Argentina entre los 10 países con menor libertad económica del mundo.

Por Nicolás Cachanosky. Publicado el 14/10/14 en: http://economiaparatodos.net/argentina-entre-los-10-paises-con-mejor-libertad-economica-del-mundo/

 

El 7 de Octubre el Fraser Institute dio a conocer su reporte anual 2014 sobre libertad económica que cubre un total de 152 países. El Economic Freedom of the World, junto al Index of Economic Freedom elaborado por el Heritage Foundation y Wall Street Journal deben ser los dos indicadores más conocidos de libertad económica que hay disponibles. Que Argentina posea una baja calificación relativa en este indicador no es novedad. En los dos últimos reportes Argentina se ubicaba como la decimoquinta economía menos libre entre los países observados. Lo que es novedad en el último reporte es que Argentina cae al puesto 149 de 152 países. Es decir, Argentina se ubica como la cuarta economía menos libre del mundo. Debido a que los datos que el Fraser institute utiliza para elaborar el índice llevan tiempo en publicarse, cada reporte posee resultados de hace dos años. Es decir, el reporte del año 2014 posee calificaciones para el año 2012 (este “delay” es normal en este tipo de indicadores.) Lo que este indicador muestra, entonces, es un serio deterioro en las instituciones económicas luego del 2011: En un solo año Argentina retrocedió 11 lugares. Mientras Argentina cae a los últimos puestos y no se ven signos de liberar la economía del 2012 en adelante, organizaciones como Carta Abierta afirman que al país le falta regulación económica. Estas aseveraciones ponen de manifiesto la desconexión con la realidad Argentina en un contexto mundial por parte grupos afines al Kirchnerismo. Ciertamente, como todo índice, el mismo no es perfecto. No obstante, ofrece una guía sobre el la inclinación relativa de distintos países hacia instituciones de libre mercado cuyos resultados se condicen con lo que se espera sean economías más y menos libres. Preguntarse si la posición 149 en el ranking es precisa es quedarse con el árbol y perderse el bosque. Lo importante es la ubicación “general” de Argentina en el ranking y la tendencia en el mismo. Desde el año 2001, cuando se ubicaba en el puesto 54, Argentina cae de manera sostenida en el ranking.

Las 10 economías menos libres en el reporte 2014 son (1) Myanmar, (2) República Democrática del Congo, (3) Burundi, (4) Chad, (5) Irán, (6) Algeria, (7) Argentina, (8) Zimbabue, (9) República del Congo, y (10) Venezuela. Como se puede apreciar, los países que acompañan a Argentina se encuentran lejos de ser la Alemania o Suiza al que Cristina Kirchner hizo referencia como modelos de país. De hecho, de los países observados, la Venezuela que es fruto de admiración Kirchnerista se ubica en el último puesto. Según el reporte (p. 29), la caída de Argentina en el 2012 se debe principalmente a un deterioro del sistema legal y la protección de los derechos de propiedad (cepo al dólar, etc.), en la restricciones al comercio internacional (debido a la DJAI, etc.), y a la aparición del mercado informal del dólar. Es cierto, sin embargo, que el nivel de vida de Argentina es superior al de países como Chad o Myanmar, pero ese no es el punto de los índices institucionales. Estos indicadores no buscan medir la calidad de vida, sino que informan sobre el marco institucional dado que esto define el nivel de desarrollo económico de largo plazo. La instituciones de un país informan sobre la trayectoria de largo plazo y no sobre la situación económica actual.

Por ello este tipo de indicadores son relevantes y los economistas insisten tanto en la importancia de las instituciones. La comparación entre Corea del Norte y Corea del Sur ofrece un caso único. Son dos países con la misma cultura, mismo lenguaje, y misma historia hasta su separación en 1945. Casi 60 años de dos coreas con distinto marco institucional muestran las inocultables diferencias económicas. No obstante, Corea del Norte no puede alcanzar el nivel de vida de Corea del Sur de la noche a la mañana cambiando su política económica, necesita cambiar su marco institucional y esperar que el crecimiento que no ha tenido en 60 años se materialice. Este efecto de largo plazo que las abstractas instituciones tienen sobre los países pueden hacernos perder la conexión causal dado que los cambios institucionales del presente pueden tener efectos varios años por delante. Imaginemos que congelamos el grado de libertad económica de todos los países por cincuenta años. ¿Dónde creemos que se encontrará el nivel de vida relativo de Argentina cinco décadas más tarde? ¿Más cerca de Venezuela y Zimbabue o de Alemania y Suiza?

