EL ESTATISMO DE LA FAO

Por Alberto Benegas Lynch (h)

 

Desde su creación, la Food and Agriculture Organization (FAO) en 1945 ha mostrado su marcada inclinación a la adopción de medidas socialistas y una aversión al sistema de libre empresa y la propiedad privada. Hay infinidad de documentaciones que ponen de manifiesto lo dicho en el contexto de las Naciones Unidas como son las obras de Edward Griffin, Orval Watts y la experiencia personal de William Buckley, Jr. como delegado en aquella organización internacional, pero uno de los trabajos críticos de la FAO de mayor calado aun es el preparado por la Heritage Foundation de Washington D.C a través de la pluma de Juliana Geran quien se doctoró en la Universidad de Chicago y enseñó en las Universidades de Stanford y Johns Hopkins y dirigió el Institute of World Politics de la Universidad de Boston, trabajo aquél publicado con el sugestivo título de “The UN´s Food and Agriculture Organization: Becoming Part of the Problem”.

 

Con estos antecedentes de la FAO puede entenderse hoy, por ejemplo,  el chiste de pésimo gusto que esa entidad haya premiado en este 2015 a los gobiernos de Venezuela y Argentina por la eficaz tarea para aliviar el hambre en esos países (sic).

 

En el muy extenso documento mencionado se destacan muchos puntos que no pueden cubrirse en una nota periodística, de modo que solo mencionaremos algunos que dividimos en doce    secciones al correr de la pluma. Primero, se ha politizado la FAO en grado creciente al tiempo que se ha incrementado en grado exponencial su presupuesto y la cantidad de funcionarios contratados y “cada vez más hostil a la libre empresa. Suscribe la ideología colectivista patrocinada por las naciones más radicalizadas”.

 

Segundo, en la misma línea argumental la “FAO fracasa con sus consejos a los gobiernos cuyos políticas impiden el progreso agrícola […] y establece Programas de Cooperación Técnica que básicamente consiste en un centro político que es usado discrecionalmente por la dirección que provee estadísticas erróneas y engañosas, junto a medidas que desalientan a que trabajen allí profesionales calificados”.

 

Tercero, el caso más resonante del fracaso de la FAO fue el de la hambruna en Etiopía “en el que la FAO participó sin declarar nunca que las causas del problema eran las políticas económicas socialistas que condujeron a la catástrofe […], en aquel momento, además [de los malos consejos], quien dirigía la FAO apuntaba a sacarse de encima al representante de Etiopía al efecto de posibilitar su reelección en el cargo, lo cual logró por tres períodos de seis años cada uno”.

 

Cuatro, el presupuesto de la FAO constituye “una fuente de controversias permanentes porque no permite la información que permitiría una idea clara de donde se asignan los recursos proporcionados por los gobiernos con los recursos de los contribuyentes, lo cual hace que la correspondiente evaluación resulte imposible”.

 

Quinto, los casos de distintas naciones africanas respecto al apoyo a políticas estatistas respecto al agro, así como el caso de Tailandia en la misma dirección también en el área rural y lo mismo en China, políticas fallidas que se extienden a otras naciones como Guatemala, India y Costa Rica “todo contrario a los abordajes de la empresa privada en lo que respecta al freno al progreso agrícola”.

 

Sexto, en muchos sectores la FAO ha suspendido incluso la cooperación con el sector privado puesto que sus autoridades declaran que “los gobiernos pueden mejorar la planificación del área agrícola […] lo cual ha sido hoy abandonado incluso en algunos sectores de la economía china”.

 

Séptimo, la FAO “estimula el establecimiento del control estatal de precios como en los casos de Egipto, Tanzania, Ghana y Malí […] a lo que frecuentemente se añade el consejo de acumular granos operado por los gobiernos que naturalmente afecta al sector privado”.

 

Octavo, reiteradamente la administración de la FAO “reclama una redistribución de ingresos a nivel mundial […] situación que sugiere se haga a través de gobiernos o sus organismos internacionales desde los países desarrollados a los subdesarrollados que como es sabido ha producido graves problemas”.

