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La falacia de los derechos sociales

Por Gabriel Boragina Publicado  el 28/1/18 en: http://www.accionhumana.com/2018/01/la-falacia-de-los-derechos-sociales.html

 

Hemos escrito bastante sobre la gran tergiversación en los términos que significa la populista “derechos sociales” o “estado social”, “organizaciones sociales”, etc. Todas fórmulas y expresiones que ocultan un significado muy diferente al que quieren aparentar y que -en definitiva- esconden como objetivo el logro de porciones de riquezas que deberán ser detraídas a unos para ser entregadas al grupo que se oculta tras el adjetivo “social”.

“[…] los derechos individuales han pasado de ser “negativos”, una esfera protegida de acción, a “positivos” una exigencia de materialización de beneficios concretos que inevitablemente exige quitar a unos para dárselo a otros.”[1]

Antiguamente, la única noción concebible -tanto jurídica como filosófica y económicamente- era la de derechos individuales. Todo el mundo, en épocas ya idas, tenía clara conciencia de qué significaban estas palabras unidas, y nadie cuestionaba la claridad de su sentido, al punto que había un gran consenso en cuanto a que separados estos vocablos perdían total representación. Hoy en día las cosas al respecto han cambiado bastante.

“Las libertades sancionadas por las cartas constitucionales de los siglos XVIII y XIX proporcionaban espacios y garantías para la acción libre del hombre, pero no atribuían ventajas sustantivas a nadie. Eran derechos absolutos (incondicionales) porque no tenían “coste”, porque su satisfacción no exigía la cooperación forzosa de los demás.”[2]

No eran derechos positivos sino negativos, en el concepto de que tales garantías constitucionales aseguraban que nadie pudiera interferir con las acciones, libres, voluntarias y lícitas de toda persona, reconociendo la misma obligación negativa hacia los demás. En algunos casos, los autores se refieren a ellos como derechos naturales, propios e inherentes a la condición humana, y por esto recibían este nombre. Constituían la órbita de conducta donde cada uno -sin lesionar los iguales derechos del prójimo- podía hacer lo que se le viniera en gana.

“Si tengo derecho a trabajar y nadie quiere contratarme, alguien (el gobierno) debe forzar a otro para que lo haga. Así, los derechos iguales para todos del liberalismo clásico se han transmutado en desiguales, en discriminaciones. Los modernos derechos sociales son costosos y además generan expectativas de satisfacción crecientes que inexorablemente se traducen en un deterioro, por no decir, en un creciente quebranto de los primeros.”[3]

Los “derechos sociales” son la más pura expresión de la negación del Derecho mismo, y son la causa de todos los males sociales (aunque resulte paradójico). Se tratan -como han expresado profundos pensadores, como el Dr. Alberto Benegas Lynch (h)- de pseudoderechos. Sin embargo, es la corriente imperante y dominante, no sólo en el campo jurídico sino en el económico que es donde más daño causan, ya que para que se cumplan tales “derechos sociales” se deben violar los derechos naturales de otra persona o de un conjunto de ellas. La misma necesidad de tener que calificar la palabra derecho,que ha perdido su sentido univoco para pasar a adquirir otro equivoco, nos da la pauta del caos legislativo y económico en la materia en el que se vive.

“Los derechos, que resultan significativos, son los derechos naturales, no los que se confieren por una autorización legislativa. Los llamados “derechos sociales” de hoy en día no son “derechos” y, sin dudas, no son “programas de ayuda social” pues nadie tiene la facultad de ayudar a expensas de otro; son más bien demandas que la sociedad puede o no satisfacer.”[4]

Participamos de la utilización de la locución derechos naturales que consideramos auténtica y la adecuada para expresar la naturaleza y esencia de los verdaderos derechos a los que antiguamente no era necesario adjetivar. Como bien expresa el autor que ahora comentamos, los derechos jamás provienen de la ordenanza gubernamental, ni de decreto, ni aun de ley positiva alguna. El poder político ha de reconocer los derechos individuales o naturales, mas no puede crearlos y, por supuesto, mucho menos abolirlos. Así, la Constitución de la Nación Argentina reconoce tales derechos individuales, aunque -lamentablemente- después de la infortunada reforma sufrida en el año 1994 su texto se vio desnaturalizado por completo.

“Y no obstante, en las democracias industriales modernas, a un gran número de ciudadanos se les exige trabajar para mantener a otros: en Suecia, el Estado más retrógrado en este sentido, por cada ciudadano que se gana la vida, 1.8 son mantenidos completa o parcialmente por los impuestos que él debe pagar; en Alemania y Gran Bretaña la proporción es de 1:1, y en los Estados Unidos de 1:0.”[5]

Si este es el panorama de las democracias industriales modernas imagínese el lector cual será el de los populismos latinoamericanos, donde del asistencialismo social se ha hecho más que una cultura, sino un culto mismo, y en los cuales postular la diminución o eliminación de los programas sociales de “ayuda” (en el caso particular de Argentina conocidos como “planes sociales”) es un tema tabú y merecedor de la más severa condena social para quien siquiera lo insinúe.

“Los pensadores comunistas y fascistas insistieron en que las personas somos sólo títeres de los supuestamente inapelables “capitanes de la industria”, un argumento falaz pero atractivo y conveniente para justificar que la política nos recorte o arrebate la libertad. Podemos decir que estamos en manos de leyes históricas inapelables, como diría Marx, o de héroes imprescindibles, como diría Carlyle, o de sombríos poderes económicos, como han sostenido cientos de artistas.”[6]

Para evitar esto, los propios comunistas han propuesto -como lo aclara el mismo autor líneas más abajo- la creación de los denominados “derechos sociales”. Es justamente en esos falsos “males” invocados por socialistas y fascistas (como los nombrados) que se sostiene que estamos “necesitados” de “derechos sociales”. Lo que realidad quieren es suprimir los únicos derechos reales existentes: los individuales o naturales (como lo han hecho y lo continúan haciendo). La idea de fondo es que el gobierno pueda manejar nuestras vidas y recursos como mejor le parezca.

[1] Lorenzo Bernardo de Quirós “Las consecuencias políticas del liberalismo: La declaración de derechos y el debido proceso”. Seminario Internacional sobre la Democracia Liberal. Democracia, Libertad e Imperio de la Ley. Sao Paulo. 15/16 de mayo Pág. 18-19.

[2] Lorenzo Bernardo de Quirós …ibidem.

[3] Lorenzo Bernardo de Quirós …ibidem.

