Con default o sin default estamos en el horno

Por Roberto H. Cachanosky. Publicado el 20/7/14 en: http://economiaparatodos.net/y-dale-con-el-tema-del-default/

 

La buena noticia pareciera ser que es que el gobierno que hizo todo este destrozo económico puede llegar a tener que pagar el costo político de su ambición autoritaria

Francamente, a esta altura del partido seguir hablando de los holdouts (o fondos buitres como le gusta decir al gobierno) si le pagamos o no le pagamos, si caemos en default o no caemos en default, resulta casi una tortura.

Por empezar nadie tiene la más mínima idea sobre cómo puede terminar esta historia por la sencilla razón que ni el mismo gobierno debe saber qué va a hacer mañana. Todos sabemos que su estrategia es la improvisación y no veo ninguna razón por la cual vaya a cambiar su modo de actuar en este tema de los holdouts. Es decir improvisar según las circunstancias llegado el momento.

Para hacerla fácil: lo que sabemos es que el gobierno perdió un juicio con una parte de los holdouts. Lo segundo que sabemos es que el gobierno inventa que si le paga a los holdouts de acuerdo al fallo de Griessa, se dispara la cláusula RUFO ((Rights Upon Future Offers), esto significa que al pagarle más a los holdouts obligatoriamente tiene que pagarle  más a todos los que entraron al canje. ¿Por qué es un invento del gobierno? Porque el anexo I del pliego del canje establece que la cláusula RUFO se dispara si el gobierno VOLUNTARIAMENTE le paga más a los holdouts. Pero aquí no hay un mejor pago en forma VOLUNTARIA del gobierno, sino que el gobierno argentino tiene que cumplir con el fallo de la justicia a la cual voluntariamente se sometieron Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner al firmar los correspondientes canjes. Así que es puro verso que el fallo de Griessa quiere llevar a la Argentina al default.

Tampoco al otro día de cobrar NML van a aparecer en la ventanilla los otros U$S 15.000 millones en holdouts para cobrar en base al fallo de Griessa. ¿Entonces? Entonces lo que tenemos es que el gobierno ya no puede seguir estirando los tiempos e intentar llegar al 2015 con el juicio en el freezer y colocando deuda en el mercado voluntario, aunque sea a tasas altas, para poder llegar al final del mandato. Terminada la franela judicial, me parece que al gobierno le va a ser muy complicado poder colocar deuda en el mercado voluntario sabiendo los eventuales acreedores que en el mediano plazo están pendientes los U$S 15.000 millones de los holdouts que todavía tienen la opción de cobrar. Es decir, el que le preste un dólar al gobierno sabe que hay una cola de U$S 15.000 millones esperando cobrar.

El dilema del gobierno no es si le paga a NML que entra en default por la cláusula RUFO, el dilema del gobierno es que sabe que al rechazar la Corte Suprema de Justicia de EE.UU. tratar el caso argentino, el gobierno se quedó sin tiempo y sin financiamiento para llegar al 2015.

Visto desde el punto de vista del gobierno es un problema, visto desde el punto de vista del país no es tan malo por dos razones: a) se evita que Argentina tome deuda para financiar más populismo y dejarle al próximo gobierno una situación peor a la actual y b) si el gobierno tuviera la posibilidad de colocar deuda en el mercado voluntario de deuda podría evitar una crisis y llegar al 2015 estirando la mecha para que la bomba le explote al próximo gobierno.

Visto desde el punto de vista de la conveniencia del país, entonces, lo mejor que puede ocurrir es que sea este gobierno, que fue el que armó todo este lío económico populista, el que asuma plenamente el costo político del desastre que hizo durante 11 años con el solo objetivo de acumular cada vez más poder.

Obviamente que lo que acabo de decir va a sonar espantoso para quienes se consideran políticamente correctos y dicen que hay que ayudar a CFK a terminar su mandato, que es lo mismo que decir que hay que ayudarla a terminar de demoler el país, pero sería bueno que de una vez por todas los que destrozan el país en busca de poder absoluto terminen pagando el costo político y jurídico de sus actos.

Si el gobierno no puede acceder al crédito externo tendrá que afrontar los problemas fiscales con: a) mayor carga tributaria, lo cual puede llevar a una rebelión fiscal, b) más emisión monetaria haciendo estallar el mercado de cambios y la inflación y/o c) tomar deuda en el mercado interno ahogando más la economía, profundizando la recesión, lo cual haría bajar más la recaudación, aumentando el déficit fiscal y generando una serie crisis social por desocupación y caída del salario real.

Por supuesto que si el gobierno va a un default de toda la deuda la situación va a ser mucho más crítica que la actual y seguramente lo use como argumento para buscar a otro responsable de los desastres que ellos hacen.

En definitiva, la buena noticia pareciera ser que es que el gobierno que hizo todo este destrozo económico puede llegar a tener que pagar el costo político de su ambición autoritaria. Obvio que el óptimo hubiese sido que hubiese gobernado con decencia, eficientemente, en forma democrática y republicana y Argentina hubiese aprovechado una década de condiciones internacionales excepcionales. Pero lamentablemente la cosa no fue así. Esas condiciones excepcionales fueron utilizadas para acumular poder, ejercerlo en forma despótica y destruir la economía.

Tal vez, si por una vez en la historia argentina, el que hace el lío tiene que pagar el costo político de sus desastres, en el futuro los gobernantes tendrán mucho más cuidado al momento de tratar de hacer populismo y acumular poder hasta destruir la democracia republicana.

Finalmente, otra buena noticia, cuánto menos dure la destrucción de la economía, más rápida la recuperación en el futuro.

 

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE.

El tema de la deuda gubernamental

Por Alberto Benegas Lynch. Publicado el 26/4/13 en http://diariodeamerica.com/front_nota_detalle.php?id_noticia=7769

A raíz de mi exposición en el congreso con motivo de los 25 años de la Fundación Libertad en Rosario (Argentina), a principios del corriente mes de abril, en la que sugerí distintas medidas para revertir la difícil situación por la que atraviesan muchos países, algunas personas allí presentes me solicitaron que me explayara sobre uno de mis puntos que aludió al endeudamiento público, lo cual hice sumariamente en esa ocasión y me propongo hacer ahora en forma algo más detenida, aunque he desarrollado el tema extensamente en dos de mis libros.

En 1798, Thomas Jefferson, en carta dirigida a John Taylor relata la impresión que en su momento tuvo al leer la flamante Constitución estadounidense cuando era embajador en París: “Desearía que fuera posible introducir un enmienda a nuestra Constitución. Estaría dispuesto a depender solamente de ella para la reducción de la administración de nuestro gobierno en base a los principios genuinos de la Constitución: quiero decir, un artículo adicional por el que se saque del gobierno federal el poder de endeudarse”.

Es de interesante detenerse a considerar esta preocupación circunscripta principalmente al gobierno central debido a la atención primordial que los Padres Fundadores le atribuían al federalismo (por ello muchos de ellos insistían en limitarse a revisar los Artículos de la Confederación y no elaborar una Constitución nueva y de donde parió el fértil y sonado debate entre federalistas y antifederalistas), pero el tema se extiende también a la deuda de los estados miembros de la unión.

El asunto es bifronte, por un lado, se apuntaba a minimizar el poder forzando a que se financiaran con el producto de los recursos presentes, es decir, los impuestos y, en el límite, cuando los gobiernos se extralimitan y abusan del poder que les fue conferido, alentar la rebelión fiscal tan consubstanciada con la Revolución Norteamericana, comenzando con los impuestos al té en Boston. Pero, por otra parte, mostrar que la deuda gubernamental es incompatible con la democracia en el sentido de que compromete patrimonios de futuras generaciones que no han participado en el proceso electoral que eligió a los gobernantes que contrajeron la deuda.

Se podrá argüir que, como contrapartida, las futuras generaciones podrán gozar de los beneficios de las obras que se construyeron con los recursos provenientes de la deuda. Esto debe analizarse desde varios ángulos. En primer lugar, no puede concluirse que existen beneficios cuando el procedimiento fue realizado compulsivamente con los recursos detraídos del fruto del trabajo de otros. Diferente es cuando el proceso es voluntario asumiendo los riesgos con patrimonio propio, en ese caso los resultados podrán criticarse por futuras generaciones pero no puede objetarse la legitimidad de usar y disponer de lo propio que no comprometen bienes pertenecientes a terceros.

Por otra parte, hay aquí  una cuestión de finanzas públicas que debe ser considerado. Por definición, una inversión es realizada voluntariamente sopesando la preferencia temporal en el sentido de evaluar las ventajas de consumir en el presente o ahorrar e invertir al efecto de conjeturar que el beneficio será mayor en el futuro. Por ello es que “ahorro forzoso” constituye una contradicción el los términos. Del mismo modo, tal como nos enseña Rothbard en su tratado de economía, la clasificación de “inversión pública” (o estatal) carece por completo de rigor en economía, puesto que siempre se trata de un gasto. La noción de inversión no parte de una idea caprichosa y arbitraria, como si fuera simplemente lo que genera un bien durable puesto que las pirámides egipcias son por cierto durables pero difícilmente puedan catalogarse seriamente como inversiones. En otros términos, la inversión no está escindida del mercado y es del todo ajena a las imposiciones políticas.

En el caso que nos ocupa, no es procedente intrapolar lo que ocurre en una empresa privada a la administración pública en cuanto a la evaluación de proyectos referida al pago al contado frente al pago diferido al contraer una deuda, del mismo modo que en la visión convencional del gobierno no es pertinente calcular el retorno sobre la inversión de la Justicia.

Las llamadas obras públicas deben privatizarse con lo que las formas de pago se derivan de la situación de mercado en cuyo contexto cada cual asume los riesgos correspondientes. Por otra parte, la historia muestra el testimonio de obras colosales realizadas por el sector privado se traten de represas, telefonía, electricidad y autopistas (en mi libro Las oligarquías reinantes. Buenos Aires, Editorial Atlántida, 1999 -que prologó mi querido amigo J. F. Revel- me detengo en este último punto desde los peajes en los ríos navegables hasta las modernas carreteras y calles y los diferentes sistemas aplicados en zonas residenciales, industriales y centros comerciales).

Por otra parte, son precisamente las obras públicas la fuente más potente de corrupción en todos los gobiernos. Sin duda que al referirnos a la deuda gubernamental, no estamos diferenciando entre la externa y la interna puesto que la naturaleza del problema es la misma en ambos casos (también en este contexto debe tenerse en cuenta que no habría lugar para programas tales como la mal llamada “seguridad social” que, además de constituir un estafa a los más necesitados, significa la confiscación de los ingresos de todos).

En situaciones extremas, se ha sugerido tercerizar el servicio correspondiente con pagos al contado que signifiquen beneficios al tercerizado que compensen el descuento. En este panorama general, de más está decir que resulta indispensable cerrar los grifos posibles para la inflación monetaria a través de la liquidación de la banca central al efecto de que la gente pueda elegir los activos monetarios que estime convenientes, tal como lo han propuesto autores de renombre como Hayek , Gary Becker, Buchanan y en la última versión monetaria de Friedman, siempre  en un cuadro de situación en el que queda abolida la manipulación política de los encajes bancarios (sea a través del free-banking o de la reserva total para cuentas corrientes según prospere este muy jugoso debate).

Hoy vivimos la crisis de las deudas elefantiásicas como consecuencia de astronómicos incrementos en los gastos del Leviatán, fomentados por instituciones inauditas como el Fondo Monetario Internacional que, como han expresado Anna Schwartz, Peter Bauer, Karl Brunner, Melvyn Krauss, James Bovard y tantos otros, ha servido y sirve para financiar y consolidar -con recursos detraídos a los contribuyentes de diversos países -absurdas políticas que demuelen instituciones clave como la propiedad privada, la moneda sana, la razonabilidad tributaria y la prudencia en el gasto y en la referida deuda estatal (hay gobiernos como el actual argentino que se separan del FMI al solo efecto de evitar auditorias de organismos oficiales que fabrican cifras falsas, y ha reemplazado con creces su deuda con ese organismo vía endeudamiento interno).

En línea equivalente a lo expresado, el antes mencionado premio Nobel en Economía James Buchanan arriba a varias conclusiones sobre la deuda gubernamental. Primero, subraya lo que denomina la peligrosa  “ilusión fiscal” que genera ese tipo de deuda que permite que se gaste en el presente con recursos que se demandarán en el futuro (en “Public Debt, Cost Theory and Fiscal Illusion”, Public Debt and Future Generations, J. M. Ferguson, ed., University of North Carolina Press). Segundo, sostiene que “es inmoral que una generación imponga el pago a otra para el beneficio de la primera” (en “Budgetary Bias in Post-Keynesian Politics: The Erosion and Potential Replacement of Fiscal Norms”, Deficits, J. M. Buchanan, C. K. Rowley y R. Tollison eds.,  Basil Blackwell). Tercero, enfatiza que la generación que se hace cargo “no tuvo derecho a participar en la decisión” (en “The Ethics of Debt Default”, también en Deficit, op.cit.). Y finalmente, para rematar la situación, Buchanan sostiene que, por ejemplo, “el gobierno de los Estados Unidos ha incurrido repetidamente, de hecho, en default  de la deuda a través de la inflación” (en “Bugetary…op. cit.).

La vida se traduce en trade-offs puesto que no es posible realizar todo al mismo tiempo. La vida es una constante elección de prioridades. En el caso de la deuda gubernamental, deben sopesarse las ventajas circunstanciales del endeudamiento con los peligros manifiestos del Leviatán desbocado y, para recurrir a una expresión futbolística, abstenerse de “patear la pelota para adelante” y jugar lo que se debe jugar en el momento sin endosar los problemas al futuro que, en el caso que nos ocupa, además significa hacer de cuenta que se disponen de más recursos de los que en verdad existen para ganar elecciones sin importar la carga de la herencia que se trasmite.

Por supuesto que se han sugerido otras limitaciones constitucionales para embretar a los aparatos estatales con el propósito de que se circunscriban a lo que en esta instancia del proceso de evolución cultural se estima son las misiones específicas en un gobierno republicano. Algunas de ellas son el establecimiento de topes para el gasto en relación al producto (siempre atentos a la trampa de que incrementos en ese guarismo justifican aumentos en el gasto), pero la prohibición de incurrir en déficit fiscal no tendría sentido puesto que se tornaría irrelevante y superflua la iniciativa si se presta atención a lo que aquí dejamos consignados puesto que no resultaría posible endeudarse ni falsificar moneda.

En Estados Unidos, durante parte de la administración de Reagan, se introdujo una política conocida como starve the beast aconsejada por personalidades como quien había sido hace tiempo Secretario del Tesoro, el formidable William E. Simon. La idea consistía en bloquear la posibilidad de elevar tributos y la emisión monetaria para que el gobierno se vea impelido a reducir el gasto. Pues bien, el resultado fue una acelerada elevación de la deuda pública y el gasto trepó a niveles inusitados, lo cual se complicó con compromisos parlamentarios incumplidos. Si esto ocurrió en la administración de quien insistía a los cuatro vientos hasta el final de su mandato que “el gobierno no es la solución, es el problema”, podemos imaginar la política de otros países. Aquella política estadounidense bienintencionada es lo que hizo que renunciara David Stockman, una de las cabezas del equipo económico, relato que se encuentra consignado en su libro bajo el sugestivo título de The Triunph of Politics. The Inside Story of the Reagan Revolution (episodios también revelados en la obra de Edwin Meese, ex Procurdor General de Reagan, titulada With Reagan).

La deuda estatal no solo afecta el mercado de capitales en cuanto a que sustrae parte de los siempre escasos factores productivos, sino que afecta la tasa de interés con lo que se modifica artificialmente la relación consumo presente-consumo futuro (además de la ingerencia gubernamental directa en este delicado precio). En la actualidad, como no resulta suficiente succionar ahorros locales e incluso ahorros del exterior en gran escala se permite que entre departamentos del mismo gobierno se pueda emitir y adquirir deuda, es decir, monetizarla, lo cual no solo compromete patrimonios futuros sino que grava con inflación el presente distorsionando los precios relativos con el consecuente consumo de capital y reducción de ingresos y salarios en términos reales.

Si estamos interesados en preservar espacios de libertad y proteger así las autonomías individuales, debemos atender las causas del avance de los gobiernos sobre las vidas y las haciendas de las personas y no meramente quejarnos por las consecuencias del atropello. Como bien ha puesto Cervantes en boca del Quijote: “La libertad Sancho, es uno de los más preciados dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra, ni el mar encubre; por la libertad, así como por la honra, se puede y se debe aventurar la vida; y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres”.

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía, Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y fue profesor y primer Rector de ESEADE.

 

El tema impositivo

Por Alberto Benegas Lynch (h). Publicado el 20/9/12 en http://diariodeamerica.com/front_nota_detalle.php?id_noticia=7497

Hoy en día se han violado normas elementales y el monopolio de la violencia que denominamos gobierno se ha vuelto en general tan adiposo que atropella a quienes teóricamente lo contrataron para su protección y, en lugar de ello, el mandatario ha mutado en mandante.

Lo primero para entender el significado de los impuestos es comprender que el aparato estatal está al servicio de la gente y que, por ende, los burócratas son meros empleados de los habitantes del país de que se trate. Esta subordinación de los agentes estatales a quienes residen en una nación se concreta en la obligación de los primeros a proteger y garantizar los derechos de los segundos, derechos que son anteriores y superiores a la misma existencia de los gobiernos.
 
Mientras progresa el debate sobre externalidades, bienes públicos y el dilema del prisionero, aparece necesario el impuesto que como su nombre lo indica es consecuencia del uso de la fuerza al efecto de cumplir con la misión específica anteriormente señalada. Subrayamos esto último, no se trata de que el Leviatán se arrogue facultades y avance sobre las libertades individuales. Este es el mayor de los peligros, por ello en la larga tradición constitucional se han puesto vallas y límites diversos al poder.
 
Hoy en día se han violado normas elementales y el monopolio de la violencia que denominamos gobierno se ha vuelto en general tan adiposo que atropella a quienes teóricamente lo contrataron para su protección y, en lugar de ello, el mandatario ha mutado en mandante. Como se ha dicho en el contexto de la tradición estadounidense, tal vez haya sido un error denominar “gobierno” a la entidad encargada de velar por el derecho del mismo modo que al guardián de la propiedad de una empresa no se lo denomina “gerente general”. Cada uno debe gobernarse -es decir, mandarse a si mismo- y, en esta etapa del proceso de evolución cultural (nunca se llega a una instancia final), las personas delegan esa protección en el agente fiscal.
 
De todos modos, es de especial interés destacar que cuando los aparatos estatales se arrogan facultades y atribuciones impropias para estrangular libertades (incluso con el apoyo de mayorías circunstanciales), forma parte de la mejor tradición liberal ejercer el derecho a la resistencia, en este caso, recurrir a la rebelión fiscal, cuyo origen se remonta a la independencia norteamericana que dio pie al experimento más extraordinario en lo que va de la historia de la humanidad. Más aun, se justifica dicha rebelión fiscal cuando no solo los gobiernos invaden áreas que no les corresponde sino cuando no prestan los mínimos servicios para los que fueron contratados, léase una pésima atención a la seguridad y la justicia, campos que habitualmente incumplen los políticos en funciones. En esta línea argumental, en todos lados se observan campañas electorales en las que nuevos candidatos prometen cambios en cuanto a la eliminación de la recurrente corrupción y poner manos a la obra respecto a la prestación de los servicios de seguridad y justicia siempre deteriorados en mayor o menor grado.
 
No solo hay dobles y triples imposiciones, sino que nadie entiende cuanto debe pagar debido a que las legislaciones tributarias son incomprensibles y fabricadas para que surja esa curiosa especialización de los “expertos fiscales”. Si los impuestos resultaran claros y fueran pocos, aquellos especialistas podrían liberarse para dedicarse a actividades útiles.
 
Hemos sugerido antes sustituir todos los impuestos por dos tributos: uno del valor agregado que no solo cubre la base más amplia posible sino que el sistema implícito de impuestos a cargo e impuestos a favor reduce la necesidad de controles. Por otra parte, es conveniente complementar el anterior con un gravamen territorial al efecto de que paguen quienes no viven en el país en el que tienen propiedades, las que también requieren la debida protección. Hoy en día, en lugar de aplicar el principio de territorialidad, es decir, cobrar impuestos a quienes requieren los servicios de protección en la jurisdicción del gobierno en cuestión, se aplica el principio de nacionalidad al efecto de perseguir al contribuyente donde quiera se encuentre aunque el perseguidor no le proporcione servicio alguno en el exterior. En verdad, este último principio es el de voracidad fiscal.
 
Ambos impuestos, el del valor agregado y el territorial no deben ser progresivos. Como es sabido, la progresividad significa que la alícuota progresa a media que progresa el objeto imponible. A diferencia de los gravámenes proporcionales, el progresivo obstruye la necesaria movilidad social, altera las posiciones patrimoniales relativas ya que contraría las indicaciones del consumidor en el mercado con sus compras y abstenciones de hacerlo y se traduce en manifiesta regresividad puesto que los contribuyentes de jure al disminuir sus inversiones reducen salarios e ingresos en términos reales de los más necesitados.
 
Es en verdad llamativo que muchos de los gobiernos que asumen, en el mejor de los casos centran su atención en la caja para lo que suelen incrementar más aun los impuestos, al tiempo que continúan comprometiendo patrimonios de futuras generaciones a través de la deuda pública, sea interna o externa y mantienen o aumentan el deterioro del signo monetario vía procesos inflacionarios que es otra forma de tributación. Y todo ello para financiar un gasto siempre creciente.
 
Antes de la Primera Guerra Mundial el gasto estatal sobre el producto oscilaba entre el dos y el ocho por ciento. En la actualidad el Leviatán consume desde el cuarenta hasta el setenta por ciento de la renta disponible. En cuanto a la presión tributaria, Agustín Monteverde ha producido un notable trabajo referido al caso argentino que resulta muy ilustrativo respecto a lo que venimos comentando. A continuación lo que transcribo proviene de ideas y procedimientos consignados en el mencionado ensayo.
 
Entre otras muchas cosas, dice Monteverde que para calcular el peso de los impuestos naturalmente deben incluirse todos, sean nacionales, provinciales y municipales y también los que llevan otros nombres como “tasas”, “contribuciones”, “retenciones”, “aportes previsionales”, “seguridad social”, “obras sociales” y demás subterfugios que suelen enmascarar tributos. También subraya el autor que, a estos efectos, no debe inflarse el producto agregando cálculos de lo que se produce en el mercado informal o “en negro” ajeno a buena parte de los barquinazos del “blanco” y, en este contexto, tampoco debe incluirse en el producto bruto interno los impuestos (como cálculo de los “servicios” prestados) ya que no tiene sentido relacionar impuestos con los mismos impuestos en el numerador y en el denominador de la ratio correspondiente.
 
Monteverde concluye que, en el momento de su estudio, la presión fiscal argentina era nada menos que el 58, 9 %, pero de viva voz manifestó que estaba actualizando el trabajo y que el nuevo resultado arrojaba el escalofriante guarismo de 63 % sin incluir el impuesto inflacionario, todo en el marco de los degradados “servicios” que son del dominio público que constituyen una afrenta al sentido común y un despiadado ataque al fruto del trabajo ajeno.
 
Aunque no lo tengo a mano, recuerdo un sesudo y muy bien documentado artículo de hace tiempo de Roberto Cachanosky en el que llegaba a la conclusión que la presión impositiva argentina era del 60%, y ahora Agustín Etchebarne, centrando su atención en un trabajador que en suelo argentino percibe 5.000 pesos mensuales, resulta que el gobierno le arranca el 53% de su propiedad. En todo caso, cualquiera de los ensayos serios en la materia revelan un abuso superlativo al contribuyente que muy lejos de servirlo lo exprime cual limonero y no se extermina el árbol solo porque el fisco se queda sin renta…¡vaya consideración a quienes teóricamente contratan empleados para que los protejan en sus derechos!

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía, Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y fue profesor y primer Rector de ESEADE.

Argentina, no tengas miedo:

Por Alejandro A. Tagliavini: Publicado el 30/5/12 en http://www.hoybolivia.com/Blog.php?IdBlog=38119&tit=argentina_no_tengas_miedo&_pagi_pg=2

Marcos Aguinis, renombrado literato, escribió en La Nación de Buenos Aires que “perturba que el poder nacional haya quedado reducido a una persona… ¿O hemos retrocedido al Estado de Luis XIV? ¿O a la URSS de Stalin?”. Con ayuda de los ‘opositores’ tanto que, continúa Aguinis,  “se limitan a maquillajes,… respuestas confusas a la agenda oficial, ambiciones personales… reproducen ad náuseam el modelo populista (oportunista)… No se han dado cuenta de que China… desde que… (dejó el) modelo colectivista de Mao, ¡aumentó 45 veces su PBI!”

Este proyecto de tiranía, donde “impera una corrupción monstruosa, superior a la de cualquier gobierno del pasado” según Aguinis, llega al colmo de pretender obligar a pensar.

Así, el senador Aníbal Fernández casi ordenó ‘váyanse haciendo a la idea de que hay que pensar en pesos’ y continuó diciendo que “el dólar… no se emite en Argentina” (habrá querido decir que al peso lo emite su gobierno) y remató asegurando que “nadie le quiere perjudicar la vida a nadie”, cierto, mientras se haga y se piense como el oficialismo decida, o reprimirán con el monopolio estatal de la violencia.

Sucede que el gobierno argentino, entre tantas barbaridades, está empezando a implementar un control de cambios de divisas al estilo de Venezuela, que “sufre un autoritarismo” dice Aguinis, y tan ‘democrático’ que Chávez llegó a afirmar que los opositores “Nunca serán gobierno, escríbanlo”. El control de cambios fue endurecido por la “revolución” chavista y, ahora, la Comisión de Administración de Divisas, creada en 2003, no solo pretende digitar todo el mercado sino que prohíbe, impidiendo la libertad de prensa, hablar del dólar libre, en el mercado no oficial (según algunos, alimentado por los dólares de la corrupta PDVSA), al que los venezolanos habitualmente se refieren, por ejemplo, como “lechuga”.

Contra las imposiciones de este proyecto de tiranía argentino (o monarquía absolutista, ya que están planeando que gobierne el tercer Kirchner después de Néstor y Cristina), el pequeño pero aguerrido Partido Liberal Libertario, puso una mesa en la calle para la compra y venta de dólares y su presidente aseguró que, cuando las leyes son inmorales, hay que rebelarse, particularmente contra los agentes recaudadores de impuestos que allí acechaban.

Un clásico de clásicos, Tomás de Aquino, asegura que “Si el gobierno, injusto fuera de uno solo, para procurarse sus propias comodidades… se llamaría tirano…”. Y más adelante “… el dominio por modo de sujeción servil, introducido fue por el pecado…”. El Prof. José Luis Parada Rodríguez recuerda que para el tomismo “Cuando las leyes del tirano son injustas (…para satisfacer la avaricia…)… no pueden ser vistas… como de obligado cumplimiento, más allá de que el tirano use la fuerza… (y, si) se impusiesen leyes contra el bien divino, considera santo Tomás que no es lícito obedecerlas”.

Estos proyectos de tiranía temen perder el poder porque, en su soberbia y avaricia, sienten que sin él no son nada y que corren riesgos. La violencia es hija del miedo y por eso están dispuestos a reprimir (la vida económica y social) cada vez más. Así, parafraseando a Juan Pablo II, digamos a los argentinos “no tengáis miedo”, a rebelarse pacíficamente (y poner la otra mejilla si fuese necesario) y desconocer la iniquidad, porque ésta no podrá triunfar, ya que la violencia es contraria al hombre (y a Dios).

Alejandro A. Tagliavini es ingeniero graduado de la Universidad de Buenos Aires. Es Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California y fue miembro del Departamento de Política Económica de ESEADE.