La Argentina debe retomar la senda del liberalismo

Por Alberto Benegas Lynch (h). Publicado el 30/7/18 en: https://www.lanacion.com.ar/2157472-la-argentina-debe-retomar-la-senda-del-liberalismo

 

Se trata de crear una sociedad abierta, sin privilegios, en la que se produzca riqueza y los bienes se usen en forma eficiente

Se trata de crear una sociedad abierta, sin privilegios, en la que se produzca riqueza y los bienes se usen en forma eficiente

 

Al contrario de lo que desafortunadamente muchos sostienen, es de desear que nuestro país retome la senda del liberalismo iniciada por el padre de nuestra Constitución fundadora, Juan Bautista Alberdi. La aplicación de estas recetas nobles permitieron que la Argentina se ubicara entre las naciones más prósperas del planeta.

Desde la Constitución de 1853 hasta los golpes fascistas, primero del 30 y luego del 43, nuestros salarios e ingresos en términos reales de los peones rurales y de los obreros de la incipiente industria eran superiores a los de Suiza, Alemania, Francia, Italia y España. Los inmigrantes a estas costas competían con los ámbitos atractivos estadounidenses. Las exportaciones se encontraban a la altura de las de Canadá y Australia. En el Centenario, miembros de la Academia de Francia comparaban los debates de esa entidad con los que tenían lugar en nuestro Parlamento dada la versación y elocuencia de sus integrantes.

Luego vino el derrumbe estatista, provocado por gastos públicos siderales, déficit fiscales monumentales, regulaciones asfixiantes, impuestos exorbitantes y deudas gubernamentales galopantes. Y las crisis se sucedieron sin solución de continuidad.

A pesar de este cuadro de situación lamentable hay quienes critican un liberalismo inexistente al que pretenden sustituir por el adefesio de un denominado “neoliberalismo” con el que ningún intelectual serio acepta identificarse. Bajo tamaña etiqueta fantasiosa, irrumpen en escena timoratos que aconsejan no prestar atención a las pocas voces liberales y machacan con la mediocridad del estatismo. El liberalismo es nada más y nada menos que el respeto irrestricto por los proyectos de vida de otros. Por su lado, todos formamos parte del mercado cuando en libertad llevamos a cabo nuestras transacciones diarias.

Veamos el tema medular de los derechos de propiedad. Lo primero es entender que la preservación de la vida es una condición indispensable para subsistir. Es una verdad de Perogrullo, es una tautología. Para alimentar y desarrollar la vida en plenitud se hace necesario proteger lo que cada cual produce y lo que recibe legítimamente, es decir, el uso y la disposición de lo propio.

Como no vivimos en Jauja y no hay de todo para todos todo el tiempo, se hace necesario, por una parte, respetar el derecho de propiedad para evitar invasiones y usurpaciones y, por otra, para que los usos y disposiciones sean los más eficientes posibles. Esto último es así en una sociedad abierta, por definición ausente de privilegios, puesto que cada uno para progresar y mejorar su estado patrimonial inexorablemente debe atender las necesidades de su prójimo. En este contexto el que acierta en las demandas de sus congéneres obtiene ganancias y el que yerra incurre en quebrantos.

El que vende naturalmente lo hará al precio más alto que pueda, no el que quiera puesto que si excede lo que resulta posible la demanda decaerá o será nula. Del mismo modo, el que percibe una retribución por su trabajo intentará que sea la mayor posible. Esto último depende exclusivamente del volumen de inversiones que, a su turno, proceden de ahorros internos y externos al país en cuestión y no de la voluntad de las partes contratantes. Y este proceso tiene lugar allí donde los marcos institucionales son confiables y predecibles, no donde el derecho se confunde con el pseudoderecho, a saber, la facultad de asaltar el fruto del trabajo ajeno.

Cuando se producen quejas respecto a tal o cual precio de tal o cual producto o servicio no se contemplan dos aspectos cruciales. En primer lugar, el respeto a la propiedad, lo cual significa que el titular puede sugerir el precio que le venga en gana de lo que le pertenece, lo cual, como queda dicho, no quiere decir que logre concretar una venta. De lo que se trata en este contexto es de subrayar la libre disposición de lo propio y no dejarse atropellar por manifestaciones de quienes simplemente se quejan pero que son incapaces de producir lo que estiman es caro.

El mismo razonamiento debe aplicarse a las relaciones laborales. Quienes se emplean en no pocas ocasiones suponen que el lugar de trabajo les pertenece y actúan con la pretensión de disponer de lo que es de otros como si fueran los dueños del lugar, en lo que fuera una relación contractual mutuamente beneficiosa. Esto revela una tergiversación de valores, lo cual perjudica especialmente a los más necesitados. Derroches y ataques a la propiedad generan daños a todos pero sobre los más débiles la carga es más contundente y recae con mayor fuerza debido a la sensibilidad y repercusión en las franjas de ingresos bajos.

Por otra parte, como se ha señalado reiteradamente, a medida que las intromisiones de los aparatos estatales se intensifican se van deteriorando y desfigurando las únicas señales que tiene el mercado para operar. Esas señales indican dónde es más atractivo invertir y dónde no conviene hacerlo. Al fin y al cabo los precios no son más que transacciones de derechos de propiedad. Si se elimina la propiedad como reclaman los marxistas se derrumba el sistema de señales. En este sentido, como he ejemplificado otras veces, no se sabe si conviene construir caminos con oro o con asfalto cuando desaparecen las referidas señales. Y sin llegar a ese extremo, cuando los gobiernos intervienen en el sistema de precios se va deteriorando y desdibujando la contabilidad, la evaluación de proyectos y el cálculo económico en general.

En buena parte del llamado mundo libre, hoy observamos legislaciones que van a contracorriente de lo dicho y, por ende, ponen palos en las ruedas a la productividad y, consecuentemente, al progreso de las personas que se encuentran atrapadas en un laberinto infame. Es interesante detenerse a repasar conceptos vertidos por Alberdi, quien escribió en 1854, en Sistema económico y rentístico de la Confederación Argentina según su Constitución de 1853: “La propiedad sin el uso ilimitado es un derecho nominal […] El ladrón privado es el más débil de los enemigos que la propiedad reconozca. Ella puede ser atacada por el Estado en nombre de la utilidad pública”.

