Argentina: Volver a las Bases

Por Adrián Ravier. Publicado el 26/3/14 en http://www.elcato.org/argentina-volver-las-bases

 

Juan Bautista Alberdi fue un actor fundamental en la conformación del estado argentino. No sólo fue fundamental en influenciar nuestra Constitución Nacional, sino que también dejó las Bases para que Argentina emprendiera un camino de desarrollo sostenido por varias décadas.

Me propongo en este artículo resumir su posición sobre distintos temas al sólo efecto de reintroducir sus “bases” en el debate moderno.

El gobierno debe limitarse a funciones esenciales

Bajo la estatolatría que nos rodea, el estado moderno ha asumido funciones que han distraído a los gobiernos de sus funciones esenciales. Se podrá decir que este es un fenómeno novedoso, que comienza en el siglo XX y se expande hacia comienzos del siglo XXI, pero Alberdi anticipó esta amenaza, como queda claro en las siguientes citas.

“Si los derechos civiles del hombre pudiesen mantenerse por sí mismos al abrigo de todo ataque, es decir, si nadie atentara contra nuestra vida, persona, propiedad, libre acción, etc., el Gobierno del Estado sería inútil, su institución no tendría razón de existir. Luego el Estado y las leyes políticas que lo constituyen, no tienen más objeto final y definitivo que la observancia y ejecución de las leyes civiles, que son el código de la sociedad y de la civilización misma (…) La democracia es la libertad constituida en gobierno, pues el verdadero gobierno no es más ni menos que la libertad organizada” (Juan Bautista Alberdi, Obras Completas, Tomo VII, p. 90/91).

En otras palabras,

“El Estado se hace fabricante, constructor, empresario, banquero, comerciante, editor, y se distrae así de su mandato esencial y único, que es proteger a los individuos de que se compone contra toda agresión interna y externa. En todas las funciones que no son de la esencia del gobierno obra como ignorante y como un concurrente dañino de los particulares, empeorando el servicio del país, lejos de servirlo mejor” (Juan Bautista Alberdi, “La omnipotencia del Estado de la negación de la libertad individual”).

Influenciado por Adam Smith, y anticipando la literatura moderna desarrollada por Friedrich Hayek o James M. Buchanan, Alberdi creía en un gobierno limitado, pues conocía las limitaciones cognitivas de los funcionarios, así como los perversos incentivos bajo los cuales actúan.

La riqueza no debe re-distribuirse

En el viejo debate entre la economía de mercado y el socialismo, entre la propiedad privada o pública de los medios de producción, tanto teórica como empíricamente ha surgido victoriosa la primera posición. El nuevo socialismo ya no pide privatizar los medios de producción ante su evidente fracaso global, sino re-distribuir la riqueza producida por el sector privado.

Al respecto, Alberdi también ofreció sus reflexiones:

“Para proteger mejor el fin social de la riqueza, ha preferido la distribución libre a la distribución reglamentaria y artificial. La distribución de las riquezas se opera por sí sola, tanto más equivalentemente cuanto menos se ingiere el Estado en imponerle reglas” (Juan Bautista Alberdi T. IV P. 253).

Y es que la intervención del estado no es gratuita. Como ejemplificó Joseph Stiglitz en su libro sobre la economía del sector público, si una persona tiene 10 manzanas, y otras cuatro ninguna, el estado puede dividir las 10 manzanas en partes iguales, pero no llegarán a manos de los cinco destinatarios las dos manzanas, sino que el estado se consumirá en el proceso burocrático la mitad de ellas, quedando al final una manzana para cada uno de los cinco miembros de la sociedad.

No sólo ello. Qué incentivos tendrá el contribuyente para seguir produciendo manzanas, si luego de sufrir los riesgos y costos asociados a la tarea, termina compartiendo forzosamente su esfuerzo con la sociedad. La consecuencia lógica de este proceso de re-distribución de riqueza, es reducir la propia riqueza e incrementar la pobreza.

El estado no produce riqueza, la extrae de los particulares

Se exige al estado que asuma cada vez más funciones, que reparta cada vez más riqueza, pero se olvida muchas veces que el estado no crea su propia riqueza sino que debe costear cada proyecto con recursos privados que extrae a otros particulares.

“¿Qué es la renta pública? Una parte de la renta privada de los habitantes del país, y mejor para la doctrina que vamos a exponer, si es una parte del capital o haber cualquiera de los particulares. Es la unión de las porciones de rentas que los particulares satisfacen al cuerpo social en que viven, para asegurar el orden, que les protege el resto de su renta, el capital, la vida, la persona y su bienestar. Luego hay renta pública donde quiera que hay rentas y capitales particulares” (Juan Bautista Alberdi, T. IV. P. 339).

Esto no implica que el estado no pueda en la Argentina, por mandato constitucional, cobrar impuestos para cumplir sus funciones esenciales, pero debería haber un límite que Alberdi se preocupó por establecer en la Constitución Nacional:

“Es verdad que la tendencia natural de la renta pública es a ser grande y copiosa; pero en la doctrina económica de la Constitución argentina, la abundancia de la renta pública depende del respeto asegurado a los derechos naturales del hombre, en el empleo de sus facultades destinadas a producir los medios de satisfacer las necesidades de su ser. Esos derechos, en que reposa el sistema rentístico, el plan de hacienda o de finanzas, que es parte accesoria del sistema económico del país, son la propiedad, la libertad, la igualdad, la seguridad en sus relaciones prácticas con la producción, distribución y consumo de las riquezas.

La Constitución quiere que la ley fiscal o rentística respete y proteja esos derechos, lejos de atacarlos” (Juan Bautista Alberdi, T. IV, P. 382).

Y entonces qué podemos decir respecto de los fines de la recaudación:

“Según el art. 4 de la Constitución argentina, la contribución es para formar el Tesoro nacional; el Tesoro, como medio de ejecución, es para gobernar; el gobierno es para hacer cumplir la Constitución; la Constitución, como dice el preámbulo, es para afirmar la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz, servir a la defensa común, promover el bienestar y asegurar los beneficios de la libertad. La contribución es, según esto, el precio con que se obtiene el goce de estas cosas; luego su erogación forma el gasto más precioso del hombre en sociedad. Pero la experiencia prueba que esos fines pueden ser atacados por la misma contribución establecida para servirlos” (Juan Bautista Alberdi, T. IV, p. 411).

Y luego aclara un poco más:

“Todo dinero público gastado en otros objetos que no sean los que la Constitución señala como objetos de la asociación política argentina, es dinero malgastado, y malversado” (Juan Bautista Alberdi, T. IV, p. 460/461).

El estado no debería administrar el dinero, ni la política monetaria

Al contrario de sus países vecinos, la Argentina hoy sufre niveles de inflación elevados. Se cree, sin embargo, que el propio estado puede corregir la situación. Se han sincerado en los últimos días las estadísticas oficiales, pero el problema de la inflación está lejos de corregirse. Alberdi tenía muy en claro el problema de la banca pública.

“La reforma de un Banco del Estado es imposible. No hay más que un remedio de reformarlo: es suprimirlo” (Juan Bautista Alberdi, Estudios Económicos, Buenos Aires, Talleres Gráficos L. J. Rosso, 1934, p. 236).

Ahora, como todos sabemos, estos bancos públicos operan a través de los redescuentos obtenidos del Banco Central (BCRA). Dichos redescuentos no son otra cosa que emisión monetaria. Nuevamente Alberdi nos enseña:

“Respecto a la manera de emplear el crédito público por la emisión de papel moneda al estilo de Buenos Aires, la Confederación tiene la ventaja inapreciable de no poder ejercer, aunque quiera, ese terrible medio de arruinar la libertad política, la moralidad de la industria y la hacienda del Estado. Es una ventaja positiva para las rentas de la Confederación la impotencia en que se halla de hacer admitir como valor efectivo un papel, sin más valor ni garantía que el producto de contribuciones tan inciertas como la estabilidad del orden, y que jamás alcanzaría para amortizar una deuda que se agranda por su misma facilidad de dilatación para la que no bastarán después todas las rentas del mundo” (Juan Bautista Alberdi, T. IV. P. 377).

Y para ser más claro:

“Mientras el gobierno tenga el poder de fabricar moneda con simples tiras de papel que nada prometen, ni obligan a reembolso alguno, el poder omnímodo vivirá inalterable como gusano roedor en el corazón de la Constitución misma…” (Juan Bautista Alberdi, T. IV, P. 197).

El gobierno debe responder a sus obligaciones con los acreedores

Acceder al endeudamiento externo es algo que sólo debiera ocurrir en situaciones de emergencia. Así lo mantienen los tratados clásicos de finanzas públicas, y el propio espíritu de nuestra constitución. Pero si se accediera a tomar crédito, entonces es imperioso que se cumpla con las obligaciones asociadas. El bienestar de la población está asociado a la imagen que el mundo tiene del país. El riesgo aleja al capital, y sin él, no hay inversión, ni desarrollo.

“Siendo el crédito del Estado el recurso más positivo de que pueda disponer en esta época anormal y extraordinaria por ser de creación y formación, será preciso que los gobiernos argentinos sean muy ciegos para que desconozcan que faltar a sus deberes en el pago de los intereses de la deuda, es lo mismo que envenenar el único pan de su alimento, y suicidarse; es algo más desastroso que faltar al honor, es condenarse a la bancarrota y al hambre. El gobierno argentino acaba de dar una prueba de que comprende esta verdad en toda su latitud, cambiando la organización que había ensayado por error para su crédito público, por otra que la restablece a sus bases más normales y más firmes” (Juan Bautista Alberdi, T. IV, P. 374).

El gobierno no debe regular el mercado laboral, ni intentar alcanzar el pleno empleo

Uno de los objetivos que el estado moderno se ha propuesto en la actualidad es alcanzar el pleno empleo por medio de la política económica. Para ello regular el mercado laboral, fija salarios mínimos, desarrolla una compleja y restrictiva legislación laboral, y crea puestos de trabajo. Sin embargo, la situación laboral continúa siendo precaria, cíclica y desafortunada para los trabajadores. Alberdi comprendía muy bien las consecuencias lógica de estas políticas.

“La ley no podrá tener a ese respecto más poder que le que le ha trazado la Constitución. Su intervención en la organización del trabajo no puede ir más allá del deber de garantizar los beneficios de la libertad, de la igualdad, de la propiedad y seguridad, a favor de los provechos del trabajo. He aquí la organización legítima y posible de parte del Estado; cualquiera otra es quimérica o tiránica” (Juan Bautista Alberdi, T. IV, P. 261″).

Para ser más preciso:

“Garantizar trabajo a cada obrero sería tan impracticable como asegurar a todo vendedor un comprador, a todo abogado un cliente, a todo médico un enfermo, a todo cómico, aunque fuese detestable, un auditorio. La ley no podría tener ese poder, sino a expensas de la libertad y de la propiedad porque sería preciso que para dar a los unos lo quitase a los otros; y semejante ley no podría existir bajo el sistema de una Constitución que consagra a favor de todos los habitantes los principios de libertad y de propiedad, como bases esenciales de la legislación” (Juan Bautista Alberdi, T. IV, P. 255).

Y respecto del salario:

“El salario es libre por la Constitución como precio del trabajo, su tasa depende de las leyes normales del mercado, y se regla por la voluntad libre de los contratantes. No hay salario legal u obligatorio a los ojos de la Constitución, fuera de aquel que tiene por ley la estipulación expresa de las partes, o la decisión del juez fundada en el precio del corriente del trabajo, cuando ocurre controversia” (Juan Bautista Alberdi, T. IV, P. 255).

El gobierno no debiera restringir el libre comercio internacional

Las prácticas mercantilistas y proteccionistas fueron aniquiladas por la obra de Adam Smith,La riqueza de las naciones. Sin embargo, es recurrente en el estado moderno imponer fines colectivos arbitrarios por encima de la libertad individual de los consumidores de adquirir productos del exterior.

“¿De dónde saca el pueblo argentino los objetos de su consumo? Una parte la produce él dentro de su suelo; otra adquiere del extranjero en cambio de sus productos nacionales: productos que por necesidad tiene que crear, porque son el precio único con que puede pagar los artefactos extranjeros de que necesita para hacer vida civilizada. Si no siembra trigos ni cría ganados, ni trabaja las minas, no viste seda, ni paños, ni usa muebles de la Europa. Este cambio de productos del país por productos extranjeros, comprensivo de una escala de cambios intermedios y accesorios, deja… utilidades y rentas privadas…” (Juan Bautista Alberdi, T. IV, p. 349).

Respecto del control a los capitales, Argentina no siempre fue un país cerrado al mundo. Al contrario, se trata de un país que se formó con capitales externos y flujos inmigratorios. La única obligación que esos capitales debían seguir era cumplir con las mismas leyes que las empresas locales. La igualdad ante la ley predominaba:

“No debiendo las leyes orgánicas emplear otros medios de proteger la venida de los capitales que los medios indicados por la Constitución misma, importa tener presente cuáles son esos medios designados por la Constitución, como base fundamental de toda ley que tenga relación con los capitales considerados en su principio de conservación y de aumento, y en sus medios de acción y de aplicación a la producción de sus beneficios.

Esos medios de protección, esos principios de estímulo, no son otros que la libertad, la seguridad, la igualdad, asegurados a todos los que, habitantes o ausentes del país, introduzcan y establezcan en él sus capitales” (Juan Bautista Alberdi, T. IV, P. 266).

Respecto de la libertad para entrar y salir del territorio, recordemos que Alberdi fue uno de los responsables más directos de la fuerte inmigración recibida por nuestro país:

“¿Podéis concebir una ley que proteja la inmigración por restricciones y prohibiciones? Semejante ley atacaría los medios que señala la Constitución misma para proteger ese fin. En efecto, la Constitución dice por su artículo 25: -El gobierno federal fomentará la inmigración europea; y no podrá restringir, limitar, ni gravar con impuesto alguno la entrada en el territorio argentino de los extranjeros que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar la industria, e introducir y enseñar las ciencias y las artes. Este artículo pone en manos del Estado cuanto medio se quiera fomentar la inmigración, excepto el de las restricciones y limitaciones” (Juan Bautista Alberdi, T. IV, p.180).

¿Qué diría Alberdi entonces de la protección que hoy recibe la industria local?

“En efecto, ¿podría convenir una ley protectora de la industria por medio de restricciones y prohibiciones, cuando el art. 14 de la Constitución concede a todos los habitantes de la Confederación la libertad de trabajar y de ejercer toda industria? Tales restricciones y prohibiciones serían un medio de atacar ese principio de la Constitución por las leyes proteccionistas que las contuviesen; y esto es precisamente lo que ha querido evitar la Constitución cuando ha dicho en su artículo 28: “Los principios, derechos y garantías reconocidos en los anteriores artículos, no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. Esta disposición cierra la puerta a la sanción de toda ley proteccionista, en el sentido que ordinariamente se da a esta palabra de prohibitiva o restrictiva” (Juan Bautista Alberdi, T. IV, p.180).

Y respecto de los privilegios que significa proteger sectores determinados:

“…(L)os medios ordinarios de estímulo que emplea el sistema llamado protector o proteccionista, y que consisten en la prohibición de importar ciertos productos, en los monopolios indefinidos concedidos a determinadas fabricaciones y en la imposición de fuertes derechos de aduanas, como atentatorios de la libertad de los consumos privados, y, sobre todo, como ruinosas de las mismas fabricaciones nacionales que se trata de hacer nacer y progresar. Semejantes medios son la protección dada a la estupidez y a la pereza, el más torpe de los privilegios” (Juan Bautista Alberdi, T. IV, p.182).

El gobierno debe proteger el Estado de Derecho

Por último, debemos analizar un área de enorme importancia para los puntos que hemos venido desarrollando. Nada puede lograrse en una sociedad libre si no se protege el Estado de Derecho. Como señalamos, es ésta la función esencial del Estado.

Si el Estado logra respetar el Estado de Derecho, proteger las libertades individuales, clarificar las reglas de juego, priorizar la ley o en otras palabras, hacer cumplir las disposiciones enumeradas en la Constitución Nacional, entonces ya nada más se le exigirá:

“¿Qué exige la riqueza de parte de la ley para producirse y crearse? Lo que Diógenes exigía de Alejandro: que no le haga sombra” (Juan Bautista Alberdi, Obras Completas, Tomo IV, P. 150).

Y respecto de la propiedad:

“La libertad de usar y disponer de su propiedad es un complemento de la libertad del trabajo y del derecho de propiedad; garantía adicional de grande utilidad contra la tendencia de la economía socialista de esta época, que, con pretexto de organizar esos derechos pretende restringir el uso y disponibilidad de la propiedad (cuando no niega el derecho que ésta tiene de existir), y nivelar el trabajo del imbécil con el trabajo del genio” (Juan Bautista Alberdi, Tomo IV, P. 159).

Y no olvida la seguridad:

“La seguridad es el complemento de la libertad, o más bien es la libertad misma considerada en sus efectos prácticos y en sus resultados positivos. Donde quiera que la seguridad de la persona y de la propiedad existe como un hecho inviolable, la población se desarrolla por sí misma sin más aliciente que ése” (Juan Bautista Alberdi, Tomo IV, P. 306).

Reflexión final

Las reformas constitucionales fueron cambiando el espíritu de la constitución —y con ello se fue olvidando el pensamiento de Alberdi—, pero intento mediante estas citas recordar al lector cuáles fueron las Bases sobre las cuales Argentina se convirtió en un país próspero y rico, que atraía inmigrantes europeos y hace sólo un siglo encabezaba los indicadores de desarrollo.

Si las Bases deben ser olvidadas necesariamente en el siglo XXI para amoldarse a las necesidades de la población argentina o no, es algo que cada lector debe repensar.

Mi impresión es que la Argentina necesita volver a las Bases, y con ello, a la libertad individual, la economía de mercado, la propiedad privada y el gobierno limitado.

 

Adrián Ravier es Doctor en Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Master en Economía y Administración de Empresas por ESEADE y profesor de Macroeconomía en la Universidad Francisco Marroquín.

El libre comercio

Por Gabriel Boragina: Publicado  el 10/9/13 en: http://www.accionhumana.com/

En economía es frecuente que –en las aulas y en los libros, revistas, conferencias, etc.- el comercio se “divida” en dos partes: nacional e internacional. Otras veces, los economistas también hablan de comercio interior y exterior como equivalentes a las anteriores expresiones. Estas clasificaciones, que quizás pudieran tener alguna utilidad didáctica a los fines puramente académicos, normalmente han dado a entender a muchos no iniciados en economía –e incluso aun a tantos otros si iniciados- que podría existir alguna diferencia esencial entre una y otra “clase” de comercio. Sin embargo, creer cosa semejante será un gravísimo error, yerro que lamentablemente resulta bastante generalizado.

Comentando un trabajo del Dr. A. Benegas Lynch (h), E. García Gaspar dice:

“El punto de partida del autor es hacer ver que no hay diferencias entre el comercio internacional y el comercio interno de un país cualquiera. La existencia de accidentes geográficos como ríos o fronteras no cambia la naturaleza del comercio. Este es un tema lleno de falacias que son ideas heredadas del mercantilismo del siglo 16 y que en la actualidad han sido calificadas de proteccionistas, pero mantienen esa misma y absurda idea de acumular dinero sin sentido, logrando sólo la reducción del nivel de vida de la población. Por principio de cuentas debe verse que el comercio internacional no se realiza entre Argentina y Francia, por ejemplo, sino entre un argentino y un francés. La posición geográfica de ambos no causa un cambio en la esencia de sus acciones de compra y venta y es igual a lo que dos franceses compran y venden entre sí, dentro de su país, o dos argentinos.”[1]

En efecto, el intercambio, en su naturaleza, es el mismo, se verifique en el lugar en que se verifique y medie la distancia física que medie, sin importar si se tratan de fronteras o de cualquier otra especie de aparente obstáculo. Y por sobre todas las cosas que, como bien recalca el Dr. Benegas Lynch (h), cualquier intercambio -es más, todo intercambio- siempre se lleva a cabo entre seres humanos, sin importar su nacionalidad ni ubicación.

Con todo, no es novedad que, desde tiempos inmemoriales, se han levantado todo tipo de barreras e impedimentos para obstruir tales transacciones, bajo la impronta de las teorías llamadas proteccionistas, y que dieran origen a célebres disputas que, a su turno, generaron el debate conocido como Proteccionismo Vs. Libre Comercio (o librecambio).

 

El abandono del libre comercio, del respeto a la ley y de la moneda sana en países como la Argentina, trajo consecuencias funestas:

“La negativa del Fondo Monetario Internacional de rescatar a la Argentina fue la aceptación de que era imprescindible encontrar un nuevo procedimiento para hacer frente a las crisis de deuda soberana, las cuales están íntimamente ligadas a las crisis bancarias y monetarias. Para contenerlas y prevenirlas se requiere que los gobiernos sigan políticas transparentes pro mercado que no puedan ser anuladas con facilidad. Es necesario que haya un compromiso a largo plazo con el libre comercio, el imperio de la ley y la moneda sana: de no ser así, los inversores globales llevarán sus capitales a otra parte. Al no pagar su deuda y devaluar su moneda, el gobierno argentino destruyó la confianza que había establecido y aumentó los costos de atraer futuros fondos de inversión.”[2]

 

Por supuesto, como indica el autor anteriormente citado, el libre comercio es condición necesaria pero no suficiente para asegurar el progreso y disminuir la pobreza en cualquier país del mundo, y -con más razón- en los subdesarrollados como es la Argentina. La fórmula infalible para atraer inversiones consiste en contar con un marco legal que garantice el irrestricto respeto de los contratos y de la palabra empeñada mediante ellos, lo que, a su turno, requiere de instituciones jurídicas sólidas que protejan y respalden los derechos de propiedad de todos y cada uno de los habitantes del país.

Por otra parte, resulta otra verdad evidente que: “…el libre comercio es el motor clave, tanto del crecimiento económico como de la estabilidad.”[3]

La supremacía del libre comercio por sobre el proteccionismo ha sido evidenciada por muchos autores, sobre todo por sus efectos benéficos para aliviar e incluso reducir la pobreza a niveles mínimos:

“La verdad evidente es que el liberalismo clásico, bajo el cual floreció el libre comercio, ha sido la estrategia económica más exitosa en la historia mundial. Puso fin a las hambrunas europeas en el siglo XIX, que hasta ese momento eran consideradas el destino inevitable de la humanidad. Tendemos a olvidar que, por ejemplo, durante el siglo XVIII en Francia hubo nueve hambrunas que mataron a más del 5 por ciento de la población. Cuando vemos hambrunas en la actualidad, sólo las encontramos en dictaduras que no son capitalistas, ni liberales, ni de libre mercado, como Corea del Norte. La era del libre comercio en el siglo XIX hizo posible la riqueza para todos por primera vez en la historia humana. Que el libre mercado sea fuente de riqueza es una verdad incuestionable hoy en día. La evidencia empírica lo confirma.”[4]

El libre comercio es vital a los pueblos para su felicidad.


[1] Eduardo García Gaspar en Ideas en Economía, Política, Cultura-Parte I: Economía. Contrapeso. Info 2007, pág. 51. (Comentario al trabajo de Alberto Benegas Lynch (h), “Relaciones Internacionales”, en el libro Lecturas de Economía Política. Volumen II, Unión Editorial, Madrid, 1987, ISBN 84-7209-198-8, editado por Jesús Huerta de Soto, pp 9 – 20.)

[2] James A. Dorn. Crisis financieras internacionales.- ¿Qué rol le corresponde al gobierno?- Introducción. Pág. 11 y 12- Daniel Artana y James A. Dorn (Compiladores). Cato Institute y Fundación de investigaciones Económicas Latinoamericana. (FIEL)

[3] John B. Taylor “Aumentar el crecimiento económico y la estabilidad en los mercados emergentes”. Capítulo 13,  pág. 164. En Daniel Artana y James A. Dorn (Compiladores). Crisis financieras internacionales. ¿Qué rol le corresponde al gobierno?-. Cato Institute y Fundación de investigaciones Económicas Latinoamericana. (FIEL)

[4] Otto Graf Lambsdorff “Libertad: El Mejor Remedio contra la Pobreza”. Fundación Friedrich Naumann (FFN)

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero. 

La injusta “justicia social”

Por Gabriel Boragina: Publicado el 21/7/13 en http://www.accionhumana.com/2013/07/la-injusta-justicia-social.html#!/2013/07/la-injusta-justicia-social.html

Quienes levantan las banderas de la “justicia social”, sin saberlo están haciendo un llamado a un mundo cada vez más y más injusto. El lector se preguntará sorprendido ¿cómo es posible esto? Por empezar, digamos que quienes defienden la “justicia social” no saben en rigor de qué es lo que están hablando. Primeramente hagamos unas consideraciones semánticas, para luego introducirnos en algunas cuestiones más de fondo.

El profesor A. Benegas Lynch (h) explica:

“El premio Nobel en Economía Friedrich A. Hayek se ha referido extensamente a Comte y a sus seguidores (1952/1979: 321 y ss.) pero, en su última obra, debido a todos los malos entendidos y galimatías utilizados principalmente por la corriente de pensamiento marxista en torno a la palabra “sociedad”, este autor la sustituye por la expresión “orden extendido” (1988: 6 y 113) y, además, agrega que el adjetivo “social” a continuación de cualquier sustantivo lo convierte en su antónimo (ib.: 114-119). Dejando de lado las buenas intenciones con que muchas veces se han acuñado ciertas expresiones y las sanas tradiciones en las que aparecieron, piénsese en la expresión “justicia social” que, en el mejor de los casos, constituye un pleonasmo mayúsculo puesto que la justicia no es vegetal, mineral ni animal y, en el peor, contradice la clásica definición de Ulpiano de “dar a cada uno lo suyo” para transformarse en sacar a unos lo que les pertenece para dar a otros lo que no les pertenece.”[1]

A esto se refería Frédéric Bastiat cuando utilizaba la frase expoliación legal, con lo que podemos completar la idea, diciendo que la “justicia social” es el nombre con el cual se consuma la expoliación legal, la que asimismo se transforma en su resultado inmediato. La “justicia social” es la antítesis de la justicia misma, ya que faculta a los gobiernos a despojar impunemente a unos lo que en justicia les pertenece, para darles a otros lo que en justicia no les pertenece. Agreguemos que no obstante, este es el sistema que impera en la mayor parte del mundo.

El mismo Hayek citado por el Dr. A. Benegas Lynch (h) dice en otra parte:

“La interpretación errónea del orden del mercado, como una economía que puede y debe satisfacer necesidades diversas en un cierto orden de prioridad, aparece especialmente en los esfuerzos de las políticas destinadas a corregir los precios e ingresos, en función de lo que se denomina “justicia social”. Cualquiera sea el significado que los filósofos sociales hayan atribuido a este concepto, en la práctica de la política económica éste ha implicado siempre la protección de ciertos grupos, para evitar que éstos desciendan necesariamente de la posición material absoluta o relativa que han disfrutado durante cierto tiempo. No obstante, éste no es un principio sobre cuya base se puede actuar en forma general, sin destruir con ello los fundamentos del orden del mercado. No sólo el incremento continuo, sino que en ciertas circunstancias aun la mera mantención del nivel existente de ingresos, depende de la adaptación a ciertos cambios imprevisibles. Esto implica necesariamente que la cuota relativa y, quizás también la absoluta, de algunos deberá reducirse, aunque éstos no sean responsables en manera alguna de su reducción.”[2]

La “justicia social” -nos dice aquí Friedrich A. von Hayek- es un instrumento del proteccionismo económico (no el único, desde luego), ya sea que la protección se dirija a unos grupos o a otros. Pueden englobarse entre estos mecanismos diversos instrumentos, tales como los subsidios, transferencias directas y otras prebendas. Ora destinados a personas particulares –por ejemplo, empresarios- ora a organizaciones, sean estas sindicatos, empresas, asociaciones, sociedades, etc.  Y añade que, intentar sostener la “justicia social” demolerá -a la larga o a la corta- el orden del mercado. Señalando que, tanto el incremento como el mantenimiento del nivel de ingresos han de depender, necesariamente, de los cambios propios que se dan dentro del ámbito del orden de mercado.

Si introducimos el nefasto “principio” de la “justicia social”, impedimos no sólo el crecimiento de los ingresos, sino incluso su mantención en el punto en el que se encuentran a la fecha de la aplicación de ese eslogan mal llamado de “justicia”.

Y agrega, seguidamente, como la “justicia social” empeorará las condiciones laborales de las personas que trabajan o desean hacerlo:

“Una de las paradojas del mundo actual es que los países comunistas están probablemente más libres de la pesadilla de la “justicia social” y, a la vez, más dispuestos que los países capitalistas a dejar recaer el peso en aquellos para quienes el desarrollo ha sido desfavorable. Para ciertos países occidentales, al menos, la situación no parece tener remedio, precisamente, porque la ideología que domina sus políticas hace imposibles los cambios que son necesarios para que la condición de la clase trabajadora se eleve lo suficientemente rápido como para provocar la desaparición de esta ideología.”[3]

La “justicia social” es una formidable excusa que tienen los populismos y sus megalómanos cabecillas para embaucar a la gente de buena fe y engañar a incautos de todo tipo. Pero, al mismo tiempo y desde un punto de vista económico, simboliza la antítesis de lo que los mal llamados “progresistas” (que no son sino los representantes del verdadero atraso y pobreza mayúsculas de todos los pueblos donde gobiernan) intentan “defender” cuando se llenan la boca con dicha fórmula “bonita” y se hacen pasar por “justicieros sociales” cuando no son más que fenomenales farsantes y simples asaltantes encaramados desde el poder del estado-nación, detrás del cual se escudan para cometer sus fechorías impunemente.

Donde impera a “justicia social” observamos que campea la corrupción, el latrocinio, la venalidad, la pobreza y la miseria más indignante para cualquier persona de bien.


[1]Alberto Benegas Lynch (h). “Una refutación al materialismo filosófico y al determinismo físico”. Revista de Economía y Derecho. Lima, 6(22), Otoño 2009. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. pág. 3

[2] Friedrich A. von Hayek. “La competencia como proceso de descubrimiento”. pág. 10

[3] Friedrich A. von Hayek “La competencia…” op. cit. pág. 11

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero. 

¿Habrá “otoño” antes del “invierno”?

Por Aldo Abram. Publicado el 14/4/13 en http://www.lanacion.com.ar/1572314-habra-otono-antes-del-invierno

 El “veranito” económico nunca llegó y, ahora, nos queda esperar un tibio “otoño”, antes del “invierno”. ¿Qué pasó? Las expectativas estaban puestas en que las exportaciones industriales serían arrastradas por un mayor dinamismo de Brasil. Si bien no está a la altura de algunas estimaciones infundadas, por ejemplo, el sector automotriz local logró mejorar su performance gracias a sus ventas con ese destino. Sin embargo, el conjunto de las exportaciones no repunta y el Gobierno empieza a rezar para que la cosecha de soja sea buena y se venda bien. De ello depende una “transfusión de riqueza” para impulsar una debilitada demanda interna.

Aunque crezca más Brasil no nos comprará a cualquier precio. Por lo tanto, nuestros productores tendrán que competir por esa demanda externa “remando” en contra del elevado proteccionismo y del cepo cambiario. El primero los obliga a producir bienes más caros y con peor calidad, al verse imposibilitados de elegir entre todos los proveedores de insumos del mundo y obligados a comprar lo que consigan en el mercado local.

En tanto, el Banco Central deprecia el peso para cobrar un creciente impuesto inflacionario y transferírselo al Gobierno para financiar sus excesos de gasto; pero, con el cepo, no reconoce plenamente la devaluación de la moneda local en el tipo de cambio oficial. Actualmente, el Gobierno les paga a quiénes producen bienes exportables alrededor de 65% del valor real de sus dólares y esta diferencia se ampliará a medida que pase el tiempo. El problema es que la inflación sí se refleja en los costos de los productores que pierden competitividad.

Por ello, las economías regionales y aquellas industrias que son relativamente menos eficientes han empezado a tener dificultades para poder producir a precios atractivos para los compradores extranjeros; lo que tenderá a agravarse. Incluso, afectará a sectores como el agropecuario, que, cuando vea el pobre beneficio que le dejó la actual cosecha y que en el futuro será peor, bajará su inversión en la próxima siembra y, por ende, obtendrá un menor rendimiento. Muchos de los que utilizan áreas marginales directamente dejarán de producir. Por lo tanto, es previsible que las exportaciones del año entrante tengan una pobre evolución, con tendencia a empeorar en el tiempo.

El congelamiento de precios planteará dificultades similares. El costo salarial de los insumos importados y de los locales seguirá subiendo, de la mano del impuesto inflacionario y del alza del dólar oficial. Si no pueden subir sus precios, los empresarios tendrán menor incentivo para producir, a menos que alguien piense que lo seguirán haciendo aunque no ganen plata e, incluso, a pérdida. Consecuentemente, es previsible que haya desabastecimiento y, seguramente, en los negocios minoristas más pequeños se conseguirán los productos faltantes a lo que efectivamente valen. Nada nuevo bajo el sol argentino; pero es bueno tener claro que, a más duración del congelamiento, menor producción.

El cepo, también, tuvo un duro impacto negativo sobre el sector inmobiliario y la construcción. Es posible que el primero se acomode un poco y, con menores precios, haya alguna leve mejora de la operatoria. En el caso del segundo, dependerá de la necesidad de algunos de proteger sus ahorros en blanco, que no puedan transformar en dólares. El sector público nacional aumentará algo su inversión, exprimiendo al Banco Central. Sin embargo, la mayoría de los municipios y gobernaciones, que las recortaron para superar el ahogamiento financiero al que llegaron por el exceso de gasto electoral de 2011, no han logrado recomponerse. Por lo tanto, tendrán pocas posibilidades de hacer obras si el Estado nacional no les transfiere plata.

Las empresas privadas invertirán sólo lo que les demanden sus necesidades operativas, a menos que estén en un nicho extremadamente rentable. Los que dependan del capital externo es lógico que sean reacios a vender divisas a un 65% de su valor real, cuando no saben si les permitirán recuperar sus ganancias. La seguridad jurídica en la Argentina está continuamente jaqueada por la arbitrariedad de políticas populistas y, como van las cosas, por una justicia que verá diluirse su independencia y será poco confiable a la hora de defender los derechos ante avasallamientos del poder de turno.

Con suerte, tendremos algún mayor dinamismo en el segundo trimestre; pero se empezará a diluir durante el tercero. Un creciente estrés político electoral y la profundización del modelo harán su aporte para incentivar un menor consumo e inversión y mayor fuga de capitales. Luego, es poco probable que la situación deje de desmejorar; aun cuando se intente algún desdoblamiento cambiario. Sí puede traer algún alivio inicial, pero no resuelve los problemas de fondo del cepo. Lamentablemente, este modelo marcha hacia una recesión y, muy probablemente, hacia una crisis cambiaria, como todos los que tuvieron algún tipo de control de cambios en la repetitiva historia económica argentina.

Aldo Abram es Lic. en Economía y director del Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados de Argentina (Ciima-Eseade) .

 

Cepo y congelamiento de precios amenazan la tasa de crecimiento

Por Aldo Abram. Publicado el 22/3/13 en http://ar.finanzas.yahoo.com/noticias/cepo-congelamiento-precios-amenazan-tasa-030000018.html

Las expectativas sobre el crecimiento del nivel de actividad para este año empiezan a diluirse y no es raro. Brasil se está recuperando, pero las exportaciones siguen evolucionando muy pobremente. Cuando se levante la cosecha funcionará como una transfusión de sangre a un paciente en terapia intensiva. Se lo verá algo más rozagante por un tiempo, pero en la medida que no se lo cure, la enfermedad volverá a primar deteriorando su estado.

El problema de fondo es el impacto del cepo y del proteccionismo en la competitividad de nuestros empresarios. Actualmente, el Gobierno les reconoce a quiénes producen bienes exportables un dólar que es el 65% del valor real. Es decir, les sobrevalora el peso que les entrega en más del 50% y dado que esta diferencia se ampliará, este porcentaje será mayor al 66% para finales de año. En tanto, los costos de las empresas subirán según la verdadera depreciación del peso, que no se refleja en el tipo de cambio oficial.

Además, hay que sumar la pérdida de productividad que han enfrentado todas las empresas que tuvieron que sustituir importaciones por insumos locales más caros y/o de menor calidad. En una palabra, Brasil puede incrementar su demanda de productos del exterior; pero nuestros productores estarán cada vez en peor condición de proveerles lo que necesitan a una relación precio/calidad competitivos. Dado que esto sucederá con todos nuestros compradores externos, veremos que cada vez más industrias, economías regionales y áreas agropecuarias marginales tendrán dificultades para poder producir y colocar sus bienes, quedando afuera de los mercados internacionales.

Seguramente, antes de las elecciones, el Gobierno intentará impulsar la demanda interna con una política fiscal expansiva. La realidad es que, luego del desmanejo fiscal de 2012 (más de $ 4.000 millones de déficit primario) y sin crédito externo, el margen que tiene es menor. La mayor parte de lo que pueda aumentar el gasto público deberá fondearse con impuesto inflacionario, mayor presión tributaria o crédito interno, es decir saldrá del bolsillo de alguien que dejará de consumir o invertir. En economía, la magia no existe, aunque algunos del Gobierno crean que se puede crear riqueza por decreto o con una resolución de algún funcionario de tercera línea.

Es posible alguna mayor inversión estatal con recursos provenientes de las reservas internacionales; lo que volverá cada vez menos solvente al Banco Central, cosa que sabemos cómo termina. En tanto, es poco el aporte que podrán hacer las administraciones provinciales y municipales. En su mayoría, todavía no salieron del ahogo financiero en el que se metieron con los excesos de erogaciones electorales de 2011. Puede que se recupere algo la construcción privada, contra un pésimo 2012 y de la mano de algunos ahorros que no tienen forma de pasarse a activos extranjero. Las empresas aportarán solamente la inversión que sea necesaria para mantenerse operativa o la que surja de la oportunidad de comprar activos fijos a un “dólar oficial barato”. En tanto, el capital del exterior no estará muy dispuesto a asomar por estas costas; ya que les pagarán por las divisas que traigan menos del 65% de su valor y, después, nadie les garantiza que puedan llevarse las ganancias que obtengan con su negocio.

A todo lo anterior, hay que sumarle el “congelamiento” de precios. Las cadenas de comercialización condicionaron su cumplimiento a que los proveedores mantengan el valor de sus productos. Sin embargo, éstos tendrán que enfrentar aumentos de sueldos que rondarían, en promedio, un 25%. Los insumos importados se moverán al son de un tipo de cambio oficial que se incrementará a una tasa de alrededor del 20%, mientras que sus proveedores locales se encontrarán con las mismas presiones al alza de sus costos que sus clientes. A todo esto, cabe sumar algunos otros precios que no son regulables o que podrían quedar libres para modificarse, como los de los combustibles.

Febrero es un mes cuya estacionalidad de suba de precios es baja, por lo que resultaba manejable sostener los precios. En marzo, la inflación suele incrementarse pero, por un mes, podía esperarse que el congelamiento se cumpliera. Claro, la pregunta era cuánto aumentarían los precios en abril y, la respuesta: todo lo que tengan que subir ese mes más lo que no se incrementaron antes. La solución oficial, parece, será “patear” el problema a julio, pero para esa fecha el desajuste será mucho más grande, en vez de uno o dos puntos porcentuales, serán alrededor de cuatro. Por ende es posible pensar que a algún funcionario “iluminado” se le ocurra que hay que sostener el congelamiento hasta después de las elecciones. Lo que implicará una posterior corrección de más de 6 puntos porcentuales.

Otro resultado será una creciente escasez de productos. Por su parte, las empresas tenderán a producir menos, para reducir costos y moderar la pérdida de ganancias que deriva de no poder actualizar sus precios. La naturaleza del “congelamiento” es la misma que la del “cepo”, tratar de ocultar la depreciación del peso que se genera por la necesidad de exprimir al Banco Central para financiar excesos de gastos del sector público. En el primer caso, tratan de que el impuesto inflacionario no se note en los precios de las góndolas y, en el segundo, que no se refleje en el tipo de cambio oficial. Sin embargo, la realidad siempre se impone.

Aldo Abram es Lic. en Economía y director del Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados de Argentina (Ciima-Eseade) .

Lo que piensan los barones feudales del mercantilismo

Por Pablo Guido. Publicado el 13/2/13 en http://chh.ufm.edu/blogchh/

Argentina es un país que se ha caracterizado por tener gobiernos amantes del proteccionismo comercial, entre otros disparates. Y, dado que ninguna política económica puede mantenerse en el tiempo sin el apoyo de sus ciudadanos (aclaración: esta afirmación no vale para los gobiernos totalitarios), acá presentamos a un representante de esta mayoría de personas que en Argentina apoya las restricciones comerciales. El CEO de NEC en Argentina no sólo está de acuerdo con las medidas proteccionistas implementadas por el gobierno sino que sostiene que las mismas crean trabajo como por ejemplo las netbook que se “fabrican” en el país con todos sus componentes importados pero se sueldan dentro de Argentina. Esto no es creación de trabajo productivo, obviamente, ya que de no ser por las restricciones a las importaciones no existiría este “puesto de trabajo”.

Vergüenza la daría dar a la empresa NEC de tener un “barón feudal” que apoya al proteccionismo comercial. No fue así como Japón pudo progresar en las últimas décadas. Además la empresa NEC, creada en 1899 como consecuencia de una asociación con empresas extranjeras, no sólo es una empresa que comercializa sus productos en todo el mundo gracias a la integración económica que existe entre los países sino que tiene sedes en muchísimos países del planeta. Este tipo de gerentes a cargo de empresas globales no le hace honor a la historia de NEC.

Pablo Guido se graduó en la Maestría en Economía y Administración de Empresas en ESEADE. Es Doctor en Economía (Universidad Rey Juan Carlos-Madrid), profesor de Economía Superior (ESEADE) y profesor visitante de la Escuela de Negocios de la Universidad Francisco Marroquín (Guatemala). Investigador Fundación Nuevas Generaciones (Argentina). Director académico de la Fundación Progreso y Libertad.

Larga vida a Jersey:

Por Alejandro A. Tagliavin. Publicado el 5/7/2012 en: http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Opinion/Columnas/Larga-vida-a-Jersey

 No me gustaría estar financiando ejércitos que encaran guerras (siempre “defensivas”, claro), ni la vida extravagante de los políticos y sus familiares y sus amigos los burócratas, menos me gustaría financiar la corrupción. Tampoco le veo sentido a solventar aduanas y cosas por el estilo, para favorecer a ricos empresarios, con el cuento de “defender la industria nacional”.

No sé qué sentido tiene gastar en “caridad” estatal si la privada es muy superior, más eficiente y menos costosa ya que no pasa por la tremenda burocracia del gobierno. No entiendo por qué se justifica la falta de ética de los Estados.

Si la violencia es, definitivamente, inmoral, por qué los gobiernos la utilizan para recaudar fondos, para recaudar impuestos que la gente no pagaría si no fueran amenazados con la cárcel por el Estado policial.

No entiendo por qué no puedo, como en el mercado natural, decidir qué quiero comprar, qué servicio utilizar y convenir con la contraparte el precio y el modo de pago. No entiendo por qué tengo que pagarle al gobierno lo que no quiero y por qué el Estado tiene que ser inmoral y forzarme a hacerlo.

Con la crisis que recorre a Europa, precisamente porque los políticos se han dedicado a la demagogia con tal de disimular sus vidas ostentosas, ha vuelto al tapete la cuestión de la Isla Jersey que, claro, les quita fondos. El primer ministro británico se hizo el sorprendido porque Jimmy Carr, una estrella de la televisión y la radio, paga solo el 1% de impuestos gracias a que su sociedad, denominada K2, está radicada en la isla de Jersey donde no existe el impuesto de sociedades ni el de patrimonio. Y esto es un abierto desafío para estos gobiernos europeos llenos de deudas y decididos a seguir gastando a costa de los ciudadanos.

Solo son 90,000 habitantes situados sobre esta apacible isla del Canal de la Mancha, a pocas millas de las costas de Normandía, pero cuentan con oficinas de medio centenar de bancos internacionales y cientos de oficinas para administración de fondos y despachos de abogados. La isla de Jersey, de jurisdicción británica, está dotada de una autonomía que le permite excluir el cobro de algunos impuestos. Durante muchos años ha sido uno de los paraísos fiscales consentidos por los europeos, pero el Reino Unido también ha sufrido una crisis bancaria y los fondos públicos están escaseando.

Hablando de crisis bancaria, resulta que ahora acusan a grandes bancos de manipular la tasa Libor en su propio provecho. Pero la culpa no es del puerco, sino de quien le da de comer. No importaría esta tasa de referencia, ya que el mercado continuaría haciendo negocios normalmente con o sin ella, sino fuera que los gobiernos coactivamente inducen su utilización, provocando que de su manipulación puedan obtenerse ventajas.

Lo peor del caso es que son los pobres los más perjudicados por los impuestos ya que, cuanto más elevado es el nivel económico de una persona, más capacidad tiene para derivarlos hacia abajo. Por caso, los empresarios pueden subir precios o bajar salarios o dejar de invertir.

Las autoridades de la isla han sido particularmente contundentes al asegurar que, si se les exigen cambios, pedirán la independencia. Bien por Jersey, bien por defender al ciudadano común, bien por defender a los más pobres.

Alejandro A. Tagliavini es ingeniero graduado de la Universidad de Buenos Aires. Es Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California y fue miembro del Departamento de Política Económica de ESEADE.

 

Argentina: El problema es el modelo K, no el mercado

Por Adrián O. Ravier. Publicado el 3/5/12 en: http://www.elcato.org/argentina-el-problema-es-el-modelo-k-no-el-mercado

En este artículo explicaba que Axel Kicillof es un académico serio y que el debate sobre YPF-Repsol es de ideas, no de personas. Mi opinión es que es un error del diario La Nación —el más leído de Argentina junto a Clarín— concentrar la atención en “Kicillof persona”, sea como marxista o sea como keynesiano, y que mejor sería refutar sus ideas, que lamentablemente hoy dominan en la política argentina.

Al respecto quiero poner atención en las palabras del Vice-Ministro de Economía en dos de sus últimas presentaciones.

En el primero de ellos, Kicillof explica —a sólo 48 hs de la nacionalización de YPF— que los empleados de la empresa recibieron muy bien la iniciativa de nacionalización, lo cual él entiende es un fenómeno social que se percibe en toda la Argentina.

Quizás me equivoque, pero mi impresión es que Kicillof entiende que el consenso que él percibe en la sociedad sobre las medidas que se toman, lo avalan a tomar una política inconstitucional. Y digo inconstitucional, no porque ignore que la constitución nacional contempla la posibilidad de expropiar en determinadas circunstancias, sino porque el procedimiento no se ha cumplido como la Carta Magna dicta. En este sentido, este gobierno cae en la democracia ilimitada, no republicana, (donde las mayorías avanzan sobre las minorías) en el que un fin justifica todos los medios, y que tanto daño le hacen a la imagen institucional del país.

Un segundo argumento de Kicillof es señalar que una empresa como Repsol-YPF que opera en varios países al mismo tiempo, pueden —y de hecho lo hicieron— explotar recursos de un país como la Argentina para invertir en otros mercados más atractivos. Al hacer esto, Argentina pierde reservas de petróleo y esto pone en jaque a toda la estructura productiva. Es por ello, que Kicillof entiende que la expropiación está justificada.

Pero lo cierto es que Argentina hace tiempo —bastante antes de la llegada de Kicillof— que practica políticas proteccionistas que buscan aislar al país de los capitales extranjeros. Al hacer esto, ofrecen un claro mensaje a los capitales extranjeros que todavía operan en el país —por herencia del noventismo— que la “fiesta” terminó, y que tarde o temprano se tomarán medidas en contra de sus negocios. Bajo este escenario K, es lógico pensar que los capitales extranjeros deben hacer sus valijas, tomar sus cosas e irse. Así, vemos que la nacionalización de Repsol-YPF es una consecuencia lógica del modelo K, que cambian las reglas de juego sobre las cuales Repsol invirtió en el pais. Y de ahí se deduce la mayor amenaza de este modelo, que a cada paso requiere de profundizar con nuevas medidas que constantemente dañarán las instituciones del país.

Y éste es a su vez, el mayor problema del modelo K, al pensar que la economía argentina puede desarrollarse de forma aislada, sin necesidad de capitales extranjeros, ni inversión, lo que contradice los principios básicos de la economía. Argentina vive una burbuja en la que se supone que no hay escasez, porque abundan recursos tributarios provenientes de la soja y recursos heredados de las “pensiones menemistas”, sin embargo, el modelo estará necesariamente limitado por las restricciones internas del modelo, al cual además, el mundo empieza a cerrarle las puertas.

Como un nuevo argumento hacia el aislamiento de la economía argentina, Kicillof agrega —también en este primer video— que el precio del petróleo es mundialmente “especulativo” y que depende de tantos factores ajenos a la Argentina, que hacen peligrar el futuro económico del modelo K. Kicillof dice abiertamente que el precio del crudo en Argentina tiene que estar aislado de factores externos.

Esto me recuerda a la “fatal arrogancia” y la “ingeniería social” a la cual Friedrich Hayek le dedicó tanta atención. Como primera pregunta: ¿Puede el gobierno aislar el precio del petróleo? ¿Por cuánto tiempo puede hacerlo? Estas son las reglas de juego que el modelo K le quería imponer a Repsol y a las cuales lógicamente la empresa desistió. Durante los últimos años Repsol-YPF se vio limitada en sus exportaciones de crudo para vender en el interior del país este mismo producto a un precio mucho menor que el del mercado internacional. Esto lógicamente cambia los números de la empresa. Repsol invirtió en la explotación de petróleo esperando venderlo a un precio internacional. Cuando el gobierno cambió las reglas de juego, claramente el negocio desapareció. Lo más lógico entonces era vender el crudo ya explotado al precio que el gobierno permite, pagar dividendos a los accionistas para recuperar la inversión realizada y esperar que el gobierno al poco tiempo expropie la compañía. Se dirá que estos capitales sólo miran el negocio y no los intereses productivos del país, pero yo más bien me pregunto cuánto puede durar un modelo de desarrollo productivo que ignora la más elemental lección de la escasez. Dicho en otros términos: ¿Por qué las empresas argentinas necesitan un precio artificial del crudo, en lugar de un precio real de mercado internacional? La respuesta la encontramos en varios años de precios artificiales de combustible que hicieron relativamente productiva a una industria incipiente que se desea sea más productiva que lo que puede ser en condiciones de mercado.

Esto también está sustentado en un mito al cual Kicillof adhiere de que una industria incipiente pueda desarrollarse sin atender a la competencia de mercado. Resumidamente, mi lectura de las experiencias de estas prácticas es que estas industrias sólo se desarrollan en el marco de la protección —en este caso, por ejemplo, bajo un precio de combustible artificialmente más bajo que el que otras empresas tienen en el exterior—, dentro de la economía local, pero que su competitividad desaparece en cuanto se abre la economía y se enfrentan a la competencia mundial. La evidencia empírica representada en numerosos indicadores como el Índice de Libertad Económica muestra que la economía sólo puede desarrollarse en un marco de feroz competencia con el mundo, para lo cual es necesario tener una política abierta al mundo, con reglas de juego claras, seguridad jurídica, lo cual conduce al crédito internacional, a las mejores prácticas de las corporaciones más competitivas del mundo, que bajo otro modelo, se sentirían atraídas por los recursos naturales y humanos de nuestro país. Pero el modelo K claramente mira para otro lado.

Anticipándome a las críticas hay que decir que este modelo de apertura nada tiene que ver con el que se practicó en los noventa, aunque Kicillof y tantos otros se han preocupado por identificar con el neoliberalismo a otro modelo populista-justicialista, como el que él mismo acompaña en este momento.

“Agitar fantasmas” es la frase con la cual cierra Kicillof este primer video y que repite incesantemente. En este caso lo hizo frente a las palabras del presidente español Rajoy, quien se pregunta qué pueden esperar otros capitales españoles o extranjeros que aun operan en el país. Lo que debe quedar claro es que el modelo K tiene un objetivo de desarrollo interno y aislado, al cual todas las empresas deben contribuir.

El segundo video es más claro aun sobre este último punto. Kicillof muestra plena consciencia de que el precio del crudo en Argentina está fijado a un precio más bajo que el que se tiene en el resto del mundo. En su exposición ante el Congreso acusa a Repsol de querer fijar precios “internacionales” del petróleo, cuando debiera entender que tal cosa provocaría un descalabro total de la economía.

Y esta es la pregunta que quiero dejar planteada. ¿Cuánto tiempo más pueden mantenerse los precios artificiales? Y cuando digo “artificiales” quiero significar que estos no son de mercado. Hoy Argentina se da el lujo de ignorar la escasez, porque abundan recursos sojeros, dinero de los futuros jubilados tomados como impuestos y a los cuales muy pronto habrá que agregar el crudo. Pero mi impresión es que este modelo de “sustitución de importaciones” no se sostiene y la historia ya lo ha demostrado.

Decía Ernesto Merimé: “¿Para qué demonio sirve la historia si nadie aprovecha sus enseñanzas?”

Adrián Ravier es Doctor en Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Master en Economía y Administración de Empresas por ESEADE y profesor de Macroeconomía en la Universidad Francisco Marroquín.

Los “beneficios” del proteccionismo comercial

Por Pablo Guido. Publicado el 21/3/2012 en http://chh.ufm.edu/blogchh/

La economía argentina, desde ya hace 7 u 8 décadas, básicamente está dirigida por un sistema donde no priman las reglas del mercado. En materia de comercio exterior la consigna, salvo algunos años excepcionales donde hubo cierta intensión de abrir los mercados a la competencia externa, ha sido la protección de las empresas locales. Y ya todos sabemos que las barreras comerciales que limitan o prohíben el ingreso de bienes y servicios generan menor oferta y, por lo tanto, mayores precios. Por consiguiente, esa protección comercial que beneficia en principio a las empresas locales, que no tienen que esforzarse por competir con sus pares internacionales, desprotege a otras empresas u otros consumidores que tienen que comprar dichos productos a mayor precio o menor calidad. Nada nuevo estoy afirmando con esto.

Un ejemplo de actualidad del proteccionismo argentino lo encontré estos últimos días con la tablet Ipad 2. Recordemos que este producto fue lanzado al mercado hace aproximadamente un año, presentado al público justamente por Steve Jobs, que aún vivía. En el periódico argentino El Cronista, del lunes 19 de marzo, en la página 7, hay una publicidad de la empresa Compumundo donde anuncia una oferta para el iPad 2. ¿A qué precio se hace la “fenomenal” oferta? Al contado un consumidor puede adquirir esta Tablet, ya “vieja” tecnológicamente, a 3299 pesos. Para compararlo con el precio al que habitualmente se adquiere en otros países hay que “traducir” el precio en pesos a dólares. El problema es que en Argentina hay básicamente dos precios de los dólares: uno, que se determina en el mercado oficial y otro en el mercado “paralelo” o “negro”. En el primero el tipo de cambio es de 4,38 pesos por dólar; en el segundo de aproximadamente 4,80. Esto significa que, dependiendo del tipo de cambio al cual hagamos la conversión, en Argentina un iPad 2 cuesta entre 687 y 753 dólares. El mismo producto, en una cadena conocida de EEUU, cuesta 399 dólares.

¿Cuál es la diferencia de precios del iPad 2 entre Argentina y EEUU? En la Argentina, donde se aplican elevadísimas barreras comerciales al ingreso de productos importados, el precio es superior entre un 72 y 89%. Son los “beneficios” del proteccionismo comercial: restringir el acceso de los consumidores a productos más baratos.

Pablo Guido se graduó en la Maestría en Economía y Administración de Empresas en ESEADE. Es Doctor en Economía (Universidad Rey Juan Carlos-Madrid), profesor de Economía Superior (ESEADE) y profesor visitante de la Escuela de Negocios de la Universidad Francisco Marroquín (Guatemala). Investigador Fundación Nuevas Generaciones (Argentina). Director académico de la Fundación Progreso y Libertad.

Proteccionismo:

Por  Carlos Rodríguez Braun: Publicado el 18-3-12 en: http://www.libremercado.com/2012-03-18/carlos-rodriguez-braun-proteccionismo-63768/

¿Por qué va a ser bueno comprarle libremente a un señor de Barcelona o de Madrid, y va a ser malo comprarle libremente a una señora de Burundi?

El empresario Ángel Barranco, advirtió en Cinco Días en contra de “comprar en países de bajo coste, provocando la fabricación fuera de nuestras fronteras”. Esto le parece muy mal porque “un país como España se mantiene si vivimos de lo que fabricamos”.

Estas ideas son tan milenarias como equivocadas. Los seres humanos libres procuran organizarse de modo eficiente, por la cuenta que les trae. Y si es más barato producir las cosas en casa que comprarlas, las produciremos en casa. Si no lo hacemos, es porque nos conviene comprarlas en la tienda de la esquina, o en la del pueblo de al lado, o en la del pueblo más lejano de España… o del mundo. Eso no tiene por qué estar mal. Como parece obvio que no vamos a fabricar todo en casa, lo lógico es que decidamos los ciudadanos qué cosas queremos comprar y dónde, sea dentro o fuera de nuestras fronteras. La vieja distinción que plantea el señor Barranco no tiene sentido: ¿por qué va a ser bueno comprarle libremente a un señor de Barcelona o de Madrid, y va a ser malo comprarle libremente a una señora de Burundi?

La idea de que hay que “fabricar” cosas es también bastante confusa. En realidad, no tenemos por qué fabricar nada. Lo haremos si nos conviene, y nos convendrá si lo hacemos bien y barato, de forma tal que los demás nos compren. Pero la gente se especializa en actividades muy diferentes, y unos producen vestidos o acero, y otros se dedican a la hostelería, la pintura o al canto. Para mantenerse no hay que vivir “de lo que fabricamos” sino conseguir que otros nos compren lo que vendemos, que no es lo mismo.

La lógica proteccionista de don Ángel lo lleva a elogiar nada menos que a las siniestras autoridades de mi Argentina natal, que están impidiendo por la fuerza que los ciudadanos importen los bienes y servicios que necesitan. Como si fuera bueno comprar los productos del país ¡independientemente de los deseos del pueblo e independientemente de la calidad y coste de esos productos!

Concluye el señor Barranco reclamando “un ciudadano comprometido con los productos fabricados en el país y exigente con los gobernantes para que protejan nuestra economía”. Pero si hay ciudadanos comprometidos con los productos nacionales, habría que dejarlos en paz para que los compren libremente. Y si los gobernantes obligan a esos ciudadanos a comprar lo que no desean a un precio mayor al que estarían dispuestos a pagar ¿a quién estarían realmente “protegiendo”?

El Dr. Carlos Rodríguez Braun es Catedrático de Historia del Pensamiento Económico en la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Consejo Consultivo de ESEADE.