En esta nota comento sobre diversos resultados económicos y sociales de países con economías libres y economías reprimidas. En esta ocasión sólo quiero reproducir tres resultados centrales y ofrecer luego un comentario final. En primer lugar, los siguientes gráficos (pp. 21-22) muestran que al tomar la totalidad de la muestra (152 países) en lugar de elegir un par (por ejemplo Argentina y Chile) (1) los países más libres poseen un mayor ingreso per cápita (ajustado por costo de vida) que los países menos libres, (2) que las economías más libres crecen más rápido que las economías menos libres [un plazo de 10 años] y (3) que la distribución del ingreso no depende de la libertad económica. Es decir, las economías no sólo son más ricas y crecen más rápido en promedio, sino que el argumento de que el libre mercado genera crecimiento con exclusión no se sostiene si miramos la totalidad de la muestra en lugar de seleccionar unos pocos países. Si el libre mercado generase crecimiento con exclusión, entonces la participación sobre el ingreso del 10% más pobre no podría mostrar valores similares para los distintos grupos de países según su libertad económica. No obstante estos resultados, diversos movimientos que se oponen a las economías libres sostienen que el modelo a adoptar es uno como socialismo de Noruega, el Suecia, o el Finlandia. Sin embargo, Noruega, Suecia, y Finlandia se ubican en los puestos 30, 32, y 10 de países con mayor libertad económica respectivamente. Los tres países “socialistas” se encuentran en el cuartil de las economías más libres del mundo. Los países calificados de “socialistas” por los críticos del libre mercado resultan tener economías bastante libres en el contexto mundial.

 

Si usted va a ser pobre y sabe que va a pertenecer al 10% de la población más pobre, no importa si vive en una economía libre o en una economía reprimida, su grupo va a recibir alrededor del 2.5% del ingreso total del país. Pero si vive en una economía libre su ingreso anual va a ser de $11,610 contra $1,358 en una economía reprimida. Si usted sabe, entonces, va a ser pobre, ¿en qué país prefiere vivir? Si su respuesta es en una economía libre, entonces debe saber que desde la crisis del 2001 que Argentina persiste en ir en sentido contrario hasta haber alcanzado el fondo del ranking en el 2012.

Por último, en Argentina términos como “libre mercado” son tratadas casi como una mala palabra, especialmente desde la crisis del 2001. Peor aún es el caso de los términos “capitalismo” y “neoliberal.” Parte de esta situación se debe al asociar erróneamente la década del 90 con un modelo de libre mercado neoliberal. Los resultados están a la vista. Argentina ha logrado ubicarse entre los últimos puestos de uno de los indicadores más utilizados y respetados internacionalmente en trabajos de investigación. Mientras Argentina y la clase dirigente no entiendan que no se puede ser Alemania o Suiza adoptando las instituciones bolivarianas del Socialismo del Siglo XXI el país podrá oscilar entre mejores y peores gobiernos, pero no podrá cambiar su trayectoria de largo plazo. Argentina no necesita un cambio de “modelo” o de gobierno, Argentina necesita una seria reforma institucional. Para que la clase política dirigente ofrezca un cambio de esta magnitud, la opinión pública se lo debe exigir.

 

Nicolás Cachanosky es Doctor en Economía, (Suffolk University), Lic. en Economía, (UCA), Master en Economía y Ciencias Políticas, (ESEADE) y Assistant Professor of Economics en Metropolitan State University of Denver. 

Más allá de toda duda razonable

Por Emilio Cárdenas. Publicado el 4/6/14 en http://www.lanacion.com.ar/1698106-mas-alla-de-toda-duda-razonable

 

En diciembre de 2012, la Sala II de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional decidió el caso «Prosecutor vs. Mathieu Ngudjolo». Allí se juzgaba al mencionado Ngudjolo por su presunta responsabilidad en una serie de crímenes atroces cometidos durante el conflicto armado interno que -en 2003- afectó a la República Democrática del Congo. Concretamente, con motivo del ataque por parte de una banda armada a la pequeña ciudad de Bogoro, capital de la provincia de Ituri, en la frontera con Uganda.

La canasta de gravísimas acusaciones acumuladas contra Ngudjolo era absolutamente de horror e incluía cientos de asesinatos, violaciones, pillajes, la utilización de niños y niñas menores de 15 años como soldados durante el ataque, la esclavitud sexual y otros crímenes de similar magnitud. Todos ellos conforman delitos aberrantes cometidos contra la población civil inocente de Bogoro.

Luego de producirse una prueba frondosa, el tribunal decidió por unanimidad que el acusado no podía ser tenido como culpable, toda vez que su responsabilidad por los crímenes de los que se lo acusaba no había sido probada «más allá de toda duda razonable». Ése, y no otro, es el criterio siempre utilizado por la comunidad internacional cuando de juzgar crímenes de lesa humanidad se trata.

Esto, pese a que durante el proceso se escucharon los testimonios de 54 testigos, se analizaron además 261 elementos de prueba aportados por los fiscales y 372 presentados por los defensores y las víctimas, y se emitieron 387 decisiones y órdenes escritas. No obstante todo ello, el tribunal concluyó que no se acreditó la responsabilidad de Ngudjolo como se debía, esto es «más allá de toda duda razonable».

De inicio, el tribunal internacional recordó, como corresponde, que el acusado debía presumirse inocente hasta que se hubiera probado, «más allá de toda duda razonable», su culpabilidad respecto de los hechos que conformaban los delitos. Como ello no sucedió, la sentencia decidió que Ngudjolo no podía ser tenido como culpable y que no podía dictarse un veredicto condenatorio. Aclarando que ello no suponía necesariamente que fuera inocente, sino que su responsabilidad no había sido demostrada. Por ello el tribunal, luego de analizar detalladamente la prueba y la credibilidad de los testigos, hizo una serie de observaciones críticas a la labor de los fiscales, apuntando a que -pese a las dificultades- ellos debieron haber sido más profundos en sus investigaciones y en el análisis de la prueba acumulada. Y resolvió absolver al acusado.

Eso es lo que debía suceder. Ocurre que la «presunción de inocencia» está en los cimientos mismos del debido proceso legal. Su respeto forma parte del Estado de Derecho. Por esto, el respetado ex juez de la Corte Suprema de Israel Aharon Barak dice que «la presunción de que cada persona es inocente hasta que su culpabilidad sea legalmente demostrada es parte de la dignidad humana».

La baronesa Christine van den Wyngaert, en su voto concurrente en el caso comentado, aprovechó para realizar una serie de importantes observaciones adicionales en materia de responsabilidad individual cuando de crímenes de lesa humanidad se trata. Ellas no deben pasar desapercibidas.

Por ejemplo: que en ningún caso puede dejarse de lado el principio de in dubio pro reo, lo que supone que las ambigüedades deben interpretarse siempre a favor del acusado; que todo lo referido a los delitos de lesa humanidad debe interpretarse de modo restrictivo o estricto, sin que puedan admitirse las interpretaciones por analogía ni las expansivas; que siempre es necesario probar que un acusado tiene vinculación directa con el delito cometido; que los llamados «ideólogos» o «cerebros», así como los presuntos «conspiradores», no fueron incluidos entre los responsables definidos por el Estatuto de Roma (lo que es opinable; piénsese, si no, en la autoría mediata, a través de un aparato organizado de poder, lo que también debe probarse más allá de toda duda razonable); que no se puede asignar responsabilidad por dolo eventual ni por negligencia; que debe probarse que los acusados sabían, al tiempo de sus conductas, que ellas estaban definidas como delitos; y que el solo riesgo de que pueda eventualmente cometerse un delito no es suficiente para atribuir responsabilidad.

A diferencia de lo sucedido con Ngudjolo, la Corte Penal Internacional, en un juicio separado, acaba de condenar a 12 años de prisión a Germain Katanga, otro de los milicianos que participaron en los crímenes de Bogoro. Porque, en su caso particular, la responsabilidad que correspondía se acreditó «más allá de toda duda razonable».

Tras lo antedicho, cabe hacer algunas advertencias respecto de nuestros juicios en esta delicada materia. En el juzgamiento de este tipo de delitos no caben los excesos de «flexibilidad». Ni las ambigüedades. Ni hay espacio para la ligereza en el actuar. Por esto, la recurrencia en designar jueces y fiscales ad hoc es altamente inconveniente.

También por esto la independencia y la imparcialidad de los magistrados -y la de los fiscales- son clave y deben quedar aseguradas. Siempre. En caso de duda, ellos deben apartarse de las causas en las que intervienen. De lo contrario, deben ser prestamente separados, para que la tacha de nulidad no transforme de pronto en estéril toda su actuación.

Tampoco son admisibles los ambientes de intimidación, amenazas o presión constante sobre los magistrados. Porque así se perturba y cercena su libertad para poder decidir con absoluta tranquilidad y en conciencia. Y se lastima su independencia y compromete su imparcialidad.

De conformidad con el principio de consistencia o coherencia en la labor interpretativa existe, para los tribunales nacionales, la obligación de interpretar las normas nacionales de conformidad con las pautas contenidas en el derecho internacional. Especialmente con aquellas que son jus cogens, o sea directamente obligatorias, inmodificables e inderogables, desde que conforman el «orden público internacional». Incluyendo las Convenciones de Ginebra de 1949 en lo que a la inderogable protección de los civiles inocentes se refieren.

Como acaba de señalar un alto tribunal norteamericano: «No se sirve a la justicia cuando se comete una injusticia». Es así. Ocurre que para la delicada función jurisdiccional también se aplica aquello de que «el fin no justifica los medios».

 

Emilio Cárdenas es Abogado. Realizó sus estudios de postgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan y en las Universidades de Princeton y de California.  Es profesor del Master de Economía y Ciencias Políticas y Vice Presidente de ESEADE.