[4] Richard Pipes. “Propiedad y Libertad: La Piedra Angular de la Sociedad Civil”. Fundación Friedrich Naumann. México Business Forum Pág. 23-24

[5] Richard Pipes. …ibidem, Pág. 23-24

[6] Carlos Rodríguez Braun “Cultura y economía”. Revista Libertas 41 (octubre 2004) Instituto Universitario ESEADE Pág. 4

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

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LA DISCRIMINACIÓN NECESARIA Y LA PERJUDICIAL

Por Alberto Benegas Lynch (h)

 

Según el diccionario, discriminar quiere decir diferenciar y discernir. No hay acción humana que no discrimine: la comida que elegimos engullir, los amigos con que compartiremos reuniones, el periódico que leemos, la asociación a la que pertenecemos, las librerías que visitamos, la marca del automóvil que usamos, el tipo de casa en la que habitamos, con quien contraemos nupcias, a que universidad asistimos, con que jabón nos lavamos las manos, que trabajo nos atrae más, quienes serán nuestros socios, a que religión adherimos (o a ninguna), que arreglos contractuales aprobamos y que mermelada le ponemos a las tostadas. Sin discriminación no hay acción posible. El que es indiferente no actúa. La acción es preferencia, elección, diferenciación, discernimiento y, por ende, implica discriminar.

 

Como se ha dicho, si una persona con mucha sed en un desierto tiene una cantimplora con agua a su derecha y otro a la izquierda y se declara indiferente de cual beber y, por ende, no elige uno de ellas, se morirá de sed. Para seguir viviendo debe discriminar, elegir y optar.

 

Esto debe ser nítidamente separado de la pretensión, a todas luces descabellada, de intentar el establecimiento de derechos distintos por parte del aparato estatal que, precisamente, existe para velar por los derechos y para garantizarlos. Esta discriminación ilegítima echa por tierra la posibilidad de que cada uno maneje su vida y hacienda como le parezca adecuado, es decir, bloquea la posibilidades que cada uno discrimine acerca de sus preferencias, lo cual debe ser respetado en un estado de derecho siempre que no se lesiones iguales derechos de terceros. Otro modo de referirse a aquél uso abusivo y pervertido de la ley es simple y directamente el del atropello al derecho de las personas.

 

La igualdad ante la ley resulta crucial, concepto íntimamente atado a la justicia, es decir, a la propiedad primero del propio  cuerpo, a sus pensamientos y a sus pertenencias, en  otras palabras,  el “dar a cada uno lo suyo”.

 

La prueba decisiva de tolerancia es cuando no compartimos las conductas de otros. Tolerar las que estamos de acuerdo no tiene mérito alguno. En este sentido, podemos discrepar con las discriminaciones, elecciones y preferencias de nuestro prójimo, por ejemplo, por establecer una asociación en la que solo los de piel oscura pueden ser miembros o los que tienen ojos celestes. Allá ellos, pero si no hay violencia contra terceros todas las manifestaciones deben respetarse, no importa cuan ridículas nos puedan parecer.

 

Curiosamente se han invertido los roles: se tolera y alienta la discriminación estatal con lo que no le pertenece a los gobiernos y se combate y condena la discriminación que cada uno hace con sus  pertenencias. Menudo problema en el que estamos por este camino de la sinrazón, en el contexto de una libertad hoy siempre menguante.

 

Parece haber una enorme confusión en esta materia. Por un lado, se objeta que una persona pueda rechazar en su propia empresa la oferta laboral de una mujer embarazada o un anciano porque configuraría una “actitud discriminatoria” como si el titular no pudiera hacer lo que estima conveniente con su propiedad. Incluso es lícito que alguien decida contratar solo a quienes midan más de uno ochenta. Como es sabido, el consumidor es ciego a religiones, etnias, alturas o peso de quienes se desempeñan en las empresas, por tanto, quien seleccione personal por características ajenas al cumplimiento y la eficiencia pagará el costo de su decisión a través del cuadro de resultados, pero nadie debiera tener el derecho de impedir un arreglo contractual que no use la violencia contra otros.

 

Por otra parte, en nombre de la novel “acción positiva” (affirmative action), se imponen cuotas compulsivas en centros académicos y lugares de trabajo “para equilibrar los distintos componentes de la sociedad” al efecto de obligar a que se incorporen ciertas proporciones, por ejemplo, de asiáticos, lesbianas, gordos y budistas. Esta imposición naturalmente afecta de forma negativa la excelencia académica y la calidad laboral ya que deben seleccionarse candidatos por razones distintas a la competencia profesional, lo cual deteriora la productividad conjunta que, a su vez, incide en el nivel de vida de toda la población, muy especialmente de los más necesitados cuyo deterioro en los salarios repercute de modo más contundente dada su precariedad.

 

Por todo esto es que resulta necesario insistir una vez más en que el precepto medular de una sociedad abierta de la igualdad de derechos es ante la ley y no mediante ella, puesto que esto último significa la liquidación del derecho, es decir, la manipulación del aparato estatal para forzar pseudoderechos que siempre significa la invasión de derechos de otros, quienes, consecuentemente, se ven obligados a financiar las pretensiones de aquellos que consideran les pertenece el fruto del trabajo ajeno.

 

Desde luego que esta atrabiliaria noción del “derecho” como manotazo al bolsillo del prójimo, entre otros prejuicios, se basa en una idea errada anterior, cual es que la riqueza es una especie de bulto estático que debe “redistribuirse” (en direcciones distintas a la distribución operada en el supermercado y afines) dado que sería consecuencia de un proceso de suma cero. No conciben a la riqueza como un fenómeno dinámico y cambiante en el que en cada transacción libre y voluntaria hay un proceso de suma positiva puesto que ambas partes ganan. Es por esto que actualmente podemos decir que hay más riqueza disponible que en la antigüedad, a pesar de haberse consumido recursos naturales en el lapso de tiempo trascurrido desde entonces. Es cierto el principio de Lavoisier, en cuanto a que “nada se pierde, todo se transforma” pero lo relevante es el crecimiento de valor no de cantidad de materia (un teléfono antiguo tenía más material que uno celular, pero este último presta servicios mucho mayores y a menores costos).

 

Vivimos la era de los pre-juicios, es decir el emitir juicios sobre algo antes de conocerlo (y conocer siempre se relaciona con la verdad de algo, ya que no se conoce que dos más dos son ocho). La fobia a la discriminación de cada uno en sus asuntos personales y el apoyo incondicional a la discriminación de derechos por parte del Leviatán es, en gran medida, el resultado de la envidia, esto es, el mirar con malevolencia el bienestar ajeno, no el deseo de emular al mejor, sino que apunta a la destrucción del que sobresale por sus capacidades.

 

Y esto, a su vez, descansa en la manía de combatir las desigualdades patrimoniales que surgen del plebiscito diario en el mercado en donde el consumidor apoya al eficiente y castiga al ineficaz para atender sus reclamos. Es paradójico, pero no se condenan las desigualdades patrimoniales que surgen del despojo vía los contubernios entre el poder político y los así llamados empresarios que prosperan debido al privilegio y a mercados cautivos otorgados por gobiernos a cambio de favores varios. En realidad, las desigualdades de la época feudal (ahora en gran medida replicadas debido al abandono del capitalismo) son desde todo punto de vista objetables, pero las que surgen de arreglos libres y voluntarios, no solo no son objetables sino absolutamente necesarias al efecto de asignar los siempre escasos factores productivos en las manos más eficientes para que los salarios e ingresos en términos reales puedan elevarse. No es relevante la diferencia entre los que más tienen y los que menos poseen, lo trascendente es que todos progresen, para lo cual es menester operar en una sociedad abierta donde la movilidad social constituye uno de sus ejes centrales.

 

Como las cosas no suceden al azar, para contar con una sociedad abierta cada uno debe contribuir diariamente a que se lo respete.

Podemos extrapolar el concepto del polígono de fuerzas de la física elemental al terreno de las ideas. Imaginemos una enorme piedra en un galpón atada con cuerdas y poleas y tirada en diversas direcciones por distintas personas ubicadas en diferentes lugares del recinto: el desplazamiento del bulto será según el resultado de las fuerzas concurrentes, ninguna fuerza se desperdicia. En las faenas para diseminar ideas ocurre lo propio, cada uno hace lo suyo y si no se aplica a su tarea la resultante operará en otra dirección. Los que no hacen  nada solo ven la piedra moverse y habitualmente se limitan a despotricar en la sobremesa por el rumbo que toma.

 

Hace poco tiempo en Buenos Aires estaba escuchando radio en el automóvil y el locutor expresó que una señora, dueña de una casa en la zona costera, puso un aviso en algún periódico que no es del caso mencionar en el que anunciaba que ponía su vivienda en alquiler durante la temporada veraniega con la condición que el inquilino fuera vegetariano. Consignaba en el aviso de marras que los residuos de la carne atraían microbios que deseaba evitar.

 

Henos aquí que todos los miembros del equipo que trabaja en el programa radial en cuestión pusieron el grito en el cielo y condenaron sin piedad a la titular del aviso. Manifestaron que esa actitud era “discriminatoria” y que, en consecuencia, había que aplicarle las normas correspondientes y no permitir semejante propuesta de alquiler.

 

Hubo llamados de radioescuchas que se plegaron a las invectivas de los conductores (por lo menos los que se pasaron al aire). Una señora muy ofuscada levantó la voz y señaló que debía detenerse a quien haya sido capaz de una iniciativa de esa índole puesto que “actitudes como la discutida arruinan la concordia argentina”. Otro fulano, que dijo ser ingeniero con experiencia en operaciones inmobiliarias de envergadura, espetó que habría que confiscarle la propiedad a la autora de “semejante anuncio”. Y así siguieron otras reflexiones patéticas y dignas de una producción cinematográfica de terror, sin que nadie pusiera paños fríos ni apuntara a introducir atisbo de pensamiento con cierto viso de cordura.

 

Entonces, vivimos la era en la que se discrimina lo que no debiera discriminarse y no se permite discriminar lo que debe discriminarse.  Por cierto, una confusión muy peligrosa. Algo aclara un pensamiento de Cantinflas: “Una cosa es ganarse el pan con el sudor de la frente y otra es ganarse el pan con el sudor del de enfrente”.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa.

VENEZUELA EN LA MIRA

Por Alberto Benegas Lynch (h)

 

Recién me acabo de comunicar en Caracas con Rocío Guijarro,  la directora ejecutiva de CEDICE (Centro de Divulgación del Conocimiento Económico), amiga de la libertad cuya institución viene haciendo mucho por la formación de mentes liberales con el invalorable apoyo de otros amigos de gran calado. En 2013 esa entidad publicó un libro de mi autoría titulado El liberal es paciente, en el que, entre otras cosas, intentaba mostrar el valor de la perseverancia para derrotar a megalómanos como el que hoy está instalado en el poder en Venezuela que sigue la línea socialista del comandante fallecido quien comenzó con toda la debacle que es de público conocimiento.

 

Y no es que antes de eso las cosas eran color de rosa, al contrario los partidos tradicionales fueron un tremendo fracaso y con sonados casos de alarmante corrupción. Pero, claro está, el modo de resolver los problemas no consiste en acentuarlos sino en cambiar de rumbo. El record mundial de inflación, los controles de aspectos cruciales de la vida y las haciendas de la gente, los presos políticos, los despilfarros, la ausencia hasta de papel higiénico, las larguísimas filas para poder acceder a algunos alimentos, los cortes de agua corriente y electricidad, la completa sumisión de la prensa y los medios de comunicación, la caída drástica en las inversiones y en general el sufrimiento de los más necesitados ha sido la regla en estos años de opresión salvaje.

 

Frente a esta situación solo caben dos caminos: ejercer el derecho a la resistencia frente a gobiernos que estrangulan todo vestigio de libertad (lo cual proviene de una larga tradición plasmada en la Declaración de la Independencia estadounidense) o, lo que afortunadamente pudo hacer el pueblo venezolano, que es la derrota a los impostores de la democracia a través de las urnas. Esta es la paciencia que se sugirió frente a un Leviatán invasivo, lo cual dio sus frutos con unas elecciones legislativas que habrían otorgado la mayoría calificada de los dos tercios requerida, entre otras muchos propósitos, para rectificar los poderes especiales otorgados al sátrapa del momento, convocar a una Asamblea Constituyente para dejar sin efecto los dislates del chavismo e incluso la opción de llamar a un referéndum revocatorio contra el presidente en ejercicio.

 

Todo lo cual no quiere decir que no deba estarse muy atento porque el actual gobierno es capaz de cualquier zancadilla en cualquier momento con el soporte del aparato cubano que ya ha declarado su incondicional apoyo a los perdedores en esta contienda electoral. El presidente de la Asamblea Nacional que ahora cesa en sus funciones, en reunión de gabinete, al conocerse los resultados del escrutinio, propuso convocar a los secuaces del partido gobernante y salir con armas a la calle, lo cual afortunadamente no prosperó debido a la decidida oposición de un camarada del ejército con mando de tropa.

 

Es de desear que los partidos heterogéneos reunidos en la oposición sepan calar hondo en dirección a una sociedad abierta y en su momento no se les ocurra implantar un “socialismo moderado” lo cual conducirá a otro fracaso estrepitoso en lugar de adoptar el atractivo de la libertad y el respeto recíproco.

 

El tema de fondo es educativo, por ello es que celebramos la faena que viene realizando sistemáticamente el antes mencionado CEDICE, especialmente en recintos universitarios y con la publicación de numerosos trabajos y seminarios varios. También es de destacar la palabra de tantos venezolanos que a pesar de las trabas y amenazas se expresan con franqueza y abren caminos fértiles. Incluso hay medios como “El Diario de Caracas” y otros que dan la pelea cotidianamente y que incorporan columnistas que apuntan a poner de manifiesto los valores éticos, económicos y jurídicos de la sociedad libre.

 

Mientras ocurre lo que ocurre en el plano político, es menester que se afine el lápiz para establecer nuevos límites institucionales al poder puesto que está visto que una mal entendida democracia ha interpretado que una vez obtenida la mayoría pueden hacer tabla rasa con todos los derechos individuales, al tiempo que asaltan la Justicia y todos los organismos de contralor, incluyendo a los tribunales electorales.

 

Por otra parte, es indispensable entender cabalmente el significado del derecho al efecto de precisar la idea en el contexto del continente que son los marcos institucionales y el contenido que también comprende a los procesos de mercado. En ésta línea argumental, tengamos en cuenta que el derecho es inseparable de la Justicia y ésta significa “dar a cada uno lo suyo” lo cual remite a la propiedad privada que, a su vez, constituye el eje central del mercado.

 

Con las más diversas pantallas se han sido incorporando en la legislación venezolana políticas que ponen en jaque a marcos institucionales civilizados y también se desconocieron de modo flagrante los principios de la garantía de la cosa juzgada, la irretroactividad y la incorporación de los mal llamados  “derechos sociales” que significan pseudoderechos ya que, al concederlos, necesariamente dañan los derechos de terceros al no tener en cuenta que a todo derecho corresponde una obligación y si estas resultan contrarias al derecho de otros, inexorablemente se perjudica seriamente el andamiaje jurídico con lo que, además, se afecta a quienes se pretende mejorar en su condición.

 

En Venezuela,  los comisarios del momento ni siquiera alegan fundamentos para sus desvaríos sino que proceden al atropello a los derechos de las personas sin dar explicación alguna como no sea escudado en “la soberanía” de los aparatos estatales sin percatarse que la soberanía reside en los gobernados. Cualquier imitador de los Hitler de este mundo que asume el poder con suficiente apoyo electoral convierte su legislación pervertida en “normas de justicia”, y esto es lo que se ha repetido en el caso venezolano.

 

Reiteramos aquí algo de lo dicho antes sobre el rol del gobierno y colaterales. En realidad, el rol y las funciones del monopolio de la fuerza que llamamos gobierno se instituyó luego de que buena parte de la humanidad pudo sacarse de encima los faraones, emperadores y similares, para en su lugar ofrecer seguridad y justicia, es decir, para proteger los derechos a la vida, la libertad y la propiedad, tal como rezan todos los documentos fundamentales de las sociedades abiertas.

 

Pero henos aquí que de un largo tiempo a esta parte, las funciones de los aparatos estatales se han ido ensanchando hasta cubrir los espacios más íntimos de las personas, con lo cual, en lugar de proteger derechos, los gobiernos se han convertido en los principales enemigos de los gobernados y estos, siempre encerrados en el dilema del “menos malo”,  sufren los embates de forma reiterada.

 

El tema medular consiste en que se confunde la naturaleza del debate. Se discute si es bueno o malo para las personas tal o cual decisión y de allí irrumpe un salto lógico inaceptable: si se piensa que es bueno se concluye que el monopolio de la fuerza lo debe imponer. Esto es inaceptable para la dignidad y la autoestima de personas cuya característica central es rechazar el entrometimiento de una niñera forzosa que anula la imprescindible libertad de cada uno, lo cual conlleva la responsabilidad individual.

 

En la dieta alimenticia, en las finanzas, en el deporte, en el mundo cibernético, en la educación, en la cinematografía, en el periodismo, en la agricultura, en el comercio y en todo cuanto pueda ocurrirse está presente el Leviatán con sus garras demoledoras y todo “para el bien de la gente”.

 

En una sociedad abierta, este plano de análisis es del todo impropio. El aparato estatal es para proteger a la gente en sus derechos que son anteriores y superiores a la existencia misma del gobierno y no para jugar al papá (además, generalmente golpeador) de la persona de que se trate. Más aun, en la sociedad abierta se respeta de modo irrestricto que cada uno maneje su vida y su hacienda como le parezca mejor, como decimos, asumiendo cada uno su responsabilidad, lo cual incluye las asociaciones caritativas con recursos propios y así hablar en la primera persona del singular y no vociferar en la tercera del plural, es decir, proceder coactivamente con el fruto del trabajo ajeno. Tal como reza el adagio anglosajón: “Put your money where your mouth is”.

 

Con razón el decimonónico Bastiat decía que el aparato estatal “es la ficción por la que todos pretenden vivir a expensas de todos los demás”. Cada vez que se dice que el aparato estatal debe hacer tal o cual cosa hay que preguntarse a quienes de los vecinos hay que arrancarles recursos puesto que ningún gobernante aporta de su peculio para proyecto político alguno (más bien tienen una manifiesta inclinación por quedarse con lo ajeno).

 

Lo dicho para nada desconoce la posibilidad que algunas personas decidan ser manejadas por otros designando tutores o curadores y estableciendo sistemas colectivistas conviviendo dentro de un mismo país, pero nada autoriza a que ese sistema lo impongan a personas que mantienen su autoestima y su sentido de dignidad y quieran vivir como humanos, a saber, haciendo uso de su libertad.

 

Aparecen sujetos en el ámbito político en atriles diversos, casi siempre con el dedo índice en alto declamando que ellos no persiguen intereses electorales ni componendas sino que defienden principios. Pues no saben de que están hablando ya que la política busca votos de lo contrario se esfuman los candidatos y si no se acuerda pierden apoyo y si se mantienen tercos en principios son barridos del escenario. El político de una u otra inclinación es en última instancia un megáfono de lo que ausculta está demandando su clientela. Por eso es tan importante el debate de ideas y la educación: va al fondo de las cosas y determina lo que aplaudirá o rechazará la opinión pública que es la que, a su vez, permitirá que se articule tal o cual discursos desde los estrados políticos.

 

Repasar los documentos originales de todas las sociedades libres nos recuerda la idea de gobierno por la que se establecieron esas sociedades. Con el tiempo, debido a una muy exitosa faena educativa (más bien des-educativa) la idea del monopolio de la fuerza y sus consiguientes funciones ha variado radicalmente desde la idea jeffersoniana de que “el mejor gobierno es el que menos gobierna” a la idea leninista de abarcarlo todo en manos del gobierno.

 

Es que se dejó de lado el principio defensivo básico de que “el costo de la libertad es su eterna vigilancia” pero no meramente por parte de algunos sino de todas las personas independientemente de sus obligaciones y tareas cotidianas. Si se pretende el respeto hay que hacer algo diariamente para lograr y mantener ese objetivo noble. No es como si algunos estuvieran en la platea esperando que actúen otros que deben estar en el escenario. Esta actitud conduce a que se demuela la platea, se caiga el escenario y finalmente se incendie el teatro en manos de hordas anti-civilización. Hacemos votos para que el caso venezolano comience ahora a marcar el rumbo hacia los valores de la libertad.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa.

¿QUÉ ES EL DERECHO?

Por Alberto Benegas Lynch (h)

 

Lo primero que debe decirse es que el derecho no es un invento del gobierno sino que es anterior y superior al monopolio de la fuerza que en esta instancia del proceso de evolución cultural es para proteger los derechos de los gobernados.

 

El derecho es consubstancial a la naturaleza del ser humano.  El hombre siempre actúa con la intención de pasar de un estado menos satisfactorio a uno que le proporcione mayor satisfacción. Esos estados de satisfacción son enteramente subjetivos y dependen enteramente de la estructura axiológica de cada cual. En este proceso el hombre busca la mayor incorporación de lo que estima son valores (que en realidad pueden ser desvalores si en definitiva le hacen daño). En una sociedad abierta cada uno asume la responsabilidad por lo que hace o deja de hacer.

 

Hay dos planos de análisis en esto: por un lado las apreciaciones o valorizaciones subjetivas de cada uno y, por otro, la objetividad de las cosas en el sentido de propiedades y relaciones que son independientemente de las opiniones de cada cual. El derecho es simplemente la facultad de las personas para seguir el curso que estime conveniente siempre y cuando no lesione derechos de terceros. Del mismo modo que las flores y los minerales tienen ciertas propiedades y características, el ser humano también las tiene.

 

En una sociedad abierta se da rienda suelta a lo que cada uno considera es su camino para ejecutar sus proyectos de vida siempre y cuando, como queda dicho, que no lesiones derechos de terceros. Y no es que el derecho tenga un límite, la destrucción del derecho ajeno no es un derecho.

 

El hecho de actuar pone de relieve que el ser humano es imperfecto y,  por ende, está insatisfecho. Busca afanosamente la felicidad que en rigor es la actualización de las potencialidades en busca del bien pero evidentemente puede ser malentendida y dirigirse a la ruina. En todo caso, no es de incumbencia de nadie más que del sujeto actuante, sin perjuicio de lo cual pueden ofrecerse consejos y debatir voluntariamente objetivos pero en ningún caso en la sociedad abierta es lícito recurrir a la fuerza para fines que no sean estrictamente defensivos.

 

Todo derecho implica como contrapartida una obligación. Si una persona obtiene un ingreso de mil,  la contratara es la obligación universal de respetar ese ingreso. Pero si esa persona demanda dos mil aun no obteniéndonos y el gobierno otorga esa facultad quiere decir que otro estará obligado a entregar la diferencia, lo cual lesiona su derecho, por tanto se trata de un pseudoderecho.

 

Desafortunadamente en la actualidad vivimos rodeados del otorgamiento de pseudoderechos: derecho a la educación no en el sentido de que cada uno puede educarse sino en el sentido que otros vecinos están obligados a financiar los estudios de terceros, y así en idéntico contexto el derecho a la vivienda, a hidratos de carbono o vitaminas, a un salario adecuado, a la recreación etc., etc.

 

Este enfoque desafortunado reasigna los siempre escasos recursos en direcciones diferentes a las que lo hubiera hecho la gente con sus compras y abstenciones de comprar en el supermercado y afines con lo que hay consumo de capital que a su vez se traduce en menores salarios e ingresos en términos reales, que, entre otras cosas, no permite expandir la educación, la vivienda, la alimentación, la recreación y demás aspiraciones del todo legítimas y necesarias.

 

No hay posibilidad de contar con una sana economía si no existen normas que garanticen el respeto recíproco. Un ejemplo entre tantos: cuando las instituciones permiten que el aparato estatal estafe a la gente vía la manipulación monetaria, se distorsionan los precios relativos que a su turno engaña a los operadores económicos en su asignación de factores de producción y el consumo de capital correspondiente contrae salarios e ingresos en términos reales. Siempre que se habla de derecho se habla de justicia que significa “dar a cada uno lo suyo”  lo cual remite a la propiedad privada que, a su vez, es el eje central del proceso de mercado.

 

He escrito antes sobre distintos canales para producir grietas sumamente peligrosas en el edificio jurídico, pero hay cinco que son las más frecuentes. Telegráficamente consideradas, se trata de las teorías del “abuso del derecho”,  “la lesión”, “la imprevisión”, “el enriquecimiento sin causa” y “la penetración” sobre las que han advertido todos los grandes tratados de derecho civil y estaban proscriptas en las normas escritas y no escritas de toda sociedad abierta en la que naturalmente se respeta el haz de contratos diarios e inseparables de la propiedad que se suscriben de facto o de jure en casi todas las acciones del hombre (de compra-venta, de enseñanza, de locación, de transporte, de mutuo, de mandato, de gestión de negocios, de fianza, de donación, societarios, aleatorios, de adhesión y así sucesivamente).

 

La llamada “teoría del abuso del derecho” ha sido catalogada por autores como Planiol y Ripert como una logomaquía puesto que un mismo acto no puede ser simultáneamente conforme y contrario al derecho. Por medio de esta figura se concede al gobernante la facultad de sacrificar la voluntad, la libertad y la autonomía de una o de ambas partes en pos de la arbitrariedad judicial. Se suelen citar ejemplos en los que se estima una de las partes se ve obligada a cumplir con lo estipulado a pesar de su precaria situación, lo cual no permite ver que son muchas las personas (comenzando por nuestros ancestros de las cavernas) que atraviesan dificultades varias pero si se autoriza a quebrar los contratos las dificultades se extienden en grado sumo tal como ocurre en los países en los que no se respetan las relaciones contractuales.

 

Por su parte, al introducirse el principio de la “lesión”, también se otorga al juez la facultad de declarar nulo un contrato aun actuando dentro de la esfera del derecho. Si se estimara que una norma no protege adecuadamente las autonomías individuales y, por ende, no hace justicia, debe ser modificada o abrogada. La confiscación del poder judicial de las facultades del legislativo constituye un abuso de poder que vulnera la división de poderes. Por ejemplo, una nota del codificador argentino al Código Civil de 1869 apunta la irrevocabilidad del contrato al sostener que “dejaríamos de ser responsables de nuestras acciones si la ley nos permitiera enmendar todos nuestros errores y todas nuestras imprudencias”.

 

La teoría “de la imprevisión” solo se diferencia de la de la lesión en cuanto a la temporalidad, es decir, que mientras esta se juzga al momento de celebrarse el contrato, aquella es juzgada en el futuro y de ocurrir circunstancias previstas solo por una de las partes o no previstas e imprevisibles, lo cual convierte a la obligación en más onerosa. En este contexto ha escrito Bibiloni que “No hay sociedad posible si por circunstancia de que alguien obtenga provecho de una relación legítima con otro, está obligado al resarcimiento. El que vende o compra o arrienda o ejerce, en fin, la más natural acción, puede obtener lucro de la otra parte, sin que de ahí se deduzca nada porque para eso son los contratos”. El respeto a la palabra empeñada constituye el eje central de una sociedad abierta, lo cual implica el asumir todas las consecuencias de lo pactado.

