La alocada idea de subir a $ 100.000 el salario mínimo

Por Iván Carrino. Publicado el 22/8/21 en : https://www.ivancarrino.com/la-alocada-idea-de-subir-a-100-000-el-salario-minimo/

Manuela Castañeira es socióloga, egresada de la Universidad de Buenos Aires, y la única mujer de la izquierda que encabeza una lista para diputados en la Provincia de Buenos Aires. Su postulación es por el partido “Nuevo MAS”, o Nuevo Movimiento al Socialismo.

Entre sus propuestas para mejorar la economía del país está la de establecer un salario mínimo legal, y luego ajustable anualmente por inflación, de $ 100.000 mensuales.

A continuación analizaremos la viabilidad y el impacto que esta propuesta podría llegar a tener.

Amarreta

En primer lugar, la propuesta podría tildarse de poco generosa. Es que si estamos para proponer, por qué no pedir un salario mínimo de $ 200.000 o $500.000.

Mejor aún, un millón de pesos por mes para todos y todas y se acaba con la pobreza y la precarización. Obviamente, algo no cierra en esta idea.

Para poner en más en contexto la propuesta, los $ 100.000 mensuales que pide Castañeira son equivalentes a:

—> 3,85 salarios mínimos vitales y móviles de hoy, ya que éste es de $ 25.920

—> $ 32.400 más que la canasta básica familiar, pero 4,5 veces la canasta básica para el adulto equivalente. Es decir, lo que necesita una persona adulta de unos 35 años de edad para no caer en la pobreza

—> Si comparamos contra la vara de indigencia, $ 100.000 por mes permiten la compra de 10 canastas alimenticias.

—> Otro dato interesante es que el salario promedio del sector privado registrado de la economía es casi de $ 86.000. O sea que la propuesta busca llevar el nivel mínimo permitido por la ley a igualar el nivel promedio, un salto considerable.

Desempleo

Ahora analicemos las consecuencias que esto puede tener sobre la producción y el empleo. Si pensamos en una fábrica que tiene 4 trabajadores empleados con el salario mínimo, vemos que cada empleado recibe $ 25.920, generándose así un costo laboral de $ 103.680 mensuales.

Ahora bien, si se pone en práctica la ley impulsada por el NUEVO MAS, el gasto total de la empresa se dispararía hasta los $ 400.000 mensuales. Si suponemos que la empresa no puede incrementar el gasto en empleados y tampoco incrementar sus ingresos en el corto plazo, el resultado es muy fácil de ver. Con lo que antes se mantenía a 4 empleados trabajando dentro de la fábrica, ahora se puede mantener solamente a uno.

O sea que quien se quede trabajando por casi 4 sueldos, seguramente esté muy contento con la nueva política, pero no así los otros tres empleados que perdieron el trabajo.

Es por este sencillo caso, que puede replicarse hacia toda la economía, que se sostiene que los salarios mínimos legales son causa directa de la generación de desempleo.

Dejémonos de joder

Manuela Castañeira tiene respuesta para este problema. La forma de pagar el aumento, dice, es con una reforma tributaria que le cobre más impuestos al agro. En concreto, pidió hace pocas horas que se suban las retenciones al 50% y que “nos dejemos de joder”.

¿Alcanza? En 2020 por retenciones se recaudaron $ 360.000 millones. Hagamos el supuesto de que subiendo las retenciones hasta el 50%, y con el impacto de la inflación incluido, estos ingresos fiscales suben a 800.000 millones.

Ahora bien, tomando como punto de partida los empleados que están en el sector en blanco de la economía. Y asumiendo que todos ellos cobran el promedio que es de $ 86.000, el incremento hasta $ 100.000, implicaría un costo anual extra de 182.000, que multiplicado por los casi 6.000.0000 de empleados del sector privado representa un gasto extra de 1 billón de pesos.

O sea que ni siquiera alcanza a pagar el aumento para el sector privado registrado de la economía. Quedan todavía 3 millones de empleados públicos y otros 4 millones de empleados en negro.

Pero el problema no es solo que no alcance con esa plata, sino que encima el costo de intentar recaudar sería el cierre de empresas en el sector, con nuevos desempleados.

Con el cepo y las retenciones a la soja en 33%, a quien exporta USD 100 de soja hoy le quedan en la mano $ 6.700 en lugar de $ 18.000, lo que quiere decir que por cada 100 que vende le quedan 37. Con las retenciones en 50%, le quedarían 27 dólares por cada USD 100 exportados: ¿Quiénes podrán sobrevivir con un impuesto a la producción y la venta de nada menos que 73%?

Inviable y destructivo

El aumento del salario mínimo financiado con aumento de retenciones es totalmente inviable.

En primer lugar, es una cifra antojadiza que no responde a ningún criterio serio. En segundo lugar, implicará un brutal aumento del desempleo sin importar quién intente pagar la cuenta.

Si lo financia el empresario con su ingreso, solamente podrá mantener a uno de cuatro empleados. Y si lo intenta financiar el gobierno con más impuestos, primero que no le darán los números, pero segundo que por sostener los empleos en un sector de la economía los va a destruir en otro.

Para cerrar, si los salarios en Argentina son bajos no es porque la ley no los suba lo suficiente, sino porque no existen las condiciones institucionales y económicas para impulsar la inversión y el aumento genuino de la producción. Leyes como las que propone Castañeira solo alejan más la llegada de esas condiciones.

Iván Carrino es Licenciado en Administración por la Universidad de Buenos Aires y Máster en Economía de la Escuela Austriaca por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es editor de El Diario del Lunes, el informe económico de Inversor Global. Además, es profesor asistente de Comercio Internacional en el Instituto Universitario ESEADE y de Economía en la Universidad de Belgrano. Es Sub Director de la Maestría en Economía y Ciencias Políticas de ESEADE. Sigue a @ivancarrino

Una solución de fondo para los futuros jubilados

Por Alberto Benegas Lynch (h) Publicado el 8/2/20 en: https://www.infobae.com/opinion/2020/02/08/una-solucion-de-fondo-para-los-futuros-jubilados/

 

Lo primero viene primero. El diagnóstico es prioritario y consiste en que los sistemas de reparto no se sostienen desde la perspectiva del análisis actuarial, entre otras cosas debido a que modificaciones en la estructura demográfica lo ponen en jaque. Ilustra lo dicho que en Japón por primera vez en el ejercicio pasado las ventas de pañales para adultos superó a la de los bebés.

Por otra parte, las matemáticas financieras muestran que los sistemas de capitalización resultan más provechosos para los destinatarios puesto que mantienen una adecuada relación de los aportes efectuados con la pensión recibida en el contexto de la individualización de la cuenta.

Pero en todo caso hay un tema que antecede a lo dicho y es la necesaria libertad para que cada uno pueda disponer del fruto de su trabajo como estime pertinente y que no sea tratado como un objeto manipulable donde los aparatos estatales deciden acerca del destino de los ingresos de cada cual.

Se ha machacado que si el Gobierno no obliga a efectuar aportes, el candidato no preverá su vejez lo cual contradice lo ocurrido con inmigrantes que provenían de puertos lejanos y que adquirían terrenos, departamentos y otras valiosas colocaciones hasta que irrumpió el Leviatán, que los despojó de sus activos trabajosamente obtenidos.

Los mal llamados “sistemas de seguridad social” son en verdad grotescas imposiciones de sistemas de inseguridad antisocial, no solo por los mendrugos que entregan a los jubilados sino que los políticos en el poder echan mano a los aportes para otros menesteres y en lugar de esos recursos emiten títulos para reemplazar los ahorros ajenos.

En otros términos, una estafa colosal que debe ser enmendada a la brevedad. Y no se trata de mutar un sistema de reparto por uno de capitalización obligatorio. Como queda dicho, se trata de abrir las puertas y ventanas a un sistema libre donde cada cual se responsabiliza por sus colocaciones financieras. Libertad y responsabilidad son dos caras de la misma moneda, lo cual se logra con el ejercicio cotidiano. Esto me remite a lo que alguien respondió cuando se le decía que no puede otorgarse libertad a quienes no están acostumbrados a usarla: “Es lo mismo que sostener que nadie puede ingresar a un natatorio antes de aprender a nadar”.

Nadie debe estar autorizado a usar a otro como medio para su satisfacción, cada uno es un fin en sí mismo. Todos los seres humanos merecen respeto y es un espectáculo realmente bochornoso el observar a personas que han aportado durante cuarenta años durante su período activo para luego recibir montos que no se condicen para nada con lo entregado (confiscado, más bien). Es triste constatar lo que sucede con los jubilados que mansamente se resignan a ser robados de una manera cruel.

Veamos entonces cuál podría ser la manera de resolver tamaña injusticia. Lo primero es repasar el sentido mismo de un gobierno republicano. Una vez percibido que su función debe limitarse a la protección de los derechos de todos y abstenerse de inmiscuirse con la vida y la hacienda de terceros, entonces podrá procederse a la eliminación drástica de funciones incompatibles con una sociedad abierta.

En otras oportunidades he dado ejemplos minuciosos sobre cuáles reparticiones gubernamentales deben ser eliminadas del organigrama (por ejemplo, véase mi “Decálogo fiscal para cualquier país civilizado” en este mismo medio), pero en esta ocasión a los efectos de nuestro análisis damos eso por sentado y suponemos que ya estamos en una fase civilizada en la que los aparatos estatales se circunscriben a sus funciones específicas. En este cuadro de situación puede procederse a una profunda reforma tributaria compatible con lo expresado.

Para no repetir lo escrito antes, como queda dicho, supongamos que esto último se ha comprendido y aceptado. Una vez ubicados en esta instancia, es imperioso percatarse de que todo el embrollo jubilatorio lo financian compulsivamente los contribuyentes pero de modo encubierto. Aparece la magia del Gobierno financiando las diferencias con los siempre insuficientes aportes, lo cual es un modo hipócrita de presentar en asunto ya que no hay la tal magia: lo que financia el gobierno es detraído de los bolsillos de los vecinos vía gravámenes, deuda estatal o por medio del impuesto inflacionario.

Entonces, reiteramos que en definitiva la financiación de todo este sistema morboso recae sobre los patrimonios de la comunidad puesto que en ningún caso los gobernantes se hacen cargo de las referidas erogaciones. Consecuentemente de lo que se trata nada más y nada menos- es de explicitar lo que está implícito, en convertir en directo, abierto y a la luz lo que se hace de modo indirecto y solapado.

Lo dicho se concretaría a través de la obligación de los contribuyentes que en lugar de pagar un impuesto propiamente dicho se hagan cargo del pago a jubilados con un organismo oficial encargado de velar por los cumplimientos y de sustituir a financiadores en caso de deceso y otros percances. Y a los aportantes en curso los contribuyentes les devolverían lo aportado hasta el momento en cuotas, en cualquier caso deducido del fondo existente de lo ya aportado hasta el momento del cambio de sistema.

Tengamos en cuenta que si la reducción de la presión fiscal es drástica en línea con la antedicha reducción en el gasto público, la carga sobre los nuevos financiadores no solo no se ampliaría sino que disminuiría en la medida en que se establezca un sistema consistente con una sociedad abierta. En la práctica el gobierno así borra de su pasivo todo el peso del sistema previsional y lo convierte en un pasivo contingente.

Reiteramos que de lo anterior debe seguirse que la carga neta no debe ser mayor sino que debe disminuir respecto a al cuadro de situación anterior debido a la antes referida reducción tajante en los gastos estatales. Ya que se parlotea tanto de una falsa solidaridad con los recursos ajenos, tal vez se quiera adoptar este sistema que se acerca más al objetivo.

El título de esta nota alude a los futuros jubilados o los retirados de sus empleos pues a ellos es que se tratará con la dignidad que corresponde por lo que podrán disponer de sus ingresos como les plazca. Para los jubilados actuales y los que están en proceso lo único que cambia es que se transparenta de donde provienen los fondos para financiarlos. No hay aquí promesa incumplida, los gobiernos se obligaron a pagar pero no necesariamente el conducto a través del cual lo harán (en todo caso la promesa incumplida es el atraco que sistemáticamente llevan a cabo hasta el momento del nuevo sistema sugerido).

El denominado “sistema de seguridad social” comenzó en Alemania con Otto von Bismark, siguió en Estados Unidos con Franklin Delano Roosevelt, en Inglaterra con William Henry Beveridge, en Francia con Pierre Laroque, en los países nórdicos mientras fueron socialistas y luego copiado por todos los dictatorzuelos asiáticos y latinoamericanos. Salvando las distancias de la horrenda circunstancia que hizo calificar a Hannah Arendt como “la banalidad del mal”, puede aplicarse a nuestro caso dado el inmenso sufrimiento, canallesca explotación y la ruina en la vida de los jubilados por políticos inescrupulosos y malvados.

Una vez más es necesario repetir que el despido del sector público de funcionarios inútiles para los efectos señalados, en ningún caso se traduce en desempleo. Se trata de liberar recursos humanos y materiales para ser empleados para atender otras necesidades, lo cual no podía realizarse debido a que estaban esterilizados en actividades improductivas. A su vez el empresario está interesado en capacitar para sacar partida de los nuevos arbitrajes.

Allí donde el mercado laboral está abierto a contrataciones libres de regulaciones no hay tal cosa como desocupación involuntaria. Los salarios e ingresos en términos reales se establecen como consecuencia de las tasas de capitalización, a saber maquinarias, instalaciones, equipos y conocimientos relevantes que hacen de apoyo logístico al trabajo para aumentar su rendimiento. Las llamadas “conquistas sociales” por las que se impone una entrada superior a la establecida por la antedicha inversión per cápita conduce inexorablemente al desempleo. Y esto no solo va para el obrero, si se imponen condiciones salariales al gerente de una empresa superiores a las establecidas en el mercado, ese empleado quedará también sin empleo. Lo que pasa es que generalmente las intromisiones gubernamentales y sindicales se refieren a los trabajadores marginales por lo que son ellos los primeros en quedar sin trabajo.

Cuando se hace alusión a la reducción del gasto público se apunta a rellenar los bolsillos de la gente. Al disminuir las erogaciones el gobierno libera fondos que en todos los casos se emplean para ahorrar e invertir o para consumir, en cualquier caso necesariamente se reasignan los siempre escasos factores de producción desde áreas ineficientes hacia territorios productivos con lo que se eleva el nivel de vida de la población.

Resulta llamativo que se sugieran retoques en el sistema jubilatorio en lugar de modificaciones de fondo. Por ejemplo, se ha sugerido achatar la pirámide de la estructura jubilatoria vigente y así entregar a todos las mismas sumas independientemente de los aportes con lo que la estafa se acentúa de modo superlativo. Otra propuesta consiste en estirar la edad jubilatoria al efecto de aliviar el cuadro financiero estatal, lo cual también constituye un engaño. Como he consignado antes, en este último caso para eso es mejor terminar con la farsa y colocar la edad jubilatoria a los 200 años de edad con lo que el atraco se hace más transparente.

Lo que proponemos para el sistema jubilatorio es una muy saludable y recomendable gimnasia intelectual al efecto de un precalentamiento cuando se adopte una sociedad libre.

Sin duda que para poder proceder en consecuencia con la reforma jubilatoria sugerida en esta nota periodística es indispensable primero trabajar mucho más en la batalla cultural para abrir caminos y horizontes a los efectos de que se comprenda la razón de la existencia misma del Gobierno. Incluso, como ha apuntado Leonard Read, no deberíamos usar la expresión “Gobierno” ya que significa mandar y dirigir por lo que resulta más apropiado referirnos al monopolio de la fuerza como agencia de seguridad, de lo contrario como escribe Read “es lo mismo que denominar gerente general al guardián de una empresa”.

Sin duda que no hay solución si la batalla cultural no se da con éxito y no se comprende para qué son los aparatos estatales en una sociedad abierta y no se acepta transparentar lo que está implícito en los sistemas quebrados que explotan miserablemente a los jubilados.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa. Es miembro del Comité Científico de Procesos de Mercado, Revista Europea de Economía Política (Madrid). Es Presidente de la Sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, miembro del Instituto de Metodología de las Ciencias Sociales de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, miembro del Consejo Consultivo del Institute of Economic Affairs de Londres, Académico Asociado de Cato Institute en Washington DC, miembro del Consejo Académico del Ludwig von Mises Institute en Auburn, miembro del Comité de Honor de la Fundación Bases de Rosario. Es Profesor Honorario de la Universidad del Aconcagua en Mendoza y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en Lima, Presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso y miembro del Consejo Asesor de la revista Advances in Austrian Economics de New York. Asimismo, es miembro de los Consejos Consultivos de la Fundación Federalismo y Libertad de Tucumán, del Club de la Libertad en Corrientes y de la Fundación Libre de Córdoba. Difunde sus ideas en Twitter: @ABENEGASLYNCH_h

Cuando un daltónico mira un semáforo

Por Alejandro A. Tagliavini. Publicado el 25/1/18 en: https://alejandrotagliavini.com/2018/01/25/cuando-un-daltonico-mira-un-semaforo/

 

Mientras que la principal fuente de “crecimiento”, la deuda estatal, va camino de perjudicarse, ya que la Fed cambia de titular -la actual celebrará el 30 y 31 de enero su última reunión- y asume Jerome Powell confirmando el continuismo, o sea, la senda alcista de las tasas de interés, el gobierno ve “luces verdes”. La Fed elevó las tasas tres veces en 2017, hasta el rango de entre el 1,25% y el 1,5%, y aprobaría otras tres subas en 2018.

Nada menos que 15 luces, verdes ve el oficialismo, tres amarillas y dos rojas en su “Monitor de la Economía Real”, la última edición de un semáforo que prepara mensualmente el Ministerio de Producción, con indicadores de la actividad económica, oficiales y de consultoras privadas. Faltando los datos de diciembre, que se antojan peores, el más rojo es la caída de la industria textil, 8,6% entre enero y noviembre de 2017, y luego la química 1,5%. Los amarillos: la baja de 1% del consumo, el 24,8% de inflación anual y la caída de 0,9% de la producción de alimentos.

Ahora, entre lo verde estaría el mercado de créditos hipotecarios -desde 2016 ya alcanzaron los $ 56.300 M-, claro que apalancados desde el Estado. Así las cosas, no extraña que, en 2017, el “crecimiento” de la economía fue impulsado especialmente por la “inversión”, de la mano del agro y la construcción pública y privada, insisto, apalancada desde la deuda estatal.

Según el gobierno, la industria se expandió 1,9% en los primeros 11 meses de 2017: “Los primeros, durante el primer semestre del 2017 fueron metalmecánica, metales básicos, automotriz y minerales no metálicos, vinculados al crecimiento de la construcción, el agro y el consumo durable. Luego, caucho y plástico (que abastecen a los sectores automotriz y construcción principalmente)”.

Ahora, la producción automotriz cerró 2017 con 472.158 unidades salidas de las fábricas, según quién más sabe de esto, Adefa, 0,1% menos que en 2016. El cuarto año consecutivo de retroceso desde 2013 y casi la mitad del récord de 828.700 vehículos que se fabricaron en 2011.

Para el 2018, “las perspectivas son mejores… por el cambio en la meta inflacionaria, la recuperación de Brasil y la reforma tributaria”. Se recuperarían los salarios, impactando en el consumo, los precios de los productos primarios y la obra pública y el incentivo de la inversión a través de proyectos PPP, ambos apalancados por el Estado y su endeudamiento

Y la reforma tributaria que, según el Gobierno, mejoró la tasa de rentabilidad de las empresas demostrando que no entiende al mercado, cree que éste es manejado por las empresas cuando está conformado por las personas, los 45 M de argentinos. O sea, que unas empresas mejoren no hace al mercado, que crecerá cuando todo el conjunto de la sociedad crezca, para lo que hay que desregular a la economía y bajar la presión fiscal general, y no solo a las empresas ni manteniendo el nivel general con aumentos en otros lados.

Por caso, el gobierno tiene que desregular el sector energético permitiendo que cualquiera pueda producir, distribuir y vender en cualquier momento y lugar, y que el mercado fije tarifas competitivas. La revisión tarifaria en el sector eléctrico -que desde diciembre con el aumento de febrero acumulará casi 70%-, tenía como objetivo disminuir la cantidad de cortes y bajar los subsidios. Sin embargo, durante diciembre, el número de interrupciones en el servicio subió 28%, en relación al mismo mes de 2016, en el AMBA, aunque la duración de los cortes fue 13% inferior.

Según el Instituto Argentino de Energía, a noviembre del 2017, la balanza comercial reflejaba un déficit de US$ 7.656 M. De este total, el 41% se debe al déficit energético. Con este potencial de desarrollo y el Estado que les garantiza estas tarifas y privilegios monopólicos, de las acciones del Merval en lo que va del 2018, las mayores subas se dan en el sector energético que aumentó, en promedio 15%, destacando Central Puerto S.A. y Distribuidora de Gas Cuyana S.A. que subieron en solo 15 días 41 y 36% respectivamente.

En fin, el optimismo decae. Por caso, la última edición del Índice de Confianza, elaborado trimestralmente por Vistage Argentina desde 2006 entre líderes de empresas, bajó de 133 puntos en el tercer trimestre de 2017-récord- a 129 en el último. El 71% dijo que mejorará el escenario económico, 15 puntos menos que el 86% de la medición anterior. El 85% cree que su facturación crecerá en 2018, 80% espera ver crecer sus ventas, pero los que esperan que su rentabilidad aumente pasaron del 53% al 48%.

 

Alejandro A. Tagliavini es ingeniero graduado de la Universidad de Buenos Aires. Ex Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California y fue miembro del Departamento de Política Económica de ESEADE.

Planes sociales e industria del juicio laboral

Por Roberto Cachanosky. Publicado el 3/7/17 en: http://economiaparatodos.net/planes-sociales-e-industria-del-juicio-laboral/

 

La legislación laboral argentina está hecha para que las empresas tengan pánico de contratar personal

El presidente Macri insiste, a mi juicio correctamente, en luchar contra la industria del juicio laboral. Es cierto lo que dice Macri cuando afirma que un juicio laboral puede llevar a la quiebra a un pequeño empresario. Es que no tiene las espaldas económicas y financieras para aguantar un juicio laboral que, aunque tenga razón, seguro la justicia le va a fallar en contra porque el empleado siempre tiene razón para el fuero laboral. La legislación laboral argentina está hecha para que las empresas tengan pánico de contratar personal.

De acuerdo a un interesante trabajo del Ministerio de Producción, en Argentina hay 605.000 empresas privadas de las cuales el 99% son PYMES, considerando PYMES aquellas empresas que emplean hasta 200 empleados. Ese 99%, que son 602.079 empresas emplean al 64% del empleo formal en Argentina. Las grandes empresas, que representan el 0,6% del total, emplean el 36% del personal formal.

De lo anterior no se desprende que tiene que haber una legislación laboral para las pequeñas empresas y otra para las grandes empresas. En primer lugar porque se rompería el principio de igualdad ante la ley y en segundo lugar porque lo que debe buscar la legislación laboral es crear las condiciones para que las empresas, PYMES y grandes empresas, estén estimuladas a contratar personal. Para eso hace falta que el costo de salida, si el proyecto de inversión no funciona, no sea tan elevado que las empresas tengan pánico de contratar personal. Hoy la legislación laboral es como el cepo cambiario. Nadie quiere contratar gente porque después no puede salir si las ventas se caen, y si sale se funde pagando indemnizaciones. Esta legislación laboral desprotege al trabajador porque desestimula la demanda de trabajo. En nombre de la justicia social millones de personas están condenadas a no tener trabajo o a tener trabajo en negro.

Si a los costos de salida en caso que no funcione la empresa se le suman los impuestos al trabajo, la mano de obra es artificialmente cara en Argentina y hay pocos estímulos para contratar personal.

Pero hay un tercer elemento que influye para disminuir la oferta de trabajo. Hay personas que cobran varios planes sociales y, por lo tanto, no tienen estímulo para trabajar y mucho menos para trabajar en blanco. Cada vez que viajo a dar una charla al interior del país, también ocurre en Buenos Aires y en CABA, pregunto si se consigue mano de obra para trabajar en los campos. La respuesta sistemática es: sí, pero en negro. Nadie quiere trabajar en blanco porque pierde el plan social y como hay personas que cobran más de un plan social, que encima no tienen vencimiento en el tiempo, prefieren hacer algunas changas en negro a tener un trabajo formal.

Sin duda que Argentina necesita un verdadero tsunami de inversiones para poder absorber los 250.000 jóvenes que se incorporan al mercado laboral por año y además absorber los empleados públicos que sobran en el estado y los que viven de un plan social. Eso requiere de un plan económico completo (reforma tributaria, del estado, eliminar regulaciones absurdas, etc.) que incluye una reforma laboral.

De todas maneras, el primer paso para bajar el gasto público y reestablecer la cultura del trabajo consistiría en ponerle un límite a los llamados subsidios sociales. Primero hay que reempadronar a todos los beneficiarios. Segundo hay que establecer un solo plan social al desempleo y nada más, con un límite de tiempo. En el mientras tanto, para aquellas personas que no tienen habilidades laborales, el gobierno puede reestablecer las viejas escuelas de artes y oficios. Hay infinidad de oficios que tienen salida laboral: gasista, plomeros, carpinteros, electricistas, pintores, repostería, cocina y tantos oficios que se han perdido. Y atención que hay trabajo para esos oficios. Cualquier persona habrá tenido que suplicar para que vaya a su casa un plomero o un electricista para hacer un trabajo de reparación. La idea es que el contribuyente, vía el estado, financie estos cursos de oficios que pueden dictare en escuelas municipales, templos religiosos que pueden ser católicos, evangelistas, etc. El contribuyente paga el costo de los profesores y los materiales para aprender, los municipios e iglesias proporcionan el lugar físico y quien recibe un plan social está obligado a realizar alguno de estos cursos. Si quiere ser ingeniero nuclear que se consiga un trabajo y vaya a la universidad de Buenos Aires. El contribuyente ayuda a financiar solo una salida laboral. Una vez matriculado, quien recibe un plan social sale a buscar clientes como los buscamos cada uno de nosotros todos los días. No se le pide nada extraordinario. Solo que haga lo que hacemos el común de los mortales. Mientras va construyendo su clientela, el estado sigue pagando el subsidio por desempleo pero con una reducción en el monto a medida que va pasando el tiempo. Por ejemplo, un 20% menos cada 2 meses hasta que se extingue el subsidio.

Se sabe que los llamados planes sociales se han convertido en gran medida en el financiamiento de fuerzas de choque de grupos kirchneristas y de izquierda que cortan las calles todo el tiempo perjudicando a las personas que van a trabajar y son los que, encima, pagan los subsidios que reciben los piqueteros. Por eso, otra de las medidas debería ser: piquetero que corta una calle, piquetero que pierde el subsidio. Y, finalmente, cada persona que recibe un plan social, hasta que se termine, va a recibir directamente el dinero en una cuenta personal en una caja de ahorro. No hay puntero que decida sobre el subsidio de esa persona. Lo recibe directamente del estado por el aporte del contribuyente. Quiero ver cuántos piqueteros van a conseguir para cortar calles si la policía detiene a uno y el estado le quita el plan social.

En síntesis, el tema laboral es mucho más complejo que solo los juicios laborales, que por cierto son muy importantes a la hora de desestimular la contratación de personal. Pero hay todo un mundo de subsidios sin límite de tiempo que hace que los beneficiarios no tengan estímulos para ir a trabajar.

La combinación ideal es un plan económico consistente para atraer inversiones y crear puestos de trabajo con un plan que vaya desactivando estos nefastos planes sociales que se han transformado en una fuente de clientelismo político y cultura de la dádiva.

 

 

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE.

Trump vs Clinton: ¿quien tendría una mejor política económica? Encuesta a 72 economistas

Por Martín Krause. Publicada el 29/9/16 en: http://bazar.ufm.edu/trump-vs-clinton-quien-tendria-una-mejor-politica-economica-encuesta-a-72-economistas/

 

Al margen de los otros temas, como los correos electrónicos de Hillary o el muro de Trump, ¿cuál de los dos tendría una mejor política económica? Relativamente, por supuesto, ya que ambos han dicho soberbias tonteras (en particular sobre el comercio internacional). La consultora FocusEconomics, con sede en Barcelona, realizó una encuesta entre economistas, quienes abrumadoramente dicen que son mejores las propuestas de Hillary. ¿Será así? Veamos el comunicado:

“Una nueva encuesta realizada por FocusEconomics publicada el martes muestra que la mayoría de los 72 expertos macroeconómicos internacionales encuestados cree que la economía EE.UU. está sufriendo debido a la incertidumbre política. De cara al futuro, los economistas de las principales instituciones de todo el mundo piensan que la economía de EE.UU. crecerá más rápido bajo el plan de Hillary Clinton, tanto en el corto y medio plazo. En general, el amplio consenso entre los economistas es que Clinton puede gestionar la economía mucho mejor que Donald Trump.

La mayoría de los economistas encuestados creen que la incertidumbre relacionada con las elecciones está obstaculizando la actividad económica EE.UU.. Mientras que cualquier elección estimula cierta incertidumbre, el 60% de quienes respondieron a la encuesta sugieren que el ciclo económico actual es particularmente inusual en su comportamiento.

“Los analistas ven que la incertidumbre actual sobre la reforma tributaria, la salud y el medio ambiente político general frenan la inversión y deterioran las perspectivas de crecimiento en 2016”, dijo Ricardo Aceves, economista principal para Estados Unidos en FocusEconomics. Los analistas han recortado sus previsiones de crecimiento del PIB de los EE.UU. a lo largo de este año y ahora esperar un crecimiento del 1,6% en 2016, lo que está por debajo de 2,5% a principios del año.

En cuanto a las distintas políticas propuestas por cada candidato, los expertos en economía encuestados calificaron a Clinton como superior a Trump en todas las áreas. Clinton recibió la puntuación más alta por su política de inmigración, seguida de las políticas monetarias y de energía. La candidata demócrata recibió notas más bajas en la reforma tributaria y el gasto público. Por otro lado, Trump obtuvo las más altas calificaciones de sus políticas energéticas y de salario mínimo, mientras que obtuvo las notas más bajas para la inmigración y el comercio exterior.

“Con el fin de mantener la economía en movimiento, los analistas valoran el plan económico global de Clinton más que el de Trump, por una mejor comprensión de la economía, y creo que su más probable que designe a un buen equipo económico”, señaló Aceves.

En cuanto al el mejor equipo económico, los economistas prefieren claramente a Clinton: en un 75% a aproximadamente contra el 6%, piensan que el candidato demócrata será rodeado por el mejor equipo de asesores de política económica y que va a hacer nombramientos más prudentes a la Reserva Federal.

La mayoría de los expertos en economía encuestados piensa que bajo el plan de Clinton la economía EE.UU. crecerá más rápido, tanto en el corto y medio plazo, con el aumento de las tasas de interés de forma moderada. “El estímulo pasará a través de la educación, el gasto en infraestructura, la inmigración y los salarios mínimos”, dijo Gregory Daco, economista jefe en EE.UU. Oxford Economics.

Mientras tanto, se espera que las políticas fiscales de Trump sean altamente estimulantes inicialmente, pero sus otras políticas tienden a ser inflacionarias y dado que la economía se acerca al pleno empleo, la reacción de la Fed probablemente será más fuerte. Los analistas también consideran a las políticas comerciales de Trump como altamente perjudiciales tanto en el país como en el extranjero. Bajo el plan económico propuesto por Trump, “en el corto plazo habría gran estímulo fiscal, que incluye recortes de impuestos, y fortalecería el crecimiento. Pero en el largo plazo, una combinación de proteccionismo y una brecha fiscal que no cede dañaría la confianza en la economía “, comentó Tim Cooper, economista global IMC Investigación.

La Encuesta de Elecciones de Estados Unidos FocusEconomics, publicada el martes, se llevó a cabo del 12 al 19 septiembre entre los economistas jefes y economistas de alto nivel de las principales instituciones económicas internacionales y locales en todo el mundo.

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade).

De colonos de España a esclavos del fisco

Por Roberto H. Cachanosky. Publicado el 18/10/15 en: http://economiaparatodos.net/de-colonos-de-espana-a-esclavos-del-fisco/

 

Después de ser colonos de España, lo hemos sido de nuestros gobiernos patrios

Si bien la obra más conocida de Juan Bautista Alberdi es “Bases y puntos de partida para la organización política de la República de Argentina”, otro de sus libros de gran relevancia sobre el espíritu de la Constitución Nacional de 1853 es el “Sistema Económico y Rentístico de la Confederación Argentina según su Constitución de 1853”. En rigor, con la destrucción que hubo en nuestro país de la historia y de la educación, lo chicos actualmente no saben quién fue Alberdi, qué libros escribió y mucho menos van a conocer El Sistema Económico y Rentístico.

Se enaltecieron asesinos como el Che o usureros como Néstor, pero se ignoraron celebridades como Juan Bautista Alberdi. Hecha esta molesta aclaración, vuelvo al punto que me interesa resaltar.

En el Sistema Económico y Rentístico, dice Juan Bautista Alberdi: “Hasta aquí el peor enemigo de la riqueza del país ha sido la riqueza del Fisco. Debemos al antiguo régimen colonial el legado de este error fundamental de su economía española. Somos países de complexión fiscal, pueblos organizados para producir rentas reales. Simples tributarios o colonos, por espacio de tres siglos, somos hasta hoy la obra de ese antecedente, que tiene más poder que nuestras constituciones escritas. Después de ser máquinas del fisco español, hemos pasado a serlo del fisco nacional: he ahí toda la diferencia. Después de ser colonos de España, lo hemos sido de nuestros gobiernos patrios: siempre estados fiscales, siempre máquinas serviles de rentas, que jamás llegan, porque la miseria y el atraso nada pueden redituar”. Y agrega unos párrafos más adelante: “El modernos régimen está en nuestros corazones, pero el colonial en nuestros hábitos, más poderosos de ordinario que el deseo abstracto de lo mejor”.

Han pasado 160 años desde que Juan Bautista Alberdi escribiera el Sistema Económico y Rentístico y seguimos siendo un país de complexión fiscal. Somos máquinas serviles de rentas. Después de ser máquinas del fisco español, hemos pasado a serlo del fisco k. En nombre de la santa recaudación impositiva se violan los derechos más elementales de los ciudadanos. Y, como decía la semana pasada, el que no acepta ser tratado como un esclavo al cual se le confisca casi todo lo que produce y uno se revela contra esa violación de los derechos humanos, resulta que el que viola los derechos humanos se pone en acusador y el esclavo que se rebela contra la opresión del estado k es acusado de evasor impositivo y de no tener sentido de la solidaridad porque, según el discurso de moda, nos esclavizan en nombre de la solidaridad social.

Lo cierto es que con esta locura “distribucionista” en la que los políticos han decidido que solo ellos tienen sentido de la solidaridad y el resto de los ciudadanos somos unos cretinos a los que nos tienen que sacar la plata por la fuerza vía impuestos, al sistema tributario se le pide 3 cosas. A saber:

1)   Que genere recursos para el fisco

2)   Que asigne los recursos productivos

3)   Que redistribuya el ingreso.

Dejemos el punto 1) de lado porque no requiere de demasiadas explicaciones. Hay que pagar impuestos para mantener al barril sin fondos que es el estado.

Respecto al punto 2), el sistema tributario asigna recursos cuando, por ejemplo, aplica impuestos altos algún insumo y menos a otros. Cuando el estado, en nombre de la solidaridad social, pone muchos impuestos a la nómina salarial, lo que logra es hacer artificialmente caro el trabajo en blanco, por lo tanto la gente prefiere trabajar en negro o bien el empresario opta por reemplazar mano de obra por máquinas,  las que por cierto, no le hacen huelgas.

Otro ejemplo que podría darse sobre el punto 2) es el caso de los aranceles de importación. Cuando el estado pone derechos de importación altos para los bienes de consumo y bajos para los bienes de capital, lo que hace es intentar sustituir importaciones de bienes de consumo y no de bienes de capital. Con el sistema tributario intenta forzar la producción de bienes de consumo y no tanto la de bienes de capital.

Respecto al punto 3) el ejemplo más categórico es el del impuesto a las ganancias. Un impuesto que castiga al que más gana como si ser más eficiente y abastecer mejor las necesidades de los consumidores tuviera que ser castigado.

En mi opinión, el sistema tributario solo tiene que abastecer al estado de los recursos para financiar los gastos derivados de defender el derecho a la vida, la libertad y la propiedad de las personas. El sistema tributario no tiene ni que reasignar recursos ni redistribuir ingresos. Si quieren redistribuir los ingresos que lo hagan vía el presupuesto y digan con nombre y apellido a quién se le va a dar dinero de los contribuyentes, por qué razón, en qué monto y por cuánto tiempo. Para eso está el presupuesto.

Si bien no existe el impuesto que sea absolutamente neutro, debe buscarse el impuesto que genere la menor distorsión de precios relativos y que casi no influya en la asignación de recursos y en la distribución de la riqueza.

Pero, al mismo tiempo, la carga impositiva va a depender del nivel de gasto público. Cuando los políticos, en su carrera populista, aumentan el gasto en nombre de la solidaridad social, más temprano que tarde terminan inventando impuestos para financiar sus aventuras populistas. Es en ese punto en que empiezan a subir los impuestos vigentes y a crear nuevas gabelas, haciendo de los contribuyentes máquinas serviles del fisco, como decía Juan Bautista Alberdi.

La diferencia entre las máquinas serviles del fisco que denunciaba Alberdi en nuestra relación con España era porque en esa época la corona tenía que financiar sus guerras. Recordemos que, por ejemplo, la revolución por la independencia americana se produce por la mayor carga impositiva que quiso imponer el rey de Inglaterra a los colonos para financiar los gastos de guerra con Francia. Curiosamente, luego Francia va a ayudar a las fuerzas continentales a combatir contra el ejército inglés.

Actualmente, en particular en Argentina, los impuestos no suben para financiar acciones de guerra o conquistas territoriales, sino que suben para financiar el populismo. Lo que se conoce como el estado de bienestar. Es, de alguna manera, otra forma de conquistar el poder. Antes los reyes acumulaban poder conquistando territorios mediantes guerras que exigían cobrar más impuestos y ahora conquistan el poder con populismo que ellos llaman solidaridad social. Y para eso también hace falta cobrar impuestos.

Soy de la idea que Argentina necesita de una profunda reforma tributaria, con impuestos sencillos de liquidar, alícuotas bajas y una base imponible ancha (cantidad de gente que pague impuestos). Es decir, creo que muchos deben pagar impuestos, pero muy poco. De esta forma se quita uno de los estímulos para evadir.

Como contrapartida el gasto debe ser eficiente y, por supuesto, mi propuesta  de simplificar y bajar la carga tributaria es inviable si paralelamente la gente no deja de votar políticos que lo único que saben hacer es aumentar el gasto público en nombre de la solidaridad social, que no es otra cosa que el interés de ellos de retener el poder.

En definitiva, y siguiendo las palabras de Alberdi, dejamos de ser colonos de España y pasamos a ser esclavos de nuestros políticos, ya que trabajamos para sostener, vía impuestos, sus conquistas políticas.

 

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE.