Una represa minera colapsa, muere gente y se destruyen poblaciones: faltan derechos de propiedad

Por Martín Krause. Publicada el 10/4/16 en: http://bazar.ufm.edu/una-represa-minera-colapsa-muere-gente-y-se-destruyen-poblaciones-faltan-derechos-de-propiedad/

 

Más de una vez hemos planteado en el libro “El Foro y el Bazar” y aquí en el blog la importancia de los derechos de propiedad claramente definidos para la resolución de muchos problemas ambientales. Ahora, una tragedia en Brasil, analizada por el Wall Street Journal Americas, plantea un caso donde se podría analizar eso como una solución, en lugar de regulaciones que, en definitiva, no funcionan. El artículo, titulado “Las presas de desechos de las mineras son cada vez más grandes y riesgosas” fue publicado por La Nación aquí: http://www.lanacion.com.ar/1886137-las-presas-de-desechos-de-las-mineras-son-cada-vez-mas-grandes-y-riesgosas

Comienza informando sobre la tragedia:

“El 5 de noviembre, una represa de tierra que contenía este mar de lodo colapsó, provocando una inundación que cobró la vida de 19 personas, destruyó poblaciones y recorrió más de 640 kilómetros camino al Océano Atlántico, donde dejó una mancha café rojiza visible desde el espacio. La represa de casi 30 pisos de altura y con capacidad para 55 millones de metros cúbicos de desechos mineros, fue la estructura más grande de su tipo en quebrarse.”

¿Qué son las represas de tierra? “De Chile a Australia, la búsqueda de economías de escala ha llevado a las empresas mineras a excavar canteras más grandes y profundas, lo que ha creado volúmenes récord de desechos. Para almacenar estos residuos, han construido algunas de las estructuras más colosales que el hombre haya hecho en el planeta. Conocidas como presas de relaves, estos terraplenes contienen depósitos de lodo, roca finamente molida y agua que queda después de separar los metales de los minerales.”

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¿Cómo se puede evitar que esto suceda, o si ocurre, que se reparen los daños ocasionados? La primera respuesta de todos es la que el estado debe regular. ¿Ha funcionado la regulación? Dice el artículo:

“Samarco, (la minera), bajo investigación por posible delito en Brasil en relación con el desastre, dice que Fundão cumplía con los requerimientos legales y regulatorios, y que no mostraba signos de problemas estructurales antes de que colapsara, una posición que uno de sus consultores cuestiona. Vale y BHP Billiton han dicho que la represa era responsabilidad de Samarco. Las tres compañías han cooperado en los esfuerzos de alivio a la población y han prometido reconstruir las viviendas. En marzo acordaron gastar un mínimo de 9.460 millones de reales (US$2.600 millones) en la limpieza.”

Más adelante, el artículo señala:

“En el caso de Brasil, los funcionarios reconocen que la supervisión de los reguladores es escasa. Los fiscales dicen que el Departamento Nacional de Producción Mineral (DNPM) tenía dos especialistas en seguridad para monitorear más de 300 relaves en el estado de Minas Gerais antes del accidente.”

No siempre debería ser así, ni lo es. Se reconocen algunos casos positivos:

“Algunas presas cerradas se mantienen estables y hasta cierto punto armonizan con el entorno. Antofagasta Minerals PLC está reforestando con plantas nativas su descomunal presa de Quillayes en Chile, que cerró en la década pasada, para absorber toxinas y restaurar la zona con el fin de que se parezca a su estado natural. La presa de la cerrada mina de oro Cannon, en Wenatchee, estado de Washington, ha sido convertida en el área de cabalgatas Dry Gulch.”

¿Cómo hacer que todas actúen de esta forma y no como en Brasil? La respuesta es, derechos de propiedad. SI estuvieran claramente definidos todo daño debería ser reparado y compensado. Las mineras seguramente buscarían asegurar ese riesgo y serían las aseguradoras las que controlarían las medidas tomadas para que eso no ocurra, y si ocurriera sería un “siniestro” del cual tienen que hacerse cargo. Los incentivos serían muy fuertes para tomar esto en cuenta y evitarlo, ya que en tal circunstancia todos pierden. Eso no ocurre ahora, los reguladores no tienen incentivos tan fuertes como los aseguradores, o los accionistas de las mismas empresas que verían caer el valor de sus acciones, o los banqueros que las financian que temerían no recuperar sus préstamos. Todos estarían evaluando ese riesgo, pero éste sólo existe si hay que hacerse cargo de los daños a la propiedad de los demás.

 

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade).

Los diez (u once) principales problemas ambientales en Argentina (y en América Latina).

Por Martín Krause. Publicado el 26/8/14 en: http://bazar.ufm.edu/los-diez-u-once-principales-problemas-ambientales-en-argentina-y-en-america-latina/

 

En un interesante artículo titulado “Urgencias ambientales: los diez problemas que esperan solución”, La Nación comenta los resultados de una investigación de la Fundación de Historia Natural Félix de Azara: http://www.lanacion.com.ar/1720041-urgencias-ambientales-los-diez-problemas-que-esperan-solucion

Como el informe del Índice de Calidad Institucional 2013 también consideraba los principales problemas ambientales, aunque en este caso eran 11 y se referían a toda América Latina, era bastante sencillo comparar un caso con el otro: http://www.libertadyprogresonline.org/2012/07/12/indice-de-calidad-institucional-2012/

De los 10 temas presentados por la Fundación, hay 8 que también se consideran en el informe: agua, residuos, energía, minería, bosques, glaciares, pesca comercial y fauna silvestre. Los que no están, aunque se mencionan en otros puntos son áreas protegidas y leyes ambientales. Y los que no tiene el informe comentado son cambio climático (tal vez porque se atiene a los problemas locales), contaminación del aire (es raro que esto no se haya incluido), agricultura, asentamientos urbanos informales y conciencia ambiental.

Pero la diferencia más importante no está en los ítems que se consideran sino en el enfoque. El de la Fundación es predominante en el área de los estudios ambientales. Está claro que el ambiental, como otros, no es un problema que deba ser analizado desde una sola perspectiva, y es claro también que tienen componentes históricos, sociológicos, culturales, etc. Eso no se puede negar. Pero tampoco se puede negar que tiene componentes económicos. Y estos brillan por su ausencia en el artículo. No hay una sola referencia a derechos de propiedad o precios. He aquí la gran diferencia con el informe del Índice.

Una frase del director de la Fundación señala correctamente la necesidad de considerar incentivos: “No se puede recurrir solo a la buena voluntad de la gente para cuidar el medio ambiente”.

Correcto, la voluntad (vinculada con la conciencia del problema) es muy importante. Nosotros diríamos que nada mejor que apuntalar la voluntad con incentivos económicos, con premios y castigos monetarios, como los imponen los derechos de propiedad y los precios.

Porque, ¿no hay acaso un problema de precios en el del agua o la energía que se consumen. Políticas populistas han mantenido esos precios bajos por años con el objetivo de favorecer el bolsillo del consumidor, pero esto hace que no se “economicen” esos recursos. Si no hay mucho que pagar no hay mucho incentivo para ahorrar en el consumo de agua o energía.

Dadas las soluciones que el informe plantea, la correcta frase de que no se puede recurrir solo a la buena voluntad parece concluir que hay que recurrir al garrote de las leyes, regulaciones y el poder del estado. Sin embargo lo que aparece planteado en el ICI 2012 es que puede haber incentivos económicos. No hace falta el látigo de la norma cuando hay que asumir el costo de las decisiones que se toman.

En posts futuros compararé las soluciones regulatorias propuestas por este informe con las que se proponen en el informe del ICI.

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade).