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Procesos exitosos de reforma estatal: el caso del desmantelamiento de bases militares en los Estados Unidos

Por Martín Krause. Publicado el 7/9/17 en: http://bazar.ufm.edu/procesos-exitosos-reforma-estatal-caso-del-desmantelamiento-bases-militares-los-estados-unidos/

 

La revista Regulation, publicada por el Cato Institute, cumplió 40 años. Con motivo de ello, sus editores, Peter van Doren y Thomas Firey, publican un interesante artículo evaluando ese período en relación al desarrollo de la teoría y las políticas públicas relacionadas con las regulaciones. Aquí van algunos párrafos. El texto completo en: https://object.cato.org/sites/cato.org/files/serials/files/regulation/2017/3/regulation-v40n1-1-updated-2.pdf

¿Proceso de reforma? / Los miembros del Congreso entienden que el favoritismo económico es un juego de dilema de prisionero. Y cuando las apuestas han sido lo suficientemente altas, han encontrado formas de cooperar para evitar los costos. Un ejemplo que a menudo se propone como un modelo para una amplia reforma del proceso es el sistema de Realineación y Cierre de Bases (BRAC).

Después del final de la Guerra Fría, se reconoció ampliamente que Estados Unidos tenía un gran y costoso excedente de instalaciones militares domésticas a la luz de las nuevas necesidades de defensa de la nación. Pero era políticamente difícil cerrar esas bases porque los congresistas locales bloquearían la legislación que ponía en peligro sus distritos. En esencia, la defensa nacional se había convertido en un programa de empleo para empleados civiles y contratistas, con pocos beneficios y un costo considerable para el público estadounidense en general.

Para terminar con este estancamiento, el Congreso tomó en gran medida las decisiones de cierre de base de las manos de los legisladores. En virtud de la legislación de 1990, delegaron en una comisión de cierre de bases la tarea políticamente difícil de identificar instalaciones militares que pudieran ser cerradas con poco riesgo para la defensa militar. Decenas de instalaciones fueron posteriormente cerradas como resultado de cuatro rondas BRAC sucesivas.

El éxito aparente del proceso BRAC dependía de dos ingeniosas disposiciones del estatuto autorizante. Primero, la Casa Blanca y el Congreso debían aceptar o rechazar en su totalidad las listas de las instalaciones de la Comisión de cierre de bases. No había oportunidad para los legisladores individuales de salvar “sus” bases. El medicamento tenía que ser tragado entero o no tragado en absoluto, a la vista del público. En segundo lugar, el Congreso podría rechazar la lista completa de los cierres de bases propuestas sólo si aprobaba una resolución de rechazo dentro de los 45 días después de que la Casa Blanca haya aprobado la lista. Debido a que la comisión BRAC recopiló y envió estratégicamente pequeñas listas de bases innecesarias, sólo una pequeña minoría de distritos congresionales se opondría a cada ronda BRAC, mientras que el resto del Congreso y la Casa Blanca se beneficiarían de los ahorros. Como resultado, el Congreso nunca rechazó una lista BRAC.

Desafortunadamente, el proceso BRAC no parece ser adaptable a muchas otras deliberaciones del Congreso, incluyendo la regulación. De hecho, puede ser un éxito único en su tipo. Ha habido otros intentos en tales comisiones independientes, pero el Congreso nunca ha dado a ninguno de ellos el poder que dio a la comisión BRAC. Bajo la mayoría de las circunstancias, el Congreso no cederá tal poder porque hacerlo eliminaría el centro de la vida en el Congreso: logrolling.

E incluso BRAC no ha tenido tanto éxito como sugiere la narración anterior. Aunque el Congreso nunca ha rechazado una lista BRAC, tampoco ha considerado muchas listas. El sistema se desmoronó después de la lista de 1995, porque los miembros de la comisión querían centrar su atención en las muchas bases de Texas y California. Clinton pudo haber sido un halcón del presupuesto que aprobó la lista de cierre de 1995, pero él no quiso poner en peligro sus posibilidades de la reelección en esos estados. Como resultado, inventó maneras de bloquear tener que considerar una lista subsecuente. Desde entonces, los legisladores de Washington también evitaron la compilación de listas que afectarían significativamente a California y Texas, resultando en sólo una ronda adicional de BRAC, en 2005. Más allá de eso, los defensores de mantener las bases abiertas comenzaron a cambiar sus esfuerzos de los legisladores a los miembros del comité BRAC, En esencia, la reinstitución del juego.

