América Latina elige, ¿qué elige?

Por Constanza Mazzina y Santiago Leiras. Publicado el 4/04/21 en: https://www.cronista.com/cronista-global/america-latina-elige-que-elige/

Ante un escenario complejo por el efecto de la pandemia, las tensiones ideológicas podrían mantenerse.

El 2021 se presenta como un nuevo año en el ciclo electoral latinoamericano inaugurado hace algunas décadas con la tercera ola de democratización en la región. En el transcurso del presente año habrá elecciones presidenciales en Ecuador, Chile, Perú, Haití, Honduras y Nicaragua; legislativas en El Salvador, México, Argentina, Haití y Chile; constituyentes en Haití y Chile; municipales en Bolivia, Chile, El Salvador y Paraguay; y estaduales en Bolivia y Chile.

Un mix completo en un año complejo: además de la crisis sanitaria, la región tiene otras «pandemias» que no logra resolver. Así, a las consecuencias del Covid19 y las diferentes respuestas que dieron los gobiernos latinoamericanos con más o menos eficacia, debemos resaltar el sistemático deterioro del Estado de Derecho, la crónica crisis de la democracia y la crisis de representación política.

Crisis que se arrastran y no se resuelven, y que agregan un elemento más de disconformidad en las ya descontentas ciudadanías latinoamericanas. Tomemos por caso la llegada de Jair Bolsonaro a la presidencia de Brasil: según los datos de Latinobarómetro del año 2018, un 65% de los ciudadanos señalaban que la democracia tenía problemas y para un 17% no había democracia. Así, la crítica a la democracia tuvo consecuencias electorales directamente consistentes con ella.

La reciente elección legislativa en El Salvador y el apoyo dado por la ciudadanía al presidente Bukele muestra que, lejos de castigarlo con su voto, lo han respaldado. En el mismo informe de Latinobarómetro de 2018, un 24% de los salvadoreños señalaban que no había democracia y para el 59% era una democracia con problemas. La tercera oleada democrática llegó al país centroamericano a mediados de los años noventa, luego de la firma de los acuerdos de paz de Chapultepec que pusieron fin a décadas de enfrentamiento armado en el territorio.

El regreso a la democracia configuró un sistema de partidos bipartidista de la mano de ARENA y del FMLN. La alternancia entre ambos en un contexto de creciente inseguridad y nuevos fenómenos como las maras, fue erosionando la democracia. Antes de la llegada de Bukele, solo el 11% de los salvadoreños estaban satisfechos con la democracia. Si en el 2018 la aprobación del gobierno en Brasil era de solo el 6%, en El Salvador rozaba el 22%, con una media regional en un escaso 32%.

Para cerrar este panorama, la confianza en el Parlamento era de un escaso 10%, la confianza en el gobierno del 10% (entonces era presidente Salvador Sánchez Ceren, del FMLN, igual que su antecesor, Mauricio Funes) y en los partidos políticos del 6%. El colapso del sistema consociativo de la democracia entre Arena y FMLN se encontraba en su fase terminal.

Así, Nayib Bukele logró presentarse como la figura emergente en un fuerte clima anti-político con un sesgo anti-establishment representado por los dos partidos históricos, un esquema de corrupción institucionalizada, y una significativa demanda de restauración del orden público: el resultado electoral de aquella elección presidencial y las recientes legislativas marcaron el fin de una época.

¿Se parece Bukele al fenómeno Trump/Bolsonaro, al modelo de Chávez o al de Álvaro Uribe? Probablemente a todos, posiblemente a ninguno de ellos. Lo cierto es que, de acuerdo al último informe de Democracy Index, El Salvador se transforma en un régimen híbrido, dejando atrás su condición de «democracia defectuosa».

El Salvador, Ecuador y Bolivia inauguraron un largo ciclo electoral pero ¿qué se elige? ¿elige la región girar a la izquierda? Quienes sostienen esta tesitura encuentran sus razones en el cambio acontecido en México (2018), Argentina y Bolivia (2019), en un clima de optimismo en relación al triunfo del candidato/delfín de Rafael Correa (el segundo, el anterior fue el propio Lenín Moreno) Andrés Arauz en Ecuador y el retorno de Lula Da Silva a la arena política, ya sin restricciones legales para una eventual candidatura presidencial, en un contexto de crisis del gobierno de Jair Bolsonaro en Brasil.

Haciendo un rápido recorrido ideológico por una buena parte de la región nos encontramos con 2 países de extrema izquierda (Nicaragua y Venezuela), 2 de izquierda (Bolivia y México) 1 de centro izquierda (Argentina), 2 de centro (Ecuador y Perú) 1 de centro derecha (Uruguay), 3 de derecha (Colombia, Chile y Paraguay) y 1 de extrema derecha (Brasil).

Estamos frente a un complejo escenario ideológico y lo que los latinoamericanos elijan en 2021 no parecería alterar sustantivamente este panorama.

Constanza Mazzina es doctora en Ciencias Políticas (UCA), master en Economía y Ciencias Políticas (ESEADE). Fue investigadora de ESEADE, Fundación F. A. von Hayek y UADE. Fue docente de la Universidad del Salvador en grado y postgrado y en el postgrado en desarme y no proliferación de NPSGlobal. Es profesora de ciencia política en la Fundación UADE. Síguela en @CMazzina

Dolarización en Ecuador después de 20 años

Por Nicolás Cachanosky. Publicado el 18/2/20 en: https://www.aier.org/article/dollarization-in-ecuador-after-20-years/

 

En enero, Ecuador celebró su 20 º aniversario de la dolarización. La Sociedad Bastiat de Guayaquil y el Instituto Ecuatoriano de Economía Política organizaron una conferencia para discutir los pros y los contras del régimen monetario ecuatoriano. Los oradores internacionales que participaron en la discusión incluyeron a Lawrence W. Reed, Manuel Hinds y Carlos E. Gonzales.

La dolarización es un tema delicado en países como Argentina , donde la política monetaria ha sido errática. Entonces fue interesante ver cómo los economistas y no economistas en Ecuador ven la dolarización. A continuación, compartiré dos conclusiones de mi reciente visita a Guayaquil, Ecuador.

La dolarización no se trata solo de la política monetaria

La dolarización es el reemplazo de la moneda extranjera (a menudo, pero no necesariamente, el dólar estadounidense) en lugar del dinero nacional. El sucre fue reemplazado por el dólar estadounidense en 2000, y desde entonces ha servido como moneda de Ecuador.

La dolarización tiene pros y contras . Una desventaja es que con la dolarización, un país utiliza la política monetaria de otros países en lugar de la suya. Sin embargo, este inconveniente no es la única característica de la dolarización. Hay profesionales a considerar también. Tal como la posibilidad de que el uso de una política monetaria extranjera pueda ser más eficiente que tener el propio banco central disfuncional. Otro beneficio, especialmente en países con un marco institucional débil, es que puede proporcionar un límite al gasto excesivo del gobierno.

El mensaje común que recibí de todas mis interacciones y conferencias es que los ecuatorianos ven la dolarización como una característica institucional primero, y como una herramienta de política monetaria en segundo lugar. Los ecuatorianos están principalmente preocupados por lo que haría un líder populista si tuviera el poder de financiar los gastos con dinero nuevo. Y con razón. Escuché repetidamente cómo la dolarización salvó a Ecuador de convertirse en otra Venezuela bajo la presidencia de Rafael Correa. Sí, Ecuador sufrió graves problemas monetarios, como las altas tasas de inflación, en los años previos a la dolarización. Sin embargo, su principal preocupación es institucional.

Este es un mensaje importante. En mi experiencia, quienes se oponen a la dolarización generalmente lo hacen porque impide que un país maneje los shocks extranjeros. Presuponen, a menudo con pocas razones para hacerlo, que el banco central gestionará dichos shocks de manera adecuada. Pero, incluso si suponemos que lo harían, uno debe tener en cuenta que los shocks extranjeros no son el único tema a considerar. También hay choques domésticos. Y la dolarización elimina en gran medida las conmociones internas que de otra forma vendrían de la politización de la política monetaria. 

Al considerar regímenes monetarios alternativos, uno no debe dejar que lo posible eclipse lo probable.

Un problema con las reformas institucionales es que las instituciones más débiles están en primer lugar, las reformas más profundas deben ser. Durante la década de 1990, por ejemplo, Argentina estaba bajo un acuerdo de junta monetaria. A principios de la década de 2000, en lugar de pasar a la dolarización total, Argentina abandonó su caja de conversión y separó el peso argentino del dólar estadounidense. Como resultado, los argentinos ahora ven una caja de conversión como una regla no creíble. Dado que los políticos argentinos rompieron ese compromiso monetario antes (y a un costo considerable), hay pocas razones para creer que mantendrían ese compromiso ahora. Eso significa que una caja de conversión ya no es una opción viable en Argentina. Se requiere una reforma más profunda, como la dolarización, para ganar credibilidad y anclar las expectativas.

Los ecuatorianos que abogan por una desdolarización de la economía y un retorno al sucre deben pensar con mucho cuidado sobre lo que están pidiendo. Ciertamente, uno puede imaginar un banco central que funcione bien y que funcione mejor para Ecuador que la dolarización. Pero nuestra capacidad de imaginar tal institución no implica en absoluto que sea probable que resulte. Abandonar el dólar corre el riesgo de quedarse atascado con un banco central a la Argentina, no con el banco central ideal y eficiente que los defensores del Sucre imaginan que obtendrán.

La dolarización no se trata solo de la política monetaria. También se trata de limitaciones institucionales. Los problemas de política monetaria fueron síntomas de debilidad institucional en Ecuador. La dolarización reafirmó esas debilidades institucionales al eliminar la necesidad de un banco central que funcione bien.

Un país con instituciones monetarias débiles necesita más que equilibrar el presupuesto de tesorería para obtener un banco central eficiente. Lo que un país en esta situación necesita son reformas institucionales más profundas que cambiarían los incentivos extractivos de los responsables políticos y mantendrían a los políticos bajo control. Una vez que esas instituciones estén bien establecidas, se puede pensar en abandonar la dolarización. Pero, hasta entonces, es mejor mantener el rumbo.

 

Nicolás Cachanosky es Doctor en Economía, (Suffolk University), Lic. en Economía, (UCA), Master en Economía y Ciencias Políticas, (ESEADE). Fué profesor de Finanzas Públicas en UCA y es Assistant Professor of Economics en Metropolitan State University of Denver.

Los desafíos de Lenín Moreno en la presidencia de Ecuador

Por Emilio Cárdenas. Publicado el 1/6/17 en: http://www.lanacion.com.ar/2029360-los-desafios-de-lenin-moreno-en-la-presidencia-de-ecuador

 

Con un largo discurso conciliador, Lenín Moreno asumió la semana pasada la presidencia de Ecuador. Reemplaza a quién fuera uno de los pilares del socialismo bolivariano: Rafael Correa, quien dejará a su país para, según ha anunciado, descansar y pasar tiempo reflexionando en medios académicos, en la Vieja Europa.

En su momento, Rafael Correa, de la mano de Hugo Chávez y Evo Morales, quiso instaurar en América Latina un sistema económico inviable: el del colectivismo, cuyo fracaso estrepitoso en Venezuela pudo bien haber sido el de toda la región.

Afortunadamente, el arbitrario Rafael Correa no tuvo éxito más allá de las fronteras de su propio país. Su ideología quedó a la vista cuando la información secuestrada en la computadora de Raúl Reyes -uno de los líderes de las FARC colombianas- confirmó que Correa (con Cuba y Venezuela) contribuía a mantener y a financiar a las FARC colombianas y al andar violento de otros grupos terroristas latinoamericanos.

Para impulsar el desarrollo de su país, Rafael Correa convocó a China, que hoy es, a la vez, el inversor externo más importante y el mayor acreedor de Ecuador. Durante sus mandatos, cercenó muy fuertemente -y sin disimulo alguno- la libertad de expresión y la de prensa a lo largo de una década, persiguiendo tenazmente a quienes no coincidían con su visión u opiniones, incluyendo a los principales medios opositores. Tiene, sin embargo, en su haber un logro no menor: el de haber disminuido sensiblemente la pobreza.

Lenín Moreno recibió la banda presidencial de manos de un emocionado Rafael Correa, de quien fuera vicepresidente durante seis años. Hoy Moreno es el único Jefe de Estado del mundo que gobierna desde una silla de ruedas. Ocurre que quedó parapléjico en 1988 como consecuencia de un asalto violento en el que recibió un tiro por la espalda. En su juventud, Lenín Moreno militó activamente en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria de Ecuador.

A la ceremonia de asunción del mando concurrieron, como es habitual, varios presidentes de nuestra región. Entre ellos Mauricio Macri. Pero no su principal «compañero de ruta» regional: Nicolás Maduro, quien luego de anunciar que asistiría no pudo hacerlo, jaqueado por las continuas protestas de su pueblo en las ciudades venezolanas. Ella tuvo lugar en la sede de la Asamblea Nacional. Dos presidentes llegaron tarde a la ceremonia: Mauricio Macri y el colombiano Juan Manuel Santos. Rafael Correa leyó un largo informe de su gestión, aplaudido en distintas oportunidades. La televisión ecuatoriana, sin embargo, evitó mostrar en cámara los carteles que, durante el acto, repudiaban la presencia de la delegación venezolana.

Luego vino el discurso inaugural de Lenín Moreno que duró poco más de una hora. Para quienes estaban acostumbrados a la sobreactuación de Rafael Correa, eso fue apenas un instante. El mensaje fue, esencialmente, una sobria invitación al diálogo. También incluyó el anuncio de una inevitable primera etapa de austeridad, consecuencia directa del irresponsable dispendio de su predecesor, que dejó a Ecuador con un Estado inepto y obeso, endeudado más allá de los límites legales con un agobiante pasivo externo que deberá reestructurarse. Anunció, asimismo, la confirmación de la continuidad de la «dolarización» de la economía ecuatoriana. Y la esperada reiteración de que, en su gestión, pondrá énfasis en lo social.

La economía ecuatoriana atraviesa un momento complejo. Muy debilitada por la caída de los precios internacionales del petróleo y el aumento del servicio de su pasivo externo. Azotada además por las consecuencias del duro terremoto de abril de 2016. El año pasado, Ecuador sólo pudo crecer al ritmo insuficiente del 1,5% de su PBI.

El derrotado candidato opositor, el empresario Guillermo Lasso, en rueda de prensa, reiteró sus acusaciones de fraude electoral y convocó a Lenín Moreno a liberar a los presos políticos; a hacer pública la corrupción que también allí aparece en torno a los contratos de la multinacional brasileña Odebrecht; a despolitizar la actividad propia de la gestión de gobierno; y a reducir la presión tributaria de modo de estimular las inversiones privadas.

El vicepresidente, Jorge Glas, a diferencia de Lenín Moreno, sostuvo que el líder opositor carece de «autoridad moral» para criticar al gobierno, o hacer propuestas. Continuando así el lamentable estilo belicoso de Rafael Correa

Lenín Moreno, sin embargo, tiene sus propios objetivos de gobierno. También un estilo diferente. Seguramente continuará transitando la vía del intervencionismo estatal en la debilitada economía ecuatoriana. Esto es seguir el sendero económico-social abierto por su predecesor. Tan parecería ser así, que en su superpoblado gabinete -de 23 ministros y tres secretarios de Estado- 15 ministros son ex funcionarios de Rafael Correa. Entre ellos, la Canciller, María Fernanda Espinosa Garcés, una activa mujer con experiencia en la política. Así como los ministros de Justicia, Industrias, Defensa, Agricultura, Vivienda y Salud, y la propia Secretaria General de Gobierno.

Rafael Correa culminó su gestión de una década luego de haber sido electo en las urnas tres veces. Con una aprobación del 62%. Polarizó fuertemente a su país. Deja tras de sí una infraestructura pública mejorada, particularmente en materia de caminos y aeropuertos. También una importante ampliación de capacidad en materia de generación hidroeléctrica. Su particular estilo: demagógico y paternalista, pero siempre arrogante, impetuoso, populista y hasta arbitrario, no será extrañado. La corrupción que floreciera en su derredor, tampoco. Correa fracasó en su intento de encerrar a América del Sur en sí misma, alejándola de los organismos regionales tradicionales.

Quizás la enorme agresividad contra los Estados Unidos, a los que Rafael Correa desalojó de la base militar en Mantra, disminuya ahora un tanto. Para Correa, esa actitud era un tema personal. Ocurre que su padre estuvo preso por largo rato en los Estados Unidos, acusado de tráfico de drogas. Por ello el ex presidente debió ser criado por su madre, en Guayaquil. Lo que seguramente lo marcó para toda la vida.

El contexto externo en el que le tocará actuar a Lenín Moreno será variado. Con gobiernos liberales, como el de Mauricio Macri o el que surja del probable retorno de Sebastián Piñera al timón de Chile. Y con el enorme signo de interrogación en el que se ha transformado Brasil, sumergido en un inmenso caos. Pero también con la probable presencia regional del izquierdista Andrés Manuel López Obrador, que podría ser el próximo presidente de México como consecuencia de la torpeza de la campaña electoral de Donald Trump. Así como con el populismo y la corrupción que parecen haberse consolidado en Bolivia. En ese marco, Lenín Moreno estará enrolado en el andarivel propio de la izquierda, presumiblemente con menos agresividad que Rafael Correa.

 

Emilio Cárdenas es Abogado. Realizó sus estudios de postgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan y en las Universidades de Princeton y de California.  Es profesor del Master de Economía y Ciencias Políticas y Vice Presidente de ESEADE.

Ecuador: elecciones con olor a fraude

Por Emilio Cárdenas. Publicado el 23/3/17 en: http://www.lanacion.com.ar/1997690-ecuador-elecciones-con-olor-a-fraude

 

El populismo y sus destructivas aberraciones, que hasta no hace mucho prevalecieran políticamente en nuestra región, parecerían estar en retroceso. Prueba de ello es que, a través del veredicto de las urnas, sus exponentes ya no gobiernan en nuestro país. Ni tampoco en el Perú.

Ahora es Ecuador quien tiene ante sí una oportunidad de alejarse del populismo. Allí la gestión del autoritario Rafael Correa ha dejado al país endeudado, políticamente desorientado, socialmente dividido y sumergido en un enorme -y extendido- pantano de corrupción.

En la primera vuelta de las recientes elecciones presidenciales, la del 19 de febrero pasado, el candidato de Rafael Correa, Lenín Moreno, estuvo (al menos, aparentemente) a menos del uno por ciento de obtener los votos requeridos para evitar la segunda vuelta. Pero no lo logró. Luego de una extraña, inesperada y hasta sospechosa suspensión del cómputo de los votos, las autoridades electorales ecuatorianas anunciaron que la segunda vuelta era inevitable. Esto ocurrirá el próximo 2 de abril.

Tan pronto como se hizo ese anuncio, algunas encuestas de opinión comenzaron a señalar insistentemente que Lenín Moreno llevaba, de inicio, una ventaja muy apreciable sobre su rival, el dirigente de centro Guillermo Lasso. Acumulaba, decían, una intención de voto del 59%, contra una de apenas 41%, que prefería a Lasso.

Los medios cubanos y venezolanos difundieron enseguida esa circunstancia, afanosamente. Como queriendo generar una temprana sensación de una carrera con un resultado previsible, sino consumado: el triunfo del oficialismo socialista, el que representa Lenín Moreno.

Desde entonces, las encuestas de intención de voto arrojan resultados llamativamente contradictorios. Más aún, diametralmente diferentes. Las últimas encuestas, las realizadas entre el 11 y el 14 de marzo pasados, sugieren que el oficialismo podría ser efectivamente derrotado, aunque ajustadamente. Por el 50,8% de los votos, contra un 49,2%. Un aparente «empate técnico», entonces, pero con todavía un importante 18% de indecisos.

Para alimentar las sospechas de manipulaciones, el ahora ex Comandante del Ejército ecuatoriano, el general Luis Miguel Castro Ayala, declaró públicamente que las fuerzas armadas de su país no habían tenido «completa custodia de las urnas», como mandaban las normas. Porque la vigilancia del transporte de las actas electorales por parte de una empresa privada, contra lo normado, había en los hechos quedado en manos de la policía. Y de un solo efectivo por vehículo. La «cadena de custodia» obviamente se había vulnerado. Al conocerse ese inquietante anuncio, el presidente Rafael Correa, lejos de felicitar al militar por el celo demostrado en el cumplimiento de su misión, lo dejó cesante de inmediato. Sin más. Junto con otros cuatro altos jefes militares, que también quedaron en la calle.

A lo que se agrega ahora que desde la oposición se sugiere que una de las máquinas impresoras de uno de los más importantes diarios cooptados por el actual gobierno habría imprevistamente producido algunas boletas electorales. Por esto, un escenario ya enturbiado se ha oscurecido aún más.

Al despedirse de sus compañeros de armas con una previsible y evidente sensación de malestar, el ex general Castro Ayala los exhortó a seguir «brindando seguridad al proceso electoral», para que «se respete la sagrada voluntad del pueblo ecuatoriano». Más claro, el agua.

Cabe recordar que Castro Ayala es nada menos que quien, en septiembre de 2010, condujo exitosamente el operativo militar que liberara al propio Rafael Correa refugiado en el Hospital Militar luego de ser agredido por una torpe insurrección en el Cuartel Policial de Quito. Hablamos, cabe señalar, de un militar que goza de una merecida aureola de absoluta profesionalidad, que jamás mostró favoritismo político alguno.

Fuentes ecuatorianas aseguran que su reemplazo, el general Edison Narváez Rosero, es en cambio un hombre muy cercano al ministro de defensa de Rafael Correa, uno de los «duros» y más radicales personajes de su gobierno.

Lo que acabamos de describir alimenta obviamente sospechas de un fraude que podría, de pronto, infectar a la que pronto será una reñida segunda vuelta en las elecciones presidenciales ecuatorianas. Ellas flotan sobre el ambiente, ahora tenso. Por esto varios ex presidentes de nuestra región acaban de manifestar públicamente su preocupación.

El socialista Lenín Moreno, que perdiera su movilidad en un asalto sufrido en 1998, es un ex empresario del sector del turismo. Ha sido ya, en dos ocasiones, vicepresidente de su país.

Guillermo Lasso es, por su parte, un diplomado en administración de empresas. Fue presidente del Banco de Guayaquil en una gestión exitosa que trasformara a la entidad en la segunda mayor del país. Su obsesión es reducir la pobreza a través de la creación de nuevos empleos. A lo que suma una firme voluntad que procura que la deformada democracia ecuatoriana funcione en más como corresponde y garantice los derechos civiles y políticos de un pueblo que hoy sabe que los tiene cercenados. Hace algunos días, Lasso invitó a Lilian Tintori (la esposa del encarcelado líder opositor venezolano, Leopoldo López) a acompañarlo en su campaña. Las autoridades ecuatorianas no permitieron que ingresara a Ecuador y la enviaron de regreso a Venezuela. Porque su presencia, está claro, pudo haber perjudicado al «caballo del comisario» en la carrera electoral. Todo un símbolo del autoritarismo que caracterizan al Ecuador de hoy.

Mientras esto sucede, la economía ecuatoriana cerró un año 2016 realmente decepcionante. El PBI se contrajo un 1,5%. La deuda externa creció por encima del 40% del PBI. Las exportaciones perdieron un 10,2% de su valor. El desempleo trepó al 6,62%. Y este año, lamentablemente, se anticipa una nueva contracción, del orden del 2,9%. Para muchos habrá una dura renegociación de la deuda externa. Quizás por esto el país está repatriando sus reservas en oro.

Para Ecuador, un momento complicado, entonces. Lleno de ansiedad, donde quienquiera que sea quien se imponga en la segunda rueda de los comicios presidenciales que se avecinan deberá gobernar en condiciones que están lejos de ser las ideales. El legado de Rafael Correa no es para ponerse de pie y aplaudir.

 

Emilio Cárdenas es Abogado. Realizó sus estudios de postgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan y en las Universidades de Princeton y de California.  Es profesor del Master de Economía y Ciencias Políticas y Vice Presidente de ESEADE.

Distintos niveles de popularidad de los presidentes latinoamericanos

Por Emilio Cárdenas. Publicado el 2/3/17 en: http://www.lanacion.com.ar/1989208-distintos-niveles-de-popularidad-de-los-presidentes-latinoamericanos

 

Se acaban de difundir los resultados de una interesante encuesta reciente realizada por IPSOS-Public Affairs, que midió los niveles actuales de popularidad de los distintos presidentes de América latina. Ella se realizó consultando específicamente a casi tres centenares de líderes de opinión de todos los rincones de la región y a periodistas especializados durante el período transcurrido desde noviembre de 2016 hasta enero del año en curso.

Los mandatarios de nuestra región que, a estar a los resultados de esa encuesta, mejor miden son: Juan Manuel Santos, de Colombia; Tabaré Vázquez, de Uruguay y nuestro presidente, Mauricio Macri, en ese orden.

Los porcentajes de aprobación son, para ellos, realmente muy significativos. Concretamente, del 74% para Santos, del 70% para Vázquez y del 64%, para Macri.

La alta cifra de aplauso para el Premio Nobel de la Paz Juan Manuel Santos hoy podría haber disminuido algo, como consecuencia de las acusaciones que le imputan haber recibido indirectamente dinero de Odebrecht, destinado al financiamiento de su última campaña electoral. Estas acusaciones son llamativamente paralelas a las que en su momento se hicieran contra el ex presidente colombiano Ernesto Samper, que acaba de renunciar a la Secretaría General de UNASUR. Como duro resultado de ellas, lo cierto es que Ernesto Samper aún no puede ingresar al territorio de los Estados Unidos, país que le niega la posibilidad de obtener la visa del caso.

A su vez, los presidentes que peor miden en nuestra región, son: el ecuatoriano Rafael Correa, con apenas un 36% de aprobación; el dictador cubano, Raúl Castro, con un débil 31%; el asediado por acusaciones de corrupción presidente de Brasil, Michel Temer, con un escaso 30% de aprobación; el presidente de México, Enrique Peña Nieto, con sólo un 25% de aprobación; y, no inesperadamente, el claramente peor de todos es el presidente venezolano Nicolás Maduro, que aparece con un escuálido 6% de aprobación, con nada entonces. Rechazado por su pueblo.

Los otros tres mandatarios regionales cuya popularidad midiera la encuesta referida específicamente, son: Pedro Pablo Kuczynski, del Perú, que obtuvo un saludable 61% de aprobación; y Michelle Bachelet, de Chile, que tiene un 58% de aprobación. Bien por debajo de ellos aparece el eterno presidente boliviano, Evo Morales, con una flaca aprobación del 41%, esto es menos de la mitad del total de los encuestados.

A su vez, las respectivas tasas de desaprobación registradas por la encuesta comentada son las siguientes: para Juan Manuel Santos, del 23%; para Tabaré Vázquez, del 14%; para Mauricio Macri, del 14%; para Rafael Correa, del 58%; para Raúl Castro, del 64%; para Michel Temer, del 26%; para Enrique Peña Nieto, del 67%; para Pedro Pablo Kuczynski, del 12%; para Michelle Bachelet, del 40%; para Evo Morales del 56%; y para el repudiado Nicolás Maduro, de un increíble 91%.

No es imposible que la débil imagen del presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, comience pronto a fortalecerse por impacto del nacionalismo si, de pronto, su desempeño en la difícil pulseada comercial e inmigratoria que tiene en curso contra el presidente norteamericano, Donald Trump, lo justifica.

Así están las cosas en nuestra región latinoamericana. Relativamente tranquilas, al menos aparentemente, para los jefes de estado de Colombia, Uruguay, Argentina, Perú y Chile. Bastante más complejas para los de Bolivia y Ecuador. Y francamente adversas, al menos en términos de imagen, para los presidentes de Cuba, Brasil, México y Venezuela.

 

Emilio Cárdenas es Abogado. Realizó sus estudios de postgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan y en las Universidades de Princeton y de California.  Es profesor del Master de Economía y Ciencias Políticas y Vice Presidente de ESEADE.

Cambiando la camiseta

Por Alejandro A. Tagliavini. Publicado en: http://www.elheraldo.hn/opinion/columnas/912562-469/cambiando-la-camiseta

 

Las exportaciones de América Latina y el Caribe caerán, por tercer año consecutivo, este año 14%, según el BID, por la baja de los precios de los bienes exportados y la débil demanda china.

Lideran los descensos Venezuela (-49 %), Colombia (-35 %), Bolivia (-32 %) y Ecuador (-28 %).

Según el Centro de Desarrollo de la OCDE, la Cepal y CAF, los flujos comerciales con China se multiplicaron por veintidós desde el 2000, frente a un incremento mundial del triple.

Los créditos concedidos por Beijing a América Latina desde 2010 alcanzaron los $94 mil millones.

Así las cosas, según el FMI, el PIB de la región caerá -0.3 % en 2015 y crecerá levemente, 0.8 %, en 2016. Los que más caerán serán Venezuela (-10 %), Brasil (-3 %) y Argentina y Ecuador, “alrededor de cero”.

En cuanto a la Argentina, a pesar del cambio de gobierno, caería en -0.7% en 2016 contra un crecimiento del 2.8% para Colombia, 2.5% Chile, 3.3% Perú, 2.2% Uruguay y 3.8% Paraguay.

Consecuentemente, los gobiernos están cayendo en descrédito, sobre todo los “populistas”, que requieren crecientes recursos para sus “políticas sociales”.

Perdió el kirchnerismo, luego el chavismo, Dilma está acorralada, Bachelet se desprestigia, pareciera que Rafael Correa no se presentará a la reelección y la derechista Keiko Fujimori ganaría en Perú en segunda vuelta por 11 puntos.

China salva a Ortega y a Morales. La construcción del canal nicaragüense incrementaría el PIB del país hasta los $20,800 millones en 2025 -11,800 millones sin el proyecto- creciendo al 9% anual, frente al 4.5% sin el canal. A Morales, Beijing le concederá un crédito de $7,000 millones y, eventualmente, otro por $10,000 millones.

Ahora, la división entre populismo y antipopulismo es solo cambio de camiseta, de lenguaje y de amistades, porque las políticas son casi las mismas. La derecha suele recortar gastos en “políticas sociales” que compensa aumentando militares y “políticas de desarrollo empresario”. La gobernadora Vidal, principal aliada de Macri, acaba de anunciar un aumento del gasto del 42%. La oposición al chavismo, el MUD, no tiene un programa coherente, es solo oposición.

Michelle Bachelet insiste en que logrará la educación gratuita en Chile. Macri quiere aumentar el gasto en educación “pública y gratuita”. Pura demagogia, nada es gratuito. Esta “educación”, supuestamente, es solventada por empresas y ricos que pagan impuestos. Pero las empresas los derivan hacia abajo vía precios o baja de salarios. Así, pagan los pobres y estudian los ricos. Según diversos relevamientos, solo 5% del quintil más pobre accede a la educación superior, y 75% del mayor quintil.

En las universidades “gratuitas”, solo 2% de los alumnos pertenece al quintil más bajo, 10% al más alto y el resto está en el medio.

El mundo progresa por evolución, nunca por revoluciones y menos las violentas.

El muro de Berlín cayó gracias a acciones pacíficas en las que el papa Juan Pablo II tuvo que ver, mientras que la “primavera árabe” que se caracterizó por los bombardeos de la OTAN terminó empeorando las cosas.

De modo que populismo y antipopulismo -izquierda o derecha- no implican un cambio real de políticas de fondo que son, básicamente, comprender que como la violencia -coacción- destruye, el crecimiento de un país es proporcional al levantamiento de políticas coactivas, sean de izquierda o derecha

Alejandro A. Tagliavini es ingeniero graduado de la Universidad de Buenos Aires. Es Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California y fue miembro del Departamento de Política Económica de ESEADE.

