un punto que parece clave. La crítica al ejercicio arbitrario del poder, en sus diferentes grados y apelativos, desde la tiranía antigua hasta el totalitarismo moderno, atraviesa toda la larga historia del pensamiento político. Se trata, en efecto, de una preocupación tan vieja como la memoria política que el liberalismo a su tiempo haría suya enarbolándola como bandera. Pero el tema central del liberalismo, antes que el poder opresivo o desmesurado, es el poder en sí, incluso el legítimamente establecido, porque al indagar en su naturaleza descubre que no hay poder que no tienda de suyo a extralimitarse a menos que se lo contenga con instrumentos adecuados. La rivalidad entre el poder y la libertad, o, si se prefiere, el poder visto como amenaza de la libertad, es entonces la razón de ser del liberalismo.

Lo mismo podría aducirse con respecto a los años noventa. ¿Fueron realmente liberales quienes, amparados en la apertura económica y las privatizaciones, hicieron la vista gorda a la manipulación institucional, el gobierno por decreto y la recordada «mayoría automática» del menemismo? ¿Puede llamarse liberal un gobierno que incurre en tales excesos? Si bien se mira, quizás haya sido esa época (que, al decir de Enrique Valiente Noailles, puso al descubierto nuestra «profunda inmoralidad colectiva» y una generalizada tolerancia a la ausencia de reglas) la más decisiva no sólo para la suerte futura del liberalismo, sino además para el significado que solemos asignar a otro vocablo, «república», el cual por mala conciencia nos inhibimos de asociar nominalmente al liberalismo.

La cosa resulta curiosa, porque lo que en los últimos lustros se ha venido reclamando en nombre de una mejor «república» son atributos que, en gran medida, provienen de la teoría y la praxis del liberalismo político. Por ejemplo, la distribución del poder en distintos departamentos que se contienen y fiscalizan unos a otros o la existencia de una justicia independiente del poder político. James Madison las llamó «precauciones auxiliares», que, «a falta de móviles más altos», complementan la legitimidad democrática como medios de sujetar a quienes nos gobiernan. En otros términos, hoy la república se nos presenta más claramente ligada a la existencia de un diseño institucional liberal que nos preserve de la discrecionalidad de los gobernantes que a la virtud cívica, los ideales patrióticos o aun (en algunas variantes) la participación de los ciudadanos en las decisiones públicas en tanto rasgos distintivos de un republicanismo de filiación clásica que se presenta como propuesta alternativa al liberalismo.

Isaiah Berlin afirmaba que «algunos seres humanos han preferido la paz de la cárcel, una seguridad satisfecha y una sensación de haber encontrado por fin el puesto adecuado que uno tiene en el cosmos a los dolorosos conflictos y perplejidades de la desordenada libertad del mundo que está fuera de los muros de la prisión». El liberalismo, en cambio, ha promovido siempre la opción inversa. Para sus detractores de izquierda y de derecha, para los defensores de la sociedad cerrada y los relatos colectivistas, para el populismo, para los enemigos de la libertad de pensamiento y de la libertad de prensa, el liberalismo será siempre el malo de la película, el villano preferido, el sospechoso a quien endosar todas los males pasados, presentes y venideros, sea para purgar las responsabilidades propias, por complicidad, oportunismo electoral o por pura pereza intelectual. Probablemente haya perdido, como sugiere Sartori, «la guerra de las palabras» y se encuentre sumido en una crisis de identidad. Sin embargo, dondequiera que la libertad se encuentre en peligro, su antorcha permanecerá encendida y seguramente se alzarán manos dispuestas a portarla.

Enrique Edmundo Aguilar es Doctor en Ciencias Políticas. Ex Decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Políticas y de la Comunicación de la UCA y Director, en esta misma casa de estudios, del Doctorado en Ciencias Políticas. Profesor titular de teoría política en UCA, UCEMA, Universidad Austral y FLACSO, es profesor de ESEADE y miembro del consejo editorial y de referato de su revista RIIM. Es autor de libros sobre Ortega y Gasset y Tocqueville, y de artículos sobre actualidad política argentina.

EEUU: Colegio Electoral y portación de armas

Por Alberto Benegas Lynch (h).

A raíz del debate suscitado por el triunfo de la fórmula Trump-Pence como consecuencia de los votos del Colegio Electoral, en contraste con la fórmula Clinton-Kane que obtuvo la mayoría de los votos populares, es oportuno e interesante destacar el sentido de aquella institución.

Como la decadencia en el país del Norte es mayúscula, entre otras cosas, se ha perdido de vista el sentido del Colegio Electoral. Los Padres Fundadores lo establecieron con mucho cuidado. Como Estados Unidos se constituyó como una confederación de estados soberanos, en el voto para presidente y vice-presidente del gobierno nacional se decidió el procedimiento indirecto a través del mencionado Colegio al efecto de equilibrar el peso de los diversos integrantes de la Unión, de lo contrario, debido a lo populoso de estados como California y Texas, éstos arrasarían con los votos. Una de las fuentes que explican el fundamento del Colegio Electoral se encuentra en el Papel 39 de Los Papeles Federalistas escrito por James Madison, el principal inspirador de la Constitución estadounidense.

Además de lo dicho quienes suscribieron la aludida Constitución pretendieron ponerle límites al peligro de la llamada democracia ilimitada, es decir, aquella en la que las mayorías circunstanciales lesionan los derechos de las minorías, por lo que la expresión “democracia” no figura en ninguna parte de dicha Carta Magna, sino República. Esta forma de gobierno contiene cinco ingredientes fundamentales: la alternancia en el poder, la responsabilidad de los gobernantes ante los gobernados por sus actos, la publicidad y transparencia de las acciones gubernamental, la división de poderes y la igualdad ante la ley (entendida esta última anclada a la Justicia, en otras palabras el “dar a cada uno lo suyo” lo cual ata la idea a la institución de la propiedad, de lo contrario podría entenderse “igualdad ante la ley” como que todos deben ir al cadalso).

Las líneas centrales del gobierno original de Estados Unidos estaban asentadas en ocho principios básicos: la preservación de los derechos individuales garantizados por una sólida arquitectura de contralores y votaciones en períodos distintos para distintos cargos, segundo, el concepto restrictivo de la guerra y el rol de las Fuerzas Armadas, en tercer lugar la libertad irrestricta para la expresión del pensamiento, cuarto, la inexorable instauración del debido proceso, quinto, la tajante separación entre las denominaciones religiosas y el poder político y también la libertad de cultos, sexto, el resguardo de la intimidad, séptimo, la tenencia y portación de armas y, octavo, el federalismo.

Como he escrito mucho sobre algunos de estos principios, me limito a comentar en esta ocasión sobre los dos últimos puntos: la portación de armas que figura en la segunda enmienda de la Constitución norteamericana cuyo significado es muy mal interpretado en otros lares y, brevemente, sobre la nota central del federalismo. De lo que se trata es de escribir sobre temas controvertidos, porque para repetir lo que todo el mundo sabe, dice y escribe, es mejor ahorrar teclado y tiempo.

La portación de armas es un tema especialmente incomprendido por el público latino tan afecto a tratar a sus gobernantes como “su excelencia” y otras sandeces y siempre desconfiar de la libertad y la responsabilidad individual y depositar su confianza en el caudillo de turno que termina por expoliar de la forma más brutal a los incrédulos.

Como ha escrito el pionero del derecho penal Cesare Beccaria en De los delitos y de las penas referido a la prohibición de portar armas: “Sería lo mismo que prohibir el uso del fuego porque quema o del agua porque ahoga […] Las leyes que prohíben el uso de armas son de la misma naturaleza, desarma a quienes no están inclinados a cometer crímenes […] Leyes de ese tipo hacen las cosas más difíciles para los asaltados y más fáciles para los asaltantes, sirven para estimular el homicidio en lugar de prevenirlo ya que un hombre desarmado puede ser asaltado con más seguridad por el asaltante” .

Si uno no es un obseso y tiene un mínimo de apertura mental, debe tener en cuenta la talla de quienes se oponen a la prohibición de la portación y tenencia de armas, algunos de los cuales son a través de la historia: Cicerón, Ulpiano, Hugo Grotius, Algernon Sidney, Montesquieu, Edward Coke, Blackstone, George Washington, George Mason, Patrick Henry, Samuel Adams, Jefferson y Jellinek.

Más aun, con gran razón Leonard Read en Government: An Ideal Concept escribe que “fue un gran error de la Revolución estadounidense el recurrir a la expresión ´gobierno´ que significa mandar y dirigir, del mismo modo que no tiene sentido denominar ´gerente general´ de la empresa al guardián de la misma”. El enfoque del aparato estatal en el Norte fue radicalmente distinto al de las ex colonias españolas ya que aprendieron con las persecuciones y la intolerancia europea y apuntaron a ser libres y realmente independientes, y no como decía Juan Bautista Alberdi “independientes como colonia española para ser colonos de nuestro propios gobiernos”. Consecuentemente, en Estados Unidos miraban con gran desconfianza el desarmarse y el entregar todas las armas al monopolio de la fuerza (es decir, el peligro superlativo de entregarle todo el poder al mero “guardián”, tal como sostiene Read).

El servilismo latinoamericana machaca que si hay portación y tenencia de armas todos andarán a los tiros y creen que su seguridad estará mejor resguardada si las armas las tienen exclusivamente los gobiernos (no ven lo que suele ocurrir en las calles ni las bajas producidas de seres inocentes e indefensos en sus propios domicilios). De más está decir la enorme responsabilidad que implica el poseer armas de fuego. En Estados Unidos la pena es sumamente severa aunque haya habido un atisbo de amenaza de usar un arma que no fuera en defensa propia. Como se ha reiterado en valiosas documentaciones, los tiroteos a mansalva ocurridos en los episodios más relevantes en Estados Unidos son todos casos en los que los asesinos no tenían permiso de portación o tenencia. Desde luego que, igual que con el registro automotor, el alcohol o los lugares de pornografía, las restricciones a menores y equivalentes son estrictas.

Cuando se lee un inmenso cartel con la figura de un ser humano monstruoso con la leyenda de “¿Usted permitiría que este sujeto porte armas?” la respuesta es que precisamente ese personaje es el que tendrá un arma en sus manos de quien hay que defenderse en caso de ataque. La policía habitualmente llega al lugar del crimen cuando éste ya se ha perpetrado (si es que no está aliada con los asaltantes). John R. Lott en su The Bias Against Guns exhibe una formidable investigación en la que se demuestra como los asaltantes se ocupan de averiguar los lugares y las personas que están desarmadas que consideran blancos fáciles para sus crímenes. Dichos testimonios están expuestos con lujo de detalles, muchos de los cuales fueron recabados en la cárcel.

En otro plano, acontecimientos trágicos como los sucedidos el 11 de septiembre de 2001, probablemente no hubieran ocurrido si no fuera por una irresponsable ley federal que prohibía a la tripulación contar con armas que incluso varios estudios como los de United y American las habían concebido de tal manera que se minimizaran las detonación en vuelo, por lo que las atrocidades se llevaron a cabo básicamente con cuchillitos de plástico.

