¿PORQUÉ OBEDECER A LA AUTORIDAD?

Por Alberto Benegas Lynch (h)

 

De entrada me parece que resulta conveniente precisar que hay básicamente dos tipos de autoridad. En primer lugar, la  en un sentido amplio es decir la que es reconocida por la rectitud de conducta o por los conocimientos o por ambas cosas a la vez. Este tipo de autoridad no necesita de aparatos compulsivos de la fuerza para acatarse, se adopta por la virtud implícita en el  ejemplo. En este sentido no hay obligación propiamente dicha de seguir los lineamientos estipulados, si se siguen es  por el reconocimiento de la razón de lo que se pone de manifiesto.

 

Pero hay otro tipo de autoridad que se sustenta para su cumplimiento en la fuerza, sea esta de un gobierno respaldado siempre en las botas policiales, una autoridad escolar respaldada en reprimendas varias o equivalentes. En estas líneas vamos a centrar nuestra atención en el primer tipo, esto es, la de los aparatos estatales.

 

Como enseñan algunos de los pensadores en la larga tradición del iusnaturalismo: Grotius, Pufendorf, R. Hooker, Francisco de Vitoria, Sidney, Locke,  Leo Strauss, Francis Lieber, Eric Mack, H. B. Veatch, Lon Fuller, Roscoe Pound, John Finnis -a contracorriente de los Kelsen, Hart y Raz contemporáneos- las disposiciones legales deben basarse en puntos de referencia extramuros de la norma positiva para ser justas. Y esos mojones a su turno derivan de lo que hace posible el desenvolvimiento de los seres humanos que del mismo modo que las piedras y las rosas tienen propiedades inherentes a su naturaleza.

 

De allí el derecho natural, que aunque en ciertos ámbitos se ha utilizado de modo caprichoso y degradado, sigue manteniendo su sentido original. Por esto es que juristas de la talla de Bruno Leoni insisten en que la conformación del derecho positivo está inmerso en un proceso de descubrimiento y no uno de ingeniería social o de diseño.

 

La autoridad del tipo ahora estudiado se basa en la ley, a saber, las disposiciones que son afines a la naturaleza del hombre para poder desarrollarse en la vida. Incluso David Hume escribe que “No es impropio recurrir a la expresión ley natural si por natural entendemos lo que es común a la especie” (en A Treatise on Human Nature) . Esto es lo que confiere autoridad a los gobiernos en una sociedad abierta, a diferencia de megalómanos que pretenden controlar vidas y haciendas ajenas.

 

Ahora bien, ¿que hacer cuando los aparatos estatales se salen de cauce y en lugar de proteger derechos los conculcan? Es una cuestión prudencial, cuando los atropellos son tolerables es mejor absorberlos y tratar de revertir la situación por medio de la persuasión. Pero cuando la situación se hace insoportable, tal como reza la Declaración de la Independencia estadounidense (en la que se han inspirado las naciones libres), es deber de los ciudadanos el deponer al gobierno e instaurar otro. Este es el derecho a la resistencia a gobiernos opresivos. Es un contragolpe de Estado cuando el gobierno ha dado un golpe contra las instituciones libres…son los casos hoy, por ejemplo, de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Corea del Norte. No hay que confundir al ciudadano con el súbdito ni un país con un Gulag.

 

Como queda dicho, de más está decir que la referida rebelión contra la opresión inaguantable debe hacerse con criterio prudencial para no caer en la misma situación (o peor) solo que con otros gobernantes como en la práctica han sido la mayor parte de las revoluciones, a diferencia de la norteamericana por la que se aplicó una política diametralmente opuesta a la autoritaria de Jorge III (de un tiempo a esta parte, Estados Unidos abandonó los principios de los Padres Fundadores para lo que recomiendo, entre la mucha literatura disponible, Dismantling America de Thomas Sowell). Hasta el momento en los otros ejemplos, en el mejor de los casos se produjo un alivio más o menos transitorio para luego, en mayor o menor medida, recaer en que los aparatos estatales atropellaran los derechos vitales a la libertad y a la propiedad.

Como he subrayado antes, incluso en otros casos, la situación después de la revolución fue muchísimo peor, como es el ejemplo de la revuelta de Castro contra las tropelías inaceptables de Batista. En otros casos, el alivio fue grande como es el ejemplo de Hitler. Salvando las distancias, la revolución popular contra Ferdinand Marcos también permitió un paréntesis en el totalitarismo.

Lo mismo va para el caso argentino de la tiranía rosista y, con independencia de los graves desbarranques posteriores, similar fenómeno ocurrió con la sublevación como consecuencia del sistema opresivo de Perón contra la libertad de prensa y las libertades básicas de las personas y también lo ocurrido con otros dictadores latinoamericanos de la misma época. Y mucho antes que eso los movimientos revolucionarios independentistas (por ejemplo, constituye una sandez oponerse a la Revolución de Mayo en lo que luego fue suelo argentino contra un déspota que había reemplazado a otro sátrapa en España). También los casos de Stroessner en Paraguay, de Somoza en Nicaragua, de Trujillo en la República Dominicana y similares. Las revueltas que desembocaron en el derrumbe del Muro de la Vergüenza en Berlín despertaron enormes esperanzas en los espíritus libres. Claro que hay cuestiones de grado que hacen diferencias por lo que no puede meterse todo en la misma bolsa.

El antes mencionado Sidney había escrito como burla a la monarquía absoluta que alegaba que su poder derivaba de Dios y otras sandeces que irónicamente “Dios ha causado que algunos nacieran con coronas en sus cabezas y todos los demás con monturas sobre sus espaldas”.

Especialmente en América latina ha sido costumbre el dirigirse a la autoridad gubernamental como su exceletísimo, su eminencia reverendísima y otros servilismos impropios de un sistema republicano y del recato, del pudor y la decencia más elemental. Incluso se hace alarde del título de “honorable” sin percatarse que el vocablo en gran medida proviene de la condición de ad honorem cosa que por el contrario es rechazada para en cambio percibir suculentas dietas (para no decir nada de los dineros mal habidos).

Benjamin Constant ha popularizado los conceptos de “libertad de los antiguos” y “libertad de los modernos” (noción rechazada por Fustel de Coulanges), entendiéndose lo primero como la mera participación de algunos gobernados en el gobierno, mientras que lo segundo alude a la preservación de las autonomías individuales. Del mismo modo, la tolerancia era concebida antes como una gracia del monarca o del sacerdote y, en cambio, modernamente es entendida no con tufillo inquisitorial de perdonar a los que se estimaba estaban equivocados sino que se ha transformado en la consideración por los derechos de todos.

No debe confundirse autoridad con autoritarismo, lo primero en el contexto de lo que estamos tratando alude al uso de la fuerza con carácter defensivo, nunca ofensivo en cuyo caso invariablemente irrumpe el autoritarismo.

Es por esto que en la actualidad resulta de gran  provecho recordar el célebre dictum del historiador decimonónico Acton en cuanto a que “el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente” al efecto de alertar frente a desvíos de la órbita política del momento.

Frente a todos los problemas siempre hay quienes proponen que intervengan los aparatos estatales, lo cual significa que se arrancará el fruto del trabajo ajeno para recurrir a la violencia. Muy paradójicamente esta maniobra se lleva a cabo en nombre del derecho cuando en verdad se trata de pseudoderechos ya que se echa mano al bolsillo del prójimo para imponer obligaciones injustas a terceros. Injustas porque violan la definición clásica de Justicia de “dar a cada uno lo suyo” puesto que “lo suyo” implica el respeto a la propiedad de cada cual, lo cual se ha violado al proceder en consecuencia.

Muy paradójicamente hoy en el denominado mundo libre la política más generalizada consiste en el fascismo, es decir, permitir el registro de la propiedad a nombre de particulares pero usa y dispone el gobierno. Es un modo más efectivo y encapuchado de debilitar la institución de la propiedad privada que los marxistas -más sinceros ellos- proponen abrogar de un plumazo. Pensemos en ejemplos cotidianos: los taxis en muchas de las grandes ciudades son manejados por los alcaldes en cuanto a la regulación de la tarifa, el color en que están pintados y el horario de trabajo. También los sistemas educativos, en general manipulados por ministerios de educación que establecen pautas curriculares y otras disposiciones para la mal llamada educación privada (en verdad privada de independencia). Todo esto sin contar las asfixiantes regulaciones en el comercio, la industria, el agro y la banca.

Según Etienne de la Boétie “Son pues, los propios pueblos los que se dejan, o, mejor dicho, se hacen encadenar, ya que con sólo dejar de servir romperían las cadenas” (en Discurso sobre la servidumbre voluntaria), que era la preocupación y ocupación de Henry David Thoreau respecto a la necesaria desobediencia civil para mantener en brete al Leviatán y para bloquear a los mandatarios con sed de transformarse en mandantes.

En lugar de estar permanentemente apuntando a lo menos malo en actitud timorata y rastrera, tengamos el coraje de subir la vara para encaminarnos al respeto recíproco. En el extremo miremos lo que se sugiere desde la vereda de enfrente al espíritu liberal, una postura que explica porqué las izquierdas marcan las agendas y habitualmente corren el eje del debate, lo cual está muy bien ilustrado en el título de una conferencia de Herbert Marcuse dirigida a estudiantes, en 1969, en Canadá: “Exijamos lo imposible”.

De todos modos y por último decimos que la secuencia siendo firme debe ser ordenada en una secuencia racional, por lo que la noción de autoridad centrada en el monopolio de la fuerza puede sin duda mutar en el futuro si es que quedaran resueltos los problemas esgrimidos básicamente en las teorías de los bienes públicos, la asimetría de la información, el dilema del prisionero, los free riders y la refutación del denominado equilibrio de Nash y el teorema de Kaldor-Hicks en el contexto de las inconsistencias de balances sociales explicados por Robert Nozick y la interpretación correcta de “la tragedia de los comunes” y el óptimo de Pareto. Estos temas no se han debatido aun con el suficiente detenimiento, aunque hay trabajos muy meritorios al respecto que no han  salido a la luz debido a que no se han resuelto temas mucho más básicos y, naturalmente, no puede construirse el techo de un edificio antes de que se encuentren listos los cimientos (lo que se traduce en otra metáfora más: no se puede colocar la carreta delante de los bueyes frente a la mediocridad de la mayor parte de los debates actuales que repiten las mismas falacias de antaño).

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa.

Fallas de Mercado, competencia imperfecta, captura de los reguladores e imposibilidad del cálculo

Por Martín Krause. Publicada el 16/1/16 en: http://bazar.ufm.edu/fallas-de-mercado-competencia-imperfecta-captura-de-los-reguladores-e-imposibilidad-del-calculo/

 

Con los alumnos de OMMA Madrid vemos el Cap. 3 de El Foro y El Bazar donde se analizan las distintas políticas públicas sugeridas para resolver problemas de ‘fallas de mercado’. Consideramos allí los aportes de la “teoría de la regulación’, y la extensión a ese campo del fracaso del cálculo económico en el socialismo:

Y pese a lo interesante de todas estas teorías, que describen los procesos políticos que llevan a la implementación de regulaciones y al “control” del ente regulador por los mismos intereses que supuestamente han de ser regulados, lo cierto es que existe un problema todavía mayor: la posibilidad misma de que el regulador pueda cumplir con la tarea que se le ha encomendado.

Pese a la relativa novedad de todas estas cuestiones (los trabajos de Stigler, Peltzman y Posner pertenecen a la década de los años 70), lo cierto es que la cuestión básica por considerar ya había sido tratada en la década del 20 cuando Ludwig von Mises (1881-1973) demostró la imposibilidad teórica de realizar la planificación en una economía socialista. Y si bien los argumentos de Mises se refieren a la planificación socialista y no a la regulación, se pueden extender  a esta misma circunstancia con las salvedades del caso.

Para von Mises (1949), el elemento fundamental del socialismo era la propiedad colectiva de los medios de producción; de esto se desprende que no existe un mercado para esos factores, ya que sin propiedad privada no puede haber intercambios entre sus legítimos propietarios, y sin intercambios no puede haber relaciones relativas entre factores, esto es, precios. Ésta es, por ejemplo, la situación en la que se encuentra la propiedad del espectro electromagnético, las frecuencias por las que se transmiten señales de radio, televisión o telefonía celular entre otras cosas. Este es un “medio de producción” de propiedad estatal. Mises señaló, en su momento, la dificultad intrínseca de la planificación, ya que ante la ausencia de precios los planificadores no tienen términos de referencia sobre la importancia económica relativa de cada bien o servicio para un uso alternativo. En nuestro caso, el uso de una frecuencia radioeléctrica para transmisión de radio FM o telefonía celular no puede ser valorado económicamente porque no existen precios como para poder hacerlo.

Según Mises, los planificadores socialistas no pueden saber si la asignación de un recurso para un determinado fin es más o menos deseable que la de otro. No es de extrañar que en la realidad los funcionarios de los burós planificadores en los países socialistas tomaran como referencia los precios de las economías de mercado. No obstante ello, como los precios varían constantemente reflejando las preferencias de los consumidores o las disponibilidades de la oferta, la planificación nunca podía modificarse para copiar la modificación instantánea que el mercado provee. Finalmente, las malasignaciones explican el colapso del sistema. En el caso de las regulaciones, el planificador utilizará otros criterios para la asignación, muchas veces “políticos” y, por cierto, conflictivos.

El proceso competitivo del mercado es necesario, por un lado, para movilizar el conocimiento disponible, y por otro, para generar el descubrimiento de nuevas oportunidades que hasta entonces no se hayan descubierto. La intervención gubernamental, entonces, interfiere en este proceso de descubrimiento.

 

En definitiva, la acción del ente regulador interfiere con el proceso de mercado, y como no le es posible obtener la información necesaria para cumplir su tarea, debe depender para ello de lo que le provean los mismos sectores regulados. Termina así siendo cautivo de sus propios intereses. Por otro lado, desvía la atención de los emprendedores hacia su propio interés e impide el descubrimiento de nuevas oportunidades en beneficio de los consumidores.

Tomemos el caso del monopolio natural. Si en determinado momento hay un solo proveedor de servicios de comunicaciones y no existen restricciones para el ingreso de competidores, esto significa que el mencionado proveedor satisface las necesidades de la mejor forma posible. El mecanismo de descubrimiento de nuevas oportunidades (nuevas tecnologías, nuevos servicios) se encuentra en funcionamiento y cualquier descuido del proveedor al ofrecer la última tecnología o precios adecuados será aprovechado por otros para hacerlo y minar así su condición monopólica.

Se arguye contra ello que los costos de ingreso son muy elevados en este sector. Pero lo cierto es que estos costos existen en todas las actividades, y esto no ha frenado la competencia en ellas. Por el contrario, los mismos costos de ingreso elevados desatan la creatividad para estudiar su reducción. Por otra parte, con el avance tecnológico y la eliminación de las áreas monopólicas, la competencia puede ser inmediata.

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade).

 

Economía y Moral

Por Gabriel Boragina. Publicado el 5/9/15 en: http://www.accionhumana.com/2015/09/economia-y-moral.html

 

Es interesante examinar las numerosas implicaciones que existen entre la moral y la economía, por cuanto son muy frecuentes las veces en que se las soslayan, y es de suma importancia que se den ciertas condiciones para tener una economía moral y no cualquier otra. Será bueno analizar entonces de qué manera algunas doctrinas económico-políticas -aparentemente “positivas” o “beneficiosas”- atacan, en realidad, y terminan destruyendo a la moral. Comencemos, pues, con el populismo, con esta excelente cita:

“El populismo no solo es ineficiente como organización económica, sino que es fundamentalmente inmoral porque su funcionamiento así lo requiere.”[1]….” Dentro de este pensamiento autoritario en materia económica, que es una especie de iluminismo económico y monopolio de la bondad de los políticos, no hay lugar para entender que la competencia es un proceso de descubrimiento. Descubrir qué demanda la gente, qué precios está dispuesta a pagar por cada mercadería y qué calidades exige. Por eso el populismo económico inhibe la capacidad de innovación de la gente y los “empresarios” millonarios son, en su mayorista, simples lobbistas que hacen fortunas con negociados turbios gracias a sus influencias con los corruptos funcionarios. Es en este punto en que el intervencionismo deja de ser ineficiente para transformarse en esencialmente inmoral porque los beneficios empresariales no nacen de satisfacer las necesidades de la gente, sino de esquilmar los bolsillos de los consumidores. Y como para esquilmarlos necesitan el visto bueno de los funcionarios públicos, ese acuerdo se transforma enorme corrupción donde la riqueza surge de expoliar a la gente mediante pactos corruptos.”[2]

La inmoralidad nace -como bien se observa- de la dinámica propia del sistema intervencionista, que requiere del latrocinio para beneficiar a unos a costa de otros. Incluso la inmoralidad surge aunque las intenciones del burócrata tengan como base firmes convicciones acerca de la “corrección” de su actuación. Una acción es intrínsecamente inmoral con independencia de que el agente que la provoca conozca o no sus vínculos causales con la moral, en tanto y en cuanto, desde el punto de vista objetivo, la intervención viole la regla moral.

De cualquier manera, en la mayoría de los casos donde intervienen los gobiernos, las normas morales se violan en forma consciente de que se lo está haciendo. No interesa demasiado que el político sepa o no que está vulnerando las normas morales con sus políticas intervencionistas, lo relevante es de qué modo sus acciones favorecen o perjudican –potencial o concretamente- a los demás. Y, en tanto y en cuanto, se adopten políticas populistas (que siempre han de ser -por definición- intervencionistas) hemos de tener por seguro que las reglas morales han de ser transgredidas violenta o no violentamente.

Entonces, desde un punto de vista legal, los frecuentes contubernios habidos entre funcionarios y empresarios, sindicalistas, o de cualquier otro sector social, pueden ser jurídicamente válidos, lo que no quita ni quitará jamás que –asimismo- sean moralmente repudiables. Para lo cual, no es necesaria –y esto es importante reiterarlo y destacarlo- la existencia concreta de un perjuicio, sino que basta la mera probabilidad de haberlo provocado. La acción será doblemente inmoral si el daño -al final de cuentas- se consuma. Y basta que sea uno solo el afectado para que la inmoralidad se materialice.

“Pero además de ser más eficiente la economía de mercado, su gran diferencia con el intervencionismo es que está basada en principios morales y éticos en que nadie se apropia de lo que no le corresponde. No se usa al Estado y a sus funcionarios para que, con el monopolio de la fuerza, se desplume a trabajadores y consumidores. No se hace de la corrupción una forma de construcción política en que las voluntades se compran.”[3]

La diferencia entre la economía de mercado (o economía liberal conforme preferimos llamarla) y los demás sistemas es que, aunque no existieran normas legales, siempre van a preexistir normas morales que deben ser respetadas, y en el punto donde se quebranten será en ese mismo momento y lugar donde habrá desaparecido la economía de mercado, capitalista o liberal. El tema se entronca con el de la ley moral, que se diferencia de la ley inmoral. Ambos tipos de leyes podrán tener por igual imperio legal, pero sólo será justa la ley moral y no la inmoral. La moralidad del capitalismo se encuentra en que cada ser humano respeta el fruto del trabajo ajeno, en tanto que en todos los demás sistemas que lo adversan ocurre exactamente lo contrario. Es esto lo que hace del capitalismo un régimen moral superior a los demás.

“Como se ve, no estamos hablando solo de eficiencia económica cuando hablamos de capitalismo versus populismo. Estamos diciendo que la economía de mercado es un imperativo moral frente a la inmoralidad del populismo intervencionista, dado que en este último imperan la corrupción y el saqueo. La decencia, la honestidad en la función pública y la transparencia en los actos de gobierno no son la esencia del populismo. Por eso el populismo no solo es ineficiente como organización económica, sino que es fundamentalmente inmoral porque su funcionamiento así lo requiere.”[4]

La idea básica, entonces, es que un robo no es ilegal porque la ley jurídica así lo declara, sino que es ilegal porque infringe la ley moral. Las leyes jurídicas no pueden hacer “legal” (ni menos aun “moral”) lo que la ley moral declara ilegal. Y menos todavía -como hemos consignado- la ley legal puede hacer “justo” lo que moralmente es injusto. Y de esto se trata precisamente la moralidad del capitalismo, en contraste con la inmoralidad de todos los demás sistemas anticapitalistas, como son los populismos e intervencionismos de distinto signo. Son inherentemente inmorales, aunque sean declarados “legales” desde lo jurídico. Y todos los entramados anticapitalistas están basados en el robo y el latrocinio, reconocidos incluso en documentos tales como sus Constituciones y códigos.

[1] Roberto Cachanosky. “El populismo es esencialmente inmoral”. Publicado originariamente en “Economía para todos”http://economiaparatodos.net/ y reproducido posteriormente por la Fundación Atlas para una Sociedad Libre.http://www.atlas.org.ar/ pág. 1

[2] Cachanosky R. “El populismo…” op. Cit. pág. 2

[3] Cachanosky R. “El populismo…” op. Cit. pág. 2

[4] Cachanosky R. “El populismo…” op. Cit. pág. 3

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.