Ecuador debatirá en el Congreso la reelección indefinida.

Por Belén Marty: Publicado el 3/11/14 en: http://es.panampost.com/belen-marty/2014/11/03/ecuador-debatira-en-el-congreso-la-reeleccion-indefinida/

 

La Corte Constitucional dictaminó que la enmienda no será votada en consulta popular, sino en la Asamblea Nacional, donde el partido de Gobierno tiene mayoría.

El Gobierno de Ecuador está un paso más cerca de lograr la reelección indefinida y consecutiva de cargos elegidos por voto popular, después de que el viernes 31 de octubre la Corte Constitucional dictaminara por unanimidad que esta decisión sea tomada en el Congreso, de mayoría oficialista.

La decisión se torna en un revés para la oposición, que pedía que la enmienda fuera decidida por una consulta popular. De sancionarse la enmienda en el Congreso ecuatoriano, el presidente desde 2007 Rafael Correa podría eventualmente gobernar más allá de 2017, cuando finaliza su actual período presidencial.

La reelección indefinida es una de las 17 reformas enviadas por asambleístas a la Corte Constitucional. Entre ellas se encuentran además la conversión de la comunicación social en un servicio público, el empoderamiento de las Fuerzas Armadas para que apoyen a la policía en la seguridad interna, y una modificación a la edad para ser candidato presidencial.

“La Corte Constitucional acaba de dictaminar que las enmiendas pueden ser tratadas por la Asamblea Legislativa, enmiendas [que] las pueden aprobar dos terceras partes [del Congreso]“, expresó Correa en su programa Enlace Ciudadano, emitido todos los sábados por radio y televisión.

La corte informó su resolución tras dos días de debates y análisis jurídicos en la ciudad costera de Guayaquil. El único artículo de los 17 revisados que no fue aprobado para que se tratase en el plenario parlamentario fue el de la “acción de protección”. Este derecho que busca permitir el freno de una acción de la Justicia cuando esta afecte otros derechos deberá tratarse en una Asamblea Constituyente solamente.

“Entregamos al país esta decisión dentro de los plazos y términos, absolutamente convencidos de que nuestra decisión ha sido objeto del análisis, razonamiento y fundamentación que estimamos los más pertinentes y que son correspondientes a la normatividad vigente, a los estudios y análisis de convencionalidad, y que en definitiva busca garantizar y proteger los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos del país”, precisó la Corte en un boletín de prensa.

Con respecto a la posibilidad de que Correa se presente en los comicios presidenciales de 2017, ha expresado que solo lo hará en el caso de que peligre la continuidad de la “revolución ciudadana”, su modelo de país. Para el actual mandatario, el poder de decisión lo tendrán los votantes.

“Lo que está en juego es el derecho del pueblo a elegir entre el pasado neoliberal de hambre y miseria, y el futuro de bienestar, desarrollo e inclusión instaurado por la revolución ciudadana. Entre el pasado y el futuro”, expresó en un comunicado Doris Soliz Carrión, secretaria ejecutiva nacional del partido Alianza País.

La oposición pide consulta popular

Días antes de la resolución de la Corte Constitucional, políticos opositores a Alianza País buscaban realizar acciones como la recogida de firmas entre la población para pedir que esta enmienda a la Constitución pase por un plebiscito nacional.

La oposición está sostenida por Guillermo Lasso, banquero, excandidato a la presidencia y miembro de Creando Oportunidades (CREO), un movimiento de tendencia liberal y segunda fuerza política en el país. Lasso manifestó que estará reclamando los formularios al Consejo Nacional Electoral para empezar con la campaña de recolección de firmas.

“La Corte Constitucional se convirtió una vez más en el brazo jurídico y político del régimen. Con esta decisión, consolida la posición del régimen para que la reelección indefinida se haga dentro de las cuatro paredes [del Congreso]”, indicó el legislador Luis Fernando Torres (CREO).

La influencia de Venezuela en la región

Actualmente, la Constitución ecuatoriana permite —desde la aprobación por referéndum en 2008— una reelección presidencial inmediata por un solo período. En caso de aprobarse la enmienda, Ecuador se sumaría a Venezuela y Bolivia en la lista de países que permiten la reelección ilimitada de sus funcionarios.

Venezuela cuenta con la posibilidad de reelección continua de cualquier cargo elegido por votación desde aquel recordado referéndum constitucional promovido por el expresidente Hugo Chávez en 2009 y aprobado por el 54% de los votos.

En Bolivia, las enmiendas realizadas a la carta magna en 2009 por la Convención Constituyente permitieron la reelección indefinida.

El doctor Mario Serrafero, profesor de Análisis Institucional en el instituto universitario ESEADE, destacó en un ensayo sobre el tema que la influencia de Hugo Chávez fue significativa en las elecciones presidenciales que le dieron el triunfo a Evo Morales en Bolivia (2005) y a Rafael Correa (2006) en Ecuador.

“El período de mandato de la presidenta o del presidente y de la vicepresidenta o del vicepresidente del Estado es de cinco años, y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua”, cita el artículo 168 de la reformada Constitución de Bolivia que permitió la reelección de Evo Morales en 2009 y recientemente en octubre de 2014.

 

Belén Marty es Lic. en Comunicación por la Universidad Austral. Actualmente cursa el Master en Economía y Ciencias Políticas en ESEADE. Conduce el programa radial “Los Violinistas del Titanic”, por Radio Palermo, 94,7 FM.

La democracia y la pluralidad de intereses

Por Enrique Edmundo Aguilar. Publicado el 22/8/12 en http://www.elimparcial.es/sociedad/la-democracia-y-la-pluralidad-de-intereses-110061.html

En  un ensayo publicado hace un tiempo bajo el título “Qué es… y qué no es democracia”, el consagrado politólogo Philippe Schmitter, en colaboración con Terry Linn Karl, definió a la democracia moderna como “un sistema de gobierno en el que los gobernantes son responsables de sus acciones en el terreno público ante los ciudadanos, actuando indirectamente mediante la competencia y la cooperación de sus representantes electos”.

De esta definición me gustaría destacar principalmente dos aspectos: 1) el que toca a la responsabilidad de los gobernantes, y 2) el relativo a la competencia electoral. El primero está indisolublemente atado al nivel de institucionalización, que condiciona el acceso al poder y su consiguiente ejercicio. El segundo, por su parte, también depende de un conjunto de reglas que garantizan un “consentimiento contingente” permitiendo que las disidencias, aun grandes en número, se mantengan “dentro de una gama predecible y generalmente aceptada”.

Para Schmitter y Karl, la competencia no ha sido siempre considerada como una condición esencial de la democracia. Más aún, en algunas corrientes del pensamiento democrático todavía persiste cierta hostilidad a la existencia de “facciones” e “intereses particulares” que, desde otras perspectivas, son vistos en cambio como una realidad inevitable pero al mismo tiempo positiva en la medida en que coarta la posibilidad de que uno de ellos, trátese de un partido o grupo de interés, se vuelva hegemónico. (A este respecto la referencia clásica es sin duda James Madison quien consagró este argumento sobre la proliferación de intereses como medio para hacer menos probable que una mayoría “tenga motivo para usurpar los derechos de los demás ciudadanos”). En cualquier caso, lo dicho no significa que no existan desacuerdos sobre las mejores formas de gestionar la competencia entre grupos, desacuerdos que a veces contribuyen a trazar las fronteras entre los distintos subtipos de democracia.

Ahora bien, ¿qué subtipo de democracia sería una donde no existieran esas dos condiciones aludidas al comienzo, es decir, la responsabilidad ante los ciudadanos (que hoy se sustenta en el concepto de accountability) y la competencia en el marco de normas acordadas pero que necesariamente implica “un grado de incertidumbre” con respecto a quiénes serán elegidos y a las políticas que aplicarán? ¿Qué sería de una democracia si sus gobernantes pudiesen alegremente vulnerar los procedimientos y a la postre esos principios de “consentimiento contingente” e “incertidumbre limitada”?

La Argentina de hoy es un buen escenario para plantearse estos interrogantes. Sobre todo en momentos en que el miedo parece instalarse como política de Estado para callar las voces disidentes, cuando el adversario es declarado traidor o enemigo (en ausencia, para peor, de una definición fija de lo que el enemigo sea) y cuando avanzan sin tapujos los proyectos de reelección indefinida.

Enrique Edmundo Aguilar es Doctor en Ciencias Políticas. Decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Políticas y de la Comunicación de la UCA y Director, en esta misma casa de estudios, del Doctorado en Ciencias Políticas. Profesor titular de teoría política en UCA, UCEMA, Universidad Austral y FLACSO,  es profesor de ESEADE y miembro del consejo editorial y de referato de su revista RIIM.