Si no se puede evitar el favoritismo económico, tal vez el Congreso podría al menos encontrar una manera menos costosa de distribuir la generosidad a sus beneficiarios. Por ejemplo, en lugar de regular los mercados, el gobierno podría dar subsidios directos a los intereses especiales actualmente favorecidos por la regulación, pero a cambio los economistas diseñarían las subvenciones de una manera que redujera las distorsiones del mercado causadas por la regulación.”

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados. (Ciima-Eseade). Es profesor de Historia del Pensamiento Económico en UBA.

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Lo que no se debe y lo que se debiera,.. en salud

Por Eduardo Filgueira Lima

 

Nuestro país en muchos aspectos sufre la contradicción de tener pretensiones federalistas con decisiones políticas centralistas, que en muchos casos exceden tanto sus atribuciones, como sus posibilidades.

Y nuestro sistema público de salud no escapa a ello.

Desde la llegada al gobierno el equipo de cambiemos prometió eso: un cambio. Tal como era de esperar y necesario. Lo que en salud se requería muy especialmente.

No se me escapa que en la sociedad los cambios no son inmediatos, ni abruptos, ni resultado de puro decisionismo gubernamental. Los mismos toman tiempo, son analizados y evaluados por la misma sociedad y finalmente aceptados si resuelven sus necesidades. Lo malo es que a veces se acepta lo dado, como si fuera lo posible.

Pero a su vez son las decisiones de los gobiernos elegidos libremente, no por saber a priori las decisiones que adoptarán, sino en el supuesto hipotético que serán las mejores, o las que resolverán los problemas que la sociedad tiene, las que marcan rumbo.

Y ello no ha sido posible hasta el momento en el área de salud. Seguramente no por negligencia de las autoridades a cargo de la cartera, sino porque existe una enorme brecha entre la academia y la acción política concreta. Y ello es debido también a la misma organización del estado centralista que ha asumido cada vez más funciones (que los mismos funcionarios se ocupan de multiplicar), sin que puedan ser bien cumplidas por una parte y sin que le corresponda por otra.

Me refiero a que las provincias no han cedido al gobierno nacional las facultades de diseño, financiamiento, regulación y control de todas las funciones de promoción, prevención y atención médica de la población. Así lo establecieron todas las provincias en sus Constituciones.[1]

En esta superposición, finalmente las provincias tienen a su cargo la mayor parte del gasto público en salud, pero esperan que el gobierno nacional les asista y en cierta forma reemplace en lo que les corresponde. Y el gobierno nacional lo hace, lo asume, pero hace poco y no lo hace como debiera. ¿Y el cambio?

Ni las provincias hacen lo que está a su cargo como sería su quehacer, ni el gobierno pasa de cumplir rutinariamente, satisfaciendo demandas coyunturales, sin proponer ni ejecutar nada que permita visualizar algún horizonte mejor.

Que el gasto en salud representa cerca del 10% del PBI, eso ya lo sabemos. Que de ese gasto el 55% es gasto público también. Y que lo que es de correspondencia estrictamente público estatal –es decir: restado la seguridad social– alcanza al 23% del gasto total en salud (o aproximadamente un 2,4% del PBI)[2], lo que significa mucho dinero y dados los procesos tanto como los resultados, podríamos suponer muy mal asignado. Por lo menos la Ley N°27.200/15, reconoce y prorroga –desde  sucesivas leyes que la anteceden– la emergencia nacional en salud.

Cuando me refiero a resultados, todos sabemos que finalmente las consecuencias las sufre la población. Y vano sería reiterar que gran parte de ella se encuentra en condiciones que constituyen la proporción lamentable de nuestros “promedios”.

El problema central se encuentra no solo en la contradicción centralismo vs federalismo, sino en que ello se configura en la organización del sistema público de salud y sus ineficiencias.

Hace varios años el gobierno central a través de su vocero el Ministro de Economía expresaba ante los organismos de crédito internacionales que “quienes  gastan mal son las provincias” (acuciado ante los reparos de no cumplir con las metas acordadas de gasto). Y los gobernadores respondían: “el que gasta mal es el gobierno nacional,..¿para qué quiere un Ministerio de Salud sin hospitales y un Ministerio de Educación sin escuelas”

El Ministerio de Salud tiene importantes funciones que cumplir, como son las de regulación y control de medicamentos, la acción conjunta ante epidemias, catástrofes u otras de afectación colectiva, así como la representación ante organismos internacionales (OMS/OPS, otros de crédito a través de la UFI, etc), sanidad de fronteras, importación de insumos, informes de estadísticas y epidemiología, coordinación y acuerdo de políticas nacionales, etc.

Pero no son precisamente las funciones que se atribuye y en las actuales circunstancias cree que se puede hacer mucho y en realidad “solo se pueden dar buenos consejos”,..  haciendo de cuenta que se avanza hacia un cambio para que en verdad, todo siga como entonces.

Porque resulta que se ocupa de cuestiones que son atinentes a las provincias y ello funciona como un subsidio directo a las funciones que son prerrogativas de las mismas, y peor aún si lo hace mal.

Porque para el gobierno central resulta imposible centralizar (controlar, regular, financiar, etc.), lo que está disperso tanto como lo es nuestra geografía, y los recursos asistenciales de todo tipo adoptan las características de la provincia o región en donde se encuentran.

Lo que sucede es que estas cuestiones –como los programas nacionales– permiten a las provincias “descansar” del gasto y de la gestión primaria de los mismos. Pero ello obliga al gobierno nacional a ocuparse de lo que no debiera (con el costo que significa) y no ocuparse de ser un ente rector del cambio necesario.

Y el cambio sería bien recibido si el Ministro propusiera por ejemplo a las provincias llevar adelante una caja de aseguramiento provincial (o un seguro por jurisdicción) e hiciera lo que debe (y puede), como sería asistirlas técnicamente para que logren lo que les corresponde por derecho y haría más eficiente su gestión.

Si bien personalmente acuerdo con el Decreto N°908/16 en términos generales (aunque deja dudas en alguna medida su sustento jurídico), en el mismo (Art.N°2) se destina para la estrategia del CUS[3], un monto de $8.000 millones (que es menos del 10% del presupuesto anual del PAMI) y que supone cumplir con lo detallado en el Anexo I (Art.3°), que parece por lo menos un exceso de declamado voluntarismo, que resulta de más academia que gestión política.

Por otra parte, la nominalización (tal como la describe el mismo Decreto en el Anexo I) si bien es el primer paso para saber a quién,.. no permite saber ni como (me refiero financiamiento), ni cuando (me refiero a procesos), ni quien será el responsable de la prestación de los servicios, que están muy lejos del poder central.

Si, como hemos dicho, los recursos se encuentran en las jurisdicciones (o eventualmente regiones), ¿no sería mucho más lógico que en vez de asignar recursos (que por otra parte pertenecen a la seguridad social sindical) para la nominalización de la población sin cobertura desde el gobierno central, esta misma tarea la hicieran las mismas provincias?, ¿no sería más lógico que las provincias comiencen a dar los primeros pasos hacia las cajas de aseguramiento, ya que tienen para ello más posibilidades en el sentido de nominalizar primero a la población sin cobertura y asegurar las prestaciones después?

Resulta difícil de creer que los sindicatos resignen esa suma sin nada a cambio. Resulta difícil de entender un financiamiento compartido entre nación y provincias de esa población nominalizada, que tiene importantes necesidades. ¿O se piensa transferir esa población a las obras sociales sindicales? ¿Cuáles son los límites que ello impondrá? Y en ese caso, algo es mejor que nada,.. pero no es lo mejor posible.

Lo que termina por pensarse es que se “vende” un declamado CUS como si ello fuera el gran cambio y es solo un paso que no lo hace quien debiera y con recursos que sustrae a la seguridad social, para subsidiar a quienes deben,.. pero no lo hacen porque lo declama hacer otro (que debiera orientar el cambio): el gobierno central.

Lo que se ve finalmente es que solo se da vueltas en el mismo círculo, sin un plan coherente y sin lograr asignar a cada quien lo que debe. Eso sí,..  sirve para hacer de cuenta que se hace algo. Pero el costo es muy alto y lo pagamos todos los argentinos. ¿Sabrá el Ministro el gap que existe entre la academia y la acción política?

[1] IDESA “Programas nacionales son el 6% del gasto público en salud” Informe N°687 del 15 de Enero de 2017

[2] Calculo del Banco Mundial del PBI Argentina u$s 583.000 mill (equivalente a $9,32 billones)

[3] CUS: Cobertura Universal de Salud

 

Eduardo Filgueira Lima es Médico, Magister en Sistemas de Salud y Seguridad Social,  Magister en Economía y Ciencias Políticas de ESEADE y Profesor Universitario.

Sobre el Brexit

Por Nicolás Cachanosky. Publicado el 28/6/16 en: https://puntodevistaeconomico.wordpress.com/2016/06/28/sobre-el-brexit/

 

El pasado 23 de junio ganó el Brexit (Britain + Exit) sobre el Bremain (Britain + Remain) en el referéndum de Gran Bretaña sobre su permanencia o salida de la Unión Europea. Con alrededor del 52% de los votos, el triunfo fue para el Brexit.

El descontento con la Unión Europea no es ni nuevo ni circunscripto a Gran Bretaña. Mucho se ha dicho sobre lo negativo de esta decisión. La reacción inmediata en el ámbito económico parece haber inclinado de manera inmediata a lo negativo de esta decisión. El análisis, por supuesto, es comparativo, ¿es mejor (en términos económicos) permanecer en la UE o independizarse? No me parce evidente que salirse de la UE sea necesariamente en peor que permanecer en la UE.

Permanecer a la UE impone dos restricciones. Por un lado un techo, al limitar qué tanto libre comercio pueden practicar sus miembros. Por otro lado un piso, al limitar que tanto se pueden cerrar e aislar los países miembros.

Aparentemente el voto a favor del Brexit ha capturado electores con ambas preocupaciones. Tanto de quienes desean limitar la inmigración y cerrar más la economía británica como de quienes quieren salirse de la UE para tener una economía aún más libre. Lo que va a determinar al final si dejar la UE es beneficioso o no para la economía británica es qué se va a hacer de aquí en adelante. Gran Bretaña puede, por ejemplo, tener un tratado de libre comercio con el resto de Europa (European Economic Area -EEA) similar al caso de Noruega. Gran Bretaña puede también abrirse unilateralmente al mundo (parecido al caso Chileno). El punto es que salirse de la UE no necesariamente implica una economía más regulada y cerrada al comercio internacional.

Los últimos años han mostrado que los países miembros de la UE pueden tener serios desequilibrios económicos y serias dificultades para lidiar con ellos. En contraste, no se puede decir que países fuera de la UE como Suiza estén mal.

El siguiente listado muestra los países miembros de la UE y su ranking en el indice de libertad económica de la Heritage Foundation. Como se puede ver, Gran Bretaña se ubica como el tercer país más libre en términos económicos de la UE

  1. Ireland: 8
  2. Estonia: 9
  3. United Kingdom: 10
  4. Denmark: 12
  5. Lithuania: 13
  6. Netherlands: 16
  7. Germany: 17
  8. Luxembourg: 19
  9. Czech Republic: 21
  10. Finland: 24
  11. Sweden: 26
  12. Austria: 28
  13. Latvia: 36
  14. Poland: 39
  15. Cyprus: 42
  16. Spain: 43
  17. Belgium: 44
  18. Malta: 55
  19. Slovakia: 56
  20. Hungary: 58
  21. Bulgaria: 60
  22. Romania: 61
  23. Portugal: 64
  24. France: 75
  25. Italy: 86
  26. Slovenia: 90
  27. Croatia: 103
  28. Greece: 138

Esto sugiere que salirse de la UE para tener una economía más cerrada no fue el motivo principal del voto. No hace falta dejar la UE para tener una economía regulada como la de Croacia y Grecia. Salvo que la intención sea cerrarse a la UE y esto no sea factible siendo miembro de la UE. Parece ser, sin embargo, que el Brexit estuvo más motivado por cuestiones políticas y sociales.

Política en el sentido de sentir una falta de representación en la burocracia política de la Unión Europea. ¿Por qué el británico debe aceptar una regulación que emana de un cuerpo de políticos sobre los que tienen poca y nada de representación y poder de remoción? Sociales en el sentido de una oposición a la ola inmigratoria que se ha vivido en las últimas décadas.

Unas breves reflexiones finales:

  • Gran Bretaña puede enfrentarse a su propio Brexit si Escocia, que votó mayoritariamente por el Bremain vuelve a hacer un referéndum para independizarse del Reino Unido.
  • El referendum deja un interesante caso de rational ignorance. Al día siguiente del referéndum se dispararon en Google las búsquedas originadas en Inglaterra sobre qué es la Unión Europea. ¿Cuánto votante emitió su voto dejándose llevar por las emociones del momento sin saber sobre qué se estaba votando? Esto deja preguntas incómodas, si usted no es conocedor profundo de lo que se vota, ¿no es irresponsable entonces votar?
  • Viendo las reacciones de los mercados financieros al día siguiente algunos británicos dijeron haber cambiado de idea y que votarían distinto. Como le leí a Andy Young por Facebook, no se que es peor, ir a votar en un referéndum sobre la permanencia en la UE o dejarse llevar por lo que sucede en el mercado financiero al día siguiente.
  • Quizás por estos pagos deberíamos pensar en un Argexit, donde Argentina deja el ejercicio de proteccionismo ampliado llamado Mercosur y se abre unilateralmente al mundo.

 

Nicolás Cachanosky es Doctor en Economía, (Suffolk University), Lic. en Economía, (UCA), Master en Economía y Ciencias Políticas, (ESEADE). Fué profesor de Finanzas Públicas en UCA y es Assistant Professor of Economics en Metropolitan State University of Denver.