Cuba continúa liderando el ranking de la censura en internet

Por Belén Marty: Publicado el 28/10/15 en: http://es.panampost.com/belen-marty/2015/10/28/cuba-continua-liderando-el-ranking-de-la-censura-en-internet/

 

México, Venezuela, Ecuador y Colombia también reprueban el examen sobre la libertad en internet

 

Cuba es el país con más restricciones para que sus ciudadanos accedan a internet. Pero no se quedan atrás Venezuela, México, Ecuador y Colombia, tal como señala la ONG Freedom House en su Informe sobre la Libertad en la Red, publicado este miércoles 28 de octubre.

Durante los últimos cinco años la tendencia mundial ha sido una disminución de la libertad en internet, y el informe recientemente publicado muestra que los usuarios de los países con peor calificación, además de la censura, sufren de la expansión de la vigilancia y la represión gubernamental. La mayoría de estas naciones latinoamericanas han detenido ciudadanos por el simple hecho de compartir información relativa a la política y a la sociedad a través de sus redes sociales.

Freedom House se presenta como “una organización independiente que apoya el cambio democrático, monitorea el estatus de libertad alrededor del mundo, y promueve la democracia y el respeto por los derechos humanos”.

“Los Gobiernos están aumentando la presión sobre los individuos y sobre el sector privado para quitar o borrar contenido ofensivo, en vez de recurrir a bloqueos y filtrado”, señalo la líder del proyecto, Sanja Kelly.

El informe, que abarca el análisis de la situación en 65 países, también menciona las restricciones que imponen los Gobiernos alrededor del mundo sobre las herramientas que garantizan el envío de contenidos encriptados y anónimos. Estas herramientas de privacidad, explican desde Freedom House, ayudan a proteger a los usuarios de internet de los abusos del Gobierno.

“Socavar la encriptación en línea y el anonimato debilita el acceso a internet para todos, pero especialmente [afecta] a los activistas por los derechos humanos y a los periodistas independientes”, añadió Kelly.

El documento señala que 61% de todos los usuarios de internet viven en países donde cualquier tipo de critica hacia el Gobierno —o hacia la familia gobernante— ha sido “sujeta a censura”.

Un creciente número de temas censurados; un aumento en la remoción de contenidos en línea; una escalada de los arrestos e intimidaciones a aquellos que comparten o escriben contenido político; y una multiplicación de las leyes de vigilancia cibernética son algunos de los puntos sobre los que el informe llama la atención.

 

América Latina, la tierra “parcialmente libre”

Cuba es el único país en América Latina cuyo internet fue calificado como “no libre”. El informe menciona que a pesar de que el Gobierno cubano supuestamente habilitó más de 100 nuevos puntos de acceso a internet en la isla —algo que PanAm Post no pudo confirmar—, el país caribeño “continúa manteniendo uno de los acceso a internet más restrictivos a nivel mundial”.

Otro país hostil para ejercer el periodismo digital es México, donde los periodistas están expuestos a convertirse en  víctimas de la violencia por parte de organizaciones criminales paraestatales, y son vulnerables a sufrir ciberataques por parte de hackers o trolls.
Reporteros Sin Fronteras, que ha elaborado informes sobre el mismo tema, ha clasificado a México como uno de los peores lugares para ser periodista (148 de 180), tras una década en la cual murieron más de 80 periodistas y 17 fueron reportados como desaparecidos.

El informe sobre la Libertad de Internet 2015 advirtió sobre la intervención gubernamental: “Un fallo del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IFAI) [de México], puede sentar un precedente para que los usuarios puedan solicitar a los buscadores que eliminen resultados que violen la privacidad o dañan la reputación de un individuo”.

En cuanto a Ecuador, el documento señala que la campaña de Twitter del presidente Rafael Correa contra los críticos, llevó a un enfrentamiento digital que “se intensificó, e incluye hackeos, acoso y amenazas”.

En Colombia, los principales retos implican la infraestructura y los altos costos para acceder a la red. También “hay casos ocasionales de eliminación de contenidos; son más bien casos aislados que sistemáticos, y provienen en su mayoría de una legislación fangos y no de políticas deliberadas”.

PanAm Post consultó con el activista digital Luis Carlos Díaz de Venezuela sobre la libertad de la red en su país e indicó que este informe es útil, porque contiene datos verificables que permiten a los venezolanos colocar en contexto su falta de libertad en Internet.

El activista, que tiene más de 80.000 seguidores en Twitter, dice que la situación en Venezuela es “gravísima”, y que entre 2014 y 2015, el Gobierno bloqueó varios sitios web y realizó detenciones arbitrarias a individuos que compartieron contenido polémico en las redes sociales.

“Hubo usuarios de Twitter detenidos que esperaron varios meses en prisión a la espera de un juicio”, agrega.

Para él, la velocidad de internet en Venezuela se ha estancado: “ya se volvió [la conexión] más lenta de toda América Latina. Estamos en el sótano de nuestro continente”.

“En términos de infraestructura hemos visto una increíble decadencia en Venezuela”, comenta Díaz, “la principal empresa del país, Intercable, dejó de proveer su servicio de internet de 10 megabits y en la mayoría de la ciudad ofrece un mega o a lo sumo dos megabits por segundo”, sostuvo.

Finalmente, concluyó remarcando que los venezolanos se enfrentan a un entorno “lento, pobre y caro, limitado, restringido y con censura”.

 

Belén Marty es Lic. en Comunicación por la Universidad Austral. Actualmente cursa el Master en Economía y Ciencias Políticas en ESEADE. Conduce el programa radial “Los Violinistas del Titanic”, por Radio Palermo, 94,7 FM.

Bolivia’s MAS Pushes Forward on Fourth Term for Evo Morales

Por Belén Marty: Publicado el 20/5/15 en: http://panampost.com/belen-marty/2015/05/20/bolivias-mas-pushes-forward-on-fourth-term-for-evo-morales/#.VVztgGG68J8.facebook

 

Bolivia’s Movement Towards Socialism (MAS) is pushing for the third consecutive reelection of party leader, President Evo Morales, who has been in power since 2006. Under new proposals, the landlocked Andean nation would join Venezuela and Nicaragua in permitting indefinite reelection to the highest office in the land.

Over the weekend of May 16 and 17, the MAS departmental congress in Cochabamba gave the green light to holding a referendum on a constitutional change, which would allow Morales to stand for elections in 2019, according to regional campaign chief Leonardo Loza.

El partido oficialista comenzará a hacer campaña por Morales. (Twitter)

Morales ran in 2014’s elections thanks to an existing constitutional modification made in 2008-9.

The president claimed that the newchanges, which among other provisionschanged the official name of the country to the Plurinational State of Bolivia, meant that his third consecutive campaign was in reality his first under the new constitution.

In theory, the local chapters of MAS in each of the country’s nine departments should now meet to discuss the issue internally. A national congress will later be called to take joint action.

“Comrade Evo asked us to look for other leaders; we’ve already done it, and we haven’t found them. Our only leaders are comrade Vice President Álvaro García Linera and the brother president himself,” said Senator Nélida Sifuentes.

The legislator added that “if the result of the local congresses is positive, we aim to propose a national referendum to evaluate the will of the people about a new constitutional amendment.”

Bolivia currently only allows for one consecutive reelection to public offices.

“It’s a feeling of liberation for our people. How long will they remain submitted to the empire or to the capitalist system? This triumph is a a triumph for anti-imperialists and anti-colonialists,” Morales said upon winning his third presidential race in 2014.

The president has consistently enjoyed a parliamentary majority since he first rose to power at the head of a coalition of indigenous activists, coca-leaf growers, and opponents of utility privatization.

However, the opposition has complained over multiple controversial instances of MAS interfering with electoral procedure and allegedly committing fraud during the latest legislative polls.

Some 62 percent of Bolivia’s 10 million inhabitants are of indigenous extraction and live in rural farming communities.

Ecuador and Honduras Chart Course for Reelection

Ecuador’s President Rafael Correa, in power since 2007, has already suggested that he will run for office again in 2017 in order to secure the continuity of his “Citizens’ Revolution.”

Correa has already achieved the first step, after the Legislative Assembly approved in 2014 a proposal to discuss modifications to the Constitution.

His Alianza País party holds a majority in the parliament, with 100 out of 137 seats. However, according to the law, legislators must wait at least a year to vote on the reform.

Correa busca que su "revolución ciudadana" no termine. (Facebook Rafael Correa)

Earlier in May, the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice of Honduras voted to overturn Article 238 of the Constitution, which prohibited repeated reelection to public office.

In contrast, the only countries in the region that now prohibit presidential reelection are Guatemala, Mexico, and Paraguay.

A Paraguayan governor recently proposed that the South American nation too “modernize with the regional policy” to permit presidential reelection, although internal conflicts within the governing Colorado Party of Horacio Cartes are likely to prevent this.

Paraguay’s Senate previously rejected constitutional change to permit reelection in 2011.

 

Belén Marty es Lic. en Comunicación por la Universidad Austral. Actualmente cursa el Master en Economía y Ciencias Políticas en ESEADE. Conduce el programa radial “Los Violinistas del Titanic”, por Radio Palermo, 94,7 FM.

Ecuador debatirá en el Congreso la reelección indefinida.

Por Belén Marty: Publicado el 3/11/14 en: http://es.panampost.com/belen-marty/2014/11/03/ecuador-debatira-en-el-congreso-la-reeleccion-indefinida/

 

La Corte Constitucional dictaminó que la enmienda no será votada en consulta popular, sino en la Asamblea Nacional, donde el partido de Gobierno tiene mayoría.

El Gobierno de Ecuador está un paso más cerca de lograr la reelección indefinida y consecutiva de cargos elegidos por voto popular, después de que el viernes 31 de octubre la Corte Constitucional dictaminara por unanimidad que esta decisión sea tomada en el Congreso, de mayoría oficialista.

La decisión se torna en un revés para la oposición, que pedía que la enmienda fuera decidida por una consulta popular. De sancionarse la enmienda en el Congreso ecuatoriano, el presidente desde 2007 Rafael Correa podría eventualmente gobernar más allá de 2017, cuando finaliza su actual período presidencial.

La reelección indefinida es una de las 17 reformas enviadas por asambleístas a la Corte Constitucional. Entre ellas se encuentran además la conversión de la comunicación social en un servicio público, el empoderamiento de las Fuerzas Armadas para que apoyen a la policía en la seguridad interna, y una modificación a la edad para ser candidato presidencial.

“La Corte Constitucional acaba de dictaminar que las enmiendas pueden ser tratadas por la Asamblea Legislativa, enmiendas [que] las pueden aprobar dos terceras partes [del Congreso]“, expresó Correa en su programa Enlace Ciudadano, emitido todos los sábados por radio y televisión.

La corte informó su resolución tras dos días de debates y análisis jurídicos en la ciudad costera de Guayaquil. El único artículo de los 17 revisados que no fue aprobado para que se tratase en el plenario parlamentario fue el de la “acción de protección”. Este derecho que busca permitir el freno de una acción de la Justicia cuando esta afecte otros derechos deberá tratarse en una Asamblea Constituyente solamente.

“Entregamos al país esta decisión dentro de los plazos y términos, absolutamente convencidos de que nuestra decisión ha sido objeto del análisis, razonamiento y fundamentación que estimamos los más pertinentes y que son correspondientes a la normatividad vigente, a los estudios y análisis de convencionalidad, y que en definitiva busca garantizar y proteger los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos del país”, precisó la Corte en un boletín de prensa.

Con respecto a la posibilidad de que Correa se presente en los comicios presidenciales de 2017, ha expresado que solo lo hará en el caso de que peligre la continuidad de la “revolución ciudadana”, su modelo de país. Para el actual mandatario, el poder de decisión lo tendrán los votantes.

“Lo que está en juego es el derecho del pueblo a elegir entre el pasado neoliberal de hambre y miseria, y el futuro de bienestar, desarrollo e inclusión instaurado por la revolución ciudadana. Entre el pasado y el futuro”, expresó en un comunicado Doris Soliz Carrión, secretaria ejecutiva nacional del partido Alianza País.

La oposición pide consulta popular

Días antes de la resolución de la Corte Constitucional, políticos opositores a Alianza País buscaban realizar acciones como la recogida de firmas entre la población para pedir que esta enmienda a la Constitución pase por un plebiscito nacional.

La oposición está sostenida por Guillermo Lasso, banquero, excandidato a la presidencia y miembro de Creando Oportunidades (CREO), un movimiento de tendencia liberal y segunda fuerza política en el país. Lasso manifestó que estará reclamando los formularios al Consejo Nacional Electoral para empezar con la campaña de recolección de firmas.

“La Corte Constitucional se convirtió una vez más en el brazo jurídico y político del régimen. Con esta decisión, consolida la posición del régimen para que la reelección indefinida se haga dentro de las cuatro paredes [del Congreso]”, indicó el legislador Luis Fernando Torres (CREO).

La influencia de Venezuela en la región

Actualmente, la Constitución ecuatoriana permite —desde la aprobación por referéndum en 2008— una reelección presidencial inmediata por un solo período. En caso de aprobarse la enmienda, Ecuador se sumaría a Venezuela y Bolivia en la lista de países que permiten la reelección ilimitada de sus funcionarios.

Venezuela cuenta con la posibilidad de reelección continua de cualquier cargo elegido por votación desde aquel recordado referéndum constitucional promovido por el expresidente Hugo Chávez en 2009 y aprobado por el 54% de los votos.

En Bolivia, las enmiendas realizadas a la carta magna en 2009 por la Convención Constituyente permitieron la reelección indefinida.

El doctor Mario Serrafero, profesor de Análisis Institucional en el instituto universitario ESEADE, destacó en un ensayo sobre el tema que la influencia de Hugo Chávez fue significativa en las elecciones presidenciales que le dieron el triunfo a Evo Morales en Bolivia (2005) y a Rafael Correa (2006) en Ecuador.

“El período de mandato de la presidenta o del presidente y de la vicepresidenta o del vicepresidente del Estado es de cinco años, y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua”, cita el artículo 168 de la reformada Constitución de Bolivia que permitió la reelección de Evo Morales en 2009 y recientemente en octubre de 2014.

 

Belén Marty es Lic. en Comunicación por la Universidad Austral. Actualmente cursa el Master en Economía y Ciencias Políticas en ESEADE. Conduce el programa radial “Los Violinistas del Titanic”, por Radio Palermo, 94,7 FM.

Embestida contra la libertad de expresión

Por Emilio Cárdenas. Publicado el 26/6/14 en: http://www.lanacion.com.ar/1704152-embestida-contra-la-libertad-de-expresion

 

El autoritario y populista presidente de Ecuador, Rafael Correa, no ceja un instante en su conocido empeño por transformar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y, muy especialmente, a su Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión, en entes sin recursos, incapaces entonces de cumplir con su delicado cometido. Ocurre que ambos entes son obstáculos que Correa encuentra constantemente en su permanente embestida contra la libertad de expresión, que ciertamente aborrece.

El objetivo esencial de Correa es el de despojar a las instituciones de la OEA de su autonomía y hacerlas dependientes y sumisas, de manera que no tengan iniciativa, ni posibilidades de actuar con independencia, imparcialidad y eficiencia en el cumplimiento de su mandato.

Para ello sueña con hacerlos dependientes, a través de prohibirles recibir recursos externos para financiar sus distintos programas. Incluyendo, particularmente, los provenientes de la generosidad de la Unión Europea.

Actúa en esto coordinadamente con sus pares ideológicos y con sus compañeros de ruta para tratar de someter a ambos entes y acabar -de plano- con las instancias independientes que hoy existen para la defensa de esa esencial libertad.

Esa actitud ha merecido recientemente una dura, pero correcta, calificación por parte del director periodístico del tradicional diario El Comercio, de Lima, que se refirió a ella como un «chantaje».

Al celebrarse la 44 edición de la Asamblea General de la OEA, a comienzos del mes de junio, en la ciudad de Asunción, la capital de Paraguay, el canciller de Ecuador presentó un proyecto de resolución, junto a otros países de Unasur, presuntamente vinculado con el denominado «proceso de reflexión» que está en curso sobre el funcionamiento de la CIDH. Es hora de replicarle con un proyecto de sentido contrario, esto es, que garantice el funcionamiento sin restricciones grotescas de los dos entes que están siendo atacados.

La iniciativa de Correa y sus compañeros de ruta, más allá del clásico disimulo, está claramente destinada a debilitar funcionalmente a ambos organismos. Por esto mereció el repudio explícito, desde el podio, de Costa Rica, que rechazó «cualquier intento que menoscabe el accionar» de los organismos que hoy están en la mira de Correa y sus seguidores. Así como el repudio claro de las principales organizaciones no gubernamentales que trabajan en la cuestión. Provocó asimismo, como cabía suponer, el evidente malestar de los Estados Unidos, alerta sobre lo que significa el ataque constante a la libertad de expresión por parte de Correa.

No obstante, el proyecto resultó aprobado y ahora avanza. Con el propósito obvio de tratar de asfixiar financieramente a ambas entidades.

Por esto seguramente la canciller de Perú señaló: «El Perú está comprometido con el fortalecimiento del sistema interamericano y, en particular, por el profundo respeto a la libertad de expresión, componente fundamental e indispensable de la democracia en la región». La inversa absoluta del pensamiento de Correa y de los países que lo acompañan en su perversa aventura en procura de cercenar la libertad de expresión.

Conforme a lo resuelto, se ha encomendado al Consejo Permanente de la OEA invitar a la CIDH a mantener un diálogo específico sobre sus relatorías «a la luz de los principales desafíos de la región para la plena vigencia de esos derechos». Esta última frase debería impedir recortar las alas de la CIDH y de sus relatorías especiales. Porque se trata de defender la «plena vigencia» y no de recortar arteramente las capacidades de la CIDH.

Pero conociendo a Correa y tomando consciencia de sus lazos íntimos con los regímenes totalitarios de Cuba y Venezuela, esa frase previsiblemente no será un obstáculo para que insista disfrazando siempre sus propuestas, en tratar de lastimar y limitar, en todo lo posible, a las entidades que fueron creadas -precisamente- como instrumentos para defender la libertad de expresión.

Una de las iniciativas más peligrosas incluida en la propuesta de Correa es aquella que propone que todos los recursos financieros, incluyendo las donaciones y los aportes voluntarios de terceros, vayan a parar a un «fondo común», manejado por los Estados miembros, lo que es todo lo contrario a contar con entes independientes y, por ello, capaces de trabajar adecuadamente en la defensa de la libertad de expresión.

La tormenta generada contra la libertad de expresión a nivel regional no ha desaparecido. Correa la mantiene viva. La acicatea. La intensifica. Habrá que seguir atentamente esta seria historia, desagradable sin duda. Para tratar de evitar que algunos, mal disfrazados de demócratas, consigan su objetivo común, que es ciertamente el de debilitar, al máximo posible, la libertad de expresión. Para imponer, al mismo tiempo, el discurso único totalitario que han transformado en Evangelio: el de los que eufemísticamente se autodenominan: «bolivarianos».

 

Emilio Cárdenas es Abogado. Realizó sus estudios de postgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan y en las Universidades de Princeton y de California.  Es profesor del Master de Economía y Ciencias Políticas y Vice Presidente de ESEADE.