Cuestionando la educación estatal

Por Alberto Benegas Lynch (h) Publicado el 21/12/19 en: https://www.infobae.com/opinion/2019/12/21/cuestionando-la-educacion-estatal/

 

Uno de los pilares de cualquier educación que se precie de tal consiste en fomentar el pensamiento independiente y en la capacidad de cuestionar el statu quo. En esta nota hago precisamente eso y espero como devolución el debate con argumentos y no “cajas destempladas” enojadas porque se pone en tela de juicio lo que la mayoría acepta sin capacidad de contradecir, de hurgar y de explorar otras variantes.

No se trata de sostener que en las instituciones estatales no hay excelentes profesores y profesoras. Además no sería consistente con mi propia trayectoria fuera de las casas de estudio privadas si pensara que toda la enseñanza estatal es deficiente, puesto que fui profesor titular en cinco carreras en la Universidad de Buenos Aires: en el doctorado en ciencias económicas, en grado y maestría en derecho, en ingeniería, en sociología y en el departamento de historia de filosofía y letras. También fui director del Departamento de Doctorado en Economía de la Universidad Nacional de La Plata. No se trata de refutar el hecho de lo mucho y bueno aprendido en entidades gubernamentales de enseñanza merced a las esforzadas y meritorias tareas de maestras y maestros de escuela. Salvando las distancias, tampoco es el caso de discutir la faena formidable de Sarmiento en un territorio virgen (aunque hay trabajos que muestran que en gran medida muchas de las instituciones privadas de la época fueron barridas por la oferta “gratuita”).

A esta altura de los acontecimientos, se trata de revisar el fondo del asunto y no para circunscribirlo al caso argentino sino para formular un análisis global que cabe a todas las instituciones estatales de educación en todas latitudes. No es un asunto de mala voluntad sino de conclusiones ineludibles, ni se trata de contradecir el hecho del notable desempeño en cátedras magistrales en instituciones estatales en todas partes del mundo.

Veamos esto por partes en un análisis que tomo parcialmente de mi conferencia en el European Center for Austrian Economic Foundation de la Universidad del Lietchenstein. En primer lugar, un asunto terminológico: no es pertinente aludir a la “educación pública”, puesto que la educación privada es también para el público, se trata de educación estatal, lo cual de entrada suena mal del mismo modo que lo es el periodismo estatal, el arte estatal y equivalentes.

En la mayor parte de los países hoy, la denominada educación privada no es en rigor privada puesto que las secretarías y ministerios de educación están encargados de aprobar las respectivas estructuras curriculares.

Estos procedimientos ilustran la columna vertebral del fascismo: se permite que la propiedad quede registrada a nombre de privados pero el Gobierno usa y dispone de ella, en contraste con el comunismo que de una manera abierta decide la abolición de la propiedad. Lo primero entonces es comprender que por más buena voluntad, en última instancia resulta difícil enseñar criterios independientes y libres en base a la compulsión.

En un país civilizado, los ministerios y las secretarías de educación deberían dejarse sin efecto y las acreditaciones, en los casos en los que se requieren, serían realizadas, tal como sucedía originalmente, a través de academias e instituciones privadas que, en el proceso, además, sirven de auditorías cruzadas y en competencia de responsabilidades por la calidad de los programas desarrollados en colegios y universidades.

La politización debería estar completamente ausente en un tema tan delicado e importante como la educación. Dado que todos somos diferentes en la mayor parte de los aspectos clave, especialmente desde la perspectiva psicológica, los respectivos programas ofrecidos deben ser distintos al efecto de calzar con las diferentes potencialidades de las múltiples demandas. Por otra parte, debe tenerse en cuenta que esas diferenciaciones lo son de un modo multidimensional en la misma persona por lo que se requiere un proceso dinámico y cambiante. En todo caso, la educación demanda sistemas abiertos y competitivos donde nadie debería tener la facultad de imponer programas desde el vértice del poder, puesto que nadie puede dictaminar lo que deben estudiar otros en el contexto de un proceso evolutivo de prueba y error.

Debe comprenderse que todos pagamos impuestos, especialmente los más pobres que pueden no haber visto nunca un formulario fiscal. Esto es así porque aquellos que son contribuyentes de jure reducen sus inversiones, lo cual, a su turno, reduce salarios e ingresos en términos reales, una secuencia que tiene lugar debido a que las tasas de capitalización constituyen la única explicación por la que se eleva el nivel de vida.

Más aun, si tomamos en cuenta el concepto de utilidad marginal resulta claro que una unidad monetaria -a pesar de que no son posibles las comparaciones intersubjetivas de utilidad ni tampoco pueden referirse a números cardinales- en general no es lo mismo para una persona pobre que lo es para una persona rica. En el primer caso, manteniendo los demás factores constantes, el efecto negativo del tributo será mayor, lo cual hace que el impacto impositivo recaiga en definitiva con mayor peso en los más pobres como consecuencia de la antedicha contracción en las inversiones.

Imaginemos una familia muy pobre que no está en condiciones de afrontar los costos de oportunidad que significa enviar a sus hijos a estudiar. En este caso, los impuestos, como queda dicho, se afrontan de facto vía la contracción de los salarios de los relativamente más pobres que están de hecho financiando los estudios de alumnos más pudientes.

Y si otra familia, con gran esfuerzo, puede enviar a sus hijos a estudiar, si realiza un análisis fiscal correcto los enviarán a instituciones estatales puesto que, de enviarlos a colegios y universidades privadas, estarían pagando un costo doble: uno a través de los impuestos para mantener la educación estatal y otro al financiar la matrícula y las cuotas en el ámbito privado.

Desde otra perspectiva, los costos por estudiante en las entidades estatales de educación son en general más elevados que en instituciones privadas, por la misma razón que opera “la tragedia de los comunes” en cuanto a incentivos que hacen que las mal llamadas “empresas estatales” sean ineficientes.

Se ha sugerido el sistema de vouchers en repetidas ocasiones. Es cierto que este sistema exhibe un non sequitr: esto significa que de la premisa de que otras personas debieran ser forzadas a financiar la educación de terceros no se sigue que deban existir instituciones estatales de educación, ya que el voucher (subsidios a la demanda) permite que el candidato en cuestión elija la entidad privada que prefiera.

En cualquier caso, los vouchers también significan que principalmente son los pobres los que se ven obligados a financiar los estudios de los más pudientes y también, a pesar de que las mediciones de IQ son irrelevantes (como se ha demostrado, todos somos inteligentes pero para temas y campos muy diferentes), aquellos que no califican para las ofertas disponibles deben pagar los estudios de los mejor calificados, lo cual constituye también una injusticia flagrante.

Se ha dicho repetidamente que la educación es un bien público, pero esta afirmación no resiste un análisis técnico ya que no calza en los principios de no-rivalidad y no-exclusión propios de los bienes públicos.

También se ha dicho una y otra vez que la educación estatal debe incorporarse porque le da sustento a la idea de la “igualdad de oportunidades”. Esta figura, prima facie parece atractiva pero es del todo incompatible y mutuamente excluyente con la igualdad ante la ley. El liberalismo y la sociedad abierta promueven que la gente disponga de mayores oportunidades no iguales debido a que las personas son distintas.

Una misma línea argumental es aplicable al “derecho a la educación”. No hay tal cosa. Un derecho implica que como contrapartida hay una obligación. Si alguien obtiene como salario 100 en el mercado laboral, hay una obligación universal de respetar ese ingreso. Pero si la misma persona alega que tiene “derecho” a obtener 200 que no obtiene con su trabajo lo cual es sin embargo garantizado por el aparato estatal, esto significa que otras personas serán compelidas a financiar la diferencia, lo cual lesionará sus derechos. Esta es la razón por la que el “derecho a la educación” -el reclamo sobre el bolsillo ajeno- es un pseudoderecho.

Se ha afirmado que debería ayudarse a aquellos que cuentan con las condiciones intelectuales para aplicar a las ofertas educativas disponibles pero que no disponen de los ingresos suficientes. Esta es una aseveración indudablemente muy bien inspirada, pero para ello debería recurrirse a la primera persona del singular y no pretender el endoso a otros recurriendo a la tercera persona del plural. En la misma dirección, debe considerarse que la solidaridad y la caridad nunca pueden ser provistas por el estado ya que, por definición, se trata de actos voluntarios y realizados con recursos propios.

En varios países el home schooling es utilizado como una defensa contra la invasión de la educación estatal. Hace un tiempo, The Economist estudió esta forma de educar desde los domicilios de los interesados de manera extensa, donde consignó las opiniones de los oficiales de admisión de varias de las universidades del Ivy League en Estados Unidos respecto a los candidatos a ingresar en esas casas de estudios provenientes del home schooling. Las opiniones eran coincidentes en señalar no solo las excelentes condiciones académicas de los candidatos sino que subrayaron el cuidado y la precisión en la forma de expresarse y la prolijidad en sus vestimentas.