Por eso es que también James Madison, el padre de la Constitución estadounidense (en la que se inspiró Alberdi junto a la Constitución de Cádiz de 1812), ha consignado en 1792 en “Property” (compilado en James Madison: Writings): “El gobierno ha sido instituido para proteger la propiedad de todo tipo […] Este ha sido el fin del gobierno, solo un gobierno es justo cuando imparcialmente asegura a todo hombre lo que es suyo”. La misma Justicia es inseparable de la propiedad ya que como bien reza la definición clásica de Ulpiano se trata de “dar a cada uno lo suyo” y lo suyo remite a la propiedad de cada cual.

Mientras sigamos con la cantinela de la redistribución de ingresos no progresaremos puesto que la distribución cotidiana que todos hacemos de modo pacífico en el supermercado y afines contradice las antedichas asignaciones políticas que se llevan a cabo coactivamente. Recordemos una vez más a Alberdi en la obra ya citada: “¿Qué exige la riqueza de parte de la ley para producirse y crearse? Lo que Diógenes exigía de Alejandro: que no le haga sombra”.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa.

¿HASTA DÓNDE LLEGA EL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD EN EL MERCADO?

Por Gabriel J. Zanotti. Publicado el 25/6/17 en: http://gzanotti.blogspot.com.ar/2017/06/hasta-donde-llega-el-principio-de.html

 

Capítulo XI de

ECONOMÍA PARA SACERDOTES, de Gabriel Zanotti y Mario Silar

Como vimos en el capítulo anterior, habría tres cuestiones donde el mercado necesariamente no podría llegar: bienes públicos, externalidades y redistribución de ingresos.

En este capítulo nos concentraremos en los dos primeros elementos. El problema de la redistribución de ingresos, especialmente delicado, será analizado separadamente en los últimos capítulos. Antes de aclarar de qué tratan estas cuestiones, recordemos a un viejo amigo: el principio de subsidiariedad.

Como se sabe, el principio de subsidiariedad es general, esto es, no se aplica solo a la economía, sino a toda estructura social. Por ejemplo, el episcopado NO debe hacer lo que sí pueden hacer las parroquias (aunque a veces no se cumple del mejor modo… J), y ello demanda saber la naturaleza de cada estructura social en cuestión. En efecto, si yo no sé, por ejemplo, qué es un rectorado, lejos estaré de saber qué es lo que no le corresponde.

Por lo tanto, resulta obvio que el estado no debe hacer lo que los particulares pueden. Pero aquí comienzan los debates: ¿qué es lo que los particulares pueden hacer, qué es lo que el mercado puede hacer?

Nos parece bien que esta sea una cuestión abierta entre los católicos. Esto es, no podemos esperar, obviamente, una proclamación pontificia, cuasi-dogmática, sobre hasta dónde debe llegar el mercado. Para ello necesitamos la legítima autonomía de las ciencias sociales y sus legítimos debates, y está bien que haya católicos que afirmen una cosa y otros, otra, porque su teoría económica es diferente.

Pero esto lleva a una cuestión en la cual sí todos los católicos –y esto es importante para sacerdotes y religiosos– podrían estar de acuerdo: que las diversas teorías económicas no pueden probar necesariamente que el mercado nunca puede llegar o siempre puede llegar a las tres cuestiones arriba referidas.

Intentaré demostrar el punto, al mismo tiempo que trataré de mostrar que el mercado puede estar abierto a todo ello, aunque no necesariamente “siempre”.

Primero, qué es un bien público.

Cuando alguien compra una lata de sardinas, esa lata no puede ser comprada por otro. Ello implica que esa lata es rival en consumo. No puede ser comprada por dos compradores al mismo tiempo.

A su vez si alguien compra una casa, solo el dueño puede entrar en ella. El dueño puede invitar a otros a pasar, pero los otros no pueden reclamar el derecho a entrar. O sea que rige sobre la casa lo que se llama principio de exclusión.

Estas dos características, rival en consumo y principio de exclusión, son típicas de los bienes privados que habitualmente se intercambian en el mercado.

En los bienes públicos, en cambio, no existe “rivalidad en el consumo” (por ejemplo, una puesta de sol, o el aire) ni tampoco rige el principio de exclusión (por ejemplo, el alumbrado de una calle).

Entonces se concluye muchas veces que el gobiernonecesariamente los tiene que proveer.

¿Debe ser realmente así?

No necesariamente, y allí está el punto.

Primero recordemos que hay bienes libres –de los cuales quedan pocos ejemplos– como la luz del sol o el aire, que casi no serían escasos en ciertas condiciones. En ese caso el tema del mercado o no mercado ni se plantea. La luz del sol en una mañana soleada no es provista ni por el estado ni por el mercado. Por ende si por bienes públicos se entiende bienes libres, el debate no se plantea.

El caso es que la mayoría de los bienes públicos son escasos (lo que analizábamos en el capítulo sobre “bienes económicos”), y por ende necesitan recursos escasos para su producción, venta y distribución.

Entonces, ¿cuál es el modo más económico de proveerlos?

Pongamos, por ejemplo, el caso de un puente. Puede ser que el estado lo provea, pero en ese caso deben tenerse en cuenta los impuestos cobrados para ello. Que, en ese caso, son pagados por todos, incluso por quienes no van a utilizar el puente (posteriormente analizaremos los tipos de impuestos existentes).

Si, en cambio, pagamos un peaje por el puente, a una empresa privada que lo administre, a primera vista nos va a parecer más caro, pero no es así: de hecho, ese costo es menor que todo el conjunto de impuestos, más las deudas y la inflación en las que a veces recurren los estados para sostener ese tipo de bienes. Y menos injusto, además, porque pagan el peaje solo los que utilizan el puente. O sea, un bien público siempre se paga. Que el bien público sea estatal y aparentemente “gratis” es una ilusión óptica. Siempre se paga, de un modo (impuestos) u otro (peaje), el asunto es cuál es el modo menos costoso para todos. No hemos mencionado además los problemas vinculados al control de gestión, la presencia de incentivos perversos y la tendencia a situaciones de abuso y arbitrariedad que se potencian cuando hay opacidad respecto de la identificación de responsabilidades. Siguiendo a la literatura económica científica y sin ánimos de caer en un discurso ideologizado, se debe admitir que el sector público es más proclive a padecer estos problemas de gestión.

Los bienes públicos “libres”, por lo demás, si se da el caso de que se vuelven escasos entonces surgirá el tema de su precio. Por ejemplo, el aire es un bien semi-libre en la Tierra (porque ya se paga por el aire NO contaminado), pero en una colonia terrestre en Marte, el aire respirable sería muy escaso y por ende muy caro. Ahora bien, en ese caso, ¿qué sería preferible? ¿Que lo proveyera una sola empresa estatal, con tendencia a la ineficiencia y a los problemas señalados en el párrafo anterior, o varias empresas privadas compitiendo por la provisión de aire? Obviamente la segunda solución es la mejor, aunque lamentablemente la influencia de los sesgos cognitivos nos haga mirar con sospecha la libre competencia entre empresas privadas. En efecto, tendemos a quedarnos solo con los problemas potenciales que ello puede implicar, y tendemos a creer que estos problemas pueden ser más graves –incluso a nivel moral– que los problemas inherentes a la gestión en el sector público…

Otros bienes públicos son super-abundantes circunstancialmente, por ejemplo, la tierra en extensiones no habitadas por el hombre. De acuerdo, pero a medida que crece la población, si no se encuentra un modo de establecer las propiedades (por ejemplo así fue el caso del alambrado y vallado en la Argentina del siglo XIX) la situación terminará siendo un caos. Cuanta mayor la escasez, mayor el precio, y más se necesita el mercado para que los precios, como vimos, señalen la escasez relativa de ese bien, y, si no existe monopolio “legal”, el resultado a lo largo del tiempo será socialmente positivo. Por ejemplo, ¿qué sucederá cuando haya suficiente capital y trabajo para explotar la totalidad del lecho marino? Mejor que esas tierras marinas sean privadas o de lo contrario no se podrá establecer cuál es su real escasez…, los problemas de descoordinación, mayor escasez por sobreexplotación que ello generará amenazará con destruir el lecho marino. En un caso así, todos terminaríamos estando en una situación peor.

Por lo tanto, no necesariamente los bienes públicos tienen que ser estatales. Los bienes públicos pueden ser perfectamente privatizables y ello para beneficio de toda la población. Recordemos lo dicho respecto de que la propiedad privada no es simplemente individual, pueden existir acuerdos institucionales “comunales”, que conservando los elementos positivos de la propiedad privada –control de gestión y responsabilidad– articulen voluntariamente la toma de decisiones de un grupo de personas, que sean las que decidan las reglas de juego sobre el uso, gestión y cuidado de ese bien comunal.

Lo mismo sucede con la mayor parte de los problemas medioambientales relacionados con la ecología. La contaminación tiene que ver precisamente con ciertas cosas que, al no ser de nadie excepto de los políticos, nadie cuida como corresponde. En general, por ejemplo, es fácil acusar al mercado de la contaminación de un lago, porque tanto personas como industrias tiran allí sus desechos. Pero claro, ¿quién es el dueño del lago? Nadie, excepto una oficina estatal que raramente se preocupa. El tema de los incentivos aquí es crucial. El tema de la propiedad es básico. Si alguien tira cosas sobre la pila bautismal, inmediatamente el sacerdote o los laicos de la parroquia se encargarán de que ello no ocurra más, porque eso es su propiedad y les preocupa (sin perjuicio de que el sacerdote o religioso interprete que la pila está puesta bajo “su cuidado” y que en ese sentido es “su” propiedad, no en el sentido de que pretendiera llevársela cuando le trasladaran de parroquia o regalársela a familiares cuando dejara de prestar servicios en la parroquia). Pero cuando las cosas no son de nadie, excepto de un estado lejano, la cuestión es al revés. Por lo tanto, en un caso así, que haya propietarios del lago, como por ejemplo algo como una “Sociedad de Amigos del Lago Atitlán”, sería una óptima solución al problema de su contaminación, una solución en la línea de lo que analizamos sobre la noción de propiedad privada comunal.

Con otras cosas el tema puede ser menos visible, pero hay que estar abierto a nuevas soluciones. Las energías sucias tendrían muchos sustitutos potenciales en un mercado abierto. Los empresarios que puedan proveer energía solar y eólica como sustituto de las empresas tradicionales de electricidad, ya estatales, ya privadas, tendrían un proyecto muy rentable en caso de que pudieran competir libremente, como corresponde a un mercado sin monopolios legales o prebendas estatales. Si no prosperan, es porque el estado se protege a sí mismo o protege a los proveedores habituales de electricidad. Igual sucede con todas las energías sustitutas del petróleo. Al mismo tiempo, el problema puede ir en la otra dirección –como de hecho ha ocurrido recientemente en algunos países, como es el caso de España, por ejemplo–: que el sector público subsidie las energías verdes y, como consecuencia no intentada, genere una burbuja que distorsione el mercado de la energía solar o eólica. De nuevo, esto ha terminado por generar graves problemas de sobreinversiones, falsas rentabilidades, burbuja y pinchazo del sector –con las dramáticas consecuencias en términos de desempleo y recursos malgastados. Esto es una muestra de lo complejo que resulta para el sector público “acertar” a ver cuáles serán los proyectos empresarios rentables y sostenibles. Se pueden tener muy buenas intenciones respecto de lo positivo que serían, desde un punto de vista medioambiental, las energías renovables pero simples subsidios y privilegios no constituyen una solución a largo plazo.

Supongamos, por lo demás, que un recurso natural se está agotando. Si sigue habiendo demanda de él –por ejemplo, el referido petróleo– el precio subirá, lo cual incentivará la búsqueda y descubrimiento, como dijimos, de potenciales sustitutos cuya comercialización empezaría a ser elevadamente rentable en este nuevo escenario. Aquí se observa de nuevo la importancia de atender a las consecuencias no intentadas. En efecto, en muchas ocasiones los subsidios a un determinado sector, aunque se implementen con buenas intenciones y con el pretendido objetivo de atender al bien común, terminan impidiendo la transmisión de información fidedigna –no olvidar que el sistema de precios actúa como un sistema de comunicación y señalización–, haciendo que resulten artificialmente rentables industrias que, sin la presencia de subsidios y ayudas, no lo serían; con lo que se terminan desincentivando proyectos de inversión en sectores alternativos.

¿Y el caso del aire? ¿Alguien puede ser el dueño del aire? No, claro, en este planeta, pero si alguien genera humo que invade tu propiedad, legalmente esa persona puede ser demandada. Si el sistema jurídico fuera eficiente, los costos jurídicos de transacción serían muy bajos, y por ende el emisor del humo, ante la amenaza de una sentencia en contra altamente costosa, tendría un incentivo para compensar a la persona damnificada por el humo que él ha emitido. El mismo razonamiento se puede aplicar a otros ámbitos, como la contaminación visual o sonora.

Por supuesto, corresponde al estado proveer un sistema judicial rápido y eficiente, pero también permitir la existencia de mediadores privados que de manera mucho más rápida puedan ayudar a ese tipo de negociaciones, y hallar soluciones a los conflictos.

En economía eso se llama “internalizar una externalidad”. Una externalidad es una consecuencia de una transacción comercial que tiene efectos sobre un tercero independientemente de la voluntad de este último, por eso se llaman efectos “externos”. Por ejemplo, si la parroquia compra una cocina y el humo llega a los departamentos lindantes, los dueños de estos últimos tienen un efecto (en este caso negativo) externo, porque no correspondió a una transacción comercial en la que ellos tuvieran algo que ver.

Ahora bien, llamar a un gobierno para que dicte una legislación sobre las cocinas, el humo, la polución etc., y crear una oficina estatal llena de gente para que se ocupe de su cumplimiento, es muy costoso, y ya hemos visto que el derroche de recursos atenta sobre todo contra los que menos tienen. ¿Por qué no ver, conforme al principio de subsidiariedad, lo que las partes involucradas pueden hacer por sí mismas? Por supuesto, si los vecinos tuvieran todos buena voluntad y espíritu cristiano, evitarían perjudicarse mutuamente. Pero vivimos en reinos que son de este mundo, aunque sean una peregrinación temporal hacia los otros. Supongamos que un vecino se compra una cocina y echa humo sobre los demás. La solución judicial, como dijimos antes, puede ser más rápida y eficiente, y las sentencias acumuladas crearían un incentivo para evitar atentar contra la propiedad de los otros con ese tipo de acciones. Por supuesto, todo esto implica un cambio en la mentalidad existente y en las funciones que presuponemos del gobierno, pero, vuelvo a decir, lo que está en juego es precisamente no derrochar recursos escasos. Además, si bien es cierto que los hombres no son ángeles, tampoco son demonios. Es preciso encarnar el optimismo antropológico y ser capaces de descubrir la potencialidad de creación de orden que anida en la cooperación voluntaria en el seno de la sociedad civil. Además, si bien es cierto que los ciudadanos no son ángeles ni demonios, lo mismo debe predicarse de los agentes gubernamentales. Es obvio que ellos no son demonios, sin embargo a veces impera todavía una visión demasiado angelizada de los agentes públicos. Los agentes gubernamentales, aunque digan con sinceridad preocuparse y velar por el bien común, no son inmunes ante los sesgos, prejuicios, puntos ciegos, problemas cognoscitivos y morales que aquejan a todos los mortales… no hay “expertos” que puedan permanecer a salvo de esto.

Por ello, es preciso advertir y recordar que el cuidado estatal de los problemas ecológicos es altamente costoso, no da resultados y quita los incentivos al cuidado del medio ambiente y a los pactos comerciales que podrían cuidar de nuestro planeta mucho mejor y más rápido que las interminables e inútiles discusiones y disposiciones de la ONU y los diversos organismos gubernamentales a nivel estatal y supraestatal al respecto.

Por supuesto que todo esto podría no suceder y, en una situación extrema, un gobierno podría intervenir si la vida y la propiedad de todos estuvieran en peligro –un terremoto, un incendio forestal de gran magnitud, un Tsunami, etc.,– pero no es esa la situación habitual. El comercio crea incentivos positivos, y hemos visto que esos incentivos, que lo que hacen es minimizar la escasez, tienen TODO que ver con el bien común y el principio de subsidiariedad.

Por lo tanto, cuando se afirma que el estado no debe hacer lo que los privados pueden hacer, hay que tener en cuenta que muchas veces, guiados por un prejuicio negativo, suponemos que los privados pueden hacer muy pocas cosas. La economía nos enseña que las potencialidades del comercio son más positivas de lo que suponemos. Es preciso adoptar una actitud humilde y conservar un genuino asombro ante la multiforme capacidad de creación de órdenes cooperativos que anida en la sociedad civil. Ahora bien, la economía no forma parte de la Revelación, pero por eso mismo, en relación a esta última, es un tema opinable, y si como religiosa, religioso, seminarista, sacerdote u obispo alguien piensa diferente, que tenga en cuenta que un laico puede pensar otra cosa, con toda la legitimidad de su competencia en los ámbitos temporales. El principio de subsidiariedad tiene un sano ámbito de opinabilidad en ese sentido. Creemos que la economía nos enseña que el mercado puede hacer más de lo que se piensa, pero si alguien piensa diferente, que no convierta su pensamiento en un dogma, en un ámbito donde, por definición, no puede haber solución o Palabra Revelada.

Sumario

El problema de los bienes públicos y las externalidades negativas que afectan al medio ambiente, para ser rectamente abordadas, requieren una adecuada comprensión del principio de subsidiariedad. El principio de subsidiariedad, rectamente entendido, debe hacer énfasis en su parte positiva, es decir, que las instancias superiores de poder no hagan aquello que pueden –y deben– hacer las instancias inferiores. El principio de subsidiariedad permite entender en qué medida pueden existir soluciones de mercado para enfrentar los problemas que pueden surgir en el ámbito del cuidado de los bienes públicos y el medio ambiente.

 

En efecto, no es correcto pensar que los bienes públicos y el medio ambiente solo puedan ser protegidos a través de medidas coercitivas implementadas por la acción gubernamental. La sociedad civil tiene potencialmente una amplia batería de mecanismos creativos y cooperativos para enfrentar problemas que afloran en el caso de bienes públicos y en temas medioambientales. Estos temas ponen nuevamente de manifiesto una idea central: la necesidad de atender a las consecuencias no intentadas a la hora de analizar los escenarios de interacción humana. Al mismo tiempo, el análisis de las externalidades revela que la interacción humana no está exenta de dificultades. Sin embargo, apelar inmediatamente a la acción gubernamental no necesariamente constituye una solución sostenible a los problemas que pueden surgir en la interacción humana. No se debe olvidar, que la acción gubernamental tiende, por la propia lógica de su modo de ser, a generar una progresiva burocratización y formalización de los procesos involucrados en la cooperación social. Como consecuencia de ello, la acción gubernamental también genera problemas y distorsiones que es preciso tener en cuenta cuando se evalúe la necesidad de intervención gubernamental.

 

Gabriel J. Zanotti es Profesor y Licenciado en Filosofía por la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA), Doctor en Filosofía, Universidad Católica Argentina (UCA). Es Profesor titular, de Epistemología de la Comunicación Social en la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral. Profesor de la Escuela de Post-grado de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral. Profesor co-titular del seminario de epistemología en el doctorado en Administración del CEMA. Director Académico del Instituto Acton Argentina. Profesor visitante de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Fue profesor Titular de Metodología de las Ciencias Sociales en el Master en Economía y Ciencias Políticas de ESEADE, y miembro de su departamento de investigación.

ECONOMÍA Y DERECHO: DOS LADOS DEL MISMO ASUNTO

Por Alberto Benegas Lynch (h)

 

Resulta sumamente curioso cuando hay quienes se dicen liberales en cuanto a los marcos institucionales al tiempo que se definen como estatistas en economía. Esto constituye una flagrante contradicción. Los marcos institucionales son el continente, mientras que la economía es parte medular del contendido.

 

¿Qué sentido tiene pronunciarse por la libertad en el continente si será conculcada en el contenido? ¿Qué sentido tiene sostener que se es libre en derecho cuando no se puede disponer de los suyo en las acciones cotidianas? ¿Para que otra cosa es el establecimiento de las garantías del continente si no es precisamente para proteger el contenido?

 

La médula del continente reside en la protección de la propiedad privada que comienza con el propio cuerpo, sigue con la expresión del propio pensamiento y finaliza con el uso y la disposición de lo adquirido legítimamente por cada cual. Declamar sobre las libertades individuales en declaraciones altisonantes, orales y escritas en pomposos documentos de nada valen si no se concretan en la protección de las acciones diarias para que cada uno haga lo que le plazca con lo suyo siempre y cuando no se lesiones iguales derechos de otros.

 

Afortunadamente en muchos de los recintos universitarios del momento en Latinoamérica se ha incorporado la tradición anglosajona conocida como Law and Economics que si bien tiene diversas vertientes apunta a mostrar la íntima relación entre las dos áreas. Antes era común que se trataran como departamentos completamente separados, ahora en cambio se comprende que es indispensable que el abogado debe compenetrarse del proceso de mercado para poder manifestarse con rigor sobre marcos institucionales que comprenden de modo principal sus resoluciones y, asimismo, el economista no puede desconocer el significado vital para su profesión del derecho que rodea y protege la actividad económica.

 

Antes aquella separación tajante perjudicaba grandemente a las dos profesiones en lugar de comprender su estrecha vinculación que, nuevamente reiteramos, se refiere al continente y al contenido respectivamente. Hace años cuando fui el primer  no-abogado que ganó un concurso como profesor titular en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, uno de los miembros del claustro me dijo que no compartía esa designación mía por concurso porque la economía en esa casa de estudios la debía impartir un abogado. Frente a esa manifestación corporativa le pregunté si en el supuesto que hubiera que dictar una cátedra de derecho constitucional en una Facultad de Química la debía dictar un abogado o un químico a lo que sorpresivamente me respondió que “naturalmente” lo debía hacer un químico (!). Este es un caso de extrema insensatez pero era habitual aquella incomunicación (y en no pocos casos lamentablemente lo sigue siendo), pero conviene insistir en la imposibilidad de escindir el derecho y la economía al efecto de minimizar las respectivas incomprensiones que se traducen en daños irreparables en el nivel de vida de la gente que sufre los embates de una economía desquiciada en manos de legisladores que en definitiva destrozan marcos institucionales civilizados.

 

En otra oportunidad nos hemos referido al significado del derecho y ahora parcialmente lo reiteramos. Lo primero que debe decirse es que el derecho no es un invento del gobierno sino que es anterior y superior al monopolio de la fuerza que en esta instancia del proceso de evolución cultural es para proteger los derechos de los gobernados.

 

El derecho es consubstancial a la naturaleza del ser humano.  El hombre siempre actúa con la intención de pasar de un estado menos satisfactorio a uno que le proporcione mayor satisfacción. Esos estados de satisfacción son enteramente subjetivos y dependen enteramente de la estructura axiológica de cada cual. En este proceso el hombre busca la mayor incorporación de lo que estima son valores (que en realidad pueden ser desvalores si en definitiva le hacen daño). En una sociedad abierta cada uno asume la responsabilidad por lo que hace o deja de hacer.

 

Hay dos planos de análisis en esto: por un lado las apreciaciones o valorizaciones subjetivas de cada uno y, por otro, la objetividad de las cosas en el sentido de propiedades y relaciones que son independientemente de las opiniones de cada cual. El derecho es simplemente la facultad de las personas para seguir el curso que estime conveniente siempre y cuando no lesione derechos de terceros. Del mismo modo que las flores y los minerales tienen ciertas propiedades y características, el ser humano también las tiene.

 

En una sociedad abierta se da rienda suelta a lo que cada uno considera es su camino para ejecutar sus proyectos de vida siempre y cuando, como queda dicho, que no lesiones derechos de terceros. Y no es que el derecho tenga un límite, la destrucción del derecho ajeno no es un derecho.

 

Todo derecho implica como contrapartida una obligación. Si una persona obtiene un ingreso de mil,  la contratara es la obligación universal de respetar ese ingreso. Pero si esa persona demanda dos mil aun no los gane y el gobierno otorga esa facultad quiere decir que otro estará obligado a entregar la diferencia, lo cual lesiona su derecho, por tanto se trata de un pseudoderecho.

 

Desafortunadamente en la actualidad vivimos rodeados del otorgamiento de pseudoderechos: derecho a la educación no en el sentido de que cada uno puede educarse sino en el sentido que otros vecinos están obligados a financiar los estudios de terceros, y así en idéntico contexto el derecho a la vivienda, a hidratos de carbono o vitaminas, a un salario adecuado etc.

 

No hay posibilidad de contar con una sana economía si no existen normas que garanticen el respeto recíproco. Un ejemplo entre tantos: cuando las instituciones permiten que el aparato estatal estafe a la gente vía la manipulación monetaria, se distorsionan los precios relativos que a su turno engaña a los operadores económicos en su asignación de factores de producción y el consumo de capital correspondiente contrae salarios e ingresos en términos reales. Siempre que se habla de derecho se habla de justicia que significa “dar a cada uno lo suyo”  lo cual remite a la propiedad privada que, a su vez, es el eje central del proceso de mercado como veremos más abajo.

 

Hay cinco canales que son los más frecuentes para demoler el derecho. Telegráficamente considerados, se trata de las teorías del “abuso del derecho”,  “la lesión”, “la imprevisión”, “el enriquecimiento sin causa” y “la penetración” sobre las que han advertido todos los grandes tratados de derecho civil y estaban proscriptas en las normas escritas y no escritas de toda sociedad abierta en la que naturalmente se respeta el haz de contratos diarios e inseparables de la propiedad que se suscriben en las acciones cotidianas del hombre (de compra-venta, de enseñanza, de locación, de transporte, de mutuo, de mandato, de gestión de negocios, de fianza, de donación, societarios, aleatorios, de adhesión y así sucesivamente).

 

En el caso argentino, aquellas figuras fueron incorporadas al Código Civil en el gobierno de facto del general Onganía y sus defectos pueden subsumirse en la primera de ellas. La llamada “teoría del abuso del derecho” ha sido catalogada por autores como Planiol y Ripert como una logomaquía puesto que un mismo acto no puede ser simultáneamente conforme y contrario al derecho. Una nota del codificador argentino al Código Civil de 1869 apunta la irrevocabilidad del contrato al sostener que “dejaríamos de ser responsables de nuestras acciones si la ley nos permitiera enmendar todos nuestros errores y todas nuestras imprudencias”.

 

Por su parte, la confiscación del poder judicial de las facultades del legislativo (el peligro del “gobierno de los jueces”) constituye un abuso que vulnera la división de poderes. En definitiva, ha escrito Bibiloni que “No hay sociedad posible si no hay el respeto a la palabra empeñada” que constituye el eje central de una sociedad abierta, lo cual implica el asumir todas las consecuencias de lo pactado.

 

Desafortunadamente en la mayor parte de las facultades de derecho, el positivismo jurídico ha hecho estragos y se ha perdido la noción de mojones o puntos de referencia de justicia extramuros de la legislación positiva, situación que conduce indefectiblemente al ensanchamiento de un Leviatán completamente desbocado, en desmedro de los derechos de las personas.

 

Por último, el centro de la actividad económica radica en el mercado que como bien se ha dicho no es un lugar sino un proceso del cual participan todos. Los economistas hemos incurrido en el error de sobresimplificar el concepto al hacerlo aparecer como un antroporfismo: “el mercado dice”, “el mercado prefiere” etc. como si se tratara de un fulano en lugar de puntualizar que se trata de un proceso en el que millones y millones de personas que interactúan entre si todos los días y en todos los lugares (y donde las autoridades no las dejan operar buscan refugio en el mercado negro). En este sentido,  el mercado somos todos.

 

La institución clave del mercado es la propiedad privada por la que se asignan los siempre escasos recursos de acuerdo a las votaciones diarias de la gente al poner de manifiesto sus preferencias y rechazos. No son posiciones irrevocables, se acrecienta o se disminuye la propiedad de cada cual en la medida en que se sepa satisfacer las necesidades del prójimo. El único modo de enriquecerse en una sociedad abierta es sirviendo al prójimo y el peor enemigo del mercado es el llamado empresario que se alía con el poder político para usufructuar de privilegios que siempre perjudican gravemente a la gente.

 

La redistribución de ingresos que realizan gobiernos a través de legislaciones que destruyen los antes mencionados pilares del derecho, inexorablemente consumen capital que, a su vez, disminuyen salarios e ingresos en términos reales puesto que el único factor que permite su elevación son las tasas de capitalización. La redistribución a través de los aparatos estatales necesariamente opera a contramano de la distribución original y voluntaria que llevó a cabo la gente en los supermercados y afines.

 

Al efecto de ilustrar lo puntualizado en esta nota periodística y hablando de antropomorfismos, menciono al pasar que un abogado y destacado representante de uno de los partidos que integran la alianza gobernante hoy en Argentina ha dicho textualmente en público y sin ruborizarse que “el Estado es la inteligencia de la sociedad” (será por eso que estamos como estamos los argentinos).

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa.

Pobreza y la Escuela Austriaca

Por Martín Krause. Publicado el 2/3/14 en: http://bazar.ufm.edu

 

Me pregunta Fernando Escobar desde España: “cómo abordaban el tema de pobreza los pensadores de la escuela austriaca o que teorías manejaban respecto a este tema”.

En verdad, ninguno de esos grandes autores (Menger, Bohm-Bawerk, Mises, Hayek) escribió un libro específico sobre el tema, aunque lo tratan en sus obras principales (La Acción Humana de Mises o Los Fundamentos de la Libertad de Hayek), porque analizan las condiciones para aliviar o reducir la pobreza. Asumen, que ésta es la condición natural del ser humano, una condición en la que vivió la mayor parte de su existencia, y que es necesario, por lo tanto, estudiar cómo fue que algunos lo han podido superar.