 

En cuarto lugar, la teoría del enriquecimiento ilícito tiene dos significados bien diferentes: por un lado el incremento patrimonial debido a causas contrarias al derecho, es decir, debidas a acciones ilícitas y la segunda interpretación, la que en verdad da lugar a esta teoría es el incremento patrimonial como consecuencia de operar conforme a derecho pero declarado nulo por el poder judicial, con lo que, nuevamente, nos encontramos frente a la arbitrariedad y al atropello del Leviatán con las consecuencias devastadoras que significa la suspensión del derecho a manos de la discrecionalidad y la imprevisibilidad, todo lo contrario de lo que requiere la seguridad jurídica.

 

Por último, la novel “teoría de la penetración” permite que los accionistas de una sociedad anónima sean responsables solidaria e ilimitadamente con sus bienes, respondiendo por los actos de la empresa de la cual son copropietarios, con lo que se extingue la figura de la personería jurídica confundiéndola con las personas de existencia física y demuele la noción misma del carácter societario para entregarla a las resoluciones circunstanciales de gobiernos que abrogan de facto las mismas normas en cuyo contexto se desenvuelven.

 

Por supuesto que estas cinco afrentas al derecho (en el caso argentino incorporadas al Código Civil por el gobierno de facto del general Onganía) no son las únicas por la que los marcos institucionales están en jaque, también se hace de modo flagrante al desconocer los principios de la garantía de la cosa juzgada, la irretroactividad y al incorporar los llamados “derechos sociales” que, como hemos apuntado, significan pseudoderechos ya que, al concederlos, necesariamente dañan los derechos de terceros al no tener en cuenta que a todo derecho corresponde una obligación y si estas resultan contrarias al derecho de otros inexorablemente se perjudica seriamente el andamiaje jurídico con lo que, además, se afecta a quienes se pretende mejorar en su condición.

 

Hoy en día hay lugares en los que los comisarios del momento ni siquiera alegan las teorías anteriormente mencionadas sino que proceden al atropello a los derechos de las personas sin dar explicación alguna como no sea escudado en “la soberanía” de los aparatos estatales sin percatarse de que la soberanía reside en los gobernados que contratan a gobiernos para que los protejan y no para que los ataquen, actuando no como mandantes sino como mandatarios sin límite alguno en sus atribuciones.

 

Desafortunadamente en la mayor parte de las facultades de derecho el positivismo jurídico ha hecho estragos y se ha perdido la noción de mojones o puntos de referencia de justicia extramuros de la legislación positiva, situación que conduce indefectiblemente al ensanchamiento de un Leviatán completamente desbocado, en desmedro de los derechos de las personas y con lo que cualquier Hitler (hoy diríamos Chávez) que asume el poder con suficiente apoyo electoral convierte su legislación pervertida en “normas de justicia”.

 

Ya se ha señalado y repetido con razón que las declinaciones de los diversos países no se deben a factores exógenos sino internos, comenzando por lo que ocurre en la cabezas de la gente. Michail Rostovtzeff explicó detalladamente en su célebre y voluminosa historia el deterioro en los marcos institucionales y en la economía debido al estatismo que irrumpió en la Roma imperial y Taichi Sakaiya resume el tema en su Historia del futuro. La sociedad del conocimiento: “La causa del desmoronamiento y la extinción del mundo antiguo no fue la obtusa ignorancia y el salvajismo de los bárbaros del norte, sino el cambio ético y estético que estaba en marcha mucho antes […] fueron abandonados desde dentro”.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa.

El monopolio de la compasión.

Por Alberto Benegas Lynch (h). Publicado el 13/10/14 en: http://www.lanacion.com.ar/1735043-el-monopolio-de-la-compasion

 

La pretensión de que sólo el estatismo es sensible al dolor de la pobreza, conspira contra las sociedades abiertas y destruye los incentivos para producir, imprescindibles para el desarrollo.

Resulta escandaloso que los estatistas de nuestro mundo pretendan ser los únicos que cuentan con el sentimiento de compasión hacia los pobres y los que sufren. Como es sabido, compasión significa la participación en la desgracia, compartir el dolor, ser solidario en la tragedia ajena, conmiseración con la pena del otro, sentir como propia la aflicción del prójimo.

Estos sentimientos nobles están presentes en toda persona de bien, nadie puede ser indiferente al padecimiento ajeno. No es patrimonio de cierta corriente de pensamiento. La cuestión de fondo radica en saber cuáles son los medios para aliviar esa situación.

En cualquier caso, la limosna propiamente dicha, la entrega de recursos materiales a la persona necesitada, es un camino. Pero el camino más potente estriba en ayudar a que se comprendan las recetas para el mayor bienestar posible por aquello de que “enseñar a fabricar una red de pescar es más ayuda que regalar un pescado”. Lo primero perdura en el tiempo, mientras que lo segundo se agota cuando se ingiere el alimento (Santo Tomás de Aquino incluye el “enseñar al que no sabe” en la categoría de limosna que denomina “espiritual”).

En ese sentido, por mejores que sean las intenciones (recordemos que “la ruta al infierno está pavimentada con buenas intenciones”), el conspirar contra las sociedades abiertas destruye la creatividad y los incentivos para producir.

¿Cuántos intelectuales del liberalismo y equivalentes han venido trabajando sin cesar desde tiempo inmemorial en pos de valores y principios que mejoran las condiciones de vida de los más débiles? ¿Acaso puede decirse con algún dejo de rigor que los estatistas siempre autoritarios realmente son compasivos de las desgracias ajenas? ¿No son suficientes las experiencias fallidas de megalómanos que con la mayor de las arrogancias han alegado el bienestar de la gente, pero la han hundido en la miseria, al tiempo que con machacona frecuencia se han alzado con dineros públicos en el contexto de una farsa macabra?

Como tantas veces hemos reiterado, además de la necesidad de abrir de par en par las puertas de la creatividad que sólo se logra con marcos institucionales civilizados, quienes consideran que hay que adelantar los tiempos y ayudar a los desamparados de inmediato deben recurrir a la primera persona del singular y proceder en consecuencia o reunir interesados en colaborar con ese muy noble propósito. Lo que no es conducente es recurrir a la tercera persona del plural y pretender arrancar el fruto del trabajo ajeno para tal fin. Siempre que se dice que el aparato estatal debe ocuparse del asunto, hay que preguntar a cuáles vecinos hay que sacarles por la fuerza sus recursos. Esto es lo que suelen hacer los políticos en funciones, mientras acumulan canonjías.

Por otra parte, debe tenerse presente que la caridad y la solidaridad aluden a lo realizado voluntariamente, con recursos propios y, si fuera posible, de modo anónimo. El sustraer billeteras y carteras ajenas compulsivamente no es caridad ni filantropía, sino que se trata de un atraco. Este procedimiento degrada y prostituye la sagrada idea de caridad y se convierte en la mayor de las hipocresías.

Es de interés repasar lo ocurrido en muy diversos países antes de la irrupción del mal llamado Estado Benefactor (como queda dicho, el uso de la violencia es incompatible con la beneficencia). La cantidad de asociaciones de inmigrantes, cofradías, montepíos, fundaciones filantrópicas era notable y para los propósitos más diversos. Luego el ogro filantrópico confiscó jubilaciones e impuso el resto de la batería de medidas estatistas, con los resultados por todos conocidos.

No resulta posible ayudar a que las cosas mejoren si se destruye el derecho que, precisamente, permite incrementar las inversiones que, a su vez, es lo único que hace que se eleven salarios e ingresos en términos reales. La referida demolición ocurre cuando se proclaman pseudoderechos. Esto es así porque la contrapartida del derecho siempre implica una obligación. El que alguien gane cierto monto con su trabajo conlleva la obligación universal de respetar ese sueldo, pero si se alega un ingreso que no se obtiene y el gobierno otorga esa suma, necesariamente quiere decir que otros tendrán la obligación de proporcionar la diferencia, lo cual naturalmente significa que se lesionan sus derechos, por ello se trata de pseudoderechos (aspiraciones de deseos a espaldas del derecho).

Como también es sabido, el socialismo, en cualquiera de sus ramas, en mayor o menor grado, apunta al debilitamiento cuando no la eliminación de la propiedad privada vía el engrosamiento de las más extravagantes funciones del aparato estatal para manejar vidas y haciendas ajenas. Esta situación condena a todos a reducir su nivel de vida, especialmente a los más necesitados porque se contraen las tasas de capitalización.

La aludida institución de la propiedad privada constituye el arma más eficaz y en verdad única para asignar los siempre escasos recursos en las manos que mejor los administran a criterio de la gente, puesto que en el supermercado y afines votan todos los días según sus gustos y preferencias. A los que mejor los atienden los premian con ganancias y a los que no los satisfacen los castigan con quebrantos o menores beneficios. Por supuesto que lo dicho no se aplica cuando los empresarios se convierten en amigos del poder, puesto que sus beneficios los obtienen del privilegio y no del veredicto de sus congéneres, lo cual constituye una tremenda injusticia y una explotación a todas luces inaceptable.

Es muy paradójico que muchos de los que manifiestan sus preocupaciones por la condición social de otros que padecen pobrezas alarmantes se vuelquen a decididas y enfáticas recomendaciones como la redistribución de ingresos, el establecimiento de empresas estatales, reformas agrarias, control de cambios, impuestos asfixiantes, gastos siderales de los dineros públicos, deudas estatales astronómicas (internas y externas), regulaciones absurdas, entrometimientos en los precios, sindicalismos fascistas, entorpecimiento de la libertad de prensa, restricciones al comercio y a la producción, en otros términos, la imposición prepotente del Leviatán que convierte a las personas en engranajes de una maquinaria infernal que afecta gravemente la dignidad y la autoestima de quienes son honorables ciudadanos.

Tengamos en cuenta que la pobreza no se corresponde con los recursos naturales, ni con el clima o la etnia, sino con el respeto recíproco, que es el eje central de la sociedad abierta y que desaparece en la medida en que los gobiernos se extralimitan en sus funciones básicas de garantizar la justicia y la seguridad, que es habitualmente lo único que no hacen.

Países con abundantes recursos naturales como la mayoría de los africanos padecen hambrunas, pestes y miserias espeluznantes y otros países sin recursos naturales como Suiza o Japón gozan de niveles de vida muy altos. La geografía o la geología no son el problema, el tema se ubica de las cejas para arriba, es decir, en el uso adecuado de la estructura neuronal para percatarse de las ventajas de vivir en libertad, de allí la relevancia de la excelencia en materia educativa.

Desde que se comenzó a reflexionar sobre el liberalismo, las contribuciones han sido principalmente para evitar calamitosas situaciones de miseria y para que la gente pueda vivir en mejores condiciones, lo cual se logró en algunos lugares en la medida en que hubo el oxígeno del respeto recíproco en libertad. Así se hizo posible cortar de cuajo con la larga sucesión de hechos miserables que mantenían al planeta en una situación en la cual un grupo privilegiado de reyes, emperadores, sátrapas y sus cortes podían vivir con lujos a expensas de la mayoría que se arrastraba entre la mugre y la desesperanza.

No es posible que todos los esfuerzos para cambiar esta desgracia hayan sido en vano puesto que no pocos de los síntomas actuales parece que van en dirección a retrotraer las cosas a lo señalado. Por la compasión más elemental a los pobres del mundo, habría que estar en guardia frente a esta siniestra posibilidad que está avanzando a paso redoblado. Como bien se ha dicho, “el costo de la libertad es su eterna vigilancia”.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. En Administración. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y fue profesor y primer rector de ESEADE.

El derecho a la privacidad

Por Alberto Benegas Lynch (h). Publicado el 30/8/12 en http://diariodeamerica.com/front_nota_detalle.php?id_noticia=7461

 Como es sabido, a todo derecho corresponde una obligación. En el caso que nos ocupa, el correlato significa que existe una obligación universal a respetar la privacidad de otros. Desafortunadamente vivimos la era de los pseudoderechos por los que se alega un “derecho” que inexorablemente significa lesionar el de terceros, como es, por ejemplo, a percibir un ingreso que el sujeto en cuestión no obtiene de sus congéneres pero que los aparatos estatales se lo otorgan a expensas del patrimonio de otros, con lo que naturalmente se infringen sus derechos.

Tal como escribe Milán Kundera en La insoportable levedad del ser “la persona que pierde su intimidad, lo pierde todo”. El derecho a la privacidad significa el resguardo a lo más caro del individuo, como consigna Santos Cifuentes en El derecho a la vida privada constituye una extensión del derecho de propiedad. En la sociedad abierta, el sentido básico de resguardar ese sagrado derecho está dirigido principalmente contra los gobiernos. Como apunta Juan Bautista Alberdi “El ladrón privado es el más débil de los enemigos que la propiedad reconozca. Ella puede ser atacada por el Estado en nombre de la utilidad pública”. La cuarta enmienda de la Constitución estadounidense establece que la gente tienen el derecho a resguardar sus personas, sus papeles (hoy diríamos Internet), sus casas y en general sus efectos contra requisitorias y revisaciones y que ninguna orden de Juez puede librarse sin causa probable de delito sustentada en el debido juramento y con la expresa descripción del lugar específico, los objetos y las personas a ser requisadas.

Luego esta idea de la privacidad fue explicitada para la intromisión de privados, por primera vez expuesta de modo detallado en 1890 por Samuel Warren y Luis Brandis en un ensayo titulado “The Right to Privacy” (Harvard Law Review) y más adelante el célebre libro de Vance Pakard que bajo el título de La sociedad desnuda alude a todos los mecanismos y tecnologías gubernamentales y privadas que pueden utilizarse como invasivas (rayos láser, potentes máquinas fotográficas, telescopios y eventualmente aparatos que puedan captar ondas sonoras de la voz a grandes distancias) y las preguntas insolentes, formularios improcedentes y regulaciones invasivas por parte del Leviatán. Por razones de seguridad, la instalación de cámaras televisivas deben ser anunciadas por el instalador para dar la posibilidad de no transitar o visitar los lugares así vigilados. Por su parte, las llamadas cámaras ocultas en la mayor parte de las normativas penales no se aceptan como pruebas de un delito al ser recabadas por medio de otro delito.

Esto último, que se ha dado en denominar “la teoría del fruto envenenado” puesto que se considera que de aceptarse pruebas obtenidas por medio de la invasión a las garantías constitucionales contaminaría el proceso y consiguientemente tiene aristas de cierta complejidad y costados algo gelatinosos. En este sentido, según las circunstancias, en algunos casos se ha atenuado el asunto al aceptar esas pruebas argumentando la posibilidad (hipotética) de encontrar pruebas evidentes por medio de fuentes independientes, pero condenando al infractor además de hacerlo al imputado (como cuando se introducen cámaras ocultas y equivalentes). De todos modos, no es nada fácil este camino puesto que debe sopesarse con mucho cuidado los hechos ya que hay pruebas inaceptables según el grado del problema (en el extremo repugnante sería el considerar confesiones bajo tortura). El tema no está resuelto y es sumamente delicado por lo que diversos tratadistas lo debaten acaloradamente desde distintos ángulos.  
Sin duda que los procedimientos del common law resultan más abiertos al descubrimiento del derecho que las manías de las codificaciones que no permiten abrir cauce a procesos necesariamente evolutivos. En este contexto es que pueden resolverse paradojas como las señaladas por Ellen Alderman y Caroline Kennedy en su obra The Right to Privacy donde, por ejemplo, exponen el caso de la basura que es evidentemente desechada por los titulares y, sin embargo, su exploración puede evidenciar estados de salud y medicamentos ingeridos, situaciones patrimoniales, dietas alimenticias y hasta costumbres sexuales. 
Estos procesos abiertos también permiten resolver conflictos sobre los ataques a la reputación puesto que estrictamente esta no pertenece como un bien apropiado por el reputado e infranqueable, ya que se trata de lo que los demás piensan de el, lo cual no es óbice para que pueda defenderse en la justicia si hubieran calumnias e injurias.

Walter Block en Defendig the Undefendable sostiene que la murmuración (gossip) es un procedimiento peor que el chantaje puesto que se lleva a cabo sin previo aviso y sin darle posibilidad de salida a la persona sobre la que se comenta sus procederes. Incluso llega a decir que el chantaje, en la práctica, sirve como medida disuasiva para no cometer actos impropios puesto que el objeto del chantaje suele referirse a conductas reprobables o delictuales. Ahora bien, debe precisarse que el chantaje constituye una canallada superlativa puesto que una persona decente tiene dos posibilidades según el grado y características de la información disponible: opta por la discreción o denuncia el hecho. De todos modos, hay que diferenciar claramente lo que son conductas que no aprobamos de lo que debe ser contrario al derecho positivo y, `por ende, considerarse como un delito. En este último caso solo caben las conductas que lesionan derechos de otros.

Por último, transcribimos lo dicho anteriormente sobre la muerte como un acto eminentemente privado y solitario en el contexto de la eutanasia y la denominada autoeutanasia. Etimológicamente, eutanasia quiere decir “buena muerte” y se suele dividir en pasiva y activa, entendiendo la primera como el retiro de medicinas e instrumentos de reanimación completamente desproporcionados y en el contexto de una vida penosa en grado extremo o directamente vida vegetativa, instancia en la que los médicos estiman que no hay posibilidad de revertir la situación del paciente con acuerdo de familiares si los hubiera o, en su caso, con el consentimiento del propio interesado si estuviera lúcido. Sin duda que todo esto se lleva a cabo con el conocimiento disponible, lo cual no excluye acontecimientos impensados y, desde luego, recursos que al momento no están disponibles en la ciencia. Nadie es adivino, de lo que se trata es de tomar decisiones en base a la información del caso al instante de adoptar las medidas que se consideran prudentes y apropiadas frente a un enfermo terminal (demás está decir que los facultativos que tengan alguna objeción de conciencia procederán consecuentemente). Esta eutanasia pasiva sin que necesariamente se declare la muerte clínica en el sentido de ausencia de actividad neurológica, respiratoria y circulatoria (con la debida atención a estados comatosos que pueden modificarse), antes de la muerte biológica en la que hay deterioro irreversible de tejidos y órganos.

Por su parte, la eutanasia activa significa inducir la muerte por exterminación de la vida, sea por comisión o por omisión en cuyo contexto quedan excluidas las condiciones arriba expuestas en el caso de la eutanasia pasiva, lo cual constituye un homicidio. A veces se ha incluido el suicidio en el campo de la eutanasia (“autoeutanasia” se lo ha llamado) ya que comparte el concepto de evitar sufrimientos mayores, espantosa tragedia respecto a la cual me inclino respetuosamente en silencio puesto que para que se renuncie abiertamente al instinto primogénito de conservación el suicida debe atravesar tremendas explosiones y convulsiones interiores de magnitud insospechada, difíciles de imaginar y de concebir. Recuerdo la referencia del sacerdote y teólogo Domingo Basso quien consigna en su libro Nacer y morir con dignidad. Estudios de bioética contemporánea que “se cuentan casos en la historia de la Iglesia de mujeres, veneradas luego como santas, que prefirieron el suicidio a ser objeto de violación […] la ética, incluso católica, ha venido modificando paulatinamente su visión del suicidio. No en el sentido de haber modificado las normas objetivas por las que se ha de juzgar este fenómeno, sino porque existen serias dudas sobre la imputabilidad moral de la acción suicida”. Como apunta John Eccles, premio Nobel en neurofisiología, la vida, incluso para la medicina avanzada, es algo misterioso y sagrado que debe ser tratada con suma ponderación y respeto.

En resumen, cuando se alude a la privacidad no puede hacérselo de modo liviano ni aceptar lo que ocurre en la intimidad de otros solo cuando coincidimos con los procedimientos adoptados. La prueba máxima de la tolerancia no es cuando concordamos con otros sino cuando discrepamos. La sociedad se torna insoportable si no se la concibe como pluralidad de conductas, siempre y cuando estas no lesionen derechos de terceros. Por ello es que encuentro que la mejor definición del liberalismo es la que oportunamente he fabricado: el respeto irrestricto por los proyectos de vida de otros. De más está decir que en esta definición se encuentra implícito el derecho a la privacidad.

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía, Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y fue profesor y primer Rector de ESEADE.