Es de esperar que se despejen los cerrojos mentales y se vea la conexión entre la inseguridad de nuestras familias y la indefensión. La segunda enmienda fue concebida como un complemento de todas las vallas impuestas para evitar la extralimitación al poder político como es el Colegio Electoral que, como queda dicho, constituye un medio para la elección indirecta al tiempo que asegura el federalismo que constituye un potente incentivo para la descentralización y el consecuente fraccionamiento del poder. Cuando un violador entra en un ascensor, lo pensará dos veces si su posible víctima puede llevar una Magnum en su cartera.

Stephen Halbrook en That Every Man Be Armed incluso documenta en detalle los muy interesantes debates entre los inspiradores de la gesta de la libertad en Estados Unidos en el siglo xviii en cuanto a los recaudos que deben adoptarse y los peligros de contar con ejércitos permanentes (standing armies), por ejemplo, Jefferson en carta a Madison del 20 de diciembre de 1787 enfatiza la necesidad de “protección contra los ejércitos permanentes” de su propio país). Al margen recuerdo una vez más lo dicho por el general Eisenhower en su discurso de despedida de la presidencia en cuanto a que “uno de los mayores peligros para la libertad de nuestro pueblo radica en el complejo militar-industrial”. Por su parte, Robert Kukla en Gun Control muestra en base a interesante documentación como la primera medida de todos los dictadores y tiranos del planta consiste en confiscar las armas de sus súbitos (los Castro, Hitler y Stalin de nuestra época).

Como decimos, el tema del Colegio Electoral debe ser considerado para fortalecer el régimen federal pero ninguna limitación será efectiva cuando los ciudadanos se encuentran indefensos. Y cuando mencionamos el federalismo originalmente establecido en Estados Unidos nos referimos al “power of the purse”, es decir, a la capacidad real de los estados o las provincias de administrar los recursos en sus jurisdicciones, esquema en el que originalmente la coparticipación fiscal fue de los estados o provincias al gobierno nacional y no al revés, donde cada gobernador tiene el incentivo de reducir impuestos y, por ende, gastos, al efecto de atraer inversiones y para que la población no se mude a otras jurisdicciones. Lamentablemente en el caso de Estados Unidos, el federalismo se ha debilitado en pos de un gobierno nacional que tiende cada vez más a la omnipotencia.

La arquitectura gubernamental originariamente concebida en Estados Unidos no debe verse como una de departamentos estancos sino como un todo inseparable, por eso al hablar de un aspecto cual es el Colegio Electoral mostramos en este caso a vuelapluma la estrecha vinculación con la segunda enmienda y con el régimen federal, lo cual también puede hacerse con el resto de los puntos medulares del andamiaje original estadounidense pergeñado por los Padres Fundadores, visionarios de la libertad.

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa.

REFLEXIONES SOBRE LA ACTUAL POLÍTICA NORTEAMERICANA

Por Gabriel J. Zanotti. Publicado el 16/10/16 en: http://gzanotti.blogspot.com.ar/2016/10/reflexiones-sobre-la-actual-politica.html

EEUU se encuentra en un punto de inflexión de su historia. Las próximas elecciones así lo demuestran.

Hay que ir para atrás. Poco a poco la República pasó a ser un Imperio. ¿Tuvieron razón los anti-federalistas? ¿O el liberalismo clásico tenía sus propios recursos para evitar el crecimiento del estado? Tal vez nunca lo sabremos, pero la cuestión es que el EEUU actual, con su Welfare State, su Reserva Federal, su IRS, su CIA, su Patriot Act, y las innumerables dependencias y organismos del Estado Federal, se ha convertido en la viva contradicción de lo que fue la Declaración de Independencia de 1776.

Los republicanos no se caracterizaron por arreglar la cuestión. En el tema económico y social, no pudieron o no supieron. Ni Reagan ni menos aún los Bush pudieron o supieron tener el liderazgo suficiente para llevar a cabo las propuestas de des-centralización de la provisión de bienes públicos propuestas por Hayek y Buchanan. Los demás candidatos republicanos a la Casa Blanca casi nunca mostraron en los debates que conocieran estas ideas, excepto por supuesto Ron Paul. En temas de política exterior o seguridad, no quisieron. Es verdad que no se puede dejar solo a Israel, a Japón, a Corea del Sur, pero sus políticas en Medio Oriente fueron desastrosas. Lo de Bush ya fue terrible. La Patriot Act, que legaliza los antes delitos del gobierno federal contra las libertades individuales, es indefendible, excepto precisamente que seamos hobbesianos, que es el caso de muchos de los “neocons” que rodearon al ex presidente.

Por lo demás, excepto Reagan, los demás candiados republicanos fueron siempre –junto con los demócratas- la viva representación de un stablischment hipócrita, de sonrisa de plástico, discursos leídos, pasión cero, asesores de imágenes que convierten al parecer en el ser. Una falta total de liderazgo auténtico.

Esto último explica el ascenso de Donald Trump. Los votantes –y hay que investigar bien por qué- intuyen esa hipocresía y se hartan de los políticos tradicionales. La espontaneidad de Trump, su sinceridad entre lo que piensa y lo que dice, su hablar desde su propio ser, fue lo que lo llevó a la nominación. Pero eso mismo es lo que lo está destruyendo. Para actuar desde el ser, y resistir los archivos y las campañas sucias, hay que ser una buena persona. No juzgo la conciencia de Trump, pero su racismo, su misoginia, sus modos autoritarios, son indefendibles. Claro que se puede alegar que los demócratas son iguales y por ende hipócritas cuando lo atacan –sobre todo Hilary, casi cómplice de su marido sobre el que pesan tres acusaciones por violación– pero eso no redime, políticamente, a Trump. Si querían un candidato que se acercara al EEUU originario, allí lo tenían a Ted Cruz, Marco Rubio, Carly Fiorina, o Rand Paul. Pero sus modos, sus formas, fueron demasiado profesionalizadas para esa demanda de espontaneidad que legítimamente quisieron los votantes de la interna republicana.

Los libertarios, a su vez, presentaron esta vez a Gary Johnson. Por un lado es abortista y, por el otro, si se quiere ser abstencionista en polìtica exterior, hay que saber de polìtica exterior. Lo lamento, libertarios, el ridículo no conduce a nada.

Ahora, alea iacta est. El panorama no podría ser peor. Si gana Hilary, todo seguirá igual, lo cual quiere decir: igual de desastroso. Lo peor no son sólo sus amenazas permanentes a las libertades individuales de grupos religiosos, sino sus promesas de más impuestos y más gastos, cosa que verdaderamente puede llevar a EEUU –con una deuda pública sencillamente inconmensurable- al borde de un colapso aterrador que me abstengo de describir. Si gana Trump, tendremos a un Hobbes impredecible en el poder, que posiblemente haga alianza con Putin. Un panorama sencillamente dictatorial, una tenaza de dos autoritarios que se repartirán lo que quede del mundo.

De vuelta, un hobbesiano me podrá decir: Gabriel, ¿aún no has entendido que así es el mundo?

Mi respuesta: claro que sí. El liberalismo es la lucha permanente para que NO sea así.

Después de ver las “fallas de la política” vemos cómo, al menos, reducirlas: límites al poder

Por Martín Krause. Publicada el 8/5/16 en: http://bazar.ufm.edu/despues-de-ver-las-fallas-de-la-politica-vemos-como-al-menos-reducirlas-limites-al-poder/

Habiendo considerado las “fallas de la política”, en el capítulo 8 del libro, vemos qué puede hacerse para limitarlas:

Dados los problemas de incentivos e información que afronta la política y el abuso que implica el monopolio de la coerción en manos del Estado, evidente sobre todo en gobiernos totalitarios, es necesario limitar ese poder y tratar de que su estructura institucional disponga de incentivos para perseguir el bien común, o al menos minimizar el daño potencial si implementa políticas que llevan a peligrosas crisis futuras o que benefician a grupos específicos de la sociedad.
Un elemento importante para alcanzar este objetivo son los valores e ideas que predominan en una sociedad en un determinado momento histórico. En el capítulo siguiente veremos el papel que estos cumplen en el cambio institucional; aquí señalaremos que son el determinante último de la existencia o ausencia de limitaciones del poder. Ninguna constitución o norma detendrá la concentración y abuso del poder, si los miembros de la sociedad lo toleran y no se oponen al mismo. Se atribuye al escritor y político irlandés Edmund Burke la frase “para que triunfe el mal, solo hace falta que los buenos no hagan nada”. Y cuando vimos los incentivos que tenemos para estar informados en la política, es probable que no hagamos nada, porque ni siquiera nos informamos sobre el abuso que se pueda estar cometiendo, o porque creemos que no lo es, o porque no nos importa.
Esas ideas y valores determinan también, en última instancia, el tipo de normas constitucionales que una sociedad tendrá, y estas pueden proteger las libertades individuales mejor o peor, al mismo tiempo que pueden ser más fácilmente modificadas o no. Trataremos en este capítulo sobre cuáles pueden ser esas normas y con qué facilidad se modificarán, todo un dilema del sistema político.
Las principales cuestiones que trataremos en él son:
¿Cómo evitar el abuso de poder en favor del gobernante o de ciertos grupos específicos?
¿Se puede evitar ese abuso o al menos minimizar sus potenciales daños?
¿Qué papel cumplen los valores e ideas predominantes en una sociedad?
¿Sirven las normas constitucionales para controlar los abusos?
¿Qué tipo de normas permitirían establecer esos límites?
¿Es mejor que se modifiquen fácilmente o todo lo contrario?
Tal vez debamos dejar la definición de “Estado” para aquella corporación abstracta que tiene una legalidad jurídica propia, al margen de los individuos que temporalmente la dirijan (Van Creveld 1999). Durante todo el trascurso de la historia ha habido gobiernos, o más bien gobernantes. Las tribus y las ciudades-Estado no parecen haber tenido mayores limitaciones al poder. En la mayoría de los casos no existía una separación nítida entre el Gobierno y el gobernante, especialmente considerando los recursos, el dictado de las normas, la defensa y la justicia. Grecia y Roma fueron los que más lejos llegaron a la hora de establecer una clara diferenciación entre uno y otro.
Mediante la conquista de otras similares, estas tribus o reinados extendieron su radio de acción hasta convertirse en imperios, como el asirio, el babilónico, el persa, el árabe, el mongol u otomano. En algunos casos, tales imperios llegaron a ocupar vastas extensiones geográficas y a tener un elevado número de habitantes, alcanzando en el caso del imperio chino hasta unos ciento cincuenta millones. En ellos el escaso control del poder existente provendría de un poder militar dividido, con soberanos locales o poderes religiosos, y en algunos casos con cierto grado de descentralización. Si bien la mera creación de un imperio implica un cierto grado de centralización en la toma de decisiones, en muchos casos no llegaron a ejercer realmente un control centralizado de las áreas bajo su mandato, por lo que, aparte de la obligación de tributar, la administración del gobierno quedaba en manos de autoridades locales. Esto se debería a varias causas, según van Creveld (1999, p. 49): por un lado, la heterogeneidad de los pueblos conquistados complicaba su administración, resultaba costosa y esto tendía a reducir su poder, por lo que en muchos casos el poder imperial se habrá reducido a un proceso de negociación con los poderes regionales; por otro, las dificultades prácticas de trasladar los recursos tributarios en metálico, y particularmente en el caso de su pago en especie, favorecía su permanencia en el lugar de origen y su utilización en la cobertura de gastos locales; esto es, promoviendo una descentralización fiscal de hecho. En verdad, para prevenir el abuso de los funcionarios locales, los imperios desarrollaron creativos mecanismos de control, como la doble administración en Egipto (unos funcionarios recaudaban los impuestos y otros los auditaban), o los inspectores itinerantes, que actuaron bajo diversas denominaciones en Roma y China.
La excesiva centralización de los imperios y el aumento del gasto centralizado no es ajeno a esto: llevó en muchos casos a su desintegración, y a la consiguiente descentralización y dispersión del poder. El feudalismo, un periodo de alto fraccionamiento del poder, no fue sino el resultado del colapso del imperio carolingio, un intento a su vez, aunque de poca duración, de centralizar el poder después del desmembramiento del imperio romano, ante las invasiones de los bárbaros. El absolutismo, por otra parte, fue un claro proceso de centralización, en este caso no solo en el gobierno central, sino en la figura misma del rey.
Los principales instrumentos de limitación del poder se desarrollaron dentro del concepto de “república” o “democracia limitada”. El advenimiento de la república supuso una clara limitación al poder del soberano déspota, siendo los ciudadanos los que acordaron la conformación de un Estado y delegaran parte del poder al gobernante, reteniendo para sí todo lo que no se hubiera delegado, en particular la capacidad de removerlo. Esa limitación no solamente es necesaria para salvaguardar la libertad, sino también para generar un marco de normas suficientemente estable que permita la mejor coordinación de las acciones individuales . Con el tiempo, como el soberano es el “pueblo”, no se sentiría inspirado para imponerse límites a sí mismo, y por ende a sus representantes, y así esos límites se diluirían. El objetivo de alcanzar el “bien común” no puede tener limitaciones respecto a ningún derecho o valor individual. Por consiguiente, según esa visión, el fin justifica los medios.
Surge entonces el gran dilema del Estado democrático moderno: ¿Cómo otorgar al Estado suficiente poder para que garantice nuestros derechos, y al mismo tiempo limitarlo para que no abuse de tal poder?

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade).

Un liberal perdido en la política

Por Kevin Itoiz:

Respetar la libertad de las personas de convertir sus sueños en realidad y darle propiedad sobre sus éxitos y fracasos fue lo que llevo al crecimiento ininterrumpido de la raza humana como sociedad desde la Revolución Industrial. Esta libertad es la razón de ser del liberalismo, que cada individuo tenga poder de decisión sobre su propia vida y asuma responsabilidad de sus propios actos. Y el capitalismo fue, es y será el sistema en el cual se puede desarrollar el potencial de cada persona a la vez que el progreso individual potencia el progreso de otras pares llevando al crecimiento de una sociedad.

Esta evolución no fue tan sencilla y un factor clave fue el rol de las instituciones sociales que fueron cambiando y adaptándose a este nuevo mundo en crecimiento: de monarquías absolutas donde existía un rey del cual dependían los destinos de todos sus súbditos, a gobiernos que instauraron el respeto y la defensa de la libertad de ciudadanos como sus banderas.

La clave de todo esto no fue la Democracia sino la República, basada en cartas magnas que defendían estos derechos y planteaban un esquema de poderes que se auto regulaban entre si y los individuos que formaban parte temporalmente de estos poderes eran electos por la ciudadanía.

Entonces, ¿Cuál es el rol de los defensores de la libertad? En su momento fue muy claro, fueron los creadores e impulsores de estas democracias liberales que tenían como faro Constituciones que aseguraban el respeto a las libertades individuales sin importar quien estuviese en el cargo. En este escenario el rol del liberal se desenvolvía en su máximo esplendor en el mercado de bienes y servicios enfocándose en la generación de riqueza e innovación; pensar en la ocupación de un puesto de gobierno resultaba casi contradictorio.

Luego de siglos de la creación de estas instituciones su función parece haber cambiado: los poderes y las personas están por encima de los escritos que defienden las libertades y quien gane una elección tiene la facultad de cambiarlos a su antojo haciendo uso y abuso de sus facultades. Definitivamente se trata de un retroceso.

Una brújula política hecha a medida

Ahora, ¿Cuál es el rol de los liberales en este nuevo escenario? El rol natural de un liberal es defendiendo a la Constitución y controlando a quienes gobiernen para evitar el avasallamiento de los derechos y obligaciones ciudadanos que ésta garantiza. El rol natural de un liberal es en el poder legislativo, en el caso de la Argentina en el Congreso Nacional y en los distintos poderes legislativos provinciales y municipales.

Más allá del rol natural en este nuevo escenario es válido y posiblemente necesario que defensores de la libertad se encuentren en diversas áreas de estas instituciones: jueces que respeten la Constitución ante todo y funcionarios dentro del Poder Ejecutivo que estén atentos a cuidar los impuestos de la gente para que estos sean los menos posibles y sean gastados de la manera más eficiente.

Para cualquier liberal que ha de desempeñarse en la función pública ésta debe ser sagrada y se debe estar muy capacitado pues es una actividad donde no se tiene un fin de lucro y donde uno debe su salario a millones de jefes: los ciudadanos. Quien ocupe una función pública debe ser experto en el área, fomentar la austeridad presupuestaria y desde ya generar valor agregado.

Un liberal en la política no es un sapo de otro pozo, simplemente debe hacerse sencillas preguntas diariamente para saber si su tarea condice su moral ¿Estoy defendiendo las libertades de los ciudadanos? ¿Estoy controlando pro-activa y activamente al gobierno para que no avasalle estas libertades? ¿En un gobierno austero, mi función existiría?

La libertad es un estilo de vida, se defiende todo los días con acciones y no con dichos. Siendo productivo para la sociedad desde el sector privado o desde el Estado protegiendo las libertades y el progreso de una sociedad, nunca jamás como beneficio personal.

Kevin Itoiz trabaja en el sector bancario, es asesor legislativo y estudiante de la Maestría en Administración de Negocios de ESEADE.

Acerca del contragolpe de Estado

Por Alberto Benegas Lynch (h). Publicado el 11/7/15 en: http://opinion.infobae.com/alberto-benegas-lynch/2015/07/11/acerca-del-contragolpe-de-estado/

Es de gran relevancia destacar que en la tradición liberal está presente la rebelión contra el abuso insoportable del poder. En la obra más conocida y citada de John Locke puede decirse que comenzó el tratamiento sistemático de esa tradición donde se subraya que “Aquél que ejerciendo autoridad sobrepasa el poder que le fue otorgado por la ley y utiliza la fuerza que posee a su mando para gravar sobre sus súbditos obligaciones que la ley no determina, por ello mismo deja de ser juez y se le puede oponer resistencia, igual que a cualquier persona que atropella el derecho de otra por la fuerza”.

En este contexto, se trata de un contragolpe de Estado, puesto que el golpe de Estado original lo dieron quienes avasallaron derechos, atropellaron instituciones clave de una república que, como es sabido, significa alternancia en el poder, transparencia en los actos de gobierno, responsabilidad de los gobernantes ante los gobernados, igualdad ante la ley anclada en el “dar a cada uno lo suyo” de la Justicia y división e independencia de poderes.

Por supuesto que pude suceder, y de hecho sucede, un golpe de Estado contra un sistema republicano, lo cual es condenable desde toda perspectiva moral, pero aquí nos referimos al contragolpe en el sentido explicado.

La antes referida tradición de pensamiento se basa en el aspecto epistemológico del no sé socrático como razón para no entrometerse en las vidas y las acciones legítimas de otros, además del aspecto ontológico del necesario respeto a las personas. El derecho romano y el common law constituyeron bases institucionales del espíritu liberal junto a los aportes de la escolástica tardía. Pero con Sidney y Locke, como queda expresado, comenzó la sistematización de los marcos institucionales que posteriormente Montesquieu fortaleció en esa primera etapa, especialmente resumida en su pensamiento en cuanto a que “una cosa no es justa por el hecho de ser ley, debe ser ley porque es justa”.

La revolución estadounidense -un espejo en el que se miraron muchas de las naciones libres del planeta- tomó la idea del derecho de resistencia en su Declaración de la Independencia, donde consigna claramente que “cuando cualquier forma de gobierno se torna destructivo para estos fines [los derechos inalienables de los gobernados], es el derecho del pueblo de alterarlo o abolirlo y constituir un nuevo gobierno y establecer su fundación en base a aquellos principios”.

De más está decir que la referida rebelión contra la opresión inaguantable debe hacerse con criterio prudencial para no caer en la misma situación (o peor), solo que con otros gobernantes, como en la práctica han sido la mayor parte de las revoluciones, a diferencia de la norteamericana, por la que se aplicó una política diametralmente opuesta a la autoritaria de Jorge III (de un tiempo a esta parte, Estados Unidos abandonó los principios de los padres fundadores para lo que recomiendo, entre la mucha literatura disponible, Dismantling America de Thomas Sowell). Hasta el momento, en los otros ejemplos, en el mejor de los casos se produjo un alivio más o menos transitorio para luego, en mayor o menor medida, recaer en que los aparatos estatales atropellaran los derechos vitales a la libertad y a la propiedad.

Incluso en otros casos, la situación después de la revolución fue muchísimo peor, como es el ejemplo de la revuelta de Castro contra las tropelías inaceptables de Batista. En otros casos, el alivio fue grande, como es el ejemplo de Hitler. Salvando las distancias, la revolución popular contra Ferdinand Marcos también permitió un paréntesis en el totalitarismo. Lo mismo va para el caso de la tiranía rosista y, con independencia de los graves desbarranques posteriores, similar fenómeno ocurrió con la sublevación como consecuencia del sistema opresivo de Perón contra la libertad de prensa y las libertades básicas de las personas y también de otros dictadores latinoamericanos, y mucho antes que eso, los movimientos revolucionarios independentistas (por ejemplo, constituye una sandez oponerse a la Revolución de Mayo en lo que luego fue suelo argentino contra un déspota que había reemplazado a otro sátrapa en España). Las revueltas que desembocaron en el derrumbe del Muro de la Vergüenza en Berlín despertaron enormes esperanzas en los espíritus libres. Claro que hay cuestiones de grado que hacen diferencias por lo que no puede meterse todo en la misma bolsa.

En todo caso, tal como reza la citada declaración norteamericana, la gente tiene el derecho a defenderse contra ataques permanentes a su dignidad y consiguientes autonomías individuales en manos de gobiernos que teóricamente se han instalado para proteger los derechos de todos, por ello, como queda dicho, se trata de un contragolpe, puesto que el golpe de Estado lo dan quienes desmantelan instituciones fundamentales de la República.

Pero lo más importante es comprender que las revoluciones no producen milagros, en casos extremos permiten espacios de mayor respeto que resultan muy efímeros si no hay ideas suficientemente sólidas como para reemplazar lo que venía ocurriendo. Si no es así, en definitiva, se habrán consumido energías y recursos sin resultados que compensen los sacrificios, los desgastes y los conflictos que así se convierten en infructuosos.

La educación es la clave para contar con sociedades libres. Un traspié que obligue a sustituir el gobierno y llamar a elecciones en el plazo más rápido posible no hará que nada cambie si previamente no se han entendido y aceptado los fundamentos y las ventajas de la sociedad abierta.

No hay iluminados que deban imponer sus ideas a otros. No hay la peligrosa fantasía del filósofo rey, sino la necesidad de establecer instituciones que dificulten el abuso del poder. Se trata de fortalecer las democracias entendidas como el respeto de las mayorías a los derechos de las minorías. No dictaduras electas ni cleptocracias basadas en la tiranía del número, sino en la entronización del derecho de cada cual sin que energúmenos instalados en el gobierno se arroguen la facultad de manejar a su arbitrio las vidas y haciendas de los demás. Ya desde los inicios de la República, Cicerón advirtió que “el imperio de la multitud no es menos tiránico que la de un hombre solo, y esa tiranía es tanto más cruel cuanto no hay monstruo más terrible que esa fiera que toma la forma y el nombre del pueblo”.

En esta instancia del proceso de evolución cultural, solo hay dos posibilidades de formas de gobierno: la democracia y el gobierno de facto. Esta última forma constituye una irregularidad, puesto que se sale de la elección de la gente para sustentarse solamente en la fuerza. Todos los gobiernos de cualquier color o formato son de fuerza (de eso se trata), pero el que asume de facto lo es en mayor medida por la razón apuntada, situación que debe modificarse cuanto antes para volver a la normalidad democrática, no entendida como otra ruleta rusa: la mayoría ilimitada que generan los Chávez de nuestra época, en cuyo caso competirán dos formas de gobierno que avasallan libertades y aniquilan todo vestigio de contralor republicano.

Es de interés enfatizar que en no pocos casos, aunque la opresión resulte manifiesta, no es para nada aconsejable sustituir a los gobernantes en funciones por dos motivos centrales. En primer lugar, debido a que, a pesar de los sufrimientos de la gente, se hace necesario que el gobierno de turno absorba las consecuencias de su propia mala praxis y no se le dé un pretexto para exculparse y victimizarse, como, por ejemplo, es hoy el caso argentino en el contexto de una atmósfera estatista que incluye en gran medida a la oposición. En segundo lugar, también en la opinión pública prevalecen aquellas ideas estatistas y, por ende, en última instancia autoritarias, que rechazan los modales, pero adhieren “al modelo” del manotazo al fruto del trabajo ajeno, por lo que necesariamente hará que se redoblen los males, a pesar de que en el caso argentino, además de los ataques grotescos a la Justicia, acaba de decidir el Gobierno aplicar tareas de inteligencia interna para detectar y castigar “golpes de mercado” (es para un guión de Woody Allen si no fuera dramático).

Por lo dicho es que con urgencia debe trabajarse en la educación a los efectos de la defensa propia, es decir, la imperiosa necesidad de entender qué significa vivir en libertad y no simplemente declamar acerca de una democracia falsificada que de contrabando se transforma en otra forma de absolutismo. De todos modos, por ejemplo, es de desear que pueda tener lugar un exitoso contragolpe de Estado en Corea del Norte antes que se les vaya la vida a tantos ciudadanos desesperados por las botas de un sátrapa asesino (botas son las de sus súbditos, porque el megalómano de marras usa taquitos altos para parecer más alto).

Como muchas veces se ha señalado, no es conducente poner el carro delante de los caballos y dedicarse a los políticos del momento, ya que naturalmente no aceptarán otro discurso que el que es capaz de digerir la opinión pública y si no se hace nada para modificarla en la dirección de una sociedad libre, no puede esperarse un discurso distinto que el que conduce al abuso del poder. Si no hay suficientes esfuerzos educativos, se estará en una encerrona imposible de sortear.

En general hay pereza para dedicarse a las faenas de explicar y difundir los fundamentos éticos, económicos y jurídicos de vivir en libertad, porque se piensa que es más rápido y eventualmente más lucido desempeñarse en la arena política. Esto no es cierto, si nos encontramos en un ámbito estatista, es completamente inútil tratar de influir a los políticos del momento con ideas contrarias, ya que inexorablemente serán rechazadas si es que los políticos pretenden seguir en ese oficio.

Se dice que es una tarea a largo plazo la educativa, pero si ese es el diagnóstico y la receta adecuada para revertir los problemas, cuanto antes se comience se acortarán los plazos. Es curioso, pero en muchos casos desde hace décadas se viene recitando la misma cantinela sin percatarse de que si se hubieran puesto manos a la obra ya estaríamos en el instante eureka, “el largo plazo”. No es mi autor favorito, pero Mao Tse Tung decía con razón que “la marcha más larga comienza con el primer paso”.

En resumen, la mejor manera de evitar los contragolpes de Estado (generalmente fallidos en el sentido de la reincidencia o incluso el engrosamiento del estatismo) consiste en ocuparse de las tareas educativas mencionadas al efecto de despejar telarañas mentales, lo cual beneficia a toda la comunidad, pero muy especialmente a los más necesitados.

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y fue profesor y primer rector de ESEADE.

Casos Boudou y Campagnoli: no hay incoherencia sino mentira

Por José Benegas. Publicado el 3/7/14 en:

Los principios lógicos como el de no contradicción no caben dentro de la dinámica de amigo/enemigo. El discurso en ese caso es un camuflaje de la hostilidad y una táctica para confundir. Al analizar al kirchnerismo muchas veces se olvida esta cuestión.

Si el fiscal José María Campagnoli es suspendido mientras se lo somete a un enjuiciamiento por investigar lo que se denominó “la ruta del dinero K”, se espera que el vicepresidente siga la misma suerte y cuando no ocurre se les reclama al oficialismo por una “incoherencia”.

Pero el kirchnerismo no se contradice, sino que miente. Cuando dice que suspende a Campagnoli “para que se pueda defender”, lo hace en realidad para que no cumpla con su deber de investigar. Si lo considerara necesario, él podría pedir una licencia, pero sacarlo contra su voluntad es una sanción anticipada. Cuando desde el mismo sector se sostiene a Boudou a cualquier costo y no se aplica el mismo criterio es, otra vez, para asegurarse impunidad. Más coherencia imposible. El problema es si los demás queremos o no queremos notificarnos de lo que hacen. Son pocos en realidad quienes tienen el valor de tomar al kirchnerismo por lo que es desde al año 2003 hasta la fecha. Distintos relatos se han tejido contra el relato pero como formas de evadir la realidad. El más grande es aquél según el cual pudo haber habido una época “buena” del kirchnerismo.

Volviendo a este contraste entre el tratamiento del fiscal y el del vice, Boudou, como gran figura de la corrupción K, también es una negación. El no es el autor del descarado despliegue político para salvarlo tanto de la investigación judicial como de un eventual juicio político o apenas de un pedido de renuncia o licencia. Proteger a Boudou no es para proteger a Boudou. Boudou ni siquiera es el que está resistiendo, carece de entidad política para eso.

Ahora bien, si nos olvidamos de esto y vamos a la superficie de la argumentación, no existían motivos para apartar a Campagnoli de una eventual extralimitación por asumir una competencia que según los protectores de Lázaro Báez no le correspondía. Se le quita la competencia, y el problema, que es estrictamente formal, se resuelve. Campagnoli no fue acusado ni siquiera de acciones ilegales en su trabajo. Su supuesta falta disciplinaria no interfería bajo ningún concepto en su función en otros casos ni tampoco estaba impedido de defenderse.

El caso del vicepresidente es bien distinto. Su función es política y de representación del país. Un imputado en una causa penal, no disciplinaria como la de Campagnoli, tiene el derecho de mentir. Eso está permitido en el proceso, pero es incompatible con su responsabilidad política. Es decir, el apartamiento del vicepresidente no tiene que ver con que pueda defenderse, como cínicamente se alegó en el caso del fiscal, sino con resguardar a la vicepresidencia como institución de ese ejercicio legítimo de la defensa por parte de su titular. Hay una incompatibilidad ética entre ambas cosas.

Dadas las responsabilidades constitucionales que le caben al señor Boudou, como eventual reemplazo de la Presidente, preservar a la vicepresidencia es proteger al Poder Ejecutivo como tal.

Se abusa muchas veces de un concepto algo monárquico de “investidura presidencial” para pretender que un presidente está más allá de todos nosotros en cuanto a la posibilidad de criticarlo. Para una República esto es completamente falso.Lo que se debe preservar en una República es una institución, la mayor parte de las veces contra los actos de quienes la ocupan temporariamente. Un presidente debe respetar a la presidencia por ejemplo no mintiendo, no simulando, no lanzando amenazas contra ciudadanos. Cuando sus intereses chochan con los de su responsabilidad aunque más no sea en el terreno hipotético, se debe ir. Un vicepresidente también. En términos republicanos la investidura vicepresidencial se encuentra gravemente alterada por la conducta y por la situación del vicepresidente.

Tampoco es compatible con la función del vicepresidente cualquier forma de ejercicio de su propia defensa. Las argumentaciones absurdas y su apelación a caprichos increíbles de la casualidad, que pueden ser el último recurso de un imputado que se ve perdido, dañan de manera muy severa a las instituciones además de ser una burla a la inteligencia de la población. Para el juez podrán constituirse o no en un desafío en su trabajo probatorio, para la relación mandante/mandatario son un golpe fulminante.

Campagnoli no cumple una función política sino técnica, es un funcionario de carrera que debe ser protegido de los intereses políticos que toca al cumplir con su trabajo.

Hay un plano jurídico y hay uno político institucional y no siempre corren por el mismo carril. Por eso la Constitución establece el juicio político tanto para el delito común, como para el cometido en ejercicio de las funciones y el mal desempeño. ¿Qué peor desempeño puede haber para un vicepresidente que representa al país en la asunción de un mandatario extranjero, que el de esconderse de los periodistas y pedir al anfitrión que le arme una valla especial para que no se le acerque ninguno?

El problema es que si hablamos de la política real, Boudou no decide si se queda o se va, eso lo decide la Presidente. Boudou encadenado al cargo está más expuesto a las consecuencias del proceso penal que si pudiera quedarse en silencio en su propia casa siguiendo los consejos de sus abogados. La exposición política de Boudou está para resguardar intereses que a él lo superan por completo y por los que será sacrificado del modo más cruel.

José Benegas es abogado, periodista, consultor político, obtuvo el segundo premio del Concurso Caminos de la Libertad de TV Azteca México y diversas menciones honoríficas. Autor de Seamos Libres, apuntes para volver a vivir en Libertad (Unión Editorial 2013). Conduce Esta Lengua es Mía por FM Identidad, es columnista de Infobae.com. Es graduado del programa Master en economía y ciencias políticas de ESEADE.