Nicolás Maduro, sin antifaz, procura ganar tiempo

Por Emilio Cárdenas. Publicado el 24/8/17 en:  http://www.lanacion.com.ar/2056102-nicolas-maduro-sin-antifaz-procura-ganar-tiempo

 

Como era previsible, la situación política, económica y social venezolana continúa deteriorándose. Aceleradamente. Para muchos venezolanos, vivir es un infierno. Nicolás Maduro, ya sin disimulo alguno, apunta a transformar a Venezuela en una dictadura. Para eso, precisamente, su antidemocrática convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que previsiblemente concentrará el poder absoluto en manos del ex colectivero.

La hasta no hace mucho procuradora general Luisa Ortega, como era previsible, fue destituida -de inmediato- por la Asamblea Nacional Constituyente que, además, asumió lo sustancial de las facultades legislativas que posee el Parlamento, único órgano de gobierno cuyos miembros han sido elegidos con transparencia por el pueblo y que, precisamente por ello, está dominado por la oposición venezolana, que representa a la enorme mayoría de los ciudadanos del país caribeño. Luisa Ortega, una chavista de los primeros días, está hoy refugiada en Colombia luego de tener que escapar precipitadamente de su país con su marido, el diputado Germán Ferrer, a través de Aruba. Si no lo hubiera hecho, el matrimonio estaría hoy, como muchos dirigentes opositores, alojado en las cárceles de Nicolás Maduro. Ocurre que es probable que tengan pruebas fehacientes de la corrupción derivada de la relación de la administración venezolana y la empresa brasileña Odebrecht. Quizás por esto ella esté ahora en Brasil.

Cabe recordar que la aludida Asamblea Nacional Constituyente venezolana no fue elegida libremente en las urnas por voto popular. Sus 545 miembros fueron digitados por el chavismo y le responden incondicionalmente. Por esto hay pocas dudas de que si la Asamblea Nacional Constituyente cumple con su encargo, las posibilidades de supervivencia de la democracia en Venezuela serán aún menores que las actuales. Como si lo antedicho fuera poco, la Corte Suprema venezolana no es independiente y está también cuidadosamente manejada (a control remoto) por Nicolás Maduro. A punto tal que ya ha dejado velozmente sin efecto la casi totalidad de las normas sancionadas por el Parlamento de su país.

En ese escenario, claramente antidemocrático, la mayoría de los venezolanos está participando en una larga serie de protestas callejeras que, en las últimas semanas, han dejado un saldo penoso de 125 muertos y más de 2000 heridos. Desgracia a la que cabe sumar la existencia de al menos 645 presos políticos, a juzgar por las cifras difundidas por el Foro Penal Venezolano.

Contemplar la realidad venezolana genera una enorme preocupación. Ocurre que lo que está a la vista es un gobierno que -entre otras cosas- no vacila en disparar a matar, para así tratar de sofocar las protestas de su pueblo. A cara descubierta.

Como consecuencia de la demolición de la democracia venezolana el Mercosur,invocando la llamada “Cláusula Democrática”, acaba de suspender a Venezuela de su seno, hasta que se “restablezca el pleno orden democrático”, transformando de esa manera a la dictadura venezolana en paria regional. Para el Mercosur, es indispensable comenzar, ya mismo, con un proceso de transición política cuyo objetivo sea el regreso de Venezuela a la democracia.

La gravedad de la sanción aplicada no hace sino destacar la enorme seriedad de lo que está sucediendo en Venezuela. Nuestro canciller, Jorge Faurie, con su habitual claridad de lenguaje, expresó: “Venezuela no tiene libertades y el Mercosur le dice basta a esa Venezuela, represora y dictatorial”. Tanto Argentina como Brasil, las dos potencias regionales, califican directamente a Nicolás Maduro de dictador, justificando la fuerte sanción dispuesta, por tiempo indeterminado. En paralelo, al menos doce embajadores de distintos países del mundo, incluyendo al argentino, al mejicano y al chileno, concurrieron personalmente al Parlamento venezolano para así apoyarlo simbólicamente.

Nicolás Maduro acusa al presidente Mauricio Macri de hacerlo “víctima” de una persecución, insultándolo de paso, haciendo gala de su peculiar “estilo” patotero.

El actual canciller de la administración de Nicolás Maduro, Jorge Arreaza, ante la dura realidad venezolana ha invitado a una reunión a todos los países que han respaldado al Parlamento venezolano, lo cual, según él, los pone “en connivencia” con los legisladores. Debió decir, en cambio, que los pone del lado del pueblo venezolano, desde que esos parlamentarios fueron libremente elegidos en las urnas.

De más está señalar que el diálogo es efectivamente el camino capaz de evitar la violencia. A lo que cabe agregar -sin embargo- que no hay diálogo conducente cuando no existe buena fe. La conducta del gobierno de Nicolás Maduro, al menos hasta ahora, ha hecho gala de una arrogante y permanente actitud de mala fe. Como consecuencia, lo primero que debe ocurrir en Venezuela es el restablecimiento de un mínimo de confianza recíproca, que permita a las partes encontrar un mecanismo apto para la búsqueda de una fórmula de transición. No será nada sencillo. Pero está claro que, si Nicolás Maduro no cede en sus pretensiones dictatoriales, las conversaciones y esfuerzos serán inevitablemente estériles. Desgraciadamente, las razones para el optimismo son pocas y no están a la vista. El papa Francisco poco parece poder hacer para impulsar o facilitar ese diálogo, desde que no goza de la credibilidad de la oposición.

Mientras el caos impere en Venezuela, el país va camino a ser objeto de sanciones, al menos por parte de los Estados Unidos. Aquellas que puedan de pronto tener que ver con sus exportaciones de petróleo crudo le causarán seguramente un daño significativo. No obstante, dada la relación operativa del particular tipo de crudo venezolano con la actividad refinadora norteamericana, la imposición repentina de esas medidas no es una tarea simple.

Flotando sobre el escenario hay -además- otra nube negra. A la manera de feo presagio. La de un posible “golpe” militar en Venezuela. Pero desde que los mandos militares están prolijamente seducidos, económicamente, por Nicolás Maduro y rodeados de sospechas de participación en las actividades del narcotráfico, nadie puede suponer que si el actual presidente venezolano resulta -de pronto- desplazado del poder, la consecuencia necesaria sea el inmediato regreso a la democracia.

La agonía de la democracia en Venezuela -queda visto- continúa y se está transformando en una cuestión de paz y seguridad particularmente compleja que alimenta la inquietud de la mayoría de los países de nuestra propia región. Y no sin claras razones objetivas.

 

Emilio Cárdenas es Abogado. Realizó sus estudios de postgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan y en las Universidades de Princeton y de California.  Es profesor del Master de Economía y Ciencias Políticas y Vice Presidente de ESEADE.

El derecho de protesta en EE.UU.

Por Emilio Cárdenas. Publicado el 30/3/17 en: http://www.lanacion.com.ar/2001370-el-derecho-de-protesta-en-eeuu

 

Las protestas callejeras y en los espacios públicos están creciendo en intensidad en toda la región. Hace pocos días, el presidente uruguayo Tabaré Vázquez emitió un decreto por el que prohíbe los piquetes que comenzaron a cortar calles o rutas en su país, como si de pronto hubiera aparecido un repentino derecho a hacerlo. En paralelo, la ciudad de Buenos Aires se ha transformado en un despiadado infierno que por momentos tiene presos a sus habitantes en una madeja de maldades callejeras frecuentemente alimentada por los resentimientos. Mientras esto sucede, las más altas autoridades de la ciudad se rehúsan a hacer cumplir la ley. Como si esa fuera una opción válida y no una conducta vergonzosa con la que traicionan a sus mandantes. La consecuencia es el florecer de las anomia, con todos sus peligros y connotaciones.

Es como si de pronto no pudiera haber protestas sin que ellas provoquen molestias graves o hasta daños a terceros. Se procura generar no sólo inconvenientes menores, sino perjuicios graves. Para quienes protestan, los demás parecen apenas un blanco a impactar. Lo más duro posible. Sin mayores miramientos.

Ante ese estado de cosas, vale la pena reseñar, muy brevemente, cuáles son los “límites” de las protestas en otro universo. En uno de los países más apegados a la ley de nuestro hemisferio: los Estados Unidos. A la manera de ejemplo y de recordatorio de que el prójimo existe. Y que es nada menos que un conciudadano. Con derechos y urgencias incuestionables. A quien es realmente enfermizo tratar apuntar, en procura de lastimarlo todo lo que sea posible. Actitud que obviamente destierra la solidaridad social.

En los Estados Unidos, cuya Constitución -cabe recordar- inspirara a la nuestra, el derecho a protestar pacíficamente goza, como sucede también entre nosotros, de una clara protección constitucional. Pero tiene límites. La protección constitucional es importante, porque se trata de un derecho no menor, íntimamente vinculado con la libertad de expresión. Pero con límites, porque quienes lo ejercen deben respetar las normas que regulan su ejercicio.

 

Las protestas sociales pueden realizarse en los espacios públicos, tales como plazas, calles, o veredas. Por lo general, para poder realizarlas en los lugares públicos se requiere obtener previamente los permisos que en cada caso correspondan. Estos, en líneas generales, deben ser conferidos mediante el cumplimiento de requisitos siempre razonables y no pueden negarse en función de la razón o del contenido de la respectiva protesta, salvo que con ella se incite a la violencia o, de pronto, se convoque a cometer actos ilegales. Tampoco pueden denegarse en función de quien es la persona o la entidad específica que los solicitan.

Si la protesta se realiza en las calles o concentra a un número importante de personas o usa amplificadores o parlantes, los permisos previos son generalmente necesarios, salvo que la protesta responda a un incidente o a un episodio repentino, uno que efectivamente acaba de suceder.

Una protesta menor, que tenga lugar sólo en alguna parte de las veredas y que obedezca razonablemente las señales de tránsito, suele no requerir autorización alguna. Si con ello no se interrumpe, ni bloquea, la circulación. Quienes protestan pueden distribuir panfletos, llevar carteles y hasta solicitar firmas en su apoyo. Pero no pueden forzar, nunca, a otros a “tener que recibir” lo que ellos pretenden entregar a terceros. Menos aún por la fuerza.

En los EEUU, el uso de tambores, instrumentos o cánticos está protegido por la Primera Enmienda de la Constitución federal, aquella que expresamente garantiza la libertad de expresión. Existe asimismo el derecho a usar máscaras durante las protestas. Pero, si con ellas en la cara, de pronto se violan normas o se oculta la identidad en manifestaciones que no cumplen con la ley, puede incurrirse en conductas severamente penadas, de distinto tipo. Las protestas deben, por lo demás, respetar las normas sobre los niveles sonoros o de ruidos admisibles. Nunca pueden ser ensordecedoras, como algunos pretenden. No es lo mismo aturdir, que convencer, es evidente.

Cuando quienes protestan no son residentes permanentes de los EEUU, ellos pueden ser objeto de investigaciones especiales. Lo mismo ocurre cuando se trata de inmigrantes, a los que se aconseja siempre llevar con ellos -preventivamente- el teléfono de su abogado para cualquier contingencia que aparezca.

La protección al derecho constitucional a la protesta no se aplica cuando se violan domicilios o propiedades, o espacios de terceros. En ningún caso. Cede, entonces, frente al derecho de propiedad. Ni cuando se desobedecen o se interfiere con órdenes emanadas legalmente del personal policial, las que siempre deben respetarse. Ni tampoco existe ni se reconoce protección cuando quienes protestan realizan acusaciones falsas contra funcionarios públicos.

No puede haber protestas presuntamente pacíficas que, en la realidad, consistan en actos o en actividades ilegales. Si estas cosas suceden, los responsables no están a cubierto de tener que asumir todo lo que legalmente les corresponda como consecuencia de sus conductas antisociales.

Siempre en los EE.UU., toda protesta que, sin permiso previo, interrumpa la circulación de vehículos o de personas es, en principio, considerada como ilegal. Nadie tiene, por lo demás, derecho alguno a la protesta, si con ella pone en situación de peligro a los demás. Si esto sucede, los responsables son generalmente pasibles de arresto.

Tampoco se permiten las protestas con las que se bloquean efectivamente los accesos a edificios o instalaciones. Ellas son ilegales. Las protestas, por lo demás, no pueden consistir en generar molestias físicas a la gente. Nunca.

La regla general en el país del norte es que las protestas no pueden realizarse en terrenos o locales de propiedad privada, incluyendo a los malls o shopping centers. Para poder hacerlas, se requiere la autorización del respectivo propietario, quien no está obligado a conferirla. Nadie tiene el derecho de permanecer en protesta dentro de una propiedad perteneciente a un tercero, si éste le solicita específicamente que se retire.

Estos son los parámetros generales que gobiernan el derecho a la protesta en los EE.UU. Como siempre, su efectividad depende de cómo, dentro de la ley, se los protege y respeta.

En conclusión, salvando las obvias distancias, la reglamentación del derecho de protesta en los EE.UU. reconoce que se trata de un derecho sustantivo, al que cabe reglamentar definiendo sus fronteras y parámetros, para tratar de evitar los abusos.

 

Emilio Cárdenas es Abogado. Realizó sus estudios de postgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan y en las Universidades de Princeton y de California.  Es profesor del Master de Economía y Ciencias Políticas y Vice Presidente de ESEADE.

Unasur sale al rescate de Nicolás Maduro:

Por Emilio Cárdenas. Publicado el 18/3/15 en: http://www.lanacion.com.ar/1777085-unasur-sale-al-rescate-de-nicolas-maduro

 

El tratado constitutivo de Unasur se suscribió el 23 de mayo de 2008. No obstante, entró en vigor dos años después. En noviembre de 2010. Sus objetivos incluyen “construir un espacio de integración y unión” entre sus Estados Miembros y “fortalecer la democracia”. Unasur tiene -además- una larga lista de objetivos “específicos”, donde se encuentra prácticamente todo lo imaginable, incluyendo algo bastante poco conocido: “la consolidación de una identidad suramericana, a fin de alcanzar una ciudadanía (común) suramericana”.

De esto último quizás no se han enterado los dirigentes uruguayos del “Sindicato Único de la Construcción” que acaban de obligar a una veintena de trabajadores bolivianos que trabajaban en el montaje de la planta fotovoltaica de “La Jacinta”, en Salto, a abandonar sus tareas, al grito de “mándense a mudar, no queremos extranjeros”.

Unasur es un organismo regional sobreabundante supernumerario. Algo así como “la quinta rueda del carro”. Pero ha copado la escena. Y desplazado a los demás. Especialmente a la OEA . Entre las razones políticas e ideológicas para su creación – en la que trabajaron incansablemente Hugo Chávez y Néstor Kirchner – aparecen el deseo de excluir completamente del diálogo regional a los EE.UU., Canadá y México y el propósito inicial de unificar la política exterior de la región, detrás del ideario bolivariano.

Prueba de esto último han sido tanto la torcida intervención de Unasur en la crisis de Pando, en Bolivia, protegiendo a Evo Morales con un informe lleno de falsedades que ha sido objeto de críticas devastadoras. Porque, por ejemplo, algunos de los muertos que allí se denunciaban aparecieron luego con vida. Como también la ilegal suspensión de Paraguay de Unasur, para permitir -con ella- el ingreso de la Venezuela de Hugo Chávez, que Paraguay -conforme era su derecho- vetaba.

En rigor, Unasur es un mecanismo de “protección recíproca” entre los gobiernos de sus Estados Miembros. Por esto ha sido recientemente calificado de “sociedad de socorros mutuos” y de “seguro de permanencia en el poder”. Esto es, de mero instrumento político que hasta ahora, más allá de la retórica, poco y nada ha tenido que ver con una auténtica defensa de la democracia, de los derechos humanos y de las libertades civiles y políticas de los pueblos de sus Estados Miembros.

Su actuación en la crisis de Venezuela es simplemente más de lo mismo. En lugar de condenar a Nicolás Maduro por haber desfigurado totalmente la democracia de su país hasta hacerla irreconocible; reprimir las protestas callejeras con dureza inaceptable, generando un tendal de muertes y lesiones, incluyendo las de jóvenes estudiantes; detener y encarcelar a los líderes de la oposición, en violación abierta al debido proceso legal; desterrar las libertades de prensa y de opinión; posibilitar la extendida presencia del narcotráfico y la corrupción, que parecen haberse apoderado de Venezuela; y permitir la injerencia profunda de Cuba en sus asuntos internos, Unasur ha salido en su defensa, aprovechando un claro error estratégico en la política exterior de Barack Obama que, sin sentido alguno de oportunidad, ha definido a Venezuela como una “amenaza para la seguridad” de su país. Para así poder sancionar, no a Venezuela, sino a un grupo de generales y altos funcionarios que paradójicamente tienen sus dineros en jurisdicción de los Estados Unidos.

No obstante, el insolente Nicolás Maduro ha empezado a tener algunos problemas en la región. La que hasta ahora le rendía unánime pleitesía. Ocurre que acaba de tener un serio incidente con las nuevas autoridades de Uruguay, luego de que -con la falta de modales que lo caracteriza- tildara de “cobarde” al vicepresidente oriental Raúl Sendic, cuando éste señalara que “no hay elementos que demuestren que hay injerencia de los EEUU en Venezuela”. Frente a lo cual, el gobierno de Uruguay convocó enseguida al embajador venezolano en Montevideo para expresarle que consideraba que los duros dichos de Maduro eran “inamistosos”. Con toda razón.

Ante esto, el ex presidente “Pepe” Mujica cargó -cual Quijote- corriendo en apoyo de su correligionario Nicolás Maduro, sin advertir que, como dice Claudio Paolillo, “tiene que ponerse el traje de ex presidente”. Y salir del centro de un escenario que ya no es suyo. Y sin advertir que el nuevo Canciller oriental, Rodolfo Nin Novoa, habla de un “cambio de rumbo” en la política exterior de su país, que presumiblemente dejará de ser apenas un “furgón de cola” de Venezuela. Porque esto es lo que se deduce de la afirmación de Nin Novoa, cuando dijo que no caerá “en afirmar sólo vínculos con países con gobiernos que tengan afinidad ideológica”.

Mujica, escuchó asimismo -de boca del nuevo Canciller de su país- que “no se debe caer en la tentación de privilegiar la política sobre el derecho”, en alusión directa a aquella lamentable frase del ex presidente cuando intentara justificar la ilegal suspensión de Paraguay del Mercosur , sosteniendo insólitamente que “lo político está por sobre lo jurídico”. Frase que -ante el tradicional apego oriental al derecho- podría calificarse como la más desacertada -y menos uruguaya- jamás pronunciada por algún Jefe de Estado constitucional oriental.

Sumergido en el caótico pantano que el mismo ha creado, Nicolás Maduro, como suele suceder, se “victimiza” y busca “chivos emisarios” que disimulen sus errores y falta de capacidad para gobernar. Apela a las emociones. Para disimular. Para no hablar del gigantesco descalabro que hoy es su país -que sigue en viaje sin escalas hacia Cuba- respecto del cual no puede eludir su responsabilidad. Aprovechando las circunstancias, Maduro se ha hecho de más poder. Puede ahora, como Chávez, gobernar por decreto. Arbitrariamente y con total absolutismo. Sin límites, ni fronteras. Como supone “le corresponde”.

Invocando presuntas conspiraciones y peligros externos, Maduro pidió a la sumisa Unasur una rápida expresión de endoso y solidaridad. De modo algo humillante, porque esto es lo que transmiten sus palabras, cuando dijo: “Gracias a Dios tenemos una Unasur que nos protege, nos acompaña”. Palabras propias de quien se siente “dueño” de Unasur.

Es cierto, porque Unasur le permite no hacer los recuentos de votos comprometidos; encarcelar a estudiantes y opositores; violar impunemente las libertades civiles y políticas de sus conciudadanos; criminalizar la disidencia; y desvencijar al máximo la Constitución e instituciones de su país.

Unasur acaba de evitar, una vez más, salir claramente a defender la democracia, como si esto no fuera su responsabilidad. En su reunión extraordinaria, celebrada en Quito, definió a las sanciones norteamericanas como “amenaza injerencista”, solicitando su derogación. Pero sin condenarlas expresamente, como insistentemente pretendía Maduro.

Pese a que esas sanciones -que son “personalizadas”- no se han tomado contra Venezuela, sino contra algunos militares y altos funcionarios de ese país que -acusados de violar los derechos humanos y de actos graves de corrupción- llevaron libremente, por alguna extraña razón, sus dineros a los Estados Unidos. Sometiéndose -y sometiéndolos- a la jurisdicción norteamericana. Voluntariamente. El tema está, entonces, lejos de conformar una violación norteamericana del derecho internacional, contra Venezuela. Los dineros embargados están bajo la ley norteamericana.

De paso, los Cancilleres suramericanos hicieron una velada (casi cínica) mención a la defensa regional de los derechos humanos, de modo de no provocar con ella disgusto alguno a Nicolás Maduro y poder sostener, al mismo tiempo, que realmente existe en la organización alguna preocupación por ese tema. Pero lo cierto es que el pueblo venezolano no ha sido defendido. Sólo el régimen de Nicolás Maduro.

Por esto, cuando se acerca ya la “Cumbre” regional de Panamá, el diálogo de la región con los Estados Unidos que, después de la “normalización” de sus relaciones con Cuba se suponía iba a ser fluido, creativo y positivo, volverá presumiblemente a ser duro, y hasta eventualmente ríspido.

La oportunidad genuina que existía para que Unasur, saliendo de su larga siesta, defendiera la democracia y las libertades civiles y políticas de los venezolanos se ha desaprovechado. En parte, por el mayúsculo error atribuible a la administración de Barack Obama, que sirve de excusa y biombo para Nicolás Maduro. Pero también -en gran medida- por la “solidaridad” mal entendida que Unasur, como siempre, ha mostrado respecto de un régimen que -como el de Nicolás Maduro- ha demolido la democracia venezolana y que ahora pisotea -impunemente- las libertades civiles y políticas de su pueblo. Todo ante el largo silencio cómplice de Unasur, que desgraciadamente se mantiene.

 

Emilio Cárdenas es Abogado. Realizó sus estudios de postgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan y en las Universidades de Princeton y de California.  Es profesor del Master de Economía y Ciencias Políticas y Vice Presidente de ESEADE.