¿Mendoza se independiza?

Por Alberto Benegas Lynch (h). Publicado el 2/7/2020 en: https://eleconomista.com.ar/2020-07-mendoza-se-independiza/

Cornejo UCR

En estos días ha habido declaraciones sobre una amenaza independentista, en realidad no para ejecutarla pues ello requeriría una reforma constitucional para convertir a nuestro país en una confederación que sustituya la actual federación. Pero esas manifestaciones mendocinas no apuntan a ese objetivo sino más bien a advertir que en un sistema federal el gobierno central no puede exprimir a las provincias y castigarlas según el color político de sus gobernadores, de lo contrario se retorna a la forma unitaria que tanto dolor causó y causa a los argentinos, una actitud que viola la Carta Magna.

Debe tenerse presente que son las provincias las que constituyen la Nación y no el gobierno central. En lugar de encaminarnos al federalismo desde hace décadas se instaura el unitarismo que va de la mano con el estatismo rampante que venimos arrastrando. En verdad, sería de desear que los impuestos nacionales solo fueran  para financiar la Justicia federal, la defensa y las relaciones exteriores y todos los demás tributos debieran ser provinciales y municipales en un proceso de competencia donde los incentivos sean en cada jurisdicción el atraer inversiones y no favorecer que ciudadanos se muden a otra provincia que ofrece mejores condiciones. Incluso, estrictamente considerada, la coparticipación debiera ser de las provincias al gobierno central y no al revés. Pero muy lejos de ello, resulta que nuestros gobiernos nacionales prefieren operar con la billetera y el látigo al efecto de domesticar a las provincias consideradas díscolas.

Respecto a las secesiones, tenemos que tener presente que los argentinos nos separamos de España aunque al decir de Alberdi “dejamos de ser colonia española para ser colonos de nuestros gobiernos” salvo en lo que va desde la Constitución liberal de 1853 a la revuelta fascista del 30 agudizada notablemente a partir del golpe militar del 43, una situación lamentable que hasta ahora no hemos podido revertir.

También las trece colonias estadounidenses se separaron de las garras de Jorge iii y más recientemente Panamá de Colombia, Noruega y Dinamarca del reino de Suecia, Taiwán de China, el afortunado desmembramiento de la Unión Soviética, de modo que no se trata de episodios originales. Pero volviendo al caso argentino,  estimo que las referidas declaraciones públicas, solo deben tomarse como una manifestación de hartazgo por discriminaciones y manotazos del gobierno central en la esperanza de encontrar signos de razonabilidad en los gobernantes que hasta el momento han incrementado el ya muy adiposo gasto público que es financiado con impuestos insoportables, deuda colosal y una expansión monetaria exponencial que a su debido tiempo hará estragos. Todo esto en el contexto de pretendidas intimidaciones contra periodistas, proyectadas reformas judiciales inauditas y forzar el abandono de sonados casos de corrupción en medio de alabanzas al totalitarismo chavista.

Cierro esta nota con el siguiente interrogante retórico: ¿no se percibe que la inacción fruto de la pandemia no permite producir y sin embargo no hay el más mínimo síntoma de reducir la maraña de tributos que recae sobre las espaldas de la gente?

Si no se dan cuenta de la urgencia de eliminar funciones burocráticas incompatibles con un sistema republicano, por lo menos procedan en consecuencia cuando la economía está cayendo abruptamente sin miras de recuperación. Tal vez, subrayo solo tal vez, las angustiosas declaraciones que comentamos desde ámbitos mendocinos puedan servir para despertar del letargo autoritario. Hay quienes toman lo dicho a la chacota pero es un tema muy serio.

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa. Es miembro del Comité Científico de Procesos de Mercado, Revista Europea de Economía Política (Madrid). Es Presidente de la Sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, miembro del Instituto de Metodología de las Ciencias Sociales de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, miembro del Consejo Consultivo del Institute of Economic Affairs de Londres, Académico Asociado de Cato Institute en Washington DC, miembro del Consejo Académico del Ludwig von Mises Institute en Auburn, miembro del Comité de Honor de la Fundación Bases de Rosario. Es Profesor Honorario de la Universidad del Aconcagua en Mendoza y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en Lima, Presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso y miembro del Consejo Asesor de la revista Advances in Austrian Economics de New York. Asimismo, es miembro de los Consejos Consultivos de la Fundación Federalismo y Libertad de Tucumán, del Club de la Libertad en Corrientes y de la Fundación Libre de Córdoba. Difunde sus ideas en Twitter: @ABENEGASLYNCH_h

Descentralización y gasto

Por Gabriel Boragina Publicado  el 14/8/17 en: http://www.accionhumana.com/2017/08/descentralizacion-y-gasto.html

 

Hay autores que, comprendiendo los nocivos efectos que un gasto público desbordado puede ocasionar, han insinuado diversas recetas para contenerlo. Por ejemplo:
“Con el fin de establecer defensas institucionales sólidas frente a demandas sociales que no es posible atender en el corto plazo y evitar eventuales desbordes populistas, cabe sugerir: [….] Reservar al Presidente de la República (o Primer Ministro en un régimen Parlamentario) -también por norma constitucional- la iniciativa exclusiva de ley en materias que signifiquen aumento del gasto público, mayores beneficios previsionales, creación de empleos estatales o incrementos tributarios.”1
El objetivo es plausible, y ya nos hemos explayado sobre los males de un gasto público que no cumple ni con las finalidades del gobierno, ni permite libertad a la actividad privada. Si bien la cita enuncia como problemas “el aumento del gasto público, mayores beneficios previsionales, creación de empleos estatales o incrementos tributarios”, poniendo a todos ellos -al parecer- en un mismo rango, en rigor los beneficios previsionales, los empleos estatales y los incrementos tributarios son consecuencia y no causa del gasto público. Por supuesto que, el gasto no se reduce a estos ítems, sino que sus partidas comprenden muchas otras erogaciones, pero el autor citado ha querido circunscribirse a aquellas que -según él- considera las de mayor demanda social.
Ahora bien, la cuestión de otorgarle al presidente de la república o primer ministro facultades exclusivas en materia de iniciativa legal para proponer medidas semejantes es, desde nuestro punto de vista y como habitualmente se suele decir, “un arma de doble filo”. Pareciera que la idea es sustraerle al congreso o parlamento tales prerrogativas, presumiblemente porque ha de suponerse que los legisladores o parlamentarios serán mas vulnerables que el presidente o primer ministro a las presiones populistas. Sin embargo, nosotros no encontramos base, ni lógica ni racional, a tal interpretación. Por el contrario, creemos no equivocarnos si observamos que la experiencia política (la latinoamericana es un muy buen ejemplo) demostró que han sido muchos presidentes los que fueron susceptibles y altamente influenciables a las demandas populistas. Perón en Argentina, Getulio Vargas en Brasil, y mas tarde Chávez en Venezuela, los Kirchner nuevamente en Argentina, Morales en Bolivia, Correa en Ecuador, etc. impulsaron y dieron cabida por igual a las pretensiones populistas para elevar el gasto público (sistemáticamente llamado “social” como si pudiera existir algún gasto público que no tuviera por destino satisfacer una demanda social).
Finalmente, habría que apuntar que la medida propuesta podría atentar contra la división republicana de poderes, y -al mismo tempo- ser una tentación para ambiciones personalistas y -por ultimo- para aspirar a la implantación de una dictadura. Instintivamente, no nos parece prudente la propuesta. Que la iniciativa legislativa sobre el gasto público se concentre en una sola mano como que se distribuya entre muchas no es por cierto mejor que contar con una regla que lo limite, sea quien fuere quien la proponga.
Tampoco resulta tranquilizante la necesidad de una reforma constitucional para determinar quien será -en suma- quien tendrá la iniciativa de proponer leyes sobre el gasto público. Por triste experiencia es sabido que las reformas constitucionales son ocasiones propicias para que los políticos que las llevan a cabo introduzcan de contrabando muchas otras normas que poco o nada benefician a la comunidad, y si -en cambio- favorecen sus propias posiciones de poder. Los ejemplos abundan en la historia de reformas constitucionales que, lejos de ser positivas para el interés de la gente, han resultado -por el contrario- muy negativas, sobre todo en materia de derechos individuales
“Debe comprenderse que no existe una definición precisa, mucho menos una fórmula —ni un sentido general, ni específico para cada país— ya sea para medir el nivel óptimo de descentralización o para indicar la ubicación ideal de los recursos, responsabilidades y poderes entre las diferentes esferas del gobierno. Vale la pena ilustrar la simple comparación de la evolución de la distribución gubernamental del gasto público en Chile y en Brasil desde la década de los ochenta. Mientras que en el primero la participación de los gobiernos subnacionales en el gasto nacional ha crecido del 4 al 13%, en el segundo se ha elevado del 35 al 48%; en otras palabras, la descentralización chilena ha avanzado más en términos relativos, aunque sigue siendo un sistema tan centralizado como lo fue Brasil en los años de apogeo del régimen militar.”2
La primera observación a realizar respecto de este párrafo arriba transcripto es que el autor hace una completa asimilación entre nivel de gasto público y descentralización. Es decir, toma ambos términos como sinónimos. Los gobiernos centrales pueden favorecer el aumento del gasto público provincial o estadual, o pueden desalentarlo. Las provincias o gobiernos subnacionales pueden endeudarse a cuenta de las arcas nacionales, o hacerlo por su cuenta. Todo ello debería estar debidamente reglamentado. Y por sobre todas las cosas, limitado. Habría que encontrar mecanismos por los cuales se habilitara una enmienda constitucional que solamente tuviera por objeto fijar una regla restrictiva a la facultad de los gobiernos -tanto nacionales como provinciales- a endeudarse sin mas limite que el de la propia voluntad política por encima de los recursos reales y efectivos con los cuales aquellos verdaderamente cuentan en sus tesoros.
Cuestiones diferentes son la descentralización del gasto y la de funciones. No son lo mismo o, al menos, no nos parece tan seguro que ambos conceptos lo sean. Pensamos como cosa distinta la descentralización de funciones y el costo que cada una de esas funciones demande concretamente al ente político o administrativo que tenga a su cargo. Determinada función puede delegarse a una repartición administrativa, provincial o municipal. No obstante, a menos que se le conceda una completa y absoluta autarquia, podría legalmente establecerse que la financiación de dicha actividad quedara a cargo del gobierno nacional. Este seria el caso de una mera descentralización funcional pero no financiera. Se delegan o descentralizan las funciones, pero no su financiamiento Claro que se podría cuestionar -con razón- de que este se trate de un verdadero caso de descentralización, dado que, quien maneja los fondos necesarios para la función es (en los hechos) el que esta gestionando la función, ya que sin tales recursos la función seria imposible de cumplir, por mucho que se la hubiera descentralizado legalmente.
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1 EDGARDO BOENINGER-“El papel del Estado en América Latina”- Capítulo I. En Rolf Lüders. Luis Rubio-Editores. Estado y economía en América Latina. Por un gobierno efectivo en la época actual. CINDE CIDAC, pág., 124.
2 JOSÉ ROBERTO RODRIGUES AFONSO – THEREZA LOBO.”Descentralización fiscal y participación en las experiencias democráticas tardías”, Capítulo V. pág. 259-260. En Rolf Lüders. Luis Rubio-Editores. Estado y economía…Ob. Cit. ,
Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.