 

Noveno, la FAO apunta al crecimiento poblacional, “la mentalidad maltusiana” como una de las causas de los problemas económicos en lugar de “concentrarse en el deterioro de los marcos institucionales”.

 

Décimo, también los consejos de la FAO respecto a plagicidas, fertilizantes y enfoques errados sobre la ecología en general han conducido a desajustes y crisis “en casos como los de Mozambique, Somalia, Nigeria y Libia en el contexto, como ha dicho una fuente de un funcionario que quiso quedar en el anonimato, que se han desdibujado cifras respecto al retorno sobre la inversión para hacer aparecer como atractiva la política aconsejada”.

 

Décimo primera, no solo se consignan  las políticas contraproducentes de la FAO en su campo de acción sino que “interviene en otros sectores como son sus consejos en cuanto a la estatización del transporte”.

 

Y, por último, décimo segundo en este resumen, como conclusión la autora de este largo y documentado trabajo sostiene que “la FAO debe dejarse morir, que sería una justificada y buena muerte”.

 

La FAO ha insistido a poco de su instalación en la conveniencia del impuesto a la renta potencial y la reforma agraria (1955)  sobre lo cual hemos escrito en otra oportunidad, conceptos que ahora parcialmente reiteramos en el contexto de la organización internacional de marras.

 

En las truculentas lides fiscales, desafortunadamente lo más común es la idea de lo que se ha dado en llamar “el impuesto a la renta potencial”. El concepto básico en esta materia es que el gobierno debería establecer mínimos de explotación de la tierra ya que se estima que no es permisible que hayan propiedades ociosas o de bajo rendimiento en un mundo donde existen tantas personas con hambre. El gravámen en cuestión apunta a que los rezagados deban hacerse cargo de un tributo penalizador, el cual no tendría efecto si las producciones superan la antedicha marca.

 

En verdad este pensamiento constituye una buena receta para aumentar el hambre y no para mitigarlo. Si pudiéramos contar con una fotografía en detalle de todo el planeta, observaríamos que hay muchos bienes inexplorados: recursos marítimos, forestales, mineros, agrícola-ganaderos y de muchos otros órdenes conocidos y desconocidos. La razón por la que no se explota todo simultáneamente es debido a que los recursos son escasos. Ahora bien, la decisión clave respecto a que debe explotarse y que debe dejarse de lado puede llevarse a cabo solo de dos modos distintos. El primero es a través de imposiciones de los aparatos estatales politizando el proceso económico, mientras que el segundo se realiza vía los precios de mercado. En este último caso el cuadro de resultados va indicando los respectivos éxitos y fracasos en la producción. Quien explota aquello que al momento resulta antieconómico es castigado con quebrantos del mismo modo que quien deja inexplorado aquello que requiere explotación. Solo salen airosos aquellos que asignan factores productivos a las áreas que se demandan con mayor urgencia.

 

Las burocracias estatales operan al margen de los indicadores clave del mercado y, por ende, inexorablemente significan derroche de los siempre escasos factores de producción (si hacen lo mismo que hubiera hecho el mercado libre y voluntariamente, no hay razón para su intervención ni para los gastos administrativos correspondientes y, por otra parte, la única manera de conocer que es lo que la gente quiere en el mercado es dejarlo actuar). Este desperdicio de capital que generan los gobiernos naturalmente conduce a una reducción de ingresos y salarios en términos reales puesto que las tasas de capitalización constituyen la causa de los posibles niveles de vida, con lo que en definitiva el impuesto a la renta potencial incrementa los faltantes  alimenticios de la población.

 

Esta conclusión es del todo aplicable a la tan cacareada “reforma agraria” en cuanto a las disposiciones gubernamentales que expropian y entregan parcelas de campo a espaldas de los cambios de manos a que conducen arreglos contractuales entre las partes en concordancia con los reclamos de la respectiva demanda de bienes finales, lo cual ubica a los bienes de orden superior en los sectores necesarios para tal fin. Ese desconocimiento de los procesos de compra-venta inherentes al mercado también perjudica gravemente las condiciones de vida de la gente, muy especialmente de los más necesitados.

 

Los procesos de mercado recogen información dispersa y fraccionada entre millones de personas a través de los precios, sin embargo, los agentes gubernamentales puestos en estos menesteres invariablemente concentran ignorancia con lo que se desarticula el mercado, lo cual genera las consiguientes contracciones respecto a lo que se requiere y sobrantes de lo que no se demanda, dadas las circunstancias imperantes.

 

En este tema de los impuesto a la tierra hay una tradición de pensamiento que surge de los escritos de Henry George por lo que se considera que los impuestos a la tierra se justifican debido a que ese factor de producción se torna más escaso con el mero transcurso del tiempo (solo puede ampliarse en grado infinitesimal) mientras que el aumento de la población y las estructuras de capital elevan su precio sin que el dueño de la tierra tenga el mérito de tal situación. Por ende, se continúa diciendo, hay una “renta no ganada” que debe ser apropiada por el gobierno para atender sus funciones.

 

Este razonamiento no toma en cuenta que todos los ingresos de todas las personas se deben a la capitalización que generan  otros y no por ello se considera que el ingreso correspondiente no le pertenece al titular. Esto ocurre no solo con los beneficios crematísticos (los ingresos no son los mismos del habitante de Uganda del que vive en Canadá, precisamente debido a que las tasas de capitalización de terceros no son las mismas) sino de beneficios de otra naturaleza como el lenguaje que existe en el momento del nacimiento del beneficiario y así sucesivamente con tantas otras ventajas que se obtienen del esfuerzo acumulado de la civilización.

 

En alguna oportunidad se ha legislado “para defenderse de la extranjerización de la tierra” lo cual ha hecho también la FAO, como si los procesos abiertos y competitivos en la asignación de los siempre escasos factores productivos fueran diferentes según el lugar donde haya nacido el titular, y como si los lugareños que declaman sobre nacionalismos no descendieran de extranjeros en un proceso de continúo movimiento desde la aparición del hombre en África. Esta visión de superlativa ceguera y de cultura alambrada es incapaz de percatarse que las fronteras y las jurisdicciones territoriales son al solo efecto de evitar la concentración de poder en manos de un gobierno universal, y no porque “los buenos” son los locales y “los malos” los extranjeros (atrabiliaria clasificación que, entre otras cosas, reniega de nuestros ancestros).

 

Es de esperar que en debates abiertos se perciba que los procesos de mercado son los más efectivos para reducir el hambre y no la politización de un tema tan delicado que barre con las señales para asignar recursos del modo más adecuado a las necesidades, especialmente de los más débiles. Respecto a las peligrosas falacias que rodean al tema específico de la ecología, las he tratado en mi trabajo titulado “Debate sobre ecología” que puede localizarse en Internet.

 

https://eseade.wordpress.com/2014/03/02/debate-sobre-ecologia/

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y fue profesor y primer rector de ESEADE.

Actualidad del impuesto a la tierra:

Por Alberto Benegas Lynch (h) Publicado el 3/5/12 en: http://www.diariodeamerica.com/front_nota_detalle.php?id_noticia=7260

Los procesos de mercado recogen información dispersa y fraccionada entre millones de personas a través de los precios, sin embargo, los agentes gubernamentales puestos en estos menesteres invariablemente concentran ignorancia con lo que se desarticula el mercado, lo cual genera las consiguientes contracciones respecto a lo que se requiere y sobrantes de lo que no se demanda, dadas las circunstancias imperantes.
 
En las truculentas lides fiscales, desafortunadamente lo más común es la idea de lo que se ha dado en llamar “el impuesto a la renta potencial”. El concepto básico en esta materia es que el gobierno debería establecer mínimos de explotación de la tierra ya que se estima que no es permisible que hayan propiedades ociosas o de bajo rendimiento en un mundo donde existen tantas personas con hambre. El gravámen en cuestión apunta a que los rezagados deban hacerse cargo de un tributo penalizador, el cual no tendría efecto si las producciones superan la antedicha marca.
 
En verdad este pensamiento constituye una buena receta para aumentar el hambre y no para mitigarlo. Si pudiéramos contar con una fotografía en detalle de todo el planeta, observaríamos que hay muchos bienes inexplorados: recursos marítimos, forestales, mineros, agrícola-ganaderos y de muchos otros órdenes conocidos y desconocidos. La razón por la que no se explota todo simultáneamente es debido a que los recursos son escasos. Ahora bien, la decisión clave respecto a que debe explotarse y que debe dejarse de lado puede llevarse a cabo solo de dos modos distintos. El primero es a través de imposiciones de los aparatos estatales politizando el proceso económico, mientras que el segundo se realiza vía los precios de mercado. En este último caso el cuadro de resultados va indicando los respectivos éxitos y fracasos en la producción. Quien explota aquello que al momento resulta antieconómico es castigado con quebrantos del mismo modo que quien deja inexplorado aquello que requiere explotación. Solo salen airosos aquellos que asignan factores productivos a las áreas que se demandan con mayor urgencia.
 
Las burocracias estatales operan al margen de los indicadores clave del mercado y, por ende, inexorablemente significan derroche de los siempre escasos factores de producción (si hacen lo mismo que hubiera hecho el mercado libre y voluntariamente, no hay razón para su intervención ni para los gastos administrativos correspondientes y, por otra parte, la única manera de conocer que es lo que la gente quiere en el mercado es dejarlo actuar). Este desperdicio de capital que generan los gobiernos naturalmente conduce a una reducción de ingresos y salarios en términos reales puesto que las tasas de capitalización constituyen la causa de los posibles niveles de vida, con lo que en definitiva el impuesto a la renta potencial incrementa los faltantes alimenticios de la población.
 
Esta conclusión es del todo aplicable a la tan cacareada “reforma agraria” en cuanto a las disposiciones gubernamentales que expropian y entregan parcelas de campo a espaldas de los cambios de manos a que conducen arreglos contractuales entre las partes en concordancia con los reclamos de la respectiva demanda de bienes finales, lo cual ubica a los bienes de orden superior en los sectores necesarios para tal fin. Ese desconocimiento de los procesos de compra-venta inherentes al mercado también perjudica gravemente las condiciones de vida de la gente, muy especialmente de los más necesitados.
 
Los procesos de mercado recogen información dispersa y fraccionada entre millones de personas a través de los precios, sin embargo, los agentes gubernamentales puestos en estos menesteres invariablemente concentran ignorancia con lo que se desarticula el mercado, lo cual genera las consiguientes contracciones respecto a lo que se requiere y sobrantes de lo que no se demanda, dadas las circunstancias imperantes.
 
En este tema de los impuesto a la tierra hay una tradición de pensamiento que surge de los escritos de Henry George por lo que se considera que los impuestos a la tierra se justifican debido a que ese factor de producción se torna más escaso con el mero transcurso del tiempo (solo puede ampliarse en grado infinitesimal) mientras que el aumento de la población y las estructuras de capital elevan su precio sin que el dueño de la tierra tenga el mérito de tal situación. Por ende, se continúa diciendo, hay una “renta no ganada” que debe ser apropiada por el gobierno para atender sus funciones.
 
Este razonamiento no toma en cuenta que todos lo ingresos de todas las personas se deben a la capitalización que generan  otros y no por ello se considera que el ingreso correspondiente no le pertenece al titular. Esto ocurre no solo con los beneficios crematísticos (los ingresos no son los mismos del habitante de Uganda del que vive en Canadá, precisamente debido a que las tasas de capitalización de terceros no son las mismas) sino de beneficios de otra naturaleza como el lenguaje que existe en el momento del nacimiento del beneficiario y así sucesivamente con tantas otras ventajas que se obtienen del esfuerzo acumulado de la civilización.
 
El fundamento del impuesto inmobiliario (de carácter proporcional) consiste en que se cobra a todos los propietarios a los que el gobierno les debe el servicio de la protección de sus tierras aunque no vivan en el país en el que poseen las respectivas propiedades. A esto habitualmente se agrega el impuesto al valor agregado que con su mecanismo de impuestos a cargo e impuestos a favor reduce los costos de recaudación, para en conjunto ubicarse en el punto mínimo indispensable de la curva Laffer al efecto de cumplir con las funciones estatales de la protección a los derechos de los gobernados y en el contexto de un sistema fiscal que siga el principio de la territorialidad y no de la nacionalidad basado en la pura voracidad fiscal y al deseo irrefrenable de que la caja fiscal cierre, no importa si los gravámenes resultan confiscatorios. En una sociedad abierta, estos dos gravámenes proporcionales (la progresividad, al gravar en escala ascendente el objeto imponible, paraliza la movilidad social, altera las posiciones patrimoniales relativas que votó la gente con sus compras e  instaura la regresividad) sustituyen toda la espesa maraña fiscal -incomprensible para cualquier mente normal- y libera los llamados “expertos fiscales” para que puedan realizar actividades útiles.
 
En alguna oportunidad se ha legislado “para defenderse de la extranjerización de la tierra” en una manifestación troglodita de xenofobia, como si los procesos abiertos y competitivos en la asignación de los siempre escasos factores productivos fueran diferentes según el lugar donde haya nacido el titular, y como si los lugareños que declaman sobre nacionalismos trasnochados no descendieran de extranjeros en un proceso de continúo movimiento desde la aparición del hombre en África. Esta visión de superlativa ceguera y de cultura alambrada es incapaz de percatarse que las fronteras y las jurisdicciones territoriales son al solo efecto de evitar la concentración de poder en manos de un gobierno universal, y no porque “los buenos” son los locales y “los malos” los extranjeros (atrabiliaria clasificación que, entre otras cosas, reniega de nuestros ancestros).
 
El tema de la tierra está inseparablemente atado al agua. En este sentido, es de interés notar que si bien el planeta está constituido en sus dos terceras partes por agua la mayoría es salada o está bloqueada por los hielos. Sin embargo, según los estudios como los de Fredrik Segrefeldt, hay una precipitación anual sobre tierra firme de 113 mil kilómetros cúbicos de la que se evapora 72 mil que deja un neto de 41 mil, lo cual significa nada menos que 15 mil litros por día por persona en el planeta, que aun descontado el caudal para riego queda amplio margen para la bebida. A pesar de ello, millones de personas mueren debido a aguas contaminadas o falta de este elemento esencial para la supervivencia. Esto es así debido al mal manejo de burocracias estatales en la recolección, purificación y recolección, en lugar de permitir la iniciativa privada y despejar “la tragedia de los comunes”. Esto explica, por ejemplo, los casos deplorables de Ruanda, Haití y Camboya que cuentan con mucha mayor precipitación que Australia pero en este caso los privados realizan una labor que posibilita a todos contar con agua potable. Más aun, agregamos nosotros que en nuestra era donde los sistemas de purificación de agua y reciclaje eliminan sustancias químicas indeseables, contaminantes biológicos (parásitos y hongos), sólidos y gases, se requieren marcos institucionales que permitan la asignación de los derechos de propiedad en un área tan delicada y crucial para la tierra y para la vida de las personas. Por todo esto es que comentaristas del trabajo de Segrefeldt como el premio Nobel en Economía Vernon L. Smith afirma que “el agua se ha convertido en un bien cuya cantidad y calidad es demasiado importante como para dejarla en manos de las autoridades políticas” y, en el mismo sentido, referido al mismo trabajo (obra titulada Water for Sale), Martin Wolf -editor asociado del Financial Times- escribe que “el agua es demasiado importante como para que no esté sujeta a las fuerzas del mercado”. Para esta materia, también recomiendo los sesudos ensayos de trece profesionales reunidos por T. L. Anderson en el libro encabezado por el título Water Rights. Scarce Resource Allocation, Burocracy and the Environment.
 
Estos temas relacionados a la tierra y al agua -como tantos otros- son susceptibles de comprenderse si se dedica suficiente tiempo a la docencia y al debate abierto de ideas. Se presentan dos escollos en estas faenas educativas, por un lado, los timoratos activos que se quedan a mitad de camino en sus reiteradas propuestas y, por otro, los ajenos y distraídos a toda vicisitud que se limitan a hacer bulto en sus pasos por la vida. A los primeros se les aplica bien lo dicho y repetido por mi amigo Floreal González: “nada hay más peligroso que un necio con iniciativa”, y a los segundos les cabe lo escrito por Aldous Huxley: “bienaventurados los tontos porque no se darán cuenta de nada”.

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía, Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y fué profesor y primer Rector de ESEADE.