Esta misma visión es la que plantea Henry Hazlitt, y este autor, si bien no fuera ni economista, ni austriaco pues fue un periodista y analista literario en los Estados Unidos, que escribiera para The Wall Street Journal, The New York Times y Newsweek, comparte los principios y el análisis de esta escuela y lo refleja en un libro llamado: “The Conquest of Poverty”, que recomiendo leer y está en pdf de acceso gratuito aquí: http://mises.org/books/conquest.pdf

Hazlitt, recorre la historia de la humanidad y señala que la casi totalidad de la población fue pobre siempre. Sin embargo, hace unos 250 años algo sucedió. Esto se refleja en el gráfico de abajo. Allí aparecen estimaciones de Brad deLong desde el año -10.000 y de Angus Maddison desde el año 0. La forma de la curva debería resolver todo tipo de dudas: es incredible lo logrado en 250 años de capitalismo y revolución industrial:

250 años

Nada ha hecho más para sacar a cientos de miles de la pobreza que el crecimiento económico durante todos estos años. No solamente el ingreso per cápita ha pasado de unos 150 dólares anuales a más de 6.000, sino que la cantidad de gente en el planeta en ese periodo ha pasado de unos 750 millones a 6.000 millones actualmente. Es decir que la riqueza total creada (que es multiplicar ingreso per cápita por el total de personas) es increíble.

Claro, algunos sostendrán que se ha creado mucha riqueza pero que está mal distribuida. Al respecto, y para no alargar esto mucho, invito al que le interese a ver este video de una conferencia sobre el tema que dictara en la Universidad Francisco Marroquín: http://www.youtube.com/watch?v=HMd2rS-KWOA

Dice Hazlitt:

“La pobreza individual o familiar resulta de que quien debe llevar el pan a la mesa no puede de hecho de hacerlo; cuando el no puede producir o simplemente no produce suficiente para sustentar a su familia o incluso al el mismo. Siempre habrán algunos seres humanos quienes temporal o permanentemente carecerán de las habilidades de proveerse incluso de su propio sustento. Tal es la condición de los niños pequeños, de muchos de nosotros cuando enfermamos, y de la mayoría de nosotros en la vejez avanzada. Y tal es la condición permanente de algunos que han sido golpeados por el infortunio –los ciegos, los lisiados, los retrasados mentales. Donde existen tantas causas no puede haber una cura que las abarque a todas.”

“Cuando la mayoría de las familias no puede producir su propio sustento – cuando la sociedad como un todo no logra abastecerse de su propio sustento- ningún “sistema de alivio adecuado” es incluso temporalmente posible. Por ende la “sociedad” no puede resolver su problema de pobreza hasta que la mayoría de las familias haya resuelto (y en realidad un tanto más que tan solo resuelto) el problema de su propia pobreza.”

“Todo esto es meramente mostrar de otra forma la Paradoja de la Ayuda referida en el capítulo 18: Cuanto más rica la comunidad, menor es la necesidad de ayuda, pero mayor es la ayuda que esta puede proveer; cuanto más pobre la comunidad, mayor es la necesidad de ayuda, pero menor es su capacidad para proveerla. Esto es solamente otra manera de señalar que la ayuda, o la redistribución de ingresos, voluntaria o coercitiva, nunca es la verdadera solución a la pobreza, es, en el mejor de los casos, un alivio provisorio que puede enmascarar la enfermedad y mitigar el dolor, pero que no constituye una cura.”

“Más aun, las ayudas gubernamentales tienden a prolongar e intensificar la propia enfermedad que planean curar. Tales ayudas tienden constantemente a salirse de control. Incluso si se mantienen dentro de límites razonables tienden a reducir los incentivos para trabajar y ahorrar en ambos, aquellos que las reciben y aquellos que son forzados a pagarlas. Se puede decir de hecho, que prácticamente toda medida que el gobierno realiza con el ostensible objetivo de “ayudar a los pobres” tienen el efecto en el largo plazo de hacer todo lo contrario. Los economistas han sido una y otra vez forzados a señalar que casi todos los remedios populares para la pobreza solamente agravan el problema.”

En la conferencia antes citada menciono que redistribuir ingresos reduce el crecimiento económico (y el efecto de la curva que se muestra arriba) y tampoco genera un acto moralmente justificable ya que se trata de ayudar a alguien con el dinero de otros, no el propio. La “Paradoja de la Ayuda” que menciona Hazlitt muestra la salida que ofrece el capitalismo: por un lado permite que la gente produzca, prospere y salga de la pobreza, y, además, genera riqueza que luego éstos pueden ofrecer para ayudar a sus congeneres que necesitan.

Más producción, más riqueza y más ayuda voluntaria es muy diferente de redistribución por el estado, menos riqueza, clientelismo y politización.

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade).

OTRA VEZ SOBRE MARXISMO

Por Alberto Benegas Lynch (h)

 

Muchas veces he escrito y, desde luego, se ha escrito sobre marxismo pero nunca parece suficiente para intentar esclarecer sobre los errores de esta tradición de pensamiento y, consecuentemente, sobre los inconvenientes de la política contemporánea influida por esas recetas, las más de las veces sin reconocer la fuente pero imbuidos de la marcada tendencia a recortar el rol de la propiedad privada a través de la llamada “redistribución de ingresos” y afines.

 

En el Manifiesto Comunista de 1848, se sostiene que “la burguesía es incapaz de gobernar” porque “la existencia de la burguesía es incompatible con la sociedad” ya que “se apropia de los productos del trabajo. La burguesía engendra, por sí misma, a sus propios enterradores. Su destrucción es tan inevitable como el triunfo del proletariado” (secciones 31 y 32 del segundo capítulo).

 

Y mas adelante Marx y Engels escriben que “pueden sin duda los comunistas resumir toda su teoría en esta sola expresión: abolición de la propiedad privada” (sección 36 del capítulo tercero), para concluir en la necesidad de que el proletariado se ubique en el vértice político : “los proletarios se servirán de su supremacía política para arrebatar poco a poco a la burguesía toda clase de capital para centralizar todos los instrumentos de producción en manos del Estado, es decir, en las del proletariado organizado como clase gobernante” (sección 52 del mismo capítulo, el cual concluye con la necesidad de la revolución en la sección 54).

 

Lenin era más sagaz que sus maestros ya que nunca creyó que el llamado proletariado podía dirigir y mucho menos gobernar una revolución (ni en ninguna circunstancia). Por eso escribió lo que aparece en las páginas 391-2 del quinto tomo de sus obras completas en el sentido que el vehículo de lo que denominaba “la ciencia socialista”, a su juicio, “no es el proletariado sino la intelligentsia burguesa: el socialismo contemporáneo ha nacido en las cabezas de miembros individuales de esta clase”. Por esto también es que Paul Johnson en su Historia del mundo moderno destaca que Lenin “nunca visitó una fábrica ni pisó una granja”.

 

Todas las revoluciones de todas las épocas han sido preparadas, programadas y ejecutadas por intelectuales. Los obreros han sido carne de cañón y un adorno para los distraídos. Por esto es que resulta tan importante la educación, los estudiantes y los intelectuales porque, para bien o para mal, de esa formación depende el futuro.

 

De todos los dirigentes comunistas el que mejor vislumbró este punto crucial fue Antonio Gramsci en sus escritos desde la cárcel fascista. Denominaba “guerra de posición” a la tarea de influir en la cultura y “guerra de momento” a la toma del poder. Creía en la trascendencia de la educación en todos los niveles, especialmente en las faenas realizadas en las familias de obreros para entrenarlos y formarlos como intelectuales defensores de los principios comunistas.

 

Es muy común al indagar en las experiencias de antiguos socialistas convertidos al liberalismo, que se advierta que el autor que mas atrajo atenciones en cuanto a sus posturas intelectuales anteriores era precisamente Gramsci. Pensadores de fuste no son atraídos por los métodos violentos sino por las tareas de la educación y la cultura. Por otra parte, en mis conversaciones con estas personas he comprobado que, en general, el campo de conocimiento que los ayudó a transitar el cambio de una posición a otra ha sido el de los mercados competitivos, al percibir que, además de la falta de respeto a la dignidad humana, la prepotencia estatal no puede contra los arreglos libres y voluntarios en el contexto de los marcos institucionales de una sociedad abierta.

 

El conocimiento está disperso y fraccionado, lo cual se pone de manifiesto a través de los precios de mercado que tramiten información a los operadores para asignar factores productivos a las áreas más requeridas. En la medida en que aciertan obtienen ganancias, en la medida en que se equivocan incurren en quebrantos. Los megalómanos de turno, con la intención de “dirigir la economía”, están, de hecho, concentrando ignorancia y apuntan a sustituir el conocimiento de millones de personas es sus respectivos “spots” por directivas ciegas emanadas desde el vértice del poder, puesto que resulta imposible contar con la información presente en los millones de arreglos contractuales simplemente porque no está disponible antes que las operaciones se concreten.

 

Por otra parte, al arremeter contra la propiedad privada se debilitan hasta desaparecer las antes mencionadas señales, es decir, los precios, con lo que nadie sabe como proceder con los siempre escasos factores productivos. En otros términos, además de la falta de respeto a las libertades de las personas, las distintas vertientes del régimen de planificación estatal constituyen un imposible técnico. Sin precios o con precios falseados se desvanece la posibilidad de la evaluación de proyectos y la misma contabilidad. Se puede mandar, ordenar y decretar por puro capricho con el apoyo de la fuerza bruta, pero no puede conocerse la marcha de la economía allí donde se bloquean las señales que permiten asignar económicamente los recursos disponibles.

 

Entre otros, estos han sido los errores fatales de Marx y sus seguidores de todos los colores y constituyen las razones del derrumbe del Muro de la Vergüenza en Berlín y de los reiterados y estrepitosos fracasos de la planificación estatal de las haciendas ajenas. Por eso los almacenes están rebosantes de mercancías cuando se permite que funcionen los procesos de mercado y quedan anémicos y vacíos cuando se entromete la arrogancia y la soberbia inaudita del planificador gubernamental.

 

Thomas Sowell en su formidable Marxism: Philosophy and Economics, entre otros muchos asuntos, apunta sobre el materialismo filosófico de Marx ya puesto de manifiesto en su tesis doctoral sobre Demócrito y reiterada en varias de sus obras, por ejemplo, en La sagrada familia. Crítica de la crítica. Esta posición que Popper ha bautizado como determinismo físico, no permite tal cosa como proposiciones verdaderas o falsas, ideas autogeneradas, la revisión de los propios juicios, la moral, la responsabilidad individual y la libertad.

 

Como también hemos señalado en otras oportunidades, la violencia está indisolublemente atada al marxismo. Por esto es que en el Manifiesto comunista Marx y Engels “declaran abiertamente que no pueden alcanzar los objetivos más que destruyendo por la violencia el antiguo orden social”. Por esto es que Marx en Las luchas de clases en Francia en 1850 y al año siguiente en 18 de Brumario condena enfáticamente las propuestas de establecer socialismos voluntarios como islotes en el contexto de una sociedad abierta. Por eso es que Engles también condena a los que consideran a la violencia sistemática como algo inconveniente, tal como ocurrió, por ejemplo, en el caso de Eugen Dühring por lo que Engels escribió El Antidühring en donde subraya el “alto vuelo moral y espiritual” de la violencia, lo cual ratifica Lenin en El Estado y la Revolución, trabajo en el que se lee que “la sustitución del estado burgués por el estado proletario es imposible sin una revolución violenta”.

 

Lo dicho no va en desmedro de la conjetura respecto a la honestidad intelectual de Marx, como también he consignado hace poco, en cuanto a que su tesis de la plusvalía y la consiguiente explotación no la reivindicó una vez aparecida la teoría subjetiva del valor expuesta por Carl Menger en 1870 que echaba por tierra con la teoría del valor-trabajo marxista. Por ello es que después de publicado el primer tomo de El capital en 1867 no publicó más sobre el tema, a pesar de que tenía redactados los otros dos tomos de esa obra tal como nos informa Engels en la introducción la segundo tomo veinte años después de la muerte de Marx y treinta después de la aparición del primer tomo. A pesar de contar con 49 años de edad cuando publicó el primer tomo y a pesar de ser un escritor muy prolífico se abstuvo de publicar sobre el tema central de su tesis de la explotación y solo publicó dos trabajos adicionales: sobre el programa Gotha y el folleto sobre la comuna de Paris.

 

Para ampliar y estudiar los aspectos más relevantes del fracaso marxista, es de gran interés consultar la obra titulada Marx Refuted. A Veredict of History, donde aparecen trabajos de Milton Friedman, Alexander Solzhenitsyn, Vladimir, Bukouvsky, Arthur Koestler, Karl Popper, Anthony Flew, Frederich Hayek y Andrei Sakharov.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. En Administración. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y fue profesor y primer Rector de ESEADE.