Algunas personas han objetado el home schooling en base a la creencia de que este sistema no permite la socialización de unos alumnos con otros, lo cual no es cierto porque, precisamente, la preocupación y ocupación es mucha por programar reuniones sociales entre los jóvenes a través de deportes, bailes, certámenes de ajedrez, asociaciones varias, actividades en parroquias y equivalentes. Es notable el apoyo logístico que presentan los programas de estudio en Internet, lo cual no requiere que los padres conozcan los contenidos de las diversas asignaturas, solo se necesita que hagan el seguimiento de los estudios de su prole directamente o lo hagan a través de personas contratadas a tal efecto.

Cuando tiene lugar la educación estatal, en mayor o menor medida, tarde o temprano, aparece el adoctrinamiento debido a la necesaria intromisión del gobierno. Si los burócratas están a cargo de la educación de alguna manera inexorablemente influyen sobre los programas, los textos y las pautas a su cargo.

Se mantiene que los niños deberían contar con un minimum de enseñanza tal como el aprendizaje de la lectura y la escritura, pero si los padres de familia consideran que eso es importante, es eso a lo que se le otorgará prioridad tal como ha ocurrido a través de la historia por medio de pagos directos o por medio de becas.

Es muy cierto que la educación es fundamental pero más importante aun es el estar bien alimentado y ninguna persona de sentido común, a esta altura, propondrá que la producción de alimentos esté en manos del Estado porque la hambruna es segura. Cuando la política se hace cargo de la educación, aparece otro tipo de hambruna que es la espiritual y cultural.

Si prestamos atención a los escritos de historiadores, comprobaremos que, comenzando con Atenas, la Roma de la República antes del Imperio, el mundo árabe en España y en el comienzo de las colonias estadounidenses no había interferencia estatal en materia educativa. Cualquiera podía instalar un colegio y competir para atraer alumnos a muy diferentes precios y condiciones, lo cual produjo como resultado la mejor educación del mundo de entonces.

Debido a que el control gubernamental poco a poco se fue apropiando de la educación, desde el siglo XVII se instaló el primer sistema estatal en Alemania y en Francia. Ya en el siglo XVIII la mayor parte de Europa estuvo bajo la influencia de este sistema (excepto Bélgica que lo impuso en 1920).

Es errado suponer que cuanto más gaste el gobierno en educación la situación mejorará. Antes al contrario, a través de la politización la situación educativa se torna más difícil si es que se pretende contar con personas con criterios independientes. Es curioso que haya quienes se quejan airadamente de la politización y en muchos casos la baja calidad de la educación y, sin embargo, son los primeros en sugerir que los aparatos estatales intervengan en los procesos educativos.

Por último destaco que en una sociedad abierta cuando se estima que padres lesionan derechos de sus hijos sea en materia educativa, alimentaria o física, quienes detectan esas conductas pueden actuar como subrogantes ante la Justicia.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa. Es miembro del Comité Científico de Procesos de Mercado, Revista Europea de Economía Política (Madrid). Es Presidente de la Sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, miembro del Instituto de Metodología de las Ciencias Sociales de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, miembro del Consejo Consultivo del Institute of Economic Affairs de Londres, Académico Asociado de Cato Institute en Washington DC, miembro del Consejo Académico del Ludwig von Mises Institute en Auburn, miembro del Comité de Honor de la Fundación Bases de Rosario. Es Profesor Honorario de la Universidad del Aconcagua en Mendoza y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en Lima, Presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso y miembro del Consejo Asesor de la revista Advances in Austrian Economics de New York. Asimismo, es miembro de los Consejos Consultivos de la Fundación Federalismo y Libertad de Tucumán, del Club de la Libertad en Corrientes y de la Fundación Libre de Córdoba. Difunde sus ideas en Twitter: @ABENEGASLYNCH_h

ECONOMÍA Y DERECHO: DOS LADOS DEL MISMO ASUNTO

Por Alberto Benegas Lynch (h)

 

Resulta sumamente curioso cuando hay quienes se dicen liberales en cuanto a los marcos institucionales al tiempo que se definen como estatistas en economía. Esto constituye una flagrante contradicción. Los marcos institucionales son el continente, mientras que la economía es parte medular del contendido.

 

¿Qué sentido tiene pronunciarse por la libertad en el continente si será conculcada en el contenido? ¿Qué sentido tiene sostener que se es libre en derecho cuando no se puede disponer de los suyo en las acciones cotidianas? ¿Para que otra cosa es el establecimiento de las garantías del continente si no es precisamente para proteger el contenido?

 

La médula del continente reside en la protección de la propiedad privada que comienza con el propio cuerpo, sigue con la expresión del propio pensamiento y finaliza con el uso y la disposición de lo adquirido legítimamente por cada cual. Declamar sobre las libertades individuales en declaraciones altisonantes, orales y escritas en pomposos documentos de nada valen si no se concretan en la protección de las acciones diarias para que cada uno haga lo que le plazca con lo suyo siempre y cuando no se lesiones iguales derechos de otros.

 

Afortunadamente en muchos de los recintos universitarios del momento en Latinoamérica se ha incorporado la tradición anglosajona conocida como Law and Economics que si bien tiene diversas vertientes apunta a mostrar la íntima relación entre las dos áreas. Antes era común que se trataran como departamentos completamente separados, ahora en cambio se comprende que es indispensable que el abogado debe compenetrarse del proceso de mercado para poder manifestarse con rigor sobre marcos institucionales que comprenden de modo principal sus resoluciones y, asimismo, el economista no puede desconocer el significado vital para su profesión del derecho que rodea y protege la actividad económica.

 

Antes aquella separación tajante perjudicaba grandemente a las dos profesiones en lugar de comprender su estrecha vinculación que, nuevamente reiteramos, se refiere al continente y al contenido respectivamente. Hace años cuando fui el primer  no-abogado que ganó un concurso como profesor titular en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, uno de los miembros del claustro me dijo que no compartía esa designación mía por concurso porque la economía en esa casa de estudios la debía impartir un abogado. Frente a esa manifestación corporativa le pregunté si en el supuesto que hubiera que dictar una cátedra de derecho constitucional en una Facultad de Química la debía dictar un abogado o un químico a lo que sorpresivamente me respondió que “naturalmente” lo debía hacer un químico (!). Este es un caso de extrema insensatez pero era habitual aquella incomunicación (y en no pocos casos lamentablemente lo sigue siendo), pero conviene insistir en la imposibilidad de escindir el derecho y la economía al efecto de minimizar las respectivas incomprensiones que se traducen en daños irreparables en el nivel de vida de la gente que sufre los embates de una economía desquiciada en manos de legisladores que en definitiva destrozan marcos institucionales civilizados.

 

En otra oportunidad nos hemos referido al significado del derecho y ahora parcialmente lo reiteramos. Lo primero que debe decirse es que el derecho no es un invento del gobierno sino que es anterior y superior al monopolio de la fuerza que en esta instancia del proceso de evolución cultural es para proteger los derechos de los gobernados.

 

El derecho es consubstancial a la naturaleza del ser humano.  El hombre siempre actúa con la intención de pasar de un estado menos satisfactorio a uno que le proporcione mayor satisfacción. Esos estados de satisfacción son enteramente subjetivos y dependen enteramente de la estructura axiológica de cada cual. En este proceso el hombre busca la mayor incorporación de lo que estima son valores (que en realidad pueden ser desvalores si en definitiva le hacen daño). En una sociedad abierta cada uno asume la responsabilidad por lo que hace o deja de hacer.

 

Hay dos planos de análisis en esto: por un lado las apreciaciones o valorizaciones subjetivas de cada uno y, por otro, la objetividad de las cosas en el sentido de propiedades y relaciones que son independientemente de las opiniones de cada cual. El derecho es simplemente la facultad de las personas para seguir el curso que estime conveniente siempre y cuando no lesione derechos de terceros. Del mismo modo que las flores y los minerales tienen ciertas propiedades y características, el ser humano también las tiene.

 

En una sociedad abierta se da rienda suelta a lo que cada uno considera es su camino para ejecutar sus proyectos de vida siempre y cuando, como queda dicho, que no lesiones derechos de terceros. Y no es que el derecho tenga un límite, la destrucción del derecho ajeno no es un derecho.

 

Todo derecho implica como contrapartida una obligación. Si una persona obtiene un ingreso de mil,  la contratara es la obligación universal de respetar ese ingreso. Pero si esa persona demanda dos mil aun no los gane y el gobierno otorga esa facultad quiere decir que otro estará obligado a entregar la diferencia, lo cual lesiona su derecho, por tanto se trata de un pseudoderecho.

 

Desafortunadamente en la actualidad vivimos rodeados del otorgamiento de pseudoderechos: derecho a la educación no en el sentido de que cada uno puede educarse sino en el sentido que otros vecinos están obligados a financiar los estudios de terceros, y así en idéntico contexto el derecho a la vivienda, a hidratos de carbono o vitaminas, a un salario adecuado etc.

 

No hay posibilidad de contar con una sana economía si no existen normas que garanticen el respeto recíproco. Un ejemplo entre tantos: cuando las instituciones permiten que el aparato estatal estafe a la gente vía la manipulación monetaria, se distorsionan los precios relativos que a su turno engaña a los operadores económicos en su asignación de factores de producción y el consumo de capital correspondiente contrae salarios e ingresos en términos reales. Siempre que se habla de derecho se habla de justicia que significa “dar a cada uno lo suyo”  lo cual remite a la propiedad privada que, a su vez, es el eje central del proceso de mercado como veremos más abajo.

 

Hay cinco canales que son los más frecuentes para demoler el derecho. Telegráficamente considerados, se trata de las teorías del “abuso del derecho”,  “la lesión”, “la imprevisión”, “el enriquecimiento sin causa” y “la penetración” sobre las que han advertido todos los grandes tratados de derecho civil y estaban proscriptas en las normas escritas y no escritas de toda sociedad abierta en la que naturalmente se respeta el haz de contratos diarios e inseparables de la propiedad que se suscriben en las acciones cotidianas del hombre (de compra-venta, de enseñanza, de locación, de transporte, de mutuo, de mandato, de gestión de negocios, de fianza, de donación, societarios, aleatorios, de adhesión y así sucesivamente).

 

En el caso argentino, aquellas figuras fueron incorporadas al Código Civil en el gobierno de facto del general Onganía y sus defectos pueden subsumirse en la primera de ellas. La llamada “teoría del abuso del derecho” ha sido catalogada por autores como Planiol y Ripert como una logomaquía puesto que un mismo acto no puede ser simultáneamente conforme y contrario al derecho. Una nota del codificador argentino al Código Civil de 1869 apunta la irrevocabilidad del contrato al sostener que “dejaríamos de ser responsables de nuestras acciones si la ley nos permitiera enmendar todos nuestros errores y todas nuestras imprudencias”.

 

Por su parte, la confiscación del poder judicial de las facultades del legislativo (el peligro del “gobierno de los jueces”) constituye un abuso que vulnera la división de poderes. En definitiva, ha escrito Bibiloni que “No hay sociedad posible si no hay el respeto a la palabra empeñada” que constituye el eje central de una sociedad abierta, lo cual implica el asumir todas las consecuencias de lo pactado.

 

Desafortunadamente en la mayor parte de las facultades de derecho, el positivismo jurídico ha hecho estragos y se ha perdido la noción de mojones o puntos de referencia de justicia extramuros de la legislación positiva, situación que conduce indefectiblemente al ensanchamiento de un Leviatán completamente desbocado, en desmedro de los derechos de las personas.

 

Por último, el centro de la actividad económica radica en el mercado que como bien se ha dicho no es un lugar sino un proceso del cual participan todos. Los economistas hemos incurrido en el error de sobresimplificar el concepto al hacerlo aparecer como un antroporfismo: “el mercado dice”, “el mercado prefiere” etc. como si se tratara de un fulano en lugar de puntualizar que se trata de un proceso en el que millones y millones de personas que interactúan entre si todos los días y en todos los lugares (y donde las autoridades no las dejan operar buscan refugio en el mercado negro). En este sentido,  el mercado somos todos.

 

La institución clave del mercado es la propiedad privada por la que se asignan los siempre escasos recursos de acuerdo a las votaciones diarias de la gente al poner de manifiesto sus preferencias y rechazos. No son posiciones irrevocables, se acrecienta o se disminuye la propiedad de cada cual en la medida en que se sepa satisfacer las necesidades del prójimo. El único modo de enriquecerse en una sociedad abierta es sirviendo al prójimo y el peor enemigo del mercado es el llamado empresario que se alía con el poder político para usufructuar de privilegios que siempre perjudican gravemente a la gente.

 

La redistribución de ingresos que realizan gobiernos a través de legislaciones que destruyen los antes mencionados pilares del derecho, inexorablemente consumen capital que, a su vez, disminuyen salarios e ingresos en términos reales puesto que el único factor que permite su elevación son las tasas de capitalización. La redistribución a través de los aparatos estatales necesariamente opera a contramano de la distribución original y voluntaria que llevó a cabo la gente en los supermercados y afines.

 

Al efecto de ilustrar lo puntualizado en esta nota periodística y hablando de antropomorfismos, menciono al pasar que un abogado y destacado representante de uno de los partidos que integran la alianza gobernante hoy en Argentina ha dicho textualmente en público y sin ruborizarse que “el Estado es la inteligencia de la sociedad” (será por eso que estamos como estamos los argentinos).

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa.